Las cuentas públicas de la Generalitat valenciana hacen aguas por varios sitios. Uno es el sector de la enseñanza. En la nómina de los profesores interinos, como en la del profesorado contratado de la red de centros privados concertados en las últimas tres legislaturas, la Generalitat, a través de la Consejería de Hacienda, debe unos 21 millones de euros a más de 35.000 docentes.

En el paquete de deuda que acumula el Consell están los 3,2 millones que como mínimo debe a los 11.023 funcionarios interinos de la red pública (reconocidos por la propia Dirección General de Personal de la Consejería de Educación), así como el flamante incremento salarial de los equipos directivos (directores, jefes de estudio o secretarios) de la escuela pública, a los que el próximo 1 de junio se deberá más de 6 millones de euros del total de 15 millones de incremento firmado en la mesa sectorial en febrero. A esto se suma la deuda por el impago de complementos autonómicos y del incremento para la "homologación salarial" de los profesores contratados por la red privada concertada que, por diversos conceptos, asciende en 2008 a 12,7 millones.

Este volumen de números rojos que ya fue denunciado por los sindicatos durante la aprobación de los Presupuestos de 2008 -ya que desde hace años el Consell aprueba las partidas educativas, por ejemplo los conciertos, por debajo de su coste real- rebasó ayer la gota que colmaba el vaso de los incumplimientos entre los tres grandes sindicatos docentes. El STEPV, CC OO y UGT y la FSIE (representante mayoritario entre los docentes de la concertada) salieron en tromba.

"Precisamente el 13 de mayo", subraya Vicent Mauri del STEPV, "se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto Básico del Empleado Público que reconoce el derecho del cobro de trienios al profesorado interino". Pese a la "histórica" legislación estatal -y pese a los acuerdos retributivos firmados el 8 de mayo de 2007 en la mesa sectorial de Educación, incluyendo el pago de trienios- "a fecha de hoy a los profesores interinos se les deben todos los trienios acumulados en su vida laboral". El saldo asciende, según el "cálculo de una media de 40 euros por trienio", a 3,2 millones, y afecta al 20% de una plantilla total de 49.760 funcionarios, según reconoció al inicio de este curso la Consejería de Educación. Aunque la deuda por este mismo concepto podría ser, incluso, "el doble", según otro estudio realizado por Inma Sánchez "basado en los años de servicio y las bolsas extraordinarias de cada uno de los interinos que han accedido al cuerpo autonómico de docentes desde las oposiciones de 1999".

"Ante falta de respuesta de Educación, y el hecho de que sigue sin computar el abono de trienios al profesorado interino en prácticas", Fete-UGT "trasladó ayer una denuncia formal a la Sindicatura de Greuges para exigir una solución rápida".

En el sector de la enseñanza privada concertada, la situación ha rebasado, para las organizaciones sindicales, todos los límites de la paciencia. Pepa Ramis, responsable del área de privada de CC OO denunció ayer en otro extenso informe que, "pese a que Hacienda ingresará 130 euros en la nómina de junio" en concepto de atrasos y parte del pago del complemento autonómico, aún seguirá debiendo "15 euros de 2007 y otros 700 por persona para hacer efectiva la homologación salarial firmada hace un año". Así que, multiplicando por 14 pagas y 14.000 profesores, faltan 13 millones en los presupuestos.

En paralelo, Moisés Casa, de FSIE, reiteró su "desconfianza" en el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y amenazó con activar las denuncias judiciales de sus afiliados, que mantenía congeladas desde finales del año pasado.

Lo que debe la Generalitat en la nómina de los profesores

- Al menos 3,2 millones por impago de trienios a los profesores interinos de la pública. Un total de 11.023 profesores interinos con servicios reconocidos por la Consejería de Educación a fecha del 21 de diciembre de 2007 desde hace un año no han cobrado aún el pago de sus trienios. Teniendo en cuenta que los interinos del grupo A deberían haber cobrado 43 euros más en su nómina desde junio de 2007 y los del grupo B, 40 euros, Hacienda ha dejado de pagar mensualmente, en un cálculo modesto, 266.000 euros, lo que deja un saldo negativo de 3,2 millones. La cifra que se dispara a más de 6 millones si se atienden las singularidades de cada interino.

- Unos 6 millones a los equipos directivos. El Aauerdo de la mesa sectorial de febrero fijó un incremento anual de 15 millones de euros para distribuir entre los equipos directivos (directores, jefes de estudio, secretarias). En la próxima nómina del 1 de junio, Hacienda deberá 6 millones.

-9,8 millones por la homologación salarial del prefesorado de la red concertada en 2008 y 2,94 millones de deuda de 2007. El impago del complemento específico acordado el 8 de mayo de 2007 hace que el Consell deba 700 euros a cada uno de los 14.000 docentes de la concertada. Además, sigue debiendo 15 euros por 14 pagas del complemento impagado en 2007. Es decir, 2,94 millones más.

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Ninguna empresa tiene el menor interés en construir Mundo Ilusión

El Consell reconoce oficialmente la ausencia de ofertas privadas

MARÍA FABRA - Castellón - 13/05/2008

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya.

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya. Así lo reconoce el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, en una respuesta parlamentaria al PSPV. "No ha existido ninguna oferta privada para su construcción y su posterior gestión", admite Camps en un escrito fechado en diciembre y publicado ayer.

El proyecto, según el vicepresidente, está pendiente de los resultados de un estudio de viabilidad cuyas conclusiones, como destaca el diputado socialista José Camarasa, siguen sin conocerse. Hace dos meses el Consell insistió en sacarlo adelante. Eso sí, a través de la iniciativa privada y sin que la Administración autonómica aporte nada más que los estudios que recopila desde hace diez años y el lastre de dos sueldos que anualmente suponen un gasto de más de 66.000 euros. Camarasa calcula que, de momento, Mundo Ilusión ha supuesto para las arcas públicas un gasto de 600.000 euros aunque la cantidad exacta no se ha podido determinar ya que el Consell ha aplazado otras respuestas sobre el coste de informes encargados a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, al bufete de abogados Gómez-Acebo y Pombo, a la consultora norteamericana Baker Leisure Group y a otras firmas.

Nacido para compensar a Castellón de inversiones como la Ciudad de las Artes o Terra Mítica, Mundo Ilusión está supeditado a un macroplan urbanístico que ha de aprobar la propia Generalitat para que el grupo Marina d'Or ceda los 800.000 metros cuadrados donde ha de construirse."En su día hubo una toma de contacto para valorar la participación del Circo del Sol en el proyecto, pero no se ha derivado ninguna consecuencia de momento". Ésta es otra de las respuestas que el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha remitido al Grupo Socialista años después de que el impulsor del parque temático Mundo Ilusión, Carlos Fabra, asegurara la existencia de contactos para que esta compañía asumiera el proyecto. El mundo de la magia y el circo fue la temática escogida para este parque del que también se desconoce la inversión que precisará. "El coste estimado de la inversión dependerá del contenido de los estudios y documentos del plan de negocio", señala Gerardo Camps en otra respuesta.

Los estudios pendientes de entregar desvelarán, según Camps, "una estimación del nivel de visitantes previsto, así como la cifra óptima de inversión que asegure la viabilidad económica del proyecto", entre otras cosas, ya que, según la respuesta parlamentaria, "las obligaciones de Baker Leisure Group respecto del proyecto Mundo Ilusión consisten en la realización de un análisis de mercado y estudio de viabilidad que nos permitan conocer una estimación del nivel de visitantes previsto así como la cifra óptima de inversión y establecerá una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo concreto del plan de negocio".

Los primeros estudios sobre la viabilidad del proyecto se realizaron hace casi una década y sus conclusiones han quedado obsoletas. Aún así, y pese a la experiencia que el propio Consell ha tenido en Terra Mítica, con una suspensión de pagos de por medio, la Generalitat, con un coste de unos 30.000 euros, ha buscado a Baker Leisure Group. Como señaló ayer el diputado socialista José Camarasa, esa firma vaticinó más de 2,5 millones de visitantes para el parque de Benidorm cuando el año de mayor afluencia apenas se superaron los 1,2 millones. "Aún así, el Gobierno valenciano ha ido a encargar el estudio a la misma empresa", señaló.

En el último consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión, su presidente, Vicente Rambla, dejó claro que será la iniciativa privada la que habrá de hacerse cargo de la construcción y explotación del parque, aunque, en su respuesta por escrito, Gerardo Camps alega que la decisión sobre el modelo de gestión y financiación, "se ha de tomar tras analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad".

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La Marina tiene los mismos ambulatorios que en 1978

A. RUIZ - Dénia - 13/05/2008

El colapso sanitario en La Marina Alta avanza a marchas agigantadas. El hospital y los centros de salud mantienen los mismos servicios que hace prácticamente tres décadas a pesar de que en este tiempo la población se ha triplicado como consecuencia de la bonanza del turismo y del ritmo de la construcción.

Pacientes que deben recorrer muchos kilómetros hasta encontrar un ambulatorio, como sucede en las poblaciones del interior de la Retoria y de La Vall del Pop. Médicos que durante el verano no quieren acudir a los grandes núcleos turísticos (en especial Dénia, Xàbia y Calp) porque los sueldos son bajos y los alquileres, muy altos. Urgencias saturadas, con camas en los pasillos. Trabajadores en pie de guerra por la falta de recursos. Esperas de dos horas para ver al médico de cabecera. Citas en ginecología que se aplazan durante meses y meses.

La situación es especialmente grave en Dénia. En la actualidad, la ciudad solo dispone de un centro de salud para más de 40.000 habitantes que, en verano, llegan a los 150.000. El segundo ambulatorio, el que se encontraba en la calle del Marqués de Campo, ha sido clausurado porque amenazaba derribo.

Ante el aluvión de quejas de los usuarios y de las asociaciones de vecinos, todas las fuerzas políticas aprobaron en pleno una moción para exigir a la Consejería de Sanidad la construcción de un nuevo centro. Sin embargo, la alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, denuncia que, a pesar de las continuas gestiones, Sanidad sigue sin hacer caso de esta demanda. Es más, la consejería ha advertido de que no abrirá un segundo centro para todo el año y que se limitará a instalar un dispensario para los meses de julio y agosto en la zona de las playas de Les Marines.

También el hospital comarcal de Dénia arrastra graves problemas. En cada periodo turístico -Semana Santa, Navidad o verano- se repite sin tregua la imagen de pacientes hacinados en el departamento de Urgencias, repleto de camas en los pasillos. Faltan además facultativos en todos los departamentos y ya hay médicos que, ante la falta de recursos, han decidido exiliarse a otros centros fuera de La Marina Alta. En concreto, siete en el primer trimestre de 2008.

Esta carencia de especialistas se repite en la atención primaria de la comarca y ha obligado a la Consejería de Sanidad a publicar anuncios en los periódicos ofreciendo plazas de médicos.

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Las enfermeras exigen aumento de plantillas y mayor salario

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Castilla-La Mancha se opondrá a los trasvases si no se aclara la venta de agua de Villena

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13:02 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.

EFE Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas, a las que ha tenido acceso EFE, remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.

También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie urgentemente las investigaciones y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.

Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".

El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".

Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

Sánchez Pingarrón anuncia, además, a Moragues la "rotunda oposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cualquier derivación de recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó", sino se cumplen el plan de cuenca.

En este sentido, el consejero recuerda que el plan establece la prioridad de la cuenca del Júcar y "la satisfacción completa de todas las asignaciones y reservas para Castilla-La Mancha", así como que "se han incumplido los compromisos del Plan Hidrológico del Júcar", entre otros aspectos los de mejorar y modernizar los regadíos tradicionales de esa zona del litoral mediterráneo.

En la carta a la ministra de Medio Ambiente, el consejero da cuenta a Elena Espinosa de la solicitud que le ha hecho a Moragues y reitera los argumentos expresados al presidente de la CHJ, al tiempo que pide colaboración al Ministerio para aclarar esa venta de agua en Villena y le expresa la oposición del Gobierno regional "a cualquier derivación de recursos de la cuenca del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó".

La Comunidad de Regantes de Villena acordó el miércoles pasado ceder entre 0,2 y 0,7 hectómetros de agua al año a la multinacional Danone a cambio de 240.000 euros para una planta que pondrá en marcha en el municipio alicantino la multinacional francesa, que prevé embotellar hasta 700 millones de litros del acuífero.

Los regantes de esa zona han venido reivindicando un trasvase del Júcar al Vinalopó para recargar la sobreexplotada red de acuíferos del municipio.

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Danone comprará suelo a los regantes para tener el derecho sobre el agua

Luna (PSPV): "Empieza a haber deserciones importantes"

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memoria anual 2007

La síndica suaviza el criterio de hostilidad y señala a Blasco y Barberá como los más colaboradores

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01:20 Ofrece un convenio de buen comportamiento a las administraciones para que estén más dispuestas. Cuatro conselleries están en la «lista negra» pero otras tres y 15 municipios salen por el cambio.

J. G. G./V. R., Valencia
El PP ha puesto en marcha en las Corts una reforma del reglamento de la institución del Defensor del Pueblo valenciano con el fin de apartar del cargo -forzando la ley- a Emilia Caballero, la Adjunta primera (designada en su día a propuesta de los socialistas) que ejerce de síndica en funciones desde abril de 2006, cuando los populares rechazaron renovar al alto comisionado colocado en la etapa Zaplana, Bernardo del Rosal, por sus informes críticos. Caballero mantiene la contundencia en su memoria anual sobre la situación del respeto a los derechos de los ciudadanos en la Comunitat pero, en cuanto a la relaciones entre las instituciones, se muestra conciliadora. De este modo, ha optado por suavizar o precisar el concepto de Administración «hostil» con el organismo que defiende a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Recupera con ello una matización que introdujo De Rosal en su primero informe, el de 2001, pero que no se mantuvo en la memoria de Caballero de 2006.
En el informe de 2007, la síndica fija como «hostil» la actitud de no contestar a sus peticiones de información, no contestar a sus resoluciones finales o no aceptarlas de forma inmotivada o no justificada. En cambio, «el hecho de no aceptar justificadamente las recomendaciones, sugerencias o los recordatorios de deberes legales no se considera un comportamiento hostil». Y ello porque admite que puede haber una «discrepancia legítima» con la Sindicatura. Otro guiño es que este año, al referir los organismos hostiles, se indica a continuación el número total de asuntos tramitados que les afectaron «para evitar que la falta de colaboración en una queja puntual nuble, perjudique o distorsione el grado real de colaboración de esas administración con esta institución».
Por último, la gran novedad es la incorporación este año de un nuevo epígrafe para citar a los organismos que «han destacado por su especial colaboración y por el grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas». La Sindicatura explica que «hasta ahora» se había limitado a señalar las entidades que menos colaboraban pero le parece «de justicia» destacar también aquellas «que más y mejor colaboran con la institución».
La nueva «lista blanca» la inauguran la Conselleria de Inmigración, que dirige Rafael Blasco, y el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ésta por partida doble (ver cuadro). Se da la circunstancia que la corporación que dirige Barberá también está en la lista negra por su actitud en una queja, la que le pedía que declarara como bien de relevancia local la cárcel Modelo de Valencia. Barberá fue uno de los populares que impulsó la reprobación de la síndica en 2001, en la anterior etapa de interinidad, por el Plan del Cabanyal.
El cambio de criterio ha supuesto que este año sólo hayan sido declaradas hostiles cuatro conselleries, la de Economía (que dirige Gerardo Camps), Medio Ambiente (García Antón), Infraestructuras (Mario Flores) y Sanidad (Manuel Cervera), así como otros seis ayuntamientos. En cambio, no figuran como hostiles gracias a ello otras tres conselleries: Bienestar Social (Juan Cotino), Industria (Belén Juste) y Justicia (Fernando de Rosa), y 15 ayuntamientos y el servicio tributario de la Diputación de Alicante. En la memoria de 2006, ocho conselleries y 24 ayuntamientos integraban la temida lista.
Otra gran novedad es la oferta de un «convenio marco de colaboración entre la Sindicatura de Greuges y la Administración pública valenciana que quiera suscribirlo». La idea es que se comprometan a colaborar con la Defensoría a cambio del reconocimiento de ésta. La síndica indica que va a iniciar «contactos» para hacer realidad este objetivo. Según la propuesta de convenio, que figura como anexo en la memoria, la entidad firmante se comprometerá a «enviar lo más pronto posible» a la Sindicatura la información que se le requiera y encargar a una oficina o unidad administrativa la centralización de las relaciones de la conselleria con la Sindicatura, al objeto de que exista un «interlocutor» definido.
La Sindicatura, «en justa contraprestación», asume el compromiso de destacar expresamente la positiva colaboración en el informe anual; publicitar en la página web las resoluciones a favor del ciudadano de esa Administración; incluir al firmante como «candidato a la mención especial» como colaboradora en la memoria anual; o realizar una gestión formal previa antes de declararla hostil como signo de «lealtad institucional».

Por su parte, el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, destacó ayer del informe que hay más de 1.800 expedientes realizados a partir de más de 6.000 quejas referidas a urbanismo y medio ambiente. Es más, la cuarta parte de los expedientes están relacionados con estas áreas. Arnal mostró su desacuerdo y preocupación por la «pasividad» del Consell en temas relacionados con la persecución de las ilegalidades urbanísticas y denunció también que se estén autorizando PAI sin tener la garantía de disponibilidad de agua. El ex diputado también criticó al Consell por su actitud ante la contaminación acústica del circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, la ubicación de la subestación de Patraix y la contaminación de los acuíferos por nitratos.

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La síndica critica que los enfermos sean ingresados en camas de pasillos

El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas

Martínez evita de nuevo recibir a Caballero

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Trabajadores del Ivadis denuncian que la falta de liquidez ya afecta a la comida

UGT asegura que algunos proveedores han dejado de suministrar

Carlos Alós, Valencia
La situación financiera del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis), organismo dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, ha sido puesta en entredicho por su propios trabajadores. La Federación de Servicios Públicos de UGT afirma que la falta de liquidez del Consell ha provocado que el Ivadis deje de pagar a los proveedores, quienes se niegan a servir pedidos para tareas básicas de los 25 centros que el Ivadis gestiona en toda la Comunitat, entre residencias y talleres ocupacionales, con unos 1.100 discapacitados, señalaron. Entre estos pedidos que no llegan, UGT asegura que figuran desde bolsas de basura o material de limpieza y de aseo de los internos, la mayoría discapacitados severos y de los que se encargan unos 750 trabajadores.
En ese sentido denuncian también que el déficit económico que arrastra el Ivadis porque no llega dinero del Consell se nota también en la calidad de la alimentación que reciben los internos y que se ha resentido en los últimos tiempos, según la denuncia de UGT. Además, los trabajadores señalan que en las residencias dependientes del Ivadis se acumulan materiales que ya deberían estar en desuso como camillas oxidadas, camas con colchones de más de diez años y sin adecuación para las necesidades ergonómicas de los discapacitados, la inexistencia de material para la rehabilitación física y mental de los usuarios discapacitados. Incluso, aseguran que las actividades lúdicas se han reducido también por falta de presupuesto.
Otro caballo de batalla de los trabajadores del Ivadis es que el afecta a la sustitución del personal de atención directa ya que, según aseguran, no se sustituyen las bajas lo que rebaja la calidad de la atención porque cada trabajador debe atender a mayor número de internos.
El déficit se arrastra cuatro años
La portavoz de UGT, Isabel Vicent, aseguró que la situación se arrastra ya cuatro años, pero que la situación ha derivado a que el Consell de Camps "no atienda a la responsabilidad que tiene con los discapacitados y que prefiere gastar el dinero en circuitos, mientras estos centros carecen de los mínimo para funcionar", asegura.
Mientras, un portavoz de la conselleria de Bienestar Social aseguró que el interés del departamento por atender a los discapacitados "es una prioridad absoluta". De hecho, aseguraron que el presupuesto para el Ivadis creció en un año un 75%, al pasar de 400.000 euros a 700.000

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Terra Mítica debería devolver un máximo de 6,9 millones de fondos europeos

Europa Press, Alicante
El Consell estima en 6,9 millones de euros la cantidad máxima que tendría que reintegrar en caso de que no prosperan los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Terra Mítica por el supuesto incumplimiento de una de las cláusulas de las subvenciones a fondo perdido de la UE para el fomento del empleo, según se asegura en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, de fecha de diciembre de 2007 y publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
Así, Gerardo Camps precisa que los administradores de Terra Mítica han dotado una provisión para riesgos y gastos de 6,9 millones de euros, que es "la cantidad máxima que se estima que se debería reintegrar, en caso de que no prosperen los recursos interpuestos en la vía contencioso-administrativa por la sociedad".
Según la respuesta a una pregunta de la diputada Glòria Marcos de agosto de 2007, la subvención se solicitó en 1999, cuando aún no se había inaugurado el parque. En 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda solicitó el reintegro al Tesoro Público de la subvención de la UE y en ese momento el "número medio de empleados era de 636, tal y como se detalla en la memoria de las cuentas anuales de Terra Mítica".
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por FCC Construcciones, SA, contra la resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que sancionaba a la empresa con una multa de 48.080,97 euros por la comisión de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales que se produjo durante trabajos en Terra Mítica, al considerar que se le notificó pasado el plazo de seis meses que establece la ley. El TSJCV condena a la Conselleria de Economía a devolver a FCC el importe de la sanción que se impuso a esta sociedad tras de una visita de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante a Terra Mítica, donde levantó acta de infracción el 4 de octubre de 1999. Esta sanción se notificó a la empresa el 18 de abril de 2000.
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El PP de Valencia y Murcia pedirán juntos al Gobierno agua, financiación y seguridad

01:36 Los consejos de dirección de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana se reunieron ayer en Murcia para preparar un documento conjunto en el que reclamarán "justicia e igualdad" al Gobierno central en materia de agua, infraestructuras, seguridad y financiación.

Levante-EMV, Valencia

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y su homólogo en las Cortes Valencianas y secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, comparecieron en rueda de prensa para anunciar las medidas que ayer acordaron los consejos de dirección tras la reunión.
En concreto, Ruiz dijo que ambas directivas trabajan en este texto que denominaron "documento para la exigencia de la igualdad", en el que los grupos parlamentarios exigieron "que se nos trate con solidaridad e igualdad".
Al respecto, Ruiz justificó que "tenemos muy claro que las Comunidades Autónomas somos también Estado, y si una parte del Estado no es capaz de asumir su responsabilidad para garantizar la igualdad, nosotros vamos a exigirla como parte del mismo".
Así pues, Ruiz dijo que este documento no es definitivo y su elaboración continuará en una reunión que se producirá en Valencia la semana que viene, de forma que el texto se presentará el lunes. Además, dijo "que el documento tiene vocación de seguir desarrollándose no sólo con Valencia, sino con otros grupos". Aunque no descartó la inclusión de más asuntos, Ruiz especificó que el documento, de momento, aborda cuatro temas principales, como el del agua, con la reivindicación al Gobierno de España por medio de una iniciativa en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Además, Ruiz adelantó que el Grupo Parlamentario Popular también respaldará en la Asamblea regional el informe Camps, como ya se hará el próximo miércoles en las Cortes Valencianas. A su juicio, este informe "quita la mentira que el PSOE repitió tantas veces, que Europa no apoya los trasvases", y se preguntó retóricamente que "si ahora Europa apoya los trasvases porqué no los hay a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia".
Sobre este punto, Costa valoró positivamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional y, del consejo de Dirección, al informe Camps que, explicó, "ha sido apoyado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, y ha sido defendido por el presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, y respaldado por el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel".
Así, especificó que el documento "viene a decir que junto a muchas medidas para todas la regiones de la cuenca mediterránea, el trasvase es una de las más importantes", y aseguró querer que el PSOE en Murcia y en Valencia "digan por qué son los únicos que siguen manteniendo sus tesis antitrasvasistas, cuando en Cataluña, en España, en Aragón el PSOE dice que es posible hacer un trasvase del Ebro y que además existen excedentes en el Ebro para hacerlo".

Las bajadas de impuestos y las obras en infraestructuras de transportes caracterizan algunos de los presupuestos que las comunidades autónomas aprueban estos días en los distintos parlamentos autonómicos. EL PAÍS ha analizado las cuentas públicas de Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

Algunos presupuestos crecen de manera especial este año impulsados por los nuevos Estatutos que se aprobaron en los respectivos Parlamentos autonómicos y fueron ratificadoes en el Congreso de los Diputados.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las autonomías que experimentan mayor crecimiento como consecuencia de unos presupuestos estatales que han previsto la financiación especial recogida en sus presupuestos y vinculada al PIB o a la población.

En otras autonomías, como Madrid, que aún no ha reformado su Estatuto, la terminación de grandes obras -como la del aeropuerto de Barajas y su nueva terminal- han impedido un crecimiento de las inversiones estatales lo que, al final, ha redundado en el moderado aumento de sus propias cuentas autonómicas.

COMUNIDAD VALENCIANA Mucha deuda en un presupuesto "muy social"

"Los presupuestos más sociales de la historia". Gerardo Camps, consejero de Hacienda de la Generalitat valenciana, asegura haber acuñado la expresión cuando asumió el cargo en 2003. Se trata de vestir la necesidad. Tres cuartas partes del dinero que maneja el Gobierno valenciano irán destinadas a cubrir los gastos de Sanidad (40%), Educación (30%), y, en menor medida a Bienestar Social (4%). Como resultado, las cuentas crecen un 8,4% en los capítulos de gasto ordinario como la nómina, las facturas diversas o el pago a terceros por la prestación de servicios públicos. Apenas queda posibilidad de jugar en los capítulos de inversión, que crecen un 3,5%, y descienden si se atienden a las cifras consolidadas, que incluyen las entidades y empresas públicas.

La Generalitat valenciana, por otro lado, acumula la mayor deuda entre todas las autonomías por habitante y en relación a la riqueza que genera la región. Una losa que limita las alegrías en el gasto de la pléyade de empresas públicas creadas en las tres últimas legislaturas para acometer inversiones en parques de atracciones (Sociedad de Proyectos Temáticos), colegios e institutos públicos (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana) o propaganda (Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana).

La inversión pública de más calado prevista en 2008 por volumen de gasto es la tercera anualidad para levantar el nuevo Hospital La Fe, en Valencia. El centro médico de referencia de la Comunidad Valenciana consume 45 millones de euros en las cuentas de 2008.

Las obras de construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia ya han sido adjudicadas por 41,2 millones de euros. El circuito rodea la dársena interior del puerto de Valencia y discurre por una zona vecina de reciente urbanización que todavía está pendiente de edificación.

La prolongación de la línea 5 del Metro de Valencia, que en la actualidad arranca en el puerto y muere en el aeropuerto, consumirá 21 millones del presupuesto de inversión de la Consejería de Infraestructuras.

El análisis de los dos sindicatos mayoritarios es similar. Para CC OO "los presupuestos de la Generalitat no abordan el necesario cambio para los sectores productivos y los esfuerzos que deben atender las necesidades del mercado de trabajo", además de que "siguen una tendencia de privatizar y externalizar servicios públicos esenciales". Para UGT "no se plantean ni las apuestas estratégicas necesarias para responder a la actual coyuntura ni se da solución a las importantes carencias sociales que padece la Comunidad Valenciana".

ANDALUCÍA Lluvia de inversiones para el año electoral

Alegría en el gasto público para el presupuesto más electoral. La Junta de Andalucía tendrá 31.961 millones de euros (un 9% más que este año) para gastar en 2008, un año en el que se celebrarán elecciones autonómicas (el 9 de marzo). Las inversiones se llevan casi un cuarto del presupuesto (7.473 millones de euros) y mantienen la línea ascendente desde el principio de la legislatura, con un incremento de casi el 80% en cucatro años. Además de las cantidades consignadas en el presupuesto andaluz, el Gobierno central invertirá en la comunidad autónoma un total de 4.345 millones de euros. De este modo, la inversión conjunta de ambas administraciones será el próximo año de 11.818,7 millones, equivalentes al 7,5% del PIB andaluz (en este ejercicio la proporción ha sido del 7%). Las infraestructuras muerden el mayor porcentaje del capítulo de inversioines con 1.216 millones consignados este año.

Entre los proyectos estrella se encuentran las partidas destinadas a la construcción de la Autovía del Olivar, que recorrerá el eje interior de Andalucía desde Estepa a Úbeda y que acapara 48 millones de euros. Asimismo, la Autovía del Valle del Almanzora tiene consignados 27 millones de euros en el próximo ejercicio.

Las obras de construcción de los metros de Málaga, Sevilla, y Granada recibirán 61, 99 y 60 millones de euros, respectivamente, mientras que el corredor de la Costa del Sol contará con una inversión de 14 millones de euros y el tranvía Chiclana-San Fernando (Cádiz) dispondrá de 34 millones.

El Plan de Modernización del Hospital Reina Sofía de Córdoba cuenta con 29 millones y las inversiones en infraestructuras educativas, que incluye construcción, ampliación y equipamentos de centros docentes asciende a un total de 438 millones de euros.

MADRID

Más privatizaciones

Los presupuestos regionales de Madrid son los más austeros -los que menos crecen- desde que Esperanza Aguirre (PP) llegó a la presidencia autonómica en 2003. Y ello porque las inversiones suponen un 6,3% menos que el año anterior (1.328 millones de euros en 2008) y las cuentas regionales van a crecer la mitad de lo que lo hicieron en 2007 (el 3,3%).

El gasto en obra se dirigirá principalmente y como cada año a nuevas infraestructuras para el transporte. La Comunidad de Madrid destinará 218 millones a equipamientos sanitarios (cuatro nuevos hospitales y 55 centros de salud), así como a la puesta en marcha de los siete hospitales construidos durante la legislatura pasada, que aún no funcionan pese a que fueron inaugurados en periodo electoral.

El presupuesto madrileño consolida la tendencia de privatizar los servicios públicos. "Las inversiones no bajan", afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid al presentar el proyecto de las cuentas regionales, porque, según explicó, las cuentas autonómicas no contemplan inversiones como la futura Ciudad de la Justicia que se harán por concesión a empresas privadas. La Comunidad de Madrid pagará en 2008 en concepto de cánones más de 700 millones de euros que recibirán las empresas privadas que gestionan diversos servicios públicos. La mayor parte, unos 400 millones, irá destinado al metro, ya que la Comunidad de Madrid alquila, por ejemplo, los túneles de Metrosur o los vagones de tren.

"Son unos presupuestos extremadamente restrictivos", afirma Jaime Cedrún, secretario de política institucional de CC OO. "No se aprovecha el buen momento económico y todas las posibilidades de recaudación para la inversión en infraestructuras que corrijan los déficit en equipamientos sociales y en la mejora de la calidad de los servicios público". A cambio, agrega, opta por los "regalos fiscales" -en el último año se ha reducido al mínimo el Impuesto de Sucesiones y el de Donaciones, lo que ha supuesto dejar de ingresar 1.428 millones de euros, y por "hipotecar el presupuesto futuro" con compromisos de gasto en el sector privado.

CATALUÑA El doble de inversión en infraestructuras

Pese a que el contexto macroeconómico ha cambiado -el crecimiento se está moderando y la desaceleración del mercado inmobiliario está mermando los ingresos fiscales- el presupuesto catalán para 2008 crece casi un 8%. La inversión por habitante será de 715 euros, frente a los 619 de este año y lejos de los 365 de 2003.

¿En que se gastará el dinero la Generalitat catalana? Asegura tener dos prioridades, la cohesión social y la competitividad. Más de la mitad del gasto, el 52% del total, lo destinará a políticas sociales. El destinado a salud concentra el 26% de las cuentas públicas, con una dotación de casi 9.100 millones de euros. Pero es una de las partidas que menos crece respecto a 2007 (un 5,8%) y el personal en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) no aumentará más del 0,7%, hasta 247 efectivos. La educación aparece en segundo lugar, con 5.770 millones de euros, un 8,5% más. El incremento servirá, entre otras cosas, para contratar a 1.725 maestros ante al aumento de población inmigrante y para poner en marcha un plan de impulso del inglés. El despliegue de la Ley de Dependencia contará con una dotación de 455 millones, lo que ha obligado a incrementar un 10% el capítulo de gasto de protección social (el quinto con mayor dotación presupuestaria) hasta 1.500 millones de euros.

La partida de infraestructuras y movilidad, destinada a obras para mejorar el deteriorado servicio público de transporte, gastará 2.875 millones, un 23,7% más que este año. Crece especialmente el gasto en infraestructuras ferroviarias, un 45%, hasta los 1.182 millones de euros.

GALICÍA Más inversión social que en carreteras

La Xunta de Galicia invertirá en 2008 casi 1.780 millones de euros en nuevas obras, un 15,4% de sus ingresos totales. El Presupuesto de 2008, que se somete al Parlamento de Galicia esta semana, ha logrado elevar un 6,2% sus inversiones reales aún a pesar del recorte de casi 60 millones de euros en la recepción de fondos europeos y con una reducción de 80 millones en su endeudamiento bruto. Por vez primera vez, el presupuesto gallego contiene más inversión social que en carreteras, con un ambicioso proyecto de construcción de guarderías infantiles y subvenciones a la dependencia.

El objetivo de la Consellería de Economía es el de exprimir al máximo la inversión hasta 2013, cuando se prevé que Galicia quede definitivamente sin dinero de Bruselas.

Todos los colectivos sociales coinciden en reconocer que los de 2008 son los presupuestos más redistributivos realizados en Galicia. Pero también existe una crítica casi unánime al "exceso de optimismo en la economía gallega". La Xunta ha hecho los números calculando un crecimiento del PIB del 3,5% y del empleo en 32.400 personas.

"Es absolutamente fantasioso", dice Alfonso Rueda, secretario general del PP en Galicia, el único partido de la oposición. "Ojalá nos equivoquemos, pero la economía no va a crecer un 3,5% y esa previsión lo desajustará todo", señala Antonio Fontenla, presidente de la patronal gallega. "Se incumplirá el Presupuesto y ya veremos por dónde vendrán las rebajas", advierte Xesús Seixo, secretario general del sindicato nacionalista CIG, el más crítico con la política económica de Galicia. "Puede parecer desmesurado crecer al 3,5% en 2008, pero nosotros pensamos que es bueno que el presupuesto público y el Gobierno se pongan objetivos ambiciosos", precisa Xan María Castro, secretario general de CC OO Galicia.

PAÍS VASCO Una línea de alta velocidad amenazada

Los presupuestos del País Vasco siguen apostando por al reducción del endeudamiento y el equilibro, pero son expansivos; algo que ya empieza a ser una tradición y objeto de crítica por los agentes sociales. Antxon Tomasena, de CC OO de Euskadi, asegura que hay margen para cumplir los requisitos de estabilidad europeos y ser menos conservador. Dice que la renuncia al endeudamiento impide inversiones necesarias en una sanidad y educación que se deterioran. Pilar Collantes, secretaria de Acción Sindical de UGT-Euskadi, coincide en el planteamiento y asegura que no se "priorizan aspectos sociales a través de los que realmente se beneficien los trabajadores, como la vivienda o la sanidad".

Como el pasado ejercicio se aprobarán gracias a los votos de los partidos del Gobierno (PNV, EA y EB) y los de los socialistas; en lo que viene a ser un intercambio de favores, de votos, entre los gobiernos de Madrid y Vitoria para apoyar las cuentas generales del Estado y las de Euskadi. Los socialistas insisten en que su apoyo responde a las mejoras de prestaciones sociales.

El gasto total del presupuesto consolidado (incluidas las sociedades públicas, los entes y los organismos autónomos) es de 10.692,7 millones de euros, un 7,7% más que el año anterior. La inversión estrella es la llamada Y vasca, la conexión ferroviaria de alta velocidad entre las tres capitales vascas.

La principal inversión es también la más controvertida. No por su apoyo, ya que el 95% del Parlamento está a favor de la infraestructura, sino por la presión política de los opositores al proyecto.

Por un lado, la autodenominada izquierda abertzale y la amenaza de ETA. Por otro, el principal sindicato vasco, el nacionalista ELA, que cuenta con más del 40% de la representación en las empresas, que se opone frontalmente al proyecto.

Frente a otras comunidades, donde las carreteras podrían representar un papel clave en las inversiones del Gobierno, en Euskadi no. La peculiar configuración institucional vasca lleva a que carreteras sea una competencia de las diputaciones y los proyectos en marcha, como la circunvalación de Bilbao o la autopista Eibar-Vitoria, no aparezcan en los presupuestos vascos, sino forales. Las mayores inversiones están incluidas en los planes plurianuales (ver gráfico), donde el tren convencional, incluido el tranvía, son la primera prioridad con 165,4 millones de euros de inversión.