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CV. 05/09/2008.

2008-09-05T20:54:23+02:00

Educación para la Ciudadanía la darán el profesor titular y otro que la traducirá al inglés. Al mismo tiempo el Conseller bailará un chotis. 04/09/2008.

CV. 04/09/2008.

Alonso denuncia que Bienestar Social incumple la ley de la dependencia

Agencias, Madrid/Valencia
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, elogió ayer la actuación del Ejecutivo en la aplicación de la Ley de Dependencia y arremetió contra la Comunitat Valenciana y la de Madrid, ambas gobernadas por el PP, por no haber "cumplido" con esta tarea.
Alonso expresó que "el Gobierno ha conseguido que en un tiempo récord" la Ley de Dependencia "sea aplicada a 350.000 personas, que estaban en el olvido y que empiezan a tener asistencia especializada".
Por contra, el portavoz socialista denunció que "algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid y Valencia, no están cumpliendo sus obligaciones con los ciudadanos que más lo necesitan".
Por otra parte, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición de los usuarios modelos de recurso contra las resoluciones.

Barberá quiere mantener con un concurso de rosaledas la proyección de la F1

Del Río (PSPV) acusa a la alcaldesa de intentar convertir cualquier ocurrencia en un gran evento

H. G./M. V., Valencia
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer durante la inauguración de la remodelación de la rosaleda histórica del Jardín de Viveros, su intención de "celebrar un concurso internacional de rosaledas que se integre en los niveles de excelencia que la ciudad ha demostrado en el Gran Premio de Fórmula Uno o en la Copa del América". Barberá destacó la nueva rosaleda de Viveros es una mejora que permite que Valencia "entre en la circuito mundial de este tipo de conjuntos florales".
Muchas unidades de la histórica rosaleda de Viveros no se habían renovado desde su creación en 1973 y ya no brotaban. Por ello se han recuperado aunque respetando el diseño original del jardín. La rosaleda tiene una superficie de 8.320 metros cuadrados y en su renovación se han empleado 10.590 rosales de 62 variedades distintas, distribuidos en 94 parcelas.
Para la concejala socialista el concurso de rosaledas "es una nueva ocurrencia de la alcaldesa". Del Río comentó que la inauguración de la rosaleda, que "ha estado abandonada durante años", no fue tan lucida como se esperaba porque el calor que hacía ayer a las 14 horas había ajado las flores y por eso la alcaldesa "se sacó de la manga el concurso". En relación a la equiparación del concurso floral con la Copa o la F1, la edil de la oposición hizo hincapié en que "cualquier ocurrencia no puede convertirse en un gran evento". Para Del Río, la pretensión de Barberá de "estar continuamente encadenando eventos en grado superlativo es insostenible".
La concejal socialista animó a la alcaldesa a prestar más atención al mantenimiento de los Jardines de Viveros cuyo "estado de conservación es francamente mejorable como habrá podido comprobar en su visita".
En la renovación de la rosaleda el ayuntamiento ha invertido 130.000 euros. En el anillo central del jardín se han ubicado los rosales de floración continua, intensa gama de colores, formas y volúmenes mientras que los perfumados se han plantado en distintos puntos del anillo exterior.
Los rosales miniatura se han colocado en la zona de menor altura, los trepadores en las pérgolas y los de pie alto en los cuatro ejes principales del conjunto floral. Además se ha mejorado la señalización de la rosaleda, la accesibilidad mediante rampas con pasamanos, el sistema de riego y se han instalado cincuenta bancos adaptados a la normativa sobre mobiliario urbano. La alcaldesa ha subrayado la labor de la presidenta de la Asociación Española de la rosa, Matilde Ferrer, responsable de la remodelación y de recuperar una variedad de rosa llamada Valencia.
En este sentido, la alcaldesa señaló ayer que durante su gobierno se han creado cerca de 500 jardines de barrio y se ha doblado a cuatro millones los metros cuadrados de zona verde.

El pleno del Parlamento Europeo votará un nuevo informe sobre el urbanismo valenciano

La Comisión de Peticiones encarga el estudio a una eurodiputada danesa de Los Verdes

Efe, Bruselas
El Parlamento Europeo (PE) votará en sesión plenaria el informe sobre el urbanismo español que ha decidido preparar la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en respuesta a las quejas ciudadanas. La decisión de llevar el texto al pleno fue tomada ayer en la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos, pese al voto en contra del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor bloque del hemiciclo.
El informe será elaborado por la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken y se centrará en "el impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea", explicaron fuentes parlamentarias.
La Comisión de Peticiones del PE, que analiza quejas y propuestas de los ciudadanos, decidió en mayo pasado retomar el asunto del urbanismo español, que ya había criticado en anteriores ocasiones. La propuesta para elaborar un nuevo informe sobre el urbanismo en España y, más en concreto en la Comunitat Valenciana, procede del eurodiputado laborista británico Michael Cashman, muy crítico con este asunto.
La investigación de la Eurocámara se basa en la posibilidad de que en España se hayan violado los derechos de propiedad de los ciudadanos. Además, en el informe se analizará la actuación de las autoridades locales españolas en la contratación pública de proyectos a gran escala y sus efectos en el medio ambiente.
Para el portavoz adjunto del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, la redacción del informe en esos términos "no tiene el más mínimo fundamento porque presume una situación de inseguridad jurídica en el urbanismo español". "Supone una pésima noticia para un sector que atraviesa una enorme crisis porque va a retraer aún más la llegada de inversores extranjeros e implica un riesgo cierto de aumento del paro", indicó Galeote en un comunicado.
Por ello, subrayó la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".
El pleno de la Eurocámara ya censuró en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos. Por el momento, el Parlamento Europeo no ha fijado la fecha de la votación en el pleno de ese nuevo informe, que previsiblemente tendrá lugar a lo largo del próximo año.

El Parlamento Europeo ordena un tercer informe sobre el urbanismo en España

MIGUEL OLIVARES

La Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones la elaboración de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española bajo el título El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones. La ponente del informe será la eurodiputada danesa Margarete Auken, del Grupo de Los Verdes.

El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, instó personalmente la elaboración del nuevo informe. En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, Libicki apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado "los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España" y cómo persiste su preocupación "en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas". Libicki destaca que los problemas afectan tanto a ciudadanos españoles como a no españoles.

El presidente de la Comisión de Peticiones alude, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea. En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad "legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse".

En segundo lugar, alude a posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, recuerda Libicki, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.

La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el "efecto acumulativo" de los grandes proyectos de urbanización en "las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña".

Finalmente, Libicki cita "muchas construcciones ilegales, algunas amenazadas de demolición. Un problema que afecta a miles de personas que compraron sus propiedades de buena fe a intermediarios sin escrúpulos que a veces han sido protegidos por autoridades locales".

Libicki recuerda que la Eurocámara aprobó una breve resolución al respecto en junio tras un debate en la Comisión de Peticiones. Pero considera "importante consolidar la posición del Parlamento a través de un informe sustantivo" a partir del cual "la Cámara pueda adoptar una opinión fundada antes de las próximas elecciones europeas", previstas en junio de 2009. "El asunto es de la mayor importancia y afecta a las vidas de muchos, sobre todo al creciente número de jubilados que se han desplazado a España para disfrutar su retiro". Libicki apunta el impacto ambiental de las grandes urbanizaciones y, finalmente, recuerda el "dramático vuelco que ha sufrido el sector de la construcción" en España, "un asunto que debe incorporarse al informe".

El Grupo Popular Europeo votó contra la elaboración del informe y arremetió contra los socialistas españoles por apoyarlo. El eurodiputado Gerardo Galeote denunció la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".

El socialista Joan Calabuig, que ocupó un escaño en el Parlamento Europeo hasta las pasadas elecciones generales, recordó a Galeote que Libicki "es lo más alejado a un socialista" y que las quejas ante la Comisión de Peticiones las presentan ciudadanos que "recurren al Parlamento Europeo porque no reciben respuesta" en otras instancias. Calabuig lamentó el desprecio de la Generalitat hacia "el peso moral y político" del Parlamento Europeo y sugirió que el descenso de actividad en el sector de construcción aconseja elaborar nuevas leyes acordes con las exigencias de la UE.

CV. 30/08/2008.

2008-08-30T16:04:12+02:00

CV. Educació. 30/08/2008.

I el 54% dels valencians ha votat aquesta banda! En democràcia es té el que es mereix perquè es vota. I si els valencians fóssim negres està clar que votaríem Ku Klux Klan!

El caso urbanístico valenciano en la UE no comportará una sanción económica

EZEQUIEL MOLTÓ

El recurso contra España se demoró más de un año, el triple de lo normal

El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell.

"No se discute la propiedad privada, sino la adjudicación de los PAI"

Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados. "En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria". La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.

Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles. "Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen. Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".

No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto. Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008. "En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.

Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica. En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista. Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.

Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.

Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas. La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat. En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.

Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas. "Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica. Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.

El Consell pide a través del letrado del Estado retrasar un mes la respuesta al Tribunal Europeo

El Consell ha pedido al Tribunal de Justicia Europeo la ampliación del plazo para responder a la demanda presentada contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por la Comisión Europea. La nueva fecha límite será el 22 de septiembre, lo que da un pequeño respiro al equipo de juristas que prepara el recurso.

L. Ballester Beneyto, Valencia
El procedimiento habitual en estos casos es que cuando se presenta una denuncia, la parte demandada ha de responder en un plazo de 30 días, ampliable con otros diez como una fórmula de cortesía, lo que amplía a 40 días la posibilidad de presentar alegaciones.
La fecha en que llegó la denuncia, que es lo que inicia la cuenta atrás, difiere según la institución a la que se pregunte. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores (que actúa como buzón en este asunto y se limita a tramitar los escritos) "el comunicado de la Comisión llegó el 28 de julio", según explicaron fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos. Formalmente, el ejecutivo comunitario presentó la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo el 9 de julio, según consta en el recurso en poder de este periódico. Por el contrario, según la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, el escrito que comunicaba la demanda llegó el 21 de julio.
Ante estas divergencias irreconciliables (no puede haber llegado antes el recurso a la Generalitat que al Gobierno), el primer plazo para responder a la demanda judicial en Europa se cumpliría mañana mismo (según la fecha de la conselleria) o el 7 de septiembre (según, Exteriores).
Sea cual sea la fecha, fuentes de la Conselleria de Urbanismo confían en que no se vuelva a producir el incidente que se produjo con las anteriores alegaciones remitidas por la Generalitat a la Comisión Europea.
En enero de 2007, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, montó en cólera cuando la secretaría de Estado de Relaciones con la Unión Europea, que depende de Exteriores, mutiló el escrito de alegaciones presentado por la Generalitat. Según González Pons la supresión de veinte folios fue "por razones políticas".
En la parte eliminada, el Consell aludía a la legislación urbanística de otras 13 comunidades para plantear a la Comisión Europea que las "pegas" que plantea a la legislación urbanística valenciana también puede encontrarla en otras legislaciones autonómicas.
El Consell anunció que intentaría evitar la mediación del Gobierno central para defender sus propias alegaciones ante la Comisión Europea en el procedimiento de infracción abierto contra la LUV. Esteban González Pons incluso anunció que solicitaría por carta una entrevista al comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, -responsable del procedimiento de infracción iniciado en 2005 con la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que continuó con la LUV- "sin la presencia del Gobierno de Zapatero" al que acusó de "no ser el abogado defensor sino el fiscal de la Comunitat Valenciana". Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se consideró desleal que la Generalitat pretendiera aludir a otras trece comunidades autónomas que no son parte interesada en el procedimiento de infracción, "sin su previa consulta y conocimiento" porque "es necesario preservar la aplicación del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas" y porque la alusión a las respectivas leyes de las trece comunidades implicadas "podría afectar a sus intereses legítimos y nada aporta en defensa de la C.t Valenciana".

"Canal 9 oculta la denuncia"

"Canal 9 ha ocultado las novedades recientes sobre la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana", según denunció ayer la sección sindical de UGT en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). "Desde el pasado miércoles, cuando se hizo público la tramitación de la denuncia por parte del Tribunal de Justicia Europeo, Canal 9 no ha dado ninguna información sobre la cuestión que sí ha sido noticia en el resto de medios valencianos y estatales". Y añaden que la trascendencia de la materia ocultada es tal que, además de tener ocupado al Consell en la preparación de recursos sobre la cuestión, ha suscitado la intervención pública del secretario de la Federación de Promotores, Benjamín Muñoz, ha llegado a pedir al consell que se modifique la normativa valenciana". Frente a una situación de enorme trascendencia la dirección de RTVV ha optado por lo que considera mejor para el PP: "ocultar la información". Se trata, según UGT, de un "nuevo caso de manipulación de Pedro García".

Compromís pide que se paralicen los PAI recurridos

El IVVSA privatiza los servicios de las agencias de alquiler de las tres provincias

La portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Oltra, criticó ayer que el Consell haya privatizado la gestión pública de alquiler de viviendas por un millón de euros, lo que calificó de "despropósito injustificable, ya que la Generalitat dispone del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) y de una agencia de alquiler creadas específicamente para esto".

Levante-EMV, Valencia
Oltra destacó, a través de un comunicado, que el 26 de agosto se publicó en el DOCV la convocatoria para la adjudicación del servicio de gestión integral de la oficina de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler de Vivienda en las tres provincias por un importe de un millón de euros, lo que constituye "un despropósito absoluto pues esas funciones deben ser asumidas por la propia administración"" sobre todo "cuando disponemos de una empresa pública como es el IVVSA y, dentro de ella, de la Agencia Valenciana de Alquileres".
La síndica de Compromís remarcó que el Consell "se dedica a duplicar los servicios innecesariamente, externalizando todas las prestaciones que deben ser facilitadas por la propia administración con la dotación de medios, recursos económicos y el personal propio de que dispone la Conselleria o el IVVSA". "Si va haber empresas externas que presten ese servicio de mediación me pregunto a que se dedicará la Agencia Valenciana de Alquiler", apuntó Oltra.
También se preguntó "dónde desarrollarán su actividad los trabajadores de las empresas contratadas, ya que si la desarrollan en las oficinas de la agencia o del IVVSA, estaremos en una situación de ilegalidad manifiesta pues, según la Ley de Contratos, estas empresas deben disponer de todos los medios para prestar el servicio contratado por su cuenta y riesgo, e incluso puede darse el caso de incurrir en cesión ilegal de trabajadores, tal y como sucede en Tragsa y la Conselleria competente en medio ambiente", aseveró la parlamentaria.
La diputada incidió en que las empresas contratadas "van a tener acceso a información relevante respecto de ciudadanos que soliciten u ofrezcan alquiler de viviendas, algo que incumple la ley de protección de datos de carácter personal". Asimismo, "las empresas adjudicatarias estarán relacionadas con el sector inmobiliario" ya que, "aunque en el pliego se señala que no podrán presentarse empresas vinculadas con este sector, en la convocatoria de licitación se les exige solvencia técnica y profesional".
"Ya tenemos la experiencia de la contratación de la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Alquiler Infovivienda del IVVSA, que costó 600.000 euros para una asistencia técnica externa al año desde 2003".
Como ya informó este periódico, una firma ha gestionado la Agencia Valenciana de Alquiler desde 2003 hasta ahora, cuando la adjudicación sólo era de un año. Dervec Gestión Integral del Habitat SL ha prorrogado el contrato hasta ahora de forma "irregular" según la sindicatura, de forma "legal", según la conselleria.

El Consell ha ejecutado siete de las 85 obras contra riadas desde 2003

El PSPV denunciará al Constitucional la falta de más información sobre actuaciones pendientes.

Levante-EMV, Valencia
El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts Valencianes, Francesc Signes, advirtió ayer que el Consell sólo ha realizado 7 de las 85 actuaciones contra inundaciones contempladas en el Plan de Acción Territorial del Riesgo de Inundación (Patricova) aprobado en 2003.
Signes, quien ha criticado a través de un comunicado de prensa la "ineficacia del Consell" en esta materia, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional para exigir "su derecho a la fiscalización" del Gobierno valenciano ya que "se niega a ofrecer información sobre el estado de ejecución de las obras pendientes".
El socialista ha atribuido la existencia de municipios valencianos con alto riesgo de inundación y sin Plan Local de Emergencia a "la ineficacia del Consell ya que sigue sin ejecutar 78 actuaciones de un total de 85".
Esta cifra indica, según el portavoz socialista, que el porcentaje de ejecución de las obras "no supera el 30 por ciento y que de los 270 millones de euros que el Consell debería haber invertido, sólo ha gastado 81 millones".
Signes ha recordado que el Patricova se aprobó en enero de 2003 y que de las 153 actuaciones de restauración hidrológica-forestal, planeamiento urbanístico y reducción del riesgo de incendios que contemplaba, "85 eran competencia de la Generalitat". Entre las obras que están pendientes de ejecutar en la provincia de Alicante se encuentran, entre otras, el encauzamiento de la desembocadura del río Girona, el encauzamiento del barranco del Altet o el encauzamiento urbano de Denia.
En la provincia de Castelló destacan, entre las obras sin realizar, el encauzamiento del barranco de Fraga y la prolongación del encauzamiento urbano en Viver mientras que en la de Valencia están pendientes el encauzamiento del barranco de Barxeta, el de Tramusser o el de Silla. "Este incumplimiento de obligaciones comporta un gran peligro para las personas y sus bienes", ha advertido Signes.

El Ayuntamiento de Benicàssim reprueba la actitud de Fabra

El consistorio exige una rectificación por los insultos a Colomer

Jordi Ruiz, Castelló
El pleno del ayuntamiento de Benicàssim aprobó el jueves por la noche una moción para reprobar la actitud del presidente de la diputación, Carlos Fabra, por insultar al alcalde de la localidad y portavoz en la institución provincial, Francesc Colomer. El consistorio benicense pide a Fabra una rectificación "inmediata".
La propuesta de acuerdo plenario la presentó el edil de EU Sebastián Esparducer y tuvo el respaldo del PSOE y Bloc (los tres partidos que gobiernan el municipio). ARB votó a favor de la urgencia pero luego se abstuvo, mientras que el PP se posicionó en contra. La moción, que se ha remitido a la diputación, surge como respuesta a "los insultos lanzados por el presidente de la diputación al alcalde de nuestro municipio", según consta en el texto. De ahí que se censure a Carlos Fabra y se le exija una disculpa pública.
Una grabación en video del último pleno de la diputación ha revelado recientemente que, al finalizar la sesión, el presidente llamó "hijo de puta" a Francesc Colomer. Fue después de un rifirrafe dialéctico entre el socialista y el popular en el turno de ruegos y preguntas. Colomer insistió en sus preguntas sobras las causas judiciales que afectan a Fabra, mientras que éste se negó a contestarlas de forma verbal. Al levantar la sesión, con el micrófono todavía abierto, profirió el exabrupto.
La portavoz socialista, Susana Ros, justificó ayer que se trata de una "moción necesaria". "La diputación es el ayuntamiento de ayuntamientos y el presidente representa a todos los alcaldes. La actitud de Fabra denota falta de educación, chulería y prepotencia", reseñó Ros, quien añadió que "lo que más me indignó fue ver en la bancada popular las risas y burlas de los diputados". "Fabra no sólo insultó y humilló a una persona, sino a una opción política, a muchos votantes y ciudadanos", sentenció.
El portavoz de ARB, Mauro Soliva, dijo compartir el fondo de la moción, pero no el debate que surgió tras su presentación. "El alcalde merece el máximo respeto y Fabra debería reconocer el error que cometió por llevarse por sus impulsos. Lo que no compartimos es que el ayuntamiento se convierta en un segundo campo de batalla para debatir cuestiones que deben abordarse en la diputación", dijo.
Desde el PP han evitado pronunciarse sobre el tema, escudándose en que no han escuchado la grabación, pese a que ha sido reproducida en los medios.

El AMPA de Tomás de Montañana denuncia las obras de las nuevas aulas

Efe, Valencia
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Tomás de Montañana de Valencia ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que la instalación de aulas prefabricadas en un solar anexo por parte de la Conselleria de .Educación "vulneran la salud y la seguridad". La AMPA ya denunció a principios de agosto a la conselleria por instalar estas aulas prefabricadas en un solar de propiedad municipal sin haber solicitado la preceptiva licencia y con el objetivo de ampliar las aulas después de que, "unilateralmente", decidiera doblar el número de plazas de Educación Infantil.
Según han explicado desde la AMPA, la denuncia aún no ha recibido respuesta al considerar el órgano judicial de guardia que no se trata de un "asunto urgente". Entre las deficiencias se incluye la falta de carteles informativos que prohíban el acceso a la obra y la instalación de un "vallado perimetral deficiente".

La F1 daña el arbolado protegido

Las ramas de un ombús fueron seccionadas durante el montaje

suprime la gerencia

El nuevo gobierno de Dénia deja el urbanismo en manos de los técnicos ligados a promotoras

La oposición critica que Medio Ambiente y Disciplina Urbanística no estén la nueva comisión

V.X.C.R., Dénia
La Gerencia de Urbanismo ha dejado de existir y de momento el departamento municipal más importante del Ayuntamiento de Dénia sólo tiene dos personas al frente, el Jefe de Ordenación Urbanística y el jefe de proyectos de obra, ambos vinculados a la empresa privada mediante sociedades o mercantiles con amplia trayectoria en el sector de la construcción de Dénia.
El jueves, el pleno ordinario sirvió para finiquitar el área con los votos en contra de PSPV y Bloc y a favor del pentapartito. La edil de Urbanismo, Pepa Font, explicó que era un compromiso de las diferentes fuerzas políticas del gobierno local acabar con la gerencia y respecto al nombramiento de los funcionarios ligados a las promotoras explicó que llevaban trabajando en el consistorio varias décadas con alcaldes de todos los colores, entre ellos del PSOE y del Bloc. Para Font era una "obligación moral" y una cuestión de "eficacia y ahorro" contar con ellos. Pese a todo la ahora concejal del Centre Unificat -antes lo fue del PP- remarcó que se había pedido un informe al secretario para con conocer si era compatible el trabajo privado del arquitecto y el ingeniero municipales elegidos para liderar el área de urbanismo.
El portavoz del Bloc, Pau Reig, recordó que en enero todos los partidos se opusieron a la desaparición de la gerencia y se preguntó si tras el desmantelamiento se había hecho el estudio sobre las necesidades del departamento de urbanismo, su organigrama y las competencias reales que tiene. Reig se dirigió especialmente a Miguel Llobell y JuanCollado puesto que la nueva comisión informativa de Urbanismo no recoge las áreas de Medio Ambiente (Collado) y Disciplina Urbanística (Llobell). "Es un paso atrás en el urbanismo democrático y consensuado. Volver a la gestión de 1999 no es bueno para la ciudad" afirmó el edil nacionalista quien reiteró que desconocía el nuevo organigrama del departamento urbanístico.
La ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, repasó las declaraciones a los medios de hace escasos seis meses en las que tanto el PP, como CU y Gent de Dénia manifestaron su voluntad de no suprimir la gerencia. Sin embargo, la edil socialista, quiso enfatizar que no se sabía el contenido de lo que se estaba votando e insistió en que el compromiso del nuevo gobierno era aportar un organigrama del área de urbanismo -que no habían llevado al pleno- y señaló que estaban "pasando por encima de lo que es una buena coordinación" para decir que "todo está definido por compartimentos estancos que sólo representan el reparto partidista". Viciano explicó que lo único que querían era "coger el poder y no apostar por una planificación con transparencia y participación".

La oposición critica el ocultismo sobre la legionela

XAVIER ESPANYA

Exige un estudio epidemiológico rápido en Alzira

El foco de legionela de Alzira sigue sin ser detectado y ha disparado la inquietud en al capital de La Ribera Alta. Sobre todo, después de que la ciudad haya sabido que, además de los dos casos reconocidos oficialmente en Alzira, existen otros cuatro vecinos cuyo contagio ha sido atribuido por la Consejería de Sanidad al foco de Carcaixent, que se registró el pasado día 20. La consejería, sin embargo, ocultó este dato que debería haber puesto desde el principio el objetivo en la existencia de dos focos distintos. Además, ha insistido en desvincular los últimos dos casos de los anteriores Las reacciones al respecto no se han hecho esperar. Ayer, el responsable de Sanidad del PSPV, Ignacio Subías, exigió a la Generalitat que lleve a cabo un estudio epidemiológico "rápido para la detección del foco de legionela en Alzira porque se pueden producir más casos".

Sanidad vincula seis afectados de Alzira al foco de Carcaixent

Subías se mostró partidario, tras la aparición de un primer brote en Carcaixent, de "dar explicaciones a la gente", por ello reclama a Sanidad que "proporcione un informe correcto y adecuado" y que se tomen las medidas pertinentes para detectar el nuevo foco de contagio.

Por su parte, el portavoz del Bloc de Alzira Carles Aranda reclamó al gobierno local "transparencia y más información".

La Consejería de Sanidad retiró el pasado lunes el protocolo antilegionela que activó en Carcaixent y que sirvió para detectar la aparición de esta bacteria en una empresa ubicada en el polígono industrial de esta población. Hasta la fecha se han producido 12 casos de neumonía de los que seis residen en Carcaixent y los otros seis en Alzira. Los dos últimos afectados ingresaron el pasado miércoles en el hospital de la Ribera. Las encuestas epidemiológicas realizadas a ambos pacientes por los especialistas de la Generalitat determinaron de la existencia de otro foco de contagio en Alzira, distinto del detectado la pasada semana en Carcaixent

Sanidad ha revisado las torres de refrigeración pertenecientes a diversas empresas ubicadas en el polígono industrial número 1 de Alzira, que se encuentra en una zona próxima al barrio donde residen los enfermos de neumonía hospitalizados y que se encuentran en la confluencia de la avenida Luis Suñer.

Las fuentes públicas, las instalaciones de riego y de aire acondicionado, e incluso los grifos de las viviendas pueden albergar la bacteria.

La tasa de titulados de ESO a los 15 años es la más baja de España

NEUS CABALLER

UGT denuncia que el curso inicia con problemas estructurales de fondo

"Si en 11 meses somos capaces de hacer un circuito de Fórmula 1, como dijo [Francisco] Camps, ¿por qué no somos capaces de quitar los 1.300 barracones en el mismo tiempo récord?", se preguntó ayer Guillermo Martí, secretario general de la federación de enseñanza de UGT en la primera conferencia de prensa para analizar el inicio de curso 2008-2009, que arranca el 8 de septiembre para los alumnos de Infantil y Primaria y el 15 para los de enseñanzas medias. El resultado de las "políticas virtuales", "autoritarias" y de "despropósitos" -como el reguero de planes Éxit, Integra o Plurilingües sacados a vuela pluma sin recursos y experimentales en un puñado de centros- es una "insuficiente planificación" del sistema educativo valenciano que incopora al mercado laboral europeo "casi un 40% de población que no ha completado los estudios de Secundaria".

"Cerca del 45% de los alumnos de 15 años de la Comunidad no se encuentra en el curso que debería, mientras que la tasa bruta de población que acaba la ESO es un 60,3%, la más baja de España, excepto Ceuta", remató.

"El curso, por tanto, va a comenzar con las mismas tensiones y problemáticas del año pasado", añadió Martí en referencia a los 25.000 alumnos que estudiarán en 1.300 barracones, más los 200 aularios colchón puestos para cubrir la falta de plazas de Infantil de 3 a 5 años y los otros casi 100 para cuadrar la matrícula de Primaria; la alta rotación y provisionalidad de las plantillas docentes con 11.857 profesores (de 53.000) que no conocieron su destino hasta el 31 de julio pasado; y 27.000 entre funcionarios interinos y equipos directivos y profesores contratados de la red privado concertado a los que se adeudan 40 millones de euros, "es decir, una nómina de medio millón de pesetas por cada uno", remató.

En este contexto, "el crecimiento sostenido de la natalidad y de los escolares inmigrantes hace que el curso pasado termináramos con 24.341 alumnos más. Sólo para cubrir ese incremento necesitaríamos otros 48 colegios más a parte de los que 42 que anuncia el consejero para este curso", remató Martí, antes de advertir de que: "Si Camps no toma cartas en el asunto, la UGT anuncia movilizaciones en la primera quincena de octubre".

Desde el STEPV y CC OO confirmaron las críticas vertidas por Martí a través de sendos comunicados con la misma "radiografía" de problemas estructurales en el inicio de curso. El STEPV criticó, además, la escalada de conciertos educativos y exigió "un cambio de rumbo en la política educativa del Gobierno valenciano." Mientras, CC OO subrayó la judicialización del sistema educativo derivada de "la política de confrontación de la consejería con el Ministerio de Educación a propósito del desarrollo y aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación".

Cifras de la "planificación insuficiente" del curso 2008-2009

- 40 millones de deuda al profesorado. Se trata de 10 millones en trienios reconocidos a los funcionarios interinos, 15 de deuda a los equipos directivos y 15 al profesorado de la concertada, lo que afecta a 27.000 docentes del sistema educativo.

- 25.000 alumnos en barracones. Entre los escolarizados en 1.300 barracones mientras construyen su centro o se resuelve la cesión de suelo, y las cerca de 300 aularios colchón para atender en septiembre el incremento de matrícula de Infantil y Primaria.

- 33% de rotación de plantillas. Casi 12.000 docentes empiezan el curso cambiando de centro. La rotación se ceba en Alicante con centros donde el 80% del profesorado es nuevo.

- Más de 100.000 inmigrantes. EL curso cerró en junio con 91.295, por lo que la previsión es superar la barrera de los 100.000, de los cuales la media que estudian en la red pública es del 86%: el 92% en Castellón; 77,4% en Valencia y el 93,8% en Alicante.

- 20.000 alumnos más por curso. El curso cerró con 24.341 alumnos más, lo que supone que se necesitaría 48 colegios por año sólo para cubrir este crecimiento.

Sólo 1 de cada 10 municipios tiene guardería pública

N. C.

"En Valencia, la ciudad más poblada de toda la Comunidad, sólo existe una guardería infantil pública gestionada por la Generalitat; en cambio hay 72 centros privados que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil", denunció ayer la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Carmen Ninet. Ninet recordó que "el presidente Francisco Camps anunció en su programa electoral de 2003 -con gran despliegue propagandístico de vallas- la creación de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y el resultado ha sido que sólo 1 de cada 10 municipios dispone de guardería pública, que, además, costea el ayuntamiento".

Ninet destacó que frente a la "virtualidad" de Camps que anunció 45.000 plazas en vallas publicitarias y ha terminado por eliminar las ayudas a los ayuntamientos, el Gobierno autorizó ayer 1.000 millones de euros para la creación de 300.000 plazas de infantil de 0 a 3 años en esta legislatura.

El turismo rural agudiza su declive al caer la ocupación al 17% en julio

IGNACIO ZAFRA

La patronal acusa al Consell de "olvidar" el interior e "hinchar las cifras"

El turismo rural valenciano descendió en julio a una cota difícil de empeorar: la ocupación se situó en un 17% para una modesta oferta de 8.356 camas, un 3% menos que en el mismo mes de 2007. Y fue el mejor mes del año: en enero, se quedó en el 5,2%; en junio, en el 13%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que la comunidad autónoma se sitúa a la cola de España sólo por delante de Castilla-La Mancha (15%). Desde 2004, la Comunidad Valenciana ha perdido 10 puntos de ocupación en ese mes.

La patronal del sector, Fevaltur, acusó al Consell de "olvidar" el interior ("para las promociones sólo existe la costa, el sol y playa, Benidorm y Valencia", dijo su presidenta, Pilar Vaquer), y de "hinchar las cifras" ("cuando la consejera de Turismo habla de un 60% de ocupación, en realidad estamos al 30%", añadió). Agustín Grao, director general de Turismo de Interior, atribuyó el descenso a la "coyuntura económica" y al "extraordinario aumento de oferta" registrado en los últimos años. Grao restó también importancia a las palabras de Vaquer porque, dijo, su patronal es hoy escasamente representativa del sector. La secuencia histórica acumulada por el INE no permite, sin embargo, explicar el declive sólo por el aumento de establecimientos. En cuatro años, los alojamientos turísticos valencianos han perdido medio millar de turistas y 11.000 pernoctaciones (siempre para el mes de julio). Y en ese mismo periodo, el conjunto del sector en España ha ganado casi 100.000 turistas y 315.000 pernoctaciones. El retroceso de julio de 2008, con 1.500 clientes menos que el año anterior, también indica que los alojamientos valencianos han resistido peor la crisis que los del resto de España, que globalmente vieron aumentar su clientela en 5.000 personas. El director general de Turismo admitió la mayor intensidad del impacto, y apuntó a la "menor tradición" que la Comunidad Valenciana en este campo. "Somos una comunidad eminentemente turística en costa. En el interior, el paso del tiempo nos dará la profesionalización". Mientras la presidenta de Fevaltur afirmaba que muchos establecimientos "están cerrando", y que no se combaten los alojamientos "ilegales", la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denunció "el abandono en materia de inversiones, infraestructuras y promoción de las zonas rurales".

Autobuses e "ideas peregrinas"

"Hace falta gente muy seria para solucionar los serios problemas que afrontamos", decía ayer Tomás Mazón, profesor de Sociología del Turismo de la Universidad de Alicante a la vista de los datos de ocupación rural. Una de las primeras medidas que citaba la Consejería de Turismo como muestra de su apoyo al sector eran los recorridos de autobuses promocionales que informan sobre la oferta de interior en centros costeros como Benidorm y Gandia. Una idea que Mazón calificaba de "idea peregrina" sin necesidad de preguntarle por ella. "Es alarmante no ser capaz de llenar ni el 20% de una oferta de 8.500 camas. Son necesarias acciones de marketing, equipaciones, e infraestructuras, porque las inversiones siempre han ido a la costa", añadía el profesor, quien repartía, no obstante, la responsabilidad entre los gestores públicos ("no hay política al respecto"), y el sector ("falta profesionalización y unos empresarios lo bastante decididos como para conseguir que las Administraciones les hagan caso"). El director general Agustín Grao declaraba, por su parte, que nunca se había hecho tanto por el interior. Enumeraba cursos de formación, promociones, ayudas a los Ayuntamientos, subvenciones a fondo perdido a empresas dedicadas a las actividades de ocio y aventura, e iniciativas para potenciar las pernoctaciones entre semana, que considera la gran laguna del alojamiento rural. El INE revelaba, sin embargo, que durante los fines de semana de julio, la ocupación en la Comunidad Valenciana (22%) fue la peor de España, a ocho puntos de la de Castilla-La Mancha, y a 42 de la primera, Baleares.

CV. 29/08/2008.

2008-08-29T20:02:09+02:00

CV. 28/08/2008.

Però tenim la F1 i el que ens mereixem per haver votat gentola!

El Consell retira las ayudas a los ayuntamientos para escuelas infantiles

14:12 El President de la Generalitat, Francisco Camps, anunció en el programa electoral de 2003 45.000 plazas en escuelas infantiles.

educación infantil

EUROPA PRESS

El Gobierno distribuirá 14,6 millones en la Comunitat para plazas de guardería para niños de 0 a 3 años

16:43 Esta medida se incluye en el 'Plan Educa3' que tiene como objetivo la escolarización de 300.000 menores en cuatro años.

24.347 alumnos nuevos

EUROPA PRESS

El curso comenzará con 1.300 barracones en los centros educativos

14:58 Así lo ha manifestado el sindicato FETE-UGT, que denuncia que los 42 nuevos centros prometidos por el Consell sólo suponen un 6% más en relación a los 1.538, y anuncia movilizaciones para la primera quincena de octubre si el Consell no negocia con la comunidad educativa.

televisión

Canal 9 negocia con Mediapro la compra de derechos de F1

La empresa de Roures se hizo con la señal en exclusiva para España por alrededor de 200 millones

TVV se quedó a las puerta del circuito

prestación social

Los agricultores denuncian la nula aplicación de la Ley de Dependencia en zonas rurales

Les lleis, per a complir-les?

El Consell ejecuta el enlace de la CV-35 y la A-7 sin aprobar el diseño

Autovía del Túria ya ha levantado los soportes de una de las vías que conectará la carretera autonómica con la nacional, a pesar de que Infraestructuras sigue estudiando su diseño.

20.000 coches al día entre operarios

Luxemburgo juzgará los abusos en el urbanismo valenciano

EZEQUIEL MOLTÓ

El urbanismo valenciano será juzgado por el Tribunal de Luxemburgo. Este tribunal ha admitido a trámite formalmente una denuncia de la Comisión Europea contra las leyes urbanísticas valencianas (la LRAU, ya derogada, y la vigente LUV) al considerar que pueden infringir aspectos relativos a la contratación pública, "por la posición privilegiada del primer licitador" en los Planes de Actuación Integral (PAI) y en los criterios de adjudicación.

La Comisión demanda a España al entender que ambas leyes autonómicas "incumplen las obligaciones sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras" al adjudicar los PAI conforme a la LRAU. La denuncia también considera que se incumple la legislación europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios al adjudicar los PAI conforme a la LUV, la nueva legislación valenciana aprobada y reformada hace dos años.

Ahora se abre un periodo de alegaciones. El Gobierno de la Generalitat está "preparando los argumentos jurídicos convenientes para defender los intereses de la Comunidad Valenciana", según una portavoz de la consejería de Territorio. La Generalitat insiste en que la legislación valenciana "cumple escrupulosamente las exigencias de la contratación pública", y asegura que esta decisión es "un trámite más normal en cualquier proceso". Ahora será el Gobierno de España el que deba defenderse ante esta denuncia.

"Importancia tremenda"

El presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent, destacó la "importancia tremenda" que para ellos tiene esta medida, que podría desembocar en una sanción y abriría la puerta al cobro de indemnizaciones. En el ámbito político, el portavoz socialista de Urbanismo en las Cortes, Francesc Signes, recordó al presidente Francisco Camps que "es necesario y urgente" escuchar a los empresarios y propiciar un pacto urbanístico "para superar la crisis". Según él, es conveniente que la LRAU y la LUV se "refundan en un solo texto que resuelva los incumplimientos de las directivas europeas". El PP contestó lamentando que el PSPV "vaya a rebufo" y recordó el esfuerzo que están haciendo para impulsar la vivienda protegida.

El Consell pide informes jurídicos para defender su urbanismo ante Luxemburgo

La denuncia que ha acabado en los tribunales la presentó ¡Abusos Urbanísticos No!

aEfe/L. B. B., Alicante/Valencia
La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) mostrado ayer su satisfacción por la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. El presidente de AUN, Enrique Climent, explicó el recurso ante el Tribunal Europeo...

El desplome en las ventas de vivienda llega al 30% y se ceba con la costa mediterránea

El mercado toca fondo con 47.511 transacciones en junio

García Antón era el Conseller de l'accident del Metro.

El Consell rechaza convertir en parques solares 3,5 millones de metros de monte en Tous y Cotes

Los alcaldes acusan a García Antón de entorpecer el desarrollo local y la sostenibilidad

El Teatro Municipal de Torrevieja funciona desde 2006 sin licencia

EZEQUIEL MOLTÓ

Gobernación advierte de que incumple con "los requisitos y las condiciones"

Carece de licencia de apertura, tampoco tiene permiso de actividad y presenta un rosario de deficiencias técnicas desde su apertura. El nuevo Teatro Municipal de Torrevieja, inaugurado en junio de 2006 por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, "no cumple los requisitos, condiciones y características técnicas" para este tipo de locales públicos contemplado en el Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Así de contundente concluye un informe de la Consejería de Gobernación que detecta decenas de irregularidades y carencias en el proyecto de obra que presentó el Ayuntamiento.

La noticia en otros webs

Este informe, recibido en el Ayuntamiento el 14 de julio y difundido ayer por Los Verdes, pormenoriza las deficiencias detectadas. Las más importantes afectan a las medidas de seguridad, por eso insta a que las puertas de salida estén abiertas mientras haya público, en las escaleras exige que se instalen los pasamanos adecuados y que todos los peldaños tengan las mismas dimensiones. El rosario de carencias que presenta el teatro también afecta a la instalación eléctrica, los sistemas de protección antiincendios, el alumbrado de emergencias, la ventilación, el aire acondicionado, las compuertas cortafuegos, los extintores, la red de tuberías, las condiciones de presión, caudal y suministro de agua para incendios, la dotación de los aseos, alarmas y otros detalles.

Otro de los problemas más significativos afecta a la dimensión de los asientos y la separación entre ellos, que deberán estar más espaciados y ceñirse a lo que indica la normativa vigente. El informe de la Generalitat reconoce que este teatro municipal no puede tener un aforo oficial concreto de público hasta que "queden subsanadas las deficiencias", aunque se estima en una capacidad media de un millar de personas.

El concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, entendió con ello los motivos por los que en las 14 ocasiones en las que preguntaron al alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, éste se negara a entregarles la documentación. Según este concejal, el teatro, por el que han pasado artistas como Francisco o grupos corales y zarzuelas, está funcionando "desde el 28 de junio de 2006 sin ningún tipo de licencia ni autorización oficial que ampare su apertura e incumpliendo flagrantemente las normas de seguridad de este tipo de edificios de uso público". Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión del alcalde.

Sanidad emite más recetas y más caras que en toda España

MIGUEL OLIVARES

El gasto en farmacia crece muy por encima de la media

La sanidad valenciana emite más recetas y más caras que cualquier otro sistema público autonómico, según los datos comparativos de gasto farmacéutico de las comunidades autónomas que fueron difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad. Durante el pasado mes de julio, el gasto en farmacia creció por encima del 13%, cuatro puntos por encima de la media nacional y solo por debajo de Murcia. El gasto medio por receta fue de 15 euros, el más alto y 1,4 euros por encima de la media. Y el número de recetas facturadas fue de 8,9 millones, frente a 8,1 millones en la Comunidad de Madrid o 13,3 millones en Andalucía, que duplica la población valenciana.

Los datos acumulados de los siete primeros meses del año son menos dramáticos, pero la sanidad valenciana sigue liderando el crecimiento del gasto con un alza del 8,2% frente un crecimiento medio nacional del 6,4%. Y también emite las recetas más caras, con un coste medio de 14,6 euros, frente a la media nacional de 13,3 euros por receta.

Una portavoz oficial explica que la sanidad valenciana asume el coste de las tiras reactivas para los diabéticos, de los empapadores para personas con problemas de incontinencia y de las dietas especiales que deben consumir aquellas personas que sufren algún tipo de intolerancia alimenticia. "Sólo los sistemas sanitarios de otras cuatro comunidades autónomas incluyen algunas de esas prestaciones", añade.

La misma portavoz destaca la influencia sobre el gasto farmacéutico de las prestaciones que reciben los ciudadanos de otras comunidades o países de la Unión Europea, los denominados desplazados. Las cifras oficiales de la Consejería de Sanidad relativas a 2007 recogen medio millón de recetas prescritas por médicos valencianos a vecinos de Madrid, por un lado, y cómo 90.000 vecinos de Madrid acudieron a farmacias de la Comunidad Valenciana con recetas prescritas en sus lugares de origen. Los visitantes de Madrid son los más numerosos, pero lo mismo sucede con otras comunidades autónomas. Según Sanidad, los desplazados españoles generaron una factura farmacéutica de 27 millones de euros en 2007, mientras que los europeos generaron un gasto de otros 3,4 millones de euros.