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"Nuestro suelo urbanizable vale mucho. No se puede cambiar por unas cortinas y unos muebles". La portavoz del equipo de Gobierno de Altea y concejal de Urbanismo, Verónica López, sintetiza así lo que a su juicio estaba haciendo la anterior administración popular. Los socialistas, con el apoyo del Bloc e independientes, han anulado un convenio adoptado por la comisión de gobierno el 23 de diciembre de 2004, por el que el Consistorio entregaba el 10% de aprovechamiento municipal del plan parcial de Bellas Artes, adjunto al casco urbano, al urbanizador, Promociones y Finanzas SL a cambio de que éste pagara facturas por un importe total de 991.880 euros, cantidad en la que fueron valorados los terrenos. "Se han pagado ya 868.771 euros en las cortinas del departamento de urbanismo, equipos informáticos, aire acondicionado, mobiliario... También se han hecho obras. Todo de forma irregular, sin el control de Intervención ni registro por parte del Ayuntamiento", explica López.
El equipo de gobierno dice que el PP se saltó la ley de contratación para adjudicar las compras de mobiliario y obras a empresas que "les apetecían a ellos", sin controles administrativos. "Nadie ha controlado que las cortinas en cuestión valen lo que dice la empresa", afirma la edil. López añade además que la ley obliga a destinar ese 10% de aprovechamiento a viviendas de protección oficial.
No fue la primera que el anterior gobierno del PP de Altea utilizó este sistema. En julio de 2003, el Bloc ganó en el TSJ un recurso sobre un convenio similar. El Ayuntamiento acordó con el entonces agente urbanizador, Edificaciones Calpe, una permuta de una parcela de 22.560 metros cuadrados de titularidad pública por obras valoradas en más de dos millones de euros. A cambio del suelo, la empresa hizo reformas en varios colegios, en la ciudad deportiva y en el lavadero.
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El alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, achacó ayer su detención por un presunto delito de cohecho derivado de una reclasificación de terrenos en el Plan General a una "trama organizada". "Conforme voy conociendo los hechos, me doy cuenta de que ha sido así y de que han venido a por mí", añadió el alcalde, quien no quiso desvelar qué personas o entidades habrían urdido la trama en cuestión.
La teniente de alcalde baraja dimitir porque "la política aquí es una mierda"
La oposición pide que el alcalde de Benitatxell abandonde el cargo
Sin embargo, Cardona en ningún momento negó que le hubiera pedido a un vecino 50.000 euros a cambio de reclasificar unos terrenos de rústicos a urbanizables, razón por la cual la Guardia Civil le detuvo hace tres días. Y, escudándose en que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, tampoco aclaró la versión del instituto armado de que la operación fue desmantelada justo cuando su teniente de alcalde, junto con su abogado alemán, iba a entregar, en un campo de golf cercano a la población, un documento firmado por el propio alcalde que garantizaba que el terreno sería urbanizable a cambio de los 50.000 euros.
El alcalde, que compareció arropado por los cinco concejales de su formación política, el Partido Independiente Democrático de Benitatxell (Pidde), se limitó a subrayar su inocencia: dijo que no ha hecho "ningún acto reprobable" y que tiene "la conciencia muy tranquila" porque sólo se ha limitado "a trabajar por el pueblo". Además, aseguró que no piensa dimitir. "Esta noche volveré a leer el pregón de fiestas como todos los años", anunció con serenidad.
Más nerviosa se mostró su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf, detenida por el mismo delito y que sí barajó la posibilidad de dimitir como concejal. Rheindorf explicó: "Me han dicho por la calle que la política española es así y si eso es verdad yo me marcho porque entonces la política aquí es una mierda y yo prefiero volverme a mi terraza". La edil negó que fuera el cerebro de la operación descubierta por la Guardia Civil. "Yo no soy una persona peligrosa. Trabajo doce horas al día en este ayuntamiento y no me merezco esto", concluyó Rheindorf entre lágrimas.
Por su parte, el alcalde, que reconoció "lamentar profundamente" no poder dar más detalles sobre el caso, incurrió en algunas contradicciones. De la juez de Dénia, ante la que declaró el pasado jueves, dijo: "Ha decretado nuestra libertad sin fianza y sin ningún tipo de limitación": Lo cierto es que le ha obligado a él y a su primera teniente de alcalde a comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
También añadió que "es imposible que se haya producido ninguna recalificación de terreno ya que el Plan General no se encuentra aún aprobado" pero reconoció que ese documento se halla en fase de alegaciones y que por lo tanto es posible modificarlo. Además, admitió, tal y como ayer publicó este diario, que el PGOU aún no se ha enviado a la Consejería de Territorio, al revés de lo que afirmó el miércoles su segunda teniente de alcalde, la edil Nieves García.
En el caso, junto a los dos políticos y el abogado alemán, también está implicado el arquitecto del Ayuntamiento. Ayer, vecinos de Benitatxell mostraron su sorpresa por la presunta participación en los hechos de este último, "una persona que lleva muchos años trabajando para el Consistorio y que apenas viene una vez por semana". Según fuentes municipales, el arquitecto no ha participado en la redacción del nuevo PGOU, encargado a una empresa independiente, aunque sí ha realizado labores de asesoramiento sobre el mismo.
Las escuetas explicaciones del primer edil no convencieron a la oposición, que pidió su dimisión. El portavoz del Bloc, Josep Antoni Femenia, señaló que "el alcalde debe marcharse, porque el desgaste que le va a producir el caso judicial es incompatible con las tareas de gobierno". PSPV y PP incidieron en lo mismo. El concejal socialista Josep Buigues dijo que "al menos debe dejar la alcaldía" y el popular Antoni Colomer matizó que "la renuncia debería salir del propio alcalde". El portavoz del PSPV aseguró que se han recalificado terrenos en dos zonas del municipio.
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Asegura, tajante, que no hay cambio en la política hídrica "ni lo va a haber"
Europa Press, Zaragoza
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, afirmó ayer en Zaragoza, en su primera visita a la comunidad autónoma como responsable de Medio Ambiente del Gobierno, que "el trasvase del Ebro está derogado y seguirá derogado" porque "no hay ningún cambio con respecto a esa política y tampoco lo va a haber".
Espinosa explicó que los "principios básicos" para hacer cualquier infraestructura, "hablemos de trasvase o no", son que sea "económicamente viable, medioambientalmente sostenible y admitido socialmente" y "el trasvase del Ebro no cumple ninguna de estas tres premisas".
Por eso, afirmó, la política del Gobierno central respecto a esta actuación "no se va a cambiar y la situación se van a mantener, tal y como estábamos y como estamos hoy". "El tema del Ebro está clarísimo, está derogado y seguirá derogado", apostilló.
Un asunto "diferente" son "las actuaciones en otras zonas que se pueden estar ejecutando o que haya que hacer". Al respecto, explicó que hay actuaciones que ya "estamos haciendo, como el Júcar-Vinalopó, transferencia que se ejecutaba la pasada Legislatura y se sigue ejecutando ahora".
La ministra planteó otro ejemplo hipotético, la necesidad de abastecer a una localidad aragonesa con agua del Ebro. "Eso no es un trasvase", pero "a lo mejor sí una aportación de agua a una población", que seguramente apoyaría el Gobierno de Aragón, dijo. Por todo esto, "dejemos claro el principio y no entremos en temas concretos y puntuales, que pueden ser demandados por la propia población"
Añadió que, "muchas veces, cuando uno está en un territorio, piensa exclusivamente en lo que puede ser su actuación en este territorio y no en un contexto de entorno nacional, como es mi responsabilidad, donde hay actuaciones que en unos casos son trasferencias y en otros trasvases".
Espinosa se refirió también el minitrasvase del Ebro a Barcelona y señaló que se trataba de una situación "excepcional" y "extrema" que podía haber dejado sin agua de boca a más de seis millones de personas de Barcelona y su área de influencia en septiembre u octubre. "En aquel momento dijimos claro y alto que era un tema excepcional y acotado en el tiempo" y "afortunadamente tuvimos precipitaciones que no estaban previstas y cumplimos lo dicho".
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Volen que l'estat els pagui la falta de beneficis? Quan guanyaven més que no pesaven, feien donacions a fons perdut?
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Levante-EMV, Valencia
La Asociación de Promotores reclamó ayer a la Generalitat Valenciana que incluya la oferta de vivienda libre existente, fijada en 123.000 viviendas, dentro de las medidas para incentivar la creación de vivienda protegida anunciadas por el Gobierno Valenciano.
La petición se produjo en el contexto de la jornada sobre el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 del Gobierno valenciano celebrada ayer, a la que asistieron más de 140 empresas promotoras asociadas a la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia
En el encuentro, presidido por la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, María Jesús Rodríguez Ortiz, los promotores expusieron la posibilidad de que las viviendas libres existentes en la actualidad con una superficie de hasta 110 metros cuadrados puedan ser catalogadas como viviendas de precio concertado y comercializarse de forma previa a la construcción de nuevas viviendas protegidas.
Sobre el nuevo Decreto Ley de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo del Consell, el gerente de la Asociación, Benjamín Muñoz, lamentó que el sector ha sido un "mero espectador" y no ha podido exponer su opinión y solo ha tenido acceso a su contenido tras su publicación oficial.
No obstante, valoran que tiene en cuenta la crisis del sector de la construcción.
Benjamín Muñoz se ha mostrado sorprendido porque se refuerce la intervención municipal en las actuaciones de suelo, "contradictorio" con que se deje al sector "fuera de la gestión directa de suelo mientras se le pide, a la vez, que incentive su participación".
Ha demandado que el sector pueda formular propuestas de programación, teniendo en cuenta las "trabas burocráticas" de los ayuntamientos.
En cuanto al alquiler con derecho a compra, la asociación ha destacado la necesidad de regular esta modalidad con un contrato específico para que el arrendamiento esté limitado al plazo de acción y no a la ley de contratos.
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Varias localidades cerrarán el servicio
P. G. B., Valencia
El colectivo de inspectores médicos y farmacéuticos de la Conselleria de Sanidad ha anunciado una situación de colapso para el próximo mes de agosto, ante la escasez de plantilla y la falta de cobertura de las vacantes lo que provocará el cierre de servicios como el de Vinarós, lo que obligará a los ciudadanos a desplazarse a Castelló para ser atendidos.
En otras localidades como Alcoi se desplazará un inspector médico simbólicamente un día a la semana y en otras como en Benidorm, Vila-Real, Elx, Requena y Ontinyent solo contarán con un profesional dos días por semana.
En agosto, la plantilla de 65 médicos inspectores quedará reducida a menos de la mitad. Por su parte, los farmacéuticos inspectores serán tres para toda la Comunitat, con una población de cinco millones de habitantes.
Por otra parte, la huelga de una hora a la semana que ayer convocaron los inspectores fue secundada por el 90% de la plantilla, según h dado a conocer el Sindicato Médico que ha denunciado una "nueva pérdida de nervios" de la Administración al "amenazar con sanciones" a los miembros del comité de huelga.
La Conselleria de Sanidad, por su parte, ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 37%. La protesta se inició el pasado 27 de junio y se repetirá todos los viernes de nueve a diez de la mañana.
Los convocantes han señalado que los inspectores están "cada vez más enfadados ante la falta de respuesta de la Administración" y consideran que las "propuestas de la Administración sin contenido pueden llegar a ser un insulto a estos profesionales".
"A pesar de las amenazas, el seguimiento de la huelga ha aumentado en la provincia de Valencia ante la falta de respuesta de la Conselleria" añadió el sindicato médico.
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Subías critica la falta de camas.
P. G. del Burgo, Valencia
El portavoz de sanidad del grupo socialista en Las Corts, Ignacio Subías, y la responsable de Políticas Sociales de la Gestora del PSPV-PSOE, Carmen Ninet, manifestaron ayer que la sanidad valenciana es una olla a presión que "reventará si el PP no toma medidas urgentes". Ambos dirigentes solicitaron al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, que "reconozca los problemas" y que ponga en marcha, "una actuación seria en la atención sanitaria a los valencianos".
Ninet criticó el recorte de presupuestos y agregó que se trata de una situación "triste y perjudicial para los valencianos".
Por su parte, Subías expresó que la Generalitat ha roto casi todos los compromisos adquiridos en materia de sanidad y entre otros programas que se han incumplido destacó: los chequeos para mujeres mayores de 40 años, la cobertura en salud dental para la tercera edad, la promesa de habitaciones individuales así como la mejora de la salud menta, "la cual es lamentable y está completamente desatendida".
El parlamentario agregó que la deuda de la sanidad valenciana aumenta año tras año, mientras que los presupuestos disminuyen. "La Comunitat es la autonomía con las inversiones más bajas en materia de sanidad, con 200 euros menos que la media de España por ciudadano y año", expresó Subías que agregó que "ésto" explicaría porqué solo se han construido dos de los trece hospitales prometidos por el Consell en su programa Construyendo salud.
Subías denunció también "el cierre masivo de camas y la falta de profesionales especializados" que sufre la mayoría de hospitales de la red pública, "y que se debe -agregó- a la falta de recursos ye seriedad que dedica el Consell a las prestaciones sanitarias".
Destaca que en el último trimestre de 2007 se construyó más VPO que renta libre.
J. G. G., Valencia
El pleno del Consell aprobó ayer autorizar la concesión de avales a Radiotelevisió Valenciana destinados a garantizar operaciones de crédito del ente público por 97.306.275 euros, con el fin de que la cadena pueda financiar sus actividades durante este año, según anunció en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo el vicepresidente primero, Vicente Rambla. La inyección de fondos a RTVV se aprobó justo el día en que la Forta, de la que forma parte Canal 9, y TVE adquirieran los derechos de la Liga de Campeones a partir de 2009 y hasta 2012.
Los 97,3 millones avalados constituyen justo la mitad de la cantidad prevista de endeudamiento de RTVV en los presupuestos de la Generalitat para 2008, en concreto, 194.612.550 euros. Según el Consell, con los préstamos se sufragarán las actividades de Televisión Autonómica Valenciana, SA y Radio Autonomía Valenciana, SA, "a través de ampliaciones de capital de las mismas". De la deuda de los entes de la Generalitat, lógicamente responde ésta. Aunque no hay una vinculación directa entre ambas decisiones, obviamente los gastos de la compra de derechos se asumirán con los fondos de que se dispone en el ente. La decisión se produce justo cuando el Consell se encuentra negociando con Canal 9 para acabar con la financiación vía deuda de la televisión autonómica, que ya arrastra un endeudamiento de unos 1.200 millones de euros, el denominado "contrato programa" que aún no se han concretado.
23 millones a las universidades
Por otro lado, el Consell acordó distribuir entre las universidades públicas valencianas 23.320.000 euros en concepto de pago a cuenta de la subvención acordada entre la Generalitat y las universidades por cumplimiento de objetivos. Rambla indicó que estos fondos corresponden al programa plurianual de financiación universitaria. La Universitat recibirá 7.441.065 euros; la Politécnica, 6.494.057 euros; la Universidad de Alicante, 4.323.641 euros; la Jaume I, 2.499.107 euros; y la Miguel Hernández, 2.562.130 euros. Con el acuerdo reciente de 914 millones, la Comunitat será la segunda en inversión universitaria por alumno, 156,45 euros, sólo superada por Madrid (182,47 euros).
Rambla aludió a ayudas en vivienda protegida para proclamar que la Comunitat es la sexta de España en VPO. En ese sentido, destacó que, "por primera vez, en el último trimestre de 2007, se han construido en la Comunitat más viviendas protegidas que de renta libre; el 51% han sido de VPO y el 49%, libre". Lo atribuyó al "esfuerzo" de la Generalitat por ofrecer "condiciones a los promotores" para que la VPP sea "una realidad".
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El CSN niega la relación entre dos incidentes similares y califica de "nivel 0" el episodio.
J. S., Valencia
La apertura de una válvula de alivio/seguridad del circuito primario -por el que circula el agua que entra en contacto con el reactor nuclear- de la central atómica de Cofrentes la noche del jueves provocó la declaración de prealerta de emergencia en la instalación.
El episodio se produjo a las 21:27 horas del jueves cuando se abrió la válvula inesperadamente dejando escapar el vapor a presión generado en el reactor hacia las piscinas de supresión situadas en la parte inferior del edificio, lo que obligó al operador a bajar potencia hasta el 65% siguiendo el procedimiento establecido.
Desde la sala de control se desconectó la alimentación eléctrica de la válvula, que se cerró inmediatamente, según fuentes de la central. Sin embargo la prealerta de emergencia quedó activada hasta las 22:50 por un principio de precaución.
El episodio, aparentemente similar al registrado el pasado 7 de abril en la Central Nuclear de Cofrentes (CNC), llevó ayer a Greenpeace a pedir explicaciones al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las razones de "esta repetición de fallos en componentes tan importantes para la seguridad de la central como son las válvulas de alivio del circuito primario".
Greenpeace manifestó su "preocupación" por "la reiteración de fallos...y la acumulación de sucesos de seguridad en esta central, tres (sucesos) desde el 1 de julio pasado, 26 en los últimos tres años".
La organización ecologista denuncia desde hace "mucho tiempo, el incremento de riesgo de accidentes debido al creciente agotamiento de la vida útil de las centrales nucleares". En este sentido, el responsable de la campaña de energía nuclear de la organización, Carlos Bravo, señaló que Cofrentes es "un claro ejemplo de una central envejecida y peligrosa".
Por el contrario y tras analizar el suceso, el CSN lo clasificaba "provisionalmente" con "nivel 0" dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (de 0 a 7). El nivel 0 supone calificar lo sucedido como una "desviación por debajo de la escala y sin significación para la seguridad". Además, el CSN reiteraba que la incidencia no había producido impacto radiológico sobre los trabajadores o el medio ambiente.
En una nota pública el CSN informa que la causa del fallo fue un cortocircuito eléctrico en la válvula y subraya que la incidencia es "de naturaleza distinta a lo ocurrido el pasado 7 abril, en el que otra válvula de seguridad se abrió por un fallo mecánico en el ajuste de cierre".
Según explicó Jesús Cruz, portavoz de la central, a última hora de ayer la central permanecía operada al 65% de potencia mientras se revisaban una a una las 16 válvulas similares a la del fallo para "descartar defectos eléctricos en sus circuitos asociados".
Por su parte, el CSN confirmó ayer el envío de una inspectores a Cofrentes para analizar con más detalle el suceso.
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Informe de Greenpeace
EP
14:08 La Comunitat Valenciana presenta el incremento de superficie artificial más elevado de España, ya que ha superado el 50 por ciento en la última década, según se desprende del informe anual de Greenpeace 'Destrucción a Toda Costa 2008', consultado por Europa Press.
EP
La organización ecologista sale hoy a la calle en diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia y Alicante, para presentar su informe anual sobre la situación del litoral en España que detalla los 100 "puntos negros" que registra el país a causa del urbanismo, las infraestructuras y la contaminación de las aguas, de los cuáles un total de once se encuentran en la Comunitat, aunque el documento señala que "la tarea de reducir a tan sólo once puntos la destrucción resulta ardua a la vista del estado del litoral valenciano".
En la provincia de Castellón, el documento indica que uno de los "puntos negros" abarca la práctica totalidad de la costa debido a los vertidos de aguas residuales urbanas, que afectan sobre todo a determinados términos municipales como Benicarló o Peñíscola.
Otro de los puntos de alerta en esta provincia que detalla el informe son los puertos deportivos construidos en poblaciones como Vinarós, Castellón, Burriana o Alcossebre bajo el paraguas de la America's Cup 2009 y que, según Greenpeace, "supondrán un elevado impacto visual y aumentarán el deterioro de la calidad de las aguas de baño".
También incide en otra zona que se encuentra en malas condiciones, como es el polígono del Serrallo, próximo a Castellón, en el que están ubicadas algunas de las principales refinerías. Por este motivo, el estudio elaborado por Greenpeace alerta de que se trata del punto donde "los vertidos industriales y contaminantes a las costas son más impactantes de toda la región".
Asimismo, otro lugar degrado, en este caso por infraestructuras, es el proyecto Marina d'Or Golf, "una macrourbanización que abarcaría 18 millones de metros cuadrados y sería cuatro veces más grande que la original", indica el informe.
Por lo que respecto a la provincia de Valencia, el estudio de la organización ecologista destaca como "punto negro" principal el plan conocido como 'Manhattan de Cullera' que, según precisa, "plantea la construcción de 33 rascacielos, un puerto, un campo de golf y una marina deportiva y pesquera junto a la desembocadura del Júcar".
Por su parte, las zonas más degradadas por urbanismo, infraestructuras y contaminación de aguas en Alicante son la ampliación del puerto deportivo de Xàbia y el puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, debido a que las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de Posidonia Oceánica, una planta marina que forma bosques sumergidos done se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar.
El estudio 'Destrucción a Toda Costa 2008' indica que otros de los "puntos negros" que se encuentran en la provincia de Alicante son El Campello, debido a la "avalancha de proyectos urbanísticos"; el municipio de Sant Joan d'Alacant, donde el 90 ciento del suelo está calificado como urbanizable; la localidad de Elx, por la "urbanización desmedida", y Guardamar del Segura, a causa de "la contaminación severa por vertidos industriales y urbanos".
LEY DE COSTAS.
La responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, explicó en declaraciones a Europa Press que esta organización ecologista exige que "se aplique la Ley de Costas" que este año cumple el 20 aniversario de su aprobación.
Marcos calificó esta normativa como "bastante buena", pero lamentó que "no se está cumpliendo". La integrante de Greenpeace señaló que, según esta ley, "los 100 primeros metros de ribera del mar deben de estar libres de cualquier urbanismo". No obstante, criticó que en la Comunitat Valenciana existen "pocos ejemplos de playas vírgenes".
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Omertà.
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Dice que apostará en el congreso por el trasvase, el aeropuerto, las infraestructuras y la alta velocidad.
Ramón Pardo, Castelló
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, acudió ayer a la cena de militantes del partido con la intención de agradecer el apoyo recibido de la delegación provincial y autonómica en el congreso de su reelección. Un agradecimiento que testimonió en el presidente regional, Francisco Camps, uno de sus barones, y en el provincial, Carlos Fabra. A éste le defendió de los ataques por la investigación judicial a que está sometido, porque «para nosotros tiene la presunción de inocencia y es un ciudadano y un político ejemplar», puesto que «ningún tribunal ha dicho nada sobre él». De esta forma evitaba pronunciarse sobre la aplicación del código ético del Partido Popular al estar imputado por varios delitos contra la administración pública y un supuesto delito fiscal.
Recogiendo el mismo argumento de Fabra, Rajoy dijo que «es el presidente del PP provincial porque así lo han querido todos los militantes del PP en Castelló y el PP en Castelló ha merecido el apoyo de los vecinos de todos los municipios en las últimas elecciones». Reclamó tacto al juzgar a las personas y esperar a las decisiones de la Justicia y dijo que «los votos sirven para demostrar el aprecio que la gente tiene a una persona y luego los tribunales toman decisiones que todos acatamos».
Fueron unas manifestaciones realizadas a su llegada, con algo de retraso, y acompañado del presidente regional del PP, Francisco Camps, y del secretario general Ricardo Costa. El otro Costa, Juan, también estuvo presente en la cena, al igual que multitud de consellers y alcaldes, que retomaron la costumbre de la etapa Aznar de las veladas veraniegas con el líder nacional.
Antes de subirse a la embarcación que le llevó a contemplar las obras de ampliación del puerto de Castelló y de reunirse con los pescadores, Rajoy fue directo y se mostró dispuesto a defender las necesidades y proyectos de Castelló, los de la administración, y los de los empresarios. Desde el agua del trasvase al aeropuerto, pasando por el tren de alta velocidad o los desdoblamientos de las carreteras nacionales 232 y 340. Todo ello sin dejar de lado las necesidades verdaderas del ciudadano de a pie.
Política para salir de la crisis
La muerte de los inmigrantes en la travesía hacia Europa, que pone de relieve la necesidad, dijo, de elaborar una política realista; la urgencia para impulsar políticas que permitan al país salir de la crisis económica «lo más rápido posible» apoyando fiscalmente a las pequeñas empresas y ayudando a los ciudadanos que tienen hipotecas y problemas para pagarlas, fueron los argumentos que el líder popular, de terno veraniego, se mostró dispuesto a defender en el Congreso tras las vacaciones.
«Costa tiene un indudable futuro político»
El puerto de Castelló fue escenario del encuentro entre Mariano Rajoy y el diputado castellonense Juan Costa, que mostró sus discrepancias con la política del primero en vísperas del Congreso Nacional de los populares en Valencia, e incluso, se llegó a plantear encabezar la oposición. El saludo entre los dirigentes conservadores formaba parte de la estética dispuesta. Sin embargo, tras el encuentro, Costa siguió a distancia la visita a la carpa divulgativa del Gran Premio de Fórmula 1 que acoge en agosto Valencia.
Antes, Rajoy había preparado el terreno para el reencuentro y rebajado cualquier tipo de tensión. Se mostro, dijo, convencido de que el ex secretario de Estado de Hacienda, y ex ministro de Ciencia y Tecnología y el encargado de dirigir la confección del programa electoral del PP «seguirá colaborando con nosotros porque tiene un indudable futuro político».
El político gallego destacó que que sus relaciones con Costa «son muy buenas», y valoró el buen trabajo que hecho en el partido, el más reciente antes de las elecciones generales.
Costa no se embarcó con Rajoy, Camps y los Fabra, Carlos y Alberto, y prefirió esperar al presidente nacional de los conservadores en el muelle, frente al Casino que acogió la cena, acompañado de Esteban González Pons, los presidentes provinciales y algunos consellers.
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Carlos Fabra se congratula de haber logrado que el PP sea «el partido de la gente»
Ramón Pardo, Castelló
Francisco Camps aprovechó la presencia de Mariano Rajoy en el Gran Casino de Castelló para felicitarse por el «pedazo de congreso que hicimos y el presidente que elegimos». El presidente capaz para sacar a España de la crisis que atraviesa «porque sabe liderar con firmeza, mientras que Zapatero no es capaz de liderar nada». Por ello confía en que el recorrido iniciado en el congreso de Valencia culminará con la llegada de Rajoy al Gobierno de España.
En cambio, Zapatero «no le ha dado a la Comunitat Valenciana, ni agua y no reconoce que somos un millón de personas más viviendo en nuestro territorio, ni que necesitamos más seguridad en nuestras calles y plazas y ni que tiene que invertir lo que nos corresponde en autovías y en Alta Velocidad». Del presidente del Gobierno «no esperamos nada, nada más que disgustos».
Camps afirmó que «no creemos en la España del subsidio, en la España de las subvenciones, no creemos en la España de los privilegios. Creemos en la España del trabajo, el esfuerzo y el crecimiento constante».
Fabra y la solidaridad de Castelló
Previamente, fue el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, quien repasó en voz alta el trabajo de los militantes y el esfuerzo constante y la solidaridad de Castelló para acudir a donde el PP necesita, como interventores o para cerrar listas. Le recordó que el éxito del PP es que «hemos logrado que el programa de la gente coincida con el programa del PP. Somos el partido de la gente, llegamos a la gente».
Antes el anfitrión de la cena, el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, había loado las virtudes de liderazgo de Camps e, incluso, le ofreció a Rajoy «vitamina C, de Camps», pero con vuelta.
Rajoy volvió a reiterar su compromiso de reivindicar las necesidades de Castelló, de sus empresarios, que requieren inversiones que le doten de mejores infraestructuras de comunicación, como el aeropuerto o las carreteras nacionales.
«Que no cree líos»
Al gobierno le dio una receta para este mandato, «que no cree líos, ni hable del pasado, porque lo que la gente quiere es mejoras en la educación de sus hijos o mayores servicios públicos. Lejos de los debates que dividen».
La cita veraniega del PP atrajo hasta Castelló a una variada representación del poder popular actual. Con el presidente Francisco Camps a la cabeza consellers, diputados nacionales, alcaldes de Castelló, Valencia y Alicante, junto con los presidentes de las diputaciones provinciales, todos estuvieron atentos para hacerse la foto con el líder conservador que fue recibido en loor de multitudes.
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