22 Jul 2008
CV. 22/07/2008.
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Terra Mítica pide al juez que impida noticias sobre las facturas falsas
LYDIA GARRIDO
El parque alega que las informaciones de la trama dañan su reputación
Terra Mítica envió el escrito a finales de junio en previsión a las informaciones que podían trascender en los numerosos días de declaraciones de testigos previstos para este mes de julio, algunos de los cuales han sido desconvocados ante la imposibilidad de citar a muchos de ellos. La intención del parque era anular la posibilidad de que se informara de esas declaraciones porque coinciden con la temporada alta y entiende que eso daña su imagen. El parque, en su escrito, se queja de que "desde que se inició el presente proceso, y pese a que la gran perjudicada sería la propia Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, el efecto del presente proceso no ha sido otro que originarle mayores perjuicios".
El parque temático de Benidorm está como denunciado en la causa, ya que es una de las 20 mercantiles implicadas, según Hacienda y la Fiscalía, en una trama de facturas falsas por la que en los ejercicios 1999 y 2000 se defraudaron a la Agencia Tributara más de 4,4 millones de euros en las liquidaciones de los impuestos de IVA y de Sociedades. El juez permitió que estuviera presente en todas las diligencias que se practicaran también como posible perjudicada. Y no será hasta que finalice la instrucción el momento de determinar si efectivamente, como el propio parque dice, fue perjudicada. Pero para Hacienda y para la Fiscalía es desde el inicio una denunciada.
El parque considera literalmente en su escrito que la ronda de declaraciones de testigos, y su cobertura en los medios de comunicación, "no harán sino volver a dañar gravemente la reputación del parque".
Para pedir al juez el silencio respecto a la causa, Terra Mítica argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 301, recoge que las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra juicio oral. El juez se ha limitado a dar traslado a las partes y a recordar las medidas a su alcance sobre la publicidad de las actuaciones.
Por otra parte, el juzgado ha recibido los recursos de Vicente Conesa, principal empresario imputado en la causa, y de Francisco Escoto, otro de los 29 imputados, contra la petición de fianza que les fue exigida el pasado 23 de junio. Ambos imputados rechazan la validez de la decisión porque no fue comunicada tal y como la ley la establece, extremo en el que la Fiscalía se ha mostrado de acuerdo. La petición de fianzas debe hacerse mediante un auto, que exige motivación detallada de las decisiones. El juzgado lo hizo a través de una providencia, un documento similar a una comunicación.
Es de prever que la petición de fianzas a las cinco mercantiles que forman el núcleo del supuesto fraude quede anulada provisionalmente. Esas fianzas se pidieron a Altos del Carrichal (191.872 euros); a Gribal, (593.611); a Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA, de Vicente Conesa, (593.611); a C3 Ingeniería de la Construcción, también de Vicente Conesa, (3,54 millones); y a Excavaciones Escoto (1,21 millones).
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La costa mediterránea acapara el 53% de las 'banderas negras' de Ecologistas en Acción
AGENCIAS
La ONG publica su mapa de las costas españolas, que acumulan hasta 627 puntos negros por daños ambientales.
Ecologistas en Acción ha castigado con 627 banderas y puntos negros los proyectos o actuaciones en el litoral español que suponen un grave atentado contra la conservación de los ecosistemas, especialmente en la costa mediterránea, incluida Baleares, Ceuta y Melilla, que acapara 333 distinciones, es decir, el el 53%. Por detrás del litoral mediterráneo se sitúa la vertiente cantábrica, con 105 banderas y puntos negros; Canarias, con 64 y el golfo de Cádiz, "el punto más contaminado de Europa", con 52. En total, son 15% más que el año pasado.
Ver cobertura completa
El informe Banderas negras 2008. Hipoteca costera, presentado esta mañana por la ONG y que es el décimo de estas características que realiza, concede 303 banderas negras (casos irreversibles, vertidos contaminantes graves, agresiones urbanísticas o proyectos iniciados) y 310 puntos negros (casos puntuales o actuaciones no ejecutadas pero proyectados que representan una amenaza medioambiental). Del total de banderas negras plantadas en la arena, los ecologistas castigan a Andalucía con 47; Cataluña, Baleares y Canarias con 36 cada una; Comunitat Valenciana, 35; Murcia, 32; Asturias, 28; Cantabria, 23 y País Vasco, 8; Navarra, cuatro; Ceuta, cuatro y Melilla, dos.
La organización denuncia la "constante regresión y desnaturalización" de las costas españolas, que ahora "se enfrentan a una importante crisis que tiene significativas consecuencias para la economía española". Así, Ecologistas sostiene que el "insostenible" desarrollo de la última década de los sectores urbanístico, turístico y pesquero han transformado tanto el litoral que las consecuencias no son solo una grave afección sobre la biodiversidad marina sino que también peligra el sostenimiento de estos sectores y su actual contribución al Producto Interior Bruto. "Hemos hipotecado la costa para los próximos años y vamos a sufrir las consecuencias de esta degradación ambiental", ha alertado el coordinador de esta organización, Theo Oberhuber quien ha asegurado que el diagnóstico de la costa es de "constante agravamiento".
Los pueblos de pescadores, un souvenir
El responsable del área de aguas marinas de la institución, Jorge Sáez, ha explicado en España sorprende la "falta de depuración" del mar Cantábrico, donde las depuradoras "son anecdóticas". "Es un mar muy enérgico, que tiene una capacidad de dispersión enorme, y que ha servido a las administraciones para echar balones fuera y esconder los residuos donde nadie les ve", señaló. Así, Ecologistas en Acción apunta que en las últimas décadas se ha desarrollado una "ocupación exponencial", con proyectos como la construcción de 800.000 nuevas viviendas en Galicia, 30.000 en la zona oriental de Asturias o de nuevas edificaciones en espacios protegidos como la reserva de Urdaibai en el País Vasco.
Además, destacan la proliferación de proyectos de puertos deporitvos, especialmente en Cantabria, donde se pretende ampliar hasta un 100 por cien su capacidad actual, con proyectos como el puerto interior de la ría de San Vicente de la Barquera, o un alto nivel de contaminación por vertidos urbanos e industriales, en Avilés, la ría de Suances, o la playa de la Arena en Muskiz, "afectando negativamente a las actividades marisqueras como en el caso en las rías gallegas o la bahía de Santander en la que esta actividad ha desaparecido casi por completo", apuntan.
Por otro lado, la ONG indica que la costa mediterránea es "la más desnaturalizada" de las costas españolas, "la que tiene un mayor grado de erosión y degradación de los ecosistemas de la plataforma, y la más contaminada", debido a que ninguna de sus comunidades depura suficientemente sus aguas. En la misma línea, insisten en las zonas de vertidos incontrolados del Mar Menor, de la Bahía de Altea o de la Albufera valenciana, "donde se producen procesos locales de eutrofización (anoxia en el medio acuático) y donde los poblados de pescadores ya han pasado a un segundo plano y se comienzan a convertir en un souvenir", comentaron.
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· Más de medio millar de banderas azules ondearán este verano en las playas y puertos españoles
Educación cancela un programa que enseña arte a 850 niños desfavorecidos
I. Z.
Los técnicos que lo evaluaban aseguraban que el proyecto "mejoraba la autoestima" de los chavales y que reducía el absentismo escolar. En España lo siguieron el curso pasado 12.000 escolares desfavorecidos o en riesgo de exclusión. En toda Europa, cerca de 35.000. Los 850 alumnos valencianos que recibían formación en danza, teatro, canto y artes plásticas de la mano de la Fundación Yehudi Menuhin, en cambio, se quedarán sin ella el curso que viene. La entidad, fundada por el célebre violinista y director de orquesta del mismo nombre, llevaba firmando convenios anuales con la Generalitat valenciana desde 1998. El presupuesto del último ascendió a 115.000 euros por unos cursos de pedagogía artística que intentaban involucrar a todos los alumnos de los centros (dos en Castellón, tres en Valencia y cuatro en Alicante).
Se trata, en casi todos los casos, de colegios con altas tasas de matriculación de chavales de etnia gitana o de origen extranjero, y de extracción socioeconómica humilde.
La cancelación fue confirmada escuetamente por una portavoz de la Consejería de Educación quien afirmó, sin embargo, que el departamento buscaría otras vías para seguir ofreciendo formación artística a los estudiantes. A la directora gerente de la fundación en España, Anabel Domínguez, se le explicó la semana pasada que el convenio no sería renovado debido a que la Intervención de la Generalitat (el órgano que revisa las cuentas autonómicas) había detectado problemas en el documento. Domínguez, sin ánimo de polemizar, todavía con la esperanza de que el proyecto pudiera renovarse, se mostró, sin embargo, sorprendida. No sólo porque el acuerdo lleva prorrogándose una década (con informes "muy positivos", afirma, de la comisión encargada de evaluarla), sino porque la fundación tiene pactos con otras 10 comunidades autónomas, además de con Ceuta y Melilla, adaptados a las exigencias legales de cada territorio. Y eso mismo podría hacerse en el caso valenciano.
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Què en diuen els de la lengua común?:
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Un 40% de los profesores de Secundaria accede a las líneas de enseñanza en valenciano sin conocer la lengua
14:33 Un 40 por ciento de los profesores de Educación Secundaria accede a las líneas de enseñanza en valenciano sin conocer "mínimamente" la lengua, según denunció hoy Escola Valenciana, que afirmó además que de 757 centros escolares sólo 295 ofrecen líneas bilingües.
EUROPA PRESS Igualmente, la entidad criticó que la falta de plazas en los niveles de Infantil y Primaria provoca que alrededor de 90.000 alumnos dejan de estudiar en valenciano cada año por falta de oferta.
Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua (FEV) convocó hoy una concentración en el Palacio de Congresos de Valencia con motivo del proceso de adjudicaciones de plazas docentes. El objetivo de la protesta es exigir el requisito lingüístico y el aumento de la oferta de la enseñanaza en valenciano.
A la concentración acudieron, además de Escola Valenciana, representantes sindicales y de la comunidad educativa del IES Comarcal de Godella (Valencia), donde impartía clase un profesor que fue demandado por la entidad cívica por negarse a impartir sus clases en valenciano en la línea de esta lengua.
En este sentido, el presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, pidió que "no se vulneren los derechos lingüísticos de los valencianos", al tiempo que reivindicó el acceso a la enseñanza en lengua propia ya que "falta planificación y promoción de la oferta de las escuelas en valenciano", pues cerca de 90.000 alumnos tienen que cambiar de oferta lingüística. "Piden enseñanza en valenciano pero la oferta no cubre esa demanda por lo que tienen que acceder a las líneas en castellano", lamentó.
Además, exigió "continuidad" en la líneas de enseñanza de valenciano de Educación Primaria a Secundaria. "Después de 25 años aún hay un 30 por ciento del profesorado de secundaria y bachillerato, que no están capacitados para dar clases en valenciano y no se han reciclado aún", agregó.
Asimismo, Gómez aseguró que la Administración "no ha hecho los deberes", pues el 70 por ciento de los institutos "aún no ofrecen líneas de enseñanaza en valenciano", ya que "los puestos de trabajo en Secundaria todavia no están catalogados en bilingüe", por lo que consideró a la política educativa de la Conselleria como "antivalenciana, antidemocrática y antiparticipativa".
Al respecto, recordó la campaña de "desacreditación" de las personas que han trabajado por la escuela en valenciano, como el director del Instituto Les Almoines, Baptista Malonda, que "ha sido castigado por su trabajo de normalización del valenciano", apostilló.
Por esta razón, continuó Gómez, "hemos ofertado a la Conselleria (de Educación) la posibilidad de razonar sobre estos asuntos, sobre cómo promocionar la escuela en valenciano y de cómo darle continuidad a las líneas educativas". Pero, subrayó, "hace falta una política que no vulnere los derechos lingüísticos del valenciano".
Con respecto al manifiesto por el castellano promovido por algunos intelectuales, el presidente de Escola Valenciana señaló que los promotores del texto "no saben lo que están diciendo". "Si pensamos cuántos cines hay en valenciano o cuántos medios de comunicación hacen noticias en valenciano, nos daremos cuenta de que hay un déficit y que vulneran nuestros derechos", por lo que la política educativa, aunque la tiene que hacer la Conselleria, "debe contar con los usuarios, sindicatos y padres", añadió.
"POSIBILIDAD DE FUTURO"
Por su parte, el secretario general de la Federació d'Ensenyament de CCOOPV, Manolo Picó, indicó que "una gran parte de padres se han dado cuenta de que estudiar en valenciano es una posibilidad de futuro que no se está fomentando". En ese sentido, consideró "dramático" que en secundaria no haya las suficientes líneas de enseñanza en valenciano pues "es una enseñanza obligatoria y, por tanto, la administración esta obligada a tener esas líneas en valenciano".
La representante de Intersindical Valenciana Pilar Gregorio pidió que desde la Generalitat "se establezcan diversos programas para afrontar el uso" de la lengua valenciana, para lo que "tienen que invertir en recursos para que el valenciano pueda estar en la sociedad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías", y así, "normalizar una inversión más seria y fuerte". "La gente joven conoce el valenciano, lo sabe escribir, pero no lo usa, el uso está en recesión", lamentó.
Por otro lado, Escola Valenciana estimó que los datos sitúan al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como uno de los titulares de Educación que menos ha hecho crecer la enseñanza en valenciano desde su creación en 1983. De este modo, consideraron el período de Font de Mora como de "estancamiento". La cifra de un 12 por ciento de crecimiento dela matrícula en lengua vernácula "es menor comparada con otros períodos y si tenemos en cuenta el aumento de población escolar los datos del conseller son ridículos".
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Comienzan a entregarse 5.518 plazas docentes con protestas por el valenciano
M. D., Valencia
El acto de adjudicación de los 5.518 puestos disponibles para el cuerpo de maestros en la Comunitat comienza en la sesión de esta mañana, en el Palacio de Congresos de Valencia, y se prolongará hasta el viernes, 25 de .de julio.
Desglosados los datos de los puestos para maestros se contemplan 1.691 plazas en Educación Infantil; 426, en Inglés; 124, en Francés; 327, en Educación Física: 193, en Música; 250, en Audición y Lenguaje; 530 en Pedagogía Terapéutica; 1.533, en Primaria y 44, en Ciencias Sociales, recordaron ayer fuentes de la Conselleria de Educación.
Sin embargo, desde la Federació Escola Valenciana informaron ayer que esta mañana, a las 10,30 horas, llevarán a cabo una protesta a las puertas de la sede de las adjudicaciones para exigir el cumplimiento del requisito lingüístico de los profesores que adquieren la plaza y que se contemple en Secundaria, ya que indican que más del 40% no tiene titulación alguna de valenciano y más del 70% de los institutos no ofrece enseñanza en esta línea.
La entidad ha realizado un sondeo en institutos durante junio y julio para evaluar la situación de la enseñanza en Secundaria. "Estimamos que más de 90.000 alumnos dejan de estudiar en valenciano en Infantil y Primaria por falta de plazas" aseguraron ayer desde la citada federación.
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CSI-CSIF reclama un sistema de adjudicaciones de plazas docentes más moderno
19:45 El sector de Enseñanza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha criticado el proceso de adjudicaciones de plazas docentes en el ámbito escolar y ha reclamado que se cambie el sistema presencial por uno escrito como el del Concurso General de Traslados de Funcionarios.
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Boutades de la Generalitat Valenciana:
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El Consell eleva a más de 700 millones la exigencia al Gobierno de financiación
El conseller Gerardo Camps corrige al portavoz Rambla y descarta plantear que el criterio de población gane peso. Reclama que el Estado ceda parte de sus recursos a las autonomías
J. G. G., Valencia
Siete mil millones más a repartir entre todas las autonomías, de los que a la Comunitat le corresponderían entre 700 y 800 millones. Ésta es la exigencia que hoy, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado en Madrid para hablar de la propuesta de financiación lanzada el jueves por el Gobierno, planteará el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, según aseguraron ayer fuentes de su entorno. Camps, responsable de la ponencia económica del congreso del PP, acudirá a la reunión en su doble condición de conseller y portavoz oficioso de las autonomías en manos populares. No irá de vacío, ya que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha elaborado un informe de cara a la revisión del sistema. Los más de 700 millones adicionales superan con creces los 500 millones que reivindicaron los populares en el acuerdo de las Corts del 21 de mayo.
Camps compareció ayer en rueda de prensa en las Corts junto con el portavoz del PP, Ricardo Costa, para informar sobre una proposición no de ley de medidas contra la crisis. El debate financiero salió a relucir. La posición del Consell, avanzó Camps, será que el Estado ceda parte de sus recursos para financiar el aumento del gasto social que tienen las comunidades y que se ha visto agravado por el incremento de la población. Según explicó, mientras las obligaciones de gasto del Estado y por tanto de financiación han disminuido en los últimos años (sanidad, educación y servicios sociales están transferidos), las de las autonomías se han disparado, sobre todo en aquellas donde se concentra el aumento demográfico, como la valenciana.
Por ello, aunque el Gobierno lo interesa que se traslade así, no hay "frentismos" ni guerra entre autonomías, sino que es un debate entre éstas y la Administración del Estado "sobre cómo se tienen que distribuir los recursos de todos, porque todos somos Estado, en un nuevo modelo", que, enfatizó, "tiene que nacer, se quiera o no, de la pérdida de recursos por parte de la Administración del Estado, que tienen que ser incrementos de recursos en favor de las comunidades".
"No es un pedazo de tarta, es la tarta"
"Solbes intenta decir que la tarta es más pequeña y eso limita la capacidad del Gobierno para el reparto de la misma", criticó Camps en alusión a las "disponibilidades presupuestarias" a las que aludió el ministro como techo de los fondos a distribuir. "No estamos hablando de cómo se reparte el último pedazo de tarta, sino el conjunto de la tarta", dijo, incluida la porción del Estado, con lo que habrá que definir las necesidades de gasto de las autonomías, especialmente por el incremento demográfico. En 2006 las comunidades recibieron 110.000 millones, con lo que los 7.000 serían un 6% adicional. Sobre la propuesta de Solbes, Camps recriminó que es "inconsistente, vacía y reúne una serie de generalidades ya conocidas", y hace complicado que se pueda alcanzar un acuerdo sobre el modelo.
Preguntado por los periodistas, Gerardo Camps corrigió al portavoz del Consell, Vicente Rambla, quien el viernes defendió que no sólo cabe actualizar el censo en el nuevo sistema de financiación sino que hay que revisar los criterios para que el de población gane peso. Camps, quien lidió con elegancia la cuestión -"interpretaron al portavoz del Consell de manera a lo mejor equivocada"-, dejó claro que la variable de población ya es la más importante y es la única que ha cambiado desde 1999.
CiU rechaza el frente con la Comunitat
CiU transmitió al Gobierno catalán que no quiere que Cataluña haga ningún frente con la Comunitat, ni que los populares catalanes se incorporen a la negociación de la financiación catalana hasta que el PP no retire el recurso contra del Estatut. Por su parte, Esquerra Unida defendió ayer la agilización del pacto de financiación autonómica y local como una de las medidas para combatir la crisis, durante una reunión de la coordinadora, Glòria Marcos, con el responsable de CC OO, Joan Sifre.
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Signes exige que García Antón explique en las Corts la concesión a la cría de caballos en la Marjal dels Moros
El PSPV afirma que la autorización es incompatible con la protección de los valores naturales
Levante-EMV, Valencia
El portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, anunció ayer que pedirá explicaciones públicas al conselleria García Antón por lo que considera un "atentado ecológico y un trato de favor"" la concesión de pastos para la cría de caballos autorizada por la conselleria de Medio Ambiente en el paraje protegido de la Marjal dels Moros, en el Camp de Morvedre. El diputado socialista también aseguró que exigirá ver el expediente de la concesión, de la que es beneficiario un cuñado del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El diputado socialista manifiesta que esta concesión "es incompatible con la protección de los valores naturales de la zona y supone un trato de favor inadmisible en un estado democrático". A este respecto, Signes denuncia que "Camps actúa como si el territorio de la Comunidad fuera su feudo privado".
En el mismo sentido, el responsable socialista recuerda que la Marjal dels Moros está incluida en el Catálogo de zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana y forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves, además de ser Lugar de Interés Comunitario. Sin embargo, Signes lamenta que Camps "haya menospreciado los valores naturales del marjal por cumplir el capricho de su cuñado". En especial, Signes critica que "se le haya permitido al cuñado de Camps levantar vallas electrificadas en una zona protegida", en lo que califica de "apropiación indebida de un bien público". A este respecto, el diputado socialista manifiesta que "se trata de una autorización esperpéntica, de la que voy a pedir explicaciones públicas al conselleria", advirtió.
El diputado socialista insta al conselleria a que dé a conocer la justificación técnica en la que se ha basado la autorización. A este respecto, Signes expresa sus dudas respecto de que "ningún funcionario de la Consellería haya avalado esta concesión". Finalmente, Signes critica el hecho de que "la Consellería haya actuado en contra de los usuarios tradicionales de los pastos" y de que "haya despreciado sus quejas" y reclama que se les tenga en cuenta.
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Benitatxell aprueba el PGOU sin recalificar la parcela que llevó al alcalde
La oposición rechaza la petición del promotor
V. X. C. R.,Benitatxell
El Ayuntamiento de Benitatxell aprobó ayer de manera provisional el nuevo Plan General de Ordenación Urbana con los votos a favor del Pideb (Partido Independiente Democrático de Benitatxell) y los votos en contra de PP, PSOE, Ciben (Ciutadans Independents de Benitatxell) y Bloc. El acuerdo se produce tras la detención hace dos semanas del alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona, y de la teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, por un presunto delito de cohecho -supuestamente pidieron 50.000 euros por permitir que unos terrenos continuaran con la calificación de urbanos- se aprobó.
El alcalde, Juan Cardona, manifestó que no tiene "nada a favor ni nada en contra" de la calificación de las tierras de Pedro Sánchez, quien le denunció por cohecho, y que "el error" por el cual se cambiaba el uso de las tierras se podía subsanar. El primer edil insistió en que ese error podría haber costado al ayuntamiento un contencioso administrativo por parte de la promotora, cuya jurisprudencia no es favorable para el consistorio según Cardona, y que se estaba a tiempo de corregir.
El pleno votó si se aceptaba o desestimaba la alegación presentada por el constructor de Xàbia, Pedro Sánchez, quien denunció al alcalde y a su número dos, lo que propició la implicación de dos personas más: el arquitecto municipal y un abogado. Dicha alegación ya había sido desestimada por el equipo redactor del Plan General por haberse presentado fuera de plazo, lo que hacía más surrealista la votación ya que antes el gobierno local había aprobado dos bloques de alegaciones, las aceptadas por los técnicos y las rechazadas.
Visto bueno para el PGOU
Además, el visto bueno inicial para el nuevo PGOU va acompañado de otro mes de exposición pública y de alegaciones, pero sólo para aquellas partes que hayan alegado y sufrido variaciones en el primer período en el que el Plan General se pudo consultar. Esto significa que el constructor que vio como el nuevo planeamiento dejaba sin valor urbano sus tierras podrá presentar nuevas reclamaciones, aunque este último extremo fue puesto en duda por parte de la oposición al presentar su reclamación fuera de plazo. Ayer, la alegación de Sánchez perdió la votación. El equipo de gobierno votó a favor de que se mantenga la calificación de urbano de los terrenos que se encuentran en Vista Muntanya III, pero la abstención del alcalde y la primera teniente de alcalde -quienes declinaron pronunciarse por el proceso judicial- permitió a la oposición tumbar la alegación.
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El PSPV exige a Pedro García la cinta del programa que loó a Barberá
Levante-EMV, Valencia
El consejero socialista del consejo de administración de Radio Televisión Valenciana , Miguel Mazón, solicitó ayer por escrito, tal como había anunciado, al director general de RTVV, Pedro García, una copia de la grabación .
Mazón quiere escuchar los minutos que los responsables del programa dedicaron a repasar los años de mandato de la alcaldesa, Rita Barberá, con motivo de su sexagésimo aniversario. El consejero socialista considera inapropiado que la radio autonómica dedicara un tiempo a ensalzar y glosar la figura de la alcaldesa precisamente en el día de la celebración de su cumpleaños cuando al frente del consistorio lleva 17 años. El programa emitió un espacio con cortes con la voz de Barberá a lo largo de su mandato.
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21 Jul 2008
CV. 21/07/2008.
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El delincuente Cartagena ¿Un alcalde excelente?  |
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El delincuente Cartagena ¿Un alcalde excelente? |
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En Denia, el ladrillo genovés se pone de acuerdo |
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El rock de la cárcel genovesa continúa en su esplendor |
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El Consell guarda silencio mientras diez autonomías congelan salarios de altos cargos
El PP asegura que ya se aplica un plan de estabilidad desde hace dos años "con éxito"
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Peralta compara el discurso "victimista" de Camps con el de Esquerra o el PNV
El delegado del Gobierno tacha las críticas del PP de falta de perspectiva de Estado
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El 60% de las plazas del albergue de inmigrantes está reservado para asistentes a la Fórmula 1
El centro está en funcionamiento desde el día 1 pero respeta los contratos hechos para este verano
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Cheste lo paga todo
El presupuesto del Circuit Ricardo Tormo soporta patrocinios ajenos a su actividad, como fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis o vela
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Primer boicotegen l'aplicació de la llei i després, sense haver-la aplicat encara, hi demanen més diners.
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Bienestar Social asegura que las ayudas a la Dependencia han quedado obsoletas
La defensora del discapacitado exige al Gobierno "mucho más dinero"
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Però no estàvem infrafinançats?
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Setecientos millones en cien días
XAVIER ALIAGA
El Consell incumple el convenio con el Gobierno para renovar fondos
Un día de Cartagena en prisión
Educación anuncia otro plan contra el fracaso escolar sin poner medios
El programa Integra está en fase experimental y tiene como objetivo el 85% de éxito escolar
16 Jul 2008
CV. 16/7/2008.
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PPilotada va, ppilotada ve.
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Los socialistas recurrirán la operación de Mestalla
SARA VELERT
Multas y expedientes al Valencia por ruido en la obra del campo
Nuevo quebradero de cabeza para el Valencia CF y su recién estrenado gestor, Juan Villalonga. El Grupo Socialista ha anunciado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que recurrirá la operación urbanística de Mestalla aprobada por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. El anuncio de la aprobación definitiva de la recalificación se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el 29 de febrero, tras lo cual los socialistas notificaron su intención de recurrir. El TSJ ha pedido al Consistorio el expediente de la operación, y una vez en sus manos, se dará traslado al PSPV para que confirme y formalice el contencioso-administrativo.
Los socialistas centrarán el recurso en el exceso de edificabilidad que a su juicio concedió el Ayuntamiento al club. El grupo defendió un máximo de 45.000 metros cuadrados de edificabilidad en la parcela del viejo Mestalla. El gobierno del PP, sin embargo, otorgó a la entidad 89.000 metros cuadrados de techo. El Valencia calculó en varios cientos de millones de euros los beneficios de la venta del suelo. El dinero debía pagar el estadio en la avenida de las Cortes Valencianas. Sin embargo, la primera subasta de terreno quedó desierta y tuvo que ser asumida por el accionista mayoritario, Juan Soler. Por otra parte, el DOCV publicó ayer la aprobación del programa urbanístico que surgirá de la reordenación de la manzana de Mestalla.
Más problemas para el Valencia. Las continuas denuncias vecinales por los trabajos fuera del horario permitido en el nuevo estadio han acabado en manos de la Sindicatura de Greuges. La respuesta a la institución del propio Ayuntamiento revela que ya ha impuesto al Valencia, como promotor de la obra, dos multas de 1.000 euros cada una por infracción grave. A fecha de mayo, en periodo de alegaciones estaban otras dos sanciones y pendientes de notificación, cuatro, a las que se añadía una en proceso de apertura de expediente. La respuesta del Síndic a un denunciante constata que hasta mayo se pusieron por ruido y otras molestias 36 denuncias. Tras el accidente de mayo que costó la vida a cuatro obreros, el horario se controló más, pero ahora se supera de nuevo, según fuentes vecinales, lo que augura nuevas denuncias.
UGT denuncia que el 20% de los valencianos está por debajo del umbral de pobreza relativa
14:37 El sindicato UGT-PV ha exigido a la Generalitat la "inmediata aplicación" de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunitat Valenciana, donde el 19,6 por ciento de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa.
La UGT-PV recuerda que el pasado 8 de julio fue aprobado el Decreto que regula la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y que reconoce el derecho a una renta para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social.
En la Comunitat Valenciana, según el sindicato, un 19,6% de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa, es decir que uno de cada cinco ciudadanos y ciudadanas valencianas vive con menos de 565 euros mensuales.
Con esta ley, aquellas personas que tengan una edad entre 25 y 65 años y que se encuentren en situación de exclusión social tendrán derecho a recibir una renta mensual que oscilará entre los 373,89 euros y los 603,05, siempre y cuando exista voluntad por parte de la persona destinataria a seguir un itinerario de inserción sociolaboral, con el objeto de evitar su permanencia en la situación de exclusión social.
No obstante, ha criticado que de la lectura del Decreto aprobado se intuye que se tratará de una Orden que regulará una convocatoria, por lo que de ser así se abriría un plazo de tiempo determinado para solicitar la renta garantizada limitándola en el tiempo.
Para la UGT-PV, este hecho "entraría en contradicción con el reconocimiento de un derecho, que es de carácter universal y que no puede verse vulnerado, ni por un Decreto ni por una Orden.
"Si cuando hablamos de Renta Garantizada de Ciudadanía hablamos de un derecho, no deben haber ni plazos ni limitaciones de tiempo para acogerse a ella", ha considerado el sindicato.
Otro de los factores que pueden contribuir al retraso de la aplicación de la Ley es la creación de las Comisiones Mixtas de Renta Garantizada de Ciudadanía, que son las encargadas de realizar el Plan de Inserción Laboral, inserción que es requisito para la obtención de la Renta de Ciudadanía.
Estas Comisiones están formadas por personal técnico de los diferentes organismos de la administración (Ayuntamientos, SERVEF, o Direcciones Territoriales) y a fecha de hoy todavía no han sido constituidas, según el sindicato.
UGT-PV considera necesario que la Conselleria de Bienestar Social dé a conocer a la ciudadanía este nuevo derecho y sus convocatorias para solicitarlo, "para que todas aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión social sepan que existe una nueva ley que garantiza su derecho a una renta básica".
Por último, ha recordado que la Ley fue aprobada por las Cortes Valencianas en marzo de 2007 y se concedió un plazo de un año hasta su aplicación para poder elaborar el desarrollo reglamentario, "y de esto ya ha pasado casi un año y medio".
La Católica preinscribe 600 alumnos pese a no tener validado su título de Medicina
Fuentes del rectorado de la Católica aseguraron ayer a Levante-EMV, tras la asistencia de su rector a la reunión del Consejo de Coordinación Universitaria celebrada en Madrid, que aún no sabían nada sobre la petición de revisión de los informes negativos que emitió en junio la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) a sus propuestas de los nuevos grados, para impartir el curso próximo, de Medicina, Odontología y Podología.
Tampoco desde el ministerio contestaron sobre la situación de esta última valoración mientras que en la página web del citado departamento que enlaza con la del Consejo de Coordinación Universitaria aparecían ayer los tres títulos de esta institución académica de la Iglesia como "reclamaciones en fase de recurso".
No obstante, los tres informes emitidos por el ministerio en mayo y en junio han sido negativos para estos estudios, aunque en la última fase, y tras presentar las correspondientes alegaciones, sí fue aceptado el grado de Fisioterapia de la Católica.
En total, esta universidad -primera de la Comunitat Valenciana que se somete al proceso de la convergencia europea por el que deberán pasar todas, públicas y privadas- había presentado ocho titulaciones para su homologación o adaptación a los nuevos grados, de las que ha conseguido que sean aceptadas cinco.
El rector José Alfredo Peris, en declaraciones a este diario en junio, tras conocer el informe negativo a Medicina estuvo confiado en que esta última fase de julio les fuera propicia, aunque también se mostró preocupado.
En la reunión del Consejo de Coordinación de Universidades ayer no se trató está cuestión, que no figuraba en el orden del día. Fuentes del rectorado de la Católica afirmaron que "no sabemos nada todavía. Seguimos a la espera". Mientras, la página de preinscripción está abierta y ya tienen a más de 600 alumnos.
De la Vega dice que el Gobierno garantiza al 100% la Casa del Mediterráneo en Alicante
Pide al Consell que no confunda con "disparates" y apoye por lealtad que Barcelona acoja la Unión del Mediterráneo. Exteriores dice que espera que Camps ponga fecha para el convenio
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega quiso aprovechar ayer su visita a Valencia, la enésima desde que ejerce de supervisora y comercial de los compromisos que como cabeza de lista adquirió en las pasadas generales, para intentar apagar la polémica suscitada en torno a la ubicación de la Casa del Mediterráneo, el foro de reflexión sobre la cultura, medio ambiente y cooperación entre los países ribereños.
De la Vega hizo pedagogía al explicar la diferencia entre la Casa del Mediterráneo -un proyecto "netamente español", dijo- y la Unión por el Mediterráneo, que, por contra, es una "iniciativa de carácter multilateral" que engloba a distintos países de ese ámbito geográfico. "Confundir ambas cosas es un disparate", ganas de crear "polémicas artificiales, advenedizas, de última hora" en torno a dos proyectos completamente distintos. Sobre el primero, la Casa del Mediterráneo, De la Vega reiteró que su sede principal se ubicará en Alicante. "El Gobierno está cien por cien comprometido con el proyecto de la Casa del Mediterráneo en Alicante" y recordó que así lo anunció en su día Zapatero.
Explicó, por otra parte, que hace tres años Barcelona acogió la primera cumbre Euromediterránea, que empezó incubarse en la conferencia de ministros de Exteriores celebrada en esa ciudad en 1995. Barcelona, recordó la vicepresidenta, "lleva 13 años liderando uno de los proyectos europeos más relevantes". "Nació en Barcelona y allí debe seguir ubicado", proclamó. E instó al Consell a "ser leal con Barcelona y con España" para que acoja la Unión del Mediterráneo. La futura Casa del Mediterráneo en Alicante tendrá un presupuesto anual de 4 millones de euros, de los que el Gobierno aportará el 60%, según informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. El 13 de junio Moratinos se dirigió al presidente Camps para constituir la Casa del Mediterráneo en julio. Ahora, "se está a la espera de que la Generalitat proponga una fecha para su firma con el resto de Administraciones implicadas". El 20% del presupuesto lo aporta la Generalitat, otro diez por ciento el Ayuntamiento de Alicante y sendos 5% Xàbia y Benidorm.
Un portavoz del Consell indicó ayer este diario que han estado en "permanente contacto con el Gobierno" sobre este tema y que desde que recibieron la carta ultimando detalles técnicos y hasta jurídicos -por ejemplo para solventar los compromisos de subvención plurianual- para hacer realidad el proyecto.
Consell y PP desconfían
El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla fue muy crítico con De la Vega al preguntarle si "necesitamos enviarle una carta todos los días para decirle que existe la Comunitat Valenciana cuando ponen en marcha iniciativas como esta". El secretario general del PP, Ricardo Costa, dijo, según Europa Press, que es "muy significativo que el delegado del Gobierno rechazó hace trece años, cuando era diputado de IU, que alguna de las tres provincias de la Comunitat albergara la Conferencia Euromediterránea alegando que no contábamos con las infraestructuras necesarias y apelando a que Barcelona era la mejor". Agregó que "hoy nos encontramos con la sorpresa de que (...) prefiera dejar a nuestra Comunitat en desventaja y que la sede de la Unión del Mediterráneo sea Barcelona". "A Peralta no le importa nada la Comunitat Valenciana", denunció.
Los valencianos aportan entre 2.838 y 5.645 millones más de lo que reciben del Estado
El saldo fiscal de la Comunitat Valenciana (la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe del Estado) es negativo. Alcanza la friolera de entre 2.838 y 5.645 millones de euros anuales, según se desprende de las balanzas fiscales con datos de 2005 que ha elaborado el Ministerio de Economía y Hacienda, junto con el Instituto de Estudios Fiscales, tras las sucesivas demandas de los partidos políticos catalanes. Esa contribución representa una horquilla entre el 3,22% y el 6,40% del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano, en función de cada una de las seis balanzas fiscales, de acuerdo con diferenters criterios aplicados, que ayer hizo públicas el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.
En todos los escenarios, la valenciana es en millones de euros la tercera con mayor déficit fiscal -tras Cataluña y Madrid y por delante de Baleares-, mientras que, en porcentaje sobre la riqueza generada por la Comunitat (PIB regional), es la tercera o cuarta dependiendo de las dos metodologías aplicadas. El dato del déficit fiscal valenciano se difunde -en cumplimiento de la promesa que hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su debate de investidura- cuando se ha abierto la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Las últimas cifras disponibles, la liquidación del modelo de 2006, revelaron que aunque la Comunitat es la tercera que más incrementó sus recursos desde 1999 (un 104%), es la segunda con peor financiación por habitante, tras Canarias. El PP valenciano, al igual que los nacionalistas, aprovechó ayer los datos para censurar la supuesta discriminación del Gobierno a la Comunitat y reclamar el cambio en la financiación pero las cifras corresponden a 2005, nada más llegar Zapatero al Ejecutivo, y suponen la aplicación de los dos modelos de financiación de la etapa Aznar.
Solidaridad territorial
Junto con la valenciana, otras cuatro comunidades tienen déficit fiscal en todas las balanzas, Madrid, Cataluña, Navarra y Baleares, de forma que son las comunidades que más aportan al Estado y las que menos reciben del mismo. Se trata de las autonomías con mayor renta per cápita, de ahí que, para el ministerio, sea lógico que, para garantizar la redistribución, contribuyan más que reciben.
A la inversa, aquellas con menor renta per cápita son las que menos aportan al Estado. Ocho comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gozan en todas las balanzas de superávit. Destacan Extremadura, que lidera en cuatro de las seis balanzas el ránking del saldo positivo; Asturias, que también ocupa puestos importantes; seguidas de Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Cantabria. Finalmente, País Vasco, la Región de Murcia y Aragón son las que más cambios sufren en función de las diferentes metodologías y pasan del déficit al superávit según se tenga en cuenta una u otra balanza fiscal. Carlos Ocaña precisó ayer que tanto País Vasco como Navarra tienen sistemas fiscales diferentes por lo que las comparaciones no son adecuadas.
Desde el Instituto de Estudios Fiscales se explicó que si hubiera déficit cero en todas las comunidades autónomas no existiría la solidaridad territorial, por lo que señalaron que precisamente la solidaridad es lo que explica que las comunidades con más renta sean las que arrojan un saldo negativo y no al contrario. En ese sentido, Carlos Ocaña destacó el «ejercicio de transparencia» del Gobierno que supone la publicación de las balanzas fiscales y afirmó que «en ningún caso» podrán utilizarse en el debate de la financiación autonómica.
Para elaborar las balanzas, el Ministerio de Economía ha utilizado dos metodologías diferentes, una basada en la óptica carga-beneficio y otra basada en el flujo monetario de cada comunidad autónoma. De la primera metodología han resultado un total de cuatro balazas fiscales en función de la aplicación de otros cuatro criterios, mientras que de la segunda metodología han salido dos balanzas fiscales, lo que suma un total de seis entre ambos métodos.
Diferentes escenarios
En la metodología de carga-beneficio, los ingresos se asignan al territorio donde residen los ciudadanos que finalmente soportan su carga (accionistas o titulares de una empresas al margen del domicilio fiscal de la mercantil) mientras que los gastos se imputan al territorio en que residen las personas a las que van destinados los servicios públicos o las transferencias públicas (todos nos beneficiamos de la Defensa aunque la mayoría del gasto se concentre en Madrid). En cambio, en el sistema de flujo monetario, los ingresos se imputan al territorio en el que se localiza la capacidad económica sometida a gravamen y los gastos al territorio donde se materializan (los funcionarios de Defensa hacen el gasto en Madrid).
El enfoque carga-beneficio persigue valorar los efectos de la actuación que la actuación de las instituciones del sector público central ocasiona en el bienestar de las personas que residente en un determinado territorio. En cambio, el flujo monetario valora los efectos que la actuación de las instituciones del sector público central genera en la actividad económica de un determinado territorio. Mientras la Comunitat tiene un déficit fiscales que oscila entre 2.838 a 5.645 millones, el de Cataluna está en una horquilla del 6,38% al 8,70% de su PIB, es decir, entre 10.857 y 14.807 millones de euros. Por su parte, Madrid lidera la lista de comunidades con déficit fiscal en cuatro de las balanzas fiscales y se mueve en una horquilla que va desde el 9,13% del PIB regioanl (14.613 millones), hasta el 5,57% (8.911 millones). Asimismo cabe destacar la situación de Baleares, que lidera el ránking de saldo negativo en los dos balanzas elaboradas a partir de la metodología de flujo monetario y se mueve entre el 14,20% de déficit (3.190 millones) y el 7,47% (1.678 millones).
En contraposicion, Extremadura lidera las cuatro metodologías elaboradas desde la óptica carga-beneficio, con superávits por encima del 15% (más de 2.300 millones), mientras Melilla ocupa los primeros puestos de las otras dos balanzas fiscales, con un superávit en torno al 34%. Andalucía recibe entre 3.851 y 5.880 millones más de lo que aporta al Estado. Eso sí, lógicamente, los que pagan no son los territorios sino las personas.
Los niños del colegio Max Aub inician el curso en un barracón
Levante-EMV, Valencia
Un grupo de 25 niños de Educación Infantil de tres años del colegio Max Aub, ubicado en la calle Padre Urbano, comenzarán el próximo curso en un barracón de 60 metros cuadrados, según aseguraron fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) que achacaron la situación a la falta de previsión e ineficacia de la política de la Conselleria de Educación. El aula se instalará en el patio infantil. Además, el Ampa afirma que los estudiantes están hacinados en el comedor escolar con 110 plazas para más de 300 niños.
15 Jul 2008
CV. 15/7/2008.
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La apuesta del Consell por Religión trastoca el horario del Bachillerato
NEUS CABALLER
Los alumnos valencianos serán los que más carga lectiva tengan de España
Los alumnos valencianos de Bachillerato serán, de momento, los que más carga lectiva tendrán del territorio nacional. El nuevo decreto de Bachillerato -aprobado el viernes por el Consell, sin el consenso de los sindicatos del sector público y con el aval de las patronales privadas- eleva el horario lectivo semanal a 34 horas (dos más de las que se daban). El incremento es fruto de la apuesta del Gobierno autonómico del PP por mantener dentro de la programación lectiva las dos horas de clases de Religión en detrimento de las de Filosofía.
Esta férrea defensa del catecismo en horario lectivo choca, no obstante, con la legislación española que obliga al Estado a ofrecer formación religiosa, pero siempre con carácter voluntario. Y trasciende de lejos el espíritu de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se aplicará gradualmente a partir del próximo curso, que saca fuera del currículum oficial la Religión, al establecer que no es una materia puntuable para pasar de curso o acceder a la Universidad.
Pese a ello, la Generalitat ha seguido adelante con su apuesta de "interpretar la LOE de forma favorable a sus intereses políticos y partidistas", denunció ayer el STEPV, "y favorecer a las patronales religiosas".
Este cambalache ha acabado por impactar directamente sobre la asignación de horas docentes y la organización de diversas materias comunes u optativas de carácter eminentemente científico, tecnológico o artístico, que sí son evaluables y puntuables para superar el curso y obtener el título de Bachiller, según coincidieron en señalar CC OO y UGT, que exigen que "la Religión se sitúe fuera del catálogo de materias comunes". Los tres sindicatos quieren, además, que se recupere en la orden posterior que desarrollará este decreto "la vertiente tecnológica en la modalidad del nuevo Bachillerato Científico tecnológico".
Pese a que todas estas enmiendas estaban encima de la mesa técnica de negociación, el responsable autonómico de Educación, Alejandro Font de Mora, zanjó ayer el asunto en una conferencia de prensa ex professo para defender el decreto valenciano y su apuesta por impartir más asignaturas en inglés -además, de la recurrida Educación para la Ciudadanía- como idioma vehicular. "Este consejero y el Gobierno valenciano han hecho una apuesta clara por el multilingüismo y, en especial, el inglés, que es la lengua del futuro a nivel internacional". Y adelantó que "en el nuevo Bachillerato tendrá más presencia". De hecho, anunció que estudia "introducir el inglés en Historia del Mundo Contemporáneo", una materia de nuevo cuño nacida de la LOE. "Ésta es la primera autonomía que, de manera sistemática, aplica el inglés como lengua vehicular. El inglés ya no es cosa de colegios de ricos, el inglés está en la escuela pública".
Font de Mora responsabilizó del retraso en la publicación del decreto valenciano al Gobierno socialista por "su retraso de más de 10 meses en aprobar el Real Decreto de Bachilleratos, en noviembre de 2007". Y destacó la "novedad" valenciana que "permite a los alumnos el cambio de modalidad en cualquier curso, como medida para combatir el fracaso escolar; y favorece que los jóvenes, que a los 16 años hayan podido equivocar la elección, orientar el currículum al selectivo o a sus intereses de cara a la carrera universitaria". "En línea", confió, "con el borrador de selectividad que las autonomías conocemos".
Entretanto, Educación revocó el nombramiento de Joaquín Cos Delgado como director del IES Mediterráneo de Torrevieja, "un profesor con 35 años de servicio, porque el tamaño de la letra Times de su programa era 0,5 puntos más pequeña de lo estipulado", denunció UGT, que acusó de "caciquismo" al Consell, ya que "en lo que va de año, lleva cinco directores depurados por su filiación progresista".
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La conselleria rechaza un aspirante a director por el tamaño de la letra de su programa
Estaba escrito con un tipo medio punto más pequeño de lo estipulado
Levante-EMV, Valencia
El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) denunció ayer en un comunicado que la Conselleria de Educación ha revocado el nombramiento de un profesor como director del IES Mediterráneo de Torrevieja por haber detectado que el programa con el que se presentó estaba escrito con un tamaño de letra 0,5 puntos más pequeño de lo estipulado.
El damnificado es Joaquín Cos Delgado, "profesor con más de 35 años de servicio, 16 de ellos ejercidos como director de un colegio", según han señalado desde UGT a través de un comunicado, en el que subrayan que fue el candidato seleccionado por una comisión formada por representantes de la administración educativa, padres y profesores y que eligió entre un total de tres aspirantes.
Las bases de la convocatoria establecían que la selección se basaría en el programa presentado por los candidatos -documento que no debía superar las 50 páginas y tenía que estar escrito en letra Times New Roman a tamaño 10- y por los méritos académicos y profesionales de los candidatos.
La directora actual del centro -y entonces también aspirante al cargo- reclamó porque el programa del elegido por la comisión estaba escrito a tamaño 9,5, petición que fue desestimada por ésta, que recordó que en los proyectos del resto de candidatos también se habían detectado pequeños errores similares, según estas mismas fuentes.
La actual directora del centro recurrió ante la conselleria, desde donde el director de Personal, David Barelles Adsuara, dictó una resolución en la que volvía a desestimar la solicitud de recusación de los profesores pero atendía la parte de la reclamación referida al tamaño de la letra empleada por Joaquín Cos.
Finalmente, la Conselleria ha nombrado a la anterior directora y a su vez aspirante como directora del centro, mientras que el tercer candidato ha ocupado el puesto de jefe de estudios.
En opinión de UGT, esta decisión de excluir al candidato seleccionado por la comisión se debe a que Joaquín Cos "es miembro del Consejo escolar de Torrevieja, ha sido concejal socialista y siempre ha mantenido públicamente una postura contraria a la política de barracones".
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Educación impartirá inglés en Infantil sin aumentar la plantilla
Estudia dar en lengua extranjera la nueva asignatura de Bachillerato
R. Montaner / E. Press, Valencia
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, destacó ayer durante la presentación del nuevo Decreto de Bachillerato, aprobado por el Consell, "que la Comunitat Valenciana va a ser la primera autonomía que aplique el inglés de una manera sistemática como lengua vehicular en la enseñanza pública".
Para el responsable de Educación es "muy importante", que parte del Bachillerato sea impartido en inglés, "ya que el borrador sobre las características de nueva selectividad, que depende del Gobierno central y que va circulando por ahí, incluye una prueba de esta lengua extranjera oral". "Ahora para que un alumno tenga una asignatura en inglés no hace falta ir a un colegio de ricos" señaló.
En este sentido, y tras la polémica decisión de la Generalitat de impartir en inglés la asignatura de Educación Para la Ciudadanía (EpC), el departamento que dirige Font de Mora dejó ayer abierta la puerta a que la nueva asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que será común para todo el alumnado de primero de Bachillerato a partir del próximo curso, sea impartida también en inglés.
Así lo indicó ayer la secretaria autonómica de Educación, Cocha Gómez que, junto con el conseller, presentaron en rueda de prensa el nuevo decreto que establece el curriculum del Bachillerato en la Comunitat, aprobado el viernes pasado por el pleno del Consell.
En referencia a cuáles serán las asignaturas que la Generalitat establecerá que se impartirán el curso próximo en inglés, tal y como el mismo decreto marca, Concha Gómez afirmó que "existe la posibilidad" de que sea la nueva materia de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, la que se imparta en lengua extranjera, "ya que como es una miscelánea que trata temas muy diversos se podrían encontrar profesores con competencia lingüística en inglés".
Sin embargo, la apuesta por el inglés anunciada ayer por Font de Mora no se cumple con hechos en Educación Infantil según el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv). Este colectivo critico ayer en un comunicado que la conselleria "no tiene ninguna intención de cumplir la Ley Orgánica de Educación (LOE) en la incorporación del inglés en Educación Infantil".
Se incumple la LOE, según el Stepv
La normativa estatal ordena la introducción de la lengua extranjera al final del segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años) para el próximo curso. Gómez avanzó la semana pasada que la Generalitat implantaría el Inglés en las clases de 5 años el próximo curso.
Desde el Stepv, Jaume Llopis, informó ayer que el proyecto de resolución que les ha presentado la conselleria para la implantación de este idioma "no contempla contratar maestros para dar la asignatura en Infantil, puesto que sólo aprobará las peticiones de los colegios siempre que no contemplen un aumento del profesorado".
Según el sindicato, Educación debería "facilitar profesorado habilitado en inglés" de apoyo al profesorado de infantil, o "hacer un plan de choque de formación" que permita a los profesionales de esta etapa educativa incorporar la lengua extranjera adecuadamente. Según Llopis, el Consell "se ha gastado todo el dinero en dar Ciudadanía en ingles, que no es obligatorio, mientras en Infantil, que si que es obligatorio, no hace nada".
Los centros pueden pedir implantar el iones en Infantil hasta el 31 de octubre, con lo que para el Stepv "no habrá ningún programa en marcha hasta 2009".
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El tránsfuga del PSPV de Dénia ganará 44.671 euros
ARTURO RUIZ
El concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Dénia, el ex socialista Juan Collado, se ha convertido en el hombre fuerte del nuevo gobierno de la alcaldesa Ana Kringe, del PP. Ya no sólo porque, con una remuneración anual de 44.671 euros, será uno de los tres ediles con dedicación exclusiva -junto a la regidora y al edil del PP Xisco Signes-, sino porque liderará la comisión anticorrupción de asuntos urbanísticos aprobada ayer en un tenso pleno.
En la sesión de ayer, Collado se erigió además en el portavoz del nuevo ejecutivo [integrado por el PP y otros tres partidos políticos] y advirtió de que la comisión que él presidirá hará que los ediles de PSPV y BNV "acaben ante la justicia". "Ustedes deberán declarar ante la juez por qué hubo facturas que se pagaron hasta dos y tres veces", añadió.
Por su parte, los socialistas consideran que la remuneración de Collado es ilegal porque vulnera la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local que establece que un concejal del Grupo No Adscrito no puede cobrar más dinero del que hubiera percibido cuando pertenecía al grupo del partido por el que se presentó a las elecciones, en este caso el PSPV. Así, el edil socialista Vicent Grimalt señaló que el tránsfuga sólo debería cobrar 1.200 euros al mes.
El gobierno local defendió que los nuevos sueldos municipales supondrán un ahorro para las arcas municipales de 111.000 euros en 2008 y 223.000 para 2009. El portavoz del PP, Vicent Chelet, explicó que esta rebaja se debe al hecho de que se hayan reducido los ediles liberados de los 8 que mantenían PSPV y BNV a tan sólo 3. Kringe cobrará lo mismo que su antecesora, Paqui Viciano: 47.000 euros. La oposición, en cambio, advierte de que estas cifras son engañosas, ya que los cuatro tenientes de alcalde que no están liberados cobrarán por asistencia a órganos municipales 1.500 euros, lo que aumentará el gasto.
El PSPV criticó el reparto de delegaciones que, en su opinión, demuestra que los cinco socios de gobierno no se fían a la hora de gestionar el urbanismo, área en la que intervendrán, además del propio Collado, la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font (Planeamiento Urbanístico), el de Gent de Dénia, Miguel Llobell (Licencias) y el del PP, Vicent Chelet (Grandes Proyectos). Grimalt reveló además que el PP ha vetado el despacho de Planeamiento Urbanístico a los funcionarios: "Han cambiado las cerraduras".
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El tránsfuga socialista de Dénia cobrará el triple que antes de entregar la alcaldía al PP
El edil pasará de percibir 14.400 euros al año a 44.671. El PSPV advierte que la ley impide que un concejal no adscrito tenga más salario que uno de un grupo municipal
M. J. Mascarell Pastor, Dénia
El concejal tránsfuga del PSPV, Juan Collado, pasará de cobrar 14.400 euros anuales a 44.671 por ser uno de los tres ediles con dedicación exclusiva en el nuevo pentapartito. Es decir, el díscolo recibía 1.200 euros al mes (el máximo permitido) como concejal del PSPV por asistir a plenos, comisiones y otros órganos colegiados. Ahora, como edil no adscrito a ningún grupo pero liberado, ingresará el triple que cuando era miembro del PSPV y de la corporación que presidía la socialista Paqui Viciano. Ayer, PP, CU, GD, PSD y el tránsfuga hicieron valer su mayoría para aprobar una moción de alcaldía sobre los ediles con dedicación exclusiva y sus retribuciones correspondientes. En el pleno extraordinario celebrado ayer también se dio cuenta de las nuevas delegaciones y miembros de la Junta de Gobierno Local.
Por su parte, PSPV y Bloc pidieron al equipo de gobierno que dejara sobre la mesa el asunto ante la posibilidad de que el nuevo sueldo de Collado no sea legal. En este sentido, el portavoz del PSPV, Vicent Grimalt, aseguró ayer que el gobierno local, "después de saltarse a la torera el pacto antitransfugismo, puede saltarse a la torera el artículo 73.3 de la ley de Régimen Local". Este artículo reza: "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
Según explicó ayer Grimalt, un tránsfuga, de acuerdo a la ley, "no puede tener una retribución mayor que cuando pertenecía a un grupo municipal". Por eso, "pedimos que el asunto quede sobre la mesa hasta que se hagan los informes pertinentes desde secretaría e intervención para aclarar si Collado puede cobrar más que antes de ser edil no adscrito". El portavoz socialista acabó su intervención afirmando que "es lo que se paga a un tránsfuga por apoyar una moción de censura".
El nuevo concejal de Aguas y Medio Ambiente le replicó a Grimalt que "no voy a cobrar ni un céntimo más de lo que cobraba usted" y, además, Collado advirtió que su nuevo sueldo "es por el bien de la ciudad. Los que tendrán que responder delante de la justicia seréis vosotros".
Por su parte, el edil de Hacienda, Vicente Chelet, del PP, desveló ayer que con el paso de 8 a 3 concejales con dedicación exclusiva en el ayuntamiento dianense, el nuevo equipo de gobierno conseguirá un ahorro de 111.000 euros en lo que queda de año, mientras que en 2009, las arcas municipales contarán con 223.000 euros más que en la etapa PSPV-Bloc. Ese dinero, según Vicente Chelet, "irá a parar a partidas sociales para el bienestar de los ciudadanos".
El Bloc espera al recuento
Sin embargo, el portavoz del Bloc, Pau Reig, advirtió que el organigrama municipal aún no está claro y, por lo tanto, "cuando se sepa cuántos asesores y cargos de confianza tiene el nuevo gobierno, entonces se podrá hacer una comparativa real". El nacionalista, que aplaudió la línea de ahorro iniciada por el pentapartito, también apuntó la necesidad de seguir con el plan económico-financiero heredado del anterior equipo de gobierno. Según el PP, están esperado que el ex edil de Hacienda entregue todos los documentos. Otras preguntas del Bloc se centran en cómo funcionará la anunciada comisión anticorrupción así como qué pasará con la concejalía de Normalización Lingüística porque "ha desaparecido del organigrama". Collado aseguró que "el departamento de Normalización Lingüística se lo cargó la anterior concejala (Susana Mefford, del PSPV) porque el técnico solicitó la baja por desavenencias con la edil".
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La concejala del escándalo de Benitatxell compra todos los ejemplares de Levante-EMV al verse en portada
La edil se enzarza en una bronca en un bar, acude la policía y acaba en denuncias por amenazas
V.X.C.R., Benitatxell
La temperatura política sigue subiendo por momentos en el Poble Nou de Benitatxell. Las detenciones del alcalde, Juan Cardona y la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, por presunta corrupción urbanística siguen siendo el comentario generalizado de las fiestas que se celebran durante estos días. Pero todavía hay más. El sábado la edil austríaca del Partido Independiente Democrático de Benitatxell protagonizó un hecho insólito con la compra de todos los ejemplares que había del diario Levante-EMV en una gran superficie de alimentación del municipio. La concejala independiente adquirió los periódicos después de comprobar que salía en portada junto al primer edil y con algunas de las manifestaciones que realizó durante la jornada anterior. En una edición de este rotativo en la que intentó explicar qué había ocurrido para que fuese detenida por la Guardia Civil por haber pedido supuestamente -ella y el alcalde- 50.000 euros a un constructor para que sus terrenos pasaran de rústicos a urbanizables en el PGOU.
Fue una comparecencia en la que visiblemente alterada dijo que si "esta era la manera de hacer política en España" le parecía "una mierda" para señalar después que pensaba en dimitir. La primera teniente de alcalde efectuó la compra de los periódicos ataviada con la chilaba de su "filà" -Al-Moraig- en un parón en las fiestas de Moros y Cristianos que se desarrollaron el pasado fin de semana.
Pilar Romero, propietaria de la cafetería del supermercado, indicó a este diario que Hannelore Rheindorf pasó por delante del establecimiento y se cruzaron las miradas. Acto seguido -según la versión de la hostelera- la edil austríaca entró al bar y le preguntó si pasaba algo a lo que la dueña le respondió que si no estaba contenta con la política de aquí "que se vaya a su país". Pilar Romero explicó que había leído sus declaraciones y que no entendía porque la concejal se molestaba. A partir de ahí se enzarzaron en una fuerte discusión. "Ella me dijo que iba a llamar a la policía y yo le respondí que si llamaba a sus agentes yo llamaría a los míos". Y así fue, Rheindorf pidió la ayuda de la Policía Local de Benitatxell y Romero telefoneó a la Guardia Civil. Esta última relató que antes la edil le había dicho que se iba a encargar de "cerrarle la boca", lo que fue entendido como "amenaza".
Fue un momento tenso puesto que según el relato de la dueña del bar el alcalde, Juan Cardona, también se acercó a ver lo que ocurría. "La edil le dijo que yo me había metido con ellos, a lo que yo le respondí que contra el señor alcalde no había dicho nada". El primer edil se fue. Rheindorf explicó ayer que la discusión tenía sus antecedentes, ya que se conocían de una urbanización. "No tengo nada que decir" añadió, para concretar que había puesto una denuncia ante la Guardia Civil por todo lo sucedido. La hostelera dijo que ella hizo lo propio en la Benemérita de Xàbia.
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El TSJ reclama al Consell el expediente de la asignatura Educación para la Ciudadanía
CC OO exige la suspensión de la orden
Europa Press, Valencia
La Conselleria de Educación valenciana ha emitido una resolución por la que se acuerda presentar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el expediente referido al recurso contencioso administrativo que el sindicato CC OO interpuso contra la orden que regula el desarrollo de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ahora, la Administración podrá presentar en el plazo de nueve días sus argumentaciones que irán en el línea de mantener la disposición recurrida.
La resolución, que publicaba ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, recuerda que el TSJCV ha reclamado al Consell el expediente referido al recurso interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO PV contra la orden de 10 de junio de la Conselleria de Educación por la que se establecen las formas de organización pedagógica para impartir la materia EpC en ESO. Así, se acuerda remitir al tribunal el expediente administrativo y emplazar a los interesados a fin de que puedan comparecer en esta vía en el plazo de nueve días,.
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Usuarios del metro denuncian al Síndic de Greuges sus deficiencias
Lo califican de transporte "lamentable"
Efe, Valencia
La Plataforma de Usurarios del Metro de Valencia formalizó ayer una denuncia ante la Sindicatura de Greuges por el "lamentable funcionamiento" de este transporte público, acompañada también de 300 firmas recogidas con el fin de dejar patente el malestar que sienten los viajeros tras casi diez meses de huelga por parte de este transporte.
La Plataforma recordó en el comunicado que la Generalitat Valenciana, después de casi diez meses de huelgas del Metro de Valencia "es incapaz de solucionar este conflicto que afecta de manera muy seria a la movilidad de los dos millones de vecinos de las casi cuarenta poblaciones que se comunican con la red de metro valenciana".
En el escrito remitido a la Sindicatura afirman que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "mantiene un permanente conflicto con los trabajadores, una alta conflictividad laboral que provoca la convocatoria de paros prolongados que están deteriorando el servicio y acabando con la paciencia de los usuarios".
Los afectados esperan que "sean capaces de acabar con esta pesadilla y que se tomen en serio potenciar y mejorar el funcionamiento de este transporte colectivo, una infraestructura ya existente, que no necesita del petróleo y que puede trasladar a centenares de miles de usuarios, evitando la contaminación".
Además, los viajeros sugieren otras medidas tales como: ampliar el servicio hasta la una de la madrugada para las localidades de área metropolitana de Valencia; que la frecuencia de paso sea cada cinco minutos y no cada 15, 20 o 30, como ocurre en algunas poblaciones; que haya servicio nocturno los fines de semana y vísperas de festivos; que se mantengan en condiciones perfectas de uso las unidades para poder viajar sin riesgos; y que se invierta más en comprar un mayor número de trenes para poder satisfacer la verdadera demanda de horarios.
Desde la Plataforma se pide que para que todo esto se cumpla es preciso "un compromiso firme y decidido de la Generalitat, un compromiso que hasta ahora no ha existido" y se incide en que se invierta en lo que "realmente preocupa" a los ciudadanos para lograr "un metro con las prestaciones de cualquier ciudad europea como puede ser Madrid o Barcelona".
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El Hospital General critica la actuación de la inspección médica de la Generalitat
Considera que su actuación "no es entendible, ni razonable", ni legal
Levante-EMV, Valencia
La Dirección del Consorcio del Hospital General de Valencia emitió ayer un comunicado en relación a la noticia aparecida en los medios de comunicación el domingo 13 de julio sobre la indemnización de 109.000 euros a la pareja de un hombre que falleció en mayo de 2003 por una incorrecta atención sanitaria.
La Dirección del Consorcio del Hospital General de Valencia (CHGV) destaca en la nota que acata y respeta las resoluciones de la Conselleria de Sanidad, aunque, "no obstante, no puede compartir el sentido de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que es frontalmente contrario al del Juzgado de Instrucción nº 5 Valencia".
Dicho dictamen, añade el texto, "se limita a reproducir el informe de un médico inspector que no ha considerado ni los hechos probados en la sede judicial ni ha seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto". El CHGV recuerda que en julio de 2004 el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia "dictó auto de archivo de las actuaciones penales relacionadas con esta reclamación, al considerar que en la actuación de los facultativos del CHGV no se produjo negligencia médica".
"Se cumplió el protocolo sanitario"
"Como se acredita en el propio auto de archivo -continua-, los servicios sanitarios del CHGV cumplieron en todo momento con el protocolo sanitario descrito para la sintomatología que presentaba el paciente (V.M.). Por tanto, no hubo incumplimiento de la Lex Artis y se cumplió con el estándar sanitario del Servicio de Urgencias".
La dirección del hospital expresa que "no es entendible ni razonable, ni acorde al procedimiento legal establecido, que la inspección médica realice una valoración de los hechos sin atender al testimonio judicial de los facultativos ni al propio informe de funcionamiento del servicio sanitario" que remitió el CHGV. "Prueba de ello es que el informe del médico inspector se redactó casi dos meses antes de que el Hospital General remitiese el obligatorio informe de funcionamiento", concluye la nota.
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Se senten marginats perquè no els han donat una seu que no han demanat? Per què creu Camps que els valencians som imbècils? Potser perquè tragué un 52% en les Autonòmiques?
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El Consell nunca pidió que Alicante fuera sede de la Unión por el Mediterráneo
José Parrilla, Valencia
La Generalitat Valenciana no ha pedido ni verbalmente ni por escrito que la ciudad de Alicante sea la sede de la Unión por el Mediterráneo, institución para la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el pasado fin de semana a Barcelona. Así lo aseguró ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien defendió la candidatura de la ciudad condal por el papel protagonista que ha jugado en este proyecto desde su origen.
La polémica saltó el pasado domingo cuando el presidente del Gobierno, en el marco de la cumbre del Mediterráneo celebrada en París, propuso oficialmente a Barcelona para acoger el secretariado de la Unión por el Mediterráneo, un privilegio al que también optan Marruecos, Malta y Túnez. Tras conocer la noticia, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, lamentó que el presidente no hubiera apostado por Alicante, donde está previsto que se cree la Casa del Mediterráneo, y habló de nuevo de discriminación hacia esta comunidad.
Ayer, Ricardo Peralta, aseguró no recordar que "Rambla haya pedido ninguna reunión al Gobierno ni haya remitido ningún escrito ni propuesta para que Alicante sea la sede de la Unión por el Mediterráneo". "Sólo ahora he oido críticas", añadió.
Defensa de Barcelona
Peralta defendió, incluso, la idoneidad de la capital propuesta por Zapatero. "Barcelona -dijo- fue el origen de este proyecto, en el que jugó un papel protagonista. Que Barcelona sea la sede nos parece una propuesta acertada. No obstante, cualquier idea, si es que la tiene el Gobierno valenciano, bueno sería que la planteara primero y la defendiera en contacto con el Gobierno de España", precisó.
Las palabras de Peralta, sin embargo, no hicieron sino alentar el debate. El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, dijo ayer que el Consell ha sido "muy claro", al anunciar el domingo que pedirá al Gobierno que proponga la candidatura de Alicante.
Costa afirmó que esa es la posición del Ejecutivo valenciano, pero señaló que si se requiere "un formalismo más extenso que sea indispensable" para que Peralta defienda que la sede esté en Alicante, el Consell "lo hará", aunque cree que se trata de "excusas de mal pagador".
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