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NEUS CABALLER
Los alumnos valencianos serán los que más carga lectiva tengan de España
Los alumnos valencianos de Bachillerato serán, de momento, los que más carga lectiva tendrán del territorio nacional. El nuevo decreto de Bachillerato -aprobado el viernes por el Consell, sin el consenso de los sindicatos del sector público y con el aval de las patronales privadas- eleva el horario lectivo semanal a 34 horas (dos más de las que se daban). El incremento es fruto de la apuesta del Gobierno autonómico del PP por mantener dentro de la programación lectiva las dos horas de clases de Religión en detrimento de las de Filosofía.
Educación releva a un director de IES por el "tamaño de la letra" del proyecto
Esta férrea defensa del catecismo en horario lectivo choca, no obstante, con la legislación española que obliga al Estado a ofrecer formación religiosa, pero siempre con carácter voluntario. Y trasciende de lejos el espíritu de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se aplicará gradualmente a partir del próximo curso, que saca fuera del currículum oficial la Religión, al establecer que no es una materia puntuable para pasar de curso o acceder a la Universidad.
Pese a ello, la Generalitat ha seguido adelante con su apuesta de "interpretar la LOE de forma favorable a sus intereses políticos y partidistas", denunció ayer el STEPV, "y favorecer a las patronales religiosas".
Este cambalache ha acabado por impactar directamente sobre la asignación de horas docentes y la organización de diversas materias comunes u optativas de carácter eminentemente científico, tecnológico o artístico, que sí son evaluables y puntuables para superar el curso y obtener el título de Bachiller, según coincidieron en señalar CC OO y UGT, que exigen que "la Religión se sitúe fuera del catálogo de materias comunes". Los tres sindicatos quieren, además, que se recupere en la orden posterior que desarrollará este decreto "la vertiente tecnológica en la modalidad del nuevo Bachillerato Científico tecnológico".
Pese a que todas estas enmiendas estaban encima de la mesa técnica de negociación, el responsable autonómico de Educación, Alejandro Font de Mora, zanjó ayer el asunto en una conferencia de prensa ex professo para defender el decreto valenciano y su apuesta por impartir más asignaturas en inglés -además, de la recurrida Educación para la Ciudadanía- como idioma vehicular. "Este consejero y el Gobierno valenciano han hecho una apuesta clara por el multilingüismo y, en especial, el inglés, que es la lengua del futuro a nivel internacional". Y adelantó que "en el nuevo Bachillerato tendrá más presencia". De hecho, anunció que estudia "introducir el inglés en Historia del Mundo Contemporáneo", una materia de nuevo cuño nacida de la LOE. "Ésta es la primera autonomía que, de manera sistemática, aplica el inglés como lengua vehicular. El inglés ya no es cosa de colegios de ricos, el inglés está en la escuela pública".
Font de Mora responsabilizó del retraso en la publicación del decreto valenciano al Gobierno socialista por "su retraso de más de 10 meses en aprobar el Real Decreto de Bachilleratos, en noviembre de 2007". Y destacó la "novedad" valenciana que "permite a los alumnos el cambio de modalidad en cualquier curso, como medida para combatir el fracaso escolar; y favorece que los jóvenes, que a los 16 años hayan podido equivocar la elección, orientar el currículum al selectivo o a sus intereses de cara a la carrera universitaria". "En línea", confió, "con el borrador de selectividad que las autonomías conocemos".
Entretanto, Educación revocó el nombramiento de Joaquín Cos Delgado como director del IES Mediterráneo de Torrevieja, "un profesor con 35 años de servicio, porque el tamaño de la letra Times de su programa era 0,5 puntos más pequeña de lo estipulado", denunció UGT, que acusó de "caciquismo" al Consell, ya que "en lo que va de año, lleva cinco directores depurados por su filiación progresista".
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Estaba escrito con un tipo medio punto más pequeño de lo estipulado
Levante-EMV, Valencia
El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) denunció ayer en un comunicado que la Conselleria de Educación ha revocado el nombramiento de un profesor como director del IES Mediterráneo de Torrevieja por haber detectado que el programa con el que se presentó estaba escrito con un tamaño de letra 0,5 puntos más pequeño de lo estipulado.
El damnificado es Joaquín Cos Delgado, "profesor con más de 35 años de servicio, 16 de ellos ejercidos como director de un colegio", según han señalado desde UGT a través de un comunicado, en el que subrayan que fue el candidato seleccionado por una comisión formada por representantes de la administración educativa, padres y profesores y que eligió entre un total de tres aspirantes.
Las bases de la convocatoria establecían que la selección se basaría en el programa presentado por los candidatos -documento que no debía superar las 50 páginas y tenía que estar escrito en letra Times New Roman a tamaño 10- y por los méritos académicos y profesionales de los candidatos.
La directora actual del centro -y entonces también aspirante al cargo- reclamó porque el programa del elegido por la comisión estaba escrito a tamaño 9,5, petición que fue desestimada por ésta, que recordó que en los proyectos del resto de candidatos también se habían detectado pequeños errores similares, según estas mismas fuentes.
La actual directora del centro recurrió ante la conselleria, desde donde el director de Personal, David Barelles Adsuara, dictó una resolución en la que volvía a desestimar la solicitud de recusación de los profesores pero atendía la parte de la reclamación referida al tamaño de la letra empleada por Joaquín Cos.
Finalmente, la Conselleria ha nombrado a la anterior directora y a su vez aspirante como directora del centro, mientras que el tercer candidato ha ocupado el puesto de jefe de estudios.
En opinión de UGT, esta decisión de excluir al candidato seleccionado por la comisión se debe a que Joaquín Cos "es miembro del Consejo escolar de Torrevieja, ha sido concejal socialista y siempre ha mantenido públicamente una postura contraria a la política de barracones".
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Estudia dar en lengua extranjera la nueva asignatura de Bachillerato
R. Montaner / E. Press, Valencia
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, destacó ayer durante la presentación del nuevo Decreto de Bachillerato, aprobado por el Consell, "que la Comunitat Valenciana va a ser la primera autonomía que aplique el inglés de una manera sistemática como lengua vehicular en la enseñanza pública".
Para el responsable de Educación es "muy importante", que parte del Bachillerato sea impartido en inglés, "ya que el borrador sobre las características de nueva selectividad, que depende del Gobierno central y que va circulando por ahí, incluye una prueba de esta lengua extranjera oral". "Ahora para que un alumno tenga una asignatura en inglés no hace falta ir a un colegio de ricos" señaló.
En este sentido, y tras la polémica decisión de la Generalitat de impartir en inglés la asignatura de Educación Para la Ciudadanía (EpC), el departamento que dirige Font de Mora dejó ayer abierta la puerta a que la nueva asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que será común para todo el alumnado de primero de Bachillerato a partir del próximo curso, sea impartida también en inglés.
Así lo indicó ayer la secretaria autonómica de Educación, Cocha Gómez que, junto con el conseller, presentaron en rueda de prensa el nuevo decreto que establece el curriculum del Bachillerato en la Comunitat, aprobado el viernes pasado por el pleno del Consell.
En referencia a cuáles serán las asignaturas que la Generalitat establecerá que se impartirán el curso próximo en inglés, tal y como el mismo decreto marca, Concha Gómez afirmó que "existe la posibilidad" de que sea la nueva materia de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, la que se imparta en lengua extranjera, "ya que como es una miscelánea que trata temas muy diversos se podrían encontrar profesores con competencia lingüística en inglés".
Sin embargo, la apuesta por el inglés anunciada ayer por Font de Mora no se cumple con hechos en Educación Infantil según el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv). Este colectivo critico ayer en un comunicado que la conselleria "no tiene ninguna intención de cumplir la Ley Orgánica de Educación (LOE) en la incorporación del inglés en Educación Infantil".
Se incumple la LOE, según el Stepv
La normativa estatal ordena la introducción de la lengua extranjera al final del segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años) para el próximo curso. Gómez avanzó la semana pasada que la Generalitat implantaría el Inglés en las clases de 5 años el próximo curso.
Desde el Stepv, Jaume Llopis, informó ayer que el proyecto de resolución que les ha presentado la conselleria para la implantación de este idioma "no contempla contratar maestros para dar la asignatura en Infantil, puesto que sólo aprobará las peticiones de los colegios siempre que no contemplen un aumento del profesorado".
Según el sindicato, Educación debería "facilitar profesorado habilitado en inglés" de apoyo al profesorado de infantil, o "hacer un plan de choque de formación" que permita a los profesionales de esta etapa educativa incorporar la lengua extranjera adecuadamente. Según Llopis, el Consell "se ha gastado todo el dinero en dar Ciudadanía en ingles, que no es obligatorio, mientras en Infantil, que si que es obligatorio, no hace nada".
Los centros pueden pedir implantar el iones en Infantil hasta el 31 de octubre, con lo que para el Stepv "no habrá ningún programa en marcha hasta 2009".
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ARTURO RUIZ
El concejal tránsfuga del Ayuntamiento de Dénia, el ex socialista Juan Collado, se ha convertido en el hombre fuerte del nuevo gobierno de la alcaldesa Ana Kringe, del PP. Ya no sólo porque, con una remuneración anual de 44.671 euros, será uno de los tres ediles con dedicación exclusiva -junto a la regidora y al edil del PP Xisco Signes-, sino porque liderará la comisión anticorrupción de asuntos urbanísticos aprobada ayer en un tenso pleno.
En la sesión de ayer, Collado se erigió además en el portavoz del nuevo ejecutivo [integrado por el PP y otros tres partidos políticos] y advirtió de que la comisión que él presidirá hará que los ediles de PSPV y BNV "acaben ante la justicia". "Ustedes deberán declarar ante la juez por qué hubo facturas que se pagaron hasta dos y tres veces", añadió.
Por su parte, los socialistas consideran que la remuneración de Collado es ilegal porque vulnera la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local que establece que un concejal del Grupo No Adscrito no puede cobrar más dinero del que hubiera percibido cuando pertenecía al grupo del partido por el que se presentó a las elecciones, en este caso el PSPV. Así, el edil socialista Vicent Grimalt señaló que el tránsfuga sólo debería cobrar 1.200 euros al mes.
El gobierno local defendió que los nuevos sueldos municipales supondrán un ahorro para las arcas municipales de 111.000 euros en 2008 y 223.000 para 2009. El portavoz del PP, Vicent Chelet, explicó que esta rebaja se debe al hecho de que se hayan reducido los ediles liberados de los 8 que mantenían PSPV y BNV a tan sólo 3. Kringe cobrará lo mismo que su antecesora, Paqui Viciano: 47.000 euros. La oposición, en cambio, advierte de que estas cifras son engañosas, ya que los cuatro tenientes de alcalde que no están liberados cobrarán por asistencia a órganos municipales 1.500 euros, lo que aumentará el gasto.
El PSPV criticó el reparto de delegaciones que, en su opinión, demuestra que los cinco socios de gobierno no se fían a la hora de gestionar el urbanismo, área en la que intervendrán, además del propio Collado, la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font (Planeamiento Urbanístico), el de Gent de Dénia, Miguel Llobell (Licencias) y el del PP, Vicent Chelet (Grandes Proyectos). Grimalt reveló además que el PP ha vetado el despacho de Planeamiento Urbanístico a los funcionarios: "Han cambiado las cerraduras".
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El edil pasará de percibir 14.400 euros al año a 44.671. El PSPV advierte que la ley impide que un concejal no adscrito tenga más salario que uno de un grupo municipal
M. J. Mascarell Pastor, Dénia
El concejal tránsfuga del PSPV, Juan Collado, pasará de cobrar 14.400 euros anuales a 44.671 por ser uno de los tres ediles con dedicación exclusiva en el nuevo pentapartito. Es decir, el díscolo recibía 1.200 euros al mes (el máximo permitido) como concejal del PSPV por asistir a plenos, comisiones y otros órganos colegiados. Ahora, como edil no adscrito a ningún grupo pero liberado, ingresará el triple que cuando era miembro del PSPV y de la corporación que presidía la socialista Paqui Viciano. Ayer, PP, CU, GD, PSD y el tránsfuga hicieron valer su mayoría para aprobar una moción de alcaldía sobre los ediles con dedicación exclusiva y sus retribuciones correspondientes. En el pleno extraordinario celebrado ayer también se dio cuenta de las nuevas delegaciones y miembros de la Junta de Gobierno Local.
Por su parte, PSPV y Bloc pidieron al equipo de gobierno que dejara sobre la mesa el asunto ante la posibilidad de que el nuevo sueldo de Collado no sea legal. En este sentido, el portavoz del PSPV, Vicent Grimalt, aseguró ayer que el gobierno local, "después de saltarse a la torera el pacto antitransfugismo, puede saltarse a la torera el artículo 73.3 de la ley de Régimen Local". Este artículo reza: "los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".
Según explicó ayer Grimalt, un tránsfuga, de acuerdo a la ley, "no puede tener una retribución mayor que cuando pertenecía a un grupo municipal". Por eso, "pedimos que el asunto quede sobre la mesa hasta que se hagan los informes pertinentes desde secretaría e intervención para aclarar si Collado puede cobrar más que antes de ser edil no adscrito". El portavoz socialista acabó su intervención afirmando que "es lo que se paga a un tránsfuga por apoyar una moción de censura".
El nuevo concejal de Aguas y Medio Ambiente le replicó a Grimalt que "no voy a cobrar ni un céntimo más de lo que cobraba usted" y, además, Collado advirtió que su nuevo sueldo "es por el bien de la ciudad. Los que tendrán que responder delante de la justicia seréis vosotros".
Por su parte, el edil de Hacienda, Vicente Chelet, del PP, desveló ayer que con el paso de 8 a 3 concejales con dedicación exclusiva en el ayuntamiento dianense, el nuevo equipo de gobierno conseguirá un ahorro de 111.000 euros en lo que queda de año, mientras que en 2009, las arcas municipales contarán con 223.000 euros más que en la etapa PSPV-Bloc. Ese dinero, según Vicente Chelet, "irá a parar a partidas sociales para el bienestar de los ciudadanos".
El Bloc espera al recuento
Sin embargo, el portavoz del Bloc, Pau Reig, advirtió que el organigrama municipal aún no está claro y, por lo tanto, "cuando se sepa cuántos asesores y cargos de confianza tiene el nuevo gobierno, entonces se podrá hacer una comparativa real". El nacionalista, que aplaudió la línea de ahorro iniciada por el pentapartito, también apuntó la necesidad de seguir con el plan económico-financiero heredado del anterior equipo de gobierno. Según el PP, están esperado que el ex edil de Hacienda entregue todos los documentos. Otras preguntas del Bloc se centran en cómo funcionará la anunciada comisión anticorrupción así como qué pasará con la concejalía de Normalización Lingüística porque "ha desaparecido del organigrama". Collado aseguró que "el departamento de Normalización Lingüística se lo cargó la anterior concejala (Susana Mefford, del PSPV) porque el técnico solicitó la baja por desavenencias con la edil".
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La edil se enzarza en una bronca en un bar, acude la policía y acaba en denuncias por amenazas
V.X.C.R., Benitatxell
La temperatura política sigue subiendo por momentos en el Poble Nou de Benitatxell. Las detenciones del alcalde, Juan Cardona y la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, por presunta corrupción urbanística siguen siendo el comentario generalizado de las fiestas que se celebran durante estos días. Pero todavía hay más. El sábado la edil austríaca del Partido Independiente Democrático de Benitatxell protagonizó un hecho insólito con la compra de todos los ejemplares que había del diario Levante-EMV en una gran superficie de alimentación del municipio. La concejala independiente adquirió los periódicos después de comprobar que salía en portada junto al primer edil y con algunas de las manifestaciones que realizó durante la jornada anterior. En una edición de este rotativo en la que intentó explicar qué había ocurrido para que fuese detenida por la Guardia Civil por haber pedido supuestamente -ella y el alcalde- 50.000 euros a un constructor para que sus terrenos pasaran de rústicos a urbanizables en el PGOU.
Fue una comparecencia en la que visiblemente alterada dijo que si "esta era la manera de hacer política en España" le parecía "una mierda" para señalar después que pensaba en dimitir. La primera teniente de alcalde efectuó la compra de los periódicos ataviada con la chilaba de su "filà" -Al-Moraig- en un parón en las fiestas de Moros y Cristianos que se desarrollaron el pasado fin de semana.
Pilar Romero, propietaria de la cafetería del supermercado, indicó a este diario que Hannelore Rheindorf pasó por delante del establecimiento y se cruzaron las miradas. Acto seguido -según la versión de la hostelera- la edil austríaca entró al bar y le preguntó si pasaba algo a lo que la dueña le respondió que si no estaba contenta con la política de aquí "que se vaya a su país". Pilar Romero explicó que había leído sus declaraciones y que no entendía porque la concejal se molestaba. A partir de ahí se enzarzaron en una fuerte discusión. "Ella me dijo que iba a llamar a la policía y yo le respondí que si llamaba a sus agentes yo llamaría a los míos". Y así fue, Rheindorf pidió la ayuda de la Policía Local de Benitatxell y Romero telefoneó a la Guardia Civil. Esta última relató que antes la edil le había dicho que se iba a encargar de "cerrarle la boca", lo que fue entendido como "amenaza".
Fue un momento tenso puesto que según el relato de la dueña del bar el alcalde, Juan Cardona, también se acercó a ver lo que ocurría. "La edil le dijo que yo me había metido con ellos, a lo que yo le respondí que contra el señor alcalde no había dicho nada". El primer edil se fue. Rheindorf explicó ayer que la discusión tenía sus antecedentes, ya que se conocían de una urbanización. "No tengo nada que decir" añadió, para concretar que había puesto una denuncia ante la Guardia Civil por todo lo sucedido. La hostelera dijo que ella hizo lo propio en la Benemérita de Xàbia.
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CC OO exige la suspensión de la orden
Europa Press, Valencia
La Conselleria de Educación valenciana ha emitido una resolución por la que se acuerda presentar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el expediente referido al recurso contencioso administrativo que el sindicato CC OO interpuso contra la orden que regula el desarrollo de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ahora, la Administración podrá presentar en el plazo de nueve días sus argumentaciones que irán en el línea de mantener la disposición recurrida.
La resolución, que publicaba ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, recuerda que el TSJCV ha reclamado al Consell el expediente referido al recurso interpuesto por la Confederación Sindical de CCOO PV contra la orden de 10 de junio de la Conselleria de Educación por la que se establecen las formas de organización pedagógica para impartir la materia EpC en ESO. Así, se acuerda remitir al tribunal el expediente administrativo y emplazar a los interesados a fin de que puedan comparecer en esta vía en el plazo de nueve días,.
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Lo califican de transporte "lamentable"
Efe, Valencia
La Plataforma de Usurarios del Metro de Valencia formalizó ayer una denuncia ante la Sindicatura de Greuges por el "lamentable funcionamiento" de este transporte público, acompañada también de 300 firmas recogidas con el fin de dejar patente el malestar que sienten los viajeros tras casi diez meses de huelga por parte de este transporte.
La Plataforma recordó en el comunicado que la Generalitat Valenciana, después de casi diez meses de huelgas del Metro de Valencia "es incapaz de solucionar este conflicto que afecta de manera muy seria a la movilidad de los dos millones de vecinos de las casi cuarenta poblaciones que se comunican con la red de metro valenciana".
En el escrito remitido a la Sindicatura afirman que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "mantiene un permanente conflicto con los trabajadores, una alta conflictividad laboral que provoca la convocatoria de paros prolongados que están deteriorando el servicio y acabando con la paciencia de los usuarios".
Los afectados esperan que "sean capaces de acabar con esta pesadilla y que se tomen en serio potenciar y mejorar el funcionamiento de este transporte colectivo, una infraestructura ya existente, que no necesita del petróleo y que puede trasladar a centenares de miles de usuarios, evitando la contaminación".
Además, los viajeros sugieren otras medidas tales como: ampliar el servicio hasta la una de la madrugada para las localidades de área metropolitana de Valencia; que la frecuencia de paso sea cada cinco minutos y no cada 15, 20 o 30, como ocurre en algunas poblaciones; que haya servicio nocturno los fines de semana y vísperas de festivos; que se mantengan en condiciones perfectas de uso las unidades para poder viajar sin riesgos; y que se invierta más en comprar un mayor número de trenes para poder satisfacer la verdadera demanda de horarios.
Desde la Plataforma se pide que para que todo esto se cumpla es preciso "un compromiso firme y decidido de la Generalitat, un compromiso que hasta ahora no ha existido" y se incide en que se invierta en lo que "realmente preocupa" a los ciudadanos para lograr "un metro con las prestaciones de cualquier ciudad europea como puede ser Madrid o Barcelona".
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Considera que su actuación "no es entendible, ni razonable", ni legal
Levante-EMV, Valencia
La Dirección del Consorcio del Hospital General de Valencia emitió ayer un comunicado en relación a la noticia aparecida en los medios de comunicación el domingo 13 de julio sobre la indemnización de 109.000 euros a la pareja de un hombre que falleció en mayo de 2003 por una incorrecta atención sanitaria.
La Dirección del Consorcio del Hospital General de Valencia (CHGV) destaca en la nota que acata y respeta las resoluciones de la Conselleria de Sanidad, aunque, "no obstante, no puede compartir el sentido de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que es frontalmente contrario al del Juzgado de Instrucción nº 5 Valencia".
Dicho dictamen, añade el texto, "se limita a reproducir el informe de un médico inspector que no ha considerado ni los hechos probados en la sede judicial ni ha seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto". El CHGV recuerda que en julio de 2004 el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia "dictó auto de archivo de las actuaciones penales relacionadas con esta reclamación, al considerar que en la actuación de los facultativos del CHGV no se produjo negligencia médica".
"Se cumplió el protocolo sanitario"
"Como se acredita en el propio auto de archivo -continua-, los servicios sanitarios del CHGV cumplieron en todo momento con el protocolo sanitario descrito para la sintomatología que presentaba el paciente (V.M.). Por tanto, no hubo incumplimiento de la Lex Artis y se cumplió con el estándar sanitario del Servicio de Urgencias".
La dirección del hospital expresa que "no es entendible ni razonable, ni acorde al procedimiento legal establecido, que la inspección médica realice una valoración de los hechos sin atender al testimonio judicial de los facultativos ni al propio informe de funcionamiento del servicio sanitario" que remitió el CHGV. "Prueba de ello es que el informe del médico inspector se redactó casi dos meses antes de que el Hospital General remitiese el obligatorio informe de funcionamiento", concluye la nota.
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Se senten marginats perquè no els han donat una seu que no han demanat? Per què creu Camps que els valencians som imbècils? Potser perquè tragué un 52% en les Autonòmiques?
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polémica
El PP admite que la Generalitat hizo la petición formal el día que se propuso Barcelona
José Parrilla, Valencia
La Generalitat Valenciana no ha pedido ni verbalmente ni por escrito que la ciudad de Alicante sea la sede de la Unión por el Mediterráneo, institución para la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso el pasado fin de semana a Barcelona. Así lo aseguró ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien defendió la candidatura de la ciudad condal por el papel protagonista que ha jugado en este proyecto desde su origen.
La polémica saltó el pasado domingo cuando el presidente del Gobierno, en el marco de la cumbre del Mediterráneo celebrada en París, propuso oficialmente a Barcelona para acoger el secretariado de la Unión por el Mediterráneo, un privilegio al que también optan Marruecos, Malta y Túnez. Tras conocer la noticia, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, lamentó que el presidente no hubiera apostado por Alicante, donde está previsto que se cree la Casa del Mediterráneo, y habló de nuevo de discriminación hacia esta comunidad.
Ayer, Ricardo Peralta, aseguró no recordar que "Rambla haya pedido ninguna reunión al Gobierno ni haya remitido ningún escrito ni propuesta para que Alicante sea la sede de la Unión por el Mediterráneo". "Sólo ahora he oido críticas", añadió.
Defensa de Barcelona
Peralta defendió, incluso, la idoneidad de la capital propuesta por Zapatero. "Barcelona -dijo- fue el origen de este proyecto, en el que jugó un papel protagonista. Que Barcelona sea la sede nos parece una propuesta acertada. No obstante, cualquier idea, si es que la tiene el Gobierno valenciano, bueno sería que la planteara primero y la defendiera en contacto con el Gobierno de España", precisó.
Las palabras de Peralta, sin embargo, no hicieron sino alentar el debate. El portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, dijo ayer que el Consell ha sido "muy claro", al anunciar el domingo que pedirá al Gobierno que proponga la candidatura de Alicante.
Costa afirmó que esa es la posición del Ejecutivo valenciano, pero señaló que si se requiere "un formalismo más extenso que sea indispensable" para que Peralta defienda que la sede esté en Alicante, el Consell "lo hará", aunque cree que se trata de "excusas de mal pagador".
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13:29 La Plataforma de Usuarios del Metro de Valencia ha formalizado su denuncia ante la Sindicatura de Greuges por el "lamentable funcionamiento" de este transporte público y la han acompañado de 300 firmas que han recogido para dejar patente el malestar tras cerca de diez meses de huelga en este transporte.