11 Jul 2008
CV. 10/07/2008.
.
El TSJCV resuelve que se investiguen por separado Terra Mítica y SPTA al no hallar "conexidad delictiva"
15:28 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ha resulto que se investiguen por separado el proceso penal abierto contra Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) y otras cuatro sociedades más, y el que se instruye contra Terra Mítica Parque Temático Benidorm S.A. y otras 16 empresas, al considerar que no existe "conexidad delictiva".
EUROPA PRESS La sala emitió esta resolución después de que la pasada semana se celebrase una vista en el TSJCV para exponer los argumentos por parte del fiscal, la acusación popular y el resto de abogados implicados, sobre la viabilidad de la acumulación de las causas.
En un auto, el tribunal aclara que en los delitos fiscales denunciados e investigados, "las personas jurídicas imputadas en unas y otras diligencias son distintas", al igual que en el caso de las obras a que se refieren las facturas que dan lugar a la defraudación investigada.
La sala, además, distingue que el delito de malversación de caudales públicos, que se incluye en las imputaciones de la denuncia por la que se abren las diligencias previas de Alicante, no aparece como objeto de las diligencias previas seguidas en Valencia, ni tampoco aparece en las de Alicante el delito de defraudación en el impuesto de sociedades, que sí aparece en las de Valencia.
En el auto emitido, los magistrados añaden que no aparecen, "siquiera sea indiciariamente y al estado actual de ambas diligencias previas", que en los hechos delictivos defraudatorios "hubiere precedido concierto para la realización de los mismos, sin perjuicio de que de las investigaciones e informes de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sobre las que se basan las denuncias del ministerio fiscal que dan lugar a la apertura de ambas diligencias previas, "aparezca un modus operandi similar" en cuanto a los hechos denunciados.
Por tanto, y al considerar que "no existe la conexidad entre los hechos" objeto de las diligencias previas abiertas en Alicante y los de las que se siguen en Valencia, para la instrucción "se deben seguir dos procesos distintos y, en consecuencia, cada uno de los juzgados debe proseguir con la instrucción de la causa sometida a su competencia respectiva".
La sala concluye que "no concurren en el presente caso los presupuestos legales ni conceptuales de la conexidad delictiva, pues el mantenimiento de las competencias de ambos juzgados en las diligencias previas seguidas en los mismos y, en suma, la instrucción y en su caso enjuiciamiento de los hechos delictivos en una y otra sede territorial y en procedimientos distintos no se afectan entre sí, ni rompen la debida continencia de la causa".
.
És cert. També a ell el protegeix el Concordat. Una altra cosa, Monsinyor, mentir és pecat i un mal exemple per a la feligresia, cardenal.
.
García-Gasco critica que los animales tengan más derechos que los embriones humanos
12:44 El cardenal sostiene que "ignorar la dignidad de cada ser humano genera violencia".
El cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, exhorta en su carta de esta semana al "respeto y reconocimiento de la dignidad humana" y lamenta que actualmente haya "iniciativas que reconocen derechos para los animales y, sin embargo, dejan sin derechos al ser humano en su fase embrionaria y prenatal". Según informaron fuentes del Arzobispado en un comunicado, considera que la protección de la naturaleza y de los animales "es positiva pero eso no les convierte en miembros de la familia humana".
El purpurado, que sostiene que "ignorar la dignidad de cada ser humano genera violencia", asegura que "todas las fases de la vida merecen protección" y precisa que "el embrión y el feto humano son las primeras fases de la vida de cada ser humano". El desarrollo de la vida humana "es algo natural", añade el cardenal, que insiste en que "no se pasa de ser una cosa, un material biológico, a ser una persona".
En su carta, el titular de la archidiócesis de Valencia subraya que "somos seres humanos desde el primer instante y nadie puede arrebatarnos esa dignidad". En consecuencia, "todos hemos sido embriones, todos hemos desarrollado nuestra vida bajo el corazón de nuestras madres, todos hemos recibido los cuidados necesarios para llegar a ser lo que somos", señala.
Asimismo, el purpurado, que titula su carta 'Ignorar la dignidad humana', expresa que "para cultivar verdaderamente la libertad, la justicia y la paz, es imprescindible reconocer la dignidad de todo ser humano en todas las fases y circunstancias de su vida".
Por otra parte, sostiene que la "dignidad inalienable de la persona humana" tiene su raíz y su garantía en el "designio creador de Dios" y advierte de que "ningún ser humano, ninguna ideología o parlamento otorga o concede la dignidad a otro ser humano, por lo que tampoco se la puede sustraer". De igual modo, añade que respetar la ecología humana "implica impedir que usemos la ciencia y la técnica en detrimento de los derechos del ser humano en sus fases más vulnerables".
Además, el cardenal arzobispo de Valencia manifiesta que la dignidad humana "brilla en todo su esplendor cuando la visión de la persona, de la sociedad y de la historia hunde sus raíces en Dios". "La revelación cristiana y su aplicación a los derechos de las personas protege a los más débiles", manifiesta el cardenal que considera que "ignorar los derechos humanos de los más débiles nunca puede ser un progreso".
"Todo lo contrario: se trata de un retroceso hacia las etapas más oscuras de la historia humana, en las que los más fuertes imponían su violencia sobre los más débiles", advierte y concluye el cardenal con una exhortación a los católicos a "ser sensibles, a poner en práctica la cultura de la vida y ofrecer soluciones de vida y esperanza a todas las personas y, especialmente, a las que se encuentran en situaciones difíciles".
La costa de Valencia erosionada por las infraestructuras, los embalses y la urbanización
19:25 La costa del golfo de Valencia ha sufrido una recesión patente desde los años noventa a causa de las infraestructuras costeras como puertos, canalizaciones y espigones, los embalses en los ríos y la urbanización de las laderas de las montañas que reducen los sedimentos que forman las playas.
Los investigadores Eulalia Sanjaume, de la Universidad de Valencia, y Josep Pardo Pascual, de la UPV, han realizado diversos estudios desde 1972 que les han permitido concluir en la tendencia recesiva de la costa del golfo de Valencia a través de estudios de los sedimentos que forman las playas y dunas.
A pesar de que entre 1957 y 1990 predominó la acumulación en la línea de costa valenciana, esa tendencia cambió a partir de los años noventa denotando una recesión de 0,04 metros por año, una cifra enmascarada por los numerosos proyecto de regeneraciones artificiales de playa.
De hecho, esas obras de regeneración permiten que tramos costeros que debían de presentar "claros signos de recesión" como los que se encuentran al sur de obras portuarias, canalizaciones y espigones, presentan tendencias estables o, incluso, positivas.
Los investigadores apuntan diversas causas como responsables de este déficit de sedimentos entre las que se encuentran, además de una posible subida del nivel del mar, las obras de infraestructuras costeras que pueden llegar a afectar a zonas muy alejadas de las mismas a lo largo de los años, aunque no de forma tan exagerada como se aprecian en las áreas inmediatas.
La construcción de embalses en las cuencas de los ríos retienen los sedimentos por lo que se reduce su aportación a la formación de las playas al igual que la urbanización de las laderas montañosas reduce el volumen de sedimentos que estas aportaban a los ríos y barrancos y que desembocaban en la costa.
Esa tendencia también ha sido asumida por el Ministerio de Medio Ambiente que atribuye a la presencia humana la situación actual de las costas españolas, según se desprende de la ponencia de la jefa de la Demarcación de Costas en Valencia, Lidia Pérez González.
El Gobierno central se ha propuesto realizar un esfuerzo inversor para recuperar la franja costera, una operación que, en el Mediterráneo, tendría un coste de 5.000 millones de euros aunque esa cifra sólo representa un 3 por ciento de los ingresos que se generan en el turismo costero anualmente.
Las soluciones apuntadas en las jornadas a esta tendencia erosiva apuntan a la regeneración artificial con arena del fondo marino como la "opción más idónea" aunque no se trata de una solución definitiva pues habría que conseguir la sujeción de las arenas.
Los hosteleros estiman que el impacto de la F1 duplicará el de la Copa del América
12:49 La FEHV augura un retroceso del 6,43% en el volumen del negocio del sector y una pérdida de rentabilidad del 11,5% durante este verano.
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) celebra desde hoy unas jornadas sobre las nuevas técnicas de información geográfica al servicio de la gestión de zonas costeras y el análisis de la evolución de playas y dunas que han arrancado con una ponencia sobre la situación del golfo valenciano.
Los investigadores Eulalia Sanjaume, de la Universidad de Valencia, y Josep Pardo Pascual, de la UPV, han realizado diversos estudios desde 1972 que les han permitido concluir en la tendencia recesiva de la costa del golfo de Valencia a través de estudios de los sedimentos que forman las playas y dunas.
A pesar de que entre 1957 y 1990 predominó la acumulación en la línea de costa valenciana, esa tendencia cambió a partir de los años noventa denotando una recesión de 0,04 metros por año, una cifra enmascarada por los numerosos proyecto de regeneraciones artificiales de playa.
De hecho, esas obras de regeneración permiten que tramos costeros que debían de presentar "claros signos de recesión" como los que se encuentran al sur de obras portuarias, canalizaciones y espigones, presentan tendencias estables o, incluso, positivas.
Los investigadores apuntan diversas causas como responsables de este déficit de sedimentos entre las que se encuentran, además de una posible subida del nivel del mar, las obras de infraestructuras costeras que pueden llegar a afectar a zonas muy alejadas de las mismas a lo largo de los años, aunque no de forma tan exagerada como se aprecian en las áreas inmediatas.
La construcción de embalses en las cuencas de los ríos retienen los sedimentos por lo que se reduce su aportación a la formación de las playas al igual que la urbanización de las laderas montañosas reduce el volumen de sedimentos que estas aportaban a los ríos y barrancos y que desembocaban en la costa.
Esa tendencia también ha sido asumida por el Ministerio de Medio Ambiente que atribuye a la presencia humana la situación actual de las costas españolas, según se desprende de la ponencia de la jefa de la Demarcación de Costas en Valencia, Lidia Pérez González.
El Gobierno central se ha propuesto realizar un esfuerzo inversor para recuperar la franja costera, una operación que, en el Mediterráneo, tendría un coste de 5.000 millones de euros aunque esa cifra sólo representa un 3 por ciento de los ingresos que se generan en el turismo costero anualmente.
Las soluciones apuntadas en las jornadas a esta tendencia erosiva apuntan a la regeneración artificial con arena del fondo marino como la "opción más idónea" aunque no se trata de una solución definitiva pues habría que conseguir la sujeción de las arenas.
Otro ejecutivo abandona Cacsa por discrepancias con la dirección del complejo
V. R., Valencia
La sangría de ejecutivos en las Ciudad de las Artes y las Ciencias suma y sigue. El último en abandonar el complejo ha sido el responsable de Mantenimiento Javier Verdú, que llevaba varios años trabajando en la empresa pública y...
La sangría de ejecutivos en las Ciudad de las Artes y las Ciencias suma y sigue. El último en abandonar el complejo ha sido el responsable de Mantenimiento Javier Verdú, que llevaba varios años trabajando en la empresa pública y ha decidido dejar el puesto para pasar al sector privado. Fuentes conocedoras de la renuncia sostienen que la salida se ha producido por discrepancias con el modelo de gestión del director general Jorge Vela y con la que se ha convertido en su persona de confianza con mando en plaza María Ángeles Mallent.
Con la de Verdú son ya siete las renuncias de ejecutivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en muchos casos bajas pactadas o despidos pactados con indemnización. La primera en dejar la empresa pública fue Elisa Maldonado, directora de Gestión, que ha sido fichada como responsable de la misma área en el Museo Picasso de Málaga. Responsables del área financiera y de marketing como Lina Morell o Ana Rosa Moreno trabajan ahora en el Bioparc, competidor de Cacsa. También se ha marchado Rocío Casanova, Esperanza Vidal o Lucía Gómez Trénor.
Los suspensos de la sanidad
El 62% de valencianos considera que la lista de espera está igual o peor que en 2006
Seis de cada diez valencianos consideran que las listas de espera quirúrgica en la red pública sanitaria están igual o peor que el año pasado (62,8%). La cifra es ligeramente superior a la media nacional (61,4%), aunque también es cierto que en la Comunitat Valenciana son más que en resto del Estado los que opinan que han mejorado (25,2% frente al 23,9% de media estatal).
Sin embargo, los ciudadanos de la Comunitat son más escépticos que el resto de españoles respecto a la eficacia de los gestores sanitarios para emprender acciones que permitan solventar las demoras quirúrgicas (35,7% frente al 31,9% nacional). Si bien es verdad que aunque aquí hay un buen montante de personas que opina que se trabaja para mejorarlas, este porcentaje es menor que la media del Estado (44,3% frente a 47,3%).
En términos comparativos se puede afirmar que la Comunitat es la cuarta autonomía más insatisfecha en cuanto a la gestión de las listas de espera.
Los errores médicos es otro de los temas que más preocupan a los usuarios, ya que prácticamente siete de cada diez valencianos consideran que son problemas muy o bastante importantes, frente a un 21% que cree que no son tan relevantes. En la Comunitat la percepción de gravedad es casi tres puntos más alta que en el resto del Estado.
Confianza en los médicos
Sin embargo y a pesar de esta creencia, los valencianos son de los que más confían en el buen hacer de los médicos (un 87% opina que su trabajo lo hacen muy o bastante bien), enfermeros (82%) y resto de personal sanitario (74%).
Estas respuestas resultan algo discordantes con el elevado porcentaje de ciudadanos que confiesa haber sufrido en sus propias carnes o en la de sus familiares algún tipo de error médico.
De hecho, los porcentajes de usuarios que han vivido este tipo de situaciones son más elevados que en la media nacional. (12,4% en primaria, frente al 9,2% de media estatal; un 12,2% en especializada frente al 10%; un 11,4% en el hospital frente a 11,2% y un 8,3% en urgencias frente al 6,9% nacional).
Además, un 70% de los refieren haber sufrido un error médico asegura que este hecho afectó de una manera muy grave o bastante grave a su salud o a la de sus familiares.
El barómetro sanitario 2007 recoge que los ciudadanos de la Comunitat suspenden con un rotundo 3,8 a los gestores de la Conselleria de Sanidad al considerar que no se les proporciona suficiente información sobre sus derechos ni acerca de las vías de reclamación. Es la tercera nota más baja del conjunto autonómico.
Un dato que debe alertar a los gestores sanitarios de la Generalitat Valenciana es el escalofriante argumento que refiere casi la mitad de la población (41,4%) que va a urgencias por decisión propia que asegura que acude al hospital porque no tiene hora de consulta con el médico de cabecera.
El puerto no parará las obras de la ampliación para la F1 pero minimizará las molestias y el polvo
Las obras de la ampliación norte del Puerto de Valencia recién iniciadas no se interrumpirán durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en agosto en la marina real Juan Carlos I de Valencia y para el que se esperan miles de visitantes. De hecho, la intención del puerto es trabajar de manera ininterrumpida, día y noche, para empezar a utilizar los nuevos diques en 2011. El puerto sí se comprometió a acompasar su calendario de obras con la 33 Copa del América para evitar interferencias en la regata. La ruptura del contrato de sede con Valencia y la incertidumbre sobre la siguiente edición permitirán, de momento, al puerto trabajar sin cortapisas.
Para minimizar las molestias, en especial el polvo y el ruido, que ocasionará el paso diario de 300 camiones por el entorno de la marina, la Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con un plan de medidas paliativas. Se incluye el alejamiento de los viales de los camiones de las zonas lúdicas y del circuito, el riego y si se requiere pavimentado de los caminos y la instalación de lava-ruedas a la salida de los camiones de las zonas de obra para no levantar polvo. El director de las obras de la ampliación, Marcelo Burgos, explicó ayer en una sesión informativa sobre las obras de ampliación que los camiones llegarán por la V-30 al viario interno del puerto y "no interferirán" en el circuito de F1.
Lo cierto es que la zona donde se ha empezado a trabajar linda con la marina exterior, donde amarrarán los yates llegados para la F1. A espaldas de esta zona dedicada al turismo náutico que el Consorcio Valencia 2007 quiere reflotar junto con las bases de los equipos, los tinglados y demás espacios lúdicos de la marina, el puerto construirá una explanada de servicio de 40 hectáreas para el acopio de materiales y la construcción de los bloques de hormigón de las escolleras.
En la construcción de esta explanada se utilizarán 600.000 m3 de material de relleno, en concreto, arena dragada frente a la playa de la Malva-rosa. Este material se obtendrá en la excavación de la zanja del dique de abrigo, que penetrará dos kilómetros mar adentro. Marcelo Burgos explicó que la arena se utilizará como relleno y no para regenerar playas porque el calibre del grano no es lo suficientemente grueso para depositarlo con garantías de permanencia en las erosionadas playas de la Devesa y el Saler. La supervivencia de estas playas del parque natural de la Albufera requiere el aporte anual de 90.000 m3 de arena, según un reciente informe de la Universidad Politécnica, elaborado, precisamente, por el director del plan de vigilancia ambiental, Cristobal Serra. Este experto recomendó utilizar la arena dragada en la regeneración de las playas del sur. En total, para la ampliación se utilizarán 8 millones de toneladas de material de relleno.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la macroampliación, que permitirá al puerto construir nuevos diques y duplicar su superficie, obliga a realizar un plan de vigilancia ambiental de las playas del norte (Malva-rosa) y del sur (Pinedo, Saler y Devesa). El objetivo es comprobar la afección de las obras al litoral, dañado especialmente al sur por las anteriores ampliaciones del recinto portuario, y establecer trasvases de arena en caso de ser necesario. La DIA recoge la recomendación de la Dirección General de Costas de aprovechar la arena de dragado -un recurso escaso- en la regeneración de playas y no como relleno económico de los diques.
En cuanto a la afección de las obras a la calidad del agua de baño de la Malva-rosa y las Arenas -esta última cuenta con bandera azul-, la APV asegura que los dragados se harán en otoño, fuera de la temporada de baño por lo que la afección será mínima.
Marcelo Burgos explicó otros detalles de la ampliación, una obra compleja no sólo por su dimensión sino también porque muchos de los trabajos deben hacerse a mar abierto. El director de las obras apuntó que los diques empezarán a ser visibles a partir de la primavera del año próximo. Hasta esa fecha la mayoría de los trabajos se harán bajo el agua. La ampliación es "un iceberg" del que sólo quedará a la vista el 10%. La actuación reforzará el carácter de puerto interoceánico del enclave del Grao, tienen un plazo de ejecución de 40 meses.
Como un "iceberg"
La primera fase de las obras de abrigo se iniciará con la construcción de la explanada con medios terrestres, para la que se utilizarán arenas y gravas procedentes de la zanja de cimentación del dique principal, que también se destinarán al relleno de los cajones.En la explanada se colocarán instalaciones auxiliares como los cargaderos y una planta de hormigón para fabricar los bloques de grandes dimensiones necesarios -unos 30.000- que protegerán el pie de los 50 cajones del dique. Esos cajones se construirán en el puerto de Sagunto y, una vez fondeados, se rellenarán con arena para que con su peso soporten el empuje del oleaje y se hundirán. Todos estos trabajos de aporte de arena y grava se llevarán a cabo con sistemas de localización GPS y un posterior control por parte de un equipo de batimetría de gran precisión, que permite comprobar desde fuera del agua si el material está colocado correctamente.
Montmeló triplica los ingresos de Cheste y le permite cerrar 2006 con beneficios
El Circuit Ricardo Tormo tiene hasta tres veces menos de ingresos comerciales al año que el Circuit de Catalunya y, al tiempo, el trazado de Cheste registra pérdidas de casi diez millones de euros mientras la pista de Montmeló cerró la temporada de 2006 con beneficios, según los últimos balances registrados de las dos sociedades.
La acumulación de pérdidas en los últimos ejercicios en el Circuit Ricardo Tormo ha obligado al Consell a realizar una operación acordeón para sanear las cuentas públicas de la sociedad Circuito de Motor y Promoción Deportiva SA. Esta operación ha supuesto la volatilización de 22 millones de euros de fondos públicos, con el objetivo de reestablecer el equilibrio entre el valor de sus acciones y el patrimonio real de la sociedad.
La comparación de las cuentas entre los circuitos de Montmeló y Cheste demuestra que en el aparatado de gastos, el Circuit de Catalunya llega hasta los 38 millones de euros, mientras que el Circuit Ricardo Tormo, mantiene gastos de explotación más reducidos, de cerca de 28 millones de euros. Sin embargo Montmeló logró cerrar 2006 con beneficios por su mayor capacidad para generar ingresos comerciales. El trazado catalán tiene una cifra de negocio de 39 millones de euros, mientras que el valenciano apenas alcanza los 12 millones. Gracias a mayor rendimiento de su actividad, el Circuit de Catalunya obtuvo un beneficio de 2,7 millones de euros frente a los 9,2 millones de euros de pérdidas registradas en Cheste.
Quizá la experencia sea un grado. La pista catalana está en marcha desde 1989, mientras que la valenciana se inauguró diez años más tarde. A pesar de ser dos modelos de circuito muy similares -ambos fueron impulsados de la administración autonómica y tienen gestión pública-, el trazado catalán ha sabido rentabilizar mejor su calendario deportivo. Montmeló cuenta con 13 carreras, entre ellas el Mundial de motociclismo y la Fórmula 1, que generan una cantidad importante de ingresos. Además, el trazado catalán es sede de numerosos entrenamientos de pretemporada de F1, otra fuente importante de beneficios. Cheste organiza más o menos el mismo número de pruebas, pero no tiene Fórmula 1. El gobierno valenciano ha preferido gastar más de 80 millones de euros en un circuito urbano para la F1 que aprobar una remodelación prevista para el Circuit Ricardo Tormo de 8 millones para tratar de organizar la prueba del mundial de Bernie Ecclestone.
Cheste ha organizado en los dos últimos años una prueba de GP2 Series -propiedad de Ecclestone-, que apenas genera ingresos y le ha costado 8,6 millones de euros por tres temporadas, según los datos del Síndic de Comptes.
Patrocinios deportivos
A la mayor rentabilidad en las carreras, se le une otro importante lastre para Cheste. La empresa que lo gestiona, Sociedad Circuito del Motor y Promoción Deportiva SA, asume importantes cantidades por patrocinios deportivos, que en 2006 alcanzaron la cifra de 4,3 millones de euros.
Un informe sitúa los montes de la Comunitat entre los de más riesgo
Adena critica la ausencia de planes de gestión con mayor presupuesto
La Comunitat Valenciana, con un valor de riesgo del 56%, se encuentra entre las regiones "más vulnerables" frente a los incendios forestales, sólo superada por las comunidades de Castilla y León, Galicia y Extremadura, según el "incendiómetro 2008" elaborado por WWF/Adena y presentado ayer en Madrid.
El "incendiómetro" es un estudio detallado que analiza, por comparación relativa entre las comunidades autónomas, su "vulnerabilidad" frente al problema de los incendios.
Según el citado informe, comparando la década anterior con la actual, se concluye que se han producido mejoras "en determinados ámbitos" y eso se ha traducido en una reducción de más del 8% en la superficie afectada por el fuego. Como coadyudantes a esta mejoría se cita expresamente el incremento "notable" de la eficacia de los dispositivos de extinción y la intensificación de la presión judicial, que ha multiplicado por dos el número de detenidos desde 2000.
En cuanto al impacto económico, el estudio prevé pérdidas que alcanzan los 5.500 euros por hectárea forestal quemada sin contabilizar los gastos de prevención y extinción. Esta cifra "supone- según el informe- que las pérdidas asumidas por España han alcanzado unos 14.000 millones de euros desde 1991 a 2006, destacando Galicia, Castilla y León y la Comunitat Valenciana como las más afectadas por este grave prejuicio".
En el informe de este año se destaca el déficit de gestión existente, lo que justificaría que algunas comunidades registren cada año más incendios pese a incrementar también sus presupuestos.
Así, apenas el 12 ,5 % de la superficie forestal española cuenta con planes de gestión, tal y como demanda la Ley de Montes.
Ausencia de planificación
La ausencia de planificacio?n y gestió?n forestal suele ir relacionada con las deficitarias partidas presupuestarias dedicadas por los gobiernos autonó?micos a estas materias. Sin embargo, "es reseñ?able,-afirman los autores- el hecho de que las autonomí?as de Madrid o la Comunitat Valenciana (que son las dos que más invierten por hectárea forestal, con un porcentaje sobre su PIB similar, entorno al 5%, tengan una superficie con planes de gestió?n muy inferior a otras, evidenciá?ndose el peso que otorgan a la extinción?" .
Es necesario , concluyen los expertos de Adena, reforzar la inversión en estos planes "garantizando su aplicación" y exigen a la Administración que ponga en marcha medidas para incrementar hasta en un 40% antes de 2012 la superficie forestal amparada por estos planes.
El nuevo bono infantil de la conselleria dispara el precio de las guarderías
La subida de la mensualidad engulle todo el cheque mensual
Los padres de 20.000 niños valencianos de 0 a 3 años que pensaban que el próximo curso la guardería de sus hijos les iba a salir gratis o podrían ahorrarse un buen pico gracias al bono infantil, el cheque escolar mensual que les entregará a partir de septiembre la Conselleria de Educación, se van a quedar con un palmo de narices. La medida del Consell ha provocado que las escuelas infantiles privadas disparen sus precios hasta el punto de que el incremento de las mensualidades engullirá toda o casi toda la ayuda a los padres, entre 2.950 y 1.180 euros por curso.
Así lo explica una madre de una niña de un año, que comenzará a ir a una guardería de Valencia en septiembre: "Cuando me enteré de que Educación me daba una ayuda de 181 euros al mes, la verdad es que me puse muy contenta". Sin embargo, añade, "en cuestión de segundos, pasé de la alegría al asombro e indignación, cuando me di cuenta de que la guardería había incrementado sus tarifas en 174 euros con respecto al curso anterior, con lo cual, ¡la subvención se la quedan los dueños de las guarderías!"
No es un caso aislado, sino la tónica general. Así, por ejemplo, en Paterna, según Miguel Ángel Vera, del sindicato CC OO, un centro privado ha presentado unas mensualidades "que son la suma de lo que ya se pagaba más el bono, con lo que las familias seguirán abonando lo mismo".
En un municipio de la Ribera, una guardería informó a los padres que los niños de dos años iban a pagar "gracias a la subvención de conselleria 120 euros al mes en lugar de los 130 euros del año pasado", relata una madre. Estos 10 euros menos, que suponen un ahorro del 7,7% para las familias, se transforman en una ganancia de más del 133% para la guardería, que ha más que duplicado sus tarifas al elevar la mensualidad hasta los 303 euros.
Menos servicios que antes
El Stepv también ha constatado este incremento generalizado de precios. "Está siendo absolutamente idéntico al bono infantil, por lo que las ayudas a las familias se las quedarán directamente las guarderías privadas", destaca Salvador Sanmartín,
"Para más recochineo -cuenta la madre de Valencia-, la guardería nos avisa de que ahora, con la subvención, pasamos a tener horario escolar. Es decir, junio y septiembre sólo mañanas, fin de curso 20 de junio y demás fiestas escolares. Por tanto, pese a pagar casi lo mismo que cuando no había bono, tendrá menos servicios que antes. "Esos servicios extras los ofrecen, pero pagando más, así que tendremos que rascarnos el bolsillo" para poder conciliar la vida laboral y familiar.
El TSJ pide refuerzos para el juzgado del caso Fabra
Esta medida, solicitada desde hace 4 años, supondrá la creación de dos "juzgados bis"
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una medida de refuerzo para los juzgados números 1 y 2 de Nules, el primero de los cuales investiga la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.
Fuentes del TSJ explicaron en un comunicado que esta medida de refuerzo solicitada por la sala de gobierno del Tribunal supondrá la creación de dos "juzgados bis" compuestos cada uno de ellos por un juez, un secretario judicial, un gestor y dos tramitadores.
La medida ha sido trasladada también al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, instituciones a quienes corresponde la dotación de medios materiales y personales.
Saturación histórica
La sala de gobierno entiende necesaria la adopción de esta medida de refuerzo, dada la situación de saturación por la que atraviesan los mencionados juzgados de primera instancia e instrucción, y que, según estas fuentes, "es conocida por el Consejo General del Poder Judicial a consecuencia de la visita realizada por el Servicio de Inspección".
Para la puesta en marcha de este refuerzo, por un plazo inicial de seis meses, prorrogable, la sala de gobierno propone la adscripción con carácter temporal y de forma continuada a los Juzgados número 1 y 2 de Nules de los Jueces sustitutos que en la fecha de inicio de la medida se encuentren disponibles, con el fin de que colaboren con sus titulares.
Según fuentes del TSJ, el partido judicial de Nules ha figurado durante los últimos años entre los más saturados de la Comunitat y así se ha reflejado en todas las memorias de actividad, lo que ha determinado la puesta en marcha de un cuarto juzgado.
13 May 2008
CV. 13/05/2008.
CV: L'estratègia de confrontació de Camps des de la seva Satrapia. 12/05/2008.
C9 Català Catalunya Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Ecologia conomia
Educació Estatuts F1 Fabra Finançament Immigració Metro Mitjans Negocis PPCV PPilotades Sanitat Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana
.
El Consell debe a docentes de la concertada e interinos 21 millones
No ha pagado la homologación de la privada ni los trienios de antigüedad
Las cuentas públicas de la Generalitat valenciana hacen aguas por varios sitios. Uno es el sector de la enseñanza. En la nómina de los profesores interinos, como en la del profesorado contratado de la red de centros privados concertados en las últimas tres legislaturas, la Generalitat, a través de la Consejería de Hacienda, debe unos 21 millones de euros a más de 35.000 docentes.
En el paquete de deuda que acumula el Consell están los 3,2 millones que como mínimo debe a los 11.023 funcionarios interinos de la red pública (reconocidos por la propia Dirección General de Personal de la Consejería de Educación), así como el flamante incremento salarial de los equipos directivos (directores, jefes de estudio o secretarios) de la escuela pública, a los que el próximo 1 de junio se deberá más de 6 millones de euros del total de 15 millones de incremento firmado en la mesa sectorial en febrero. A esto se suma la deuda por el impago de complementos autonómicos y del incremento para la "homologación salarial" de los profesores contratados por la red privada concertada que, por diversos conceptos, asciende en 2008 a 12,7 millones.
Este volumen de números rojos que ya fue denunciado por los sindicatos durante la aprobación de los Presupuestos de 2008 -ya que desde hace años el Consell aprueba las partidas educativas, por ejemplo los conciertos, por debajo de su coste real- rebasó ayer la gota que colmaba el vaso de los incumplimientos entre los tres grandes sindicatos docentes. El STEPV, CC OO y UGT y la FSIE (representante mayoritario entre los docentes de la concertada) salieron en tromba.
"Precisamente el 13 de mayo", subraya Vicent Mauri del STEPV, "se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto Básico del Empleado Público que reconoce el derecho del cobro de trienios al profesorado interino". Pese a la "histórica" legislación estatal -y pese a los acuerdos retributivos firmados el 8 de mayo de 2007 en la mesa sectorial de Educación, incluyendo el pago de trienios- "a fecha de hoy a los profesores interinos se les deben todos los trienios acumulados en su vida laboral". El saldo asciende, según el "cálculo de una media de 40 euros por trienio", a 3,2 millones, y afecta al 20% de una plantilla total de 49.760 funcionarios, según reconoció al inicio de este curso la Consejería de Educación. Aunque la deuda por este mismo concepto podría ser, incluso, "el doble", según otro estudio realizado por Inma Sánchez "basado en los años de servicio y las bolsas extraordinarias de cada uno de los interinos que han accedido al cuerpo autonómico de docentes desde las oposiciones de 1999".
"Ante falta de respuesta de Educación, y el hecho de que sigue sin computar el abono de trienios al profesorado interino en prácticas", Fete-UGT "trasladó ayer una denuncia formal a la Sindicatura de Greuges para exigir una solución rápida".
En el sector de la enseñanza privada concertada, la situación ha rebasado, para las organizaciones sindicales, todos los límites de la paciencia. Pepa Ramis, responsable del área de privada de CC OO denunció ayer en otro extenso informe que, "pese a que Hacienda ingresará 130 euros en la nómina de junio" en concepto de atrasos y parte del pago del complemento autonómico, aún seguirá debiendo "15 euros de 2007 y otros 700 por persona para hacer efectiva la homologación salarial firmada hace un año". Así que, multiplicando por 14 pagas y 14.000 profesores, faltan 13 millones en los presupuestos.
En paralelo, Moisés Casa, de FSIE, reiteró su "desconfianza" en el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y amenazó con activar las denuncias judiciales de sus afiliados, que mantenía congeladas desde finales del año pasado.
Lo que debe la Generalitat en la nómina de los profesores
- Unos 6 millones a los equipos directivos. El Aauerdo de la mesa sectorial de febrero fijó un incremento anual de 15 millones de euros para distribuir entre los equipos directivos (directores, jefes de estudio, secretarias). En la próxima nómina del 1 de junio, Hacienda deberá 6 millones.
-9,8 millones por la homologación salarial del prefesorado de la red concertada en 2008 y 2,94 millones de deuda de 2007. El impago del complemento específico acordado el 8 de mayo de 2007 hace que el Consell deba 700 euros a cada uno de los 14.000 docentes de la concertada. Además, sigue debiendo 15 euros por 14 pagas del complemento impagado en 2007. Es decir, 2,94 millones más.
Ninguna empresa tiene el menor interés en construir Mundo Ilusión
El Consell reconoce oficialmente la ausencia de ofertas privadas
Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya.
Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya. Así lo reconoce el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, en una respuesta parlamentaria al PSPV. "No ha existido ninguna oferta privada para su construcción y su posterior gestión", admite Camps en un escrito fechado en diciembre y publicado ayer.
El proyecto, según el vicepresidente, está pendiente de los resultados de un estudio de viabilidad cuyas conclusiones, como destaca el diputado socialista José Camarasa, siguen sin conocerse. Hace dos meses el Consell insistió en sacarlo adelante. Eso sí, a través de la iniciativa privada y sin que la Administración autonómica aporte nada más que los estudios que recopila desde hace diez años y el lastre de dos sueldos que anualmente suponen un gasto de más de 66.000 euros. Camarasa calcula que, de momento, Mundo Ilusión ha supuesto para las arcas públicas un gasto de 600.000 euros aunque la cantidad exacta no se ha podido determinar ya que el Consell ha aplazado otras respuestas sobre el coste de informes encargados a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, al bufete de abogados Gómez-Acebo y Pombo, a la consultora norteamericana Baker Leisure Group y a otras firmas.
Nacido para compensar a Castellón de inversiones como la Ciudad de las Artes o Terra Mítica, Mundo Ilusión está supeditado a un macroplan urbanístico que ha de aprobar la propia Generalitat para que el grupo Marina d'Or ceda los 800.000 metros cuadrados donde ha de construirse."En su día hubo una toma de contacto para valorar la participación del Circo del Sol en el proyecto, pero no se ha derivado ninguna consecuencia de momento". Ésta es otra de las respuestas que el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha remitido al Grupo Socialista años después de que el impulsor del parque temático Mundo Ilusión, Carlos Fabra, asegurara la existencia de contactos para que esta compañía asumiera el proyecto. El mundo de la magia y el circo fue la temática escogida para este parque del que también se desconoce la inversión que precisará. "El coste estimado de la inversión dependerá del contenido de los estudios y documentos del plan de negocio", señala Gerardo Camps en otra respuesta.
Los estudios pendientes de entregar desvelarán, según Camps, "una estimación del nivel de visitantes previsto, así como la cifra óptima de inversión que asegure la viabilidad económica del proyecto", entre otras cosas, ya que, según la respuesta parlamentaria, "las obligaciones de Baker Leisure Group respecto del proyecto Mundo Ilusión consisten en la realización de un análisis de mercado y estudio de viabilidad que nos permitan conocer una estimación del nivel de visitantes previsto así como la cifra óptima de inversión y establecerá una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo concreto del plan de negocio".
Los primeros estudios sobre la viabilidad del proyecto se realizaron hace casi una década y sus conclusiones han quedado obsoletas. Aún así, y pese a la experiencia que el propio Consell ha tenido en Terra Mítica, con una suspensión de pagos de por medio, la Generalitat, con un coste de unos 30.000 euros, ha buscado a Baker Leisure Group. Como señaló ayer el diputado socialista José Camarasa, esa firma vaticinó más de 2,5 millones de visitantes para el parque de Benidorm cuando el año de mayor afluencia apenas se superaron los 1,2 millones. "Aún así, el Gobierno valenciano ha ido a encargar el estudio a la misma empresa", señaló.
En el último consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión, su presidente, Vicente Rambla, dejó claro que será la iniciativa privada la que habrá de hacerse cargo de la construcción y explotación del parque, aunque, en su respuesta por escrito, Gerardo Camps alega que la decisión sobre el modelo de gestión y financiación, "se ha de tomar tras analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad".
.
La Marina tiene los mismos ambulatorios que en 1978
El colapso sanitario en La Marina Alta avanza a marchas agigantadas. El hospital y los centros de salud mantienen los mismos servicios que hace prácticamente tres décadas a pesar de que en este tiempo la población se ha triplicado como consecuencia de la bonanza del turismo y del ritmo de la construcción.
Pacientes que deben recorrer muchos kilómetros hasta encontrar un ambulatorio, como sucede en las poblaciones del interior de la Retoria y de La Vall del Pop. Médicos que durante el verano no quieren acudir a los grandes núcleos turísticos (en especial Dénia, Xàbia y Calp) porque los sueldos son bajos y los alquileres, muy altos. Urgencias saturadas, con camas en los pasillos. Trabajadores en pie de guerra por la falta de recursos. Esperas de dos horas para ver al médico de cabecera. Citas en ginecología que se aplazan durante meses y meses.
La situación es especialmente grave en Dénia. En la actualidad, la ciudad solo dispone de un centro de salud para más de 40.000 habitantes que, en verano, llegan a los 150.000. El segundo ambulatorio, el que se encontraba en la calle del Marqués de Campo, ha sido clausurado porque amenazaba derribo.
Ante el aluvión de quejas de los usuarios y de las asociaciones de vecinos, todas las fuerzas políticas aprobaron en pleno una moción para exigir a la Consejería de Sanidad la construcción de un nuevo centro. Sin embargo, la alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, denuncia que, a pesar de las continuas gestiones, Sanidad sigue sin hacer caso de esta demanda. Es más, la consejería ha advertido de que no abrirá un segundo centro para todo el año y que se limitará a instalar un dispensario para los meses de julio y agosto en la zona de las playas de Les Marines.
También el hospital comarcal de Dénia arrastra graves problemas. En cada periodo turístico -Semana Santa, Navidad o verano- se repite sin tregua la imagen de pacientes hacinados en el departamento de Urgencias, repleto de camas en los pasillos. Faltan además facultativos en todos los departamentos y ya hay médicos que, ante la falta de recursos, han decidido exiliarse a otros centros fuera de La Marina Alta. En concreto, siete en el primer trimestre de 2008.
Esta carencia de especialistas se repite en la atención primaria de la comarca y ha obligado a la Consejería de Sanidad a publicar anuncios en los periódicos ofreciendo plazas de médicos.
.
Castilla-La Mancha se opondrá a los trasvases si no se aclara la venta de agua de Villena
13:02 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada. Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.
También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie urgentemente las investigaciones y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.
Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".
El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".
Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".
Sánchez Pingarrón anuncia, además, a Moragues la "rotunda oposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cualquier derivación de recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó", sino se cumplen el plan de cuenca.
En este sentido, el consejero recuerda que el plan establece la prioridad de la cuenca del Júcar y "la satisfacción completa de todas las asignaciones y reservas para Castilla-La Mancha", así como que "se han incumplido los compromisos del Plan Hidrológico del Júcar", entre otros aspectos los de mejorar y modernizar los regadíos tradicionales de esa zona del litoral mediterráneo.
En la carta a la ministra de Medio Ambiente, el consejero da cuenta a Elena Espinosa de la solicitud que le ha hecho a Moragues y reitera los argumentos expresados al presidente de la CHJ, al tiempo que pide colaboración al Ministerio para aclarar esa venta de agua en Villena y le expresa la oposición del Gobierno regional "a cualquier derivación de recursos de la cuenca del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó".
La Comunidad de Regantes de Villena acordó el miércoles pasado ceder entre 0,2 y 0,7 hectómetros de agua al año a la multinacional Danone a cambio de 240.000 euros para una planta que pondrá en marcha en el municipio alicantino la multinacional francesa, que prevé embotellar hasta 700 millones de litros del acuífero.
Los regantes de esa zona han venido reivindicando un trasvase del Júcar al Vinalopó para recargar la sobreexplotada red de acuíferos del municipio.
La síndica suaviza el criterio de hostilidad y señala a Blasco y Barberá como los más colaboradores
01:20 Ofrece un convenio de buen comportamiento a las administraciones para que estén más dispuestas. Cuatro conselleries están en la «lista negra» pero otras tres y 15 municipios salen por el cambio. El PP ha puesto en marcha en las Corts una reforma del reglamento de la institución del Defensor del Pueblo valenciano con el fin de apartar del cargo -forzando la ley- a Emilia Caballero, la Adjunta primera (designada en su día a propuesta de los socialistas) que ejerce de síndica en funciones desde abril de 2006, cuando los populares rechazaron renovar al alto comisionado colocado en la etapa Zaplana, Bernardo del Rosal, por sus informes críticos. Caballero mantiene la contundencia en su memoria anual sobre la situación del respeto a los derechos de los ciudadanos en la Comunitat pero, en cuanto a la relaciones entre las instituciones, se muestra conciliadora. De este modo, ha optado por suavizar o precisar el concepto de Administración «hostil» con el organismo que defiende a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Recupera con ello una matización que introdujo De Rosal en su primero informe, el de 2001, pero que no se mantuvo en la memoria de Caballero de 2006.
En el informe de 2007, la síndica fija como «hostil» la actitud de no contestar a sus peticiones de información, no contestar a sus resoluciones finales o no aceptarlas de forma inmotivada o no justificada. En cambio, «el hecho de no aceptar justificadamente las recomendaciones, sugerencias o los recordatorios de deberes legales no se considera un comportamiento hostil». Y ello porque admite que puede haber una «discrepancia legítima» con la Sindicatura. Otro guiño es que este año, al referir los organismos hostiles, se indica a continuación el número total de asuntos tramitados que les afectaron «para evitar que la falta de colaboración en una queja puntual nuble, perjudique o distorsione el grado real de colaboración de esas administración con esta institución».
Por último, la gran novedad es la incorporación este año de un nuevo epígrafe para citar a los organismos que «han destacado por su especial colaboración y por el grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas». La Sindicatura explica que «hasta ahora» se había limitado a señalar las entidades que menos colaboraban pero le parece «de justicia» destacar también aquellas «que más y mejor colaboran con la institución».
La nueva «lista blanca» la inauguran la Conselleria de Inmigración, que dirige Rafael Blasco, y el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ésta por partida doble (ver cuadro). Se da la circunstancia que la corporación que dirige Barberá también está en la lista negra por su actitud en una queja, la que le pedía que declarara como bien de relevancia local la cárcel Modelo de Valencia. Barberá fue uno de los populares que impulsó la reprobación de la síndica en 2001, en la anterior etapa de interinidad, por el Plan del Cabanyal.
El cambio de criterio ha supuesto que este año sólo hayan sido declaradas hostiles cuatro conselleries, la de Economía (que dirige Gerardo Camps), Medio Ambiente (García Antón), Infraestructuras (Mario Flores) y Sanidad (Manuel Cervera), así como otros seis ayuntamientos. En cambio, no figuran como hostiles gracias a ello otras tres conselleries: Bienestar Social (Juan Cotino), Industria (Belén Juste) y Justicia (Fernando de Rosa), y 15 ayuntamientos y el servicio tributario de la Diputación de Alicante. En la memoria de 2006, ocho conselleries y 24 ayuntamientos integraban la temida lista.
Otra gran novedad es la oferta de un «convenio marco de colaboración entre la Sindicatura de Greuges y la Administración pública valenciana que quiera suscribirlo». La idea es que se comprometan a colaborar con la Defensoría a cambio del reconocimiento de ésta. La síndica indica que va a iniciar «contactos» para hacer realidad este objetivo. Según la propuesta de convenio, que figura como anexo en la memoria, la entidad firmante se comprometerá a «enviar lo más pronto posible» a la Sindicatura la información que se le requiera y encargar a una oficina o unidad administrativa la centralización de las relaciones de la conselleria con la Sindicatura, al objeto de que exista un «interlocutor» definido.
La Sindicatura, «en justa contraprestación», asume el compromiso de destacar expresamente la positiva colaboración en el informe anual; publicitar en la página web las resoluciones a favor del ciudadano de esa Administración; incluir al firmante como «candidato a la mención especial» como colaboradora en la memoria anual; o realizar una gestión formal previa antes de declararla hostil como signo de «lealtad institucional».
Por su parte, el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, destacó ayer del informe que hay más de 1.800 expedientes realizados a partir de más de 6.000 quejas referidas a urbanismo y medio ambiente. Es más, la cuarta parte de los expedientes están relacionados con estas áreas. Arnal mostró su desacuerdo y preocupación por la «pasividad» del Consell en temas relacionados con la persecución de las ilegalidades urbanísticas y denunció también que se estén autorizando PAI sin tener la garantía de disponibilidad de agua. El ex diputado también criticó al Consell por su actitud ante la contaminación acústica del circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, la ubicación de la subestación de Patraix y la contaminación de los acuíferos por nitratos.
Trabajadores del Ivadis denuncian que la falta de liquidez ya afecta a la comida
UGT asegura que algunos proveedores han dejado de suministrar
La situación financiera del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis), organismo dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, ha sido puesta en entredicho por su propios trabajadores. La Federación de Servicios Públicos de UGT afirma que la falta de liquidez del Consell ha provocado que el Ivadis deje de pagar a los proveedores, quienes se niegan a servir pedidos para tareas básicas de los 25 centros que el Ivadis gestiona en toda la Comunitat, entre residencias y talleres ocupacionales, con unos 1.100 discapacitados, señalaron. Entre estos pedidos que no llegan, UGT asegura que figuran desde bolsas de basura o material de limpieza y de aseo de los internos, la mayoría discapacitados severos y de los que se encargan unos 750 trabajadores.
En ese sentido denuncian también que el déficit económico que arrastra el Ivadis porque no llega dinero del Consell se nota también en la calidad de la alimentación que reciben los internos y que se ha resentido en los últimos tiempos, según la denuncia de UGT. Además, los trabajadores señalan que en las residencias dependientes del Ivadis se acumulan materiales que ya deberían estar en desuso como camillas oxidadas, camas con colchones de más de diez años y sin adecuación para las necesidades ergonómicas de los discapacitados, la inexistencia de material para la rehabilitación física y mental de los usuarios discapacitados. Incluso, aseguran que las actividades lúdicas se han reducido también por falta de presupuesto.
Otro caballo de batalla de los trabajadores del Ivadis es que el afecta a la sustitución del personal de atención directa ya que, según aseguran, no se sustituyen las bajas lo que rebaja la calidad de la atención porque cada trabajador debe atender a mayor número de internos.
El déficit se arrastra cuatro años
La portavoz de UGT, Isabel Vicent, aseguró que la situación se arrastra ya cuatro años, pero que la situación ha derivado a que el Consell de Camps "no atienda a la responsabilidad que tiene con los discapacitados y que prefiere gastar el dinero en circuitos, mientras estos centros carecen de los mínimo para funcionar", asegura.
Mientras, un portavoz de la conselleria de Bienestar Social aseguró que el interés del departamento por atender a los discapacitados "es una prioridad absoluta". De hecho, aseguraron que el presupuesto para el Ivadis creció en un año un 75%, al pasar de 400.000 euros a 700.000
Terra Mítica debería devolver un máximo de 6,9 millones de fondos europeos
Europa Press, Alicante
El Consell estima en 6,9 millones de euros la cantidad máxima que tendría que reintegrar en caso de que no prosperan los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Terra Mítica por el supuesto incumplimiento de una de las cláusulas de las subvenciones a fondo perdido de la UE para el fomento del empleo, según se asegura en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, de fecha de diciembre de 2007 y publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
Así, Gerardo Camps precisa que los administradores de Terra Mítica han dotado una provisión para riesgos y gastos de 6,9 millones de euros, que es "la cantidad máxima que se estima que se debería reintegrar, en caso de que no prosperen los recursos interpuestos en la vía contencioso-administrativa por la sociedad".
Según la respuesta a una pregunta de la diputada Glòria Marcos de agosto de 2007, la subvención se solicitó en 1999, cuando aún no se había inaugurado el parque. En 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda solicitó el reintegro al Tesoro Público de la subvención de la UE y en ese momento el "número medio de empleados era de 636, tal y como se detalla en la memoria de las cuentas anuales de Terra Mítica".
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por FCC Construcciones, SA, contra la resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que sancionaba a la empresa con una multa de 48.080,97 euros por la comisión de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales que se produjo durante trabajos en Terra Mítica, al considerar que se le notificó pasado el plazo de seis meses que establece la ley. El TSJCV condena a la Conselleria de Economía a devolver a FCC el importe de la sanción que se impuso a esta sociedad tras de una visita de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante a Terra Mítica, donde levantó acta de infracción el 4 de octubre de 1999. Esta sanción se notificó a la empresa el 18 de abril de 2000.
...
El PP de Valencia y Murcia pedirán juntos al Gobierno agua, financiación y seguridad
01:36 Los consejos de dirección de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana se reunieron ayer en Murcia para preparar un documento conjunto en el que reclamarán "justicia e igualdad" al Gobierno central en materia de agua, infraestructuras, seguridad y financiación.
En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y su homólogo en las Cortes Valencianas y secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, comparecieron en rueda de prensa para anunciar las medidas que ayer acordaron los consejos de dirección tras la reunión.
En concreto, Ruiz dijo que ambas directivas trabajan en este texto que denominaron "documento para la exigencia de la igualdad", en el que los grupos parlamentarios exigieron "que se nos trate con solidaridad e igualdad".
Al respecto, Ruiz justificó que "tenemos muy claro que las Comunidades Autónomas somos también Estado, y si una parte del Estado no es capaz de asumir su responsabilidad para garantizar la igualdad, nosotros vamos a exigirla como parte del mismo".
Así pues, Ruiz dijo que este documento no es definitivo y su elaboración continuará en una reunión que se producirá en Valencia la semana que viene, de forma que el texto se presentará el lunes. Además, dijo "que el documento tiene vocación de seguir desarrollándose no sólo con Valencia, sino con otros grupos". Aunque no descartó la inclusión de más asuntos, Ruiz especificó que el documento, de momento, aborda cuatro temas principales, como el del agua, con la reivindicación al Gobierno de España por medio de una iniciativa en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Además, Ruiz adelantó que el Grupo Parlamentario Popular también respaldará en la Asamblea regional el informe Camps, como ya se hará el próximo miércoles en las Cortes Valencianas. A su juicio, este informe "quita la mentira que el PSOE repitió tantas veces, que Europa no apoya los trasvases", y se preguntó retóricamente que "si ahora Europa apoya los trasvases porqué no los hay a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia".
Sobre este punto, Costa valoró positivamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional y, del consejo de Dirección, al informe Camps que, explicó, "ha sido apoyado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, y ha sido defendido por el presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, y respaldado por el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel".
Así, especificó que el documento "viene a decir que junto a muchas medidas para todas la regiones de la cuenca mediterránea, el trasvase es una de las más importantes", y aseguró querer que el PSOE en Murcia y en Valencia "digan por qué son los únicos que siguen manteniendo sus tesis antitrasvasistas, cuando en Cataluña, en España, en Aragón el PSOE dice que es posible hacer un trasvase del Ebro y que además existen excedentes en el Ebro para hacerlo".
10 May 2008
CV. 10/05/2008.
El cinisme i el negoci del transvasament. 10/05/2008.
Mentides irrespectuoses.Glòria Marcos. Coordinadora General d'EUPV. Levante. 10/05/2008.
.
Insisteixo a dir que el que hi ha aquí a baix són notícies dels diaris d'avui, no de dues o tres setmanes. L'expoli de la CV és diari i inexorable i unes quants de l'entorn de dreta patriota s'estan fent rics.
Però algú pot preguntar-se, què fa l'oposició socialista davant tot això? Jo també: no pas gaire.
.
La crisis del ladrillo llega a los colegios
01:35 La suspensión de pagos de empresas del sector del ladrillo ubicadas en la Comunitat Valenciana, como Llanera y, ahora, Encoval, está afectando a la construcción de una decena de centros de enseñanza comprometidos o en ejecución. No obstante, desde la Conselleria de Educación garantizaban ayer que esta crisis no afectará a la buena marcha del sistema escolar y los colegios se terminarán.
Maite Ducajú, Valencia
La reciente presentación ante el Juzgado de lo Mercantil del concurso de acreedores por parte de la constructora Encoval ha afectado a las obras de ampliación de dos centros educativos que esta empresa estaba llevando a cabo: el colegio público Barcia Goyanes de Valencia y el instituto de Educación Secundaria Miralcamp de Vila-real.
La crisis del sector del ladrillo ha pegado de pleno en la red de construcciones educativas de la Comunitat Valenciana porque algunas de estas empresas se presentaron en su día en el concurso para edificar centros y por el volumen de contratación para realizar obras que desde hace años desarrolla la Conselleria de Educación.
Encoval se suma así a la cadena de suspensiones de pago, como la presentada en octubre pasado por la también valenciana Llanera que arrastró a ocho centros escolares.
No obstante, la conselleria inmediatamente determinó que la empresa Algeco, con la que Llanera había constituido una UTE para presentarse al concurso de Ciegsa, se encargaría de terminar los seis colegios públicos que ya estaba construyendo.
Desde Educación explicaron ayer a Levante-EMV que las obras de ampliación en el instituto de Miralcamp están prácticamente terminadas, mientras que en el Barcia Goyanes de Valencia, Encoval sólo había ejecutado un 17 por ciento del total. En este colegio están previstas, con un presupuesto de 1.147.000 euros, realizar tres aulas de Infantil, una sala de usos múltiples, gimnasio y un frontón de pilota.
.
El circuito de Fórmula 1 ofrece caras distintas para los vecinos de Nazaret y la Federación de Asociaciones
11:45 La Asociación de Vecinos de Nazaret Unido ha asegurado que la construcción del trazado del circuito de Fórmula 1 que pasará por delante de algunas de sus casas traerá "beneficios" para el barrio, mientras que desde la Federación de Asociaciones lamentan la falta de inversiones en éste y otros barrios.Por su parte, María José Broseta, presidente de la Federación de AAVV ha asegurado que, hasta el momento, "no he tenido noticia de que haya prevista ninguna actuación en los barrios de Valencia, como sí se hizo en algunas zonas para la celebración de la Copa América".
Broseta ha reiterado que desde la Federación, no se encuentran motivos para declarar el circuito obra "de interés general".
Desde la Conselleria de Infraestructuras se han referido, además, a la urbanización de una zona "degradada" que, con las "grandes avenidas y jardínes" proyectados en los PAI del Grao y de las Moreras, llevará a la creación de "dos nuevos barrios".
La "buena noticia" para el barrio de Nazaret es que éste quedará "cohesionado e integrado" dentro de la ciudad.
Aunque Barba se muestra "contento" con la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, se ha mostrado preocupado por los servicios básicos con los que podrán contar los vecinos de Nazaret durante los días de la competición.
Por ello, está negociando con el consistorio el cambio de itinerario de las líneas 3,4 y 30 de la EMT, que conectan a diario el barrio de Nazaret con la avenida del Cid, la plaza del Ayuntamiento y el Hospital Clínico, respectivamente.
El objetivo es que los vecinos de Nazaret puedan estar comunicados con el resto de la ciudad sin que "ninguno tenga que estar esperando más de cinco minutos".
Barba ha explicado que esta misma semana, el concejal delegado de Circulación y Transporte en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, le ha asegurado que "este tema está prácticamente cerrado".
Fuentes de la EMT, por su parte, han asegurado que "están estudiando todas las posibilidades" con el fin de que "la afección sea la mínima posible en el momento en que se produzcan los cortes".
Como representante de un sector de vecinos de Nazaret, ha destacado su labor en la negociación con la empresa Valmor Sports, organizadora del Gran Premio, para la instalación de mamparas contra el ruido que generarán los bólidos.
Finalmente, las mamparas, ha explicado, alcanzarán una altura de un primer piso que, "situadas en diagonal, podrán reducir el ruido hasta en un segundo piso".
Pero, los vecinos de Nazaret encontrarán mayor alivio gracias a las gradas, que "duplican la altura de las mamparas", así como a los espectadores que, "con sus cuerpos y sus ropas", permitirán que el impacto sonoro en el barrio sea menor.
La situación de las gradas en posición diagonal, ha señalado Barba, beneficiará hasta un quinto piso.
Éste, además, ha expresado su deseo por que los valencianos "puedan aprovechar", desde un punto de vista económico, el evento, y ha instado así a que "se contrate" a todo el personal necesario para desarrollar la celebración.
Barba ha adelantado que la próxima semana se reunirá con técnicos de la Conselleria de Infraestructuras para informarse sobre la posibilidad de que se celebre una competición de Fórmula 3000 en Valencia en los meses anteriores al Gran Premio de Europa de Fórmula 1.
Fuentes de la Conselleria han asegurado que se realizan "reuniones periódicas" con la empresa Valmor y que "ésta es una posibilidad de la que se ha hablado desde el principio para probar las instalaciones, pero que "dependerá de las obras y el montaje".
La Generalitat se ha comprometido a tener terminadas dichas obras para finales de junio.
El PSPV asegura que ya han fallecido mil dependientes que esperaban recibir ayudas
01:38 S. S. , Gandia
En una comparecencia que protagonizó en Gandia junto a la también diputada Pepa Frau, Torres dijo que esos fallecidos, de todas las edades pero mayoritariamente de avanzada edad, no han alcanzado a percibir el dinero que les correspondería en aplicación de la Ley de Dependencia por la actitud de "boicot" que ejerce el Consell de la Generalitat.
Según indicaron Torres y Frau, el Gobierno de España ha remitido a la Generalitat 93 millones de euros para destinarlos a ayudas a personas dependientes, pero, en vez de desarrollar los principios de la ley y distribuir el dinero entre el primer sector beneficiario, los llamados grandes dependientes, la conselleria de Bienestar Social ha preferido "pagar el déficit del Bono-Residencia", lo que, en opinión de los socialistas, constituye "un fraude". Además, la Administración autonómica "no ha aportado" su parte de financiación para esta ley, que se sitúa en otros 93 millones de euros, dado que las prestaciones se pagan a medias entre el Estado y las distintas comunidades autónomas.
En la Comunitat Valenciana 150.000 personas no pueden valerse por ellas mismas y, según los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia, unas 22.000 ya deberían estar percibiendo las ayudas correspondientes para disponer de un cuidador o financiar una plaza en una residencia.
Según Torres y Frau, la realidad de la Comunitat Valenciana es que sólo siete personas han visto concluir su expediente y han alcanzado las ayudas previstas. Los socialistas aseguran que más de treinta mil personas iniciaron el proceso administrativo para acogerse a la ley de dependencia hace más de seis meses, y todas ellas debería estar percibiendo el dinero que les corresponde.
En vez de eso, "la Generalitat sólo la puesto trabas e inconvenientes", para "boicotear una ley progresista que, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, constituye uno de los cuatro pilares de la sociedad del bienestar", señaló la diputada Frau. Además, los representantes socialistas denunciaron que "la Generalitat, en vez de valorar a las personas que están en sus domicilios, ha preferido dedicarse sólo a personas que están en centros", con la intención de "beneficiar" a las residencias privadas que asisten a estos colectivos.
El número de dependientes valencianos que ha tenido acceso a las ayudas de la ley es muy inferior al de otras regiones, como Andalucía o Aragón, donde miles de ellos ya están disfrutando de los beneficios fijados en esta norma.
Ante esta situación "que provoca indignación y estupor por la actitud del Gobierno valenciano", el PSPV-PSOE animó a denunciar los hechos y a que los afectados acudan al Defensor del Pueblo y a la Síndica de Greuges para que conozcan su situación y adopten las medidas que estimen convenientes.
En el caso de la Síndica de Greuges, su titular, Emilia Caballero, ya ha llamado la atención al Consell de Francisco Camps por el retraso en la aplicación de la ley.
El Consell cuela en la ley de la infancia un artículo antiabortista
01:06 El Consell ha aprovechado el proyecto de ley de protección integral de la infancia y adolescencia para incluir un artículo antiabortista, según denunció ayer la diputada de EU en Compromís, Glòria Marcos, quien censuró que la norma "tiene olor a naftalina y a sacristía".
El artículo 8.2 del proyecto de ley del Consell de protección integral de la infancia y adolescencia de la Comunitat, bajo el epígrafe Derecho a la vida, reza así: "La Generalitat garantizará y protegerá el derecho a la vida en formación, protegiendo a las madres gestantes que estén decididas a tener su hijo". La diputada de Esquerra Unida en Compromís, Glòria Marcos, estimó ayer "absolutamente fuera de contexto" este artículo en una ley destinada a proteger a los menores de 18 años y resaltó que, al margen del debate científico sobre cuándo empieza la vida, hay "coincidencia general" en que cuando se habla de niños la referencia es a partir del nacimiento e inscripción en el Registro Civil, no en el periodo fetal. El trasfondo, alertó, es el "olor a naftalina y a sacristía" de una norma impulsada por el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y achacó la inclusión de este artículo a una "cuestión ideológica".
Compromís ha presentado una enmienda a la totalidad y 93 parciales a un texto que considera una mera "declaración de intenciones" ya que los derechos no se garantizan, sino que se expresa la voluntad de favorecerlos, aunque el caballo de batalla estará en la filosofía antiabortista y el "olor a rancio" de la norma. Para Marcos, el artículo citado "está fuera de lugar porque no es una ley para proteger a los fetos sino a los menores". Y se preguntó si el precepto "ha sido negociado con la iniciativa legislativa popular que se anuncia en las Corts de un grupo de gente de Provida, que pide que en todos los organismos sanitarios haya mecanismos para que las mujeres decidan no abortar". La parlamentaria dijo esperar que, como ocurrió con otras iniciativas populares, se tenga en cuenta "el gasto que conllevaría y, sobre todo, que se respete la ley", en el sentido de que "las mujeres reciban también información sobre cuáles son los supuestos en los que pueden abortar de acuerdo con la legislación".
Unido a esto, la norma ni menciona, en sus 184 artículos, los avances en derechos introducidos por leyes estatales como la de la Igualdad, contra la Violencia de Género o el reconocimiento de los matrimonios homosexuales, resaltó Marcos. De ahí que en la ley sólo haya reflejo para el concepto "arcaico" de familia, sin mención a otros tipos de convivencia o a la adopción por personas al margen de su orientación sexual, algo que EU insta a reconocer en sus enmiendas. Al mismo tiempo, recriminó que se recuperen figuras forales como el Pare d'Òrfens, "que no tienen nada que ver con la modernidad", frente a denominaciones como Comisionado del Menor, y señaló que la elegida conlleva una visión "religioso-asistencial" y nace de la concepción de "padre de huérfanos y defensor de viudas, que es Dios en su santa morada".
El Gobierno acepta el decreto de Ciudadanía de la conselleria y recurre el de cuatro comunidades del PP
02:28 El ministerio rechaza los cambios de contenidos en la asignatura que fue aprobada por las Cortes
El Gobierno de España ha presentado recurso en cuatro comunidades gobernadas pro el Partido Popular en contra de los respectivos decretos de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Estas autonomías son: Madrid, Murcia, La Rioja y Castila-León. En cambio, el texto de la Conselleria de Educación que estará en vigor en la Comunitat Valenciana ha sido aceptado.
Los contenidos rebajados sobre los del real decreto del Ministerio de Educación cuestiones como género, violencia machista y resolución de conflictos por métodos pacíficos son los que han llevado al Gobierno a presentar estos recursos.
"Nuestro decreto es correcto, por eso el Gobierno no lo ha recurrido. Lo que demuestra que, eliminando criterios conflictivos y manteniendo los contenidos básicos, se puede aplicar esta asignatura" afirmaron ayer fuentes oficiales de la conselleria a la consulta de Levante-EMV sobre este procedimiento.
Estas fuentes indicaron que "el Gobierno debería convocar reuniones con el PP y llegar a acuerdos en el tema. Está claro que es posible llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, contemplando la opción B", que es la que incluye el texto de la orden de la conselleria que contempla la posibilidad de que los alumnos no asistan a las clases de esta materia y aprueben realizando trabajos trimestrales en inglés.
Cabe señalar que el decreto de contenidos no es lo mismo que la orden de implantación de la asignatura, ambas de la conselleria.
Mientras que el Gobierno no ha recurrido el decreto de contenidos valenciano, sí ha anunciado que estudia hacerlo contra la orden por contemplar la objeción de conciencia a la asignatura; materia que está incluída en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en el Parlamento.
En la Conselleria de Educación recordaron ayer que al elabora el decreto "se ha intentado evitar aquellos campos en los que se incida en la formación de la conciencia moral del individuo y en los aspectos educativos que son privativos del ámbito familiar, adaptando contenidos. Se trata de aspectos susceptibles de ser enfocados desde un criterio no neutral y que puedan ser objeto de manipulación doctrinaria, lo que debe ser en el seno de la familia" argumentaron.
El Gobierno dará un 3.143% más para integración de inmigrantes que Aznar en su último año
01:07 Ninet avisa del "declive" de la democracia con Camps.
La portavoz adjunta del PSPV en las Corts Carmen Ninet y la diputada Nuria Espí acusaron ayer al conseller de Inmigración, Rafael Blasco, de "falsear" los datos sobre la atención a los inmigrantes en la sesión de control del jueves, cuando dijo que el Consell destina 1.816 euros por inmigrante y el Gobierno sólo 31,16. Espí le recriminó que mezcle conceptos diferentes y proclamó que el Ejecutivo de Zapatero dedicará este año algo más de 24 millones a la Comunitat para integración de inmigrantes, lo que supone un 3.143% más que los fondos aportados el último año de Aznar, cuando Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo, 740.000 euros.
El Consell presenta como aportación para los inmigrantes el porcentaje equivalente a la población foránea sobre el total del gasto sanitario o educativo. De ahí que le salga una cifra de 1.300 millones, que mezcla con los fondos para la Comunitat del Ejecutivo central destinados a programas específicos para integración de los inmigrantes. Frente a las ayudas de 2004, Zapatero dio 14 millones en 2005; 22,8 en 2006; y 23,1 en 2007. También resaltó que en el consejo donde se repartieron los fondos el Consell no planteó queja, ya que, además de la población hay otros factores de ponderación para distribuir el dinero. Por su parte, Antonio Clemente (PP) criticó que el PSPV "diga que el contrato de integración está al margen de la legalidad cuando la Constitución y el Estatuto lo amparan".
Ninet expresó su "preocupación" ante el "declive del sistema democrático" que impone el Consell, con ejemplos como amenazar con echar a la Síndica por "cumplir con su obligación", denunciar la falta de aplicación de la ley de la Dependencia, o tachar a los dependientes que piden las ayudas de "gente contraria Camps".
La FVMP reconoce no fomentar entre sus municipios las plazas parapenas de trabajos sociales
01:38 Justifica el recelo de los ayuntamientos en lafalta de medios.La oposición insiste en la responsabilidad política tras el archivo del accidente del metro
01:39 Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes reclamado ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que reciba a los familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia ocurrido en julio de 2006, pese al archivo de la causa que investigaba el siniestro.
El grupo parlamentario socialista y el de Compromís pel País Valencià se pronunciaron en estos términos tras conocer el auto de la Audiencia de Valencia que da carpetazo definitivo a la investigación del accidente del metro, al entender que el conductor del convoy siniestrado tuvo una conducta "insólita, inaudita, inesperada, imprevisible y aún inexplicable". La sección primera de la Audiencia Provincial, presidida por el también presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, que ha redactado el auto como ponente, asume las tesis asume las tesis defendidas desde el día siguiente del accidente y del inicio de la investigación por la jueza Nieves Molina, la fiscal Asunción Calvo, la abogada de la Generalitat y de la Compañía Zurich España. "El descarrilamiento se produjo por un exceso de velocidad, cometido por el maquinista, que era imprevisible e inevitable". A similar conclusión llegó la comisión de investigación celebrada en las Corts Valencianes apenas un mes después del siniestro y que fue la más corta de la historia (18 días, pero sólo cinco de trabajo parlamentario).
Por este motivo, la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Corts Carmen Ninet ha calificado de "indignante y vergonzoso" que Camps no haya tenido "cinco minutos" para atender a las familias de la víctimas del accidente del metro, en el que fallecieron 43 personas.
La diputada ha remarcado que los socialistas, si bien "acatan" las sentencias, lamentan "la actitud" del jefe del ejecutivo autonómico, quien "siempre asegura allá donde puede que para él lo primero son las personas", pero no ha dispuesto de "cinco minutos para atender a los familiares de la víctimas que fallecieron ese día".
En esa misma línea, la coordinadora de Esquerra Unida y diputada de Compromís, Glòria Marcos, ha advertido de que pese al archivo de la causa, ni Camps ni el entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, "quedan exonerados de sus responsabilidades políticas".
Marcos ha declarado que "junto a una responsabilidad jurídico-penal, existen responsabilidades políticas" que atribuye a Camps y a García Antón, y entre las que ha mencionado la de "no haber recibido nunca" a los familiares de las víctimas del accidente de metro "más grave en España".
Además, ha considerado "erróneo" que "se justifique" el dictamen de la comisión de investigación que se constituyó en el Parlamento valenciano para dilucidar las causas del accidente, y de la que emanaron unas conclusiones coincidentes con "la actitud que había mantenido el PP desde el primer momento". Ha lamentado que "muchas veces, los jueces no entran en aquellas cuestiones que creen politizadas, y eso supone al final no contemplar los derechos de los ciudadanos", y ha reiterado su convicción "de que fue un accidente evitable".
Por otra parte, el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) aseguró ayer que han mantenido "un respeto absoluto" por los servicios mínimos fijados ayer en los paros realizados de 7 a 10.20 y de 12.45 a 15.15, y que han provocado esperas de hasta cuarenta minutos para algunos viajeros. Según ha explicado el secretario general del SIF-FGV, Jorge Álvarez, "los viernes son los días más conflictivos, sobretodo a las horas del mediodía".
En concreto, entre las 14.30 y las 15.30 de ayer fue la franja horaria en la que se han registrado "mayores aglomeraciones", ha indicado Álvarez. Los usuarios han tenido que esperar hasta veinticinco minutos en algunas de las paradas del trayecto subterráneo del metro y entre 35 y 40 minutos aquellos viajeros cuyo origen o salida eran las estaciones de Llíria, Bétera o Villanueva de Castellón.
Sobre el seguimiento, el SIF ha señalado que el 100% de los trabajadores "con derecho a huelga" cumplieron los paros, lo que supone el 34% de la plantilla, ya que el 66% restante ha de seguir prestando su servicio.
El PSPV denuncia que hay deuda escondida por al menos 1.032 millones a pagar a partir de 2009
La portavoz socialista de Economía en las Corts, Cristina Moreno, advirtió ayer de la existencia de una deuda contraída bajo el mandato del presidente Francisco Camps que ha permanecido escondida estos años detrás de periodos de carencia en los que sólo se han abonado intereses pero a la que habrá que empezar a hacer frente a partir del próximo año. Moreno indicó que este endeudamiento, solicitado por varias empresas públicas, asciende al menos a la friolera de 1.032 millones.
La socialista hizo estas declaraciones tras conocerse la respuesta por escrito del conseller de Economía, Gerardo Camps, a una pregunta suya, en la que indica que la carga financiera (intereses más amortización) en términos de caja de la deuda de la Generalitat durante el ejercicio de 2006 fue de 448,9 millones de euros. Camps señala que los intereses de endeudamiento, incluidos los gastos de emisión y diferencias de cambio, fueron 242,9 millones, a los que se suman los intereses o prima de amortización de cupón cero, una obligación contraída en enero de 1992 por el Gobierno de Lerma, 82,4 millones. Esta operación supuso que desde 1992 sólo se pagaban intereses, devolviendo la prima 14 años después. Finalmente, hay 123,6 millones de amortización del principal de la deuda.
Moreno tachó la respuesta de "desfachatez", ya que, recordó, desde 2004, con Camps en el Consell, se han contraído préstamos con carencias de 5 años que habrá que empezar a pagar en 2009 (como una operación de 100 millones de FGV) o 2010 (300 millones de Ciegsa) e incluso hasta tres devoluciones en pago único como los que critica el PP: de RTVV, 69 millones en 2014 y 99 millones en 2015; y del Ivvsa, 20 millones en 2017.
Camps presume de su política sin explicar el contrato de inmigración
Protesta en Els Poblets por su obsoleto centro escolar
El colegio tiene 22 años y el pueblo ha triplicado el censo.
Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, tenía 1.020 habitantes en 1986, cuando inauguró su colegio. En 2008, alberga 2.900 pero las dimensiones de su centro escolar, el Ausiàs March, son las mismas. Por eso, toda la comunidad escolar de esta localidad, decenas de madres, padres y alumnos, decidió ayer manifestarse para exigir unas instalaciones educativas dignas.