El PP forzó hace dos semanas la modificación del reglamento del Síndic de Greuges por mayoría simple en la Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas para desplazar a Emilia Caballero, quien ocupa el cargo en funciones desde abril de 2006, porque la considera una persona hostil. La resolución de las Cortes Valencianas se publicó ayer en el DOCV, entra en vigor hoy y establece que si el Síndic queda vacante, los adjuntos por su orden asumirán el cargo por periodos de seis meses. También incluye una disposición transitoria para que el primer relevo se extienda durante dos años, el tiempo que Caballero lleva ejerciendo el cargo en funciones.

La Síndic remitió el viernes pasado un escrito a la presidenta de las Cortes en respuesta a la "comunicación" que recibió dos días antes sobre el cambio del reglamento. "Me cabe la obligación", escribe Emilia Caballero, "de manifestar a la Molt Excelent Presidencia de las Cortes las siguientes consideraciones".

Caballero hace constar que la modificación del reglamento se tramitó "sin la preceptiva propuesta" del Síndic de Greuges y que "la nueva disposición, en caso de entrar en vigor, seguiría siendo contradictoria con la ley" que rige la institución. Según la ley, cuando el Síndic de Greuges quede vacante, "los adjuntos por su orden" asumirán el cargo con plenitud de poderes. Caballero considera que no puede interpretarse que "la sustitución por su orden pueda entenderse como sustitución alternativa".

Caballero también expresa dudas sobre los "efectos retroactivos" que contiene la disposición transitoria del nuevo reglamento.

Una vez asentada su oposición al procedimiento de modificación del reglamento y al contenido de la misma, Caballero, "para la aplicación de la modificación reglamentaria adoptada", solicita a la presidenta de las Cortes que "dicte la correspondiente resolución de declaración de vacante en el desempeño del cargo y nombramiento para su desempeño interino del adjunto segundo don Carlos Morenilla Jiménez".

También solicita a Milagrosa Martínez que traslade su escrito a la Comisión de Peticiones.

Caballero ni difundió ni quiso comentar el contenido del escrito que remitió el pasado viernes a Milagrosa Martínez. Solo declaró: "Jurídicamente no estoy de acuerdo con la modificación del reglamento". Pero trasladó la solución del problema a las Cortes. "El espacio donde debe resolverse el conflicto es en las Cortes, no en la institución", comentó, "si trasladamos el problema a la institución, solo le haríamos más daño".

Respecto al adjunto segundo, Caballero destacó: "Tengo una magnífica relación personal con Carlos Morenilla y espero que sigamos trabajando codo con codo con la misma lealtad que hasta ahora".

Milagrosa Martínez tampoco quiso comentar ayer el contenido del escrito de la Síndic que le requiere una resolución para declarar vacante el cargo y nombrar a Morenilla.

Ángel Luna, portavoz socialista, reiteró que su grupo "no reconoce" el proceso de destitución de Caballero alegando que un reglamento no puede modificar una ley.

Enric Morera, portavoz de Compromís, avanzó que el grupo ha puesto en marcha los mecanismos jurídicos para recurrir "una resolución que vulnerar la ley del Síndic de Greuges".

Pero la posibilidad de recurso es compleja. La propia afectada podría recurrir al Tribunal Constitucional por lesión de sus derechos fundamentales, pero Caballero ya ha deslizado que no lo hará. Como comisionado de las Cortes, la Síndic no se enfrentará al Parlamento autonómico.

Tampoco es factible el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque no se ha producido ningún acto administrativo que sea recurrible.

Solo cabe un recurso al Tribunal Constitucional si lo instan 50 diputados o senadores, una opción que Ángel Luna tiene previsto trasladar al Congreso.

"Han puesto la institución en una situación muy delicada". Es todo lo que dice Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde hace más de dos años. La comisión de peticiones de las Cortes Valencianas tiene previsto aprobar hoy, con lo únicos votos del PP, una modificación del reglamento de la Sindicatura de Greuges para desplazar a Caballero de su cargo. La adjunta primera de Bernardo del Rosal, Síndic de Greuges hasta abril de 2006, será sustituida por Carlos Morenilla, adjunto segundo. O no.

Del Rosal, que dejó el cargo cuando expiró su primer mandato porque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no mostró ningún interés por apoyarle para un segundo periodo, ha sido el primero en airear "las objeciones jurídicas, políticas y estéticas" que entraña todo el proceso impulsado por el PP.

El calibre de las objeciones jurídicas es notable. Tanto que la oposición en las Cortes considera que la síndica debería recurrir el nuevo reglamento. "La institución que vela para que las Administraciones no atropellen a los ciudadanos debe ser la primera en denunciar un intento de atropello", viene a ser el argumento que esgrimen Ángel Luna y Mónica Oltra, portavoces del PSPV y Compromís, para instar la resistencia de Caballero. O, en su caso, del Defensor del Pueblo.

Ninguna de las dos instituciones se pronunciará hasta que sea público el nuevo reglamento.

Otra objeción cae por su propio peso. La ley que rige al Síndic de Greuges, establece que "los adjuntos por su orden" cubrirán la vacante hasta que se acuerde el nombramiento de un nuevo titular. El nuevo reglamento establece que la vacante se cubrirá de forma rotativa por los dos ajuntos. Por otro lado, una modificación de la ley requeriría una mayoría cualificada de tres quintas partes de los diputados en el pleno.

El nuevo reglamento se aprobará por mayoría en el seno de una comisión parlamentaria. Más aún, la ley establece que corresponde al Síndic elaborar el reglamento o instar modificaciones, nunca a los grupos políticos.

El PP ejerce presión sobre los socialistas y la propia Caballero para desbloquear el nombramiento pactado de José Cholbi como nuevo síndic, pero el procedimiento elegido resulta muy poco estético, como diría Del Rosal. Y en política, las formas son fondo.

En situación similar se encuentran también los enfermeros escolares. Otra figura de nuevo cuño, necesaria para "tratar los problemas neurológicos o respiratorios que padecen muchos niños", que compatibilizan su trabajo en ambulatorios con las necesidades en las aulas. Ni la Ley de Salud Escolar del Gobierno Valenciano de 1994 ni el programa electoral del PP 2007 con el que Francisco Camps revalidó su mayoría absoluta al frente han contribuido a cerrar el traspaso de estas tres "nuevas figuras profesionales" que cabalgan "a caballo de tres consejerías Educación, Sanidad y Función Pública". Y dependen, finalmente de Hacienda, que es la que autoriza el presupesto de cada plaza nueva que necesite el sistema educativo y financia las sustituciones por bajas.

El caso valenciano es prácticamente único entre todas las autonomías. La Generalitat valenciana, con competencias transferidas hace 25 años, es de las pocas que "aún no ha articulado y regulado un marco legal para la Educación Especial", denuncia una educadora de otro centro de Valencia.

Más allá de las negociaciones que comienzan el día 20, con la primera mesa técnica de Educación prevista para discutir el borrador del nuevo decreto, "la Administración valenciana sigue sin contemplar el prometido traspado de este personal funcionario de la Consejería de Administraciones Públicas que trabaja al dictado de la Consejería de Educación porque atiende directamente en centros educativos". Pero, no participa de los concursos de traslados, cobra los niveles más bajos y se le trata como si fuera personal administrativo o de servicios. "Jurídicamente somos como el bedel o la cocinaera. No tenemos ni complementos autonómicos, ni desarrollo de una carrera profesional en el ámbito educativo. Yo soy funcionario desde hace 21 años y no he podido ni participar en concurso de traslados, ni tengo un horizonte de promoción profesional, ni de nada".

Mientras tanto, los centros educativos de Sagunto, Alfafar, Sueca, Cheste o Valencia siguen esperando los 70 educadores y fisioterapeutas autorizados por Educación en junio de 2006. En el CP Prácticas de Magisterio, por ejemplo, "el inspector promete que el próximo curso, en septiembre ya habrá educador", confirma un padre. Pero, mientras tanto, durante todo este curso "el niño con insuficiencia renal crónica, que necesita un educador; o los menores con deficiencias motoras que requieren de un acompañante para sus movimientos se las arreglan como pueden con la colaboración de los maestros y padres".

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El PP pretende mantener viva la polémica por la conversación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, con una abogada acusada de ordenar el asesinato de su marido. Incluso, el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, aseguró ayer en rueda de prensa que el PP está buscando la forma de llevar el asunto al Congreso de los Diputados, para convertirlo en objeto de debate político.

No precisó más, ni dijo cuál sería la fórmula. Posteriormente, él mismo matizó a este periódico que en ningún caso se trataría de pedir la comparecencia de la presidenta del alto tribunal en el Congreso, porque no hay vía reglamentaria posible, ni precedentes.

El Supremo archivó la conversación de Casas con una abogada sobre un caso de custodia de un menor por entener que no suponía asesoramiento ilícito. La grabación surgió en la investigación de un asesinato.

De hecho, fuentes socialistas aseguraron que el asunto ni siquiera puede ser tratado en el Parlamento porque el Constitucional no está sometido a control parlamentario. Sólo se establece el examen previo de los candidatos a magistrados, pero ese procedimiento no se extiende al control de sus actos posteriores. El PSOE asegura que se trata de "un intento desesperado" del PP por mantener el asunto, a pesar del archivo del caso en el Tribunal Supremo. Los socialistas podrían bloquear en la Mesa del Congreso todas las iniciativas que tengan que ver con el caso. Su tesis es que si el PP quiere revocar a Casas, lo que debe hacer es acordar la renovación parcial del Constitucional, que incluye a la presidenta y que bloquea desde hace meses.

Ese acuerdo está siendo negociado, pero está frenado a la espera de que el PP celebre su congreso. Por eso, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó ayer para pedir al PP que proceda a esa renovación. En todo caso, tanto el PP como el PSOE dan por hecho que magistrados del Constitucional forzarán un pleno para que Casas dé explicaciones sobre su actuación.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que Casas debe ofrecer explicaciones pese a que el Tribunal Supremo ha archivado el caso. No precisó ni dónde ni cómo debe dar esas explicaciones.

"Hemos pedido oficialmente explicaciones y hemos pedido además que ella misma haga una reflexión serena de su conducta, de su comportamiento y de lo que implica al Tribunal Constitucional", declaró Sáenz de Santamaría en Telecinco.

Repitió que la presidenta del Constitucional tiene que "hacer una seria reflexión" sobre una "conducta" que, según resaltó, "afecta gravemente no a sí misma, sino al crédito que pueda tener el Constitucional".

Mucho más allá fue el vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, quien señaló que la presidenta del alto tribunal "se extralimitó" de sus funciones y que, para no perjudicar el órgano que preside, "debe presentar su renuncia".

A la crítica del PP a Casas se sumó ayer el coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para quien Casas actuó de forma "bienintencionada", pero cometió "una imprudencia". Coincidió con el PP en que tiene que dar explicaciones públicas porque "ha menoscabado" el prestigio de la presidenta.

Por el contrario, el Gobierno y el PSOE volvieron a respaldar ayer públicamente su actuación. Así, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que "el Gobierno no tiene ninguna duda de la honradez y profesionalidad de la presidenta del Tribunal, y de todos sus magistrados". En esta misma línea, el secretario de Organización de los socialistas, José Blanco, manifestó que la presidenta del Constitucional tiene el respaldo de su partido, como "no podía ser de otra forma".

Día 14 de marzo de 2007. Miguel Ángel Salgado Pimentel recibe tres disparos mortales cuando se encuentra en su garaje, en Ciempozuelos (Madrid). No hay robo, ni móvil aparente. La Guardia Civil reconstruye su biografía. ¿Qué elementos novedosos precedieron al crimen? ¿Qué enemistades tenía? Los dos interrogantes conducen a su ex esposa, la abogada Dolores Martín Pozo. Les enfrentaba la custodia de su hija. Y Dolores Martín acaba de sufrir una humillación: la víspera del crimen, un juez le había concedido a su ex marido la custodia. Ganas de venganza se le suponen; medios, también. Entre sus clientes figura un escolta de famosos, Eloy Sánchez Barba, al que se consulta telefónicamente en busca de sujetos capaces de dar palizas. Es más, según la investigación y su confesión, no sólo podía contratar especialistas en palizas, sino en asesinatos.

La juez del caso tiende entonces una red de escuchas sobre los sospechosos de este crimen de Ciempozuelos, con Dolores Martín a la cabeza. Sólo un mes después, la Guardia Civil registra una llamada entrante en el teléfono de Martín: la interlocutora deja boquiabiertos a los agentes. No necesitan identificarla. Lo hace ella misma.

-Mire, buenas tardes, soy Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, que me mandó unos papeles de usted doña E. A.

El tono de la conversación denota que ambas no se conocen, ni se tratan. Casas, de hecho, hace esfuerzos para refrescar la memoria a la abogada:

-¿Se sitúa?

-Sí, sí, me acuerdo.

La presidenta del Constitucional entra entonces de lleno en la conversación. Pide disculpas por la tardanza en responder a la petición de ayuda de Dolores Martín y asegura haberse leído "con detenimiento" los papeles del caso relativos a la custodia de su hija. Aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué la llama Casas? ¿Por qué una presidenta del Tribunal Constitucional ayuda de tal forma a una oscura abogada en apuros con quien evidencia no tener ni amistad ni trato?

La clave radica en el número 51 de la madrileña calle de Jorge Juan. Allí han vivido los padres de María Emilia Casas, ya fallecidos. Las chapuzas de la comunidad de vecinos y del hogar paterno donde creció Casas van unidas en sus recuerdos a un fontanero. Un fontanero que es padre de la letrada Dolores Martín.

"El fontanero de la casa de tus padres tiene un problema con su hija por un tema de custodia", le da como recado a Casas una vecina amiga del citado bloque, la citada E. A. Y Casas siente que no puede desatender a un viejo conocido de sus padres. Además, le viene de la mano de una vieja vecina. "Yo no le puedo decir que no, no hablar con ella", dice. Así que la alta magistrada realiza la llamada telefónica más costosa de toda su vida.

Una llamada que le pondrá a los pies del Tribunal Supremo, donde la juez que investiga el crimen de Ciempozuelos eleva su conversación para que los magistrados diriman si existe asesoramiento ilegal en lo hablado entre Casas y Dolores Martín. Una llamada por la que el PP pide la cabeza de la presidenta del Constitucional, incluso cuando el Supremo, el pasado jueves, archivó el caso al no ver delito.

La trastienda de la charla, lo que ignora el Supremo, es que lo que comenzó como una amable conversación con la hija de un viejo conocido paterno termina con un notable distanciamiento y escalofrío interno de la presidenta del Constitucional. No en vano, en la charla con Dolores Martín aparecen destellos muy inquietantes para una magistrada como Casas. La abogada le confiesa sin rubor que sopesó huir con la niña si perdía su custodia. No le importa, incluso, detallarle que el juez quería garantizar que no podría ejecutar el "secuestro" de su hija cuando le notificara la sentencia por la que le retiraba la custodia. Por si fuera poco, para horrorizar aún más a la magistrada, la abogada le reconoce que es sospechosa del asesinato de su ex marido: "Le han matado en el garaje, y la familia me acusa a mí", admite.

Casas, tras estas explosivas confidencias, cambia su tono, y abandona sus consejos iniciales (entre otras cosas había dicho a la abogada que debía "provocar una actuación judicial para llegar al Constitucional en amparo"). Entonces intenta precisar si, al menos, cuando le pidió ayuda su ex marido aún vivía. La abogada le confirma que sí. Fue asesinado después.

Casas, finalmente, deriva a su interlocutora hacia dos abogadas vinculadas a movimientos feministas y de defensa de víctimas de violencia machista. Le da sus nombres y teléfonos. Pero la presidenta del Constitucional, pese a todo lo escuchado, se despide con una frase que le resultará funesta: "La pueden ayudar mucho [...] pero, si alguna vez va en amparo, me vuelve a llamar". Luego repetirá el mismo error: "No le puedo ayudar [...], pero usted si quiere me vuelve a llamar". Tan desafortunado mensaje -"le dije que me llamara para quitármela de encima", explicará más tarde una apesadumbrada Casas a sus íntimos- tendrá para la magistrada un alto coste político.

Paradójicamente, Casas traslada a sus letradas recomendadas un mensaje muy distinto del que da a Dolores Martín. "Mira a ver si puedes ayudarla, pero hay algo en su historia que no me cuadra", les advierte. La primera abogada que Casas tantea es E. C., compañera de carrera y fiel amiga. Pero E. C. desecha el caso. Aunque milita en el feminismo, no ejerce como abogada por ser funcionaria. La segunda letrada, C. S., sí puede. Y cita a Dolores Martín en su despacho. Finalmente, también rechaza el caso. Rehúsa explicar a este diario sus motivos alegando secreto profesional. Es posible que compartiera el presentimiento de Casas: algo no cuadraba en la historia de Dolores Martín.

En ese instante, la mujer desaparece del círculo de Casas y de sus letradas amigas. Sus posteriores pasos judiciales son borrosos. Su abogado asegura que nunca interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, en contra de lo que hacía presagiar su charla con Casas de abril de 2007.

Pero el fantasma de esta abogada no iba a desaparecer sin más de la vida de la magistrada. En mayo de este año la familia de Martín bombardeó el móvil de Casas con continuas llamadas y mensajes. Sin respuesta. El asunto era inasumible: anunciaban la detención de la abogada y le pedían ayuda. La que pidió entonces auxilio fue Casas. Rogó a una de sus abogadas amigas que devolviese el siguiente mensaje a la familia de la supuesta asesina: "La presidenta del Constitucional no puede ayudarla, le exijo que dejen de llamarla". Casas llegó a sopesar denunciar tal acoso telefónico.

El abogado de Martín asegura tener una versión distinta para cada punto de este relato, pero se la reserva. "Todo es mentira", simplifica. Y la familia de Martín ha optado por el silencio sobre la ayuda recibida por su benefactora, mientras ve carbonizarse a Casas. Dolores Martín, de 37 años, est�