30 Sep 2008
CV. Sanitat, atur, RTVV, empreses públiques, dependència, deute. 30/09/2008.
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La Comunitat registrará en diciembre 307.000 parados, la cifra más alta desde 1997
19:14 Por segundo trimestre consecutivo, Cataluña y la Comunitat Valenciana tuvieron "un empeoramiento interanual, algo que no ocurría desde comienzos de 2004".
La Comunitat Valenciana registrará en diciembre un total de 307.000 parados, lo que supone el mayor número desde 1997, según recoge el indicador laboral de comunidades autónomas IESE-Adecco, que mostró una evolución "dispar" en las siete regiones analizadas.
Así, por segundo trimestre consecutivo, Cataluña y la Comunitat Valenciana tuvieron "un empeoramiento interanual, algo que no ocurría desde comienzos de 2004". En concreto, la Comunitat Valenciana experimentó un retroceso del 0,3 por ciento interanual, con lo que obtuvo una puntuación de 77,3 y se situó en la franja de comportamiento bueno del mercado laboral.
Al respecto, desde Adecco indicaron que los motivos de este "mal comportamiento" son "la ralentización en la productividad media y el mayor incremento en la tasa de paro juvenil de todas las comunidades autónomas analizadas".
Destacaron que el próximo mes de diciembre, cuatro comunidades autónomas presentarán caídas interanuales en sus indicadores laborales, de modo que Cataluña encabezará los descensos, con un retroceso del 8 por ciento, frente al mostrado por la Comunitat Valenciana, que será de un 5 por ciento.
Respecto a la creación de empleo, el informe indica que la Comunitat experimentó "una importante contratación laboral que no ha impedido, por contra, un significativo avance del colectivo de desempleados, debido al rápido aumento de la población activa", grupo que registró el mayor crecimiento de las regiones analizadas, con 105.600 personas, un 4,4 por ciento más.
Precisa que "menos de una cuarta parte" de los mismos pudo encontrar un empleo, ya que sólo se crearon 24.000 empleos en los últimos 12 meses, lo que supone un crecimiento del 1,1 por ciento, el segundo más importante después de Cataluña.
De este modo, las 81.600 personas restantes fueron al paro, de modo que el grupo de desempleados creció un 38,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Así, en la actualidad hay 293.200 personas paradas en la Comunitat, lo que conlleva "el deterioro más marcado entre las comunidades analizadas, pues es necesario retroceder hasta el tercer trimestre de 1997 para encontrar un volumen semejante".
Avanzaron asimismo que en los próximos meses, la Comunitat mostrará la misma dinámica, y "una vez más experimentará el mayor incremento en la población económicamente activa", de un 3,8 por ciento interanual --94.600 personas--, mientras que la creación de puestos de trabajo crecerá sólo un 0,5 por ciento --11.300 empleos--, "siendo el semestre de menor contratación de los últimos 14 años", subrayaron las mismas fuentes.
Desde Adecco apuntaron que "sólo un 12 por ciento de los que buscarán por primera vez trabajo lo conseguirán, y los demás engrosarán el contingente de desocupados, que tendrá 83.300 personas más que un año antes", lo que supone un aumento del 37,3 por ciento más, y alcanzará el mayor número desde mediados de 1997, con 307.000 parados.
Respecto al segundo trimestre, apuntaron que la Comunitat sufrió el quinto incremento consecutivo de su tasa de paro, de modo que la proporción de parados aumentó 2,9 puntos interanuales, hasta alcanzarel 11,6 por ciento de su población activa.
Sobre este punto, hicieron hincapié en que "desde finales de 1993 no se constataba en esta autonomía un incremento de tal extensión" y en que el actual valor "es el más alto en los últimos cinco años, además de superar la media española en 1,2 puntos, la brecha más dilatada de los últimos 14 años".
Las previsiones correspondientes a la Comunitat anticipan un nuevo incremento interanual de la tasa de paro de 2,9 puntos hasta final de año, que será el más pronunciado tras el de Andalucía. Así, sumaría siete incrementos interanuales consecutivos, hasta alcanzar a final de año el 11,9 por ciento, el valor más elevado desde el cuarto trimestre de 1999 y la peor evolución entre las regiones analizadas.
En concreto, la Comunitat registró un mayor crecimiento interanual del empleo adulto, un 2,8 por ciento --55.300 puestos--, y fue la que más puestos de trabajo de jóvenes destruyó, con una contracción del 13,3 por ciento --31.300 personas--, séptimo descenso consecutivo al igual que la media española. Ahora, los jóvenes representan el 9,1 por ciento del total de trabajadores, 1,5 puntos menos que un año antes, la mayor retracción registrada, aunque permanece por encima del promedio nacional.
MAYOR AUMENTO DEL PARO JUVENIL
Así, la tasa de paro juvenil valenciana protagonizó el incremento interanual más pronunciado, de 8,7 puntos, hasta el 27,8 por ciento, la segunda mayor del grupo. Según Adecco, la tasa de desempleo juvenil en la Comunidad llegará en diciembre al 28,2 por ciento, lo que conlleva un incremento interanual de 7,8 puntos, el de mayor magnitud entre las comunidades autónomas estudiadas.
De confirmarse esta previsión, la Comunitat encadenaría diez trimestres consecutivos con aumentos interanuales, ya que sufrirá la mayor pérdida de puestos de trabajo en jóvenes, con la destrucción de 25.900 empleos y una caída interanual del 11,5 por ciento, mientras que los adultos valencianos serán los que más rápidamente accederán a la ocupación, con 37.200 nuevos puestos de trabajo creados en diciembre, un 1,8 por ciento más que un año antes.
El PP impulsa otro frente en Sanidad contra Zapatero
MIGUEL OLIVARES
Cervera: "El Gobierno pone en peligro el sistema público"
Lo cierto es que Zapatero convocó a los presidentes autonómicos en junio de 2005 para plantear un conjunto de medidas dirigidas a "reforzar la financiación sanitaria". En septiembre de 2005, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó la distribución de esos fondos adicionales. "El Gobierno incrementará los recursos disponibles por las comunidades autónomas para ayudarles a reducir la deuda sanitaria acumulada mediante una mejora del sistema de liquidación de 1.365 millones de euros en 2006". La misma ayuda, en la misma cuantía, se acordó para 2005.
Eran tiempos de vacas gordas. Los ingresos del Estado superaban las expectativas y el Gobierno se permitió "acercar la financiación de las comunidades autónomas a la recaudación real de los tributos cedidos", según reza el Real Decreto-Ley 12/2005.
La misma disposición especifica que las comunidades autónomas podrán solicitar "anticipos a cuenta de la liquidación de los tributos cedidos" por un máximo del 4% de la cantidad estimada a principios de año para fijar los fondos que corresponden a cada autonomía.
La Generalitat solicitó ese anticipo en julio, un total de 343 millones de euros según las previsiones de ingresos a principios de año. Una semana después, el Ministerio de Economía y Hacienda replicó que cuando dispusiera de los datos de recaudación del primer semestre del año determinaría si se cumplían las condiciones para otorgar el anticipo y, en su caso, el importe del mismo.
La Intervención General del Estado publicó el 23 de septiembre los datos de recaudación hasta agosto. Ahora son vacas flacas. La recaudación es inferior a lo previsto cuando se establecieron las cantidades que recibirían a cuenta las comunidades autonómas. Al punto de que la Comunidad Valenciana podría estar en deuda con el Estado por haber recibido más de lo que efectivamente le corresponderá cuando se liquiden las cuentas.
Hacienda negó el anticipo a la Generalitat y a otras doce comunidades autónomas. La Generalitat tiene un plazo de dos meses para recurrir ante el contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Pero el grupo parlamentario del PP en las Cortes ha optado por otra vía, por iniciativas parlamentarias y preguntas al presidente del Consell. Por el ruido. Cervera confesó desconocer los argumentos jurídicos que amparan la decisión del Gobierno, pero Costa no dudó en acusar a Zapatero de actuar "arbitrariamente".
El PP recurrirá en la Audiencia Nacional por el "ataque" del Gobierno a la sanidad pública
17:37 De Cospedal acusa a Zapatero de ir "directamente contra la política social" y de haber "matado" la Conferencia de Presidentes. Así lo anunció en una rueda de prensa la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al término de la reunión de poco más de una hora que la dirección del PP mantuvo con sus presidentes autonómicos y regionales en la sede nacional de 'Génova' para tratar específicamente este asunto y consensuar un frente común.
De Cospedal señaló que el anuncio del Gobierno supone "un recorte social" pese a que, según recordó, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido a no hacer recortes sociales. Y por eso denunció que "la primera decisión que toma ante una crisis" vaya "directamente a la línea de flotación de la sanidad". "Con esta actuación, el Gobierno ha ido directamente contra la política social", reiteró.
¿NO IR A CONFERENCIA DE PRESIDENTES?
Además, destacó que el propio Zapatero asumió el "compromiso personal" de financiar la sanidad en la II Conferencia de Presidentes y añadió que este "incumplimiento" supone "un engaño" más del gabinete socialista.
En su opinión, el Gobierno deja "sin valor" la Conferencia de Presidentes al hacer que sean "completamente estériles" los acuerdos que ha tomado ese órgano. "Zapatero ha matado o ha intentado matar la criatura que él creó, porque ha hecho desaparecer algo fundamental en ese órgano: la confianza", resaltó.
En esta tesitura ya advirtió de que hay "muchos" presidentes autonómicos que incluso se están planteando no acudir a la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes una vez que el gabinete socialista ha "devaluado" los acuerdos de este órgano.
UNA PROPOSICIÓN EN EL CONGRESO.
Tras insistir en que el Ejecutivo debe ofrecer explicaciones acerca de "cómo piensa financiar la sanidad de todos los españoles", la secretaria general del PP avisó de que su formación no va a permitir que la actuación del Gobierno "pase sin pena ni gloria" sino que pondrán en marcha un paquete de medidas para frenarlo.
En concreto, avanzó que sus presidentes autonómicos recurrirán esta decisión ante la Audiencia Nacional con la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Por lo pronto, tres comunidades del PP (Murcia, Valencia y Madrid) ya han presentado recurso para denunciar la denegación del anticipo.
También llevarán este asunto al Parlamento. Así, De Cospedal adelantó que registrarán una proposición no de ley en el Congreso para forzar a los socialistas a explicar "cómo van a financiar la sanidad pública y para evitar que el recorte" se produzca.
Igualmente, la 'número dos' del PP indicó que su formación presentará iniciativas en todas las Asambleas legislativas y Parlamentos autonómicos para "tratar de frenar que Rodríguez Zapatero pueda realizar este ataque a la salud pública, que significa recortar 3.000 millones de euros".
Al ser preguntada si el PP se ha puesto en contacto con otras comunidades autónomas gobernadas por otras formaciones para hacer un frente común, De Cospedal dijo que no lo habían hecho pero que, según sus noticias, comunidades como Cataluña --gobernada por los socialistas-- también se estaban planteando recurrir ante la Audiencia Nacional.
Camps critica el "recorte" de Zapatero en sanidad y Soria dice que "mentir es pecado"
Madrid. corresponsal
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó ayer una reunión en Madrid con Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos de su partido para lanzar un fuerte alegato contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de "pagar su mala gestión económica con el dinero de la sanidad pública de todos los españoles". El encuentro estuvo dedicado a planificar una denuncia del PP ante la Justicia tras el anuncio del Gobierno de eliminar el adelanto de financiación por las prestaciones de sanidad a los entes autonómicos correspondiente a 2008 a cuenta de la liquidación que se realiza un año después. Ante la evolución de la recaudación de tributos de este ejercicio, inferior a las previsiones, el Gobierno ha retirado el anticipo ante la perspectiva de que no haya nada que adelantar. El PP ha convertido la supresión en otro casus belli.
Las palabras de Camps fueron pronunciadas un día después del ofrecimiento que hizo el propio Zapatero en Valencia durante el acto de clausura del congreso del PSPV para alcanzar acuerdos con el presidente de la Generalitat, entre otros asuntos, en materia de financiación autonómica "en lugar de dedicarse solamente a criticar al Gobierno de España".
La cúpula del PP exige ese adelanto, cifrado en 3.000 millones, por entender que fue un compromiso adquirido por Zapatero en la II Conferencia de Presidentes. Camps, que reclama de esa cantidad 340 millones para la Generalitat, consideró la decisión como "un recorte único e histórico" contra la salud pública en España. E insistió en citar a Zapatero como el responsable de impedir "la gran apuesta de las comunidades autónomas por la sanidad pública". "Es inadmisible", recalcó ante los periodistas a la salida de la reunión con la dirección del PP.
Ofensiva de los populares
En su opinión, la Generalitat "está haciendo la mayor inversión y el mayor gasto (en sanidad) como nunca antes se había hecho, construyendo hospitales, centros de salud y mejorando la presencia de los profesionales sanitarios y de los sistemas para la prevención y la curación". "Es un recorte espectacular y de primer nivel. Nunca había ocurrido en la historia de la economía y de la prestación de servicios en España", agregó.
Las palabras de Camps se enmarcan en la ofensiva emprendida por el PP contra el Gobierno socialista en esta materia como confirmó en rueda de prensa tras la reunión la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Esta dirigente del PP explicó que su partido prepara una denuncia ante la Audiencia Nacional por entender que se lesionan "gravemente" los intereses de los ciudadanos, al tiempo que exigió una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir esta cuestión. El viernes, el Consell ya adelantó que iba a remitir un requerimiento al vicepresidente Solbes instando la rectificación y, en caso contrario, un recurso contencioso ante el TSJ-CV.
Las opiniones del jefe del Consell fueron contestadas de inmediato por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, de visita en Alicante. "Francisco Camps debe saber que mentir es pecado", dijo. Soria consideró que la actitud de Camps y del PP comportan una tergiversación del sistema de financiación sanitaria y el modelo de anticipos por ese concepto, decidido en 2001 cuando gobernaba el PP.
"Una norma de Aznar"
"Las leyes hay que cumplirlas", aseguró el ministro, quien explicó que el sistema de adelantos estaba condicionado a los ingresos del Estado, "que somos todos". "Si los ingresos del Estado no alcanzan una determinada cifra, entonces no había segundo plazo y eso él (Camps) lo sabía desde el año 2001, ya hace siete años. Estamos cumpliendo una ley del PP", añadió.
El ministro estimó necesario "poner los números sobre la mesa. Ojalá aprobemos una nueva norma y que esa nueva norma sea mucho mejor que la que nos propuso Aznar cuando era presidente. Yo estoy seguro de que va a ser mejor, pero mientras tanto cumpliremos esa". Soria recordó que la vigente ley es aplicada a las comunidades "del PP y del PSOE".
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, calificó como "oportunista" la actitud del PP en este capítulo y denunció que "sea precisamente el señor Camps, presidente de la Generalitat valenciana, quien tome ese protagonismo cuando su gestión es, junto al alcalde de Madrid, un continuo despilfarro que únicamente conduce a aumentar su deuda pública, la más elevada de todas".
La retirada "arbitraria" y "sin previo aviso" del anticipo de 343 millones a la Comunitat para aliviar los problemas de financiación sanitaria -al igual que les ha ocurrido a otras once autonomías- "pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario y la liquidación del presupuesto de 2008", según aseguró ayer el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, quien recurrió a los tintes tremendistas para advertir que esos fondos suponen "la construcción de todo el hospital La Fe y tres comarcales, muchas vacunas para la prevención de cáncer de cérvix o la gripe, medicamentos, nóminas" o incluso "el pediatra de una población en verano o el anestesista para la epidural".
Todo esto está "en peligro", quiso dejar claro el conseller, tras la anulación del anticipo que el Gobierno ha dado estos años a las comunidades a cuenta de los ingresos suplementarios que se producían y que se liquidaban un año después para otorgar liquidez a las autonomías. Este ejercicio, a la vista de la recaudación -por debajo de las previsiones-, ha decidido negar los adelantos ante la perspectiva de que no haya nada que avanzar. Pero la decisión, admitió Cervera, descuadra ahora las cuentas autonómicas.
El conseller hizo estas declaraciones en la rueda de prensa junto con el portavoz popular, Ricardo Costa, tras la reunión con los diputados para informarles la propuesta que presentará el grupo para reclamar a Madrid que mantenga el anticipo y, de paso, volver a exigir el "reconocimiento" de la población, 180 millones por los desplazados o la cofinanciación de infraestructuras. Además, este jueves plantearán la pregunta al presidente Camps para darle la mayor resonancia política.
En la pelea por la financiación, el PP ha menospreciado esta inyección, negándole cualquier valor, mientras que el PSPV hablaba de 1.100 millones adicionales en estos tres años. Ayer mismo, Cervera aseveró que la eliminación del anticipo "deja al descubierto" la "falacia" y "ficción financiera de los socialistas estos años". "Zapatero no ha dado nada, ni un euro, sino que era un anticipo", aseveró. ¿Pero qué se va a anticipar si no hay nada que adelantar?, se le preguntó al titular de Sanidad. Cervera se salió por la tangente: "Desconozco la legalidad", dijo, de "retirar en octubre 343 millones que están presupuestados en las cuentas de las autonomías por indicación del Ministerio de Economía".
A esto añadió el problema de fondo: No se puede quitar este adelanto cuando el Gobierno no ha acometido la modificación de la financiación "para reconocer el millón más de valencianos que somos". De este modo, dejó en evidencia que el Consell ha asumido el adelanto como una financiación extra. Ahora, tendrá que hace un "esfuerzo" para "llevar" de otras áreas esos 343 millones a Sanidad. Costa acusó a Zapatero de "quitar un millón de euros al día para la sanidad de los valencianos" y ser "el presidente que más ha recortado en política social en la historia de España".
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Valencia, la segunda ciudad más endeudada de España
966,56 euros. Es lo que debe cada vecino de la ciudad de Valencia si se tiene en cuenta la deuda acumulada de la ciudad: 771 millones de euros. Lo que la convierte en la segunda ciudad más endeudada de España, tan sólo superada por la descomunal deuda de Madrid, que llega a los 6.366 millones de euros. La cantidad adeudada por el Ayuntamiento de Rita Barberá (PP) casi iguala a la de toda Extremadura junta, y supera la de otras seis Comunidades autónomas: Asturias (735 millones con 1.079.215 habitantes), Cantabria (407 millones), La Rioja (458), Murcia (676), Navarra (626) o el País Vasco (462).
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- Blanco exige una explicación a Rajoy ante el “despilfarro” y la “nefasta gestión” de Gallardón...
- El plan de ahorro de Gallardón paraliza obras sociales en Madrid
- Creyó Gallardón que con él Madrid sería una fiesta, como el París de Hemingway, pero no puede...
- Las obras de Gallardón cuestan 750.000 euros diarios en intereses
La medalla de plata en lo que se refiere a la deuda de las Comunidades autónomas también se la lleva la Comunidad valenciana, que eleva la cantidad hasta los 11.961 millones de euros.
996,56 euros por valenciano
Según los últimos datos ofrecidos por el Banco de España sobre la deuda de las ciudades españolas, Valencia sería la segunda ciudad más endeudada de España, con una cantidad de 771 millones de euros. Por lo que a cada uno de los vecinos le correspondería una deuda simbólica de 996,56 euros. Tan sólo Madrid supera esa cantidad, y la culpa es de la macro obra de soterramiento de la M-30 impulsada por Gallardón, cuya construcción la llevó a cabo la empresa pública Madrid Calle 30.
Escalada de deudas
En 1995, año en que Rita Barberá renovó su alcaldía, la ciudad tenía 314 millones de deuda, y la superaban cuatro capitales: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Pero en el año 2000 la deuda ya llegaba a 450 millones y superó a Sevilla. En el 2005, Valencia se coloca tercera en la lista. Ahora se convierte en la segunda, si bien Madrid tiene una deuda ocho veces más grande.
Sobre la línea roja
Valencia ha venido reduciendo su capacidad de endeudarse desde 2005. La razón es la Ley de Haciendas Locales, que no permite que las ciudades superen el 110% de endeudamiento. Un límite sobre el que Valencia lleva cinco años manteniendo el equilibrio. En caso de superarlo, las administraciones locales deben solicitar permiso al Ministerio de Hacienda para contraer más préstamos. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que hacerlo ya para solicitar los 64 millones de euros de préstamo para las obras extraordinarias de la Copa América.
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La oposición preguntará a Camps por el contrato-programa de RTVV y la "destrucción del empleo"
12:26 El grupo parlamentario sociaista presuntará al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control de las Corts Valencianes del próximo jueves por los objetivos y contenidos del contrato-programa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) mientras que Compromís lo hará por las medidas adoptadas por el Consell en relación con la "destrucción del empleo". Por su parte, el grupo parlamentario popular preguntará por las medidas que piensa adoptar el Consell para instar al Gobierno central "al cumplimiento de los compromisos que éste asumió en la II Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en relación con los anticipos de tesorería que debía ingresar a la Generalitat por un importe de 343 millones de euros para la financiación de la sanidad, y que ahora rechaza".
La pregunta presentada por los socialistas se refiere, en concreto, a "los objetivos y el contenido del Contrato Programa que, al parecer, está negociando el Consell con la Dirección de RTVV", mientras que la de Compromís se centra en "las medidas adoptadas por el Consell para revitalizar el tejido industrial valenciano y frenar la creciente destrucción de empleo en nuestro territorio".
La Conselleria de Economía concede un aval de 30 millones a Ciegsa
12:14 El plazo de vigencia del aval para la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares finalizará el 31 de marzo del año que viene.
La Generalitat ha autorizado a la Conselleria de Economía, según publica hoy el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a otorgar avales "destinados a garantizar obligaciones derivadas de la utilización de instrumentos financieros de cobertura" vinculados a estas operaciones de crédito.
El plazo de vigencia del aval, que fue autorizado el pasado viernes, finalizará el 31 de marzo del año que viene.
El conseller de Economía y Hacienda también está autorizado para que "determine y apruebe las demás condiciones de los avales a prestar" como el plazo, la extensión de la garantía, comisiones y novación de cualquier tipo.
Uno de los mayores propietarios de suelo del Manhattan pacta el despido de 50 empleados
El grupo inmobiliario Blauverd tiene previsto presentar en breve un expediente de regulación de empleo que afectará a medio centenar de trabajadores, un 18% de la plantilla compuesta en estos momentos por 277 personas, fundamentalmente personal de obra, según han confirmado fuentes de la empresa alcireña, que enmarcan la presentación del ERE en el proceso de reestructuración que vive todo el sector de la construcción para adaptar las empresas a la nueva coyuntura económica tras la caída de las ventas. Los despidos han sido consensuados con los representantes de los trabajadores y contemplan una indemnización de 26 días por año de servicio.
La presentación de este expediente de empleo se produce después de que Blauverd haya alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias para refinanciar un volumen de deuda superior a los 200 millones de euros. Entre las firmas que han aceptado el plan de viabilidad presentado por el grupo inmobiliario se encuentran la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bancaja, el Banco Popular, Banco de Santander o Banco de Sabadell, Banco Pastor, según informó ayer el semanal económico El Boletín.
Blauverd es una firma con más de veinte años de experiencia, que aprovechando el auge de la construcción se llegó a convertir en 2006 en la primera empresa alcireña en volumen de facturación. El grupo tenía como principal actividad en su fase de expansión la construcción de viviendas de segunda residencia en el eje mediterráneo, la Comunitat Valenciana y Almería.
Cambio estratégico
No obstante, cuando en abril de 2007 se inauguró la nueva sede en Alzira para reagrupar los diferentes centros de trabajo, la dirección advirtió de que el proceso de desaceleración que en aquel momento ya se percibía obligaba a plantear un cambio estratégico que pasaba por aumentar las viviendas de primera residencia y la internacionalización del modelo de negocio. Una empresa del grupo participa en una sociedad que posee una bolsa importante de terreno en el sector Bega-Port de Cullera, conocido como el Manhattan ya que en él se proyecta la construcción de 33 torres de 5 alturas y dos hoteles de 40 plantas.
La crisis financiera y del sector de la construcción ha obligado a aplicar ajustes en la empresa para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y reducir de forma progresiva la plantilla y los costes.
Los pensionistas exigen a Camps agilidad con la Ley de Dependencia
Los pensionistas de la UGT-PV celebrarán mañana el Día Internacional de las Personas Mayores con una concentración ante el Palau de la Generalitat para exigir el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y reclamar la resolución de los expedientes en los plazos establecidos, "sin excusas de carácter burocrático".
El sindicato ha extendido la convocatoria a todas las autonomías para que la movilización se celebre simultáneamente en todo el país.
El secretario general de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de la UGT, Antonio Leal, declaró que la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola en cuanto a bienestar social y prestaciones a las personas dependientes" dado el "insuficiente" desarrollo de la Ley de Dependencia.
Leal acusó al Gobierno de Camps de "dejadez", lo que, añadió, "ha obligado a alguna personas a presentar demandas y hay casos en los que la prestación se ha reconocido después del fallecimiento del solicitante".
Por su parte, la secretaria de la Mujer de UGT-PV, Elvira Ródenas, informó que en la Comunitat Valenciana se han presentado 32.825 solicitudes, de las cuales todavía están pendientes de resolver 4.269.
Ródenas agregó que hay 1.317 solicitudes de valoración reconocidas que están pendientes de recibir los servicios o prestaciones que les corresponden. La secretaria de la mujer criticó la escasa cuantía del 72% de las ayudas que se conceden a la cuidadora familiar, "que condena a la mujer, en la mayoría de las ocasiones, a abandonar sus puestos de trabajo o limitar el acceso al mismo, lo que vulnera el principio de prestaciones de la ley, que se basa en servicios profesionalizados".
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EpC a la CV: Alguns inspectors rebutgen fer de "comissaris polítics" a les aules però d'altres hi posen l'entusiasme de la BPS. 30/09/2008.
A punt per al primer expedient de la Gestapo. EpC a la CV. 28//09/2008.
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Los inspectores rechazan hacer de "comisarios políticos" en las aulas
NEUS CABALLER
La asociación profesional critica la presión por la Ciudadanía en inglés
La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por la Generalitat tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores encargado de "evaluar y controlar" que se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de Secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 profesionales de un total de 123, denunció ayer su rechazo a "asumir funciones de comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea". En un manifiesto difundido subraya la obligación de los inspectores de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos" y advierte de que "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad".
El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores tras las "instrucciones" del Servicio Central ordenando a los funcionarios ir a la caza de docentes, equipos directivos o claustros declarados en rebeldía que solo den la clase en valenciano o castellano. Cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura "obligatoria" más y que "la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas".La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los Derechos Humanos y la Constitución.
Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando alguna área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".
Sin embargo, la orden de la Consejería de Educación, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).
La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Ciudadanía, entre docentes e inspectores, para tratar de que se dé en inglés en las 2.120 aulas de 2º curso de Secundaria que han estrenado esta asignatura, ha dejado de lado el esfuerzo administrativo y de profesionales que debiera de haberse destinado a implantar el inglés en las etapas de Infantil y Primaria. Los dos niveles, donde la LOE obliga a generalizar el inglés este año.
Así lo entiende Adide al recordar a la consejería que "es en esta línea donde se debería disponer prioritariamente de recursos y medios de todo tipo para conseguir un alumnado competente en las tres lenguas del sistema educativo (valenciano y castellano, como lenguas oficiales, y inglés o francés, como las lenguas extranjeras)".
Ni una cosa ni la otra. La presidenta de la asociación valenciana, Tudi Torró, denuncia que "25 años después del Estatuto valenciano y la Llei d'Ús i Ensenyament, los profesores siguen llegando a los centros sin la formación para poder impartir clases de línea en valenciano, ni tampoco se catalogan las plazas docentes para lograr un nivel adecuado de capacitación".
La inspección levanta acta al Ballester Gozalvo por no dar Ciudadanía en Inglés
09:07 Educación afirma que en los institutos no hay un incumplimiento generalizado de la norma La inspección educativa, tras la llamada y posterior visita del funcionario correspondiente al instituto de Educación Secundaria Ballester Gozalvo de Valencia, ha levantado acta de que en sus aulas de segundo de la ESO no se imparte la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Inglés, como imponen la orden y resolución de la Conselleria de Educación, según explicaron ayer. En este centro se da la citada materia en las lenguas oficiales de la Comunitat: castellano y valenciano y por profesores del departamento de Filosofía.
Entre otros motivos, en el instituto -cuyo claustro docente fue el primero que antes del verano se pronunció en contra de la norma dictada por la conselleria- no se está enseñando la materia en Inglés porque -al menos hasta ayer- la profesora asignada por Educación no ha llegado a dar sus clases al presentar una baja.
Esta profesora, explicaron fuentes del instituto a Levante-EMV, pertenece al área de Inglés y desconocía que tuviera que impartir la asignatura de Ciudadanía ya que según el real decreto ministerial ésta es responsabilidad de los docentes de los departamentos de Geografía e Historia y de Filosofía.
En el Ballester Gozalvo, en donde se considera que "estamos haciendo bien la cosas" para que no se les diga que incumplen la norma, añadieron que "no se nos pude obligar a que los profesores de Inglés realicen tareas de traducción en Ciudadanía porque no tememos horas. Antes del verano, al organizar el nuevo curso, lo que llamamos confesiones, no se reservaron puesto que aquí no se iba a impartir la opción B (trabajos trimestrales en esta lengua)", que fue un aspecto anulado provisionalmente en un auto del Tribunal Superior de Justicia.
Del control que está ejerciendo la inspección educativa para vigilar el cumplimiento de la norma sobre Ciudadanía en Inglés, fuentes de conselleria señalaron que los informes no están concluidos y "no hay prisa". No obstante, afirmaron que se están dando irregularidades pero "no se ha detectado un incumplimiento masivo de la norma". Cabe recordar que el titular de Educación, Alejandro Font de Mora, ha reiterado que no le temblará el pulso para que se respeten sus órdenes.
El inspector, recordaron desde este departamento, instruye el expediente pero no sanciona. Él propone su apertura pero es el director general de Personal quien lo decide y ha de nombrar un instructor y un secretario. Además, se debe dar traslado al profesor interesado para que recurra, si es el caso. Se tarda un máximo de seis meses en resolver. Las sanciones pueden ser leves o conllevar que se aparte al afectado de la docencia o se le suspenda de sueldo.
"La inspección educativa puede realizar visitas durante todo el curso e ir realizando requerimientos a los profesores o la directiva si se sigue incumpliendo" añadieron en esta conselleria.
Las normas y actuaciones de conselleria han provocado tal malestar en el sector público educativo que durante esta semana directores de instituto, sindicatos docentes y profesores han previsto asambleas para acordar movilizaciones.
Conselleria de Educación; ¿ignorancia o mala fe?
Sería ignorancia si no conociera tres datos que le recuerdo: nuestra comunidad ya es líder en fracaso escolar, una en las que más ha crecido el paro y está a la cola de inversión en educación. No hay que ser muy listo, ni siquiera conseller, para relacionar los tres datos. Debería, por tanto, dedicar sus esfuerzos a mejorar el sistema educativo del que es responsable, en lugar de proporcionarnos una astracanada diaria con la que causar la hilaridad en el resto del estado.
Puede ser entonces que los desvaríos que nos viene ofreciendo se deban simplemente a la mala fe. De todos es conocida la oposición frontal que la jerarquía católica y el integrismo más rancio ha presentado a la asignatura Educación para la Ciudadanía. La misma que en su día Iglesia y PP (o AP) opusieron al divorcio, aborto, ampliación de la educación, matrimonio homosexual e incluso a la Constitución. Sobre esto último recordemos que 5 de los 6 votos que hubo en contra fueron de su partido; es normal entonces que se esfuercen para que no se enseñen sus contenidos o se enseñen mal. Al respecto, recomiendo consultar los materiales de Education for citizenship que han colgado en la página web de la conselleria; entre otras perlas se asegura, en su epígrafe España en el mundo. Una cultura, una lengua (One Culture, One Language -sic-) que «Spanish is the official language». Quien estudie estos materiales no tendrá el peligro de contaminarse pensando que hay más de una lengua oficial.
Como gracias al recurso presentado por CC OO-PV quedó desactivada la posibilidad legal de objeción que se perpetró en su día, la conselleria mantiene la sandez de dar la asignatura en inglés como último recurso para que los alumnos y alumnas no entiendan lo que se les pueda explicar sobre ciudadanía, derechos y deberes.
Y no lo entenderán porque su nivel de inglés, en general, no se lo permite. Y esto sí es responsabilidad de los gestores de la educación. Nos dice el conseller que su ocurrencia aumentará el nivel de inglés del alumnado y que por eso se hace. Mentira. El señor Font de Mora no está interesado en mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas porque no ha proporcionado el profesorado necesario para impartir inglés (o francés) en Infantil como dice la LOE. El dinero que debería haberse dedicado a enseñar el segundo idioma desde los 4 años se ha desperdiciado en campañas de propaganda y en financiar disparates.
¿Por qué entonces se dará en inglés Educación para la Ciudadanía? Simplemente para escenificar la oposición al Gobierno central aunque sea a costa de llevar al caos a los centros y al ridículo a los profesionales y las profesionales cuya dignidad debería defender.
No contento con esto amenaza con extender esta situación grotesca al Bachillerato. Pero no en cualquier asignatura; será Ciencias para el Mundo Contemporáneo la agraciada con el inglés, curiosamente otra asignatura que no gusta a la misma Iglesia que quemó a Giordano Bruno por dedicarse a la ciencia y no al oscurantismo y a la superstición,
¿Pensará nuestro conseller en dar también cobertura legal a quien no quiera que se enseñe la evolución, geología, el big bang o la igualdad entre sexos? ¡Ay!, perdón, que eso último ya lo quitaron del currículo de Educación para la Ciudadanía.
28 Sep 2008
CV. 28/09/2008.
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El Consell financia rehabilitar la Facultad de Medicina de la Católica con 250.000 euros
Recurrirá para mantener el anticipo de 343 millones que el PP ha menospreciado estos años alegando que no suponía ni un euro más
J. G. G., Valencia
Además del apoyo oficial a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, cuya licenciatura no ha sido reconocida por el Ministerio de Educación, el Consell de Camps financiará también parte de la rehabilitación del edificio que alberga estos estudios y el rectorado. El Ejecutivo aprobó un convenio de colaboración con la universidad para cubrir el 4% del coste total de la intervención en el edificio San Carlos Borromeo, según anunció ayer el portavoz del Consell, Vicente Rambla.
El porcentaje supone una aportación de 250.000 euros a unas obras de rehabilitación que el 17 de septiembre inauguraron Camps y el cardenal Agustín García-Gasco. Éste mismo descubrió una estatua en su honor que presidirá el patio de la Facultad de Medicina. El espaldarazo, ahora también económico, se produce a una facultad que todavía no tiene permiso para dar los títulos de Medicina.
Por otro lado, Rambla reiteró que el Consell requerirá al Gobierno la anulación de la resolución por la cual se le deniega a la Generalitat -al igual que al resto de autonomías- la concesión de un anticipo de tesorería de 343 millones para la atención sanitaria a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y del fondo de suficiencia del ejercicio 2008. En caso de desestimarse, indicó que el Consell recurrirá en vía contencioso-administrativa. El argumento es la "falta de motivación" y "explicación" con que fue adoptada, dijo. Sin embargo, el acuerdo detalla claramente que, a la vista de los ingresos del Estado hasta la fecha, "inferiores" a los estimados en su momento, no cabe dar anticipo a ninguna comunidad, ya que podría darse el caso de que, al efectuar la liquidación, sea negativa.
Rambla, quien reclamó una reunión del Consejo de Política Fiscal, destacó que el anticipo es "una cuantía significativa" y su denegación, un "claro perjuicio" a la sanidad valenciana y las arcas de la Generalitat por el "evidente desequilibrio" que supone el no poder contar con un ingreso fijo "por sorpresa y a dos meses de cerrar el ejercicio". Las declaraciones contrastan con el menosprecio con el que el PP y el Consell se han referido estos años al anticipo, la medida estrella que Zapatero ofreció a las autonomías en la segunda conferencia de presidentes autonómicos para aliviar sus problemas de financiación. El Consell y el PP ha insistido estos años en quitar todo el valor al adelanto, alegando que no suponía ni un euro más. Incluso Economía dictó una orden para que en la contabilidad no figurara como una transferencia del Estado sino como ingresos por tributos, ocultando la inyección de fondos.
Los PGE "complican" la situación
"Zapatero no nos da nada", clamó en las Corts el titular de Sanidad, Manuel Cervera, en mayo, en un debate sobre los anticipos. En el polo opuesto, el PSPV ha presentado estos fondos -más de 1.000 millones entre 2005 y 2007- como si fueran financiación extra.
El vicepresidente censuró que los Presupuestos del Estado no incluyan la nueva financiación autonómica, por lo que se "perderá un año más" y se aplazará la cuestión a 2010, cuando "la situación de nuestros ayuntamientos y autonomías, y especialmente de la Comunitat, se habrá complicado de manera importante", advirtió.
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Los sindicatos instan a los padres a movilizarse contra la orden de Educación
Advierten de medidas contundentes
Los sindicatos CC OO y UGT instaron ayer a los padres de alumnos a sumarse a las movilizaciones en contra de la orden de impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). En una reunión con una veintena de miembros de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Enric Valor y el delegado de la Alta Inspección Educativa del Ministerio en la Comunitat, los portavoces de Educación de las centrales sindicales en Alicante apelaron a participar en los actos de protesta y a poner en práctica otras "medidas contundentes".
Se propusieron iniciativas como la de colapsar el registro de la Dirección Territorial con la presentación masiva de instancias individuales exigiendo que EpC se ofrezca en valenciano o castellano. Tanto el representante de UGT, Francisco Crespo, como el de CC OO, Francisco Sellés, insistieron en que la intensidad de las medidas debía ir en aumento, aunque sin llegar a impedir que los escolares acudan a las clases, ya que eso significaría "un triunfo para la Conselleria".
El representante del Ministerio, David Serrano, alertó del problema de la postura de la jerarquía eclesiástica en cuanto a "la intervención de la sociedad civil en temas de moral". Y animó a mover "un debate de laicismo" y, sobre todo, a "primar como servicio a la enseñanza pública".
Educación debe abonar el 2% de aumento al profesorado
Un juzgado reconoce la deuda de la conselleria
El Tribunal Contencioso Administrativo número 8 de Valencia ha determinado que los profesores de la enseñanza pública no han cobrado de forma íntegra el aumento del dos por ciento en su salario por el complemento específico en los años 2007 y 2008 y ha condenado a la administración a abonar esta deuda, informó ayer el STE-PV.
El sindicato señaló que el tribunal ha fallado a su favor en la demanda que presentó por el impago de los incrementos acordados por CC OO, UGT, CSIF y la administración en la Mesa General de la Función Pública de la Generalitat para el período 2007-2009 y condena a la Conselleria de Educación a abonar la deuda.
Según el STE-PV, "el complemento específico no ha aumentado ese 2% porque una parte de éste se ha dedicado a financiar la incorporación progresiva del complemento específico a las pagas extraordinarias en tres años".
"En vez de haberse incrementado un 2% se sustrajo en torno al 0,7%" criticó. En su opinión, la sentencia, que no es firme, demuestra que el pacto que se negó a firmar y que suscribieron otros sindicatos fue "un mal acuerdo que ha hecho perder dinero a 140.000 empleados".
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La CE investiga 129 PAI que se tramitaron sin tener el agua garantizada por la confederación
La Comisión Europea va a revisar el proceso de adjudicación de 250 planes urbanísticos de toda España por haberse aprobado con informes negativos de las confederaciones hidrográficas, lo que podría vulnerar la directiva marco de agua (2000/60/CE). Un total de 129 de los proyectos pertenecen a la Comunitat Valenciana. El resto se distribuyen entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
El ejecutivo comunitario ha dado un plazo de dos meses al Gobierno para que "identifiquen los proyectos que cuentan con la opinión negativa de las confederaciones hidrográficas, los que están aprobados o están pendientes, y que detallen la cantidad de agua que necesitarían para garantizar el suministro".
La petición de documentación se produce tras la denuncia presentada en enero por el eurodiputado de los Verdes, David Hammerstein, quien ayer aseguró que "el ladrillo del boom urbanístico tiene una sed insaciable que es incompatible con un futuro estable de agua dulce como marca la UE. La investigación europea puesta en marcha puede poner en entredicho legal la construcción de centenares de miles de viviendas que se proyectan construir en zonas con una escasez hídrica endémica".
Entre los proyectos valencianos denunciados se encuentra el Manhattan de Cullera, el proyecto del Valencia CF en Porxinos, o los proyectos urbanísticos de Parcent o Ador, entre otros.
Aunque la denuncia se presentó en enero la respuesta del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, a Hammerstein no se remitió hasta el 22 de septiembre. Bruselas ha iniciado esta investigación preliminar porque "la creación de necesidades adicionales que no se pueden cubrir con los recursos existentes -en regiones que ya están experimentando una falta de agua significativa- puede poner en peligro el principal objetivo de la Directiva Marco de Agua (lograr un estatus de buena calidad para todas las aguas para 2015)", según la Comisión.
En la respuesta escrita a Hammerstein del comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se especifica que Bruselas ha pedido dos tipos de datos. De una parte "la lista de urbanizaciones que, a pesar de contar con una opinión negativa de la confederación hidrográfica respectiva sobre la disponibilidad de recursos hídricos, han recibido una aprobación definitiva por parte de la autoridad competente". También exige al Gobierno que remita la lista de "desarrollos urbanísticos que han recibido una opinión negativa de la confederación hidrográfica pero que todavía no han recibido una aprobación definitiva de la autoridad competente". En todos los casos, el comisario exige que se informe sobre "la demanda anual estimada de agua de cada una de ellas".
El Consell ignoró la Ley de Aguas en 129 urbanizaciones
La CE investiga la masiva autorización de PAI sin previsión de consumo
Esta práctica ha sido denunciada ante la Comisión Europea por el eurodiputado de Los Verdes, David Harmmerstein, por poner en riesgo los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Bruselas, a través del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recogido el guante y ha abierto una investigación. La primera decisión ha sido recabar del Gobierno central el listado de proyectos autorizados sin el informe favorable de las cuencas hidrográficas. En el caso de la Comunidad Valenciana, los proyectos afectados, según la denuncia del eurodiputado de Los Verdes, son 129. En total, estas iniciativas prevén unas 200.000 nuevas casas con cerca de un millón de habitantes.
La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de julio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas necesidades de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia de recursos hídricos suficientes. Como norma general, los PAI tramitados no incluyen ese documento. Y cuando lo recoge, siempre ha sido negativo. Este fue el caso del PAI de La Serreta, en plena huerta de La Nucia, que prevé levantar 3.834 casas.
En la mayoría de los planes aprobados definitivamente, la ausencia del preceptivo informe de la confederación se sustituye con por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidades y Consorcios de Aguas) o simplemente la aprobación por parte de los plenos municipales de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", confeccionados al margen de los organismos competentes.
El recurso a entidades colaboradoras para garantizar el consumo de agua la futura población ha sido esgrimido en proyectos de envergadura como el Plan Rabassa (periferia norte de Alicante con casi 13.000 casas), el nuevo planeamiento Urbano de Sant Joan d'Alacant, que prevé unas 20.000 nuevas viviendas y el PAU 21, en Orihuela, con otras 2.286 viviendas.
La reacción del Consell a iniciativa de la Comisión Europea ha sido arremeter contra el denunciante. El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acusó ayer en Alicante al eurodiputado de Los Verdes de utilizar la UE con "fines partidistas y en contra a los intereses generales de todo el mundo". Según García Antón, Bruselas "no investiga estos proyectos porque carezcan de nada, sino porque falta algún informe". El consejero, no obstante, se escudó en las entidades colaboradoras para asegurar que los proyectos, como el caso del Plan Rabassa, tiene garantizada el agua, pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene la tesis contraria.
A punt per al primer expedient de la Gestapo. EpC a la CV. 28//09/2008.
La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano. 27/09/2008.
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Cristina Manrique: "Tengo miedo al expediente pero dar EpC en inglés es hacer el payaso"
Al borde de recibir el primer expediente de Educación por negarse a impartir EpC en inglés, la profesora de idioma del IES Altaia de Altea espera el respaldo del resto de compañeros de la provincia. Dice que no es más que un paripé político.
-Está usted en la picota. La inspección le ha apercibido esta semana de sanción junto al profesor de Filosofía, Rafael Martí, los primeros expedientes con los que amenazó el conseller por negarse a impartir EpC en inglés.
- Sabemos mi compañero y yo que estamos bajo la mirada de la conselleria. Él se niega a que entren en su aula los de Inglés y yo a entrar para impartir Ciudadanía. Nos están obligando a hacer algo que va contra la ley al estilo de "lo haces o te expediento", cuando la normativa de la Comunidad es de menor rango que la LOE.
-¿Y cómo lo lleva?
- Pues fatal porque nos hemos quedado solos. No sabemos de otros que se nieguen como nosotros, aunque todos opinen lo mismo y digan que la dan pero no la dan, porque como quiere la conselleria no se puede hacer.
-¿Qué piensa hacer?
-En la asamblea de profesores de toda la provincia convocada para el jueves pienso proponer que todos nos pusiéramos de acuerdo, como en nuestro Claustro, para negarnos desde los departamentos de Inglés y así no aparecer nadie como cabeza de turco.
-Esto se veía venir, ¿cómo es que no se han unido antes?
-Estábamos tan alucinados con lo que llegaba que no nos dedicamos a organizar una respuesta unitaria, pero podemos hacerlo ahora.
-¿Por qué tomó una decisión tan difícil y que le expone tanto?
-Han pasado por encima de mis derechos. Yo oposité para impartir una asignatura, el inglés, no para traducir. Además te obligan a dejar las clases de apoyo del inglés para los alumnos porque te imponen el horario de EpC.
-¿En qué sentido se sobrepasan con sus derechos? Se lo pregunto porque el conseller reitera que la ley es la ley y hay que cumplirla.
-Tal y como vino aquí la inspección me sentí tratada como un muñeco. Insultos, gritos del estilo usted se sienta y si no le abro expediente de empleo y sueldo... Son 30 años de carrera y lo mínimo que pido es un respeto a mi trabajo.
-Desde la conselleria dicen que se trata de potenciar el inglés.
-No se puede entender que digan eso cuando lo que hacen es cargarse la enseñanza del inglés y, para el trilingüismo, debe empezarse desde pequeños como una lengua materna. El nivel de inglés exigido para EpC es incluso más difícil que el de selectividad.
-Se le ve muy indignada
-Porque estos datos lo que indican es que no quieren que se de la asignatura. No pueden hablar de potenciar el inglés cuando no se plantean grupos reducidos de alumnos con más profesores de idioma. En mi clase de inglés hay 28 alumnos, un tercio me puede seguir en el nivel elemental del currículo de segundo de ESO, cinco tienen adaptaciones curriculares significativas (ACS) y necesidad de educación especial y otro 8% procede de Europa del Este y no sabe castellano, o bien de sudamérica y no han dado inglés. ¿Cómo pretenden que a este grupo se le imparta Ciudadanía, con un nivel de inglés más elevado que el de mis clases de idioma?
-¿Cómo puede dar su clase?
- Pues trabajando como le digo las adaptaciones curriculares y preparando hasta cuatro exámenes distintos con cuatro niveles.
-La conselleria querrá eso mismo pero con EpC en inglés.
- No tengo por qué dar una asignatura que no es mía. Es nuestro derecho como profesores que optamos en su día a una plaza y tenemos el horario cubierto.
-Insiste en negarse.
- Con 30 años de docencia no puedo entrar en un aula a hacer el ridículo porque al traducir te las ves y te las deseas cuando no dominas una materia. Dar una asignatura de golpe en inglés es hacer el payaso y me ha costado muchos años ganarme el respeto y la autoridad como para entrar ahora en las clases y que los alumnos se rían de nosotros. Sólo sirve para generar follón y que nadie aprenda.
-¿No tiene miedo al expediente?
- El miedo es algo muy personal y legítimo porque un expediente implica obstáculos en los trienios y demás. Tengo miedo, claro que sí, pero soy mayor de 55 años y me han demostrado que el inglés les importa un bledo: en todos estos años no se sustituye al profesor de inglés cuando falta y se rompe la asignatura; faltan profesores de inglés en toda la Comunidad; tampoco los ponen en Infantil y han impuesto EpC en inglés sin consultar a ninguno de nosotros.
-¿Es tan penoso trasladar lo que indique el profesor de Filosofía?
-Ni siquiera en mis propias clases puedo hablar a los alumnos todo el tiempo en inglés. Al explicar un texto nuevo debo hacerlo en castellano en segundo de ESO. Es todo caótico pero incluso si hubiéramos percibido buena intención desde la conselleria se habría tratado de buscar alguna solución, pero es que se tiene muy mala intención y no es más que un paripé político que pagan primero los chavales y después los profesores.
-Hasta el punto de sancionarles
-Se nos dijo que si es que no nos enterábamos, que el que debía hablar en la clase era únicamente el de Inglés pero sin traducción, así que resulta disparatado y demuestra que se pretende que los alumnos no se enteren de nada. ¿Qué se supone que tengo que contestar a los estudiantes si me preguntan sobre algún contenido?
-¿La asignatura le gusta al margen?
-Creo que es fundamental para que se funcione mejor en los institutos y para que los padres ayuden a sus hijos. Los padres estaban intranquilos sobre lo que habían oído de que adoctrinaba. Les dejamos los libros, que los leyeran. No se trata de que todo el mundo deba ser homosexual y abortar sino del respeto, de la Constitución y de convivir en paz. Tenemos cantidad de problemas en la sociedad por la falta de respeto y los más débiles son los que siempre reciben los palos.
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"Los profesores que damos Ciudadanía en inglés hacemos un paripé absurdo para evitar sanciones"
Uno de los once docentes de Filosofía, "héroes" según el conseller Font de Mora por ofrecerse a dar EpC en inglés, reconoce que imparte la materia en castellano porque los alumnos no entienden nada
"Introduction.The integral dimension of the personal life. The first unit. The reality of human life is peculiar and complicated. Are there different answers to the question what is a human being? Each individual's point of view is even more difficult. Who I am? What makes me who I am?". Así debería comenzar la clase de Educación para la Ciudadanía -en 2º de la ESO, con alumnos de 12 años- según las directrices de la Conselleria de Educación. Sin embargo, la realidad es bien diferente. "¿Cuántos de vosotros sabéis inglés?", pregunta el profesor de Filosofía encargado de dar la materia. La mayoría de la clase levanta la mano. "Muy bien. Decidme alguna frase en inglés", continúa el maestro. Y los alumnos, orgullosos, lanzan sus conocimientos a voz en grito: "Blue, pencil, my name is...". Cuando el profesor lee los enunciados escritos en un power point, en inglés, -concretamente el inicio de este reportaje- las caras de los alumnos son un poema. No entienden nada.
El profesor domina la lengua británica pero se niega a dar la asignatura en inglés. Y es precisamente por ese motivo por el que ni quiere aparecer en fotografía alguna, ni que su nombre se haga público ni que se sepa el instituto en el que ejerce la docencia. Teme las represalias de la Conselleria de Educación y sabe que los inspectores están controlando que la asignatura se imparta en inglés. A él, -que ha sido calificado por el propio conseller Alejandro Font de Mora como un "héroe" por tener la licenciatura de Filosofía y hablar y escribir perfectamente en inglés- le parece una "aberración" que le obliguen a dar la clase en una lengua que los propios alumnos no entienden.
Sanciones y represalias
"¿Para qué voy a dar la clase en inglés? El objetivo es que los alumnos aprendan. Y está claro que lo que saben de inglés es nada. La Conselleria de Educación quería boicotear esta asignatura y lo ha conseguido. Lo que estamos haciendo los profesores es un paripé absurdo para evitar sanciones y represalias", asegura este licenciado en filosofía. Y es que, lo único que implica leer los enunciados en inglés -y luego traducirlos- es "perder el tiempo". "No quiero, ni por un instante, que el Consell piense que es viable dar la asignatura en inglés. Si realmente el gobierno valenciano se preocupara por la educación, la adaptación de Educación para la Ciudadanía en la Comunitat Valenciana sería bien diferente". Y, para que quede claro, cita dos ejemplos "donde se ve claramente" que es el propio Consell quien determina "una orientación concreta" a la asignatura. "En el currículo global se marca el apartado de 'la Globalización'. Pues en la Comunitat, este apartado se concreta en 'La globalización como motor de desarrollo'. O en el apartado 'Conflictos Sociales', los niños valencianos deben estudiar concretamente: los nacionalismos, los radicalismos religiosos y la inseguridad. Nada más. Así lo han puntualizado en los programas. Si eso no es adoctrinar...", asegura.
Y es que, según uno de los "héroes" de Font de Mora, "ni tan siquiera el currículo de la asignatura está adaptado para niños de 12 años. Los contenidos son difíciles para los alumnos de 2º de la ESO". Sin embargo, el protagonista de esta historia -que se define como un "profesional del pensamiento"- está decidido a que sus alumnos aprendan a pensar por sí mismos. Porque ése, "y sólo ese" es el objetivo de una asignatura "que es polémica por una lucha absurda de partidos que perjudica a los alumnos". Este maestro valenciano especifica que la asignatura que se da en 4º de la ESO -Ética y Ciudadanía- es "exactamente la misma asignatura, idéntica, que la que se conocía como Ética hace unos años. Tiene exactamente los mismo temas. Pero no es obligatorio darla en inglés".
En cuanto a la de Educación para la Ciudadanía -asignatura obligatoria en 2º de la ESO- el filósofo argumenta que "los valores en los que incide la materia estaban dispersos en otras asignaturas. Tan sólo se pretende la formación en valores de forma trasnversal, y eso ya estaba reflejado en la Logse".
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El sindicato de enseñanza STE-PV denunció ayer "presiones" por parte de la Conselleria de Educación sobre el profesorado del instituto de secundaria Altaia de Altea por impartir Educación para la Ciudadanía en valenciano y no en inglés. Los dos inspectores llegaron al centro alrededor de las 12 y lo abandonaron a las 14:45. Durante este tiempo se entrevistaron a puerta cerrada en el despacho de la directora del instituto de manera individual y sin testigos presenciales con ésta y los profesores de Filosofía, Rafael Martí, y de Inglés, Cristina Manrique.
El profesor de Filosofía, Rafael Martí, explicó que estuvo solo con los dos inspectores unos cuarenta minutos: "Les he dicho que me niego a impartir la clase de EpC en inglés y que lo hago en valenciano. Han levantado acta de mi actuación y me han apercibido de posibles sanciones por mi negativa a cumplir la ley". Martí añadió que "esta vez han venido dos inspectores para acobardarnos, pero yo me mantengo en mis convicciones y mi postura contraria a lo que pide Consellería, razón por la que me han dicho que se puede abrir un expediente que supondrá la pérdida de empleo y sueldo durante el tiempo que ellos consideren, un mes, dos meses o todo el curso. A pesar de ello -apostilló- me mantengo en mi postura, pues contamos con el apoyo de los padres y del claustro de profesores. Estoy convencido de que actúo bien. De hacer lo contrario no podría dormir, porque aceptar esta imposición perjudica a los alumnos". Por su parte, la profesora de Inglés, Cristina Manrique, indicó que los dos inspectores "están ejerciendo una presión y una tortura muy sutiles para que desistamos en nuestra negativa a dar EpC en inglés". Manrique afirmó sentirse "presionada por estos dos inspectores, que están haciendo los papeles de poli bueno y poli malo". La directora del instituto, Vicenta Llorca, matizó que no ha habido tal "interrogatorio", sino que los inspectores han ido "a confirmar mediante un requerimiento la postura del centro".
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Bombero, no. Fabra. 27/09/2008.
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Un día Ovidi Montllor me confesó que de niño quería ser o viajante de comercio o camionero o maquinista de tren. Casi todos los niños de por entonces elegían un oficio trashumante, un oficio que los alejara de la cachiporra y del hambre y de la soledad, y los llevara a ver mundo. Pero luego resultó que el mundo de la representación de bisutería o conservas, del transporte por carretera o del ferrocarril de vapor tampoco les ofrecía un paisaje muy diferente del que dejaban atrás. Con una democracia de guiños y parches, muchos niños, de mayores, querían ser bomberos no tanto por el riesgo y el catastrofismo espectacular de algunas películas, sino por los almanaques en pelotas de las plantillas más jóvenes, que ponían a las mujeres cachondas y les manoseaban desde las cachas a los bíceps de cartulina, sin perderse un pelo, mientras cambiaban las sábanas de la fantasía, por su acaso. Bombero o corredor por relevos o futbolista, para forrarse lo suyo o cuando menos, para ligar a base de calendario con los atributos bien ventilados. Pero con la democracia ya atocinada y con remaches y remiendos en inglés los niños descubrieron que los músculos y el culo se descuelgan pronto, y se pidieron, para cuando fueran hombres, una plaza de político, pero de político provechoso, de los que saben hacer casas y mover los hilos que se deben mover y guardar los dineros donde no haya dios ni policía científica que los encuentre, políticos de esos que reciben elogios y hasta incienso de algunos de nuestros más ilustres personajes, y como tantos otros de esa variopinta fauna, se pegan los fondillos del pantalón, con cola de carpintero y fervor de procurador de las cortes franquistas, al escaño o al sillón, para ofrecerle quinquenios a la patria y a la nómina.
Bombero, no, papá, de mayor quiero ser Fabra. Carlos Fabra es, además de presidente del PP y de la Diputación provincial de Castellón, un tipo mediático, que se le escapó de la agenda a Mario Puzo, y al que la justicia no consigue meterle mano, por presuntos delitos fiscales. Recientemente, la policía judicial investiga no sólo sus cuentas, sino la de sus familiares. Fabra ni se inmuta, ni se amilana, con el minucioso rastreo, aunque parece algo incómodo. "Caliente, caliente... Cuidado, no se me vayan a quemar"... Sabe el dirigente popular que a su lado tiene, como avalista, al presidente de la Generalidad Valenciana, aunque el niño que de mayor quiere ser Fabra, se imagina toda una trama más trepidante con la camorra napolitana. Cuando un niño toma como modelo a un imputado al que el señor Rajoy, aspirante a la presidencia del gobierno de España, ha calificado públicamente de ejemplar, a la profunda crisis económica que sufrimos, le acompaña una no menos sensible y profunda crisis de valores morales. Si cuantos están imputados hubieran posado para uno de esos almanaques tan celebrados de bomberos o futbolistas, en la desnudez de sus carnes y de sus enredos hubiéramos apreciado, no el vigor de un brazo ni el impulso de un cuerpo, sino el mapa de una presunta corrupción, con los paraísos donde han ido a parar los dineros de tantas trampas y especulaciones... Por eso, de mayor, quiero ser niño.
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La policía judicial sigue el rastro de cientos de cheques ingresados en cuentas de Fabra
Los agentes y los peritos de la Fiscalía Anticorrupción regresaron ayer a Madrid con abundante documentación sobre el caso
El cerco se estrecha para Carlos Fabra. Los peritos de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que se desplazaron esta semana a Castelló siguen el rastro de cientos de cheques e ingresos en metálico sin justificar del presidente de la Diputación de Castelló y su familia.
El trabajo que los investigadores han realizado durante los últimos tres días está dando sus frutos. Por un lado, han recopilado documentación con transferencias bancarias de los Fabra que los bancos se han resistido a facilitar, a pesar de los múltiples requerimientos que la juez de Nules les ha cursado en los últimos dos años. Además, se han entrevistado con directores de entidades financieras y han obtenido indicios de que la supuesta trama de corrupción puede llegar aún más lejos de lo que se pensaba.
Hasta ahora, Hacienda imputaba a Fabra una cantidad de 644.000 euros en ganancias patrimoniales de origen no justificado en su declaración de la renta del año 99. Tales operaciones las realizó supuestamente a través de casi 200 transferencias -en metálico y en cheques- documentadas en decenas de bancos de Castelló. Para canalizar el dinero empleó casi un centenar de cuentas corrientes -19 como titular y 75 como persona autorizada-. Pero ésta es sólo una cifra inicial calculada en los primeros momentos de la investigación, es decir, la cifra que Hacienda documentó en su informe del 24 de mayo de 2005 y que sirvió para abrir diligencias judiciales por un delito fiscal. La inspección que han llevado a cabo esta semana los agentes de la policía y los peritos de Anticorrupción ha constatado que la bolsa de dinero sin declarar que ha podido mover el político conservador castellonense a través de los bancos y cajas de ahorro de la provincia puede ser aún mayor.
Así, en el año 2000 el líder popular fue beneficiario de más de 70 ingresos por 426.718 euros, que en un principio también fueron clasificados por los inspectores como no justificados, al no haber podido aportar la documentación el presidente de Castelló en sus sucesivas citaciones en las ventanillas de la Agencia Tributaria.
Algunas de las cantidades que manejó Fabra resultan significativas y constan en el informe. Destaca la diligencia número 8, de 18 de octubre de 2004, en la que se recoge un ingreso de 15.025 euros a través de una transferencia fechada el 3 de enero de 2000 en el BSCH; otro ingreso de 7.402 euros realizado el 10 de mayo de ese año en el BBVA; y un tercero, de 24.040 euros, que se transfirió por el Banco Popular el 29 de mayo.
Irregularidades
La lista de ingresos injustificados y de irregularidades administrativas es interminable, así como los sucesivos requerimientos que los inspectores enviaban a Fabra para que se pusiera al corriente con documentos y extractos.
En otra diligencia, los inspectores hacen constar que el presidente de Castelló aportó copia de un cheque de la CAM, pero los peritos le piden más información porque "se desconoce la cuenta del cargo del cheque". En otro caso, Carlos Fabra aporta extractos de más ingresos en la Caja de Ahorros de Galicia, pero no se identifica a los titulares, por lo que Hacienda le solicita aclaración para la próxima visita, según consta en el informe de Hacienda.
27 Sep 2008
La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano. 27/09/2008.
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La inspección presiona a un centro que da Ciudadanía en valenciano
NEUS CABALLER
El rechazo unánime del claustro docente del instituto público IES Altaia de Altea a impartir la versión inglesa de Education for Citizenship y su reafirmación en dar esta materia en valenciano -como el resto de asignaturas- le ha convertido en blanco de las "presiones" por parte de la Administración educativa. Según denuncia el STEPV, este instituto de La Marina Baixa recibió ayer "otra visita" de la inspección educativa -en esta ocasión, por parte de dos funcionarios, no uno- para "interrogar de nuevo al profesorado que imparte Educación para la Ciudadanía y comprobar si la imparten en valenciano como comunicaron en su primera visita o en inglés".
Los profesores afectados, la dirección y el claustro ratificaron su postura de impartir la materia en valenciano. Y la inspección "ha levantado acta" de la sesión y, en tono amenazante, ha advertido de que "ya recibirán noticias".
Ambos inspectores no han tardado en cumplir con diligencia las "instrucciones" reiteradas el lunes por la jefa de los Servicios Centrales de la Inspección Educativa, Susana Sorribes, a todo el cuerpo de inspectores para que se movilicen y visiten todos los institutos valencianos para "controlar Ciudadanía si se da en inglés".
Pese a que la actuación ha sido criticada por los sindicatos -porque responde al modelo de inspección franquista- los funcionarios no han permitido la presencia de delegados sindicales durante el "interrogatorio" a los profesores.
26 Sep 2008
CV. 26/09/2008.
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Camps hace de los 343 millones negados la nueva bandera contra el Gobierno
Valcárcel acusa a Cospedal de ser "ambigua" en el tema del agua
Carlos Alós, Valencia
La imposibilidad de que el Gobierno anticipe 343 millones de euros para la financiación sanitaria como consecuencia de la reducción de ingresos por impuestos se ha convertido en la nueva bandera del Consell de Camps contra el Gobierno de Zapatero.
Ya lo fue durante el debate de política general del martes en las Corts, cuando el propio presidente, Francisco Camps, exhibió desde la tribuna la carta que ese mismo día le había enviado el Ministerio de Economía en la que le informaba que no anticiparía esa cantidad. Y volvió a convertirse en arma arrojadiza contra el Gobierno ayer en un acto conjunto del jefe del Consell con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, celebrado en Torrevieja. Así, a las exigencias habituales en este tipo de cumbres: más financiación por el aumento poblacional, infraestructuras y el trasvase del Ebro se unió ayer la reclamación de los 343 millones "comprometidos" para financiación sanitaria. Valcárcel también cogió la nueva bandera y ambos destacaron que ese dinero "no es una donación" ya que proviene "de los impuestos de los españoles".
Acabará en los tribunales
Durante su intervención, Camps criticó la decisión del Ministerio de Economía porque "contradice" la promesa realizada por el presidente del Gobierno en la segunda conferencia de presidentes autonómicos.
Camps y Valcárcel anunciaron también que recurrirán la decisión ante los tribunales y lamentaron que el presidente del Gobierno haya "roto su palabra" con el recorte y el jefe del Consell llegó a exigir a Zapatero que se "posicione personalmente" ante esta decisión "porque fue él quien nos dijo que el anticipo se haría efectivo en años venideros", añadió.
En materia hídrica, los presidentes valenciano y murciano volvieron a hacer frente común y criticaron las "mentiras" de Zapatero al prometer una alternativa "seria y sensata" al trasvase del Ebro "y el tiempo ha demostrado que no es así", dijo Camps.
En presencia del propio jefe del Consell, el presidente murciano acusó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de ser "ambigua" respecto a la caducidad del trasvase Tajo-Segura. De Cospedal, "juega a una cierta ambigüedad", respecto a la caducidad del trasvase previsto en la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha, matizó Valcárcel y "algún guiño tendrá que hacer a los acuerdos adoptados" en el Congreso del PP en Valencia en materia hídrica.
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Moreno critica el déficit de 1.000 millones en el Consell
EL PAÍS
La portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, afirmó ayer que el déficit del Consell supera los 1.000 millones de euros. La parlamentaria socialista realizó esta afirmación tras publicar el Consell el estado de tesorería de las cuentas públicas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Moreno exigió al Gobierno valenciano que "reaccione y aplique los planes de austeridad" que rechazó en el pleno de las Cortes Valencianas el pasado miércoles.
La parlamentaria argumentó que, según los datos publicados, la recaudación de impuestos por culpa de la crisis económica ha disminuido un 8%, mientras que el gasto se ha disparado entre agosto de 2007 y el mismo mes de 2008 en un 10%. "Sería una irresponsabilidad gravísima que un gobierno autonómico como el valenciano, que gestiona casi 15.000 millones de euros, no asumiera que la crisis también le afecta", advirtió Cristina Moreno.
Según Moreno, para reaccionar ante las dificultades económicas primero hay que asumir que la crisis también afecta a la Generalitat. "El PP se negó a tomar medidas ejemplarizantes para la sociedad como la reducción de un 25% de los altos cargos y del personal eventual de la Administración valenciana o la disminución del 75% de los gastos destinados a publicidad institucional, tanto en la Generalitat como en los organismos, entes, empresas públicas y fundaciones dependientes", argumentó la portavoz para temas económicos del Grupo Socialista.
"Dentro de sus competencias y con casi 15.000 millones de presupuesto alguna medida de austeridad, de control del gasto y de fijación de nuevas prioridades se tendrán que tomar desde el Gobierno valenciano", recalcó la socialista.
Pagos puntuales
La réplica de la bancada del gobierno llegó por parte José Marí, portavoz de Economía del Grupo Popular. El diputado del PP aseguró que la Generalitat atiende puntualmente sus pagos aunque su tesorería estaría mejor si el Gobierno atendiese las demandas financieras del Consell. Marí lamentó que los socialistas no se pongan al lado del PP. En este sentido, el portavoz popular lamentó que el PSPV no se ponga de su lado para plantear esta exigencia el Ejecutivo central.
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La CE investiga proyectos urbanísticos valencianos sin agua garantizada
12:43 Las urbanizaciones, ubicadas también en Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas.
EFE La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes, según ha anunciado el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una pregunta parlamentaria.
Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según informó el eurodiputado español David Hammerstein, quien formuló la