02 Sep 2008
CV. 02/09/2008.
.
El Consell está a la cola en gasto público por alumno
N. C.
A pesar de ser la autonomía que mayor porcentaje del presupuesto dedica al sector educativo (29 de cada 100 euros), el gasto por alumno en la Comunidad Valencia es "considerablemente bajo" y está en el furgón de cola respecto al resto de autonomías, con una inversión de 3.555 euros por alumno, solo superada a la baja por Andalucía, con 3.088 euros y Murcia, con 3.107. "Ello es consecuencia de la mala financiación autonómica", concluye el sindicato CISF, que ayer reclamó al Gobierno central que "reconozca el aumento de población valenciana" y que, por lo tanto, "aporte más dinero para poder aumentar el gasto mínimo por alumno".
Si además se atiende al gasto público en educación no universitaria por alumno en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, la Comunidad Valenciana ocupa el lugar octavo entre las 17 autonomías, con una inversión media del 18,5%. Una tasa lejos también de la inversión gallega por alumno con relación a su PIB per cápita (23,7%), de Extremadura (25,6%), Castilla-La Mancha (24,2%), País Vasco (20,3%), Castilla y León (20,9%) o Cantabria (20,4%).
La Comunidad Valenciana, no obstante, lidera el ranking nacional de conciertos educativos desde el año 2000: cuando, al inicio de la segunda legislatura del PP al frente de la Generalitat, se inició una escalada de conciertos educativos con las patronales privadas y religiosas.
En ese mismo año, "mientras la financiación pública destinada a conciertos y subvenciones en España fue del 11% y en 2005 se mantenía en un 11,29%; la Comunidad Valencia ya tenía un gasto público anual fijo en conciertos del 12,68% y en 2005 representaba el 15,89% del gasto".
Las previsiones de aumento de población con las que trabaja ahora la Generalitat estiman que en el periodo 2005-2010 la población habrá crecido en 682.932 habitantes más. Aunque el crecimiento anual del sistema educativo se estrenó el curso 2002. Y, desde entonces, crece de manera sostenida, con entre 9.000 y 10.000 alumnos matriculados más por curso.
Según un estudio sobre los Indicadores del Sistema Educativo que maneja la propia consejería valenciana, el incremento de población escolarizada se atribuye a que desde el año 2001 se rompió la curva decreciente de la natalidad, con lo que la matrícula de Infantil en 2005 acumuló un crecimiento del 18%, al tiempo que la escolarización de inmigrantes se duplicaba.
.
18.888 parados más
Comunidad Valenciana es la tercera región donde más subió el paro en agosto
.
Sanidad teme nuevos casos de legionela "porque está en periodo de incubación"
AGENCIAS
La consejería no sanciona a la empresa en la que se originó el brote porque cumple el protocolo de revisiones
El consejero de Sanidad, Manuel Cervera, ha afirmado hoy que es probable que se detecten más casos de legionela porque "como cualquier infección todavía está en periodo de incubación" aunque ha destacado que lo importante es que Sanidad "ha tomado las medidas necesarias para frenar el brote". De las 12 personas aquejadas de neumonía por legionela en Caircaxent sólo una continúa ingresada en el Hospital de Alzira, si bien su pronóstico es estable, ha asegurado Cervera.
Cervera ha explicado que después de que apareciera el primer caso, el pasado 20 de agosto, en la localidad valenciana de Carcaixent, se comenzó a investigar hasta que se dio con el foco de infección en una industria del municipio, para lo que se inspeccionaron 700 empresas de éste y de la cercana población de Alzira y 41 instalaciones de riego. En referencia a esta empresa, fuentes de la consejería de Sanidad han explicado que cumplía con el protocolo de inspecciones periódicas por lo que no ha sido sancionada.
El conseller ha destacado que el brote está "bien definido" y que una de las primeras medidas que adoptó la Consejería fue estudiar el agua de los domicilios de los afectados, sin que se encontrara allí la bacteria. Además, a través de encuestas epidemiológicas, se ha descartado que exista relación entre los casos de legionela detectados en Carcaixent y los dos de Alzira. Por último ha puntualizado que la bacteria aparece fundamentalmente en el clima mediterráneo y en esta época del año.
Compromís exige una investigación "hasta sus últimas consecuencias"
La diputada de Compromís en las Corts Valencianes, Mireia Mollà, ha reclamado hoy una investigación que llegue "a sus últimas consecuencias" para aclarar cómo se produjeron los casos de legionela y ha pedido al Consell que deje de "echar la culpa a las empresas de frío y refrigeración ya que para que esta bacteria se reproduzca se han de dar más factores que la sola existencia de estos aparatos".
Compromís ha solicitado información al Consell para determinar "de forma fehaciente si las torres de refrigeración investigadas cumplían todos los requisitos de limpieza y mantenimiento que los fabricantes recomiendan y la legislación exige". Y ha añadido que "tal y como indican los expertos, para que la bacteria se introduzca en las torres de refrigeración es necesario que esté presente en el agua de red, por lo que, el control de los niveles de concentración de dicha bacteria en el agua de aportación es fundamental para prevenir los casos de legionela y su análisis exhaustivo es imprescindible".
Para Mollà, "las medidas preventivas no pueden limitarse a cerrar torres de refrigeración ya que éstas son un factor pero no el único factor para la propagación". En su opinión, "el Consell con esta medida quiere dar la sensación a la población de que actúa para tranquilizarla pero lo cierto es que un año sí y otro también, los brotes de legionela se reproducen y se da cada vez más cerca de núcleos urbanos más poblados con el peligro que eso supone de dispersión de una epidemia".
.
El paro en la Comunitat sube en más de 18.000 personas en agosto y crece un 37% en un año
Con 285.660 desempleados, fue la tercera comunidad autónoma donde más parados se registraron en agosto, tras Andalucía y Cataluña.
.
De Cospedal reprueba el insulto de Fabra que Costa dijo no haber oído
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que los insultos no tienen cabida en la política, en referencia a la actuación del presidente provincial del PP y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, quien llamó "hijo de puta" al portavoz socialista y alcalde de Benicàssim, Francesc Colomer.
"Los insultos personales no tienen cabida en política, diga quien los diga, y lo digo a título personal", destacó Cospedal en una comparecencia en la sede nacional del PP. La secretaria general dijo no estar al tanto del hecho, que tuvo lugar el pasado 29 de julio, al finalizar el pleno de la Diputación. Una grabación en video de la sesión ha revelado que el presidente Carlos Fabra llamó "hijo de puta" a Francesc Colomer después de que el socialista le preguntara sobre las causas judiciales que siguen abiertas en Nules. Al levantar la sesión, con el micrófono todavía abierto, el líder del PP profirió el insulto.
Esta salida de tono le ha valido numerosas críticas a Fabra. Desde el PSPV han pedido al presidente regional, Francisco Camps, que cese a su homólogo provincial. El pleno del ayuntamiento de Benicàssim aprobó el pasado jueves una moción para reprobar la actitud del presidente de la diputación, a quien pide una rectificación "inmediata". Todos los grupos con representación en el consistorio benicense, a excepción del PP, reprobaron la actitud de Carlos Fabra. Éste, sin embargo, todavía no ha salido a dar explicaciones sobre lo sucedido. El portavoz popular, Vicent Aparici, tampoco ha querido pronunciarse, escudándose en que no ha escuchado el insulto.
Ayer se sumó a la críticas Unión, Progreso y Democracia (UPyD). El comité provincial de Castelló "condenó" en un comunicado los insultos de Fabra y calificó de intolerables "las formas, los gestos y las maneras que gasta el presidente y su séquito de una institución tan importante para la provincia. Como puede apreciarse en el video de la sesión que circula por internet, las carcajadas, burlas y humillaciones a que someten a Colomer en el turno de ruegos y preguntas son de un matonismo político difícilmente superable". "Desde UPyD hemos apostado siempre por la renovación democrática y pensamos que ahora más que nunca es necesaria en Castelló. Resulta insostenible que quien está imputado en numerosas causas judiciales ejerza el mando de la Diputación de forma tan grosera y dirigiendo las sesiones de forma abusiva y manifiestamente mejorable, en lugar de dimitir de su cargo", concluyeron.
El PSPV acusa al Consell de "mentir compulsivamente" sobre el Palau y cifra en 10 millones el daño
Camarasa se refería de este modo a la respuesta parlamentaria publicada ayer por el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) en las que el conseller de Economía, Gerardo Camps, aseguraba que el teatro de ópera no tiene "ninguna superficie inundable ni definida como tal" en el Plan de acción territorial de prevención de riesgos de inundación (Patricova) de la Comunitat y que la entrada de agua que sufrió el coliseo se debió a un "acontecimiento fortuito y extraordinario provocado por fortísimas lluvias".
Para Camarasa, estas afirmaciones "chocan contra una gran contradicción", ya que la propia oficina del arquitecto Santiago Calatrava afirmó en los días siguientes a las inundaciones que se habían realizado distintas gestiones, incluso por escrito, ante el Consell y el Ayuntamiento de Valencia para avisar de que el Palau sufría un peligro de inundación debido a fenómenos como el de la gota fría". Para evitarlo, el arquitecto, "que se eximía de toda responsabilidad", apuntó el parlamentario, propuso una lámina de agua en la zona norte.
Camarasa recordó a Europa Press que el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia de Calatrava en las Corts para explicar esta cuestión, algo que fue rechazado por el PP, lamentó. "Que alguien no quiera que el responsable de las obras vaya a las Corts a explicarse es un hecho que habla por sí mismo".
El representante socialista se preguntó además si estas manifestaciones de Calatrava pueden influir en el pago del seguro, ya que, supongo que se estará estudiando si el Consell "hizo todo lo que debía".
En este punto, agregó que, según recoge la propia Cuenta General de la Generalitat Valenciana, hasta el momento "sólo ha ingresado por compensación de los seguros un millón de euros" a pesar de que, según el PSPV, los daños "son diez veces más como mínimo".
Para Camarasa, "una vez mas el Gobierno valenciano miente compulsivamente" porque "que salga un miembro de la Generalitat diciendo que el Palau de les Arts no es inundable contradice la ley de la física y las declaraciones de Calatrava y pone al Consell a los pies de los caballos", aseveró.
De Cospedal recibe con ambigüedad la continuidad del Tajo-Segura y Camps endurece su discurso
El responsable de la Generalitat afirma que "España no tiene presidente de Gobierno"
La secretaria general del PP y presidenta del PP por Castilla-La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, aseguró ayer que defiende lo establecido en el Estatuto de esta región en relación a trasvase Tajo-Segura y "la fecha" (de caducidad) que éste fija, ya que recuerda que fue "aprobado por unanimidad", apoyado tanto por el PP como por el PSOE. Aún así, afirma que su partido será "muy respetuoso con la decisión final de las Cortes Generales".
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda intentaba también eludir la polémica al asegurar que la "negociación" sobre el Estatuto "acaba de comenzar".
"Sería un mal negociador si al comienzo ya entregara mis cartas y dijera hasta qué punto estoy dispuesto para aceptar o dejar de aceptar", añadió.
Previamente, el secretario General del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui había anunciado que el Congreso rechazará la fecha de caducidad del trasvase (2015) contenida en el Estatuto castellano-manchego.
Preguntado al respecto, el presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, manifestó que, como "España no tiene presidente de Gobierno", las comunidades autónomas han iniciado una etapa de "autogestión autonómica", como así la ha denominado, con el objeto de "poder sacar adelante las iniciativas y proyectos".
"El PP ha demostrado siempre un mismo discurso. Quienes lo han variado son los socialistas debido a que el liderazgo de Zapatero es discontinuo, distorsionado, coyuntural, momentáneo cambiante y circunstancial", agregó el presidente regional del PP.
En este sentido y en relación con el agua, Camps ha asegurado no saber qué política sigue el Gobierno, "la de Cristina Narbona, la del Medio Rural o la de Zapatero".
Preguntado también por un presunto enfriamiento del frente hídrico común con su aliado el presidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel- este año no ha sido convocado aún el tradicional encuentro veraniego entre ambos para reivindicar el trasvase del Ebro-, Camps dijo que se celebrará "en cuanto nos lo pongan en la agenda" los presidentes del PP de Torrevieja (Alicante) y de San Pedro del Pinatar (Murcia), localidades que alternativamente son sede de este encuentro anual.
El presidente del Consell alegó que el encuentro "siempre" se celebra "en la frontera entre agosto y septiembre" y que en todo caso se supedita a que sea cuando "se puede organizar con las agendas".
Por último, la diputada socialista en el Congreso por Alicante y portavoz de Medio Ambiente de la Gestora del PSPV-PSOE, Juana Serna, aseguró que los socialistas son "los únicos que defendemos la continuidad del trasvase Tajo-Segura".
La diputada apuntó que Camps volverá a quedarse sólo con el Tajo-Segura", tal y como, en su opinión, "ha dejado entrever la la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal" en sus declaraciones.
El CEU garantiza las clases en Moncada pese a desconocer el alquiler que pagará al arzobispo
Los responsables de la Fundación CEU están dispuestos a "pagar un alquiler razonable" con arreglo a lo que "marque la ley" al Arzobispado de Valencia por las instalaciones que ocupan en el seminario de Moncada, según aseguró ayer el director de Relaciones Institucionales Pablo González Pola.
La institución académica se encuentra a la espera de que se les convoque a una reunión paritaria a lo largo de esta semana para negociar los nuevos precios de estas instalaciones que tienen arrendadas desde hace treinta años.
Tras la advertencia del arzobispado de que no permitirá al CEU mantener los actuales alquileres, a los que calificó a finales de julio de "anacrónicos", y de anunciar varios proyectos propios en los pabellones de su seminario, la citada fundación tuvo que salir al paso mostrando su deseo de negociación para llegar a un acuerdo "en unos términos aceptables y de entendimiento entre dos instituciones de Iglesia". No obstante, la organización docente, que en Moncada tiene la sede de su colegio privado San Pablo y del rectorado de su Universidad Cardenal Herrera junto al área de Ciencias Experimentales y de la Salud, manifestó que "defenderemos nuestros derechos" con "todos los recursos de los que disponemos".
El responsable de las relaciones institucionales del CEU aseguró ayer a Levante-EMV que, pese a esta situación, las clases comenzarán con "normalidad" el lunes, día 8, en los pabellones del seminario de Moncada para los alumnos de Educación Infantil y de Primaria matriculados en el colegio, como estaba previsto al concluir el curso pasado. Asimismo, los estudiantes de Secundaria empezarán el 15 de este mes en el mismo sitio mientras que la facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud hará lo propio, sin modificar el emplazamiento de sus aulas.
González Pola afirmó a este diario que la intención del CEU es que el colegio continúe en Moncada, a cuya área de influencia pertenece la mayoría de sus alumnos, por lo que no tienen previsto ningún traslado de la sede.
En cambio, entre sus planes futuros contemplan que las instalaciones correspondientes a la universidad, que aún están en el seminario, pasen al actual campus de Alfara, en donde esta fundación dispone de 100.000 metros cuadrados propios y la mayor parte de sus facultades. La intención es que a medio plazo toda la Cardenal Herrera se encuentre en la misma ubicación, aunque falta por levantar los edificios correspondientes.
"Llegaremos a acuerdo con el Arzobispado, con toda seguridad, pero no hemos sido convocados; esperamos que la comisión mixta se reuna a lo largo de esta semana" añadió Pablo González Pola, quien rechazó que hayan sido presionados y no quiso hablar de cantidades relacionadas con el alquiler y la negociación. Tampoco las han querido dar desde el Arzobispado. No obstante, en el CEU rechazan valoraciones relacionadas con actuales tasaciones actuales del metro cuadrado en la zona.
"Estamos al servicio de la Iglesia" añadía el responsable de relaciones institucionales del CEU, en donde garantizan que la clases comenzarán con normalidad.
Los sindicatos prevén un otoño conflictivo en la enseñanza pública
M. D., Valencia
La mayoría de los sindicatos docentes han reclamado, en sus análisis del inicio del nuevo curso 2008-09 en la Comunitat Valenciana, un cambio en al política de la Conselleria de Educación porque "los grandes problemas del .sistema siguen sin solucionarse" afirman.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la UGT no ha dudado en anunciar posibles movilizaciones en la primera quincena de octubre "si no se produce una rectificación del Consell que posibilite una política de negociación y consenso en el sistema educativo valenciano" han asegurado al enumerar problemas como las 1.300 aulas en barracones; las normativas como la de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés o el "desequilibrio en el reparto del alumnado inmigrante" con más del 86 de estos niños matriculados en los centros públicos, explicaron.
También rechazaron los "impagos al profesorado, con una deuda de más de 40 millones de euros por conceptos derivados de acuerdos o de cumplimiento de normativas legales".
Desde el STE-PV se exige la modificación en la política educativa y "atención prioritaria a los problemas endémicos que sufre la enseñanza pública" afirman, como son la masificación, las condiciones laborales de 15.000 profesores interinos o la falta de enseñanza en valenciano, sobre todo en Secundaria.
La Federación de Enseñanza de CC OO destacó "las tareas pendientes del curso pasado se acumulan en la conselleria" y criticó la "paralización de la LOE, ley orgánica de ámbito estatal aprobada en 2006 y que nuestro Consell incumple".
ANPE manifestó que la respuesta de la Administración ante la llegada de alumnado inmigrante es "recortar los recursos humanos y aumentar las ratios por encima de límites legales" mientras que CSIF consideró que es "urgente" una nueva financiación y que el Gobierno central "reconozca el aumento de la población valenciana y por tanto, aporte más dinero".
El PSPV critica que Ripoll gastó 700 euros en dos noches de hotel en Mallorca
Vicent Sarrià denuncia que una semana de alojamiento en París costó 7.391 euros al presidente alicantino y su séquito
El diputado del PSPV en las Corts Valencianes Vicent Sarrià afirmó hoy que el presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, "erosiona gravemente el sentido democrático de la política en la Comunitat Valenciana".
Sarriá censuró que Ripoll "haya gastado más de 20.000 euros de las arcas de la oficina recaudatoria SUMA en viajes de lujo a París, Mallorca y San Sebastián" el pasado año, "supuestamente para promocionar turísticamente la provincia de Alicante", apostilló.
"Un escándalo que erosiona gravemente instituciones públicas valencianas y la imagen de los políticos", lamentó el diputado socialista, para quien "no tiene ninguna lógica" utilizar fondos del SUMA porque, según explicó, "esta oficina no tiene entre sus funciones la promoción turística". Por tanto, subrayó, "menos lógica tiene que sufrague el despilfarro de Ripoll y el de su séquito que, incomprensiblemente, le acompañaba en sus viajes de lujo".
Añadió que los gastos de Ripoll en París "ascendieron a 7.391 euros en una semana de alojamiento, en el Intercontinental París Legrand, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad". Pero, matizó, "el plato fuerte viene en la factura de su viaje a Mallorca, donde se alojó en una suite de lujo que le costó a los alicantinos más de 700 euros por dos noches".
Sarriá señaló:"Los alincatinos les ha salido muy cara esta promoción que ha consistido en dos viajes a París y Mallorca y uno a San Sebastián". "Esto es un escandaloso despilfarro que han tenido que sufragar, sin ninguna lógica política ni democrática, los ciudadanos".
Peces Barba: "Los jueguecitos de Camps y Aguirre se acabarán cuando el TS se pronuncie"
Peces-Barba ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos', que dirige en Laredo.
Además, el jurista consideró que los problemas que están surgiendo en algunas comunidades autónomas con la aplicación de la asignatura son temporales y se disiparán pronto, al tiempo que auguró que el Partido Popular tendrá que matizar sus posiciones.
"Al PP le interesa tanto como al PSOE y como a cualquier otro partido democrático que los ciudadanos estén formados en esta materia", apuntó.
En cuanto a la polémica que ha acompañado a Educación para la Ciudadanía durante los últimos meses, Peces-Barba la achacó a la posición de la Iglesia católica, "que todavía piensa que el Estado no puede intervenir en este ámbito porque desconoce la evolución del mundo moderno".
El profesor lamentó las críticas recibidas por la asignatura, y culpó al PP de confundir a la opinión pública. "Me parece inconcebible que un partido democrático y moderno como el Partido Popular siga haciendo el juego a la Iglesia", dijo.
También se pronunció sobre algunas sentencias que han retrasado la aplicación de la asignatura, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que calificó de "locura", aunque se mostró seguro de que la objeción de conciencia es "impensable".
"Los grupos de padres que se han formado reivindicando este derecho están haciendo un daño tremendo a sus hijos, porque sino cursan la asignatura no obtendrán el aprobado correspondiente", recordó.
En este sentido, Peces-Barba se refirió a las palabras de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que situó la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la altura de otras materias como las Matemáticas, por ejemplo.
Pese al "desconocimiento y la manipulación" que el catedrático cree que existe con respecto a la asignatura, Peces-Barba apuntó algún signo positivo, como la posición que ha tomado la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza.
"Han aceptado dar la asignatura con algún pequeño matiz que se les ha consentido. Algunos creen que no hay que hacer concesiones, pero yo creo que lo importante es que los jóvenes tengan el 95% de la materia explicada", concluyó.
El seminario que dirige durante toda la semana Peces-Barba trata de ofrecer una formación complementaria a los profesores que impartirán la asignatura, haciendo hincapié en temas claves como la ética pública y privada y la idea de ciudadanía.
El conflicto del agua mantiene vivos seis recursos estatutarios en el Constitucional
Castilla-La Mancha y Aragón contra Valencia;Valencia, Murcia y la Rioja contra Cataluña; La Rioja contra Aragón y hasta Extremadura contra Andalucía y Castilla-León. Y es que el agua solo ha unido a las comunidades españolas en el Tribunal Constitucional, el lugar donde los gobiernos regionales que comparten cuencas hidrográficas están dirimiendo sus diferencias tras arrogarse en algún caso competencias que hasta ahora eran exclusivas del Estado.
El Tribunal Constitucional marcó una senda al desestimar hace unos meses los recursos del Gobierno de Aragón y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunitat Valenciana por reafirmar el derecho de los valencianos a los excedentes de otras cuencas hidrográficas , aunque todavía debe pronunciarse, previsiblemente por orden de entrada en este tribunal, sobre otros seis.
Las autonomías que han presentado alegaciones por el tratamiento competencial del agua en los distintos estatutos se han basado en el artículo 149 de la Carta Magna que establece que el Estado tiene "competencias exclusivas sobre la legislación, ordenación, concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma".
De las seis reformas de estatutos aprobadas en la anterior legislatura, sólo una no ha sido recurrida: la de Baleares, ya que la de Castilla y León fue finalmente recurrida por la Junta de Extremadura.
El Ejecutivo extremeño considera inconstitucional que el Estatuto castellano-leonés otorgue la competencia exclusiva sobre la cuenca hidrográfica del Duero pese a que incluye a dos municipios cacereños.
Extremadura tiene presentado también un recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el TC, contra el Estatuto andaluz por considerar que el texto vulnera la Carta Magna al arrogarse competencias exclusivas sobre el Guadalquivir.
Por su parte, el Estatuto de Cataluña contiene disposiciones sobre el Ebro -informes "preceptivos" frente a cualquier trasvase- cuestionados judicialmente por la Comunitat Valenciana, Murcia y Rioja.
La Comunitat Valenciana interpreta que Cataluña no puede reservarse las competencias en la gestión de los sobrantes de agua del Ebro, porque es una cuestión que corresponde al Estado y recuerda que es un río que discurre por varias comunidades autónomas.
El Ejecutivo murciano coincide básicamente con este criterio e interpreta que el Estatuto catalán "blinda" el Ebro y la Generalitat se atribuye la capacidad de decidir sobre asuntos que afectan a las nueve comunidades de esta cuenca. El recurso de La Rioja comparte el sentir del murciano y se basa en un informe del Consejo Consultivo de la región que lo consideró "necesario y viable" al incidir "de manera directa" en su ámbito competencial.
Finalmente, La Rioja tiene también planteado un recurso contra el Estatuto aragonés por la gestión del agua del río Ebro, que rompe el principio de la unidad de cuenca.
26 Ago 2008
Sanitat, Dependència, Menors... i aigua a la CV. 16-24/08/2008.
.
UGT denuncia el hacinamiento en los centros de menores
Critica que la Fiscalía junte a niños condenados con los de protección
R. Laguna, Valencia
El sindicato UGT ha reiterado su denuncia ante el Síndic de Greuges y la Conselleria de Bienestar Social por el hacinamiento que sufre el Centro de Recepción de Menores de Monteolivete, que en estos momentos duplica su capacidad máxima con más de cien internos. Además, el escrito critica a la Fiscalía de Menores por derivar jóvenes con condenas judiciales al centro de protección.
El portavoz de UGT, Toni Femenía, explica que el centro de Monteolivete "tiene una capacidad de 48 menores y, en estos momentos, duplica su capacidad, con el consiguiente hacinamiento de niños en los dormitorios y turnos en comedores, algo que venimos denunciando reiteradamente en los últimos ocho meses".
Inmigrantes no acompañados
La denuncia es más explícita y habla de que, "en estos momentos, no pueden garantizarse las adecuadas asistencias, ni físicas ni educativas, a las menores allí internados". Así, en las últimas semanas de junio llegaron a estar internados 110 niños, cuando la capacidad máxima es de 48. De entre los menores albergados -explica- la primera semana de julio sólo dos internos eran de nacionalidad española. Ello se debe, indicó Femenía, a que los niños nacionales "regresan a su familia o bien se reparten entre su familia extensa", ya que los centros de acogida también están al máximo de capacidad. En este sentido, añadió, "el problema hoy está en los menores inmigrantes no acompañados".
La denuncia expone gráficamente que el desbordamiento del centro obliga a "realizar diariamente hasta tres turnos de comedor para cada desayuno, comida y cena; a la utilización de un inodoro por cada 40 o 50 menores, o de dos duchas para 40 menores". Además, "los jóvenes no pueden dormir en camas, pues no existen suficientes, ni tampoco hay espacio para ellas, debiendo realizar ýsorteosý para dormir en literas y pernoctando en el suelo el resto de noches".
Asimismo, señala que "en las habitaciones se apiñan necesariamente los jóvenes, compartiendo hasta siete menores un espacio diseñado para tres o cuatro como máximo". De este hacinamiento, que supera el 200% de ocupación, "se puede derivar un problema higiénico y de salud pública".
Y, por si fuera poco, los fines de semana "un educador debe hacerse cargo de hasta 50 jóvenes", lo que impide cualquier planificación o tarea de carácter educativo sobre los internos.
Diversidad de culturas
A ello se añade la dificultad para los educadores que supone la "diversidad de procedencia de los menores, sus lenguas, culturas y costumbres, las edades y necesidades médicas...". Los menores internados proceden en su mayoría de Marruecos y del África subsahariana, como Ghana, Nigeria, Senegal, Gambia o Guinea Ecuatorial.
El sindicato expresa, finalmente, su queja por la "incomprensible actuación de la Fiscalía de Menores de Valencia, de hacer llegar a este centro de recepción menores de reeducación o pendientes de asignación de medida judicial". Y ello sucede, aclararon, "a cualquier hora del día o de la noche, con la dificultad de atención y alteración de la dinámica relacional".
Para UGT, "no parece lo más adecuado, y menos en una situación de hacinamiento, unir menores condenados por la comisión de delitos con menores con perfil exclusivamente de protección". Por todo ello, piden un "desdoblamiento urgente del centro con la creación o adaptación de un nuevo centro de recepción de menores y una adaptación realista de la plantilla".
Por otro lado, la Fiscalía de Menores de Valencia admitió también la carencia de plazas de internamiento, pero añadió que "Bienestar Social intenta solucionarlo con la construcción de centros, como el Jaume I de Picassent, que contará con 50 plazas de nueva creación", explicó la portavoz de la Fiscalía, Susana Gisbert.
.
Fixeu-vos quina estupidesa diu la mujer de rojo. O no: hi ha un fum d'amiguets del PPCV miraculosament i sobtada rics.
.
Barberá: "El PP trabaja para la gente, no para los políticos"
16:17 Remarca que todos los militantes podrán optar a la presidencia de cualquier órgano directivo del partido.
.
Antón dice que el Gobierno cede al "chantaje" en agua
El conseller afirma que dirigentes estatales estarían dispuestos a un pacto hídrico
Europa Press, Valencia
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del Gobierno valenciano, José Ramón García Antón, manifestó ayer que las personas que ostentan la «responsabilidad directa» en materia hídrica a nivel estatal «tienen ganas de llegar a un gran pacto del agua» pero, en su opinión, ven cómo les «traiciona totalmente» la «política del día a día» del Ejecutivo estatal.
García Antón estimó que a personas como el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, y su equipo «les gustaría llegar a situaciones pactadas y alcanzar un pacto del agua con todas las fuerzas políticas». Criticó que por el contrario, «a sus jefes la política del día a día les traiciona totalmente y hacen declaraciones siempre en la linea de favorecer a unas comunidades autónomas que consideran amigas como Cataluña, Aragón, a veces Castilla-La Mancha», y «desde luego, orientadas a despreciar cualquier solución consensuada como otras comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana», agregó.
El conseller señaló «no hay política seria del agua, sino que es un vaivén constante en función de quien grita más y qué grado de amistad tiene con el Gobierno o qué tipo de chantaje le puede hacer o no hacer».
.
Castilla-La Mancha defiende que el Tajo está "agotado" e insta al Consell a "mirar al mar"
16:44 "Vistos los escasos recursos de la cabecera del Tajo", en un futuro "quizá el acueducto Tajo-Segura deba recorrerse en dirección contraria", dijo el consejero manchego de Medio Ambiente.
EUROPA PRESS El consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, recordó hoy que el río Tajo "está agotado" e instó a las comunidades de Murcia y Valencia a "mirar al este" y aprovechar los recursos de que disponen en el mar con los proyectos de desalinización.
Preguntado sobre el hipotético trasvase desde el embalse de Valdecañas (Cáceres) hasta La Roda (Albacete), el consejero aseguró que "vistos los escasos recursos de la cabecera del Tajo", en un futuro "quizá el acueducto Tajo-Segura deba recorrerse en dirección contraria" e insistió al Levante a que busque soluciones "en el mar".
Asimismo, calificó de "insostenible que se mantengan desarrollos crecientes en un territorio, cuando el recurso está a cientos de kilómetros de ese lugar, mientras que el uso de ese recurso está poniendo en riesgo el desarrollo del territorio donde se encuentra".
Finalmente, criticó la actividad de la Confederación Hidrográfica del Segura, que en palabras del titular de Medio Ambiente, "saca los recursos de la Sierra de Albacete para transportar el agua a su zona" al tiempo que "no deja extraer el agua a los agricultores de la localidad albaceteña de la Sierra de Hellín", concluyó.
.
La mitad del agua bombeada de acuíferos para regadío y turismo se extrae sin control
La OCDE sitúa los recursos subterráneos del Júcar entre los más contaminados por nitratos
Carlos Alós, Valencia
La mitad del agua extraída de acuíferos para atender la demanda de la agricultura, el turismo y el suministro a las ciudades de la franja costera en las cuencas mediterráneas no consta en ningún registro. La falta de control sobre el bombeo de agua subterránea en autonomías como la valenciana y comunidades vecinas la pone de manifiesto un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), un foro internacional compuesto por una treintena de países.
En el capítulo dedicado al agua, dentro del estudio titulado Comportamiento medioambiental de la agricultura desde 1990, la OCDE advierte sobre la sobreexplotación generalizada de los acuíferos por el regadío y usos como el turístico o las concentraciones urbanas en la costa mediterránea.
El informe realiza una estimación sobre las extracciones sin control y sitúa en el 45% el agua bombeada de los acuíferos sin ningún tipo de registro. El estudio, en el que han participado expertos como el profesor de Análisis Económico y uno de los abanderados de la nueva cultura del agua, Pedro Arrojo, concluye que las extracciones sin registrar por parte de los regantes han contribuido "de forma importante" a agravar el problema de la sobrexplotación de los acuíferos e incide en que alrededor del 13% de la superficie dedicada al regadío en la costa mediterránea obtiene el agua de acuíferos sobreexplotados o con riesgo de salinización. Además, advierte del grave problema medioambiental que supone el exceso de extracciones. Entre los problemas que provoca cita la reducción del caudal de los ríos, los perjuicios a los ecosistemas acuáticos y el aumento de la salinidad en las cuencas hidrográficas.
Contaminación de origen agrícola
Además, el informe elaborado por el organismo internacional sostiene que la contaminación por nitratos de origen agrícola de las aguas subterráneas "es un asunto serio". Afirma que la contaminación se ha "generalizada" y sitúa su origen en el sector agrario, que supone el 80% del consumo total de aguas subterráneas.
Así, se destaca también que el aumento del consumo de plaguicidas está agravando la presión contaminante sobre las aguas subterráneas y es precisamente el uso de estos materiales lo que ha situado la contaminación de los acuíferos por encima de los niveles que la Unión Europea considera admisibles y cita la cuenca del Júcar como una de las más afectadas por este tipo de prácticas.
Las pruebas practicadas confirman que el 21% de los acuíferos examinados tiene una concentración de nitratos superior a la norma comunitaria para el agua potable, es decir más de 50 miligramos por litro. En la década de los 90 el nivel de nitratos aumentó en el 40% de los pozos analizados, mientras la contaminación agrícola de estas aguas es aún más acusada en las zonas mediterráneas donde el consumo de recursos para la agricultura creció dos veces más rápido que el consumo total de agua en el conjunto de la economía.
Los datos de la OCDE vienen a corroborar las investigaciones del catedrático de Geografía Regional y miembro del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante, Antonio Rico, quien en una reciente intervención señalaba que la esquilmación de los acuíferos afecta, sobre todo, a amplias zonas de la franja litoral de la Marina Alta, la Vega Baja y las comarcas del Vinalopó.
.
corresponsal
Los británicos que compraron propiedades en la Comunitat están siendo víctimas de un "régimen urbanístico notoriamente corrupto y caprichoso", se leía en el artículo a cinco columnas del Daily Telegraph con el que el rotativo inglés abrió su sección de revista de fin de semana. El reportaje, un extenso informe sobre los efectos de la crisis crediticia en la construcción de la Costa Blanca, aparecía mencionado en primera página.
Bajo el titular de Sueños que se derrumban al sol, el periódico con mayor número de lectores en el Reino Unido -supera los 900.000 ejemplares diarios- exponía el drama de miles de sus conciudadanos, que han visto evaporarse la esperanza de un plácido retiro: "la corrupción y la crisis inmobiliaria les ha dejado sin sus ahorros y, en muchos casos, sin su casa".
Así, el Daily Telegraph relataba el caso del Albatera Golf & Country Club, una promoción de 1.500 viviendas bungalow que "nunca se construirán". Cerca de un millar de británicos desembolsaron en 2005 depósitos por valor de 100.300 euros, pero desde entonces no han podido visitar más que cuatro chalets piloto. "Como otras muchas urbanizaciones a lo largo de la Costa Blanca", se asegura en el artículo, "los terrenos yacen sin actividad, sin agua ni electricidad, y sin perspectivas de futuro".
La promotora de Albatera Club, San José Inversiones, presentó la quiebra en mayo al no haber conseguido ampliar su capital en 26 millones de euros para continuar con las obras. A juicio de Gwilym Rhys-Jones, investigador financiero afincado en Alicante, situaciones similares se dan "no sólo con pequeñas firmas sino incluso con constructoras de gran volumen, que han aceptado depósitos para viviendas a sabiendas de no disponer de financiación suficiente".
El diario conservador indicó que el desplome de los precios de la nueva vivienda, junto al recorte de los créditos a las constructoras por parte de los bancos, ha dejado al descubierto a "una gran cantidad de proyectos que no tenían ni siquiera permiso del gobierno [de la Generalitat], pero que han contado con el visto bueno de alcaldes corruptos: la costa está superpoblada de este tipo de urbanizaciones".
Fuentes del Colegio británico de Inspectores de la Propiedad han señalado a Levante-EMV que "con las cifras oficiales en la mano, se ha construído tanta vivienda que incluso con un mercado en condiciones normales hubieran originado una burbuja de precios".El autor del reportaje, Neil Tweedie, escribió en el Telegraph que la planificación de las autoridades autonómicas ha posibilitado "el nacimiento de un desarrollo que ya ha desfigurado, físicamente, las líneas de la costa mediterránea del país". Con el artículo Sueños que se derrumban al sol, el Daily Telegraph ha seguido la estela de otros periódicos nacionales publicados desde Londres, que han denunciado el aparente caos del sector inmobiliario valenciano. Apenas hace una semana, The Independent afirmó: "Lo que una vez fue el mercado más potente de la segunda vivienda en Europa, ha sufrido el mayor 'crash' del momento, por culpa de la corrupción y la sobreexplotación del territorio". The Independent, que tiene una circulación aproximada de 234.000 ejemplares, cree que "nadie está seguro de lo que pasará en el futuro".
"Las inmobiliarias te mienten"
Por su parte, el diario progresista y más cercano al gobierno, "he Guardian con 380.000 ejemplares, ha publicado las historias de varios jubilados británicos que quisieran volver al Reino Unido pero no les llega con la venta de sus actuales propiedades en Torrevieja para costear el traslado: "El valor de nuestras viviendas es bastante inferior al que tuvimos que pagar por ellas", se duele Gavin Brown, uno de los afectados, "pero los agentes inmobiliarios aquí te mienten con tal de conseguir salirse con la suya".
Sin embargo, no todas las voces son tan pesimistas. Derek Bliney, de Link Estates, confía en la renovación del éxito de la Costa Blanca: "Todos los buenos motivos por los que los europeos del norte han escogido esta área continuan siendo válidos. Tenemos un clima estupendo, las playas son bellísimas, y las conexiones vía aérea han mejorado".
Otros, como Inés Riz, de Direct Auctions, ven además un período de ocasiones para aprovechar. Según Riz, los bancos se están incorporando al mercado de subastas para "deshacerse de las pérdidas que les traen los impagos de las constructoras".
.
El PSPV insta a Camps a celebrar en quince días el debate de política general
La presidenta de las Corts y el grupo popular abogan por retrasarlo
El PSPV propuso ayer que el debate de política general se celebre durante la primera semana del próximo mes de septiembre para que, en una situación de dificultades económicas, el Consell pueda explicar "cuanto antes mejor" las medidas que prevé llevar a cabo, según explicó el portavoz del grupo, Ángel Luna, quien aseveró, al respecto, que los socialistas están dispuestos a "arrimar el hombro", pero con la condición de que el Gobierno valenciano actúe y lo haga con "transparencia" y "lealtad institucional".
Luna presentó ayer en el registro de entrada de las Corts un escrito en el que solicita a la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, la convocatoria para la próxima semana de una reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces para fijar la celebración del Debate de Política General, que debe dar inicio al período ordinario de sesiones, durante la primera semana del mes de septiembre.
Luna declaró en rueda de prensa que la crisis está afectando a la Comunitat Valenciana "más que a la media", ya que, dijo, "destruimos más empleo que nadie", por lo que, a su juicio, "lo que procede es que cuanto antes nos pongamos todos a arrimar el hombro".
El portavoz del PP, Ricardo Costa, dio la réplica Luna y aseguró que la intención de Martínez es celebrar la Mesa y la Junta que deben decidir la fecha del debate precisamente la primera semana de septiembre. Costa dijo que "las prisas" de Luna dan "la impresión" de que lo único que quiere es "protagonizar el debate" antes del congreso del PSPV-PSOE.
.
Sanidad adjudicó sin publicidad a tres farmacéuticas cinco millones de euros en vacunas antigripales
El PSPV denuncia "improvisación" y dice que con concurso público el precio habría sido menor
La resolución (decreto) tiene fecha de 5 de febrero y fue firmada por el director general de Recursos Económicos de la Conselleria de Sanidad, Eloy Jiménez. La adjudicación "provisional" no se produjo hasta el pasado 31 de julio y su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana se demoró hasta el 18 de agosto. Sanidad adjudicó a tres farmacéuticas la adquisición de vacunas antigripales para el programa de vacunación del departamento que dirige Manuel Cervera por valor 5,3 millones de euros.
Las beneficiarias fueron Laboratorio Esteve (2,2 millones), Laboratorio Leti (1,5 millones) y GlaxoSmithKline (1,6 millones).
El contrato de suministros se produjo por tramitación ordinaria (no de urgencia) y procedimiento negociado sin publicidad, lo que llevó ayer a la diputada del PSPV en las Corts valencianas, Carmen Ninet, a criticar "nuevas muestras de la pésima gestión de los recursos de todos los valencianos" del Consell mientras, según señaló, "se queja pidiendo financiación al Gobierno de España", en lo que calificó de "estrategia de la improvisación".
Como en otras comunidades
La portavoz socialista explicó que, a través de un concurso público, de amplia concurrencia, las vacunas "habrían sido adjudicadas por un importe mucho menor". Nient aseguró que este es el procedimiento que se sigue "en otras comunidades autónomas".
La parlamentaria socialista ironizó sobre la situación financiera de la Generalitat. "A la Conselleria de Sanidad le debe sobrar el dinero para malgastarlo de esta manera", señaló la parlamentaria, quien criticó el "despilfarro continuo tanto en farmacia como en cualquier otro tipo de gasto por parte de este departamento". "Cervera no se preocupa de ahorrar ni un céntimo de los recursos de todos los valencianos", apostilló en un comunicado recogido por Europa Press.
Carmen Ninet aseguró que la adjudicación del concurso a través de esta fórmula "demuestra la incapacidad de gestión de un Consell que se cree que puede disponer del dinero de los ciudadanos".
Concretamente el organismo responsable de la adjudicación de los tres lotes de vacunas antigripales para el Plan de Vacunación de la Conselleria de Sanidad fue la Agencia Valenciana de Salud.
Los auditores cuestionan "la necesidad" del contrato con los gestores de la Ciudad de la Luz
Reclaman la revisión de la relación con Aguamarga Gestión, que cobró dos millones
V. Romero, Valencia
El cuestionamiento del contrato de gestión que la Ciudad de la Luz mantiene desde que se inició su construcción y puesta en marcha se ha convertido en un clásico de la Sindicatura de Cuentas en sus informes invernales. Sin embargo, este año el tirón de orejas a la Generalitat llega con adelanto. La auditoría correspondiente al ejercicio de 2007 elaborada por Mazars y la Intervención General lanza un torpedo a la línea de flotación de la relación profesional que mantiene Ciudad de la Luz con la mercantil ligada a Luis García Berlanga y José Luis Olaizola.
En su informe de cumplimiento de la legalidad, los auditores recomienda a la empresa pública que "revise la necesidad" de los servicios contratados con Aguamarga "adaptándolos a la realidad y a su esquema actual de funcionamiento". Más aún, la auditoría advierte que no queda suficientemente especificado y detallado "el fondo económico y la justificación de cada concepto retributivo". El informe fiscalizador añade que estas circunstancias impiden "obtener suficiente evidencia del adecuado equilibrio entre las prestaciones y contraprestaciones acordadas y su realización a valores de mercado". Como elementos susceptibles de revisar se citan los servicios de asesoramiento y "orientación general" del proyecto desarrollados por los responsables de la explotación del recinto audiovisual. Aguamarga percibió el año pasado dos millones de euros de la Ciudad de la Luz por su tarea de explotación del complejo de Alicante.
Los mismos auditores recuerdan que el contrato de explotación con Aguamarga tiene su origen en el año 2000 y decidió prolongarse para aprovechar las experiencia y conocimiento de esta sociedad. Sin embargo, el informe señala que ello no exime a la Ciudad de la Luz del cumplimiento de la Ley de Contratos en lo que se refiere a respetar los principios de publicidad y concurrencia.
El mismo informe de Mazars y la Intervención recomienda a la Ciudad de la Luz la elaboración de un plan de negocio "adaptado a la situación actual de puesta en marcha y desarrollo del complejo". "Este plan se considera necesario para poder evaluar de forma razonable la proyección económica futura de la sociedad".
.
Los auditores cuestionan la falta de estrategia empresarial en la sociedad de ocio del Consell
Radiotelevisión Valenciana no es la única empresa pública dependiente de la Generalitat que necesita reestructura su modelo de gestión. La auditoría operativa firmada por Deloitte y la Intervención General correspondiente al ejercicio de 2007 de la sociedad pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana lanza una seria advertencia a los responsables de la Administración autonómica sobre su modelo de gestión. Los auditores advierten que la mercantil de proyectos de ocio del Consell arrastra varios ejercicios incursa en los supuestos de disolución contemplados en la Ley de Sociedades Anónimas.
Según el informe la acumulación de pérdidas dejan reducido el patrimonio de la empresa a cantidades inferiores al capital social, circunstancia que provoca que la Conselleria de Economía se vea obligada periódicamente a ampliar y reducir el capital de manera suficiente como para equilibrar la situación patrimonial.
La Intervención de la Generalitat y Deloitte aconsejan la ejecución de un "profundo y amplio" estudio de las necesidades de financiación a corto y medio plazo de la sociedad "del que se obtengan las medidas adecuadas para reestablecer la situación patrimonial a niveles adecuados". Es cierto que la Generalitat presupuesta cada año esas necesidades financieras bien a través de trasferencias directas de capital como avalando operaciones de crédito. Sin embargo, los auditores advierten que el hecho de que las inversiones en los proyectos que desarrolla Proyectos Temáticos sean financiados mediante el recurso al crédito a largo plazo "pone de manifiesto la falta de una estrategia empresarial en la que se compatibilice de forma eficiente la gestión económico-financiera". Entre las recomendaciones que efectúan los auditores figura la de realizar un "análisis" de los futuros proyectos que están en estudio biene para ser ejecutados por la mercantil como por una sociedad independiente.
Proyectos Temáticos se ha convertido en el holding para determinadas actuaciones ligadas al ocio de la Generalitat pero también en el canal instrumental para acometer varias actuaciones como el Centro de Convenciones de Benidorm o el Auditorio de Torrevieja. A su vez es la empresa a través de la cual la Generalitat participa en la Ciudad de la Luz, en Terra Mítica, en el Aeropuerto de Castelló o en el futuro parque Mundo Ilusión.
Se trata, todos ellos, de proyectos que no han conseguido despegar económicamente y que siguen mermando la cuenta de resultados de Proyectos Temáticos, que en 2007 perdió más de 54 millones de euros. La deuda a largo plazo acumulada por la mercantil pública sigue creciendo. Los acreedores bancarios a largo plazo a 31 de diciembre de 2007 alcanzaban los 460 millones de euros y está previsto que sigan creciendo este año. Algunos de los préstamos tiene fecha de vencimiento hasta el 2018, aunque varios créditos importantes vencen el año que viene, lo que puede obligar a la sociedad a realizar operaciones de refinanciación.
El conseller de Economía, Gerardo Camps, defiende los beneficios inducidos y directos de los grandes proyectos y el empleo generado por las inversiones públicas que se realizan.
El Consell ejecuta la mitad del plan de formación de funcionarios en toda la Comunitat
13:14 La conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha cumplido ya con el 50 por ciento del Plan de Formación de 2008 que, en conjunto, incluye una oferta de 12.642 horas lectivas y casi 10.300 plazas.
De los 297 cursos que el Instituto Valenciano de Administración Pública ha previsto para este año, 177 corresponden a formación continua y 120 a formación especializada. ç
De todos ellos se realizarán un total de 508 ediciones, distribuidas en las tres provincias.
Así, en la provincia de Castellón se realizarán 62 ediciones, a la que está previsto que asistan casi 2.000 personas, a las que se les impartirá un total de 1.405 horas.
Por lo que respecta a la provincia de Alicante, en ella se realizarán 94 ediciones, con 1.770 asistentes y 2.132 horas lectivas.
En la provincia de Valencia un total de 7.325 funcionarios recibirán más de 9.100 horas lectivas en las 352 ediciones de cursos que se impartirán hasta finales de año.
Fernando de Rosa se ha referido a la inclusión por primera vez de actividades dirigidas a los discapacitados intelectuales, a través de talleres adaptados a sus necesidades y con diversas temáticas, tales como salud laboral o prevención de riesgos laborales.
"Estas iniciativas sirven de complemento para la integración y desarrollo profesional de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que desarrollan su trabajo en el ámbito de la función pública", ha asegurado De Rosa.
El conseller ha destacado también "la variedad de actividades del plan de formación que abarca un gran número de áreas formativas", como recursos humanos, seguridad y salud, urbanismo y medio ambiente, ámbito jurídico, información y atención al ciudadano, informática, idiomas, etc.
Además, De Rosa ha resaltado "la amplia oferta formativa on line que permite que los empleados públicos puedan conciliar vida laboral y familiar y ampliar sus conocimientos".
Por último, el conseller ha señalado que "se han cubierto las demandas formativas de diferentes colectivos específicos", como abogados de la Generalitat, agentes medioambientales, arquitectos, auxiliares o personal de la administración de justicia, entre otros.
.
Zaplana creó una consultora un mes después de que Telefónica anunciase su fichaje
Decuria tiene el mismo domicilio que la casa del ex portavoz
El ex portavoz del Partido Popular en el Congreso y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ya es oficialmente un empresario. El pasado 30 de mayo constituyó en el Registro Mercantil de Madrid la sociedad limitada Decuria Consulting, una firma que tiene por objeto social el asesoramiento en el diseño, implementación, gestión y control de medidas estratégicas para sociedades y fundaciones, según reflejan las bases de datos mercantiles.
La empresa está domiciliada en el mismo número del Paseo de la Castellana de Madrid en el que tiene fijada su residencia el también ex presidente de la Generalitat valenciana. La vivienda ocupa 532 metros cuadrados y fue adquirida en 2002 con un crédito de la CAM de 1,62 millones de euros, tal como reveló Levante-EMV.
Con un capital de 6.000 euros que Zaplana no desembolsó en un primer momento, el anuncio del nacimiento de Decuria Consulting apareció publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) el pasado 26 de junio de este año. La creación de la empresa se produjo un mes después de que Zaplana anunciase que dejaba la política y Telefónica hiciese público un comunicado en el que informaba de su fichaje como delegado para Europa de la compañía que preside César Alierta. Telefónica no ha informado sobre si el contrato con el ex portavoz popular es personal o con su nueva empresa de consultoría. Tampoco ha especificado si el ex ministro cuenta con alguna cláusula de exclusividad con la operadora de telefonía.
Las competencias de Eduardo Zaplana en Telefónica conllevan su inclusión en los consejos de administración de las filiales Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa, según informó la operadora cuando anunció el fichaje del político. Se estima que los honorarios de Zaplana por desempeñar sus puestos alcanzan los 600.000 euros anuales y pueden llegar al millón de euros por retribuciones de tipo variable. Alierta consultó la contratación de Zaplana con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y con la Moncloa, que no puso impedimentos.
La inscripción en el Registro Mercantil de Decuria Consulting refleja que el ex portavoz de PP figura como administrador único de la sociedad limitada con su nombre completo Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro.
.
El Consell casi ha duplicado en tres años el número de fundaciones y empresas públicas
El Síndic de Comptes constata el "enorme" crecimiento al pasar de 52 en 2004 a 94 el año pasado
El número de empresas públicas y fundaciones creadas por la Generalitat Valenciana desde que Francisco Camps asumió la gestión de la Administración autonómica ha sufrido un constante y paulatino incremento hasta casi doblar en el último año la cifra de 2004. El crecimiento del sector público vinculado al Ejecutivo autonómico en los últimos años lo constata el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, en un artículo publicado en el último número de la revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).
En la tribuna de opinión, Vicente Queralt realiza un análisis sobre el funcionamiento del organismo que dirige y aborda los retos futuros que se plantean. En el apartado sobre objetivos estratégicos, el Síndic de Comptes abunda en el "enorme" crecimiento que ha experimentado la Administración autonómica en los últimos años y recoge las cifras que representaban las entidades autónomas, firmas públicas y fundaciones en 2007 y las compara con las de 1985 y también 2004, el primer ejercicio completo de Francisco Camps al frente del Consell tras su triunfo electoral de mayo de 2003.
De los datos que aporta el Síndic, órgano al que corresponde el control económico y presupuestario del Consell y de los entes locales, se observa que la Generalitat contaba con 28 empresas públicas, cinco entidades autónomas y 19 fundaciones en el primer año completo de Camps y que esa cifra casi se duplicó al final de su primera legislatura. Entre 2004 y 2007 el número de empresas públicas pasó de 28 a 53, es decir un 90% más, mientras que las fundaciones públicas aumentaron de 19 a 32, lo que supone un 70% más.
En conjunto, el sistema público valenciano ha pasado de contar con una única firma pública en 1985 a 52 en 2004 y a ampliar la cifra a casi el doble, es decir 94 en el ejercicio 2007.
Además, el porcentaje del aumento de empresas y fundaciones es casi parejo al de avales que la Generalitat Valenciana ha concedido a su sector público y que creció un 112% en el período analizado. Así, el riesgo contraído por el Consell a través de su entramado de empresas y fundaciones pasó de 1.502 millones de euros en 2003 a 3.284 millones en sólo tres años.
Los datos del Síndic vienen a confirmar que el sector público del Consell se ha convertido en un receptor de la deuda que ya no pueden engrosar las consellerias. Cabe recordar que el Gobierno de Camps se encuentra atado de pies y manos por el Plan de Estabilidad que el Gobierno de España le impuso precisamente en 2003 para evitar que la deuda siguiera creciendo.
Desde entonces el Gobierno de Camps parece haber optado por desviar la deuda a las mercantiles públicas y aliviar de esa forma la de las consellerias que superan según las estimaciones del Banco de España los 11.000 millones de euros y convierten a la Comunitat Valenciana en la más endeudada de España en relación al PIB. Así, durante el primera legislatura de Francisco Camps en el Consell el desvío de la deuda hacia el sector público parece la clave para entender que la Generalitat Valenciana consiguiera mantener un cierto nivel inversor, que ha decaído definitivamente en el primer año de la segunda legislatura como consecuencia de la crisis económica y la merma de ingresos.
Sociedades en números rojos
Además, el aumento del número de entidades, empresas y fundaciones fue paralelo al déficit que generaban las empresas públicas. Desde el año 2004, coincidiendo con el arranque de la gestión de Camps, los números rojos de las sociedades dependientes del Consell han crecido en más de un 70% y se han disparado hasta los cerca de cinco mil millones de deuda.
Durante este tiempo empresas públicas como Ciegsa, la firma encargada de la construcción de colegios, las entidades dedicadas al ocio como Cacsa o Proyectos Temáticos o las adscritas al grupo Radio Televisión Valenciana son las que concentran en su mayor parte el montante de deuda que acumulan las empresas públicas del Consell.
.
El 42,6% del personal sanitario sufre precariedad laboral
Subías critica la "falta de sensibilidad" del Consell y la inversión "en grandes fastos"
El portavoz de Sanidad del PSPV en las Corts Valencianes, Ignacio Subías, manifestó ayer que la "precariedad laboral en el conjunto del sistema sanitario valenciano se sitúa en un 42,6 %, según se desprende del último informe de la Sindicatura de Comptes", aseveró.
Subías explicó que el número de profesionales contratados a través de las modalidades de atención continuada y acúmulos de tareas "es excesivo", de manera que contratos que se deberían utilizar "sólo para ocupar puestos temporales y de forma coyuntural se mantienen en el tiempo y se convierten en estructurales porque hay déficit de personal".
Con el objetivo de "solucionar este problema", destacó que los socialistas presentaron una proposición no de ley para "regularizar la situación laboral de todos los contratos de este tipo superiores a un año" que el PP rechazó, lamentó.
Subías, quien recriminó la "falta de sensibilidad" de un Consell "sólo dedicado a los grandes fastos", advirtió de que a la situación "se añade el que la Comunitat cuenta con el ratio de médicos de familia y de enfermeros de atención primaria más bajo de España".
El portavoz socialista indicó que estos datos "demuestran que la Comunitat sufre un déficit de personal muy grave" que, a su vez, se traduce en "reducción de los tiempos de consulta a seis minutos, muy lejos de los diez minutos de referencia aconsejados".
.
12 Ago 2008
CV. 12/08/2008.
.
La fiscal apoya la acusación de blanqueo en Terra Mítica
LYDIA GARRIDO
Los imputados recurren las diligencias dictadas por el juez
La investigación por el fraude a Hacienda por más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas que implica a Terra Mítica y a otras 19 empresas dio un paso a finales de junio cuando el juez admitió la querella presentada por la acción popular, ejercida por los socialistas, y con ella añadió los delitos de blanqueo y malversación de fondos. Esa decisión ha provocado una nueva avalancha de recursos y apelaciones de la mayoría de los casi 30 imputados. Sin embargo, el ministerio público le ha pedido al juez instructor, el titular del juzgado número tres de Valencia, que confirme la providencia en la que da por admitida la querella y pide una serie de diligencias en virtud de ello.
El pasado 24 de junio el juez firmaba una providencia en la acordaba la práctica de cinco diligencias solicitadas tanto por el ministerio público como por la acusación popular, entre ellas, dirigir un oficio a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para que se investigue si existen cuentas abiertas a nombre de todos los imputados o de las empresas denunciadas en Andorra o Suiza, "por haberse admitido la querella de la acusación popular por malversación y blanqueo de dinero".
El abogado de Miguel Navarro, ex director del parque temático denunciado por el fraude a la Agencia Tributaria, que mantiene su vinculación con la Generalitat a través de una asesoría en CACSA, fue el primero en presentar recurso contra la decisión del juez. En su escrito, dice que "no puede admitir que su nombre [el de Navarro] se relacione con semejante investigación, ni que se mencione siquiera en los oficios que se cursen que está siendo investigado en relación con los citados delitos dado que el Juzgado de Instrucción no admitió la querella de la acusación popular por los citados delitos, indicándose en el auto que la calificación del querellante popular no vinculaba al instructor". Y tras ese recurso y en los mismos términos, el juzgado ha recibido una decena, algunos sólo para que los resuelva el propio juez y otros, además, para que sean vistos por la Audiencia Provincial.
La acción popular también ha presentado un escrito. En él, solicita encarecidamente al juez que confirme la providencia en la que ordenaba la investigación de cuentas de Andorra y Suiza. En ese escrito, los socialistas recuerdan a las partes que en efecto desde el inicio se admitió la querella y que las calificaciones que ella se incluyen no vinculan al juez. Pero también precisan, y defienden, que el testimonio remitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en relación con la causa seguida por Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat, contra dos diputados de las Cortes Valencianas porque dos imputados les facilitaron información sobre el fraude y relacionaron al ex presidente con pago de comisiones, está en las actuaciones y justifica cualquier investigación. Por eso le pide al magistrado que su decisión de finales del pasado mes de junio la confirme.
De forma mucho más sucinta pero en el mimo sentido responde la representante del ministerio público, que "interesa la confirmación por ser ajustada a derecho".
.
Cataluña permite ver Canal 9 y el Consell mantiene el cierre de repetidores de TV-3
L. GARRIDO
Cataluña permite a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) emitir en pruebas a través del canal 43 de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Desde el mediodía de ayer, Canal 9 se ve en Cataluña. Mientras tanto, la Generalitat valenciana mantiene el pulso respecto al cierre de los repetidores de TV-3 en territorio valenciano, propiedad de Acció Cultural del País Valencià, a los que ha sancionado administrativamente con 300.000 euros por utilizar sin licencia una frecuencia libre de la TDT, asunto que está aún en los tribunales.
No obstante, el consejero catalán de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, asegura que percibe un "cambio de actitud del Gobierno valenciano en relación con la recepción recíproca de las emisiones de las televisiones públicas catalana y valenciana entre los dos territorios". Esas manifestaciones son una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria, fechada a finales de junio, de la diputada de CiU Joana Ortega. En otra respuesta sobre el mismo tema, Tresserras afirma que "en el momento actual se dan las condiciones técnicas y políticas que permitan un acuerdo definitivo pronto".
El diputado de Compromís en las Cortes Valencianas Enric Morera pidió ayer un nuevo marco de relaciones entre ambas televisiones autonómicas con el fin de garantizar, "más allá de reciprocidad e intercambio de señales entre las dos televisiones, mayor cooperación en materia audiovisual". La emisión de la señal de Canal 9 en Cataluña es el primer paso para que se alcance el acuerdo de reciprocidad que debe garantizar la emisión de la señal de TV-3 en la Comunidad Valenciana.
Canal 9 emite por primera vez en Cataluña al aceptar el Consell la reciprocidad con TV3
El inicio de la emisión allana el camino del acuerdo por el que la Generalitat recibirá dos múltiplex
El Consell no ha pedido el cambio de límite de deuda
EL PAÍS / AGENCIAS
El Gobierno central advierte de que no se puede solicitar
El Gobierno central ha asegurado que el Consell no ha solicitado formalmente la ruptura de su límite de endeudamiento al "no existir un procedimiento formal en este sentido", ya que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 6 marzo de 2003 no contemplan que ninguna comunidad autónoma pueda solicitar formalmente al Ministerio de Economía y Hacienda la ruptura de su límite de endeudamiento.
Se trata de una respuesta parlamentaria del 10 de julio consultada por Europa Press a una pregunta formulada por la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien inquirió si se ha solicitado formalmente por parte de la Generalitat autorización al Ministerio de Economía para romper el límite de endeudamiento, "pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante", apuntó. Rodríguez-Piñero también solicitó respuesta sobre si en caso de que la Comunidad Valenciana haya solicitado formalmente autorización "tal y como declaró" el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en qué estado se encuentra la solicitud.
En su respuesta, el Ejecutivo señala que los acuerdos del CPFF de 6 de marzo de 2003 en relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas fijan los principios que rigen el ejercicio de los niveles de endeudamiento de las mismas después de la entrada en vigor de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, así como las reglas generales del procedimiento a seguir por el ministerio para el desarrollo de sus funciones en relación al endeudamiento de las comunidades. Estos acuerdos, indican, no contemplan que una comunidad autónoma pueda solicitar formalmente al Ministerio de Economía la ruptura de su límite de endeudamiento. En consecuencia, la Generalitat "no ha solicitado formalmente la ruptura de su límite de endeudamiento al no existir un procedimiento formal en este sentido". La deuda de la Generalitat se eleva a 13.300 millones de euros.
El pasado abril el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció ante el pleno de las Cortes Valencianas que iba a solicitar al Estado que le concediera un mayor margen de endeudamiento para el año en curso. Después, Gerardo Camps, consejero de Hacienda, ofreció los detalles en los pasillos. Según explicó, de acuerdo con las previsiones que se manejaban antes de la desaceleración el conjunto de las comunidades autónomas deberían cerrar sus cuentas al final de 2008 con un superávit conjunto de un cuarto de punto del PIB. Desde su punto de vista se podía negociar con el Gobierno un plan de inversiones para consumir ese cuarto de punto vía endeudamiento. En el caso de la Comunidad Valenciana, se trataba de unos 250 millones de euros. En su razonamiento, si el crecimiento previsto por el Gobierno se reducía por debajo del 3%, las comunidades autónomas estaban autorizadas a cerrar sus cuentas con un déficit de un cuarto de punto del PIB. El consejero de Economía refirió que éste es un mecanismo de compensación porque si la actividad económica desciende, la recaudación de impuestos también baja.
El frenazo en el sector de la construcción afecta directamente a las cuentas autonómicas puesto que gran parte de sus ingresos proceden del impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava las operaciones de compra y venta de vivienda. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ordenó a todas las consejerías una reducción en un 25% la inversión de todos aquellos programas que no tengan carácter social. En la misma orden se advertía a las consejerías de que no podrían comprometer más del 80% de las subvenciones consignadas en los presupuestos de la Generalitat para 2008.
El presidente del Consell se refirió ayer en Benidorm a la situación económica y apuntó que desde la Generalitat han puesto en marcha medidas "para seguir empujando" la economía valenciana. "Pretendemos, pese a este momento tan complicado económicamente para España, que nuestra Comunidad pase lo antes posible esta situación y siga abriendo expectativas y oportunidades a inversiones extranjeras, nacionales", indicó.
El Gobierno asegura que la Generalitat no ha pedido aumentar la deuda y tampoco puede romper el límite
El Consell aprobó en julio el decreto de endeudamiento sin especificar la cantidad
La Comunitat fue la tercera CC.AA en efectos impagados en junio con 82.457
09:53 En el conjunto nacional, el importe de los efectos de comercio impagados de las familias y las empresas que operan en España ascendió a 1.820 millones de euros en junio, lo que supone un aumento del 118,3 por ciento con respecto al mismo mes de 2007.
Los socialistas denuncian la falta de 5.000 camas para hospitalización
EU afirma que la privatización degrada la sanidad valenciana
Agua y Progreso cerró 2007 con pérdidas pese a recibir un millón en ayudas del Consell
La fundación por el trasvase perdió 5.600 euros el año pasado y 48.000 desde su fundación
24 Jul 2008
CV. 24/07/2008.
.
Però el PP no tenia no sé quina recepta contra la crisi o potser Camps no és del PP?
.
La Comunitat Valenciana lidera el aumento del desempleo en el segundo trimestre
El paro subió en el segundo trimestre del año en trece comunidades autónomas, especialmente en la Comunitat Valenciana (21,66 por ciento), Murcia (20,99 por ciento), y Madrid (20,82 por ciento), y bajó especialmente en Baleares (-17,58 por ciento).
EUROPA PRESS
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto de España el paro subió en 207.400 personas entre abril y junio y la tasa de paro se situó en el 10,44 por ciento.
Además de los aumentos de la Comunitat Valenciana, Murcia y Madrid, el paro también aumentó en Aragón (14,69 por ciento), Castilla y León (14,05), y Castilla-La Mancha (11,66), además de en la ciudad autónoma de Ceuta (16,11).
En términos absolutos, el paro subió más en Andalucía (56.400 parados), Comunitat Valenciana (52.200) y Madrid (50.800), mientras que bajó en Baleares (-10.300 parados), Asturias (-2.500), Extremadura (-1.500) y Navarra (-1.400), además de la ciudad autónoma de Melilla (-1.100).
Respecto al mismo trimestre del año anterior, el paro subió en quince comunidades, más en Murcia (81,22), Canarias (65,79) y Baleares (57,27).
Por el contrario, el desempleo bajó en este periodo en Asturias (-9,45), País Vasco (-7,15), además de la ciudad autónoma de Melilla (-6,85).
El siguiente cuadro recoge el número de parados (en miles), por comunidades, en el primer trimestre del año, así como la variación en cifras absolutas y en porcentajes con respecto al anterior trimestre y al mismo periodo del año anterior:
.
.
52.200 parados valencianos más
El paro baja en cuatro comunidades y sube con fuerza en Andalucía
Fomento invertirá 900 millones en ampliar los aeropuertos de Manises y El Altet
15:17 El Ministerio de Fomento invertirá alrededor de 900 millones de euros en los aeropuertos de Manises, en Valencia, y El Altet, en Alicante, para aumentar la capacidad de ambas instalaciones y dar respuesta, en el año 2011, a 35 millones de pasajeros.
Fomento inicia las obras en la N-332 a la altura de Sueca que permitirá circumvalar el municipio
16:47 La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, inauguró hoy las obras del Tramo I Variante de Sueca en la N-332, de nueve kilómetros de longitud, que permitirá a los viajeros ahorrarse hasta unos 20 minutos de trayecto, al no tener que atravesar el municipio, puesto que podrán circunvalarlo en tan sólo seis.
La UE admite la queja de los afectados por los deslindes de la Ley de Costas
I després en demanaran de l'Ebre i la culpa, de Zapatero:
.
Aprobados dos campos de golf en Castellón sin agua
MARÍA FABRA
La CHJ vota en contra ante la falta de garantías
La comisión territorial de Medio Ambiente dio ayer el visto bueno a otros dos desarrollos urbanísticos que supondrán la urbanización de cerca de 5 millones de metros cuadrados y unas 5.000 viviendas pese a que no tienen garantizado el suministro de agua. Los programas se ejecutarán en la zona norte de la provincia, en San Rafael del Río y en Sant Jordi, municipio, este último, para el que ya se aprobó otro PAI en mayo. En realidad, según informaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la comisión sólo emitió un informe favorable y dejó pendiente la aprobación definitiva ya que, indicaron, los programas han de subsanar algunas deficiencias relativas, precisamente, a los recursos hídricos. Aún así, los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) votaron en contra del informe favorable ante la falta de argumentación para garantizar el suministro de agua.
Con estos dos proyectos ya son cinco los PAI con campos de golf que la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado pese al informe negativo de la CHJ ya que los tres aprobados en mayo (Xilxes y Sant Jordi), con una previsión de construcción de 14.000 viviendas, también carecían del visto bueno de la CHJ. En cualquier caso, la actuación de la consejería ha servido para acallar las voces que, desde el propio PP y con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a la cabeza, se habían levantado contra la "lentitud" de la Generalitat en la tramitación de este tipo de proyectos. También han acallado las quejas procedentes de los propios constructores, que ayer volvieron a valorar positivamente la aprobación de programas.
El plan para Sant Jordi abarcará una superficie de 2 millones de metros cuadrados y lleva parejo la construcción de un campo de golf de 18 hoyos y 2.200 viviendas, de las cuales un 10% (220) son de protección oficial. El de San Rafael abarca 2,3 millones de metros cuadrados y 2.700 viviendas, de las cuales un 10% (270) son de VPO.
Según el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón, Rafael Doménech, "ambos proyectos van a facilitar que el aeropuerto de Castellón tenga una actividad enfocada al turismo exterior, lo que ayudará en el desarrollo turístico de la provincia".
.
