08 Jun 2008

CV 06i07/06/2008.

Escrito por: jordigrau el 08 Jun 2008 - URL Permanente

CV. 04/06/2008.

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Acció Cultural augura el 'apagón' de TV3 para el próximo otoño

16:25 La Generalitat ha propuesto dos nuevos expedientes sancionadores por las emisiones de TV3 en la Comunitat a través de los repetidores de Perensinxa, Alginet y la Llosa de Ranes, que suponen una multa de 400.000 euros.

EUROPA PRESS Acció Cultural del País Valencià (ACPV) anunció hoy que la Generalitat valenciana ha propuesto dos nuevos expedientes sancionadores por las emisiones de TV3 en la Comunitat a través de los repetidores de Perensinxa, Alginet y la Llosa de Ranes que suponen una multa de 400.000 euros, que se suman a otros 300.000 que se exigen a la entidad por las retransmisiones desde el Bartolo, Mondúver y la Carrasqueta. Para ACPV, el Consell "intenta liquidar" al colectivo "ahogándolo económicamente" y advirtió de que el cierre de los repetidores y, por tanto, el "apagón" de la televisión catalana en la Comunitat, podría producirse el próximo otoño.

El presidente de ACPV, Eliseu Climent, el coordinador, Toni Gisbert, y la abogada Mercè Teodoro comparecieron hoy en rueda de prensa para informar del inicio de dos nuevos expedientes sancionadores resueltos por el Gobierno valenciano contra la entidad. El primero de ellos está motivado por las emisiones de los canales autonómicos catalanes desde el repetidor de Perensinxa, que cubre la ciudad de Valencia y su área metropolitana, y demanda el cierre de las instalaciones y una multa de 300.000 euros. El segundo, pide igualmente la clausura de los repetidores de Alginet y la Llosa de Ranes --correspondientes a las comarcas de la Ribera y la Costera-- y determina una cantidad económica de 100.000 euros.

La entidad cultural dispone ahora de un plazo para presentar sus alegaciones que "como siempre no serán escuchadas por a Generalitat", lamentó Mercè Teodoro, que agregó que el proceso llegará de nuevos a los tribunales. Recordó que en este momento, se está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre los repetidores desde el Bartolo, Mondúver y la Carrasqueta, que "muy probablemente admita el cierre".

Por ello, la letrada recalcó que existe un "peligro grave y real" ya que, aunque ACPV recurra al Tribunal Supremo las resoluciones del TSJCV, no se podrá paralizar el cierre de los seis repetidores que en estos momentos están expedientados, por lo que antes del verano ya podrían clausurar algunos y para el otoño "podría producirse el apagón definitivo".

Esta situación significará una "vulneración de los derechos lingüísticos de los valencianos por parte de su propio gobierno", aseguró la abogada, para quien la Generalitat "acusa a ACPV de un delito que ella misma está cometiendo con la otra mano puesto que Canal 9 y Punt 2 emiten en las Islas Baleares sin acuerdo ni concesión administrativa". También incidió en que actualmente de los más de 20 canales que se pueden ver por vía digital "sólo los de Tv3, Punt 2 y muy minoritariamente Canal 9 están son lengua catalana".

Asimismo, consideró que los expedientes abiertos por el Consell "van en contra de los principios jurídicos", ya que "no se entiende que si TV3 ha emitido en el País Valenciano desde 1985 y se ha tolerado ahora se tomen este tipo de decisiones".

En esta misma línea, Teodoro reprochó al Gobierno valenciano una "clara voluntad de castigar económicamente" a Acció Cultural al abrir distintos expedientes para cada repetidor en vez de agruparlos todos en uno, teniendo en cuenta que se trata de "la misma conducta y la misma persona". La abogada rechazó el argumento de reincidencia en la que, supuestamente, incurriría ACPV porque "cuando se abrió el primer expediente ya se habían realizado todas las acciones".

Por su parte, Eliseu Climent afirmó que "el Gobierno de Francisco Camps está intentando liquidar y destruir a ACPV, que es la entidad de Fuster, Valor, Renau y el doctor Peset y que recuperó la dignidad en este país". "La Generalitat nos pide que cerremos, es decir, que Acció Cultural actúe contar la democracia, la libertad de expresión y el idioma y nosotros no haremos eso nunca porque esta casa tiene la dignidad que muy a menudo le falta a las instituciones públicas valencianas", aseguró.

"SEGUNDO FRANQUISMO"

Climent mostró también su "decepción porque creíamos que había un giro del PP de la Comunitat Valenciana hacia posiciones más moderadas pero lo cierto es que Francisco Camps tiene un doble lenguaje, uno cuando va a Barcelona y, el verdadero, el que cierra televisiones". Asimismo, garantizó que "ACPV resistió todas las presiones de liquidación durante el franquismo y también resistirá seguro en este segundo franquismo que desgraciadamente estamos viviendo los valencianos".

El coordinador de ACPV, Toni Gisbert, resaltó que la entidad "no dispone de ninguna información" sobre el proceso negociador de los gobiernos catalán y valenciano para la reciprocidad de las emisiones de sus televisiones autonómicas. Informó también de que la semana que viene los responsables del colectivo analizarán en una reunión futuras movilizaciones contra los expedientes sancionadores.

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Acció Cultural revela dos nuevas multas por TV3 y acusa a la Generalitat de intentar "liquidarla"

01:19 La entidad augura un "apagón" del canal catalán para otoño por el cierre de repetidores

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El Defensor del Pueblo recomienda a Bienestar Social una mayor atención a los enfermos mentales

13:32 El defensor ha hecho esta recomendación a la conselleria tras conocer las dificultades de un matrimonio de Alicante, cuyo hijo padecía una grave patología mental, para encontrar un centro en el que fuese debidamente atendido

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ley de dependencia

Registran una página de Levante-EMV a una mujer que pide ver al conseller de Bienestar

Lleva cinco meses esperando que le paguen las ayudas que le corresponden por ley porque su hija de nueve años tiene una dependencia severa, nivel 3 grado 2, casi la máxima.

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Bienestar Social no ha pagado el bono residencia a los centros de tercera edad

P. G. B., Valencia
La Conselleria de Bienestar Social no ha desembolsado todavía el bono residencia a los centros de tercera edad. El departamento que dirige Juan Cotino no ha resuelto ni ha enviado las resoluciones, que son previas a la...

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El Defensor del Pueblo denuncia la ley urbanística valenciana y pide cambios

El Defensor del Pueblo se sumó ayer a las voces críticas con la legislación urbanística valenciana en un informe en el que subraya la dejación en el control público y el grave impacto ambiental que provoca

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Más de 121.000 hectáreas siguen recibiendo agua con "riego a manta"

Los regantes piden una tarifa eléctrica especial para sus pozos

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El PP veta la comisión sobre financiación que Pons aceptaba

Marí la considera "extemporánea" porque el Gobierno ya ha abierto negociaciones

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Más de seis mil niños se quedan sin el colegio deseado

01:34 Las listas de alumnos admitidos en los centros públicos o concertados de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana para el curso 2008-09 se dieron a conocer el miércoles en los respectivos colegios.

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Escola afirma que hay 93.700 alumnos que se quedan sin plaza en valenciano

La federación asegura que la demanda es mayor que la oferta

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CC OO denuncia que el 80% de los contratos sanitarios se hacen a espaldas de la bolsa

"El único criterio es el dedo designador"

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El Consell autoriza la subida de la vivienda de protección pública

EL PAÍS

Los promotores incrementarán el precio de las casas entre el 5 y el 10%

La vivienda protegida será más cara a partir de ahora. El Consell aprobó ayer un nuevo decreto que permite a los promotores subir el precio de la vivienda de protección (VPP) entre un 5% y un 10%. El encarecimiento de esta clase de viviendas intenta dar respuesta a las demandas de los promotores, por un lado, y poner más VPP en el mercado para atender la demanda, por otro.

La Generalitat cifra en 914 millones el coste del convenio universitario

Con la nueva regulación, el Consell adapta su legislación a la normativa estatal y hace uso, por vez primera, de la figura de "municipio singular". Esta denominación permite fijar precios más altos a la VPP en ciudades donde el metro cuadrado es mucho más caro. Una clasificación, ya utilizada en otras autonomías, que estrenará la ciudad de Valencia.

La traducción en euros de esta nueva clasificación supone que si una VPP de 90 metros cuadrados costaba algo más de 138.000 euros (más de 23 millones de las antiguas pesetas) en la ciudad de Valencia, ahora saldrá a la venta por unos 162.000 euros (alrededor de 27 millones de las antiguas pesetas).

La subida de la vivienda tasada pretende, sin embargo, estimular la construcción de VPP en los municipios donde los precios eran más bajos, lo que hacía prácticamente imposible que los promotores ofreciesen esta clase de pisos.

El Consell puso ayer especial énfasis en recalcar que, aunque sube los precios de la VPP, el incremento no llega a los topes máximos establecidos por el Gobierno para toda España.

El decreto se aprobó conjuntamente con un convenio tipo que la Generalitat suscribirá con los Ayuntamientos que quieran impulsar la VPP. Estas medidas forman parte del Plan Estratégico de la Vivienda que ha elaborado el departamento de Medio Ambiente, que dirige José Ramón García Antón. El Consell también revisó ayer las ayudas para la vivienda.Entre las medidas adoptadas por el Consell para estimular el mercado de la vivienda se incluye también la posibilidad de que los promotores puedan recalificar como viviendas protegidas, en cualquiera de sus modalidades, pisos de renta libre. Esta medida solo se podrá aplicar en las fincas nuevas o que no hayan cumplido el año desde que se les concedió "licencia de primera ocupación, certificado final de obra o cédula de habitabilidad".

La posibilidad de recalificar viviendas de renta libre en pisos de protección oficial está pensada para los promotores que se han visto atrapados por el parón inmobiliario y la bajada de las ventas. Aunque la recalificación de los pisos obliga a cumplir con los requisitos fijados respecto a las superficies y los precios máximos, que solo podrán ser comprados por personas que cumplan con los requisitos fijados para la VPO y que tendrán las ayudas previstas.

El decreto aprobado por el Ejecutivo valenciano, que preside Francisco Camps, también regula las ayudas al alquiler, tanto para los inquilinos que disponen de pocos ingresos como para los promotores de viviendas protegidas en alquiler. En este conjunto de medidas, la Agencia Valenciana de Alquiler ofrecerá a los propietarios que ofrezcan sus viviendas un seguro de caución por impago de rentas y un seguro multiriesgo por posibles daños. Una medida que ya ofrecía la Agencia de la Generalitat en determinados supuestos y que ahora generalizará.

El decreto adapta también a la legislación estatal tres figuras ya creadas en la Comunidad Valenciana: la vivienda de acceso concertado (la que tiene un precio establecido para las personas con ingresos altos para acceder a la VPO pero bajos para comprar una vivienda de renta libre); el alquiler con opción a compra y la vivienda rehabilitada. El Consell establece una serie de ayudas a inquilinos, compradores y promotores que utilicen estas fórmulas y que completa las ayudas estatales.

El pleno del Consell en el que se aprobó un decreto que tendrá trascendencia para el sector inmobiliario también aprobó otras cuestiones. El Ejecutivo que preside Francisco Camps también aprobó un convenio para refinanciar la deuda que mantiene con las universidades públicas valencianas.

Así, el Ejecutivo valenciano acordó refinanciar hasta el año 2022 las cantidades que tenía que haber abonado a las universidades en la pasada legislatura.

Según los cálculos hechos por el Consell, en los próximos 14 años la Generalitat tendrá que pagar a las universidades valencianas un total de 891 millones de euros, que se sumarán a los 23,3 millones que recibirán este año. Este convenio obligará a las universidades a endeudarse para hacer frente a sus obligaciones. Según el Consell, con esta refinanciación a 14 años se pagará la deuda más los intereses de los préstamos que tendrán que asumir las universidades. La Generalitat que preside Francisco Camps se compromete a pagar religiosamente sus compromisos a partir del año que viene para no hacer la bola más grande con las universidades.

En su reunión, el pleno del Consell dio luz verde también al convenio con el Ayuntamiento de Valencia para construir un nuevo centro de acogida de inmigrantes en la ciudad. Sin embargo, el Gobierno valenciano no analizó ayer, ni siquiera se mencionó, la primera versión del contrato para inmigrantes que prepara la Generalitat. El pasado jueves, la diputada del PP Marisol Linares anunció en el pleno de las Cortes que el Consell abordaría ayer el asunto. Fuentes del Gobierno valenciano indicaron que Linares no estaba bien informada.

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Las Cortes, al servicio del presidente

MIGUEL OLIVARES

La primera institución de la Generalitat cumple 25 años en horas bajas

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, llegó puntual al acto institucional que se celebró ayer en el jardín del Palau dels Borja, sede de las Cortes Valencianas, con ocasión del 25º aniversario de la primera institución de la Generalitat, al menos formalmente. María Fernanda Vidal, secretaria de la Mesa, leyó la lista de los diputados que integraron la primera legislatura entre 1983 y 1987. Todos recibieron una distinción. Algunos, todos del PP, algún aplauso.

Albiol: "No hay nada que celebrar, aquí no hay separación de poderes"

Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y anfitriona del acto, tomó la palabra para celebrar "la consolidación del sistema de gobierno" y subrayar el progreso y las cotas de bienestar social alcanzadas por los valencianos en los últimos 25 años. Un discurso tan formal como vacío.

El presidente de la Generalitat posó junto a los primeros diputados electos del Parlamento autonómico y corrió al primer paso para recibir un facsímil del Llibre del Furs. Hubo algún comentario informal. El facsímil se colocará en el Salón de Cortes del Palau de la Generalitat. Otros dos ejemplares se remitirán a la Casa Real y al Congreso de los Diputados. A continuación, Camps abandonó las Cortes. Apenas había transcurrido media hora.

Ni la publicidad institucional, ni la pobre exposición conmemorativa que alberga el vestíbulo del Palau dels Borja, ni el vídeo institucional que difunde la página web de las Cortes -exclusivamente en castellano y con un coche de Fórmula 1 como paradigma de progreso- paliaron la frialdad del acto. Los desaires del Consell y de la mayoría absoluta del PP hacia la "primera institución" de la Generalitat la han vaciado de contenido.

Cuando los micrófonos de radios y televisiones rodearon a Ángel Luna para pedirle un comentario al discurso de la presidenta, el portavoz socialista, uno de los distinguidos como integrantes de la primera legislatura, se quedó en blanco. No había percibido ninguna idea. Apenas acertó a recordar la "ilusión y el sagrado respeto a las normas de la institución" que imperaban en los primeros años de la democracia frente a "la dureza" actual. "Parece que las Cortes sean algo molesto donde hay que comparecer de vez en cuando, pero que no tienen mayor valor y trascendencia", lamentó.

Marina Albiol, de Compromís, fue mucho más lejos a primera hora de la mañana: "No hay nada que celebrar. Hemos retrocedido 200 años. Las Cortes de Cádiz promulgaron la separación de poderes, pero aquí no se practica. El virrey Camps ya ni siquiera tiene que venir a dar cuentas de su gestión. El PP ha cerrado el círculo, no permite la actividad parlamentaria ni el debate, vivimos en una dictadura encubierta".

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04 Jun 2008

CV. 04/06/2008.

Escrito por: jordigrau el 04 Jun 2008 - URL Permanente

CV. 03/06/2008.

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Ni Hugo Chávez, Franco i Mugabe, això del vídeo. El que ocorre a la CV és molt greu, el PP es passa pels baixos la democràcia, el control parlamentari, els mitjans de comunicació públics, controla els privats, se salta el compliment de lleis, les boicoteja, dirigeix la seva política a carregar-se la sanitat, l'ensenyament i els mitjans públics, té una banda d'assalariats panxacontents que fan el que diu Camps o algun dels seus sicaris, enganya, manipula o menteix amb la jeia més dura. Cortijos, Satrapies, Masos, finques ... Espe, al costat de Paco, és una bona persona. Però com que el PSPV és una banda cutre de mediocres i IU o BNV són inexistents o de poc fiar no hi ha oposició.

Ah, i cal no oblidar que els valencians som els espanyols amb més baix índex de lectura. Com diria aquell, "si els valencians fóssim negres votaríem Ku Klux Klan", que és, si fa no fa, el que fem.

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Las Corts difunden un vídeo por su
25 aniversario en el que solo aparece Camps

04-06-2008 La proyección, colgada en la web, recoge imágenes de la Fórmula 1, el Oceanogràfic y el AVE. Mollà (Iniciativa) exige la retirada de la emisión por "sectaria y maliciosa"

Juanjo García Gómez, Valencia
Un recordatorio audiovisual un tanto sesgado. Las Corts Valencianes colgaron ayer en su página web un vídeo con motivo de su 25 aniversario en el que el único político reconocible que aparece (sin contar los planos generales del hemiciclo) es el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Ni una sola imagen evoca al primer presidente autonómico electo y al de las Corts, los socialistas Joan Lerma y Antonio García Miralles, respectivamente, ni tampoco a los anteriores mandatarios, también del PP como Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. El vídeo, que dura dos minutos y medio, sólo se emite en castellano aunque se pulse sobre el enlace de "valenciano" o "english". Camps aparece varios segundos hablando desde la tribuna mientras se sobreimpresiona el texto "Mejor marco de autogobierno" y la voz en off recalca esta idea.
La diputada de Iniciativa del Poble Valencià en Compromís Mireia Mollà exigió ayer la retirada de la película "por su carácter sectario y malicioso" que, a su juicio, es "un cúmulo de desaciertos". La parlamentaria, que censuró que la proyección sólo esté disponible en castellano -"es lamentable que desde ámbitos institucionales se discrimine la lengua propia"-, calificó de "sectario y de muy mal gusto" que únicamente salga Camps.
Ahora bien, no es lo que más indignó a la parlamentaria: "El súmmum de la manipulación son las imágenes que forman parte del vídeo en las que en teoría se quiere reflejar la sociedad valenciana en estos 25 años y entre las que nos encontramos coches de Fórmula 1 en una carrera". "Esto es demasiado", enfatizó Mollà, para quien "el nivel de utilización de las instituciones por parte del PP como instrumento propagandístico está llegando a niveles repulsivos". Además, del coche de F1, también se pueden ver imágenes del AVE y del Oceanogràfic, una alusión a los grandes proyectos.
"El PP está llevando a las Corts a caer muy bajo. Día a día los que formamos parte del legislativo asistimos a la degradación de la institución depositaria de la soberanía del pueblo valenciano, que se ha convertido en un instrumento más el partido para enaltecerse", denunció Mireia Mollà.
El viernes, la Cámara celebrará el 25º aniversario de las primeras Corts electas, cuya constitución tuvo lugar el 7 de junio de 1983. Previamente, la titular del Parlamento, Milagrosa Martínez, entregará unas medallas para homenajear a todos los diputados de la primera legislatura. El sábado, habrá jornada de puertas abiertas. El "Vídeo del 25º aniversario" aparece al pulsar un banner alusivo a la efeméride, junto con un mensaje de Martínez y una breve historia de las Corts que sí están en valenciano y en inglés. Según fuentes de las Corts, el vídeo forma parte de las campañas contratadas dentro del Plan de Comunicación de este año, que fue adjudicado a Forja Ideas por 667.355 euros.

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Video del 25 aniversario

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Encierros por la enseñanza pública

CRISTINA MEDINA

Los institutos de Elche protestan 'a la japonesa' contra el desmantelamiento.

CRISTINA MEDINA - Elche - 04/06/2008

Once institutos de Elche se sumaron ayer a la huelga a la japonesa propuesta por la recién creada Plataforma de Elche en Defensa de la Enseñanza Pública con el objetivo de denunciar "el desmantelamiento de la enseñanza pública y la politización de las instituciones educativas que está haciendo la Generalitat", según explicó Darío Martínez, portavoz de la plataforma, que está integrada por la mayoría de profesores de secundaria de Elche. En estos institutos se desarrollaron anoche distitas actividades hasta bien entrada la madrugada y hoy está previsto que, tras pasar la noche en uno de los centros, se incorporen a las clases con normalidad y participen en la protesta convocada por los sindicatos.

La plataforma denuncia que el Pla Éxit es una medida "populista y demagógica que no va a solucionar el fracaso escolar". Aseguraron que la verdadera causa del problema es la desatención generalizada del sistema público valenciano y enumeraron entre otros problemas los barracones, la tardanza en cubrir las bajas de los profesores, la ausencia de los mismos al inicio del curso, la masificación que se vive en los centros o la concentración de inmigrantes en pocos institutos en vez de hacer una distribución equitativa.

Martínez añade que, además, se está produciendo por parte de los responsables educativos de la Generalitat una "politización de las instituciones educativas" y explicó que son ejemplo de ello las designaciones "a dedo" de los equipos directivos de los centros o de los inspectores. Ante todo ello, este grupo de profesores denuncia que la política de Educación es potenciar la enseñanza privada con la concertación de centros.

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Los Jaime I premian a los cerebros del gran centro olvidado del Consell

IGNACIO ZAFRA

La Generalitat sigue sin destinar un euro al Instituto de Física Médica.

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Una altra vegada:

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Camps viaja a Bruselas y evita el control de las Cortes

MIGUEL OLIVARES

MIGUEL OLIVARES - Valencia - 04/06/2008

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, excusó ayer su asistencia a la sesión de control parlamentario prevista mañana en las Cortes donde debía responder tres preguntas sobre la deuda de la Generalitat, las medidas que adoptará el Consell para afrontar la actual coyuntura económica y la paralización de la infraestructura para canalizar agua del Ebro hasta Barcelona. Camps tiene previsto viajar hoy a Bruselas para reunirse a primera hora de mañana con Antonio Tajani, comisario de Transportes desde hace apenas dos semanas. El nuevo comisario designado por el Gobierno italiano que preside Silvio Berlusconi todavía no ha presentado las prioridades de su gestión y el presidente intenta que el ferrocarril a lo largo del corredor mediterráneo sea una de ellas, según un portavoz oficial de la Generalitat. Camps también tiene previsto entrevistarse con la comisaria de Política Regional, la polaca Danuta Hübner, y el presidente del Parlamento Europeo, el democristiano alemán Hans-Gert Pöttering. El mismo portavoz oficial de la Generalitat aseguró que la agenda del viaje se cerró el lunes.

La Junta de Portavoces, que fue informada ayer sobre el viaje de Camps, desestimó el recurso del grupo parlamentario de Compromís ante la decisión de la Mesa de las Cortes de rechazar el trámite de una iniciativa en favor de la transparencia de la actividad de los representantes políticos. Compromís planteaba, entre otras cosas, que un solo partido no pudiera bloquear comisiones de investigación o que la declaración de bienes para los cargos políticos fuera obligatoria.

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El PP planea liquidar los plenos el día 11 para centrarse en el congreso del partido

El presidente Camps elude la sesión de control al viajar a Bruselas

J. G. G./V. R., Valencia
Los populares están dispuestos a bajar la persiana de la actividad plenaria de las Corts hasta después del verano con el pleno de la próxima semana, los días 10 y 11, y así poder centrarse en el congreso del partido, previsto para los días 20, 21 y 22, eludiendo asimismo la incómoda resaca postcongresual. El denominado pleno-escoba, previsto para el 26 y 27 de junio, quedó ayer en el aire y la presidenta, Milagrosa Martínez, indicó que no tenía decidido aún si lo convocaría. La semana previa al congreso popular, sin pleno, se dedicará a comisiones.
En la junta de portavoces reunida ayer, los socialistas expresaron su sorpresa al entender que se había caído el pleno de final de mes, mientras los populares sostuvieron que no llegó a comprometerse, sino que estará en función de si hay asuntos urgentes que tratar o no. Nadie da un duro por ello. El periodo de sesiones que acabará el 30 de junio será de los de menor trabajo. Desde enero, en seis meses la Cámara celebrará solo 10 plenos en quince sesiones (los plenos duran día y medio), entre elecciones y las fiestas de Fallas a Semana Santa.
La otra sorpresa de la junta fue la suspensión de la sesión de control al presidente Camps en el pleno previsto para mañana al viajar a Bruselas junto con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, para apoyar el Corredor Mediterráneo y el AVE, mantener reuniones de trabajo y "defender" los intereses de la Comunitat en Europa, según alegó Rafael Maluenda (PP), quien criticó que "otros", en alusión al portavoz socialista, Ángel Luna, fueron a Bruselas la semana pasada "no a defender los intereses de la Comunitat, sino a hacer turismo".
La socialista Carmen Ninet acusó al PP de ocultar a la Cámara el viaje de Camps, con el fin de que el jefe del Consell "se escaquee" del control del Parlamento. Camps, quien prometió sesiones de control semanales, se tiró 5 meses sin comparecer en la Cámara al no hacerlo hasta el 17 de abril. En los seis meses del periodo de sesiones, sólo lo ha hecho 5 veces, lo que supone ni una al mes.
Con el presidente del PE
Camps se reunirá mañana en Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, y con el comisario europeo de Transporte, Antonio Tajani, para abordar el Corredor Mediterráneo como una "infraestructura clave" para el desarrollo de la Comunitat y España. También se reunirá con la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, para abordar los fondos europeos, y asistirá a la inauguración de la exposición Entre el hombre y el toro, en el Parlamento Europeo.

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La reforma "olvidada" de la Lofca

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El Consell Escolar propone cambiar una hora de Religión por Filosofía

NEUS CABALLER

Protestas de padres y alumnos contra la "política del no" de Font de Mora.

NEUS CABALLER - Valencia - 04/06/2008

El pleno de la permanente del Consell Escolar Valencià (CEV), celebrado ayer, aprobó por 32 votos a favor, 18 en contra -básicamente, de los sindicatos de la red de centros religiosos- y nueve abstenciones una enmienda al decreto de Bachilleratos para "mantener las tres horas de Filosofía que se imparten en dos cursos a cambio de dividir las dos horas de Religión entre dos cursos". Una propuesta que, de ser respetada por el consejero Alejandro Font de Mora, pondría fin a las acampadas que vienen protagonizando profesores y estudiantes de Filosofía en el campus de Blasco Ibáñez.

El decreto para consolidar la red privada de centros de Infantil, adelante

El acuerdo -propuesto por Luis García Trapiello, de CC OO, y Santiago Estanyà, del STEPV, y ratificado por UGT y CSIF- pasa por separar las dos horas de Religión que la consejería había encajado en el horario de primer curso de Bachillerato (con lo que se comía una de las tres horas de Filosofía) y desplazar la segunda hora de Religión al segundo curso de Bachillerato, para poder conservar el horario de Filosofía.

La fórmula, sin embargo, no ha sido bien recibida por los representantes del sector docente religioso, FSIE y USO, que consideran que el desplazamiento de la Religión "creará problemas a sus profesores", según explicaron fuentes del consejo. Es más, algún representante del clero valenciano y de la patronal de centros católicos FERE llegaron a reconocer explícitamente que con el cambio se corre el riesgo de que "los alumnos de segundo que preparan el selectivo no quieran perder el tiempo estudiando Religión".

La patronal CECE, que preside José Manuel Boquet, reconoció en privado el problema que supone para sus centros asociados la reducción de una hora de Filosofía. Miguel del Pino, del CSIF confirma que "recortar una hora de Filosofía rompe con la fórmula de jubilaciones del profesorado a tiempo completo, que tendrían que pasar al grupo de contratados a tiempo parcial, modificando sus condiciones laborales".

El consejo también aprobó las enmiendas al proyecto de decreto que "establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan primer ciclo de Educación Infantil".

Todos los sindicatos, según precisó Guillermo Martí, de Fete-UGT, trataron de "impedir que la Administración rebaje el nivel de exigencia a los titulares de guarderías que ya atienden a menores de tres años". Según Albert Sansano, del STEPV, "se trata de evitar que el decreto se convierta en un coladero para legalizar cualquier chiringuito, sobre todo, ahora que han proliferado nuevas fórmulas, como los pisos francos dirigidos por inmigrantes". En la práctica, el decreto es el primer paso en la "privatización de la red de infantil", admite Manolo Picó, de CC OO, que recordó que en el Pavace se ha introducido un punto para que la Generalitat se acoja al convenio con el Gobierno para crear "una red de guarderías públicas". La fórmula, añadió Martí, se podría hacer vía ampliación de los colegios de Primaria que se pueda o usando el espacio liberado por el traslado a los institutos del primer ciclo de ESO.

Mientras la permanente del Consell Escolar Valencià se mantenía reunida, representantes de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya, con el apoyo de las centrales sindicales de STEPV, CC OO, UGT y la Federación de Alumnos realizaron una concentración de protesta ante las puertas de la Consejería contra la política educativa del Consell.

La vicepresidenta de la Gonzalo Amaya, Gemma Piqué, leyó un manifiesto quejándose del "desprecio" que el consejero, Alejandro Font de Mora manifiesta hacia sus propuestas. A ritmo del Chiki-chiki cantaron La canción del no, que dice así: "La política educativa se baila así: uno, los decretazos; dos, ciudadanía; tres, el uniforme; cuatro la religión. Pelea, pelea".

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El Consell acepta el pacto del agua si no excluye el trasvase del Ebro

EZEQUIEL MOLTÓ

La confrontación con el Gobierno se reduce, pese a las exigencias

EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 04/06/2008

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, y el de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, coincidieron ayer en señalar en Alicante su disposición favorable a colaborar con el Gobierno de Zapatero para alcanzar un pacto del agua, siempre y cuando no se deje fuera de la solución "ni el Ebro, ni el Júcar, ni el Tajo".

Las palabras de García Antón están lejos de las arengas para ir a la Moncloa

El Gobierno había anunciado el lunes que para hacer frente a la sequía no se descartaba ninguna medida, incluidos los trasvases, con la excepción del Ebro. Esta exclusión hizo que García Antón recuperara ayer el lenguaje de la confrontación con el PSOE, tan grato al Consell. "Intolerable", clamó el consejero, "si no somos capaces de sentarnos para hablar de todo [trasvase del Ebro] es que no quieren llegar a ningún pacto".

Pero entre las grandes palabras del consejero valenciano se coló una reflexión de su compañero murciano. Antonio Cerdá dijo que, primero, había que dejar el asunto en manos de los técnicos y "después que decidan los políticos". Una opinión que va justo en la dirección contraria de lo que se ha hecho siempre en la Comunidad Valenciana, donde el agua ha sido la punta de lanza de la política del presidente Francisco Camps, justificada a posteriori con informes de algunos técnicos. La fortaleza de las palabras de García Antón, aún siendo contundentes, queda lejos de las arengas que llamaban a movilizarse frente a la Moncloa que realizó apenas hace menos de un mes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en Orihuela durante la constitución de la plataforma de Alcaldes por el agua del PP.

El Consell, durante ese breve espacio de tiempo, ha ido modulando su discurso y ajustándolo más al enunciado de su programa electoral, en el que no se hace ninguna referencia explícita al trasvase del Ebro. El Gobierno ha hecho otro tanto: reducir la crispación, trabajar para concluir las obras de la desalinizadora de Torrevieja y tender puentes con la Generalitat, como se comprobó durante la reciente visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu. En este clima, hasta García Antón dejó caer ayer que el PP "quizás no lo ha hecho del todo bien" por lo que habrá que trabajar con Castilla-La Mancha y Aragón para "que el diálogo sea más fluido".El acuerdo de los regantes de Villena de vender a la multinacional Danone agua de sus acuíferos para embotellarla no ha sido bien acogido por el Gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha contestado por carta al Gobierno de Castilla-La Mancha informándole de que no han autorizado la operación y advirtiendo de que "si se pidiera, no se autorizará" el correspondiente cambio de uso, ya que ese agua es agrícola y debería considerarse para el consumo.

El portavoz del Grupo Socialista en Toledo, Santiago Moreno, a raíz de esta contestación, tildó de "ilegal" este proceso, que podría conllevar la apertura de un expediente en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se personaría. "La ministra nos da la razón, se trata de un negocio ilícito, que merece un reproche legal y en ningún caso será autorizado", dijo Moreno. Los regantes de Villena, liderados por Andrés Martínez, activista en las protestas a favor del trasvase del Ebro y contra el Gobierno de Zapatero, acordaron vender 700 millones de litros de agua al año a cambio de 245.000 euros. En la operación los regantes se comprometen a dejar en barbecho 200 hectáreas de regadío, con lo que se conseguiría un ahorro de 0,7 hectómetros cúbicos. La versión de la postura de la ministra fue matizada ayer por la tarde. Fuentes del ministerio explicaron a Europa Press que Espinosa "no prejuzga" la instalación de la planta embotelladora, aunque estima que "en principio sería contraria a los objetivos del trasvase del Júcar-Vinalopó". Para su autorización se tendría que "proponer una reducción muy superior a las extracciones del acuífero que se pretende modificar".

El ministerio recuerda que tras la declaración de agua mineral para embotellado, que es competencia de la Generalitat, los regantes de Villena deben "dar de baja de su concesión actual una superficie de riego equivalente al volumen detraído para la planta embotelladora", y el cambio de uso del agua se deberá someter a exposición pública.

La Comisaría de Aguas, según la misiva de la ministra, envió el 12 de mayo pasado un escrito a los regantes "advirtiéndoles de la necesidad de tramitar el expediente de modificación" del uso del agua de este acuífero. El ministerio recalca la situación de "sobreexplotación elevada" de los acuíferos de esta zona que gracias al futuro trasvase Júcar-Vinalopó serán recargados.

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Castilla-La Mancha insta a la Comunitat y Murcia a agilizar las desalinizadoras

04-06-2008 El vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha instado hoy a la Comunitat Valenciana y a Murcia a que hagan como Cataluña, que va a acelerar la construcción de una desalinizadora para tener garantizado el abastecimiento en caso de una nueva sequía como la que llevó a plantear el minitrasvase del Ebro.

EFE ¡Lamata hacía esta petición a los presidentes valenciano y murciano, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en la que ha destacado la diferente actitud de la Generalitat de Cataluña con respecto a la que tienen esos dirigentes populares.

Según Lamata, las desalinizadoras garantizarían a esas dos regiones una alternativa "estable y definitiva" para abastecer a su población, para lo que ahora reciben aportaciones a través del trasvase Tajo-Segura.

Además el vicepresidente de la Junta ha valorado la oferta del Gobierno de España para que se alcance un pacto nacional sobre el agua que introduzca "sosiego" en un debate "donde, además de razones", se mueven "sentimientos" y las "vísceras".

Para Lamata, en esta nueva legislatura hay muchos elementos que pueden permitir "armar un buen pacto del agua" y cree que el "meollo" de ese pacto debe ser el de garantizar todo el agua que se necesite para beber a la población española.

Según Lamata, en España hay bastante agua para beber, pues en las épocas de mayor sequía ha habido almacenados más de 26.000 hectómetros cúbicos en los embalses, cuando para dar de beber a una población de 45 millones de españoles basta con 4.500 hectómetros cúbicos.

No obstante, Lamata ha dicho que ese agua hay que hacerla llegar y ver dónde hay carencias puntuales, como la que ha atravesado Cataluña, donde se planteó un minitrasvase desde el Ebro para abastecer a la población que ahora, con la recuperación de los embalses que abastecen a Barcelona, ya no se hará.

Lamata cree que ese pacto debe garantizar que todos los españoles tengan agua para beber, preferentemente desde la cercanía sin necesidad de hacer trasvases largos, aunque sin descartarlos en el caso de que sean necesarios, pero sólo para abastecer a poblaciones y no para el desarrollo económico de zonas alejadas de esos recursos hídricos.

Respecto a las diferencias entre ese pacto nacional que propone ahora el Gobierno de España y el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del PP, Lamata ha recordado que éste no contaba con el apoyo de todos los partidos mayoritarios ni de todas las regiones, aunque Castilla-La Mancha se incorporó porque determinadas cuestiones suponían "beneficios para nuestra tierra".

Preguntado si ese pacto nacional sobre agua puede retrasar la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales, Lamata ha dicho que espera que no, pues otros estatutos con referencias al agua, como los de Aragón, Andalucía y Comunitat Valenciana, se han aprobado sin pacto del agua.

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El ente metropolitano del agua incumplió la ley al no pedir una tasación del secadero de jamones

04-06-2008 El proyecto de compra de la nave del antiguo secadero de Jamones Serón al lado de la N-III en Quart de Poblet por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) fue, cuanto menos, rocambolesco.
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Salvem el Cabanyal reactiva la vía judicial con un recurso de amparo contra la prolongación

13 comentarios

01:18 La plataforma reorganiza su estructura y retoma la iniciativa para parar la ampliación de Blasco Ibáñez

H. G., Valencia
La plataforma Salvem el Cabanyal vuelve a la carga y, tras un proceso de reorganización interna que ha supuesto el relevo del portavoz y principal cabeza visible del colectivo, Faustino Villora, sopesa reactivar la vía judicial. El colectivo dio por cerrado este camino cuando el pasado 13 de marzo el tribunal Supremo avaló el plan especial del Cabanyal que incluye la apertura de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio declarado Bien de Interése Cultural.
Sin embargo, tras un análisis más pausado de la sentencia, los representantes legales de la plataforma consideran que se puede optar por la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un procedimiento que se aplica en caso de vulneración de los derechos fundamentales. Así lo avanzó ayer la nueva portavoz de la plataforma, Maribel Domènech, catedrática de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Domenech comentó que el único objetivo de la reorganización interna es "reforzar el funcionamiento de las comisiones de trabajo y continuar defendiedo el patrimonio amenzado y los derechos fundamentales de las personas".
La plataforma explica en un comunicado que "está realizando un gran esfuerzo para adaptarse a la nueva situación y poder dar mejor respuesta a los problemas futuros".
Domènech asegura que, de momento, "no hemos visto ningún cambio de voluntad por parte del ayuntamiento por eso vamos a agotar las posibilidades que nos dé la vía judicial". Desde que se conoció el fallo del Supremo ni el ayuntamiento ni la plataforma Salvem el Cabanyal se han puesto en contacto. Sí se han reunido las administraciones con la Asociación de Vecinos del Cabanyal con los que se han comprometido a revisar al alza las expropiaciones del bulevar San Pedro.
El Tribunal Supremo todavía tiene pendiente el recurso de casacion contra el plan especial de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Entretanto, el ayuntamiento continúa con los derribos fuera de la zona BIC, donde sigue vigente la orden judicial suspensión cautelar de los derribos.

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01 Jun 2008

CV 31/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 01 Jun 2008 - URL Permanente

CV 01/06/2008.

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transferencia de agua

Camps pasa en un mes del recurso al TC a la defensa en solitario del trasvase a Barcelona

El Consell reclama que se concluya la tubería porque "lo normal" es que vuelva la sequía

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Cartagena ingresará en prisión antes de agosto al denegarle el Gobierno el indulto

El Ministerio de Justicia notifica a la Audiencia que se ha desestimado la medida de gracia

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caso julio iglesias

El juez pide un peritaje de las cuentas del IVEX en dos recitales con presuntas facturas falsas

Baraja ampliar la auditoría al concierto de Shangai. En China, igual que en México, se facturaron servicios no prestados, según Hacienda

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Protestas
EFE

Manifestación vecinal contra la F1

13:54 La sanidad pública valenciana cuenta con 264 psiquiatras y 129 psicólogos para atender a las alrededor de 500.000 personas, aproximadamente un 10 por ciento de la población, sufren cada año algún tipo de enfermedad mental, tanto grave como leve.

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Entidad metropolitana del agua

Todos los partidos avalaron la operación de compra del secadero sin informes técnicos

La comisión de Hacienda se basó en la valoración del gerente y sólo un alcalde pidió papeles

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Padres y profesores preparan una quincena de protestas en contra de la política educativa

Los proyectos de conselleria Èxit y Ciudadanía centran la movilización.

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Los Defensores del Pueblo se reúnen en Valencia para apoyar a la Síndica

P. G. B., Valencia
Los Defensores de Pueblo de seis comunidades se reunirán el lunes en Valencia con la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, para analizar los problemas de la implantación de la Ley de Dependencia.
Los máximos responsables...

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Diputados del PSPV y del PSM harán un "frente común" por la "manipulación" televisiva del PP

Levante-EMV, Valencia
Los socialistas de la Comunitat y de Madrid harán un "frente común" contra la "manipulación informativa" de las cadenas autonómicas RTVV y Radiotelevisión de Madrid (RTVM), según anunció ayer la diputada del PSPV Nuria...

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29 May 2008

CV. 28/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 29 May 2008 - URL Permanente

CV. 27/05/2008.

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El Sindic de Greuges reprocha al Consell la falta de información sobre el circuito

J. Sierra, Valencia
El Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha cuestionado la actuación de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes por no ofrecer suficiente información ni dar respuesta a las consultas realizadas por no ofrecer suficiente información ni dar respuesta a las consultas realizadas por Ecologistas en Acción.
En un escrito firmado por Carlos Morenilla, Adjunto Segundo del Sindic de Greuges, se recuerda al conseller de Infraestructuras "el deber legal" de contestar a la demanda de Ecologistas en Acción de ser parte interesada en el procedimiento relativo al proyecto de construcción del circuito urbano. Además, se recuerda a la Generalitat la obligación de facilitar información relativa a los procedimientos de licitación efectuados, "así como al calendario establecido para la tramitación de los procedimientos urbanísticos y ambientales necesarios".
La conselleria ofreció a los responsables de la formación ecologista la consulta del expediente y de los proyectos, aunque al solicitar una copia digital de los documentos se les negó por el responsable del registro. Una solicitud formal de esas copias no ha tenido respuesta, según los denunciantes, a quienes ni siquiera se les ha contestado.
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción recordaba también la falta de concreción en algunas de las respuestas que si ofreció la Generalitat. En este sentido aseguró que en una de sus respuestas el Director General del Ente GTP afirma que la finalidad de las obras adjudicadas "no es la de construir un circuito automovilístico", sino la de dotar a la ciudad de Valencia de unas necesarias infraestructuras públicas de transporte.

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La Síndic exige al Consell que informe sobre la Fórmula 1

S. V.

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Consell y Canal 9 negocian ya el contrato programa de RTVV para aplicarlo en 2009

28-05-2008 El documento, un compromiso de ingresos y gastos para enjugar la deuda de 1.200 millones del ente público, estará cerrado en septiembre, para incorporarlo al proyecto de presupuestos

Levante-EMV, Valencia
La pista la dio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control de las Corts del jueves de la semana pasada. El portavoz socialista, Ángel Luna, le preguntó sobre lo que piensa hacer con el ente público RTVV tras la demoledora auditoría de Ernst & Young encargada por la propia Conselleria de Economía, que revela el descontrol en el gasto y el desbarajuste organizativo. Luna lo emplazó a hacer como el Gobierno central con RTVE: un pacto con todas las fuerzas políticas y sindicatos para sanear el ente y aportar mayor pluralidad. El presidente eludió la referencia al pacto, pero anunció que su Ejecutivo va a preparar un "contrato programa" que comportará una "exigencia de responsabilidad" a la vez que un respaldo a la nueva digitalización de la televisión autonómica. Pues bien, esta iniciativa, según ha podido saber Levante-EMV, está "muy avanzada" por parte de los responsables de Canal 9, según aseguraron fuentes conocedoras de la misma.
De hecho, las negociaciones entre el Consell y RTVV han comenzado ya formalmente, y ya ha habido reuniones entre cargos de la Conselleria de Economía, que dirige el vicepresidente segundo, Gerardo Camps, y del ente público, cuyo director general es Pedro García. La intención es que el acuerdo esté cerrado para septiembre, con el fin de incorporarlo al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2009. De este modo, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero próximo. El objetivo último es acabar en unos años con el lastre de los 1.200 millones de euros de endeudamiento que arrastra la cadena autonómica, una situación que se agranda en cada ejercicio y que no puede prolongarse indefinidamente.
Según ha podido saber este periódico, el documento que ultima RTVV tendrá que acabar de perfilarse con Hacienda para darle forma y concretar determinados detalles técnicos. El contrato programa conllevará un compromiso de ingresos y gastos por ambas partes. El Ejecutivo autonómico asume que Canal 9 tiene que dar todos los días una programación de calidad y que eso no es gratis, pero, al mismo tiempo, el ente público se impone la exigencia de realizar toda su oferta televisiva con un límite en el gasto, y así poder ir absorviendo la ya astronómica deuda. El contrato programa se configura así como un documento esencial en la planificación económica y estratégica para el futuro de la cadena. Supone ordenar los presupuestos, ingresos y los gastos.
Viabilidad futura
Es una especie de plan de estabilidad entre el Ejecutivo autonómico y el ente público, para garantizar su viabilidad futura, ya que el modelo actual arroja incertidumbres. De ahí que el Consell haya querido dar una respuesta al problema. La iniciativa llega después de que Levante-EMV desvelara el contenido de la auditoría de Ernst & Young elaborada por encargo del propio Gobierno autonómico. La fiscalización desvela que la cifra de fondos propios, a 31 de diciembre de 2006, se ha situado por debajo de la mitad del capital social, "encontrándose la sociedad en uno de los supuestos contemplados en el artículo 260 del texto refundido de la ley de sociedades anónimas como causa de disolución". El documento constata que mientras el ente público ha doblado el número de trabajadores, ha reducido la producción propia.

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Una eurodiputada verde elaborará el tercer informe sobre el urbanismo valenciano

28-05-2008 El Parlamento Europeo elaborará un nuevo informe sobre el urbanismo valenciano ya que "a pesar de los esfuerzos" se ha constatado que aún no se han subsanado los problemas referidos al urbanismo ilegal, la propiedad y el impacto medioambiental.

Nayra Aguado, Bruselas.
corresponsal
Así lo ha decidido la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ayer anunció la preparación de este dictamen.
El pasado 2 de abril este Comité parlamentario acogió un largo debate al que acudieron aproximadamente "50 peticionarios" para exponer casi 40 quejas relacionadas con problemas urbanísticos y se constató que "a pesar de los esfuerzos en las zonas afectadas, los progresos son muy lentos". Lo que ha conllevado a esta Comisión parlamentaria a querer "revisar la situación", indicaron fuentes de la Eurocámara. Admitieron que en algunas localidades la situación ha mejorado, como sería el caso de Catral cuyo alcalde, Antonio David Albero, se comprometió públicamente, durante dicho debate, a regularizar y no demoler las viviendas que había sido construidas en suelo no urbanizable.
Sin embargo, la Comisión de Peticiones también detectó que en el "resto de casos" la situación no ha avanzado lo que ha "motivado la decisión de preparar un nuevo informe". Las fuentes parlamentarias citaron a modo de ejemplo a "Parcent, donde aún queda mucho por hacer".
Este dictamen, será el tercero que llegue al pleno de la Eurocámara sobre esta polémica cuestión y, si se cumplen los plazos previstos, estará listo para someterse al voto de los eurodiputados a principios del próximo año.
En su última resolución, aprobada hace casi un año, el Parlamento Europeo ya arremetía contra las macro-urbanizaciones que han plagado las costas españolas y particularmente las valencianas.
Ahora, una vez que ya ha sido tomada la decisión por parte de la Comisión de Peticiones, su presidente, el eurodiputado polaco del Grupo de la Unión de la Europa de las Naciones (el conservador UEN), Marcin Libicki, solicitará a la conferencia de presidentes de comités de la Eurocámara la autorización para preparar el documento.
Una vez obtenida, se podrán iniciar los trabajos que en esta ocasión no se restringirá únicamente al caso de la Comunitat Valenciana y podrá abordar de forma más general la problemática del urbanismo en España.

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El Comité de Peticiones hará un tercer informe sobre el urbanismo

CRISTINA VÁZQUEZ

Los portavoces barajan que una diputada 'verde' danesa sea la ponente

Los coordinadores de los distintos grupos políticos con representación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo dieron ayer el visto bueno a la elaboración de un tercer informe sobre la situación del urbanismo valenciano a la vista de las 47 quejas expuestas el pasado 2 de abril por particulares y colectivos ciudadanos al pleno de la institución, según coincidieron varios eurodiputados.

Los coordinadores, reunidos a primera hora de ayer, propusieron en Bruselas que se haga otro informe y que la ponente encargada de dirigirlo sea una diputada verde danesa, extremo este por confirmar. Los portavoces pospusieron la comunicación del acuerdo, que no se votó, a la siguiente sesión de la Comisión de Peticiones.

El futuro informe sería, según fuentes de la Eurocámara, de corte parecido al que redactó en su día la europarlamentaria liberal Jeanelly Fourtou. En diciembre de 2005, el Parlamento aprobó, por 550 votos contra 45, el informe de esta diputada, donde se pedía que se corrigieran los abusos urbanísticos que afectan al medio ambiente y a derechos fundamentales.

La ponente podría organizar una nueva visita a la Comunidad Valenciana para comprobar in situ las denuncias de los afectados.El pasado dos de abril una veintena de afectados -en conjunto, las quejas sumaban casi medio centenar- por supuestos abusos urbanísticos cometidos en la Comunidad Valenciana volvieron a exponer sus casos ante los eurodiputados. Vecinos de Parcent, Catarroja o Porxinos pidieron el amparo de la Eurocámara al entender que muchas de las decisiones adoptadas en territorio valenciano no respetan las directivas europeas de contratos públicos, medio ambiente o protección del agua.

Después del debate, el presidente de la Comisión, el polaco conservador Marcin Libicki, propuso que los coordinadores estudiaran en su reunión de ayer la propuesta del laborista británico Michael Cashman de presentar ante el plenario un informe más sobre las denuncias urbanísticas en España. Durante la sesión el propio Cashman y el conservador Neil Parish reclamaron al Gobierno español que impusiera una moratoria urbanística.

La redacción de este documento coincide con la negociación abierta por el Consell con los socialistas para consensuar la refundición de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio, y la adaptación de la legislación autonómica a la ley estatal del Suelo. La Generalitat aprovechará la reforma para cumplir con Europa.

Denuncia en el tribunal

Al proceso que se sigue en el Parlamento Europeo por las denuncias de ciudadanos afectados se suma el abierto por la Comisión Europea contra España a cuenta de la LUV. El órgano comunitario denunció en 2007 a España ante el tribunal comunitario al entender que varios artículos de la LUV incumplen la directiva sobre contratos públicos.

Según el diputado verde David Hammerstein, "el urbanismo valenciano vuelve con este nuevo informe a estar en el punto de mira de la UE y, a pesar de la crisis inmobiliaria, la Comisión de Peticiones no pasará por alto la preocupación de cientos de ciudadanos europeos". Los diputados socialistas Maruja Sornosa y Vicent Garcés ya pidieron el pasado dos de abril una reforma de la LUV. Los populares españoles abogaron por deslindar las competencias de cada Administración e insistieron en que la UE no tiene competencia universal sobre los derechos humanos. Una vez se redacte el nuevo informe, los grupos podrán enmendarlo y posteriormente pasará a votarse en el plenario.

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Luna estará atento al informe sobre urbanismo para "que no perjudique a la Comunitat"

Nayra Aguado
Bruselas. corresponsal
Inmigración, medio ambiente y urbanismo son algunos de los temas sobre los que se ha interesado el portavoz del PSPV-PSOE en las Corts, Ángel Luna, en su visita a la capital comunitaria. Luna acudió ayer...

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La Generalitat niega en Bruselas que la urbanización agresiva en la Comunidad "sea un problema"

28-05-2008 La consejera de Turismo de la Generalitat valenciana, Angélica Such, rechazó hoy en Bruselas que la urbanización agresiva "sea un problema" en la Comunidad porque "no es un problema", aunque admitió que esta idea, esgrimida por el Parlamento Europeo en sus tres últimos informes sobre los abusos urbanísticos en España y, en concreto, en la Comunidad Valenciana, "puede tener un impacto negativo" para su sector turístico.

EUROPA PRESS Así se pronunció la consejera de Turismo, preguntada por el nuevo informe que la Eurocámara quiere elaborar sobre la problemática que representan los proyectos macro-urbanísticos en España y, especialmente en la comunidad, aunque aseguró que, tal problemática, "no obedece a la realidad de la Comunidad Valenciana. "No somos una comunidad que nos caractericemos por ese problema. Ésa no es la característica, desde luego, de la Comunidad Valenciana", agregó.

"El porcentaje del territorio construido de la Comunidad Valenciana es inferior al de otros territorios (de España). La Comunidad Valenciana, como comunidad eminentemente turística, tiene los problemas de segunda residencia como el resto de comunidades en España que son eminentemente turísticas", explicó Such.

En cambio, consideró que "la problemática del urbanismo es una problemática que a lo largo del tiempo anterior a los últimos años se ha podido generar en las comunidades que son eminentemente turísticas". "No quiero decir que sea un problema para la Comunidad Valenciana porque no lo es", recalcó.

La consejera de Turismo de la Generalitat invitó a quienes esgrimen la existencia de tal problemática a que vengan a la comunidad para comprobar su "oferta turística enorme" porque, a su juicio, "la Comunidad Valencia se diferencia por todo lo demás". "Somos unos privilegiados, en cuanto al clima, al litoral, a la belleza interior, los productos que tenemos turísticos", concluyó.

El Parlamento Europeo elaborará un nuevo informe -será el cuarto que realiza la Eurocámara-- sobre los abusos urbanísticos en España, y especialmente en la Comunidad Valenciana, al considerar que no se han corregido los problemas denunciados por ciudadanos de varios Estados miembros ante la Eurocámara relacionados con el impacto medioambiental de los proyectos de urbanización y sus efectos sobre el derecho a la propiedad.

En su última resolución, aprobada en junio de 2007, la Eurocámara ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".

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Encuentran 300 solicitudes de ecografía olvidadas en un cajón del centro de Alboraia

28-05-2008 Trabajadores del centro de especialidades de la calle Alboraya de Valencia han encontrado en un cajón unas 300 solicitudes de ecografías abdominales de los últimos meses que se habían quedado olvidadas y sin tramitar, según informaron a Levante-EMV fuentes próximas al centro sanitario.

Pilar G. del Burgo, Valencia

Las pruebas se solicitaron entre los meses de enero y marzo pero no pudieron ser gestionadas porque parece ser que se encontraban en un despacho de dos radiólogos de cupo (que trabajan solo dos horas) que estaban de baja y no fueron sustituidos en sus puestos de trabajo por otros profesionales.
Mientras que fuentes próximas al centro sanitario observaron que las peticiones han sido remitidas a la conselleria para decidir que hacer con ellas, un portavoz oficial de la Conselleria de Sanidad informó a este periódico que la alerta saltó en el hospital La Fe, donde se iban a efectuar las exploraciones, al detectar en el servicio de radiología que desde el pasado mes de abril se producía un goteo continuado de ausencias de pacientes del centro de especialidades de Alboraia (ambos centros pertenecen al mismo departamento, el 7) a quienes no les había tramitado ni comunicado la fecha de la exploración.
"En el servicio de Radiología se dieron cuenta de que fallaban las citaciones del centro de especialidades de Alboraia porque se reservan citas para ellos pero no acudían y posteriormente se observó que por un error administrativo no habían sido citados", expresó un portavoz oficial.
Las mismas fuentes informaron que una vez detectado el problema, se convocaron a los usuarios y en un mes se han realizado en La Fe doscientas de las 300 ecografías abdominales solicitadas.
Las cien que todavía están pendientes se realizarán en los próximos días, ya que los pacientes ahora sí que han sido citados.

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Informatizar las peticiones

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El hospital de Denia suspende seis mil consultas por el éxodo de profesionales

P. G. B., Valencia
El éxodo de profesionales sanitarios que desde meses registra el hospital de Dénia ha supuesto la desprogramación de miles de consultas que ya habían sido concertadas por los especialistas, según ha informado la Federación de...

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El Gobierno permite 715 millones de deuda a Aguirre mientras sigue bloqueando el Consell de Camps

28-05-2008 La Comunitat sigue sin permiso para poder financiar con cargo a la deuda obras del Plan de Inversiones de 2008 por valor de 220 millones
Julia Ruiz, Valencia
El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes a la Comunidad de Madrid, gobernada por la popular Esperanza Aguirre, a emitir deuda pública por un importe máximo de 715 millones de euros a cargo del endeudamiento de 2008. El Ministerio de Economía y Hacienda, que informa de esta operación en una escueta nota de prensa, añade que esta decisión está amparada en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2003.
El acuerdo se produce después de que, tal como adelantó Levante-EMV, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, pusiera de relieve en la reunión del CPFF celebrada la semana pasada que la Comunitat Valenciana sigue sin autorización para el programa de endeudamiento de 2008, un plan que se negocia de forma bilateral con los gobiernos autonómicos y que si cumplen determinados requisitos les permite ampliar su deuda. El problema con la Comunitat salió a relucir cuando Ocaña analizó los programas de inversiones presentados por las comunidades autónomas. Todas aquellas que presentaron su propuesta han recibido ya el visto bueno de Hacienda excepto el Consell que preside Francisco Camps precisamente por el desencuentro con el Gobierno central respecto al endeudamiento.
El Consell, que ya vio cerrado el grifo de la deuda en 2007, atribuye a razones políticas la decisión del departamento que dirige Pedro Solbes de frenar los programas de endeudamiento de la Comunitat. Es más, las autorizaciones de deuda que el Consejo de Ministro ha ido aprobando este año, entre otras a Cataluña y Andalucía, han servido a la Conselleria de Economía de argumento para demostrar el supuesto agravio comparativo que el Gobierno de Zapatero practica con la Comunitat.
El Ministerio, por contra, mantiene que el Ejecutivo valenciano incumplió sus compromisos en 2006 y sigue sin acomodarse a los criterios que la ley marca para poder autorizar nueva deuda.
Tesis del maltrato al PP
El acuerdo del Consejo de Ministros del viernes desmota en buena parte la tesis popular del maltrato a comunidades gobernadas por el PP. Al igual que el Ejecutivo que preside Francisco Camps, el que dirige Esperanza Aguirre se ha caracterizado por su crítica feroz al Gobierno central. Ademas, Madrid es junto con la Comunitat y Cataluña de las comunidades con mayor deuda acumulada, según los datos oficiales del Banco de España. Ello, sin embargo, no ha impedido que la Comunidad de Madrid haya logrado para este año un balón de oxígeno de nada menos que 715 millones de deuda para financiar las inversiones de este año.
Mientras tanto, el Consell sigue con las manos atadas y con un plan de inversiones paralizado. El documento que debía ser ejecutado este año incluye obras hidráulicas, en carreteras y actuaciones en I+D+I. La propuesta de la Conselleria de Economía, dirigida por Gerardo Camps, es que se financien a cargo del endeudamiento inversiones por valor de 220 millones. La cifra no representa ni un tercio del volumen de deuda que Madrid podrá contraer mediante la emisión de Deuda Pública a lo largo de este año.

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Rambla quiere "más recursos en el sistema"
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La ampliación de la desaladora de Alicante supera el veto del Consell

EZEQUIEL MOLTÓ

La nueva planta abastecerá a partir de julio a Alicante, Santa Pola y Elche

Las desaladoras proyectadas por el Gobierno socialista para garantizar el abastecimiento de agua potable en el litoral mediterráneo van superando escollos y dificultades. La mayor urgencia era conseguir que en julio la ampliación de la desaladora de Alicante estuviera en marcha. Tras semanas de incertidumbres y dudas, parece que el tema se resolverá en cuestión de días. El consejero de Agua, Urbanismo y Medio Ambiente, José Ramón García Antón, acaba de firmar la autorización ambiental provisional de la ampliación de la desaladora de Alicante, ubicada en la partida de Agua Amarga. En los próximos días está previsto que la Mancomunidad de Canales del Taibilla, titular de la instalación y responsable del abastecimiento humano, reciba esta autorización provisional. Según confirmaron ayer fuentes del Consell, "en unos días se desbloqueará el tema", y el informe definitivo se aprobará en unas semanas.

Pese al boicoteo del PP a la instalación de plantas desaladoras para el abastecimiento humano, el consejero García Antón se comprometió con los responsables del ministerio a desbloquear este trámite. Fuentes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla confirmaron que esta obra de ampliación, que permitirá alcanzar un caudal de 42 hectómetros cúbicos anuales, -en la actualidad produce solo 18-, entrará en funcionamiento en julio. Para esa fecha los habitantes de importantes núcleos urbanos, como Alicante, Sant Vicent, Elche y Santa Pola, beberán agua del mar desalada. "Casi de manera automática, una vez dispongamos del informe favorable, podemos obtener agua", admitió ayer Joaquín Salinas, director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Mientras las obras de ampliación de esta desaladora concluyen, las de la planta potabilizadora de agua de mar más grande de Europa avanzan a velocidad de crucero. La planta de Torrevieja generará 80 hectómetros al año y empezará a funcionar a finales de 2008 o principios de 2009. La ejecución de la obra civil de la planta está ya al 80% y las redes de las tuberías que distribuirán el agua a los distintos consumidores, al 20%, según avanzaron ayer fuentes de la empresa pública Acuamed.

Pantanos al 25% después de tres semanas de lluvia

Tres semanas de lluvias prácticamente ininterrumpidas en el conjunto del territorio valenciano han significado más que un alivio paras las enjutas reservas de los embalses. Desde el pasado día 8, cuando se registró el primer episodio de lluvias intensas que barrió la Comunidad Valencia de norte a sur, y hasta el lunes el agua embalsada no ha parado de crecer hasta llegar al 25,2% de su capacidad por lo que toca a los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El dato supone el mejor registro del julio de 2005.

El agua embalsada a fecha del lunes con respecto a la de hace un mes, en concreto el 28 de abril, supone un incremento del 1% en términos porcentuales y 43 hectómetros cúbicos en valores absolutos. La Confederación Hidrográfica valora el dato, ya que el inicio del período de lluvias coincidió con los desembalses para el arroz y, además, durante las últimas semanas no se ha tenido que hacer uso de las reservas, al contrario que primaveras anteriores.

Las reservas hídricas de los embalses de la CHJ han aumentado en 16,80 hectómetros cúbicos en la última semana. De los 27 embalses adscritos a la Confederación del Júcar, 16 han aumentado el nivel de agua almacenada, siete lo han disminuido, y otros cuatro han mantenido el mismo caudal. El embalse que ha registrado el mayor incremento ha sido el de Benagéber, que ha recibido 4,79 hectómetros cúbicos y llega al 50% de su capacidad. Otros embalses que han incrementado sus reservas han sido los de Alarcón, con un aumento de 2,79 hectómetros, lo que le sitúa al 9,32% de su capacidad; y el de El Molinar, con una subida de 0,94 hectómetros cúbicos.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 85,29% de su capacidad; el de Palancia/Mijares/Cenia está al 62,60%; el sistema Turia está al 44,24%, y el del Júcar al 18,82%.

El mes de mayo está siendo el más lluvioso en la provincia de Alicante desde 1984, según aseguró ayer Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. En los últimos 20 días de este mes la lluvia caída (unos 60 litros por metro cuadrado de media en la provincia) duplica la acumulada en los primeros meses del año, cuando se recogieron 30 litros. El experto señaló que las precipitaciones han llegado en el momento justo y "tras meses de aguda sequía". Olcina vaticinó que esta situación de inestabilidad se prolongará al menos hasta la primera semana de junio.

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14 May 2008

CV. 14/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 14 May 2008 - URL Permanente

CV. 13/05/2008.

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Entidades de inmigrantes amenazan con recurrir al TC por el contrato de integración

13:29 Entidades sociales de la Comunitat Valenciana han convocado hoy una concentración para el próximo 25 de mayo contra el contrato de integración promovido por el conseller de Inmigración, Rafael Blasco.

EFE Los portavoces de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Red Sahel para la Inmigración anunciaron hoy que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente se redacta el 'contrato de integración' anunciado por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, y éste contempla "visos de inconstitucionalidad".

Así lo indicaron hoy en una rueda de prensa el portavoz de la Red Sahel, Luis Poveda; de Foro Alternativo, Luis Cerrillo; y de la Mesa de Entidades, Lola Duato, quienes lamentaron que el 'contrato de integración' supone "exclusión, fomenta la xenofobia, la discriminación y la criminalización del colectivo" y reclamaron una "verdadera política" de integración.

Al respecto, Luis Poveda indicó que en la actualidad no existe "ninguna" propuesta redactada, pero que en el momento se tenga constancia de la redacción de ese contrato, si contempla algún "viso" de inconstitucionalidad, lo recurrirán. También, en ese caso, pedirán al Gobierno central que ordene a la Fiscalía General del Estado que estudie de oficio los supuestos puntos de inconstitucionalidad.

No obstante, hasta que llegue ese momento, desde las tres organizaciones han iniciado una campaña de recogida de firmas para mostrar su rechazo a la iniciativa, que entregarán a Blasco a finales del mes de junio. También tienen previsto concentrarse a las 12.30 horas del 25 de mayo en el Parque Manuel Granero, en Ruzafa (Valencia), en el marco de una jornadas interculturales.

Las entidades entienden que la propuesta de la conselleria concibe un modelo de "asimilación" y "no un modelo social de integración y convivencia". A su juicio, que las personas extranjeras extracomunitarias deban firmar un contrato para respetar las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas para "no perder la cohesión social" promueve la "estigmatización" del colectivo en la sociedad.

Expusieron, en este sentido, que el cumplimiento de la ley es "exigible" a cualquier ciudadano, por lo que no consideraron "necesaria" ninguna firma de un contrato "especial" si realmente hay un verdadero estado social de derecho. Además, aseveraron desconocer cuáles son las "costumbres y tradiciones regionales" y cuál será el procedimiento que velaría por su cumplimiento.

Por todo, las tres organizaciones reclamaron al Gobierno valenciano que promueva una "verdadera" política de integración social para toda la ciudadanía, "sin discriminación alguna", puntualizaron, y que "cese en sus intentos de estigmatizar al colectivo de inmigrantes extracomunitarios en el País Valencià".

"JUGAR DE ARIETE"

En opinión de Luis Poveda, el conseller Blasco, con el 'contrato de integración', que "sigue" el programa electoral del PP a nivel nacional, pretende "jugar de ariete" en el ámbito autonómico y, sin embargo, subrayó, es una propuesta que "ya ha sido rechazada por la inmensa sociedad, partidos políticos e incluso por el clero", recordó.

Lamentó que Blasco "primero dijo que iba a extender papeles para todos los inmigrantes, luego, cuando le llamaron la atención desde su partido, rectificó, y ahora otra vez pone todo patas arriba y sale con la propuesta del 'contrato de integración'". Indicó que, de esta forma, desconocía lo que quería el conseller.

Por su parte, Luis Cerrillo instó al Consell a hacer firmar un 'contrato de integración' a las personas "ricas" de pueblos de Alicante que "si no sabes alemán, inglés o francés, no te ponen ni una cerveza", ejemplificó. Ellos, aseveró, "si que no intentan integrarse en la sociedad", y "no los que vienen en busca de una oportunidad o de una vida mejor".

Asimismo, Lola Duato abogó por el "mestizaje cultural", y no por "llegar a un país para quitarte la camisa que llevas y ponerte otra". A su juicio, cuando una persona acude a otro país, "asimila su cultura, se empapa de ella y luego muestra la suya". De lo contrario, "no es el camino a seguir", dijo.

CENTRO DE ACOGIDA

Las tres entidades anunciaron otra concentración-acampada en la puerta del Ayuntamiento de Valencia en torno a la primera quincena de junio si no se ejecuta el centro de acogida para inmigrantes "prometido" por la concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, para antes del mes de abril.

Poveda afirmó, en este sentido, que desde la Generalitat, que aporta el 60 por ciento del gasto, se les ha transmitido que están pendientes de que se apruebe en el pleno del Consell esta modificación presupuestaria, y que también, por su parte, lo tendrá que aprobar el del Ayuntamiento.

Por último, indicó que esta mañana recibieron una llamada por parte de la Dirección General de Inmigración en la que les instaba a reunirse para que explicaran su posición respecto al 'contrato de integración'. Poveda aseveró que aceptarán el encuentro pero que, paralelamente, se seguirá con la campaña de firmas y con la concentración para el día 25 de mayo.

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Cotino pide incluir la Dependencia en el pacto de financiación autonómica

13:32 El vicepresidente de Bienestar Social de la Generalitat se reúne esta tarde con la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera.

EUROPA PRESS El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino planteará a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, en la reunión que mantendrán esta tarde para tratar la aplicación de la Ley de Dependencia que "en el pacto de la financiaciones autonómicas se prevea, igual como se va a prever la sanidad", la dependencia, porque se trata de "una necesidad económica que todas las comunidades autonomas tenemos".

Cotino agradeció, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, la actitud de la nueva ministra, que ha accedido a recibirle y la contrapuso con la que mantuvo el anterior titular de estas competencias, Jesús Caldera, que "no nos recibió, y por lo tanto, no le pudimos explicar los problemas que podemos encontrar y que, de hecho, encontramos, en la aplicación y la financiación" de la ley de Autonomía Personal y de la Dependencia.

Así, calificó de "positiva" la reunión que mantendrán esta tarde, para que "podamos hablar abiertamente, de un tema básico, que es la financiación", aspecto que calificó de "núcleo gordiano" de la aplicación de la ley, además del planteamiento burocrático.

Cotino indicó que haciendo una proyección a 2015 la ley tiene un coste de 7.000 millones de euros, "y por tanto, o hay un cambio en la refinanciación de las comunidades autónomas" o habrá que "replantearse" esta "cifra importantísima", también, especificó, "en la reunión que el conseller de Hacienda tendrá con la política económica y financiera".

Así, manifestó que habrá que reformular "cómo esta ley, que en el fondo yo he dicho y sigo diciendo, que es una ley social buena" va "acompañada de los recursos". A su juicio, hay que hacer un replanteamiento financiero de la ley y de la financiación de las autonomías.

Por otro lado, indicó que ha apostado por, "a las personas que ya estaban en residencias, aunque no fueran dependientes, asegurarles que podían seguir estando en una residencia", porque era "de justicia", mientras que a los que "habían solicitado una residencia y, al hacerles la valoración eran dependientes, llevarlos a la residencia".

Cotino indicó que desde la puesta en marcha de la ley de dependencia, un total de 3.996 personas mayores y discapacitados "que estaban en su casa" que han accedido a residencias, y ello, a cargo de la Generalitat porque "el convenio este año aún no está firmado".

El vicepresidente afirmó que quieren que la ley se aplique, garantizó que están avanzando en la misma, pero puso de manifiesto que hay dos problemas: uno, que el sistema administrativo informático que tenía que proporcionar el gobierno para dotar a esta cuestión de agilidad "no está", algo que provoca que se demore "muchísimo" la tramitación de los expedientes y el otro, reiteró, la financiación.

A su juicio, los gobernantes "tienen que planificar los temas, no en campaña electoral, sino para dar respuesta a la gente todo el tiempo que haga falta".

Preguntado por la concentración convocada por la Plataforma Acción y Reacción, aglutinada por asociaciones y entidades cívicas, sociales, de afectados y de familiares de discapacitados, en señal de protesta ante el "boicot" de la Generalitat Valenciana, Cotino admitió el derecho de las personas de manifestar su disconformidad "con cualquier tema".

No obstante, el Consell no hace, garantizó, "ningún boicot" a esta ley, y aseguró que hay 400 personas dedicadas a las valoraciones, "el ratio más alto que hay en ninguna Comunidad Autónoma" y defendió que "estamos haciendo las tramitaciones" a pesar de que son "lentas y complejas" y garantizó que "todas las personas que sean dependientes tendrán su atención desde el momento que lógicamente se ratifique la dependencia" y defendió que "en justicia" creen que "a los primeros que tenemos que atender es a los que estamos atendiendo".

El conseller resaltó que de lo que se trata es de "personas" e instó a que todos trabajen "para que esto funcione y que el Gobierno Central ponga los recursos necesarios para que esto sea para siempre".

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El PP inicia la reforma para echar a la síndica tras difundirse su último informe

La presidenta de las Corts convoca para el lunes la comisión de Peticiones para debatir la propuesta de los populares y no para que la defensora explique las memorias de 2005, 2006 y 2007.
Juanjo García Gómez, Valencia
No se han esperado ni un día. La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, convocó ayer para el lunes a las 10 de la mañana a la comisión de Peticiones con un único punto, el debate de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la institución del síndic de greuges. El objetivo de los populares es cambiar el reglamento -para lo que les basta con la mayoría- con el fin de reinterpretar la ley de creación del organismo y así poder apartar del cargo a la síndica en funciones, Emilia Caballero, Adjunta primera designada en su día a propuesta del PSPV que asumió las riendas de la institución en abril de 2006 tras el cese por extinción del mandato del alto comisionado que puso el PP en la etapa de Zaplana, Bernardo del Rosal, y al que no se quiso renovar por sus informes críticos. La convocatoria se produce tras la publicación por Levante-EMV, en su edición de ayer, del último informe correspondiente a 2007, en el que la síndica mantiene las críticas a la gestión del Consell en áreas como el urbanismo o la aplicación de ley de la Dependencia.
Martínez, a la que el grupo popular solicitó la semana pasada la reunión «urgente», es también presidenta de la comisión de Peticiones. La titular de la Cámara comunicó a la junta de portavoces su decisión, algo que no hizo en la reunión previa de la Mesa de las Corts. En caso de lograr el relevo de Caballero, asumiría la Sindicatura el Adjunto segundo propuesto en su día por el PP, Carlos Morenilla, quien se da la circunstancia de que es el esposo de la actual consellera de Turismo, Angélica Such. El grupo mayoritario quiere que la interinidad sea rotatoria, por periodos de seis meses, pero una transitoria daría a Morenilla un primer mandato de dos años, el mismo tiempo que lleva Caballero al frente. Esta interpretación chocha con la que se ha hecho desde 1993 y la que se ha aplicado en el Defensor del Pueblo y otras defensorías autonómicas. El debate del lunes dará pie a un periodo de 15 días para que los grupos formulen enmiendas antes de la aprobación definitiva, que el PP prevé para junio.
La titular de las Corts ha optado por convocar la comisión con este fin, cuando este órgano no ha citado todavía a la síndica para que explique oficialmente al Parlamento los informes anuales de 2005 -el último que elaboró Del Rosal-, 2006 y 2007, una situación impensable en el Defensor del Pueblo. Las memorias recogen el balance de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos frente a abusos de la Administración.
Preguntada sobre por qué ha convocado para un asunto y no para el otro indicó que «de momento» lo que ha considerado «importante» es la reforma del reglamento y las comparecencias «las haremos», indicó sin concretar cuándo. También aseguró que habría recibido y recibiría a la síndica personalmente si le trajera la memoria, negando que se le hubiera dicho lo contrario. «Si se recibe al síndic de comptes, cómo no se la va a recibir a ella», dijo. La Defensora, al igual que pasó con el informe de 2006, tuvo que entregar el documento por registro de entrada al no dársele cita para el acto formal de presentación del informe.
Situación de anormalidad
El guiño conciliador de la síndica en cuanto a las relaciones institucionales con el Consell al suavizar el criterio para declarar instituciones hostiles -dejando fuera a las que no aceptan sus resoluciones pero lo motivan- e incluyendo el cuadro de las entidades colaboradoras (el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Blasco) no le servirá de mucho. El portavoz del PP, Ricardo Costa, a preguntas de los periodistas, dijo «esperar» e incluso mostró su «preocupación» por que los informes de Caballero no vengan «marcados» en su «dureza o suavidad» hacia el Consell «en función de si va a seguir estando o no de síndica, sino en función de la defensa de los intereses de los valencianos». Costa enfatizó que la situación de anormalidad es la de la propia síndica.

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Los directores de los institutos reclaman que Ciudadanía se imparta en valenciano

La Associació de Directors d'Instituts de Secundària del Pais Valencià se cuestionó ayer por qué la nueva asignatura de Ciudadanía se ha de impartir en inglés y no en una de las dos lenguas oficiales de la Comunitat. Los responsables han analizado también el programa Èxit del que han dicho que el refuerzo que la conselleria propone será "insuficiente" para reforzar al alumno con fracaso.
Maite Ducajú, Valencia
Los directores de instituto de Secundaria se han mostrado en desacuerdo con las novedades que la Conselleria de Educación prepara para el nuevo curso, como son la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, de cuya orden han pedido su "retirada inmediata", o el programa de refuerzo Èxit en julio. Tras la asamblea de la asociación, celebrada en Castelló su portavoz, Vicent Baggetto, indicó a Levante-EMV sobre la nueva materia que la decisión de la Generalitat de impartirla en una lengua extranjera "es improcedente y vulnera el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en la lengua vehicular".
En opinión del colectivo, la impartición de asignaturas en una lengua diferente de las oficiales de la Comunitat "debe obedecer a una seria planificación dentro de los llamados programas de educación bilingüe".
Asimismo, los directores cuestionan la "pretensión" de Educación de determinar los instrumentos de evaluación que ha de utilizar el profesorado porque, aseguran, "va en contra de la autonomía docente reconocida en las disposiciones legales actualmente vigentes en la LOE". En esta línea, el lunes se pronunciaron tanto profesores de institutos como de la Facultad de Filosofía de la Universitat.
"El hecho de que para aprobar la Educación para la Ciudadanía no sea necesario seguir todo el curriculum oficial ordinario y se pueda superar mediante una mera presentación de trabajos, sin que eso obedezca a la decisión del profesorado o del departamento didáctico, podría vulnerar la legalidad vigente" afirman los directores, quienes añaden que "de igual forma que amparar una posible objeción a la materia provocaría la indefensión del alumnado ya que el abandono o el hecho de no cursar una materia curricular implicaría la imposibilidad de obtener la titulación correspondiente. Por todos estos motivos, solicitamos su retirada inmediata".
Sobre el Plan Èxit, para que recuperen en julio alumnos que suspendan materias instrumentales, los directores afirman que, "aunque cualquier medida para combatir el fracaso escolar es positiva", las de la resolución de la conselleria "no son ninguna solución puesto que nueve horas de clases por materia en julio son absolutamente insuficientes para aprobar en septiembre. Sería mejor una atención continuada a lo largo del curso en horario no lectivo y con su remuneración económica".

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Fabra: "Yo soy de Fabra y haré lo que crea que es mejor para la provincia y el partido"

El líder de Castelló evita apoyar a Rajoy pese a haberle dado su aval
Jordi Ruiz, Castelló
Definitivamente, Carlos Fabra va por libre. Ayer, en su enésimo vaivén, el presidente del PP en Castelló volvió a salirse del guión dictado por Valencia y evitó explicitar su apoyo a Mariano Rajoy para el congreso de junio. "Soy de Fabra", proclamó el líder provincial, defendiendo su autonomía y jugando a la ambigüedad, pese a que ya ha dado su aval a la candidatura de Rajoy.
El entorno de Carlos Fabra alimentó hace unas semanas la idea de que éste vería con agrado una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy encabezada por Esperanza Aguirre. Unos días después, Fabra negó la mayor y acató la directriz de la cúpula regional de apoyar a Rajoy. Posteriormente, supeditó este respaldo a la composición de la nueva ejecutiva. En el acto de Onda, volvió a brindar su apoyo incondicional y ayer se salió por la tangente y manifestó que sólo se debe a sí mismo y a la provincia.
El presidente de la Diputación se pronunció sobre la decisión de María San Gil de no suscribir la ponencia política que se debatirá en el congreso del PP de Valencia. Según dijo, "no tendrá ninguna consecuencia y me parece bien que tome la decisión que quiera". Y añadió: "El otro día me preguntaron de quién era y yo respondí que soy de Fabra. Haré lo que crea en beneficio del partido y de la provincia. Cualquier militante debe hacer lo que crea conveniente dentro del estatuto del partido". Unas declaraciones que en apariencia suponen un desmarque respecto a la tesis de la dirección regional que preside Francisco Camps, que ha dado un cheque en blanco a Rajoy. Fabra, sin embargo, ha avalado ya la candidatura del líder nacional para el cónclave de junio. En el entorno del presidente matizaron que sus declaraciones fueron en tono "jocoso", en un acto de presentación de los mojones del Camino de Santiago desde Castelló.
Como viene explicando este diario, Fabra ha decidido tensar la cuerda con Valencia, cansado de que sus demandas caigan en saco roto y consciente de que cada vez cuenta menos en el partido en ámbito autonómico. Prueba de esta estrategia de confrontación es el desplante que hizo a Camps en el acto del agua de Orihuela de la semana pasada. Se borró de la cita y prefirió viajar a la ciudad francesa de Nimes para presenciar una novillada.
Esquivo con Castelló
Asimismo, al líder provincial del PP le disgusta que Mariano Rajoy se muestre esquivo con Castelló. De los tres actos programados en la Comunitat para homenajear a las bases del partido, el presidente nacional del PP sólo faltó al de Onda. Rajoy tampoco visitó Castelló en la campaña electoral de las pasadas generales, mientras que sí que acudió a Valencia y Alicante.
Por otra parte, el presidente provincial del PP rechazó la celebración de primarias, tal y como propone un sector del PP. Fabra recordó que este mecanismo corresponde al funcionamiento interno del PSOE. "Ellos lo empezaron una vez y ya no han vuelto a hacerlo nunca más. Yo no recuerdo que hayan tenido primarias para elegir al señor Zapatero ahora, ni han tenido primarias para elegir a la señora Fernández de la Vega por Valencia, ni al señor Sevilla por Castelló, ni al señor Bernat Soria por Alicante", apuntó. "De hecho -añadió- quieren buscar la misma estructura provincial del PP y mi partido no debe de funcionar tan mal cuando hemos ganado en Castelló 18 veces consecutivas".

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Castilla-La Mancha bloqueará el Júcar-Vinalopó si no se aclara la venta de agua en Villena

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.
Agencias, Toledo/Valencia

Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.
También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie "urgentemente las investigaciones" y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.
Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".
El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".
Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

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La conselleria rechaza fondos para proteger la seguridad del paciente

El ministerio transfirió 2 millones de euros.
Pilar G. del Burgo, Valencia
La Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, han sido las únicas autonomías que han rechazado fondos del Ministerio de Sanidad para poner en marcha programas destinados a incrementar la seguridad del paciente en los centros sanitarios, según informaron a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige el ministro Bernat Soria.
Concretamente, los gobiernos de Francisco Camps y Esperanza Aguirre se negaron a firmar los convenidos de 2006 y 2007 para desarrollar programas de higiene de manos, que es una de las medidas contempladas para reducir los contagios sanitarios a los pacientes.
El ministerio ha destinado 15 millones para implantar esta medida en las autonomías durante el bienio 2006-07 y para crear un programa específico de prevención de infección nosocomial en las UCIs en 2008.
Por su parte, un portavoz oficial de la Conselleria de Sanidad ha manifestado que ese convenio, que contemplaba la puesta en marcha del programa de higiene de manos, no se firmó porque se trataba de una iniciativa que ya se aplicaba en la Comunitat Valenciana.
"No firmamos ni el convenio de uso de guantes ni el de higiene de manos porque ambos ya estaban implantados en la conselleria y si ya lo has desarrollado no te puedes comprometer otra vez a ponerlo en marcha", aclaró un portavoz oficial del departamento que dirige Manuel Cervera.
Sin embargo, la Conselleria de Sanidad no pudo rechazar las transferencias de fondos para políticas de cohesión territorial del Ministerio de Sanidad para desarrollar acciones específicas en seguridad del paciente, fundamentalmente para prevenir la infección nosocomial que es la que se contrae en los centros hospitalarios. Y no pudo rechazarlos porque estos fondos se transfieren automáticamente a la Comunitat Valenciana desde 2004. Hasta la actualidad, el ministerio ha ingresado 2.203.712 euros para prevenir infecciones.

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Varias asociaciones protestan por el "boicot" del Consell a la Ley de Dependencia

Critican la "falta de dotación y medios" y los "complicados trámites" para conseguir las ayudas

EUROPA PRESS - Valencia - 14/05/2008

La coordinadora 'Acció i Reflexió Ciutadana per Valencia', integrada por diversos colectivos cívicos y entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana ha convocado una concentración que se celebrará hoy en la plaza Manises, ante el Palau de la Generalitat, para protestar por el "boicot" del Consell a la aplicación de la Ley de Dependencia. A la protesta se ha sumado también Intersindical Valenciana.

La protesta, que se iniciará sobre las 19.00, se convoca "porque la Ley de Dependencia ampara, defiende y reconoce los derechos que les corresponden a las personas dependientes y a sus familias, y el retraso en su aplicación quiebra el Estado de derecho y atenta contra la dignidad y seguridad de las valencianos dependientes y sus familias", han apuntado los convocantes.

Por su parte, desde Intersindical Valenciana han lamentado que, a pesar de la cantidad de solicitudes presentadas desde abril de 2007 (un total de 61.000) "la demora del desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno central en 2004, ha ocasionado que sólo siete personas hayan podido acceder a la prestación que les corresponde como cuidadores de un familiar de dependiente, de las casi 6.000 que lo han hecho en el resto del Estado".

Asimismo, han criticado la "falta de dotación y medios" por parte del Gobierno valenciano por medio del Departamento de Bienestar Social que "no está destinando presupuesto para desarrollar la ley".

Complicados trámites

Desde Intersindical Valenciana han destacado que "la dificultad para la aplicación de la ley se agrava por los complicados trámites a la hora de presentar solicitudes de ayuda y por la insuficiente dotación de personal para su tramitación".

En esta línea, han señalado que el Departamento "continúa en su línea de privatizar los servicios públicos (como centros de menores, de tercera edad, centros de diagnóstico, y orientación terapéutica)" y "ahora prefiere dar una subvención a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FEMPV) para que contrate personal de refuerzo para la tramitación de los expedientes de ayudas, cuando hay una red de Ayuntamientos que cuenta con cerca de 700 funcionarios para hacerlo".

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La VPO será más cara y las ayudas menores con el decreto de vivienda

UGT y CC OO han pedido al Consell un plan autonómico aparte del estatal

EL PAÍS - Valencia - 14/05/2008

El futuro decreto de vivienda de la Generalitat encarecerá el precio de los pisos de protección pública y reducirá las subvenciones a la compra, según denunciaron ayer los sindicatos UGT y CC OO del País Valenciano. Estas organizaciones expresaron su rechazo al texto -que traspone el real decreto aprobado por Consejo de Ministros el pasado mes de enero-, porque eleva el precio de los pisos protegidos entre 121 euros y 409 euros por metro cuadrado en municipios como Valencia. "Con estos módulos, alguna vivienda protegida vale en Valencia más que en Madrid", denunció Eva Hernández, de CC OO. Este sindicato rechazó también el Real Decreto del ministerio porque da vía libre a las comunidades autónomas para subir los precios de los módulos y porque facilita la conversión de una vivienda libre en protegida.

Los dos sindicatos se quejaron de que el decreto, que está previsto que pase por Consell este mes, a quienes beneficia es a los "promotores inmobiliarios". "Planteamos a la Generalitat que el contenido de la norma se consensuara en las mesas de concertación social, pero no ha sido posible", dijo Elvira Sancho, de UGT-PV. Estas organizaciones piden a la Generalitat un plan de vivienda específico valenciano, al margen del plan que cofinancian las administraciones central y autonómica.

El proyecto de decreto divide a los municipios valencianos en cuatro grupos, de forma que ciudades como Elche, Sagunto o Vila-real suben dos escalones, incrementándose el coste del metro cuadrado de vivienda de protección especial en 260 euros. El suelo, que suponía un 15% del valor de la vivienda, pasa ahora a representar, según los sindicatos, un 20% y hasta un 25%, depende de los casos. Además, aunque el ministerio amplía el colectivo de ciudadanos que pueden solicitar estos pisos, el Consell reduce la lista de posibles beneficiarios de estas subvenciones. Estas ayudas, que ahora pasan a ser lineales, oscilarán a partir de ahora de los 1.500 euros a los 10.000.

Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Generalitat negaron que las ayudas se reduzcan. "Lo que sí establece el decreto es un reajuste de las subvenciones con el propósito de que lleguen a más gente", dijo una portavoz.

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13 May 2008

CV. 13/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 13 May 2008 - URL Permanente

CV: L'estratègia de confrontació de Camps des de la seva Satrapia. 12/05/2008.

C9 Català Catalunya Comunitat Valenciana Corrupció Dependència Ecologia conomia

Educació Estatuts F1 Fabra Finançament Immigració Metro Mitjans Negocis PPCV PPilotades Sanitat Transvasament TV3 Urbanisme depredador. Zaplana

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El Consell debe a docentes de la concertada e interinos 21 millones

No ha pagado la homologación de la privada ni los trienios de antigüedad

NEUS CABALLER - Valencia - 13/05/2008

Las cuentas públicas de la Generalitat valenciana hacen aguas por varios sitios. Uno es el sector de la enseñanza. En la nómina de los profesores interinos, como en la del profesorado contratado de la red de centros privados concertados en las últimas tres legislaturas, la Generalitat, a través de la Consejería de Hacienda, debe unos 21 millones de euros a más de 35.000 docentes.

STEPV: "A los interinos les deben los trienios de toda su vida laboral"

CCOO y FSIE activan las denuncias de sus afiliados de la privada por impago

En el paquete de deuda que acumula el Consell están los 3,2 millones que como mínimo debe a los 11.023 funcionarios interinos de la red pública (reconocidos por la propia Dirección General de Personal de la Consejería de Educación), así como el flamante incremento salarial de los equipos directivos (directores, jefes de estudio o secretarios) de la escuela pública, a los que el próximo 1 de junio se deberá más de 6 millones de euros del total de 15 millones de incremento firmado en la mesa sectorial en febrero. A esto se suma la deuda por el impago de complementos autonómicos y del incremento para la "homologación salarial" de los profesores contratados por la red privada concertada que, por diversos conceptos, asciende en 2008 a 12,7 millones.

Este volumen de números rojos que ya fue denunciado por los sindicatos durante la aprobación de los Presupuestos de 2008 -ya que desde hace años el Consell aprueba las partidas educativas, por ejemplo los conciertos, por debajo de su coste real- rebasó ayer la gota que colmaba el vaso de los incumplimientos entre los tres grandes sindicatos docentes. El STEPV, CC OO y UGT y la FSIE (representante mayoritario entre los docentes de la concertada) salieron en tromba.

"Precisamente el 13 de mayo", subraya Vicent Mauri del STEPV, "se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto Básico del Empleado Público que reconoce el derecho del cobro de trienios al profesorado interino". Pese a la "histórica" legislación estatal -y pese a los acuerdos retributivos firmados el 8 de mayo de 2007 en la mesa sectorial de Educación, incluyendo el pago de trienios- "a fecha de hoy a los profesores interinos se les deben todos los trienios acumulados en su vida laboral". El saldo asciende, según el "cálculo de una media de 40 euros por trienio", a 3,2 millones, y afecta al 20% de una plantilla total de 49.760 funcionarios, según reconoció al inicio de este curso la Consejería de Educación. Aunque la deuda por este mismo concepto podría ser, incluso, "el doble", según otro estudio realizado por Inma Sánchez "basado en los años de servicio y las bolsas extraordinarias de cada uno de los interinos que han accedido al cuerpo autonómico de docentes desde las oposiciones de 1999".

"Ante falta de respuesta de Educación, y el hecho de que sigue sin computar el abono de trienios al profesorado interino en prácticas", Fete-UGT "trasladó ayer una denuncia formal a la Sindicatura de Greuges para exigir una solución rápida".

En el sector de la enseñanza privada concertada, la situación ha rebasado, para las organizaciones sindicales, todos los límites de la paciencia. Pepa Ramis, responsable del área de privada de CC OO denunció ayer en otro extenso informe que, "pese a que Hacienda ingresará 130 euros en la nómina de junio" en concepto de atrasos y parte del pago del complemento autonómico, aún seguirá debiendo "15 euros de 2007 y otros 700 por persona para hacer efectiva la homologación salarial firmada hace un año". Así que, multiplicando por 14 pagas y 14.000 profesores, faltan 13 millones en los presupuestos.

En paralelo, Moisés Casa, de FSIE, reiteró su "desconfianza" en el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, y amenazó con activar las denuncias judiciales de sus afiliados, que mantenía congeladas desde finales del año pasado.

Lo que debe la Generalitat en la nómina de los profesores

- Al menos 3,2 millones por impago de trienios a los profesores interinos de la pública. Un total de 11.023 profesores interinos con servicios reconocidos por la Consejería de Educación a fecha del 21 de diciembre de 2007 desde hace un año no han cobrado aún el pago de sus trienios. Teniendo en cuenta que los interinos del grupo A deberían haber cobrado 43 euros más en su nómina desde junio de 2007 y los del grupo B, 40 euros, Hacienda ha dejado de pagar mensualmente, en un cálculo modesto, 266.000 euros, lo que deja un saldo negativo de 3,2 millones. La cifra que se dispara a más de 6 millones si se atienden las singularidades de cada interino.

- Unos 6 millones a los equipos directivos. El Aauerdo de la mesa sectorial de febrero fijó un incremento anual de 15 millones de euros para distribuir entre los equipos directivos (directores, jefes de estudio, secretarias). En la próxima nómina del 1 de junio, Hacienda deberá 6 millones.

-9,8 millones por la homologación salarial del prefesorado de la red concertada en 2008 y 2,94 millones de deuda de 2007. El impago del complemento específico acordado el 8 de mayo de 2007 hace que el Consell deba 700 euros a cada uno de los 14.000 docentes de la concertada. Además, sigue debiendo 15 euros por 14 pagas del complemento impagado en 2007. Es decir, 2,94 millones más.

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Ninguna empresa tiene el menor interés en construir Mundo Ilusión

El Consell reconoce oficialmente la ausencia de ofertas privadas

MARÍA FABRA - Castellón - 13/05/2008

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya.

Diez años después de que se presentara el proyecto del parque temático Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes, el Consell no encuentra quien lo construya. Así lo reconoce el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, en una respuesta parlamentaria al PSPV. "No ha existido ninguna oferta privada para su construcción y su posterior gestión", admite Camps en un escrito fechado en diciembre y publicado ayer.

El proyecto, según el vicepresidente, está pendiente de los resultados de un estudio de viabilidad cuyas conclusiones, como destaca el diputado socialista José Camarasa, siguen sin conocerse. Hace dos meses el Consell insistió en sacarlo adelante. Eso sí, a través de la iniciativa privada y sin que la Administración autonómica aporte nada más que los estudios que recopila desde hace diez años y el lastre de dos sueldos que anualmente suponen un gasto de más de 66.000 euros. Camarasa calcula que, de momento, Mundo Ilusión ha supuesto para las arcas públicas un gasto de 600.000 euros aunque la cantidad exacta no se ha podido determinar ya que el Consell ha aplazado otras respuestas sobre el coste de informes encargados a Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, al bufete de abogados Gómez-Acebo y Pombo, a la consultora norteamericana Baker Leisure Group y a otras firmas.

Nacido para compensar a Castellón de inversiones como la Ciudad de las Artes o Terra Mítica, Mundo Ilusión está supeditado a un macroplan urbanístico que ha de aprobar la propia Generalitat para que el grupo Marina d'Or ceda los 800.000 metros cuadrados donde ha de construirse."En su día hubo una toma de contacto para valorar la participación del Circo del Sol en el proyecto, pero no se ha derivado ninguna consecuencia de momento". Ésta es otra de las respuestas que el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, ha remitido al Grupo Socialista años después de que el impulsor del parque temático Mundo Ilusión, Carlos Fabra, asegurara la existencia de contactos para que esta compañía asumiera el proyecto. El mundo de la magia y el circo fue la temática escogida para este parque del que también se desconoce la inversión que precisará. "El coste estimado de la inversión dependerá del contenido de los estudios y documentos del plan de negocio", señala Gerardo Camps en otra respuesta.

Los estudios pendientes de entregar desvelarán, según Camps, "una estimación del nivel de visitantes previsto, así como la cifra óptima de inversión que asegure la viabilidad económica del proyecto", entre otras cosas, ya que, según la respuesta parlamentaria, "las obligaciones de Baker Leisure Group respecto del proyecto Mundo Ilusión consisten en la realización de un análisis de mercado y estudio de viabilidad que nos permitan conocer una estimación del nivel de visitantes previsto así como la cifra óptima de inversión y establecerá una serie de recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo concreto del plan de negocio".

Los primeros estudios sobre la viabilidad del proyecto se realizaron hace casi una década y sus conclusiones han quedado obsoletas. Aún así, y pese a la experiencia que el propio Consell ha tenido en Terra Mítica, con una suspensión de pagos de por medio, la Generalitat, con un coste de unos 30.000 euros, ha buscado a Baker Leisure Group. Como señaló ayer el diputado socialista José Camarasa, esa firma vaticinó más de 2,5 millones de visitantes para el parque de Benidorm cuando el año de mayor afluencia apenas se superaron los 1,2 millones. "Aún así, el Gobierno valenciano ha ido a encargar el estudio a la misma empresa", señaló.

En el último consejo de administración de la sociedad pública Mundo Ilusión, su presidente, Vicente Rambla, dejó claro que será la iniciativa privada la que habrá de hacerse cargo de la construcción y explotación del parque, aunque, en su respuesta por escrito, Gerardo Camps alega que la decisión sobre el modelo de gestión y financiación, "se ha de tomar tras analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad".

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La Marina tiene los mismos ambulatorios que en 1978

A. RUIZ - Dénia - 13/05/2008

El colapso sanitario en La Marina Alta avanza a marchas agigantadas. El hospital y los centros de salud mantienen los mismos servicios que hace prácticamente tres décadas a pesar de que en este tiempo la población se ha triplicado como consecuencia de la bonanza del turismo y del ritmo de la construcción.

Pacientes que deben recorrer muchos kilómetros hasta encontrar un ambulatorio, como sucede en las poblaciones del interior de la Retoria y de La Vall del Pop. Médicos que durante el verano no quieren acudir a los grandes núcleos turísticos (en especial Dénia, Xàbia y Calp) porque los sueldos son bajos y los alquileres, muy altos. Urgencias saturadas, con camas en los pasillos. Trabajadores en pie de guerra por la falta de recursos. Esperas de dos horas para ver al médico de cabecera. Citas en ginecología que se aplazan durante meses y meses.

La situación es especialmente grave en Dénia. En la actualidad, la ciudad solo dispone de un centro de salud para más de 40.000 habitantes que, en verano, llegan a los 150.000. El segundo ambulatorio, el que se encontraba en la calle del Marqués de Campo, ha sido clausurado porque amenazaba derribo.

Ante el aluvión de quejas de los usuarios y de las asociaciones de vecinos, todas las fuerzas políticas aprobaron en pleno una moción para exigir a la Consejería de Sanidad la construcción de un nuevo centro. Sin embargo, la alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, denuncia que, a pesar de las continuas gestiones, Sanidad sigue sin hacer caso de esta demanda. Es más, la consejería ha advertido de que no abrirá un segundo centro para todo el año y que se limitará a instalar un dispensario para los meses de julio y agosto en la zona de las playas de Les Marines.

También el hospital comarcal de Dénia arrastra graves problemas. En cada periodo turístico -Semana Santa, Navidad o verano- se repite sin tregua la imagen de pacientes hacinados en el departamento de Urgencias, repleto de camas en los pasillos. Faltan además facultativos en todos los departamentos y ya hay médicos que, ante la falta de recursos, han decidido exiliarse a otros centros fuera de La Marina Alta. En concreto, siete en el primer trimestre de 2008.

Esta carencia de especialistas se repite en la atención primaria de la comarca y ha obligado a la Consejería de Sanidad a publicar anuncios en los periódicos ofreciendo plazas de médicos.

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Las enfermeras exigen aumento de plantillas y mayor salario
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Castilla-La Mancha se opondrá a los trasvases si no se aclara la venta de agua de Villena

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13:02 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar su oposición a derivaciones de recursos ajenos a esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-Vinalopó, si no se aclara la venta por la Comunidad de Regantes de Villena de agua de un acuífero para ser embotellada.
EFE Así lo ha expresado el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en sendas cartas, a las que ha tenido acceso EFE, remitidas al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Sánchez Pingarrón pide a Moragues que se facilite a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso.

También pide información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes e insta a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, que inicie urgentemente las investigaciones y expedientes necesarios para esclarecer esa operación.

Además, pide a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas necesarias "para restablecer la legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados".

El consejero castellanomanchego afirma en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la cuenca hidrográfica del Júcar".

Añade que "desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó, aspecto que se encuentra comprometido con operaciones de este tipo y, además, mientras no se cumpla escrupulosamente lo establecido en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar".

Sánchez Pingarrón anuncia, además, a Moragues la "rotunda oposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cualquier derivación de recursos de la cuenca hidrográfica del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó", sino se cumplen el plan de cuenca.

En este sentido, el consejero recuerda que el plan establece la prioridad de la cuenca del Júcar y "la satisfacción completa de todas las asignaciones y reservas para Castilla-La Mancha", así como que "se han incumplido los compromisos del Plan Hidrológico del Júcar", entre otros aspectos los de mejorar y modernizar los regadíos tradicionales de esa zona del litoral mediterráneo.

En la carta a la ministra de Medio Ambiente, el consejero da cuenta a Elena Espinosa de la solicitud que le ha hecho a Moragues y reitera los argumentos expresados al presidente de la CHJ, al tiempo que pide colaboración al Ministerio para aclarar esa venta de agua en Villena y le expresa la oposición del Gobierno regional "a cualquier derivación de recursos de la cuenca del Júcar a otras cuencas ajenas, incluyendo el trasvase Júcar-Vinalopó".

La Comunidad de Regantes de Villena acordó el miércoles pasado ceder entre 0,2 y 0,7 hectómetros de agua al año a la multinacional Danone a cambio de 240.000 euros para una planta que pondrá en marcha en el municipio alicantino la multinacional francesa, que prevé embotellar hasta 700 millones de litros del acuífero.

Los regantes de esa zona han venido reivindicando un trasvase del Júcar al Vinalopó para recargar la sobreexplotada red de acuíferos del municipio.

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Danone comprará suelo a los regantes para tener el derecho sobre el agua
Luna (PSPV): "Empieza a haber deserciones importantes"
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memoria anual 2007

La síndica suaviza el criterio de hostilidad y señala a Blasco y Barberá como los más colaboradores

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01:20 Ofrece un convenio de buen comportamiento a las administraciones para que estén más dispuestas. Cuatro conselleries están en la «lista negra» pero otras tres y 15 municipios salen por el cambio.
J. G. G./V. R., Valencia
El PP ha puesto en marcha en las Corts una reforma del reglamento de la institución del Defensor del Pueblo valenciano con el fin de apartar del cargo -forzando la ley- a Emilia Caballero, la Adjunta primera (designada en su día a propuesta de los socialistas) que ejerce de síndica en funciones desde abril de 2006, cuando los populares rechazaron renovar al alto comisionado colocado en la etapa Zaplana, Bernardo del Rosal, por sus informes críticos. Caballero mantiene la contundencia en su memoria anual sobre la situación del respeto a los derechos de los ciudadanos en la Comunitat pero, en cuanto a la relaciones entre las instituciones, se muestra conciliadora. De este modo, ha optado por suavizar o precisar el concepto de Administración «hostil» con el organismo que defiende a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder. Recupera con ello una matización que introdujo De Rosal en su primero informe, el de 2001, pero que no se mantuvo en la memoria de Caballero de 2006.
En el informe de 2007, la síndica fija como «hostil» la actitud de no contestar a sus peticiones de información, no contestar a sus resoluciones finales o no aceptarlas de forma inmotivada o no justificada. En cambio, «el hecho de no aceptar justificadamente las recomendaciones, sugerencias o los recordatorios de deberes legales no se considera un comportamiento hostil». Y ello porque admite que puede haber una «discrepancia legítima» con la Sindicatura. Otro guiño es que este año, al referir los organismos hostiles, se indica a continuación el número total de asuntos tramitados que les afectaron «para evitar que la falta de colaboración en una queja puntual nuble, perjudique o distorsione el grado real de colaboración de esas administración con esta institución».
Por último, la gran novedad es la incorporación este año de un nuevo epígrafe para citar a los organismos que «han destacado por su especial colaboración y por el grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas». La Sindicatura explica que «hasta ahora» se había limitado a señalar las entidades que menos colaboraban pero le parece «de justicia» destacar también aquellas «que más y mejor colaboran con la institución».
La nueva «lista blanca» la inauguran la Conselleria de Inmigración, que dirige Rafael Blasco, y el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, ésta por partida doble (ver cuadro). Se da la circunstancia que la corporación que dirige Barberá también está en la lista negra por su actitud en una queja, la que le pedía que declarara como bien de relevancia local la cárcel Modelo de Valencia. Barberá fue uno de los populares que impulsó la reprobación de la síndica en 2001, en la anterior etapa de interinidad, por el Plan del Cabanyal.
El cambio de criterio ha supuesto que este año sólo hayan sido declaradas hostiles cuatro conselleries, la de Economía (que dirige Gerardo Camps), Medio Ambiente (García Antón), Infraestructuras (Mario Flores) y Sanidad (Manuel Cervera), así como otros seis ayuntamientos. En cambio, no figuran como hostiles gracias a ello otras tres conselleries: Bienestar Social (Juan Cotino), Industria (Belén Juste) y Justicia (Fernando de Rosa), y 15 ayuntamientos y el servicio tributario de la Diputación de Alicante. En la memoria de 2006, ocho conselleries y 24 ayuntamientos integraban la temida lista.
Otra gran novedad es la oferta de un «convenio marco de colaboración entre la Sindicatura de Greuges y la Administración pública valenciana que quiera suscribirlo». La idea es que se comprometan a colaborar con la Defensoría a cambio del reconocimiento de ésta. La síndica indica que va a iniciar «contactos» para hacer realidad este objetivo. Según la propuesta de convenio, que figura como anexo en la memoria, la entidad firmante se comprometerá a «enviar lo más pronto posible» a la Sindicatura la información que se le requiera y encargar a una oficina o unidad administrativa la centralización de las relaciones de la conselleria con la Sindicatura, al objeto de que exista un «interlocutor» definido.
La Sindicatura, «en justa contraprestación», asume el compromiso de destacar expresamente la positiva colaboración en el informe anual; publicitar en la página web las resoluciones a favor del ciudadano de esa Administración; incluir al firmante como «candidato a la mención especial» como colaboradora en la memoria anual; o realizar una gestión formal previa antes de declararla hostil como signo de «lealtad institucional».

Por su parte, el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista, Carles Arnal, destacó ayer del informe que hay más de 1.800 expedientes realizados a partir de más de 6.000 quejas referidas a urbanismo y medio ambiente. Es más, la cuarta parte de los expedientes están relacionados con estas áreas. Arnal mostró su desacuerdo y preocupación por la «pasividad» del Consell en temas relacionados con la persecución de las ilegalidades urbanísticas y denunció también que se estén autorizando PAI sin tener la garantía de disponibilidad de agua. El ex diputado también criticó al Consell por su actitud ante la contaminación acústica del circuito de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia, la ubicación de la subestación de Patraix y la contaminación de los acuíferos por nitratos.

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La síndica critica que los enfermos sean ingresados en camas de pasillos
El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas
Martínez evita de nuevo recibir a Caballero
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Trabajadores del Ivadis denuncian que la falta de liquidez ya afecta a la comida

UGT asegura que algunos proveedores han dejado de suministrar

Carlos Alós, Valencia
La situación financiera del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (Ivadis), organismo dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, ha sido puesta en entredicho por su propios trabajadores. La Federación de Servicios Públicos de UGT afirma que la falta de liquidez del Consell ha provocado que el Ivadis deje de pagar a los proveedores, quienes se niegan a servir pedidos para tareas básicas de los 25 centros que el Ivadis gestiona en toda la Comunitat, entre residencias y talleres ocupacionales, con unos 1.100 discapacitados, señalaron. Entre estos pedidos que no llegan, UGT asegura que figuran desde bolsas de basura o material de limpieza y de aseo de los internos, la mayoría discapacitados severos y de los que se encargan unos 750 trabajadores.
En ese sentido denuncian también que el déficit económico que arrastra el Ivadis porque no llega dinero del Consell se nota también en la calidad de la alimentación que reciben los internos y que se ha resentido en los últimos tiempos, según la denuncia de UGT. Además, los trabajadores señalan que en las residencias dependientes del Ivadis se acumulan materiales que ya deberían estar en desuso como camillas oxidadas, camas con colchones de más de diez años y sin adecuación para las necesidades ergonómicas de los discapacitados, la inexistencia de material para la rehabilitación física y mental de los usuarios discapacitados. Incluso, aseguran que las actividades lúdicas se han reducido también por falta de presupuesto.
Otro caballo de batalla de los trabajadores del Ivadis es que el afecta a la sustitución del personal de atención directa ya que, según aseguran, no se sustituyen las bajas lo que rebaja la calidad de la atención porque cada trabajador debe atender a mayor número de internos.
El déficit se arrastra cuatro años
La portavoz de UGT, Isabel Vicent, aseguró que la situación se arrastra ya cuatro años, pero que la situación ha derivado a que el Consell de Camps "no atienda a la responsabilidad que tiene con los discapacitados y que prefiere gastar el dinero en circuitos, mientras estos centros carecen de los mínimo para funcionar", asegura.
Mientras, un portavoz de la conselleria de Bienestar Social aseguró que el interés del departamento por atender a los discapacitados "es una prioridad absoluta". De hecho, aseguraron que el presupuesto para el Ivadis creció en un año un 75%, al pasar de 400.000 euros a 700.000

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Terra Mítica debería devolver un máximo de 6,9 millones de fondos europeos

Europa Press, Alicante
El Consell estima en 6,9 millones de euros la cantidad máxima que tendría que reintegrar en caso de que no prosperan los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Terra Mítica por el supuesto incumplimiento de una de las cláusulas de las subvenciones a fondo perdido de la UE para el fomento del empleo, según se asegura en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, de fecha de diciembre de 2007 y publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
Así, Gerardo Camps precisa que los administradores de Terra Mítica han dotado una provisión para riesgos y gastos de 6,9 millones de euros, que es "la cantidad máxima que se estima que se debería reintegrar, en caso de que no prosperen los recursos interpuestos en la vía contencioso-administrativa por la sociedad".
Según la respuesta a una pregunta de la diputada Glòria Marcos de agosto de 2007, la subvención se solicitó en 1999, cuando aún no se había inaugurado el parque. En 2006 el Ministerio de Economía y Hacienda solicitó el reintegro al Tesoro Público de la subvención de la UE y en ese momento el "número medio de empleados era de 636, tal y como se detalla en la memoria de las cuentas anuales de Terra Mítica".
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por FCC Construcciones, SA, contra la resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo que sancionaba a la empresa con una multa de 48.080,97 euros por la comisión de una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales que se produjo durante trabajos en Terra Mítica, al considerar que se le notificó pasado el plazo de seis meses que establece la ley. El TSJCV condena a la Conselleria de Economía a devolver a FCC el importe de la sanción que se impuso a esta sociedad tras de una visita de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante a Terra Mítica, donde levantó acta de infracción el 4 de octubre de 1999. Esta sanción se notificó a la empresa el 18 de abril de 2000.
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El PP de Valencia y Murcia pedirán juntos al Gobierno agua, financiación y seguridad

01:36 Los consejos de dirección de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular en la Región de Murcia y en la Comunitat Valenciana se reunieron ayer en Murcia para preparar un documento conjunto en el que reclamarán "justicia e igualdad" al Gobierno central en materia de agua, infraestructuras, seguridad y financiación.

Levante-EMV, Valencia

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional de Murcia, Juan Carlos Ruiz, y su homólogo en las Cortes Valencianas y secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa, comparecieron en rueda de prensa para anunciar las medidas que ayer acordaron los consejos de dirección tras la reunión.
En concreto, Ruiz dijo que ambas directivas trabajan en este texto que denominaron "documento para la exigencia de la igualdad", en el que los grupos parlamentarios exigieron "que se nos trate con solidaridad e igualdad".
Al respecto, Ruiz justificó que "tenemos muy claro que las Comunidades Autónomas somos también Estado, y si una parte del Estado no es capaz de asumir su responsabilidad para garantizar la igualdad, nosotros vamos a exigirla como parte del mismo".
Así pues, Ruiz dijo que este documento no es definitivo y su elaboración continuará en una reunión que se producirá en Valencia la semana que viene, de forma que el texto se presentará el lunes. Además, dijo "que el documento tiene vocación de seguir desarrollándose no sólo con Valencia, sino con otros grupos". Aunque no descartó la inclusión de más asuntos, Ruiz especificó que el documento, de momento, aborda cuatro temas principales, como el del agua, con la reivindicación al Gobierno de España por medio de una iniciativa en las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia. Además, Ruiz adelantó que el Grupo Parlamentario Popular también respaldará en la Asamblea regional el informe Camps, como ya se hará el próximo miércoles en las Cortes Valencianas. A su juicio, este informe "quita la mentira que el PSOE repitió tantas veces, que Europa no apoya los trasvases", y se preguntó retóricamente que "si ahora Europa apoya los trasvases porqué no los hay a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia".
Sobre este punto, Costa valoró positivamente el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional y, del consejo de Dirección, al informe Camps que, explicó, "ha sido apoyado por el Comité de las Regiones de la Unión Europea, y ha sido defendido por el presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, y respaldado por el de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel".
Así, especificó que el documento "viene a decir que junto a muchas medidas para todas la regiones de la cuenca mediterránea, el trasvase es una de las más importantes", y aseguró querer que el PSOE en Murcia y en Valencia "digan por qué son los únicos que siguen manteniendo sus tesis antitrasvasistas, cuando en Cataluña, en España, en Aragón el PSOE dice que es posible hacer un trasvase del Ebro y que además existen excedentes en el Ebro para hacerlo".

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12 May 2008

CV: L'estratègia de confrontació de Camps des de la seva Satrapia. 12/05/2008.

Escrito por: jordigrau el 12 May 2008 - URL Permanente

  • CV. 11/05/2008.
  • L'estratègia del PP, agua para todos i negocis d'aigua mineral Font Vella. 11/05/2008.
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    El mapa de la confrontación de Camps

    Las cuatro reivindicaciones del Consell se multiplican sin fin ante el Gobierno de Zapatero

    JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 12/05/2008

    El Consell de Camps está a punto de cumplir el primer año de su segunda legislatura. Durante este tiempo la gestión ha estado marcada por la confrontación con el Gobierno central que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Camps, su Gobierno y el PP afirman que la Generalitat reivindica pocas cosas (agua, infraestructuras, financiación y mayor seguridad ciudadana) pero con insistencia. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que son más de cuatro los motivos de enfrentamiento con el Gobierno socialista. A continuación se detallan los hitos más significativos del mapa de la reciente confrontación de Camps con Zapatero.

    El agua es el tema estrella y cuenta con el apoyo de la cúpula del PP

    La Generalitat pide poder decidir sobre la puesta en marcha de los juzgados

    Casi todas las consejerías exigen más financiación del Gobierno

    Los conflictos por las competencias afectan a Educación y Gobernación

    - Agua. Es la reivindicación estrella de Francisco Camps. La no inclusión del trasvase del Ebro en el programa electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales hizo que la reivindicación pasara a un segundo plano. La decisión del Gobierno de aprobar un trasvase de urgencia a Barcelona, con agua del Ebro, desde Tarragona, ha vuelto a colocar esta exigencia en el frontispicio del Palau de la Generalitat. El PP y el Consell han retomado las movilizaciones institucionales y cívicas para reclamar que se recupere el trasvase del Ebro derogado hace cuatro años. Tan solo en el último mes, Camps ha mantenido cuatro reuniones con sus homólogos murciano, Ramón Luis Valcárcel, y andaluz, Javier Arenas, además de recabar el apoyo de Mariano Rajoy, la madrileña Esperanza Aguirre y el catalán Daniel Sirera. La pretensión de los regantes de Villena de exigir agua, mientras venden la que tienen ha empañado la posición del PP en este frente.

    - Justicia. Es el último frente abierto por el Consell. Un frente que dirige el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, que achaca las deficiencias en la Administración de Justicia a la falta de jueces y de juzgados, competencia del Gobierno central. De Rosa niega que la falta de medios humanos y materiales, que son competencia del Consell, tenga nada que ver con el colapso de los juzgados. El PP tiene previsto presentar mociones e iniciativas parlamentarias para reclamar que la Generalitat asuma la competencia de decidir en qué orden y cuándo entran en funcionamiento los nuevos juzgados. De Rosa exige, además, una ley de Modernización de la Administración de Justicia. "No podemos luchar constantemente contra las zancadillas que nos pone el Gobierno para poner en marcha los juzgados", dice el consejero.

    - Policías. La tasa de criminalidad no ha subido, pero la Generalitat mantiene su exigencia al Gobierno para que destine más agentes a la Comunidad Valenciana, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La reivindicación se inició con la demanda de un millar de agentes más. La cifra ya ha aumentado hasta 3.000. El propio Camps reclama, además, que el Gobierno suba el sueldo a los agentes, hasta equiparar sus salarios a los de las policías autonómicas. El PP también exige más medios materiales para las fuerzas de seguridad e insta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a cumplir ya la promesa de rehabilitar el cuartel de Zapadores en Valencia.

    - AVE. Con las obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana en ejecución, las quejas del jefe del Consell se centran ahora en el retraso de la puesta en marcha de esta infraestructura -el Gobierno ha conectado antes Barcelona, Málaga y Valladolid con Madrid- y en la exigencia de que se inicie ya la conexión Valencia-Castellón-Tarragona. Para Mario Flores, consejero de Infraestructuras, el Gobierno propone un AVE "de segunda" que no supere los 300 km/hora.

    - Cercanías. Consell y PP exigen el traspaso de la red de Cercanías de Renfe, pero reclaman que el Gobierno invierta antes 2.500 millones de euros en los próximos 12 años para dejar las instalaciones en perfectas condiciones. Los socialistas valencianos critican que la Generalitat reclame esta competencia cuando, en su opinión, es incapaz de gestionar bien la red de metro.

    - Metro. Camps, a través del consejero de Infraestructuras, reclama que Zapatero pague un tercio de las nuevas líneas de metro y tranvía, o de la prolongación de las ya existentes.

    - Autopista. Aunque el Consell reclama del Gobierno central la duplicación de la N-332 y la N-340 y un buen número de rondas y variantes para evitar las travesías, la última exigencia de Camps a Zapatero ha sido una nueva autopista de peaje que una Madrid y Valencia y que discurra paralela a la actual A-3. Y ello, pese a que ya existe una nueva autopista Madrid-Levante, AP-36, gestionada por Cintra, que discurre paralela a la A-3 entre las localidades de Ocaña y La Roda y que se anuncia con el lema Escápate del gran atasco. Además, hay otras reclamaciones menores ante Fomento, como la ampliación en dos carriles de la V-30 y la construcción de tres puentes nuevos cuyo coste se estima en 256 millones de euros.

    - Aeropuertos. Estas reivindicaciones ahora están en segundo plano, pero Camps reclama una nueva terminal en Manises, la segunda pista en L'Altet y la capacidad de cogestionar los aeropuertos como sucede ahora con los puertos de interés general.

    - Somos cinco millones. Las tensiones presupuestarias de la Generalitat han convertido la exigencia de que el Gobierno transfiera más dinero en una prioridad. Como en las exigencias sobre el agua, Camps ha puesto en marcha la presión institucional y la social. Así, mientras el Consell presiona al Gobierno, el PP ha puesto en marcha la campaña Somos cinco millones -que imita la realizada por Jordi Pujol y CiU a finales de los ochenta en Cataluña con el lema Sóm sis milions-. El objetivo es que Zapatero revise ya la financiación autonómica en base a la población, lo que supondría según la Generalitat una transferencia extra de 500 millones anuales.

    - Más capacidad de endeudamiento. Ante la situación de desaceleración económica y las tensiones presupuestarias existentes, el propio Camps reclama al Ministerio de Economía autorización para romper el límite de endeudamiento, pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante.

    - Mayor inversión estatal. El consejero de Economía, Gerardo Camps, demanda que la inversión anual del Estado sea como mínimo la participación del PIB de la Comunidad Valenciana en el conjunto español.

    - Educación para la Ciudadanía. Camps no pondrá trabas a los padres que decidan objetar y se nieguen a que se imparta esta asignatura a sus hijos. Dado que es decisión del Estado la inclusión de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo, Camps hará uso de sus competencias y la impartirá en inglés. Una decisión que muchos interpretan como un boicot en toda regla a una asignatura rechazada por la Conferencia Episcopal.

    - Contrato de integración para inmigrantes. Las críticas a la política de inmigración de Zapatero han sido continuas por parte de la Generalitat. La última vuelta de tuerca ha sido el anuncio de que el Consell pretende implantar una especie de contrato de integración para inmigrantes. La propuesta, calificada de xenófoba por asociaciones de inmigrantes, no puede tener efectos legales porque excedería las competencias autonómicas. El Consell reclama competencias estatales en inmigración, como la concesión de los "permisos laborales temporales o las reagrupaciones familiares".

    - Ley de Dependencia. "El tema de la financiación tiene que ser equiparable al sistema de pensiones, para que todas las personas dependientes puedan ser igual tratadas, independientemente del lugar donde residan". Con esta argumentación, el Consell, que afirma que asume el 95% del coste, reclama que el Gobierno financie adecuadamente la atención a las personas dependientes.

    - Sanidad. La Generalitat tiene un amplio rosario de quejas hacia Zapatero. El Consell exige mayor financiación estatal para la sanidad valenciana, que el Gobierno pague parte del nuevo hospital La Fe de Valencia y que sufrague un porcentaje de nuevas prestaciones como la vacuna contra el cáncer de útero.

    - Conflicto constitucional. El Ejecutivo que preside Camps ha multiplicado el trabajo de los servicios jurídicos de la Generalitat. La pugna de mayor calado con el Gobierno tiene como transfondo la capacidad o no de la Generalitat para desarrollar el antiguo derecho foral o civil valenciano. El Gobierno tiene recurrida la primera de estas leyes, la del Régimen Económico y Matrimonial. Pero el Consell también ha recurrido las ayudas al alquiler joven del Gobierno y la regulación estatal de empresas de inserción social.

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    planta embotelladora en villena

    El Gobierno financió las mejoras de regadío a los regantes que ahora quieren vender el agua

    01:10 Más allá de la contradicción frente a la petición de trasvases o las razones ecológicas, entre los motivos que pueden justificar un rechazo a la polémica iniciativa de la Comunidad de Regantes de Villena, que pretende vender agua a la multinacional Danone para que la embotelle embotelle, figura el hecho de que el regadío del Alto Vinalopó ha recibido en 4 años 52 millones de euros en obras de modernización para ahorrar agua.

    J. L. García, Valencia
    Un gasto que ha permitido economizar recursos hídricos, aunque esta comunidad de regantes haya decidido incluso dejar de cultivar para hacer viable la operación.
    El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero, no quiso valorar ayer la posibilidad de que se lleve a cabo esta operación, pero sí defendió la gestión estatal en la mejora de las infraestructuras en el regadío valenciano con el fin de ahorrar la máxima cantidad posible de agua.
    Según explicó Rodríguez Mulero a Levante-EMV, la Comunidad General de Regantes del Alto Vinalopó -de la que forman parte los regantes de Villena- ha recibido por parte del Gobierno central la inversión más importante para modernización de regadíos en la Comunitat. Se trata de un convenio que asciende a 52 millones de euros, y que ha contado con el esfuerzo económico de los propios regantes del Alto Vinalopó (unos 15 millones que se corresponden con el 30%); la Unión Europea, con 12,5 aproximadamente (24%) y con el apoyo del Gobierno central, que financió el resto hasta los 52 millones que costaron todas las obras. Los regantes no comenzarán a reintegrar la cantidad aportada por el Estado hasta dentro de varios años y en 25 anualidades sin intereses, explicaron desde Seiasa.
    Según explicó el presidente de la sociedad, las obras del convenio, iniciadas en 2003 y terminadas y en uso desde el año pasado, consisten en 14 embalses de diferentes tamaños, su interconexión, la automatización del sistema de gestión y la distribución del agua hasta las parcelas en algunas comunidades del Alto Vinalopó, la de Villena entre ellas.
    Según indica el presidente de Seiasa, el convenio para modernizar los regadíos del Alto Vinalopó supone la inversión más ambiciosa en la Comunitat, por delante de la de la Comunidad de Riegos de Levante; las distintas comunidades del Medio Vinalopó, la Vega baja o distintas comunidades de la provincia de Valencia.
    En total, el Ministerio de Agricultura (Medio Rural, ahora) ha gastado 345 millones de euros desde 2004; inversión que ha supuesto un ahorro de 126 hectómetros cúbicos. O lo que es lo mismo, un ahorro igual al consumo anual de Valencia y su área metropolitana.
    Almansa ofrece su agua
    Por otro lado, la polémica generada en torno a la posible venta de agua del acuífero de Villena ha hecho que regantes de otros municipios, como el castellanomanchego de Almansa, hayan ofrecido sus recursos a la multinacional Danone en caso de que fracase la negociación con los regantes de Villena.

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    El PSPV exigela dimisión del presidente de los usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez

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    Alperi ignora las ayudas del Gobierno a la participación

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    La ruina acecha a los municipios

    La crisis obliga a los Ayuntamientos a "cortar grasa" de sus ajustadas finanzas

      MIGUEL OLIVARES - Valencia - 12/05/2008

      "Ingresos 20, gastos 19, resultado, la felicidad. Ingresos 20, gastos más de 20, la ruina". Muchos responsables de arcas municipales deberían haber asistido a las mismas clases que David Copperfield para evitar la ruina que les acecha. Los casos de Castellón, de Benidorm o La Vila Joiosa han saltado a la luz pública, pero el problema es de más calado.

      "Tuvimos que vender suelo para construir una escuela infantil"

      El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente.

      Un miembro de la Sindicatura de Comptes alerta: "Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Es el caso del trabajador que está tan acostumbrado a cobrar horas extra que llega a considerar ese ingreso parte de su nómina. ¿Qué pasa cuando vienen mal dadas y el patrón suprime las horas extra?

      "Habrá que cortar grasa", ilustra Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, uno de los varios municipios de más de 10.000 habitantes que no cubrían sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes en 2005.

      Como Castellón, que acaba de aprobar un plan de estabilidad para salvar las arcas municipales. Vicente Moliner, vicealcalde, reparte culpas entre la Generalitat, que debe 6,3 millones de euros al Ayuntamiento, y el Gobierno, que distribuye parte de la recaudación del IRPF y el IVA -ingresos del Estado- entre las Corporaciones atendiendo al número de vecinos. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes, como refleja la última cuenta general de las entidades locales que elabora la Sindicatura.

      Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.

      Ramón Sánchez, teniente de alcalde de Benicàssim, acaba de impulsar un plan económico para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2011. Ha puesto en marcha una campaña de empadronamientos. "Tenemos un censo de 18.000 habitantes, pero hemos comprobado que en enero, uno de los meses de más baja ocupación turística, consumen agua 28.000 vecinos". A partir de 20.000 habitantes, la participación de Benicàssim en los ingresos del Estado daría un salto cualitativo debido a su condición de municipio turístico. En verano, Benicàssim atiende a más de 100.000 vecinos y visitantes.

      Sánchez sostiene que la actividad urbanística no ha sido importante en los últimos años en Benicàssim y no teme un recorte de los ingresos derivados del ICyO. En el capítulo de ingresos, la revisión catastral de 2006 ha elevado la recaudación por el IBI. El Ayuntamiento se ha conectado al registro de notarios y ha descubierto que decenas de operaciones de compra y venta de suelo no se han comunicado al Ayuntamiento. Benicàssim ahora negocia en bloque varios suministros, como la gasolina o los servicios de imprenta. "Obtenemos mejores precios y, sobre todo, sabemos lo que nos va a costar". Y, como muchos Ayuntamientos, sufre el abandono de la Generalitat. "Tuvimos que vender suelo municipal para construir una escuela infantil".

      Alboraia también asumió la construcción de un comedor escolar con la venta de suelo. "La consejería

      no llega y, por la proximidad a los vecinos, hacemos muchas más cosas de las que nos tocaría". Juan Gimeno, concejal de Hacienda de Alboraia, asegura que solo una subida de los impuestos municipales permitiría superar el desfase entre gastos e ingresos; sostiene lacónico que "casi todos los Ayuntamientos tienen el mismo problema"; y confiesa: "Hemos sido relativamente felices gracias al ICyO. Ahora, tenemos que cortar grasa y recortar subvenciones".

      El plan general de Alboraia se agotó hace año y medio. "No hemos tenido grandes ingresos urbanísticos desde entonces". Ahora está en revisión, pero Gimeno asume que los tiempos del boom inmobiliario no volverán. Para redondear el problema, explica que las tasas municipales, diseñadas para pagar el coste de servicios como la recogida de basura, por ejemplo, no cubren los costes reales. "¿Alguien se puede creer que con 40 euros al año se paga la recogida de la basura, su traslado al vertedero y su tratamiento posterior?" Gimeno confiesa que los precios públicos no se ajustan a los costes reales por razones políticas. Un proceder que solo hincha la pelota.

      Alberto Fabra, alcalde de Castellón y diputado autonómico del PP, votó en las Cortes contra la constitución de un fondo autonómico de cooperación municipal. Pero dos semanas después, reclamaba ese mismo fondo desde su Ayuntamiento. La batalla por un nuevo modelo de financiación autonómica está abierta. Ahora, los Ayuntamientos amenazan con abrir otro frente.

      Ingresos municipales

      - IBI (Impuesto de bienes inmuebles): grava a los propietarios de bienes en el término municipal en razón del valor catastral del inmueble. Los Ayuntamientos tienen potestad para modificar los coeficientes multiplicadores.

      - IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas): es residual pues solo grava a las personas jurídicas (empresas) cuya actividad supera el millón de euros al año.

      - IVMT (Impuesto sobre vehículos con motores de tracción): grava los automóviles y camiones registrados en cada municipio en razón de la potencia del motor y de acuerdo con ciertos coeficientes que establecen los Ayuntamientos. Los tres anteriores apenas varían de año en año.

      - ICyO (Impuestos sobre Construcción y Obras): gravan la concesión de licencias para nuevas construcciones y todo tipo de obras.

      - Impuestos sobre plusvalías: grava las operaciones de compra y venta de suelo e inmuebles en razón de las plusvalías.

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      Los municipios sufren ya la crisis del ladrillo

      Los ingresos por obras bajan debido al parón de la actividad inmobiliaria

      12/05/2008

      Los Ayuntamientos valencianos sufren ya los efectos de la crisis del ladrillo. El descenso de la actividad inmobiliaria y de las operaciones de compra y venta de solares y viviendas repercute sobre dos impuestos municipales, los que gravan la construcción y las obras (ICyO) y las plusvalías del suelo. Dos impuestos que engrosan los ingresos corrientes de los Ayuntamientos pero cuyo comportamiento durante los años del boom inmobiliario ha sido todo menos corriente. Ahora las finanzas municipales van a notar la bajada de ingresos.

      "Van a tener problemas aquellos Ayuntamientos que apenas cubrían sus gastos corrientes -la nómina o las facturas de la luz- con sus ingresos corrientes -la recaudación municipal y las transferencias del Estado- y que no han tenido en cuenta el comportamiento extraordinario de algunos impuestos en los últimos años". Son palabras de un miembro de la Sindicatura de Comptes, que en la última cuenta general de las entidades locales que elabora cada año ya alertaba de la difícil situación de algunos Ayuntamientos.

      Entre los municipios cuyos problemas ya han salido a la luz pública se encuentran Castellón, Benidorm y La Vila Joiosa. Pero el problema es de más calado y afectará a muchos otros, que se verán obligados a elaborar planes de estabilidad, a recortar gastos o a poner en marcha medidas para compensar por otras vías la reducción de los ingresos por los impuestos sobre operaciones inmobiliarias. Ya en 2005, Castellón apenas cubría el 93% de sus gastos corrientes con sus ingresos corrientes.

      Ayuntamientos como Alboraia, Altea, San Juan, Tavernes de la Valldigna o Benicàssim, entre otros de cierto tamaño, se encontraban en situación similar. En todos ellos, cualquier inversión ha supuesto aumentar la deuda o vender patrimonio municipal.

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      Valencia tiene 80.000 viviendas vacías y otras 40.000 por construir

      Los socialistas cuestionan la necesidad de sacrificar 400 hectáreas de huerta.

      . SIMÓN - Valencia - 12/05/2008

      El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia reprueba el proyecto de nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad elaborado por el PP porque, en su opinión, no se justifica la necesidad de destruir más huerta. Argumentan que la urbe tiene actualmente 80.000 viviendas vacías y que entre el suelo urbano y el urbanizable existentes hay espacio para construir otras 40.000 viviendas.

      En suelo urbano se pueden construir 22.824 casas y en urbanizable, 20.416

      Tres de cada cuatro encuestados no pueden pagar una vivienda protegida

      Los socialistas concluyen que estas 120.000 viviendas son suficientes para atender la demanda de pisos. Se basan en el Estudio de Demanda de Vivienda encargado por el Gobierno local para incluirlo (tal y como ordenan las leyes valencianas) en el expediente para elaborar el nuevo plan general de la ciudad. El documento municipal estima que la demanda de vivienda se cifra en unas 54.264 viviendas, siendo 32.180 de ellas de renta libre y otras 22.084 de protección oficial. También cifra este informe la capacidad del suelo todavía vacante del PGOU de 1988 en 19.335 viviendas (10.869 libres y 8.466 protegidas). Concluye por tanto que la oferta necesaria del nuevo plan deberá afrontar una demanda de 34.929 viviendas, de ellas 21.311 libres y 13.618 protegidas.

      Ateniéndose a estos datos oficiales, los socialistas critican que el documento no aclara en detalle dónde está situado ese suelo vacante. De hecho, el concejal Vicente González Móstoles cifra la potencialidad de viviendas por construir en más del doble. Según sus cuentas, hay sectores donde ni siquiera se ha aprobado la reparcelación, como Benimaclet, Malilla o la Font de Sant Lluís. Y el sector del Grao ni siquiera tiene el planeamiento aprobado. En total, calcula que faltan por construir 20.416 viviendas solo en suelo urbanizable, cifra a la que habría que sumar las viviendas que faltan en suelo urbano consolidado: otras 22.824. Según el PSPV, el Consistorio se empeña reiteradamente en ocultar esas viviendas ya que ni las contabiliza ni les da datos cuando preguntan por las viviendas potenciales del suelo urbano.

      En definitiva, todavía se pueden construir 43.240. Y con estas cifras sustentan las críticas de la portavoz socialista, Carmen Alborch, a la intención de la alcaldesa, Rita Barberá, de pegar otro bocado destructor a la huerta de Valencia mediante la reclasificación de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados).

      El análisis de los socialistas también aborda el problema de las viviendas vacías en Valencia. Explican que según el estudio sobre la vivienda de 2001 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, había 65.434 pisos desocupados en la ciudad. González Móstoles calcula que en estos siete años solo se habrán incorporado al mercado 430 viviendas, ya que la tasa de viviendas que se rehabilitan, según las licencias concedidas, es de apenas 60 al año. Asimismo, el PSPV cifra en otras 17.000 viviendas que se han construido durante el boom inmobiliario sin que se hayan ocupado, ya que se compraron como inversión. Es decir, actualmente hay en Valencia más de 80.000 viviendas vacías que Barberá debería intentar sacar al mercado.

      Para las viviendas nuevas sin ocupar, los socialistas proponen medidas como hacer convenios con los propietarios para que pierdan el miedo a alquilarlas y bonificaciones en el IBI. En cuanto al parque de viviendas antiguas, apuestan por un plan municipal de rehabilitación.

      Se trata de facilitar un hogar a aquellos que no lo tienen. Según las encuestas del Estudio de Demanda de Vivienda, el 75% de los encuestados cree que la oferta de vivienda protegida es muy baja. Y el mismo porcentaje ni siquiera puede gastar los 76.000 euros que cuesta una de 90 metros con garaje. La mitad de los encuestados llegaría a 150.000 euros, y el 20% a 125.000.

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      educación

      El gasto por alumno en la escuela pública valenciana es el tercero más bajo de España

      01:09 El gasto por alumno no universitario escolarizado en centros públicos de la Comunitat Valenciana alcanza los 4.840 euros anuales, por debajo de la media nacional, de 5.299 euros anuales, y el tercero más bajo de España junto con Murcia y Andalucía.

      Levante-EMV/Efe, Valencia/Madrid

      Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2005, que ha publicado el Ministerio de Educación en la actualización estadística de 2008, el gasto por alumno de enseñanza no universitaria pública y privada concertada es en la Comunitat Valenciana de 4.259 euros.
      Esta cifra también está por debajo de la media nacional, de 4.520 euros, y es la tercera más baja de España junto con las comunidades andaluza y murciana.
      A nivel nacional, el gasto por alumno no universitario escolarizado en centros públicos del País Vasco alcanza los 8.858 euros anuales, más del doble que en Andalucía (4.211) y que en Murcia (4.320), las de menor inversión pública por matriculado.
      Además del País Vasco, se sitúan por encima de la media Navarra, con 6.991 euros por estudiante y año, Asturias (6.492), Castilla y León (6.103), Cantabria (6.039), Galicia (5.947), Baleares (5.817), La Rioja (5.791), Aragón (5.486), Cataluña (5.394) y Madrid (5.330).
      Por debajo están Castilla-La Mancha (5.234), Canarias (5.145), Extremadura (5.017) y Comunitat Valenciana (4.840), aparte de Murcia y Andalucía.
      En el curso 2004-2005, el 67,6% de los alumnos no universitarios de régimen general estudiaban en la enseñanza pública; este tipo de escolarización era más frecuente en Castilla-La Mancha (81,9%) y Extremadura (80%) y menos en el País Vasco (48,5%) y Madrid (55,2%).
      Si se consideran los alumnos no universitarios tanto de la enseñanza pública como de la privada concertada, también el País Vasco está a la cabeza en desembolso por matriculado, con 6.070 euros anuales, en tanto que Andalucía (3.841) y Murcia (3.778) permanecen a la cola. La media nacional es de 4.520 euros. Por debajo se colocan Cataluña (4.378), Madrid (4.314) y Comunitat Valenciana (4.259), además de Andalucía y Murcia.

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      congreso en valencia

      El PP dice ahora que la población es un criterio tan importante como otros para la financiación

      01:17 El PP de la Comunitat Valenciana, a través del conseller de Economía, Gerardo Camps, que dirige la ponencia de Economía que se debatirá en el Congreso del PP, se mostró ayer conciliador respecto a su postura en el modelo de financiación autonómica.

      Levante-EMV, Valencia
      Probablemente porque del congreso ha de salir una posición común y en el seno del PP ya ha habido discrepancias territoriales sobre qué criterios deben regir el reparto de fondos. Así, el PP valenciano, defensor a capa y espada del incremento de población como criterio fundamental aseguró ayer, por boca de Camps, que la reforma del sistema "no debe abrir el debate" ni una "guerra" entre las comunidades, como "quieren algunos", sino buscar las igualdad entre las distintas regiones.
      En este sentido, indicó que todos los criterios son "igual de importantes" a la hora de determinar cómo debe ser un sistema de financiación autonómico. Y reconoció que ha habido un aumento importante de la población en España, pero subrayó que no puede haber un sistema que no contemple también, ligado a ello, el reparto de la financiación en aras de la extensión de los territorios o la insularidad.
      El conseller de Economía se refirió así en la presentación de las líneas económicas de la ponencia que debatirá en el congreso nacional, los días 20, 21 y 22 de junio en Valencia, basadas en rebajas fiscales, la estabilidad presupuestaria, y en políticas de cohesión nacional y de igualdad, en especial, en materia de financiación autonómica y agua. En el acto también participaron la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez.
      Tras las declaraciones de Gerardo Camps, la portavoz del PSPV en materia económica, Cristina Moreno, dio la "bienvenida al PP al terreno de la sensatez", ya que estaba "enrocado en el criterio de la población y ahora ha ampliado sus puntos de vista".
      Por lo demás, las líneas apuntadas por el PP en materia económica hablan de "revitalizar" el Pacto de Toledo y prolongar la vida laboral para aumentar la sostenibilidad del sistema de pensiones, al tiempo que destacó la necesidad de seguir aumentando las prestaciones mínimas y de viudedad.
      Camps señaló que la prolongación de la vida laboral no es una propuesta nueva del PP, pero que ha dejado de hacerse en los últimos años por parte del Gobierno socialista, lo que ha provocado que muchas de las personas que se jubilan actualmente en España tengan peores pensiones de las que tendrían si se hubiera aumentado la vida laboral.
      Sistema de pensiones en riesgo
      A su juicio, prolongar la vida laboral no trae consigo, el que haya pensiones menores para los trabajadores que se jubilen dentro de diez, quince o veinte años, sino que, por el contrario, "refuerza muchísimo el sistema y su sostenibilidad a largo plazo". Asimismo, indicó que el actual sistema de pensiones tiene asegurado unos años de superávit, pero advirtió que si continúa la línea de "inacción", conducirá a una situación de "riesgo".
      En política fiscal, explicaron que el PP apostará por la "racionalización del gasto público" y medidas que lo hagan eficiente, al tiempo que abordará la modernización del sistema fiscal español, de tal forma que se mejore la competitividad y se incentive el ahorro y la inversión.
      Entre las medidas que se recogen se encuentran la rebaja del tipo general y el de las pymes en el Impuesto sobre Sociedades, estableciendo incentivos fiscales en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la extensión de la desfiscalización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

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      EDITORIAL

      La unificación de las normas urbanísticas

      El Consell acaba de conceder una prórroga a los ayuntamientos de seis meses para que puedan retrasarse en la tramitación de los planes generales urbanísticos. La medida es consecuencia del colapso que sufre la Generalitat debido a la avalancha de...

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      Los trámites urbanísticos bloquean la administración y obligan a dar una prórroga de 6 meses a los PGOU

      En un decreto legislativo no es habitual que varias administraciones reconozcan el colapso burocrático que las llevan de cabeza. Ni que se adopten medidas jurídicas con carácter retroactivo.
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      El ayuntamiento tarda 2 años en dar las licencias de obras y arrastra más de 550 solicitudes desde 2006

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      11 May 2008

      L'estratègia del PP, agua para todos i negocis d'aigua mineral Font Vella. 11/05/2008.

      Escrito por: jordigrau el 11 May 2008 - URL Permanente

      El cinisme i el negoci del transvasament. 10/05/2008.

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      "Si els valencians fóssim negres votaríem Ku Klux Klan". Però com que a la CV no existeix aquesta ONG americana el PPCV té el 52% de vots.

      I així passa que, a còpia d'aixecar-nos la camisa, les hosts de la nostrada dreta hi ha agafat afició. Això passa perquè passi el que passi els segueixen votant i segueixen impunes facin el que facin. De Fabra a l'IVEX, Zaplana o Terra Mítica, de l'accident del metro a la repressió informativa, de l'incompliment delleis estatals o a simple rebel.lió antiestat. I no passa res. Cap sàtrapa a la presó i endarreriment o sobresseïment de judicis.

      L'aigua clama al cel. Menteixen i han decidit que, de tan bé om els funciona el tema, el faran l'eix de la legislatura: la santa aliança del levante español i Almería capitanejats per Don Mariano. Resulta que hom coneix Aguirre arreu d'Espanya però s'ignora qui són els Camps, Rambla, Esteban, Rita, Fabra, Ripoll o Alperi. Són la caspa de la caspa, la dreta de la dreta, l'aigua beneita de la Pica Baptismal salvadora de tots els pecats i armadora de consciències de gomaespuma. La buidor de l'ètica i l'imperi del "qui campi qui pugui". No sé quina dreta és més pastosa però la valenciana podria florir a qualsevol república bananera.

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      JOSÉ SIERRA

      Mentiras arriesgadas en el Vinalopó

      Qué buenos son los guionistas de Hollywood! Alguien dijo alguna vez que no era adecuado utilizar los títulos de las películas para encabezar los artículos, pero? pregunto, ¿hay uno mejor? La Comunidad de Regantes de Villena, dirigida por Andrés Martínez, el testaferro, el ariete, el elegido en Alicante de Francisco Camps y de José Ramón García Antón, por no citar a los empresarios alicantinos, ha decidido negociar con la multinacional Danone, en nombre de los regantes a los que dice representar, la venta de 700.000 metros cúbicos de agua -setecientos millones de litros- anuales para que sean extraídos, embotellados y comercializados bajo la marca FontVella. Lo que en otro sitio hubiera sido motivo de regocijo y satisfacción -en Requena y Utiel la embotelladora de San Benedetto es el principal empleador de la comarca- se ha convertido en objeto de polémica en toda la Comunitat Valenciana pese al silencio cómplice del Consell y los medios afines. Y no faltan motivos. Hace meses que leí al bien pagado por el Gobierno valenciano director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, criticar la anulación del trasvase del Ebro diciendo que el «verdadero» trasvase y el único bendecido por José Luis Rodríguez Zapatero era el del agua mineral que nos venden los catalanes. Suponemos que hablaba del Vichy Catalán, aunque si hubiera preguntado antes sabría que el verdadero trasvase, si puede hablarse en esos términos, sale a diario en camiones desde Requena en dirección al orbe mundial y no al revés. O fue ignorancia, con lo que po­dríamos decir sin acritud que cobra demasiado para lo que sabe, o fue, casi seguro, una mentira arriesgada.
      El caso es que lo avisamos en esta sección la semana pasada: el agua no está para sutilezas, gracias, sobre todo, al cariz que le ha dado a sus reivindicaciones hídricas el Consell; y, lo pinten como lo pinten -la mayoría de los medios cómplices con el Consell han optado por ni pintarlo-, no se puede vender agua de un acuífero sobreexplotado cuando Andrés Martínez, con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana (la de todos), lleva poniendo en pancartas frases como: «los acuíferos del Vinalopó no pueden esperar más»; «el problema de los pozos del Vinalopó es el problema medioambiental más grave que sufre la Comunitat Valenciana» o «nos niegan el agua», en alusión, supuestamente, a los regantes del Júcar. Pero la verdad, no la mentira arriesgada, es que los regantes del Júcar son los únicos de España que no han puesto pegas a un trasvase. Sólo han dicho: háganlo desde Cullera, que es donde hay agua, y no nos machaquen a nosotros, al canal Júcar-Turia y a Valencia (a la Valencia de Rita Barberá, que parece la alcaldesa de la finca de Martínez), llevándose el agua de Cortes de Pallás, donde no hay para todos los usuarios valencianos del Júcar, en lugar desde Cullera, por donde ahora pasan hasta cinco trasvases de agua al Vinalopó.
      Martínez, Barberá, y hasta los bienintencionados y subvencionados regantes del Turia, a quienes hay que quitar ahora el agua para Valencia que falta en el Júcar, apoyaron a Martínez y lo que parecían sus justas reivindicaciones. Y se manifestaron en Alicante contra el Gobierno incluso cuando les convocaron para pedir un trasvase que ya se estaba construyendo desde la variante de la Marquesa, o callaron cuando Martínez decía que el agua del Júcar era veneno para Alicante. El Consell aguantó. No en vano Cotino dijo en privado que el conflicto del agua había hecho que un desconocido Camps fuera conocido en Alicante, la patria de Zaplana. Ahora, Martínez vende su agua de calidad -debe ser, por eso, por lo que no le gustaba la de la Marquesa- al mejor postor y ofrece su parcela a buen precio para la embotelladora, por si hiciera falta. El Consell se queda, tras gastar miles de euros, con el culo al aire y con la sensación de haber lanzado durante meses un montón de mentiras arriesgadas.

      El ridículo de una demanda
      El vicepresidente Rambla ha dicho que el Consell no recurrirá el envío de agua a Barcelona, pero que lo incluirá como una especie de «addenda» en el contencioso que presentó hace más de tres años contra la decisión del Gobierno de España de cancelar el trasvase del Ebro. Y es que este gobierno valenciano es un gobierno de ácratas y anarquistas, o así lo vemos muchos: siempre contra el Estado, contra el sistema. Ni apoyan, ni acatan, ni cumplen la política hídrica del Gobierno, ni la Ley de Dependencia, ni la del Tabaco. ¡Viva la Pepa! La nueva variante jurídica -no es por sacar pecho, pero este periódico ya vaticinó que no habría recurso al Constitucional- contra la prolongación del minitrasvase a Barcelona no es que sea mala y traída al pairo, es que va contra el propio Consell, pero como lo importante es hacer «ruido» contra el Gobierno, pues da lo mismo presentar un recurso que suicidarse en términos jurídicos. Nos explicamos: el Plan Hidrológico Nacional incluía dos ramales del trasvase del Ebro, uno hacia Barcelona con 190 hm3 y otro hacia Valencia con 315 hm3, Murcia (415 hm3) y Almería (95 hm3). Además, y como obras a ejecutar sin la parafernalia legal y medioambiental del trasvase del Ebro (ramal norte y ramal sur), incluía el famoso anexo IV: una compilación de centenares de obras, llamémosles menores, es la que aparecía en la conexión CAT-ATLL (Consorcio de Aguas de Tarragona-Acueducto Ter-Llobregat), que es la que ahora va a construir el Gobierno apremiado por una emergencia, y que se borró del Plan Hidrológico de Cristina Narbona sólo porque así lo quiso el tripartito. Es decir: hay un trasvase al norte del Ebro cuya ejecución sería una prueba de cargo contra el Gobierno Zapatero que no se va ha hacer y una obra menor, ajena al trasvase, ya prevista y avalada por el PP en su día, que es la conexión CAT-ATLL y con el mismo estatus legal y prioridad que la modernización del abastecimiento de Valencia que ha rechazado Barberá. Si el Gobierno ejecuta esta obra no sólo no hace para Cataluña lo que demanda para sí Valencia, el trasvase del Ebro, sino que demuestra que continúa sin querer hacer para nadie el trasvase porque considera las desalinizadoras su primera opción. Es decir, el Consell, a costa de hacer ruido durante unas semanas, ha dado argumentos al Constitucional para que le haga perder su recurso inicial basado en la discriminación para Valencia. Brillante.

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      El Gobierno advierte a los regantes de Villena que "legalmente" no pueden vender ni ceder el agua

      La polémica generada esta semana tras el acuerdo aprobado por los regantes de Villena para vender agua a una multinacional que pretende instalar una embotelladora en el municipio tuvo ayer su último episodio. Varios departamentos del Gobierno afirmaron con rotundidad que esta operación no se puede realizar. Según la legalidad, si una entidad renuncia a una parte de su concesión "no puede venderla ni cederla": "Se puede fijar un cambio de uso, pero no la venta".

      J. L. G., Valencia
      La cesión de agua que aprobó el miércoles la Comunidad General de Regantes de Villena a la empresa multinacional Danone para su embotellamiento, no sólo ha recibido el rechazo de entidades ecologistas y colectivos de regantes, sino que parece nacer sin el necesario consenso de la administración central. De hecho, según distintos departamentos del Gobierno central, no es legal. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino pusieron ayer en evidencia esta operación: "Si la buena gestión de los regantes y las inversiones del Estado les permiten desprenderse de agua, lo lógico es que pase a la bolsa pública y quede a disposición de los usuarios".
      Según estas fuentes, "legalmente los regantes no pueden vender agua: lo que vaya a ocurrir ahora mismo es una cuestión exclusiva de la autoridad ambiental". Y añadieron: "El cambio de uso se puede hacer, pero no la venta. Si dejas de regar y esa agua se queda disponible la autoridad ambiental hace un concurso y cualquier ayuntamiento o industria puede solicitarlo y se cederá respetando un orden de uso: primero para el sumunistro humano y luego uso agrario, industrial y recreativo".
      En la misma línea se manifestaron fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): los regantes de Villena "no pueden ni vender ni ceder" agua. Jurídicamente, cuando una comunidad de regantes o cualquier usuario tiene una concesión, "no se puede desligar el uso del agua de la concesión", explicaron.
      Esto significa que si deja de regar pierde el derecho de uso, y si en este caso los regantes de Villena dejan de utilizar 0,7 hectómetros cúbicos, la CHJ debe proceder a modificar la concesión y se rebaja la cantidad de agua a la que tiene derecho.
      Cabe recordar que la Comunidad General de Regantes de Villena aprobó esta semana la cesión a la multinacional francesa de 0,2 hectómetros cúbicos al año (ampliables a 0,7) para la planta embotelladora que pretende ubicar en Villena. Danone prevé embotellar 200 millones de litros año año. Para hacer viable la cesión, los regantes de Villena pretenden dejar sin producción 200 de las 4.400 hectáreas de regadío y ahorrar así esos 0,7 hectómetros anuales.
      Además, como ya explicó Levante-EMV en su edición del pasado viernes, la situación del acuífero de Villena, que fue declarado sobreexplotado, podría complicar y alargar en el tiempo esta operación.
      "O bien esa agua se queda en el acuífero al estar sobreexplotado o bien se convoca un concurso, pero los cedentes no pueden no vender ni ceder agua", apuntaron.

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      El líder pro trasvase proyecta 1.200 casas con golf en Villena

      Martínez y el tenista Ferrero esperan la autorización del Consell - Los regantes creen que vender agua "echa por tierra" sus demandas

      EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/05/2008

      El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, que ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones.

      Xúquer Viu tilda de "ilegal" la venta de agua de pozos para embotellar

      La firma de Martínez posee el 20% de los terrenos para la embotelladora

      Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50%, a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase del Ebro, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite. Pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante acordaron esta semana vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.

      El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo Xúquer Viu calificó de "ilegal" esta resolución, ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".

      Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras y malestar entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".

      El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.

      Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Una es la parcela conocida como La Casa del Padre, catalogada como suelo rústico agrario, y con una superficie de 19,4 hectáreas, y la otra tiene 14 hectáreas. Ambas están participadas por los mismos titulares a partes iguales. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres, SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas a título individual.

      La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.

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      10 May 2008

      CV. 10/05/2008.

      Escrito por: jordigrau el 10 May 2008 - URL Permanente

      El cinisme i el negoci del transvasament. 10/05/2008.

      Mentides irrespectuoses.Glòria Marcos. Coordinadora General d'EUPV. Levante. 10/05/2008.

      CV. 09/05/2008.

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      Insisteixo a dir que el que hi ha aquí a baix són notícies dels diaris d'avui, no de dues o tres setmanes. L'expoli de la CV és diari i inexorable i unes quants de l'entorn de dreta patriota s'estan fent rics.

      Però algú pot preguntar-se, què fa l'oposició socialista davant tot això? Jo també: no pas gaire.

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      enseñanza

      La crisis del ladrillo llega a los colegios

      01:35 La suspensión de pagos de empresas del sector del ladrillo ubicadas en la Comunitat Valenciana, como Llanera y, ahora, Encoval, está afectando a la construcción de una decena de centros de enseñanza comprometidos o en ejecución. No obstante, desde la Conselleria de Educación garantizaban ayer que esta crisis no afectará a la buena marcha del sistema escolar y los colegios se terminarán.

      Maite Ducajú, Valencia
      La reciente presentación ante el Juzgado de lo Mercantil del concurso de acreedores por parte de la constructora Encoval ha afectado a las obras de ampliación de dos centros educativos que esta empresa estaba llevando a cabo: el colegio público Barcia Goyanes de Valencia y el instituto de Educación Secundaria Miralcamp de Vila-real.
      La crisis del sector del ladrillo ha pegado de pleno en la red de construcciones educativas de la Comunitat Valenciana porque algunas de estas empresas se presentaron en su día en el concurso para edificar centros y por el volumen de contratación para realizar obras que desde hace años desarrolla la Conselleria de Educación.
      Encoval se suma así a la cadena de suspensiones de pago, como la presentada en octubre pasado por la también valenciana Llanera que arrastró a ocho centros escolares.
      No obstante, la conselleria inmediatamente determinó que la empresa Algeco, con la que Llanera había constituido una UTE para presentarse al concurso de Ciegsa, se encargaría de terminar los seis colegios públicos que ya estaba construyendo.
      Desde Educación explicaron ayer a Levante-EMV que las obras de ampliación en el instituto de Miralcamp están prácticamente terminadas, mientras que en el Barcia Goyanes de Valencia, Encoval sólo había ejecutado un 17 por ciento del total. En este colegio están previstas, con un presupuesto de 1.147.000 euros, realizar tres aulas de Infantil, una sala de usos múltiples, gimnasio y un frontón de pilota.

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      AUTOMOVILISMO
      EFE

      El circuito de Fórmula 1 ofrece caras distintas para los vecinos de Nazaret y la Federación de Asociaciones

      11:45 La Asociación de Vecinos de Nazaret Unido ha asegurado que la construcción del trazado del circuito de Fórmula 1 que pasará por delante de algunas de sus casas traerá "beneficios" para el barrio, mientras que desde la Federación de Asociaciones lamentan la falta de inversiones en éste y otros barrios.
      EFE El presidente de la AAVV de Nazaret Unido, José Antonio Barba, ha informado a EFE de algunas ventajas que supondrán las obras para los vecinos del barrio, quienes "aprovecharemos el trazado y asfaltado que han hecho para los coches como carretera y acceso a la ciudad".

      Por su parte, María José Broseta, presidente de la Federación de AAVV ha asegurado que, hasta el momento, "no he tenido noticia de que haya prevista ninguna actuación en los barrios de Valencia, como sí se hizo en algunas zonas para la celebración de la Copa América".

      Broseta ha reiterado que desde la Federación, no se encuentran motivos para declarar el circuito obra "de interés general".

      Desde la Conselleria de Infraestructuras se han referido, además, a la urbanización de una zona "degradada" que, con las "grandes avenidas y jardínes" proyectados en los PAI del Grao y de las Moreras, llevará a la creación de "dos nuevos barrios".

      La "buena noticia" para el barrio de Nazaret es que éste quedará "cohesionado e integrado" dentro de la ciudad.

      Aunque Barba se muestra "contento" con la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia, se ha mostrado preocupado por los servicios básicos con los que podrán contar los vecinos de Nazaret durante los días de la competición.

      Por ello, está negociando con el consistorio el cambio de itinerario de las líneas 3,4 y 30 de la EMT, que conectan a diario el barrio de Nazaret con la avenida del Cid, la plaza del Ayuntamiento y el Hospital Clínico, respectivamente.

      El objetivo es que los vecinos de Nazaret puedan estar comunicados con el resto de la ciudad sin que "ninguno tenga que estar esperando más de cinco minutos".

      Barba ha explicado que esta misma semana, el concejal delegado de Circulación y Transporte en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, le ha asegurado que "este tema está prácticamente cerrado".

      Fuentes de la EMT, por su parte, han asegurado que "están estudiando todas las posibilidades" con el fin de que "la afección sea la mínima posible en el momento en que se produzcan los cortes".

      Como representante de un sector de vecinos de Nazaret, ha destacado su labor en la negociación con la empresa Valmor Sports, organizadora del Gran Premio, para la instalación de mamparas contra el ruido que generarán los bólidos.

      Finalmente, las mamparas, ha explicado, alcanzarán una altura de un primer piso que, "situadas en diagonal, podrán reducir el ruido hasta en un segundo piso".

      Pero, los vecinos de Nazaret encontrarán mayor alivio gracias a las gradas, que "duplican la altura de las mamparas", así como a los espectadores que, "con sus cuerpos y sus ropas", permitirán que el impacto sonoro en el barrio sea menor.

      La situación de las gradas en posición diagonal, ha señalado Barba, beneficiará hasta un quinto piso.

      Éste, además, ha expresado su deseo por que los valencianos "puedan aprovechar", desde un punto de vista económico, el evento, y ha instado así a que "se contrate" a todo el personal necesario para desarrollar la celebración.

      Barba ha adelantado que la próxima semana se reunirá con técnicos de la Conselleria de Infraestructuras para informarse sobre la posibilidad de que se celebre una competición de Fórmula 3000 en Valencia en los meses anteriores al Gran Premio de Europa de Fórmula 1.

      Fuentes de la Conselleria han asegurado que se realizan "reuniones periódicas" con la empresa Valmor y que "ésta es una posibilidad de la que se ha hablado desde el principio para probar las instalaciones, pero que "dependerá de las obras y el montaje".

      La Generalitat se ha comprometido a tener terminadas dichas obras para finales de junio.

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      El PSPV asegura que ya han fallecido mil dependientes que esperaban recibir ayudas

      01:38 S. S. , Gandia
      En una comparecencia que protagonizó en Gandia junto a la también diputada Pepa Frau, Torres dijo que esos fallecidos, de todas las edades pero mayoritariamente de avanzada edad, no han alcanzado a percibir el dinero que les correspondería en aplicación de la Ley de Dependencia por la actitud de "boicot" que ejerce el Consell de la Generalitat.
      Según indicaron Torres y Frau, el Gobierno de España ha remitido a la Generalitat 93 millones de euros para destinarlos a ayudas a personas dependientes, pero, en vez de desarrollar los principios de la ley y distribuir el dinero entre el primer sector beneficiario, los llamados grandes dependientes, la conselleria de Bienestar Social ha preferido "pagar el déficit del Bono-Residencia", lo que, en opinión de los socialistas, constituye "un fraude". Además, la Administración autonómica "no ha aportado" su parte de financiación para esta ley, que se sitúa en otros 93 millones de euros, dado que las prestaciones se pagan a medias entre el Estado y las distintas comunidades autónomas.
      En la Comunitat Valenciana 150.000 personas no pueden valerse por ellas mismas y, según los plazos de aplicación de la Ley de Dependencia, unas 22.000 ya deberían estar percibiendo las ayudas correspondientes para disponer de un cuidador o financiar una plaza en una residencia.
      Según Torres y Frau, la realidad de la Comunitat Valenciana es que sólo siete personas han visto concluir su expediente y han alcanzado las ayudas previstas. Los socialistas aseguran que más de treinta mil personas iniciaron el proceso administrativo para acogerse a la ley de dependencia hace más de seis meses, y todas ellas debería estar percibiendo el dinero que les corresponde.
      En vez de eso, "la Generalitat sólo la puesto trabas e inconvenientes", para "boicotear una ley progresista que, junto a la sanidad, la educación y las pensiones, constituye uno de los cuatro pilares de la sociedad del bienestar", señaló la diputada Frau. Además, los representantes socialistas denunciaron que "la Generalitat, en vez de valorar a las personas que están en sus domicilios, ha preferido dedicarse sólo a personas que están en centros", con la intención de "beneficiar" a las residencias privadas que asisten a estos colectivos.
      El número de dependientes valencianos que ha tenido acceso a las ayudas de la ley es muy inferior al de otras regiones, como Andalucía o Aragón, donde miles de ellos ya están disfrutando de los beneficios fijados en esta norma.
      Ante esta situación "que provoca indignación y estupor por la actitud del Gobierno valenciano", el PSPV-PSOE animó a denunciar los hechos y a que los afectados acudan al Defensor del Pueblo y a la Síndica de Greuges para que conozcan su situación y adopten las medidas que estimen convenientes.
      En el caso de la Síndica de Greuges, su titular, Emilia Caballero, ya ha llamado la atención al Consell de Francisco Camps por el retraso en la aplicación de la ley.

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      El Consell cuela en la ley de la infancia un artículo antiabortista

      01:06 El Consell ha aprovechado el proyecto de ley de protección integral de la infancia y adolescencia para incluir un artículo antiabortista, según denunció ayer la diputada de EU en Compromís, Glòria Marcos, quien censuró que la norma "tiene olor a naftalina y a sacristía".

      Juanjo García Gómez, Valencia
      El artículo 8.2 del proyecto de ley del Consell de protección integral de la infancia y adolescencia de la Comunitat, bajo el epígrafe Derecho a la vida, reza así: "La Generalitat garantizará y protegerá el derecho a la vida en formación, protegiendo a las madres gestantes que estén decididas a tener su hijo". La diputada de Esquerra Unida en Compromís, Glòria Marcos, estimó ayer "absolutamente fuera de contexto" este artículo en una ley destinada a proteger a los menores de 18 años y resaltó que, al margen del debate científico sobre cuándo empieza la vida, hay "coincidencia general" en que cuando se habla de niños la referencia es a partir del nacimiento e inscripción en el Registro Civil, no en el periodo fetal. El trasfondo, alertó, es el "olor a naftalina y a sacristía" de una norma impulsada por el conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y achacó la inclusión de este artículo a una "cuestión ideológica".
      Compromís ha presentado una enmienda a la totalidad y 93 parciales a un texto que considera una mera "declaración de intenciones" ya que los derechos no se garantizan, sino que se expresa la voluntad de favorecerlos, aunque el caballo de batalla estará en la filosofía antiabortista y el "olor a rancio" de la norma. Para Marcos, el artículo citado "está fuera de lugar porque no es una ley para proteger a los fetos sino a los menores". Y se preguntó si el precepto "ha sido negociado con la iniciativa legislativa popular que se anuncia en las Corts de un grupo de gente de Provida, que pide que en todos los organismos sanitarios haya mecanismos para que las mujeres decidan no abortar". La parlamentaria dijo esperar que, como ocurrió con otras iniciativas populares, se tenga en cuenta "el gasto que conllevaría y, sobre todo, que se respete la ley", en el sentido de que "las mujeres reciban también información sobre cuáles son los supuestos en los que pueden abortar de acuerdo con la legislación".
      Unido a esto, la norma ni menciona, en sus 184 artículos, los avances en derechos introducidos por leyes estatales como la de la Igualdad, contra la Violencia de Género o el reconocimiento de los matrimonios homosexuales, resaltó Marcos. De ahí que en la ley sólo haya reflejo para el concepto "arcaico" de familia, sin mención a otros tipos de convivencia o a la adopción por personas al margen de su orientación sexual, algo que EU insta a reconocer en sus enmiendas. Al mismo tiempo, recriminó que se recuperen figuras forales como el Pare d'Òrfens, "que no tienen nada que ver con la modernidad", frente a denominaciones como Comisionado del Menor, y señaló que la elegida conlleva una visión "religioso-asistencial" y nace de la concepción de "padre de huérfanos y defensor de viudas, que es Dios en su santa morada".

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      El Gobierno acepta el decreto de Ciudadanía de la conselleria y recurre el de cuatro comunidades del PP

      02:28 El ministerio rechaza los cambios de contenidos en la asignatura que fue aprobada por las Cortes

      M. Ducajú, Valencia
      El Gobierno de España ha presentado recurso en cuatro comunidades gobernadas pro el Partido Popular en contra de los respectivos decretos de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Estas autonomías son: Madrid, Murcia, La Rioja y Castila-León. En cambio, el texto de la Conselleria de Educación que estará en vigor en la Comunitat Valenciana ha sido aceptado.
      Los contenidos rebajados sobre los del real decreto del Ministerio de Educación cuestiones como género, violencia machista y resolución de conflictos por métodos pacíficos son los que han llevado al Gobierno a presentar estos recursos.
      "Nuestro decreto es correcto, por eso el Gobierno no lo ha recurrido. Lo que demuestra que, eliminando criterios conflictivos y manteniendo los contenidos básicos, se puede aplicar esta asignatura" afirmaron ayer fuentes oficiales de la conselleria a la consulta de Levante-EMV sobre este procedimiento.
      Estas fuentes indicaron que "el Gobierno debería convocar reuniones con el PP y llegar a acuerdos en el tema. Está claro que es posible llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, contemplando la opción B", que es la que incluye el texto de la orden de la conselleria que contempla la posibilidad de que los alumnos no asistan a las clases de esta materia y aprueben realizando trabajos trimestrales en inglés.
      Cabe señalar que el decreto de contenidos no es lo mismo que la orden de implantación de la asignatura, ambas de la conselleria.
      Mientras que el Gobierno no ha recurrido el decreto de contenidos valenciano, sí ha anunciado que estudia hacerlo contra la orden por contemplar la objeción de conciencia a la asignatura; materia que está incluída en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en el Parlamento.
      En la Conselleria de Educación recordaron ayer que al elabora el decreto "se ha intentado evitar aquellos campos en los que se incida en la formación de la conciencia moral del individuo y en los aspectos educativos que son privativos del ámbito familiar, adaptando contenidos. Se trata de aspectos susceptibles de ser enfocados desde un criterio no neutral y que puedan ser objeto de manipulación doctrinaria, lo que debe ser en el seno de la familia" argumentaron.

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      J. G. G., Valencia
      La portavoz adjunta del PSPV en las Corts Carmen Ninet y la diputada Nuria Espí acusaron ayer al conseller de Inmigración, Rafael Blasco, de "falsear" los datos sobre la atención a los inmigrantes en la sesión de control del jueves, cuando dijo que el Consell destina 1.816 euros por inmigrante y el Gobierno sólo 31,16. Espí le recriminó que mezcle conceptos diferentes y proclamó que el Ejecutivo de Zapatero dedicará este año algo más de 24 millones a la Comunitat para integración de inmigrantes, lo que supone un 3.143% más que los fondos aportados el último año de Aznar, cuando Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo, 740.000 euros.
      El Consell presenta como aportación para los inmigrantes el porcentaje equivalente a la población foránea sobre el total del gasto sanitario o educativo. De ahí que le salga una cifra de 1.300 millones, que mezcla con los fondos para la Comunitat del Ejecutivo central destinados a programas específicos para integración de los inmigrantes. Frente a las ayudas de 2004, Zapatero dio 14 millones en 2005; 22,8 en 2006; y 23,1 en 2007. También resaltó que en el consejo donde se repartieron los fondos el Consell no planteó queja, ya que, además de la población hay otros factores de ponderación para distribuir el dinero. Por su parte, Antonio Clemente (PP) criticó que el PSPV "diga que el contrato de integración está al margen de la legalidad cuando la Constitución y el Estatuto lo amparan".
      Ninet expresó su "preocupación" ante el "declive del sistema democrático" que impone el Consell, con ejemplos como amenazar con echar a la Síndica por "cumplir con su obligación", denunciar la falta de aplicación de la ley de la Dependencia, o tachar a los dependientes que piden las ayudas de "gente contraria Camps".

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      La FVMP reconoce no fomentar entre sus municipios las plazas parapenas de trabajos sociales

      01:39 Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes reclamado ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que reciba a los familiares de las víctimas del accidente de metro de Valencia ocurrido en julio de 2006, pese al archivo de la causa que investigaba el siniestro.

      Levante-EMV, Valencia

      El grupo parlamentario socialista y el de Compromís pel País Valencià se pronunciaron en estos términos tras conocer el auto de la Audiencia de Valencia que da carpetazo definitivo a la investigación del accidente del metro, al entender que el conductor del convoy siniestrado tuvo una conducta "insólita, inaudita, inesperada, imprevisible y aún inexplicable". La sección primera de la Audiencia Provincial, presidida por el también presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, que ha redactado el auto como ponente, asume las tesis asume las tesis defendidas desde el día siguiente del accidente y del inicio de la investigación por la jueza Nieves Molina, la fiscal Asunción Calvo, la abogada de la Generalitat y de la Compañía Zurich España. "El descarrilamiento se produjo por un exceso de velocidad, cometido por el maquinista, que era imprevisible e inevitable". A similar conclusión llegó la comisión de investigación celebrada en las Corts Valencianes apenas un mes después del siniestro y que fue la más corta de la historia (18 días, pero sólo cinco de trabajo parlamentario).
      Por este motivo, la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Corts Carmen Ninet ha calificado de "indignante y vergonzoso" que Camps no haya tenido "cinco minutos" para atender a las familias de la víctimas del accidente del metro, en el que fallecieron 43 personas.
      La diputada ha remarcado que los socialistas, si bien "acatan" las sentencias, lamentan "la actitud" del jefe del ejecutivo autonómico, quien "siempre asegura allá donde puede que para él lo primero son las personas", pero no ha dispuesto de "cinco minutos para atender a los familiares de la víctimas que fallecieron ese día".
      En esa misma línea, la coordinadora de Esquerra Unida y diputada de Compromís, Glòria Marcos, ha advertido de que pese al archivo de la causa, ni Camps ni el entonces conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, "quedan exonerados de sus responsabilidades políticas".
      Marcos ha declarado que "junto a una responsabilidad jurídico-penal, existen responsabilidades políticas" que atribuye a Camps y a García Antón, y entre las que ha mencionado la de "no haber recibido nunca" a los familiares de las víctimas del accidente de metro "más grave en España".
      Además, ha considerado "erróneo" que "se justifique" el dictamen de la comisión de investigación que se constituyó en el Parlamento valenciano para dilucidar las causas del accidente, y de la que emanaron unas conclusiones coincidentes con "la actitud que había mantenido el PP desde el primer momento". Ha lamentado que "muchas veces, los jueces no entran en aquellas cuestiones que creen politizadas, y eso supone al final no contemplar los derechos de los ciudadanos", y ha reiterado su convicción "de que fue un accidente evitable".
      Por otra parte, el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) aseguró ayer que han mantenido "un respeto absoluto" por los servicios mínimos fijados ayer en los paros realizados de 7 a 10.20 y de 12.45 a 15.15, y que han provocado esperas de hasta cuarenta minutos para algunos viajeros. Según ha explicado el secretario general del SIF-FGV, Jorge Álvarez, "los viernes son los días más conflictivos, sobretodo a las horas del mediodía".
      En concreto, entre las 14.30 y las 15.30 de ayer fue la franja horaria en la que se han registrado "mayores aglomeraciones", ha indicado Álvarez. Los usuarios han tenido que esperar hasta veinticinco minutos en algunas de las paradas del trayecto subterráneo del metro y entre 35 y 40 minutos aquellos viajeros cuyo origen o salida eran las estaciones de Llíria, Bétera o Villanueva de Castellón.
      Sobre el seguimiento, el SIF ha señalado que el 100% de los trabajadores "con derecho a huelga" cumplieron los paros, lo que supone el 34% de la plantilla, ya que el 66% restante ha de seguir prestando su servicio.

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      El PSPV denuncia que hay deuda escondida por al menos 1.032 millones a pagar a partir de 2009

      Hay tres abonos como el cupón cero que critica el PP.
      J. G. G., Valencia
      La portavoz socialista de Economía en las Corts, Cristina Moreno, advirtió ayer de la existencia de una deuda contraída bajo el mandato del presidente Francisco Camps que ha permanecido escondida estos años detrás de periodos de carencia en los que sólo se han abonado intereses pero a la que habrá que empezar a hacer frente a partir del próximo año. Moreno indicó que este endeudamiento, solicitado por varias empresas públicas, asciende al menos a la friolera de 1.032 millones.
      La socialista hizo estas declaraciones tras conocerse la respuesta por escrito del conseller de Economía, Gerardo Camps, a una pregunta suya, en la que indica que la carga financiera (intereses más amortización) en términos de caja de la deuda de la Generalitat durante el ejercicio de 2006 fue de 448,9 millones de euros. Camps señala que los intereses de endeudamiento, incluidos los gastos de emisión y diferencias de cambio, fueron 242,9 millones, a los que se suman los intereses o prima de amortización de cupón cero, una obligación contraída en enero de 1992 por el Gobierno de Lerma, 82,4 millones. Esta operación supuso que desde 1992 sólo se pagaban intereses, devolviendo la prima 14 años después. Finalmente, hay 123,6 millones de amortización del principal de la deuda.
      Moreno tachó la respuesta de "desfachatez", ya que, recordó, desde 2004, con Camps en el Consell, se han contraído préstamos con carencias de 5 años que habrá que empezar a pagar en 2009 (como una operación de 100 millones de FGV) o 2010 (300 millones de Ciegsa) e incluso hasta tres devoluciones en pago único como los que critica el PP: de RTVV, 69 millones en 2014 y 99 millones en 2015; y del Ivvsa, 20 millones en 2017.

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      Camps presume de su política sin explicar el contrato de inmigración

      La oposición acusa al jefe del Consell de lanzar soflamas de tinte xenófobo
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      Protesta en Els Poblets por su obsoleto centro escolar

      El colegio tiene 22 años y el pueblo ha triplicado el censo.

      ARTURO RUIZ - Dénia - 10/05/2008

      Els Poblets, en la comarca de la Marina Alta, tenía 1.020 habitantes en 1986, cuando inauguró su colegio. En 2008, alberga 2.900 pero las dimensiones de su centro escolar, el Ausiàs March, son las mismas. Por eso, toda la comunidad escolar de esta localidad, decenas de madres, padres y alumnos, decidió ayer manifestarse para exigir unas instalaciones educativas dignas.

      En el comedor se hacinan cada día más de 50 alumnos y solo hay un aseo

      En la actualidad, parte de las siete aulas del colegio han tenido que retabicarse para poder albergar los distintos niveles a los que pertenecen los 150 alumnos que acuden al centro. Además, deben utilizarse cuatro barracones, y en el comedor, con capacidad para 20 escolares, se hacinan cada día más de 50, el mismo número de niños y niñas que han de compartir un único cuarto de baño que estos días, a causa de la lluvia, ha estado permanentemente atascado.

      Estos datos ilustran una realidad habitual en numerosas poblaciones de La Marina Alta, cuyo ritmo de crecimiento a causa del turismo y de la construcción no se ha visto compensada con servicios públicos de calidad.

      Con un lema que abogaba por una escuela de calidad, los manifestantes, convocados por el AMPA de Els Poblets, se concentraron ayer a las puertas del Ausiàs March y después, desafiando el mal tiempo, desfilaron por las principales calles del municipio, interrumpiendo el tráfico de la carretera de Dénia, que fue desviado por dotaciones de la Guardia Civil y de la Policía Local. Junto a los vecinos que pertenecen a familias que llevan varias generaciones viviendo en Els Poblets, había también muchos padres y madres de origen europeo: no en balde, el 60% de los habitantes de este municipio son extranjeros que llegaron aquí en búsqueda de un destino privilegiado para vivir y que ahora se han visto sorprendidos por la degradación de los servicios educativos para sus hijos.

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      El cinisme i el negoci del transvasament. 10/05/2008.

      Escrito por: jordigrau el 10 May 2008 - URL Permanente

      CV. 09/05/2008.

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      El líder pro trasvase proyecta 1.200 casas con golf en Villena

      Martínez y el tenista Ferrero esperan la autorización del Consell - Los regantes creen que vender agua "echa por tierra" sus demandas.

      EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/05/2008

      El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, que ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones.

      Xúquer Viu tilda de "ilegal" la venta de agua de pozos para embotellar

      La firma de Martínez posee el 20% de los terrenos para la embotelladora

      Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50%, a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase del Ebro, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite. Pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante acordaron esta semana vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.

      El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo Xúquer Viu calificó de "ilegal" esta resolución, ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".

      Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras y malestar entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".

      El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.

      Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Una es la parcela conocida como La Casa del Padre, catalogada como suelo rústico agrario, y con una superficie de 19,4 hectáreas, y la otra tiene 14 hectáreas. Ambas están participadas por los mismos titulares a partes iguales. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres, SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas a título individual.

      La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.

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      La Generalitat justifica la venta de agua por el "estrangulamiento" hídrico de Valencia

      El Consell asegura que no han recibido "comunicación formal" de los regantes de Villena

      AGENCIAS - Valencia - 09/05/2008

      El portavoz del Consell, Vicente Rambla, ha afirmado hoy que la venta de agua de los regantes de Villena al Grupo Danone es consecuencia "de la política de estrangulamiento que en materia de agua sufre la Comunitat", aunque ha dicho que la Generalitat no ha recibido "comunicación formal" sobre ese asunto.

      La sequía azota España

      A FONDO

      Rambla se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo valenciano, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por la Comunidad de Regantes de Villena para vender 0,2 hectómetros cúbicos de agua procedentes de acuíferos a la citada multinacional.

      Según Rambla, el agua no llega a la Comunitat y los campos valencianos debe reducir las hectáreas en producción y de regadío, lo que provoca que se planteen decisiones como esta, "que con una actividad productiva del campo normal y con agua suficiente no se hubieran planteado".

      Por otra parte, la empresa del Grupo Danone, Aguas Font Vella-Lanjarón, ha confirmado que el pasado lunes presentó al Ayuntamiento de Villena un proyecto para la construcción de una planta embotelladora en dicho municipio, aunque "el proyecto está en fase muy inicial y tiene un horizonte a largo plazo".

      La secretaria de Medio Ambientes y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado que los regantes "no pueden vender agua ni a Danone ni a nadie" porque tienen "una concesión para uso agrario", que es "indisoluble".

      Rodríguez ha explicado que el agua a la que ellos renunciaran saldría a un concurso, al que podrían optar empresas e instituciones, y en el que el consumo humano tendría prioridad. Ya ha agregado que si se ha firmado un contrato entre los agricultores y la empresa, éste "no tiene ninguna validez jurídica", entre otras cosas porque los regantes no pueden decidir unilateralmente" porque el organismo responsable es la confederación.

      Molestia entre los regantes

      Pedro Menor, el presidente de la Comunidad General de Usuarios de Alto Vinalopó, que engloba a los regantes de Villena ha señalado que la venta de agua a la trasnacional es "totalmente inoportuna" y manifiesta su molestar porque echa por tierra sus reivindicaciones por agua.

      Menor justifica la decisión de la asamblea de regantes de Villena por una cuestión de "agobio económico", y recuerda que junto a estos regantes de esta comarca alicantina, de la que también toman agua dos comunidades del Medio Vinalopó y de Caudete, han invertido 52 millones de euros en modernizar las infraestructuras de riego.

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      Los usuarios del Vinalopó rechazan la venta de agua porque arruina su petición de trasvases

      01:05 La Comunidad de Regantes del Alto Vinalopó, que integra a la de Villena, han calificado de "inoportuna" la venta de agua a la multinacional Danone ya aseguran que "echa por tierra" su reivindicación del agua. Más duro se ha mostrado , José Pascual Fortea, representante de los regantes del Júcar que aceptaron no obstaculizar el trasvase de aguas de este río al Vinalopó justificado en la crítica situación del acuífero alicantino: "El gran ýseñor del Aguaý del Consell en Alicante les ha salido rana", dijo.

      J.S./EFE, Valencia
      La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, a la que pertenecen los regantes de Villena que han aprobado la venta de parte de su agua de regadío a Danone para ser embotellada, ha mostrado su malestar por este hecho, ya que echa por tierra su reivindicación del agua.
      El presidente de la Comunidad General de Usuarios de Alto Vinalopó, Pedro Menor, afirmó que la venta del agua por parte de esta comunidad -la mayor de todo el Alto Vinalopó, pues engloba al 40 % de la superficie- es "totalmente inoportuna".
      Sin embargo, Menor justifica la decisión de la asamblea de regantes de Villena por una cuestión de "agobio económico".
      El presidente recuerda que los regantes de esta comarca alicantina, de la que también toman agua dos comunidades del Medio Vinalopó y de Caudete (Albacete, Castilla-La Mancha), han invertido 52 millones de euros en modernizar las infraestructuras de riego.
      Pese a las ayudas estatales, Menor indicó que son muchos los agricultores pagando préstamos en una situación incierta por la falta de agua.
      Según Menor, en el Alto Vinalopó se extraen 120 hectómetros, de los que el 46 % son para consumo y el resto para regadío.
      Esta cantidad se extrae de pozos sobreexplotados y, además, según la Directiva Marco del Agua se ha de reducir a 40 hectómetros para preservar los recursos naturales.
      No obstante, el cambio del uso del agua de regadío para su embotellado debe ser aprobado por la Confederación, algo, que según Menor, "no es tan sencillo".
      Además, reitera que esta venta, que supondría la reconversión de 200 hectáreas de regadío en secano, debilita las reivindicaciones de los regantes de las 14 comunidades que forman parte de la Comunidad General de Usuarios de Alto Vinalopó, que engloba también a usuarios de acuíferos y a los ayuntamientos de Regantes del Vinalopó "un ejemplo para toda la Comunitat y para toda España".
      "Nosotros no vendemos el agua"
      El presidente de los Regantes de Sueca y portavoz de los Usuarios del Júcar, José Pascual, se mostró ayer indignado por la venta de agua promovida por la comunidad de Villena y dijo que el "escándalo" permitiría saber "quien es quién" en el "embrollo" del agua.
      "Resulta de un cinismo desmedido que quien ha dicho que nosotros, los regantes del Júcar no somos solidarios y nos ha pedido una agua que supuestamente no tenía sea ahora quien la venda".
      "A mi no me importa -añadió José Pascual- si él vende una parcela o dos o las que tenga, mejor para él, pero ese señor, que ha montado todo el bollo con el agua del azud de la Marquesa porque, según decía, quería agua de calidad, desprestigiando la agricultura del Júcar y poniendo en peligro la producción de nuestras cooperativas venda ahora el agua que tiene es el colmo de la incoherencia y la insolidaridad: es un sinvergüenza que quiere lo suyo y lo de los demás".
      "Espero que Camps se dé cuenta"
      José Pascual Fortea dijo que el conflicto podría servir para que el presidente Francisco Camps se de cuenta "de los amigos y los apoyos que se ha buscado en Alicante y con quien se juega el dinero: un señor que te da la mano y luego te vuelve la espalda".
      El portavoz de los Usuarios del Júcar dijo que "no se puede reivindicar agua de este río y del Ebro y después venderla".
      "Se nos ha dicho de todo, insolidarios, lacayos de Esquerra Republicana..., pero hemos defendido la seriedad del agua, la solidaridad. Nosotros no vendemos agua mientras que los sinvergüenzas se ven a una legua de camino. A los amigos los escoge uno y nuestro presidente -en alusión a Camps-debería abrir los ojos. El ýseñor del Aguaý que eligieron les ha salido rana".
      Por su parte, Xúquer Viu calificó de "ilegal" el cambio de uso que pretenden los regantes de Villena y avanzó que presentará recurso en el expediente que necesariamente debe abrir la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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      Danone prevé un balneario junto a la embotelladora en una segunda fase del proyecto
      Un ex alcalde del PP y dos promotores de Cullera comparten con Martínez la propiedad de la parcela
      Rambla justifica la operación de Villena por la "desesperación" de los agricultores
      El Consell rebaja el recurso por el minitrasvase a un añadido al presentado contra la derogación
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      Rita Barberá: "los valencianos van a pelear hasta la última gota de agua"

      La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado hoy en Gandia que los valencianos "van a pelear hasta la última gota de agua, y van a oír nuestra voz porque estamos hartos de tantas mentiras", en referencia a la demanda del PP valenciano a un trasvase del Ebro.
      EFE

      Barberá ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el acto político que el PP ha celebrado hoy en el Teatro Serrano de Gandía, que ha contado con la presencia del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, y del líder regional de la formación en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

      La alcaldesa de Valencia ha arremetido contra el Gobierno central, al que ha acusado, en tono irónico, de "inventar la ingeniería lingüística, utilizando el sentido de las palabras para justificar sus políticas".

      Se ha referido Barberá a unas declaraciones del ministro de Economía, Pedro Solbes, sobre la crisis económica, que el dirigente socialista definió como "la fase bajista del ciclo".

      "Siguiendo ese estilo, a la subida del precio de la luz se llamará fase alcista de la compensación económica por el alumbrado", bromeó.

      Ha criticado también al Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por justificar "el colapso de justicia como una ralentización endémica derivada del franquismo".

      "Y para acabarlo de arreglar los agricultores son trabajadores del Medio Rural", ha añadido en referencia al nuevo Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

      La alcaldesa de Valencia ha reiterado su apoyo a Mariano Rajoy, de quien ha dicho que en "estos momentos difíciles está demostrando mucha fortaleza, mucha prudencia, y mucha templanza, valores que tiene que tener un presidente del Gobierno".

      "No tenemos excedentes de agua", ha insistido Barberá, "pero sí de ilusión, responsabilidad y trabajo", y "vamos a canalizar toda esta fortaleza para que triunfe el proyecto del PP liderado por Mariano Rajoy".

      Por su parte, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, que también ha intervenido en el acto, ha reivindicado la llegada del agua del Ebro a la Comunidad Valenciana, y ha lamentado que los socialistas "sean ahora poetas y llamen al trasvase de Cataluña aportación puntual de agua entre cuencas".

      Rus ha exigido al Gobierno central para los valencianos "como mínimo lo mismo que se les da a los catalanes", como ciudadanos también de "primera división".

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      Los usuarios del Vinalopó rechazan la venta de agua porque arruina su petición de trasvases
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      El Consell se desdice y no recurrirá al Constitucional por el trasvase a Cataluña

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      Jordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.

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