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El Consell financia rehabilitar la Facultad de Medicina de la Católica con 250.000 euros

Recurrirá para mantener el anticipo de 343 millones que el PP ha menospreciado estos años alegando que no suponía ni un euro más

J. G. G., Valencia
Además del apoyo oficial a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, cuya licenciatura no ha sido reconocida por el Ministerio de Educación, el Consell de Camps financiará también parte de la rehabilitación del edificio que alberga estos estudios y el rectorado. El Ejecutivo aprobó un convenio de colaboración con la universidad para cubrir el 4% del coste total de la intervención en el edificio San Carlos Borromeo, según anunció ayer el portavoz del Consell, Vicente Rambla.
El porcentaje supone una aportación de 250.000 euros a unas obras de rehabilitación que el 17 de septiembre inauguraron Camps y el cardenal Agustín García-Gasco. Éste mismo descubrió una estatua en su honor que presidirá el patio de la Facultad de Medicina. El espaldarazo, ahora también económico, se produce a una facultad que todavía no tiene permiso para dar los títulos de Medicina.
Por otro lado, Rambla reiteró que el Consell requerirá al Gobierno la anulación de la resolución por la cual se le deniega a la Generalitat -al igual que al resto de autonomías- la concesión de un anticipo de tesorería de 343 millones para la atención sanitaria a cuenta de la liquidación definitiva de los tributos cedidos y del fondo de suficiencia del ejercicio 2008. En caso de desestimarse, indicó que el Consell recurrirá en vía contencioso-administrativa. El argumento es la "falta de motivación" y "explicación" con que fue adoptada, dijo. Sin embargo, el acuerdo detalla claramente que, a la vista de los ingresos del Estado hasta la fecha, "inferiores" a los estimados en su momento, no cabe dar anticipo a ninguna comunidad, ya que podría darse el caso de que, al efectuar la liquidación, sea negativa.
Rambla, quien reclamó una reunión del Consejo de Política Fiscal, destacó que el anticipo es "una cuantía significativa" y su denegación, un "claro perjuicio" a la sanidad valenciana y las arcas de la Generalitat por el "evidente desequilibrio" que supone el no poder contar con un ingreso fijo "por sorpresa y a dos meses de cerrar el ejercicio". Las declaraciones contrastan con el menosprecio con el que el PP y el Consell se han referido estos años al anticipo, la medida estrella que Zapatero ofreció a las autonomías en la segunda conferencia de presidentes autonómicos para aliviar sus problemas de financiación. El Consell y el PP ha insistido estos años en quitar todo el valor al adelanto, alegando que no suponía ni un euro más. Incluso Economía dictó una orden para que en la contabilidad no figurara como una transferencia del Estado sino como ingresos por tributos, ocultando la inyección de fondos.
Los PGE "complican" la situación
"Zapatero no nos da nada", clamó en las Corts el titular de Sanidad, Manuel Cervera, en mayo, en un debate sobre los anticipos. En el polo opuesto, el PSPV ha presentado estos fondos -más de 1.000 millones entre 2005 y 2007- como si fueran financiación extra.
El vicepresidente censuró que los Presupuestos del Estado no incluyan la nueva financiación autonómica, por lo que se "perderá un año más" y se aplazará la cuestión a 2010, cuando "la situación de nuestros ayuntamientos y autonomías, y especialmente de la Comunitat, se habrá complicado de manera importante", advirtió.

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Una reunión como la de la Casa Blanca

La CE investiga 129 PAI que se tramitaron sin tener el agua garantizada por la confederación

Bruselas no solicitará la suspensión cautelar de los planes urbanisticos hasta que haya sentencia

El Consell aduce que la CHJ vota en contra del 75% de planes

Urbanisme depredador.

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Als valencians els enganyareu, banda de delinqüents, però a Europe i el Món us serà més difícil.

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Europa amenaza con llevar a España a los Tribunales por irregularidades de dos empresas públicas valencianas

ELPLURAL.COM / EFE

La Comisión Europea amenazó este jueves con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no aclara las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos por parte de dos empresas públicas valencianas.

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La CE amenaza con llevar al Tribunal de la UE las infracciones del Ivvsa y Aumsa

La Comisión ha remitido a España un dictamen motivado y requiere una respuesta en dos meses

N. Aguado, Bruselas. corresponsal
La Comisión Europea continúa adelante con su procedimiento de infracción contra España al considerar que las empresas valencianas de capital público Ivvsa (Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.) y Aumsa (Actuaciones Urbanas de Valencia, S.A) han infringido la legislación comunitaria en materia de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (Directiva 2004/18/CE), así como el principio de igualdad de trato también estipulado en los artículos 43y 49 del Tratado de la Unión Europea (UE).
En concreto, el Ejecutivo comunitario alega que Ivvsa y Aumsa crearon sociedades mixtas a las que asignaron "tareas de ordenación urbanística", por tanto "contratos públicos", sin respetar las "disposiciones de las directivas sobre contratación pública, en particular en materia de publicidad, ni el principio de igualdad de trato".
Motivo por el cual, Bruselas ha decidido enviar un dictamen motivado, segundo de los tres pasos del procedimiento de infracción, contra España -la Comisión Europea se dirige directamente a los Estados miembros y no a las autoridades regionales-.
"Ahora esperamos la respuesta" de Madrid antes de que concluya el plazo estipulado de dos meses. Tras lo cual se abrirá el proceso para el examen de la información recibida por parte de los servicios comunitarios. Un proceso que puede ser "rápido o lento" dependiendo de la complejidad y el volumen de la misma, explicaron fuentes de la Comisión Europea. En cualquier caso, si la respuesta es insatisfactoria, el Ejecutivo comunitario puede recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Hace más de un año, en junio de 2007, la Comisión Europea dio el primer paso de este procedimiento de infracción, la carta de emplazamiento. Pero, tras analizar la primera repuesta remitida por Madrid en el plazo de los dos meses establecidos, los servicios de la Dirección General de Mercado Interior han decidido continuar con el procedimiento de infracción. "El análisis de toda la información puede tomar un año" indicaron fuentes comunitarias que no comentaron el contenido de la respuesta ni los argumentos en defensa de ambas empresas de capital pública valencianas.
Tanto Instituto Valenciano de Vivienda como Actuaciones Urbanas de Valencia son sociedades anónimas cuyo capital está controlado en su totalidad por la Generalitat Valenciana y por el Ayuntamiento de Valencia, respectivamente. Ambas sociedades llevan a cabo, entre otras actividades, "estudios urbanísticos y trabajos de infraestructura y de gestión de la actividad urbanística, lo que incluye la rehabilitación y la promoción de viviendas sociales", explica la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario considera que cuando Ivvsa y Aumsa asignaron estas tareas de ordenación urbanística a las sociedades mixtas que habían creado estaban adjudicando contratos públicos de forma irregular, ya que no cumplieron ni el principio de igualdad de trato ni determinadas disposiciones en materia de publicidad de las normativas comunitarias sobre contratación pública.

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Sanidad adjudica el concurso de resonancias a la empresa más cara

La conselleria pagará 475 millones por diez años de prestaciones

P. G. del Burgo, Valencia
El director gerente de la Agencia Valenciana de la Salud, Luis Rosado, firmó ayer la adjudicación del concurso de Resonancias Magnéticas en los hospitales valencianos, que tendrá una duración de diez años, a la UTE Erescanner Salud que está integrada por las empresas Eresa, Inscanner SL, Ribera Salud y Beanaca, S. A.
Esta prestación sanitaria que fue licitada como un lote único para toda la Comunitat por un valor de 497 millones de euros fue adjudicado por 475 millones de euros, una cantidad notablemente superior a la ofertada por la segunda UTE que también concurrió al concurso que ofrecía el servicio por 397 euros.
Esta UTE está formada por el Grupo 3-Recoletas y la empresa valenciana Diagnosalud, que el primer criterio de selección obtuvo 30 puntos que era el máximo de puntuación.
La Mesa de Contratación de la Conselleria de Sanidad ogtorgó 91,97 puntos a la UTE adjudicatoria del concurso y 54,60 a la segunda.
La UTE ganadora se ha constituido espresamente para optar al concurso de Resonancias. Además de Eresa, Inscanner y Beanaca (estas dos últimas vinculadas al empresario Carlos Paz, amigo de Zaplana), se sumó Ribera Salud S. A., que está formada por Bancaja y la CAM. Parece ser, que un alto cargo político del PP convenció a ambas entidades financieras para que se integraran en la UTE ganadora del concurso.
La Comunitat Valenciana es la autonomía que más paga por una exploración de Resonancia Magnética. De hecho, los responsables sanitarios han intentado recortar este gasto obligando a las empresas adjudicatarias a rebajar el precio de las exploraciones.
No obstante, este periódico ha podido saber que la Conselleria de Sanidad tiene una deuda de 50 millones de euros con las actuales adjudicatarias.
La UTE Grupo 3-Recoletas y Diagnosalud recurirrán la adjudicación del concurso.

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Sanidad opta por la oferta más cara en el millonario concurso de las resonancias

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A la major glòria de Camps i perquè ens sobren diners...

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El jefe del Consell anuncia que RTVV tendrá un canal informativo de 24 horas

J. F.

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tendrá un nuevo canal de información 24 horas al día que se sumará a Canal 9, Punt 2 y el Canal Internacional. Lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en un acto sobre nuevas tecnologías celebrado en la Ciudad de las Ciencias de Valencia, donde reunió a la mayoría de consejeros y altos cargos del Consell, diputados autonómicos, representantes de las organizaciones empresariales y a las amas de casa Tyrius. Fuentes de Presidencia indicaron que el coste del nuevo canal de televisión no será muy elevado y permitirá rentabilizar el trabajo de los profesionales de RTVV.

El anuncio de un nuevo canal se produce sin que el Consell haya presentado el contrato programa para intentar sanear Canal 9, que durante los últimos años sólo ha salvado la situación de quiebra por las aportaciones y los avales de la Generalitat. Una situación que no ha evitado que la deuda del ente Ràdio Televisió aumente de año en año.

También está pendiente de poner en marcha el Consell del Audiovisual, un órgano reclamado en infinidad de ocasiones para garantizar la pluralidad informativa de Canal 9, cuyo partidismo en los noticieros genera desde hace años un sinfín de protestas por parte de partidos, sindicatos y toda clase de colectivos sociales.

Camps argumentó que el nuevo canal informativo de Ràdio Televisió Valenciana permitirá informar fuera de lo que ocurre aquí, de los temas que interesan a los valencianos y de la visión que tienen estos de lo que sucede.

El acto fue utilizado por Camps para agradecer el esfuerzo realizado por Fernando de Rosa como consejero y para anunciar que el Consell pretende coordinar las nuevas aplicaciones informáticas de la Administración para aprovechar las sinergias del sector público y el sector privado.

De Rosa indicó que el Consell está trabajando en un nuevo portal de la Generalitat valenciana, el programa Horizonte 2009-2012, el Prop 24 horas, la red Comdes de móviles, el plan Moderniza-Just para juzgados, el Orion-Clinic para historias clínicas y otras plataformas.

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Mentre hi hagi un pam quadrat urbanitzable i un del PP per a embutxacar-se'l...

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La Conselleria de Cultura emite un informe favorable a la aprobación del PAI Marina d'Or Golf

El estudio es el paso previo para la declaración de impacto ambiental del proyecto

E. P., Castelló
La Consellería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, ha emitido informe favorable a la aprobación del PAI Marina d'Or Golf, según informó en un comunicado el grupo empresarial. Este informe es el paso previo a la Declaración de Impacto Ambiental de la que está pendiente la aprobación de dicho PAI por la Consellería de Medio Ambiente, la cual solicitó informe a la Consellería de Cultura, que lo ha realizado en términos favorables.
Al ser un PAI que ocupa varios millones de metros cuadrados, tiene dentro de él algunas zonas de vigilancia arqueológica, es decir, áreas concretas delimitadas en las que antes de construir hay que hacer una excavación o pruebas arqueológicas para extraer o bien descartar hallazgos de interés.
El PAI Marina d'Or Golf cuenta con un estudio arqueológico, basado en prospecciones preliminares realizadas sobre la totalidad del terreno. Dicho estudio ha permitido que el trazado de las futuras calles y edificios se disponga de tal manera que las zonas de vigilancia arqueológica coincidan con jardines y usos urbanos más compatibles con el buen desarrollo de los trabajos arqueológicos, según las mismas fuentes.
Después de más de un año de comprobaciones y pruebas complementarias, la Consellería ha dado el visto bueno final a la propuesta de Marina d'Or, abriendo la posibilidad de que el PAI se apruebe ya.
A medida que se desarrolle la futura urbanización, se irán realizando paralelamente las investigaciones arqueológicas en las zonas previstas, con un programa de investigación que se encomendará a la Fundació Marina d'Or de la Comunitat Valenciana.
El Grupo Marina d'Or tiene confianza en que, por lo menos, en alguna de las áreas delimitadas se logren resultados con las excavaciones. Si así fuera, no se descarta la posibilidad de crear una exposición permanente, posiblemente en Torre la Sal, como atractivo turístico para la zona, señalaron.

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A la màfia Consell / Arquebisbat, ara s'uneix el Col.legi de Metges?

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El colegio médico respalda Medicina de la Católica pese a no tener el título homologado

Levante-EMV, Valencia
El Colegio Oficial de Médicos de Valencia calificó la inauguración del miércoles de la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, en el edificio de San Carlos Borromeo, del siglo XVIII, como una "noticia extraordinaria", según su presidente, Vicente Alapont.
Para el representante de los médicos valencianos, la Facultad de Medicina católica es una muestra clara del empeño que tiene el Arzobispado "en esta mini batalla" que parece existir motivada por las pretensiones del Ministerio ante la cual "creo que al final se logrará vencer".
Según Alapont, "faltan médicos en España y es muy importante que una institución privada complemente todas aquellas plazas que no complementa la pública".
También el Colegio de Enfermería de Valencia, a través de su presidente, Juan José Tirado, se congratuló de la recuperación del edificio de San Carlos Borromeo al igual que hizo el decano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valencia, Juan López Boluda, señala la agencia del Arzobispado, Avan.
En similares términos se pronunciaron el presidente del Consell Valencia de Cultura, Santiago Grisolía, y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia que agradecieron la utilidad que se le da a este histórico edificio.

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CV. 09/09/2008.

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La LUV cambiará el año que viene

La falta de agua, la vivienda cara y el cambio climático amenazan la Ley Urbanística Valenciana

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El Parlamento Europeo analizará hoy denuncias sobre urbanismo

Efe, Bruselas

Efe, Bruselas
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo volverá a analizar hoy varias denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana. Los eurodiputados estudiarán denuncias presentadas por diversas plataformas y asociaciones de vecinos ante varios proyectos de construcción que afectarían a zonas de interés comunitario y que, según los peticionarios, infringirían las leyes europeas de medio ambiente. Entre las quejas figuran la de la plataforma Salvem la Casella, que avalada por 15.000 firmas denuncia tres proyectos urbanísticos en el valle de Aguas Vivas (Valencia), y la de la asociación de Vecinos Sant Joan del Riu Sec, en contra de la supuesta construcción excesiva en Castelló de la Plana.
Campo de golf en un humedal
La Eurocámara escuchará también a la asociación Ciudadanos de Benicàssim Contra los Abusos Urbanísticos, que denuncia que el Plan de Actuación Integrada (PAI) prevé la construcción de un campo de golf en un humedal que será secado de forma artificial y la construcción de 8.000 viviendas "sin garantizar la atención de las necesidades adicionales en relación con el suministro de agua".
Además, la comisión de Peticiones analizará una queja sobre la falta de medidas para la protección del medio ambiente en Massalavés (Valencia) en relación con la actividad de una fábrica de ladrillos local y otra de la Asociación de Vecinos de Hondón de las Nieves (Alicante) sobre el posible impacto negativo de la construcción en la localidad.
La pasada semana, la Conferencia de Presidentes de grupos políticos del Parlamento Europeo ya dio luz verde a la comisión de Peticiones para elaborar un nuevo informe sobre los supuestos excesos del urbanismo español y, principalmente, del que se registra en la costa valenciana.

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Ford deja en el paro a 1.300 empleados por la crisis del sector

IGNACIO ZAFRA

La empresa asegura que en enero se reincorporarán a sus puestos

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Los socialistas urgen el debate de política general

MIGUEL OLIVARES

Los socialistas replicaron ayer a la envenenada oferta para pactar un calendario parlamentario que planteó el lunes el portavoz del PP, Ricardo Costa, con su propia iniciativa al respecto. Isabel Escudero y Toni Such, vicepresidenta segunda y secretario segundo de la Mesa de las Cortes, plantearon ante el órgano de gobierno del Parlamento autonómico que el debate sobre política general se celebre el 17 y el 18 de septiembre. Un pleno extraordinario inmediatamente posterior permitiría votar a los dos magistrados que las Cortes Valencianas deben proponer al Senado conforme al nuevo mecanismo para elegir a los componentes del Tribunal Constitucional. Esa votación debe celebrarse antes de fin de mes. La propuesta de los socialistas permitiría celebrar a continuación cuatro plenos ordinarios y destinar una semana a reuniones en comisión antes de que los diputados consagren todos sus esfuerzos al debate de los presupuestos.

Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, evitó la iniciativa y se alineó con el portavoz del PP, quien planteó llevar a la Mesa de las Cortes una propuesta consensuada, como mínimo, con los socialistas. Pero el portavoz del PP vinculó el acuerdo a la inmediata votación de José Cholbi, vicepresidente de las Cortes, como Síndic de Greuges, tal como se pactó con los socialistas en abril pasado.

"¿Si no votamos al Síndic de Greuges no se van a convocar plenos?", se preguntaban incrédulos ayer diputados socialistas y de Compromís.

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Camps prolonga tres meses las vacaciones de las Corts al dilatar el debate general y la remodelación

Busca marcar la iniciativa en el nuevo curso pero la Cámara no se reúne en pleno desde el 26 de junio

J. G. G., Valencia
En tiempos de crisis, vacaciones en las Corts. La estrategia de los populares de dilatar el debate de política general y la remodelación del Consell supondrá la paralización de la actividad en el Parlamento casi tres meses, ya que la última vez que se reunió el pleno fue el 26 de junio. En julio hubo dos convocatorias de la Diputación Permanente pero estas son reuniones excepcionales y a ella pertenece sólo una veintena de parlamentarios. Hay diputados que desde el 26 de junio no pisan la Cámara. El presidente, Francisco Camps, pretende con ello arrebatar protagonismo al congreso que el PSPV celebrará del 26-28 de septiembre, del que saldrán los nuevos líderes del socialismo valenciano, y marcar los tiempos en el inicio del curso (con el debate sobre la Comunitat) y no que las nuevas caras del PSPV marquen la agenda.
De este modo, los populares tienen previsto agotar los plazos que obligan al aún conseller de Justicia, Fernando de Rosa, a abandonar el Consell para tomar posesión de su nuevo cargo en el Poder Judicial, para el que las Cortes Generales lo nombrarán los próximos 16-17 de septiembre pero en el que no incurrirá en incompatibilidad hasta el 23. De ahí la reacción del PP, que ha seguido con la actividad normal como si nada hubiera ocurrido. Ayer mismo, De Rosa hizo una rueda de prensa de gestión ordinaria aunque no pudo evitar que las preguntas giraran sobre su salida.
Los días de la toma de posesión de De Rosa -cuya propuesta no requiere un pleno de las Corts, como por una confusión se difundió el lunes desde el PP- son los previos al fin de semana en el que el PSPV hará su congreso. No pocos responsables populares creen que Camps podría contrarrestar las nuevas caras del PSPV con una remodelación a fondo del Consell que incluya reducción de conselleries, más mujeres y quizá la entrada del secretario regional y portavoz en las Corts, Ricardo Costa.
La otra cuestión es el debate de política general. La Cámara debe celebrar un pleno antes del 29 para proponer a dos representantes para el Tribunal Constitucional. Ayer, responsables parlamentarios no descartaban que el PP convoque un pleno para ese lunes, 29, y a continuación, se inicie el debate, que finalizaría el 30. El cónclave socialista quedaría emparedado entre la remodelación y el debate, de modo que la iniciativa política la marcaría el presidente y no las novedades en el PSPV. Luego, el 17-18 de octubre, vendría el congreso del PPCV.
El PSPV pide que el debate sea el 17
En la reunión de ayer de la Mesa de las Corts, los socialistas propusieron un calendario en el que se preveía el debate para el 17-18 de septiembre y en que la semana de su congreso habría también pleno. La presidenta, Milagrosa Martínez, rechazó tratar la cuestión alegando que el día anterior Costa le expresó su voluntad de consensuar el calendario. Pero esa negociación no existía, al menos ayer. Rafael Maluenda sostuvo que la propuesta del PSPV era una muestra de que no quiere pactar las fechas. Pero los populares han planteado una exigencia para ello de imposible cumplimiento al PSPV: el desbloqueo sin más del Síndic de Greuges.
El día 16 se reunirá la junta de portavoces para tratar el calendario, lo que aplazaría el debate general al menos hasta la siguiente semana. Los populares alegan que es tradición que los días previos a los congresos de los partidos no haya sesiones, pero desde el PSPV se recordaba ayer que esa es una deferencia que no puede imponerse si el partido afectado no lo desea. Es cierto que el debate sobre la Comunitat se realiza todos los años a mediados de septiembre pero precisamente las circunstancias de este mes llevaron la semana pasada al portavoz del PSPV, Ángel Luna, a plantear que el debate fuera ya el 4 de septiembre, y así no demorar más el inicio de la actividad. El PP lo rechazó.
El resultado de todo ello es una parálisis palpable en las Corts. La única actividad a la vista es una comisión, mañana, para la ley de puntos de encuentro familiar. Pero la sensación de inactividad generada por este impasse es mucho mayor. E incluso afecta al Consell, ya que, por más que los consellers se esfuercen por aparentar normalidad, no son pocos los que están inquietos ante una remodelación.
Si el 26 de junio fue el último pleno, Camps no se somete al control desde el 12 de junio. Y eso tras un periodo de sesiones sin apenas plenos, ya que a las generales de marzo se sumaron las fiestas diversas. Tras arrancar el año, no hubo pleno hasta el 20-21 de febrero. De ahí se saltó al 9-10 de abril (salvo la simple elección como senador de Ferrada el 25 de marzo), el 16-17, el 22 y el 23-24 de abril; el 7-8, el 14-15 y el 21-22 de mayo; y el 4-5, el 11-12 y el 26 de junio. Once plenos hasta septiembre, a casi uno al mes.

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Compromís hace la "esquela"

El grupo de Compromís remitió ayer por correo electrónico la simulación de una "esquela" de las Corts para representar la defunción de la institución y en la que se señala en valenciano, bajo el epígrafe de "R.I.P. Milagrosamente descansa en paz. Les Corts", que se trata de una institución "representativa del pueblo valenciano, cuyos miembros fuimos elegidos en mayo de 2007 y que se fue de vacaciones el pasado mes de junio, después de un suave periodo de sesiones parlamentario y continúa con encefalograma plano". La coalición añade que los diputados y diputadas de ese grupo "no te olvidamos" y ruegan a la ciudadanía que remitan e-mails a la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, para su "urgente" puesta en marcha.
La portavoz, Mónica Oltra, presentó una solicitud de "reunión urgente" de la junta de portavoces para que Martínez informe de por qué desconvocó la junta prevista para ayer en la que debía tratarse la fecha del debate de política general, y para que dé explicaciones sobre la "inactividad" de la Cámara.

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Font de Mora pide depurar los datos de fracaso escolar al MEC

NEUS CABALLER

La Generalitat -a través de su responsable de Educación Alejandro, Font de Mora- reclama al Gobierno central una "depuración" y "homogeneización" de las estadísticas que anualmente elabora el Ministerio de Educación, "en línea con lo comentado la semana pasada en la comisión sectorial". En la misiva remitida por correo electrónico el pasado lunes, Font de Mora traslada a la ministra Mercedes Cabrera su "preocupación por las estadísticas educativas hechas públicas por su ministerio y, en concreto, las referidas al fracaso escolar".

El consejero se centra en el informe "con datos erróneos sobre fracaso escolar" difundido el día de la apertura del curso, el 8 de septiembre, por la revista especializada Magisterio, por considerar que "perjudica sensiblemente al prestigio de nuestro sistema público educativo y, más aún, el de la Comunidad, que ha sido víctima del error más grosero". Asimismo, se queja de que la Generalitat ha puesto en marcha el Plan CreaEscola con 505 centros educativos y una inversión de 1.726 millones para "atender el crecimiento demográfico espectacular" y se ha hecho "sin aporte económico del Gobierno, en contraste con la colaboración del ministerio con Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia que recibieron 40,1 millones, 31,7 y 16,4", respectivamente.

Por su parte, el Gobierno, a través de su delegado, Ricardo Peralta, consideró "ilógico y poco razonable" que el Consell se queje de los datos de fracaso escolar del ministerio, cuando los informes se elaboran a partir de las cifras que proporcinan las comunidades autónomas. Asimismo, lamentó que utilice "una vez más el manido argumento de culpar a Madrid del fracaso en su gestión educativa" y consideró "poco razonable" que, habiendo efectuado "inversiones de más de 1.000 millones, se queje de una mínima ayuda como la que va a recibir Andalucía".

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Font de Mora pide al ministerio más dinero y la mejora del fracaso escolar

La Delegación del Gobierno responsabiliza de las cifras al conseller

Levante-EMV, Valencia
El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, remitió el jueves pasado a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, una carta en la que reclama al Gobierno central una "homogeneización y depuración" de los datos sobre fracaso escolar con el fin de evitar "datos erróneos" que afectan al "prestigio" del sistema educativo público valenciano, que está siendo víctima "del error más grosero". Asimismo, el representante del Consell exige que la Comunitat reciba fondos estatales para infraestructuras "al igual que otras comunidades autónomas" según informaron ayer.
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana contestó ayer, ante esta iniciativa, que es "ilógico y poco razonable" que la conselleria se queje de los datos sobre fracaso escolar del Ministerio cuando elabora sus informes "a partir de las cifras que proporcionan las comunidades autónomas". Sobre la solicitud de ayudas para infraestructuras escolares, agregaron que "es poco razonable que habiendo efectuado, según sus propios datos inversiones por mas de 1.000 millones y tenga prevista otra de más de 1.700 millones de euros se queje de una mínima ayuda que va a recibir Andalucía de unos 40 millones".
Por su parte, CC OO criticó que la conselleria utiliza los recursos del ministerio para mejorar el sistema educativo "a su antojo".

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Educación rebaja a 25 los profesores que necesita para dar Ciudadanía en inglés

La conselleria cuelga en su web la resolución que matiza que haya dos profesores en el aula

Maite Ducajú, Valencia
Las pretensiones de la Conselleria de Educación sobre la impartición de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía han sido rebajadas, aunque en los esencial: la enseñanza en inglés, se mantiene, según la resolución que ayer colgó este departamento en su página web, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia que suspende la opción de aprobar por trabajos.
El número de profesores que se necesitan para dar Ciudadanía en los institutos de la provincia de Valencia también son, al final, menos de los que la conselleria había estimado inicialmente. Según declaró ayer a Levante-EMV la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, será necesario contratar unos 25 profesores más que sean licenciados en Filosofía o Geografía e Historia y que tengan competencias lingüísticas en inglés. Además, se abastecerá de las actuales bolsas.
La resolución que establece las orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas de esta asignatura admite que las pruebas escritas de Ciudadanía "se podrán efectuar indistintamente en castellano, valenciano e inglés" y que "corresponde al profesor que tenga atribuida la docencia de la materia decidir sobre las calificaciones" de sus alumnos.
Así, matiza que este profesor "podrá contar con la presencia simultánea en el aula del profesor especialista en lengua inglesa" con lo cual no es obligatoria la presencia de ambos. De estar los dos "corresponderá" al de inglés "vehicular la impartición de a materia de acuerdo con las orientaciones que tenga atribuida la docencia de la misma y de conformidad con la programación didáctica elaborada por el departamento didáctico correspondiente".
En cualquier caso, ambos deberán "coordinarse semanalmente" en aspectos como la distribución temporal de contenidos, los instrumentos para evaluar el aprendizaje, los materiales y los objetivos.

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Malestar entre los directores de IES

La asamblea de directores de Institutos de Educación Secundaria (IES) de Valencia y provincia mostró ayer su malestar por la falta de instrucciones claras de la Conselleria de Educación a cinco días de comenzar las clases en sus centros, el próximo lunes, sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía.
Los directores desconocían al realizar su asamblea por la mañana la resolución de la conselleria, ya que ésta fue colgada después en la página web de Educación pero no publicada en el Diario Oficial de la Comunitat.
Los directores recordaron que habían planificado el curso y los horarios en julio, siguiendo las instrucciones que entonces les dieron, y que se habían organizado con otros centros para repartirse el profesor itinerante y compartido que imparta Ciudadanía en inglés. "Si debemos cambiar los horarios no podremos empezar el 15"advirtieron.

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EpC: Valencia estrena el profesor-traductor para burlar la ley. 06/09/2008.

CV. 05/09/2008.

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Rambla considera demagógica la congelación de sueldos en política

C. VÁZQUEZ

Barberá deja en evidencia al Consell al mantener los salarios

La obsesión del PP de oponerse a cualquier acción de los socialistas le lleva a conducir a menudo con el piloto automático y, en ocasiones, a salirse de la carretera. Es lo que le ocurrió ayer al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quien, preguntado por el anuncio del presidente del Congreso, José Bono, de congelar los sueldos de los diputados, no se detuvo a reflexionar y dijo exactamente lo que pensaba: "Es una medida demagógica.

Lamentablemente para el vicepresiente, ayer mismo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunciaba la congelación de los sueldos de los cargos municipales, dejando en evidencia a Rambla, quien, seguramente, no cayó en la cuenta de que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, también se había mostrado partidario de la medida. Los alcaldes socialistas de Elche y Gandia también anunciaron la congelación de los salarios de los concejales.

Esta simbólica austeridad le pareció a Rambla demagógica e intentó explicar el porqué: "Si dependiera del sueldo de los altos cargos el despegue de la economía española y valenciana, no sólo nos lo reduciríamos, si no que nos lo quitaríamos", apostilló.

El vicepresidente quiso cargarse de razón cuando recordó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de altos cargos son un ejemplo de austeridad salarial -Camps, puso como ejemplo Rambla, cobra un 52% menos que Bono-. Dicho esto, el vicepresidente aseguró que el Ejecutivo valenciano elabora para 2009 unos presupuestos "austeros en el gasto" e insistió en que el gabinete tomará en su momento las medidas de ahorro que sean necesarias. El número dos del Consell precisó, además, que de momento no se ha hablado de una remodelación del Ejecutivo autonómico.

Y una cosa llevó a la otra. Rambla fue interpelado por el anuncio hecho hace un año por la presidenta de las Cortes Valencianas, la popular Milagrosa Martínez, quien estrenó el cargo asegurando que se bajaría su sueldo y el del resto de parlamentarios autonómicos como ejemplo de austeridad. Pasado el año esta rebaja no se ha materializado, lo que llevó a Rambla a concluir que, dado que se creó una comisión al respecto para estudiar este recorte, ahora sería un buen momento.

Poco después de la comparecencia de Rambla, la alcaldesa de Valencia dejaba en evidencia al Consell al acordar en la primera junta de gobierno municipal tras las vacaciones congelar el sueldo a los concejales y cargos políticos.Las aportaciones económicas a los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia tampoco subirán, la revisión catastral ya se paralizó antes de las vacaciones e impuestos municipales como el IBI, vehículos, construcción o plusvalías no se incrementarán. Según Barberá, estas medidas pretenden que "haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y así potenciar el consumo y el dinamismo económico".

En Elche, el regidor socialista Alejandro Soler planteó la congelación de los sueldos y de las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comisiones informativas y consejos de administración de las empresas y sociedades municipales, informa Cristina Medina. También en Gandia, municipio gobernado por el socialista José Manuel Orengo, se apostó por parecidas medidas.

El grupo socialista en las Cortes salió a responder a Rambla y consideró una "indecencia política" que el Consell exija a otras instituciones la austeridad que rechaza en su gestión. Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía, recordó que su grupo viene exigiendo desde el pasado junio "la congelación de sueldos de todos los altos cargos de la Generalitat".

El vicepresidente del Consell dejó de lado la delicada situación económica española y valenciana para comentar los excelentes resultados que está teniendo la política de grandes eventos impulsada por la Generalitat. Según Rambla, el GP de Fórmula 1, el próximo campeonato del mundo de Motociclismo o la Volvo Ocean Race, que se celebrará en Alicante, tendrán un impacto económico de 8.000 millones de euros, supondrán 235.000 nuevos empleos (acumulados) y 52 millones de visitas.

La situación de las empresas, como dijo Rambla al comienzo de su comparecencia, preocupa y mucho al Gobierno valenciano. De ahí que ayer aprobase elevar el límite de endeudamiento del Instituto Valenciano de Finanzas -el banco de la Generalitat- en 300 millones de euros, de modo que el límite pasa a situarse en 650 millones de euros. Con esta medida, el Ejecutivo quiere ayudar a las empresas en un escenario de falta de liquidez a financiar proyectos de inversión, renovación de flotas, así como la reestructuración de pasivos financieros. Según Rambla esta ampliación "tiene efectos neutros" sobre el nivel de endeudamiento de la Generalitat.

El Gobierno declaró 2009 el año de la solidaridad, aprobó los estatutos del Centro Superior de Investigación en Salud Pública y anunció acciones legales para que la Administración General del Estado abone a la Generalitat y no a la Tesorería General de la Seguridad Social los servicios prestados por la sanidad pública a las mutuas de funcionarios como Muface o Mugeju o Isfas.

Por último, el gabinete de Francisco Camps dio luz verde al anteproyecto de ley por el que se elevarán las ayudas a las víctimas del terrorismo. Rambla instó además al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, a que "en lugar de meterse con el PP" incremente las medidas de seguridad ciudadana y evite que Alicante se convierta en la puerta de entrada de inmigrantes ilegales. En este sentido, anunció que el Consell pedirá una reunión con Ricardo Peralta para tratar esta cuestión.

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RTVV paga dietas sin justificar, según la auditoría

LYDIA GARRIDO

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) abonó en 2007 dietas por estancias en hotel sin que estuvieran justificadas. Esa es la política habitual del ente público y sus sociedades, según recoge el informe realizado por Ernst & Young sobre las cuentas del pasado año. La auditora recomienda al ente que acomode lo que recoge el convenio colectivo a la normativa de Generalitat, que es la de referencia.

El artículo 56 del convenio colectivo de Canal 9 y Ràdio 9 es el que establece qué es la dieta y los conceptos por los que se paga. Mientras, la ley de creación del ente establece que las retribuciones al personal de RTVV y de sus sociedades se adaptará con carácter general a lo que el Gobierno valenciano establezca para el personal a su servicio, especificado en un decreto de 1997. Esta norma precisa en su artículo 4 que "los gastos de hotel se justificarán con la factura y el importe a abonar será el efectivamente justificado, con un límite máximo". En cambio, indica que "los gastos de restauración tendrán un importe máximo", y de la lectura del decreto no se desprende que sea necesario presentar justificante de los gastos incurridos, ni que se abonen únicamente los gastos justificados.

Con estos datos en la mano, Ernst & Young dice que "la política de RTVV, TVV y RAV consiste en abonar el importe máximo sin recibir justificante alguno" en el caso de las facturas de hotel, lo que contradice el decreto.

Miguel Mazón, miembro del consejo de administración del ente a propuesta socialista, destaca que "ese no es el único incumplimiento que recoge la auditoría, ya que lo extiende a las aportaciones a planes de pensiones, a subidas salariales...". Según Mazón, "sólo se demuestra que no existe control".

Mazón pidió ayer la convocatoria de un plenario del consejo para que el director general, Pedro García, presente los presupuesto y para que explique la modificación por parte de la Generalitat de un préstamo de más 55 millones que difiere el pago cinco años más, sin amortizar capital y con mayores intereses. Además, exige explicaciones sobre el interés de Canal 9 en retransmitir Fórmula 1 y obtener los derechos.

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RTVV congela el sueldo de sus empleados y negocia el convenio

Levante-EMV, Valencia
En plena negociación del convenio colectivo, la dirección de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ha decidido no aplicar la revisión, de acuerdo con el IPC, que contempla la Ley de Presupuestos y el convenio vigente, según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). El responsable de esta sección sindical, Nacho Ángel, afirmó que la explicación oficial que les ha dado la empresa es que la Conselleria de Economia no ha autorizado al ente público la masa salarial disponible para este año. Desde el citado sindicato no se da crédito a esta versión y apuntan a que la situación sólo puede responder a que "la Generalitat no tiene un euro, a que el director general no tiene la más mínima capacidad de influencia o a que estén intentando ahogar a los trabajadores como medida de presión negociadora".

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I què? Visca la F1, els sobrecostos i que es fotin els dependents, i l'ensenyament i la sanitat públics.

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El puente entre Paterna y Manises costará el doble

C. V.

La Diputación licitó la obra por 6 millones y pagará 12

La construcción del puente que unirá los municipios metropolitanos de Paterna y Manises ha superado todas las previsiones posibles. La Diputación de Valencia, responsable de esta obra de 145 metros de longitud y que unirá las comarcas de l'Horta Nord con l'Horta Sud, se presentó en su día como un puente único en su género y, a juzgar por los sobrecostes que acumula, también uno de los más caros.

La corporación provincial lo licitó hace dos años por unos ocho millones de euros y lo adjudicó por dos millones menos a la constructora Rover Alcisa y sin los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuando el organismo de cuenca se pronunció, el proyecto se modificó para elevar la plataforma de esta infraestructura y así adaptarla a la posibles crecidas del río Túria.

A mitad de obra y tras modificaciones por valor de 1,2 millones de euros, la empresa rescindió el contrato y recibió 6,6 millones de euros en concepto de liquidación, el mismo importe por el que se licitó, a pesar de que sólo se había hecho la mitad del proyecto.

El puente salió de nuevo a licitación y se adjudicó a la constructora Cyes por otros cinco millones de euros. Y "por si fuera poco", denuncia Fernanda Escribano, portavoz municipal del PSPV en Manises, "la situación se redondea con otra modificación por obras complementarias valorada en más de un millón de euros".

La conclusión es clara, dice Escribano: la diputación pagará al final por este puente el doble de lo previsto. La socialista culpa del desaguisado al diputado de carreteras de la corporación provincial y alcalde de Manises, Enrique Crespo, y anuncia que su grupo estudiará llevar el caso ante la fiscalía para que lo investigue.

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-Pero no le dés más puñaladas, hombre. -Pues que deje de llamarme asesino.

Mira que voler investigar les trapaceries urbanístiques del PPCV. Els europeus ens tenen mania perquè som més valencians que ells!

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El PP critica el nuevo informe sobre el ladrillo de la UE

EL PAÍS

El PP cargó ayer contra la decisión del Parlamento Europeo de elaborar un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea. La portavoz de asuntos europeos de este partido en la Cortes valencianas, Emma Iranzo, indicó que este documento "agravará aún más la crisis" de la construcción. Este sector será, dijo, "el único perjudicado por esta criminalización que se suma a la peor crisis de su historia".

Además, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, advirtió que estarán "vigilantes" para que el Gobierno traslade al Tribunal Europeo de Luxemburgo todas las alegaciones que han presentado después de que éste admitiera un recurso de la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana.

Por su parte, la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim anunció ayer que el 10 de septiembre presentará en el Parlamento Europeo el tercer pliego de pruebas sobre la supuesta violación por parte del Ayuntamiento de directivas sobre publicidad y obras y servicios públicos, así como medioambientales en el PAI Benicàssim Golf.

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El Consell aduce la normativa urbanística de otras comunidades para defenderse ante Europa

Rambla espera que el Gobierno no mutile el recurso valenciano

Levante-EMV/E. Press, Valencia
El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, aseguró ayer que el Consell defenderá la "legalidad" de la normativa urbanística valenciana -en referencia a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)- que, según señaló, "bebe de las mismas fuentes que otras normativas españolas". En realidad, las inspira, porque la LRAU, aprobada en 1994 por el Gobierno socialista fue pionera en sus planteamientos y ha sido copiada por otras comunidades.
Rambla realizó estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada tras el Pleno del Consell, preguntado por el tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española que la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones, así como por la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de admitir a trámite la denuncia presentada por la Comisión Europea contra la LUV. Al respecto, el vicepresidente de la Generalitat destacó que desde el Gobierno valenciano se sienten "igualmente depositarios de las bondades y de los defectos de la norma, como otras comunidades autónomas".
Aseguró que la denuncia presentada "no es ante la Comunitat Valenciana, sino ante el Reino de España", y señaló que desde la Comunitat participarán en la denuncia con las alegaciones que han preparado y que remitirán al Gobierno porque, según recordó, "es el único legitimado para presentarse ante el Tribunal Europeo". Por ello mostró su deseo de que las alegaciones "tan rigurosas" que han preparado "sean trasladadas íntegramente al tribunal de Luxemburgo". Así, indicó que seguirán "muy de cerca" el tema "para evitar que nuestras alegaciones no sean trasladadas en su integridad".
Vicente Rambla subrayó que la Comunitat Valenciana "ha evolucionado claramente hacia posiciones de preservar mucho más el territorio con las actuaciones urbanísticas". Y recuperó las cifras que exhibía Rafael Blasco durante su etapa como conseller de Territorio. "El 30% del territorio de la Comunitat se encuentra protegido. Y en el litoral, que es la zona más urbanizada, el 85% no está urbanizado". Además, apuntó que la C. Valenciana tiene urbanizado el 3,9% de su territorio, cuando en Catalunya es del 4,1%, en Baleares al 5,5% y en Madrid al 11,3 %.
Por este motivo, resaltó que "no se puede hablar de desprecio hacia nuestro territorio porque estamos en estándares de clara conservación del territorio". Así, señaló que algunos eurodiputados hablan con "intencionalidad política del desmedido urbanismo" de la C. Valenciana.
Rambla también criticó que determinados diputados socialistas valencianos "ayuden a alentar" esta idea cuando "deberían defender lo que ha sido un modelo de crecimiento de la Comunitat respetuoso con el medio ambiente". La portavoz de Asuntos Europeos del PP en las Corts, Emma Iranzo, también advirtió que el tercer informe que el Parlamento Europeo pretende elaborar para "criminalizar" el urbanismo en España "agravará aún más" la situación del sector que "es el peor parado dentro de la crisis económica que vivimos".

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Però que ho inverteixi directament, sense donar-ho al Consell, que no és de fiar, que ja sabem com i en què ho gasta, i després encara té el morro de demanar-ne més.

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El Gobierno invierte 2.600 millones en obras

EL PAÍS

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue haciéndo frente al Consell y defendiendo sus inversiones en la Comunidad Valenciana. Ayer, coincidiendo con el pleno del Consell en Valencia y el Consejo de Ministros en Madrid, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, recordó que sólo en la última semana el Ejecutivo central ha adjudicado obras de carreteras por valor de 175 millones de euros. La de mayor cuantía, con 94 millones de euros, es la de la autovía A-33 en la Font de la Figuera, así como la variante Benicarló-Vinaròs o las obras de ampliación a tres carriles entre Puçol y el Carraixet de la carretera V-21. La última licitación, publicada ayer, es la nueva central eléctrica del aeropuerto de Alicante, con un presupuesto de 26 millones de euros. En seis meses de legislatura, el Gobierno central ha adjudicado en la Comunidad Valenciana obras por valor de 1.000 millones de euros y licitado trabajos por otros 1.600 millones más. "Estos datos acreditan que el Ejecutivo mantiene en toda su integridad las inversiones y es el principal agente inversor en la comunidad autónoma", remarcó Peralta.

El delegado del Gobierno aprovechó para pedir más comprensión al Ayuntamiento de Valencia por los cortes de tráfico en la ciudad que se están realizando con motivo de las obras de la V-21. "Son complejas, por lo que pido al resto de administraciones colaboración", dijo.

A la demanda hecha el jueves por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, de más fondos al Gobierno para la construcción de colegios, Peralta apuntó que el problema de la Generalitat en esta materia no es de financiación, sino de gestión. El aumento de población no justifica, dijo Peralta, que todos los días un consejero reclame 1.000 millones de euros al Gobierno, ya que el crecimiento de la población también supone un incremento de ingresos para el Consell.

El reciente anuncio del ministro de Trabajo, Jesús Corbacho, de restringir las contrataciones de inmigrantes en sus países de origen ha creado cierta inquietud entre las organizaciones agrarias por si podía afectar a las campañas de la vendimia y de recolección de cítricos. El delegado del Gobierno tranquilizó a estos colectivos cuando aseguró que la restricción no se aplicará hasta 2009, por lo que garantizó que las contrataciones realizadas para las dos campañas agrícolas de este ejercicio no corren ningún peligro.

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Peralta cree que el problema de financiación no es el aumento demográfico sino la gestión del Consell

Destaca que el Gobierno sigue siendo "el principal agente inversor en la Comunitat"

Efe/Europa Press, Valencil
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, cree que el aumento de población "no justifica" que todos los días "un conseller reclame 1.000 millones de euros", ya que el incremento de ciudadanos también supone un incremento de ingresos para el Gobierno valenciano. Según el delegado, el "problema" de financiación no es el aumento demográfico, sino la "gestión" que hace el Consell de los recursos, "como acreditan los datos de deuda de la Generalitat". Peralta ha criticado que Consell "utilice recurrentemente este argumento", ya que, aunque "es verdad que somos más población", esto también significa "más personas generando riqueza y pagando impuestos", unos ingresos de los que "participa la Generalitat", ha recordado. Un ejemplo de esta gestión se da en las universidades valencianas, "que están ahogadas" a pesar del descenso de alumnos, ha añadido.
Por otra parte, el Gobierno ha adjudicado esta semana obras en diferentes carreteras de la Comunitat Valenciana, por un valor total de 175 millones de euros, según informó la Delegación del Gobierno. Entre otras, se han adjudicado las obras de la autovía A-33 en la Font de la Figuera por 94 millones de euros, además de la variante de Benicarló-Vinarós por 50 millones y la ampliación a tres carriles en el tramo Puzol-Carraixet de la V-21 por un importe de 23 millones.
Según explicó Peralta, en los seis primeros meses de esta legislatura, el Gobierno ha adjudicado obras por valor "superior a los mil millones de euros", y se han licitado obras por valor de "más de 1.600 millones de euros". Con estas inversiones, el Gobierno central "sigue siendo el principal agente inversor de nuestra Comunitat", afirmó Peralta.
Respecto a las obras de la V-21, Peralta pidió a la Generalitat y al Ayuntamiento que adopten con el Gobierno "el mismo criterio que nosotros seguimos con sus obras". Además, aseguró que alguna de estas administraciones "pidió el retraso de esas obras con motivo de la visita del Papa y distintos eventos". Al ser preguntado sobre el estado de las obras de la V-21 en la ciudad de Valencia y la incidencia que tienen en el tráfico, indicó que se trata de una actuación "de especial complejidad técnica y que se están llevando a cabo sin interrumpir el tráfico de una manera significativa, en la medida en que correspondería a la entidad de esa obra".
No obstante, señaló que está previsto que afecte al tráfico este fin de semana y "posiblemente" el lunes, pero lo consideró una "incidencia menor" y argumentó que la ejecución de obras en la ciudad, con incidencia en el tráfico es algo "perfectamente normal". En este sentido, se refirió a las obras de la Línea T2 de Metro Valencia y afirmó que estas son las que provocan "perjuicios económicos importantes a honrados ciudadanos de la ciudad y que al parecer no reciben ningún tipo de atención por parte de quien está ejecutando esas obras".

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Economía eleva a 300 millones el límite de deuda del IVF para avalar créditos a empresas

Levante-EMV, Valencia
El Consell aprobó ayer elevar el límite de deuda viva al final de 2008 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 300 millones de euros, de modo que este límite pasa a situarse en 650 millones de euros.
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell el vicepresidente primero del Gobierno valenciano y conseller de Presidencia, Vicente Rambla, quien subrayó que esta decisión "forma parte del paquete de medidas de la Generalitat para dinamizar la economía valencia" que fueron anunciadas por el presidente del Consell, Francisco Camps. Al respecto, hizo hincapié en que el "compromiso" de Camps "se hace realidad con esta autorización".
Vicente Rambla valoró que se amplíe el límite de operaciones de endeudamiento del IVF "en un momento de crisis económica" y resaltó que con este aumento el instituto "aportará más recursos a las empresas". Asimismo, destacó que esta actuación tiene "un contenido social fundamental por lo que supone de creación y mantenimiento de puestos de empleo".

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Camps inaugurará el centro de Medicina de la Católica pese a no estar autorizado

El órgano oficial del Arzobispado de Valencia, la revista "Paraula", anuncia en la portada de su último número que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inaugurará el campus de Medicina.

M. Ducajú, Valencia
El proyecto de Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia sigue adelante, a pesar del varapalo del Ministerio de Educación que no ha homologado para este curso los grado tanto de estos estudios como los de Podología y Odontología, mientras que ha dado el visto bueno al de Fisioterapia. En cambio, la iniciativa cuenta con el total respaldo del Consell, como lo muestra el hecho de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenga previsto inaugurar el nuevo campus este mes de setiembre.
Este anuncio -la revista "Paraula", órgano oficial del Arzobispado, lo lleva en portada en su último número, con fecha del domingo- así como las pruebas de selección que esta misma mañana realizan 200 alumnos que aspiran a entrar en los cursos introductorios de la Facultad de Medicina, a pesar de que por segundo año consecutivo están en el aire, corroboran la intención de la Iglesia valenciana de llevar adelante su propuesta.
La Católica ha tomado la decisión de proseguir con los estudios porque "centenares de alumnos valencianos se ven obligados a marchar a otras comunidades para cursar Medicina ante la falta de plazas universitarias mientras que el sistema público de sanidad se ve requerido a contratar a profesionales extranjeros" señalan en "Paraula".
Fuentes de esta institución académica religiosa señalaron a Levante-EMV su confianza en que durante este curso el ministerio, y a tenor de la documentación presentada, acabe homologando sus grados de Sanidad.
En la revista del Arzobispado explican que "la Generalitat ha mostrado su apoyo a nuestra Facultad de Medicina porque se estima que en el año 2012 serán necesarios 1.300 médicos más en las tres provincias de la Comunitat por lo que es una cuestión de interés público".
Desde Presidencia de la Generalitat confirmaron ayer a este diario que Camps tiene programado en agenda asistir al acto de inauguración de las instalaciones durante este mes, aunque no precisaron el día.
La sede de la facultad compartirá espacios con el rectorado de la Universidad Católica, en el complejo de San Carlos Borromeo de Valencia, junto al MuVIM. Se trata de un edificio del siglo XVIII, de 7.000 metros cuadrados, rehabilitado por el arquitecto Álvaro Gómez-Ferrer, en el que se espera que a lo largo de este curso acudan medio millar de estudiantes para realizar alguna de las especialidades del área de Salud.
Metro cuadrado actualizado en el CEU
En la misma revista "Paraula" se informa de las negociaciones entre el Arzobispado y el CEU San Pablo sobre el alquiler del Seminario de Moncada. La intención es que la renta se actualice "al precio medio ponderado de la zona" según sus distintos informes, lo que consideran "razonable".

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Alonso denuncia que Bienestar Social incumple la ley de la dependencia

Agencias, Madrid/Valencia
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, elogió ayer la actuación del Ejecutivo en la aplicación de la Ley de Dependencia y arremetió contra la Comunitat Valenciana y la de Madrid, ambas...

Agencias, Madrid/Valencia
El portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, elogió ayer la actuación del Ejecutivo en la aplicación de la Ley de Dependencia y arremetió contra la Comunitat Valenciana y la de Madrid, ambas gobernadas por el PP, por no haber "cumplido" con esta tarea.
Alonso expresó que "el Gobierno ha conseguido que en un tiempo récord" la Ley de Dependencia "sea aplicada a 350.000 personas, que estaban en el olvido y que empiezan a tener asistencia especializada".
Por contra, el portavoz socialista denunció que "algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid y Valencia, no están cumpliendo sus obligaciones con los ciudadanos que más lo necesitan".
Por otra parte, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunitat Valenciana ha puesto a disposición de los usuarios modelos de recurso contra las resoluciones.

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Barberá quiere mantener con un concurso de rosaledas la proyección de la F1

Del Río (PSPV) acusa a la alcaldesa de intentar convertir cualquier ocurrencia en un gran evento

H. G./M. V., Valencia
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer durante la inauguración de la remodelación de la rosaleda histórica del Jardín de Viveros, su intención de "celebrar un concurso internacional de rosaledas que se integre en los niveles de excelencia que la ciudad ha demostrado en el Gran Premio de Fórmula Uno o en la Copa del América". Barberá destacó la nueva rosaleda de Viveros es una mejora que permite que Valencia "entre en la circuito mundial de este tipo de conjuntos florales".
Muchas unidades de la histórica rosaleda de Viveros no se habían renovado desde su creación en 1973 y ya no brotaban. Por ello se han recuperado aunque respetando el diseño original del jardín. La rosaleda tiene una superficie de 8.320 metros cuadrados y en su renovación se han empleado 10.590 rosales de 62 variedades distintas, distribuidos en 94 parcelas.
Para la concejala socialista el concurso de rosaledas "es una nueva ocurrencia de la alcaldesa". Del Río comentó que la inauguración de la rosaleda, que "ha estado abandonada durante años", no fue tan lucida como se esperaba porque el calor que hacía ayer a las 14 horas había ajado las flores y por eso la alcaldesa "se sacó de la manga el concurso". En relación a la equiparación del concurso floral con la Copa o la F1, la edil de la oposición hizo hincapié en que "cualquier ocurrencia no puede convertirse en un gran evento". Para Del Río, la pretensión de Barberá de "estar continuamente encadenando eventos en grado superlativo es insostenible".
La concejal socialista animó a la alcaldesa a prestar más atención al mantenimiento de los Jardines de Viveros cuyo "estado de conservación es francamente mejorable como habrá podido comprobar en su visita".
En la renovación de la rosaleda el ayuntamiento ha invertido 130.000 euros. En el anillo central del jardín se han ubicado los rosales de floración continua, intensa gama de colores, formas y volúmenes mientras que los perfumados se han plantado en distintos puntos del anillo exterior.
Los rosales miniatura se han colocado en la zona de menor altura, los trepadores en las pérgolas y los de pie alto en los cuatro ejes principales del conjunto floral. Además se ha mejorado la señalización de la rosaleda, la accesibilidad mediante rampas con pasamanos, el sistema de riego y se han instalado cincuenta bancos adaptados a la normativa sobre mobiliario urbano. La alcaldesa ha subrayado la labor de la presidenta de la Asociación Española de la rosa, Matilde Ferrer, responsable de la remodelación y de recuperar una variedad de rosa llamada Valencia.
En este sentido, la alcaldesa señaló ayer que durante su gobierno se han creado cerca de 500 jardines de barrio y se ha doblado a cuatro millones los metros cuadrados de zona verde.

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El pleno del Parlamento Europeo votará un nuevo informe sobre el urbanismo valenciano

La Comisión de Peticiones encarga el estudio a una eurodiputada danesa de Los Verdes

Efe, Bruselas
El Parlamento Europeo (PE) votará en sesión plenaria el informe sobre el urbanismo español que ha decidido preparar la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en respuesta a las quejas ciudadanas. La decisión de llevar el texto al pleno fue tomada ayer en la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos, pese al voto en contra del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor bloque del hemiciclo.
El informe será elaborado por la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken y se centrará en "el impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea", explicaron fuentes parlamentarias.
La Comisión de Peticiones del PE, que analiza quejas y propuestas de los ciudadanos, decidió en mayo pasado retomar el asunto del urbanismo español, que ya había criticado en anteriores ocasiones. La propuesta para elaborar un nuevo informe sobre el urbanismo en España y, más en concreto en la Comunitat Valenciana, procede del eurodiputado laborista británico Michael Cashman, muy crítico con este asunto.
La investigación de la Eurocámara se basa en la posibilidad de que en España se hayan violado los derechos de propiedad de los ciudadanos. Además, en el informe se analizará la actuación de las autoridades locales españolas en la contratación pública de proyectos a gran escala y sus efectos en el medio ambiente.
Para el portavoz adjunto del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, la redacción del informe en esos términos "no tiene el más mínimo fundamento porque presume una situación de inseguridad jurídica en el urbanismo español". "Supone una pésima noticia para un sector que atraviesa una enorme crisis porque va a retraer aún más la llegada de inversores extranjeros e implica un riesgo cierto de aumento del paro", indicó Galeote en un comunicado.
Por ello, subrayó la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".
El pleno de la Eurocámara ya censuró en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos. Por el momento, el Parlamento Europeo no ha fijado la fecha de la votación en el pleno de ese nuevo informe, que previsiblemente tendrá lugar a lo largo del próximo año.

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El Parlamento Europeo ordena un tercer informe sobre el urbanismo en España

MIGUEL OLIVARES

La Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encomendó ayer a la Comisión de Peticiones la elaboración de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española bajo el título El impacto de la urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos, sobre el medio ambiente y la aplicación de la legislación europea, basado en las peticiones. La ponente del informe será la eurodiputada danesa Margarete Auken, del Grupo de Los Verdes.

El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, instó personalmente la elaboración del nuevo informe. En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, Libicki apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado "los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España" y cómo persiste su preocupación "en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas". Libicki destaca que los problemas afectan tanto a ciudadanos españoles como a no españoles.

El presidente de la Comisión de Peticiones alude, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea. En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad "legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse".

En segundo lugar, alude a posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, recuerda Libicki, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.

La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el "efecto acumulativo" de los grandes proyectos de urbanización en "las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña".

Finalmente, Libicki cita "muchas construcciones ilegales, algunas amenazadas de demolición. Un problema que afecta a miles de personas que compraron sus propiedades de buena fe a intermediarios sin escrúpulos que a veces han sido protegidos por autoridades locales".

Libicki recuerda que la Eurocámara aprobó una breve resolución al respecto en junio tras un debate en la Comisión de Peticiones. Pero considera "importante consolidar la posición del Parlamento a través de un informe sustantivo" a partir del cual "la Cámara pueda adoptar una opinión fundada antes de las próximas elecciones europeas", previstas en junio de 2009. "El asunto es de la mayor importancia y afecta a las vidas de muchos, sobre todo al creciente número de jubilados que se han desplazado a España para disfrutar su retiro". Libicki apunta el impacto ambiental de las grandes urbanizaciones y, finalmente, recuerda el "dramático vuelco que ha sufrido el sector de la construcción" en España, "un asunto que debe incorporarse al informe".

El Grupo Popular Europeo votó contra la elaboración del informe y arremetió contra los socialistas españoles por apoyarlo. El eurodiputado Gerardo Galeote denunció la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".

El socialista Joan Calabuig, que ocupó un escaño en el Parlamento Europeo hasta las pasadas elecciones generales, recordó a Galeote que Libicki "es lo más alejado a un socialista" y que las quejas ante la Comisión de Peticiones las presentan ciudadanos que "recurren al Parlamento Europeo porque no reciben respuesta" en otras instancias. Calabuig lamentó el desprecio de la Generalitat hacia "el peso moral y político" del Parlamento Europeo y sugirió que el descenso de actividad en el sector de construcción aconseja elaborar nuevas leyes acordes con las exigencias de la UE.

CV. 01/09/2008.

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El Consell está a la cola en gasto público por alumno

N. C.

A pesar de ser la autonomía que mayor porcentaje del presupuesto dedica al sector educativo (29 de cada 100 euros), el gasto por alumno en la Comunidad Valencia es "considerablemente bajo" y está en el furgón de cola respecto al resto de autonomías, con una inversión de 3.555 euros por alumno, solo superada a la baja por Andalucía, con 3.088 euros y Murcia, con 3.107. "Ello es consecuencia de la mala financiación autonómica", concluye el sindicato CISF, que ayer reclamó al Gobierno central que "reconozca el aumento de población valenciana" y que, por lo tanto, "aporte más dinero para poder aumentar el gasto mínimo por alumno".

Si además se atiende al gasto público en educación no universitaria por alumno en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, la Comunidad Valenciana ocupa el lugar octavo entre las 17 autonomías, con una inversión media del 18,5%. Una tasa lejos también de la inversión gallega por alumno con relación a su PIB per cápita (23,7%), de Extremadura (25,6%), Castilla-La Mancha (24,2%), País Vasco (20,3%), Castilla y León (20,9%) o Cantabria (20,4%).

La Comun