18 May 2008
CV. 18/05/2008.
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La distancia entre Fabra y Camps
La crisis del PP revela el desencuentro del líder de Castellón con el jefe del Consell
Los últimos alardes del presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, sobre su apoyo, o no, al actual presidente nacional, Mariano Rajoy, son sólo una "anécdota", según algún dirigente de su propio partido. En realidad, este periodo precongresual está destapando la distancia o "desencuentro" que existe entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el propio Fabra, que comienza a verse acorralado por la desatención a sus reivindicaciones.
Carlos Fabra lleva meses reclamando al Consell que apruebe decenas de programas urbanísticos pendientes del visto bueno de la administración autonómica. Son desarrollos que conllevan, en su mayor parte, la creación de campos de golf, en la que fue una apuesta casi personal de Fabra que lleva estancada varios años pese a que hay más de una docena de proyectos de este tipo. Esta misma semana, dijo sentirse "molesto" con el Consell por su lentitud y manifestó su esperanza en la "aceleración de estos proyectos". "Estoy hasta el pirri de que no me aprueben los campos", dijo hace un par de meses en un pleno de la Diputación en el que amenazó con que "si no me hacen caso, tomaré otras medidas".
Sin embargo, los reclamos han caído, hasta ahora, en saco roto o, al menos, la premura que exige el líder del PP de Castellón ha sido obviada por un gobierno valenciano al que la mayoría de los populares castellonenses se refiere como el clan valenciano. Pero, en ese clan no todos son valencianos, sino que algunos populares surgidos de las filas del PP de Castellón han pasado a formar parte de él, en una línea diferente a la mantenida por Carlos Fabra, quien está imputado ante la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal. Ese mismo clan fue el que "acabó" con el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, quien se vio atrapado entre sus compañeros de Valencia y su lealtad hacia el propio Fabra. Es el clan del que forman parte el actual vicepresidente del Consell, el castellonense Vicente Rambla, y al que se ha "apuntado" el alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, candidato natural a suceder al presidente de la Diputación.
Fabra no se ha caracterizado por su delicadeza a la hora de reclamar celeridad al Consell y, en especial, para el parque temático de Mundo Ilusión, una iniciativa que presentó hace diez años y que incluye una macrourbanización de 18 millones de metros cuadrados. El viernes, tras el pleno del Consell, sus maneras fueron abordadas por el propio Rambla: "Forman parte del estilo y la manera de hacer las cosas de Carlos Fabra, que es más que conocida". Al margen de la ironía sobre las formas, el portavoz del Consell lanzó un mensaje rotundo y advirtió que el proyecto para Mundo Ilusión concluirá "cuando tenga que concluir" y de acuerdo con la legalidad "que tiene que imponerse a cualquier otra presión".
Fabra ya no maneja los tiempos de lo que ocurre en la provincia. Sabe que Castellón no cuenta con muchos más atractivos que hace unos años con lo que el futuro aeropuerto, otra de sus apuestas personales, puede fracasar aunque vaya a ser la Generalitat la que haya de indemnizar al concesionario si no se cumplen las expectativas.
Mientras en Valencia y Alicante se levantan complejos de ocio y se celebran pruebas deportivas internacionales, de momento, lo único que recibirá Castellón serán los 1,2 millones de euros que el Consell ha comprometido para celebrar un campeonato de golf... en el club que preside el propio Fabra.
"Está cayendo su fama de conseguidor", le ha espetado ya el portavoz del grupo socialista en la diputación, Francesc Colomer.
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Valencia arroja su sombra sobre la huerta
El nuevo plan general suscita opiniones enfrentadas de la expansión de la ciudad
Valencia se prepara para crecer. Su futuro se dibuja sobre decenas de mapas y cientos de folios que describen las líneas básicas de su expansión en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estará en exposición pública hasta final de mes. El gobierno de Rita Barberá afirma que surgirá un modelo de crecimiento "sostenible", respetuoso con la huerta, con buenas conexiones entre barrios y el área metropolitana, y con un 50% de nuevas viviendas protegidas en los sectores urbanizables.
Estos nuevos barrios se asentarán sobre huerta degradada, según el PP. Esta visión global cosecha opiniones contrapuestas en expertos, la oposición y colectivos sociales que han comenzado a desgranar la información. La federación vecinal se pronunciará a través de las alegaciones que aún prepara. Estos son algunos puntos destacados del debate, un primer análisis de las propuestas que marcarán el desarrollo de Valencia en los próximos 15 años.
- Balance del PGOU vigente. El documento de síntesis del Ayuntamiento considera que el PGOU aprobado en 1988 "está prácticamente agotado". Hay que pasar página y prever el futuro, afirma el PP. Pero no así, opina Josep Sorribes, profesor de Economía Urbana de la Universitat de València: "No explican por qué está agotado y es necesaria la revisión. Hay que justificarla. Además, quedan muchas cosas por resolver en la ciudad". El grupo socialista ha hecho su propio repaso, y defiende que con el plan actual Valencia tiene pendientes 221 jardines, 145 equipamientos públicos y 92 colegios.
- El modelo no cambia. El plan no pretende revisar "de forma integral" el desarrollo de la ciudad, sino "adaptarlo y actualizarlo a la situación actual". En ese sentido, "es un plan continuista, sin alteración profunda del modelo de ciudad", coincide el arquitecto Alejandro Escribano, uno de los autores del plan vigente. Romper la configuración actual implicaría asaltar más huerta. Para el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, se trata de conjugar las dimensiones "de una gran urbe, pero con dimensiones humanas".
- Crecer a costa de la huerta. La alcaldesa, Rita Barberá, desveló en 2004, cuando el plan apenas echaba a andar, qué zonas de huerta creía perdidas, entre ellas en La Punta frente a L'Oceanogràfic, en Campanar, Benimàmet y varias pedanías. El suelo agrícola que sacrifica el plan para la expansión de Valencia coincide con esa previsión y el que así lo certifique un estudio posterior despierta suspicacias entre quienes no ven justificada esa urbanización. La destrucción de 4 millones de metros cuadrados (ver gráfico) para reconvertirlos en suelo residencial, industrial, terciario y escolar (para la Universidad Politécnica), suscita los mayores rechazos y discusiones. El PP replica que los estudios de paisaje y sostenibilidad del plan "prueban la firme apuesta" por el medio ambiente, y subraya que quedarán protegidos 8.000 millones de metros cuadrados.
Pero no es sólo una cuestión de cantidad. Para Carles Dolç, arquitecto y urbanista, el plan sostiene que la huerta está muy antropizada y a partir de ahí se limita a extender una especie de certificado de defunción sobre las zonas a reclasificar. "No hay que ver sólo a dónde ha llegado, sino hasta qué punto se puede revertir la situación y recuperar la huerta. Eso ni se contempla", critica. Con esta marcha, un próximo plan "seguirá recortando huerta, como ocurre desde el plan de 1946". "El tema es complicado, pero no se puede dejar así. Hay que hacer un plan de uso o la huerta acabará urbanizada", abunda Sorribes. Las fórmulas para preservarla son variadas, pero un paso previo "imprescindible", opinan ambos expertos, es la aprobación del plan territorial de la huerta que anunció el Consell en la pasada legislatura. Una protección supramunicipal que preserve el paisaje que identifica a Valencia y la comarca. Y eso debe ocurrir antes de que la ciudad apruebe su plan, denuncian colectivos como Per L'Horta, que exigen parar el proceso. También ha expresado reparos la Consejería de Medio Ambiente, que en un informe reprocha al Ayuntamiento que no haya justificado la necesidad del suelo que restará a la huerta. Advierte, además, que la ocupación de ese suelo generará "presión urbanística" sobre áreas bien conservadas. El Consell Valencià de Cultura destaca, asimismo, su "preocupación" por el futuro de la huerta.
Escribano ve discutible la dimensión de algunos sectores urbanizables en las pedanías, mientras que en otros ve la solución para cerrar bordes urbanos y resolver conexiones con Alboraia y Tavernes, por ejemplo, sobre un suelo que en esos casos ve de "escaso valor". "Lo importante es que lo que se proteja sea lo que se cultiva", ya que la "huerta, sin hortelanos, no se conserva", apuntó en esa línea en unas jornadas sobre el plan el sociólogo José Miguel Iribas.
- ¿Hacen falta más viviendas?El gobierno municipal parte de la premisa de que Valencia necesitará cubrir en 15 años una demanda de vivienda de 124.000 unidades, de ellas cerca de 54.000 de nueva construcción y el resto rehabilitadas y de segunda mano. La ciudad alojará así 890.000 habitantes, un 11% más que ahora, un "crecimiento moderado", dice el PP. El estudio de vivienda en que se basan estas cifras suscita críticas. El grupo socialista destaca que en el suelo urbano y urbanizable pendiente de desarrollo se levantarán aún 43.240 pisos, y hay 65.000 vacíos. "Hay suelo para otros 20 años sin tocar la huerta" en la que el PP pretende construir 24.710 pisos, asegura.
Sorribes añade la necesidad de analizar la demanda "teniendo en cuenta lo que se construirá en el área metropolitana" y más allá, dado que Valencia no es una isla. "No se puede analizar la vivienda o demografía de forma aislada", coincide Dolç. También a Joan Olmos, profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica, le plantea "serias dudas" que se reclasifique huerta sin ajustar la previsión con el resto de municipios metropolitanos y "sin agotar las posibilidades" pendientes. Para Escribano, los estudios de vivienda en este caso "no son el mecanismo adecuado para dimensionar un crecimiento", porque en Valencia, como capital, "los pisos que se hagan se venderán". "El criterio debe ser territorial, de calidad de vida o para resolver bordes urbanos".
- Vocación metropolitana. El documento asegura que pretende "acentuar la dimensión metropolitana del planeamiento municipal". Un objetivo "inexistente", dice taxativo Carles Dolç, que considera que el documento parte de un punto de vista "restrictivo, puramente municipalista". "Para empezar, debería haber un área metropolitana que funcionara como tal, y no la hay", añade. "No hay visión metropolitana", opina también Josep Sorribes. Ni en el tratamiento de la huerta ni la vivienda, y las infraestructuras viarias que se dibujan también exigen un consenso con el resto de municipios, señala. "En parte hay una falta de voluntad de planificar metropolitanamente, y es culpa de la Generalitat, que debería hacer política territorial" y tratar con una visión amplia asuntos como el aeropuerto o los corredores viarios, apunta Escribano.
La concejalía de Urbanismo discrepa y resalta que la dimensión metropolitana se refleja "claramente" en las conexiones viarias y cierre de rondas con municipios como Tavernes o las futuras líneas de Metro de la Generalitat y que "se están pactando" con otras poblaciones.
Más carreteras y una gran marina
José Vicente Colomer, director del Instituto de Transporte de la Universidad Politécnica, en cambio, considera que las propuestas mejorarán "la conectividad entre las diferentes zonas del área metropolitana, entre éstas y la ciudad de Valencia". El plan, aunque es un avance en plena discusión, recoge "básicamente" las cuestiones que afectan a infraestructuras existentes y pendientes. Colomer, no obstante, cree necesario "un amplio estudio de movilidad" de Valencia y su área metropolitana, que a su juicio sobrepasa el ámbito de esta revisión.
El desarrollo pormenorizado de los sectores urbanizables y urbanos de Valencia por desarrollar se abordará en una segunda fase del plan. Dos actuaciones serán determinantes para la imagen de Valencia, destaca Alejandro Escribano: la concreción del Parque Central, y la conexión del sector de El Grau y el Jardín del Turia con el puerto. Ahí nacerá una gran marina urbana que se ha dibujado mayor de lo previsto, "con una línea más clara" que, no obstante, exigirá consenso con el Estado y el propio puerto.
El 80% de los inmigrantes estudia en la escuela pública
Denuncias por la segregación escolar de los extranjeros
El debate desatado en Cataluña en torno a la desproporción de alumnos inmigrantes escolarizados en la red educativa pública respecto a la privada concertada, desencadenó ayer las reacciones del socialista Adolf Sanmartín y de los sindicatos STEPV y CAT, que alertaron sobre "la brecha escolar en la Comunidad Valenciana" y sobre el escaso eco del problema. Sanmartín recordó que en la Comunidad Valenciana hay escolarizados 82.000 extranjeros, un 11% del total y un 13% más que el curso pasado; y que el 80% de los extranjeros estudian en la red pública. "La actual administración ha optado por crear dos redes educativas diferentes", denunció el socialista, quien citó dos ordenes de marzo y abril que, una vez más, evitan establecer comisiones de escolarización en cada distrito municipal que garanticen una distribución equitativa de los extranjeros entre centros públicos y centro privados concertados, es decir, financiados con fondos públicos.
Los centros concertados completan la admisión de alumnos para el curso siguiente con meses de antelación. La ley concede un margen de un 10% sobre el número de alumnos por aula para poder escolarizar a alumnos de "incorporación tardía", recién llegados, que suelen hijos de inmigrantes. Pero, según Sanmartín, los colegios privados concertados usan ese margen para desbordar el número de alumnos por aula con escolares nacionales previamente seleccionados.
A la espera de la nueva Fe
Expectación y reservas en el barrio valenciano de Malilla ante el futuro hospital
En lo que todos coinciden es en las buenas perspectivas de un barrio con cerca ya de 30.000 habitantes, censo engordado por la inmigración, que los vecinos definen como "tranquilo" y que presenta numerosas carencias urbanísticas, de servicios y de comunicaciones. Malilla nació como barriada de inmigrantes al albur del Plan Sur y ha sido una zona aislada y encajonada por el triángulo formado entre las vías del tren, el cauce del río Turia y la avenida de Ausiàs March. Pero ahora comienza a abrirse a la ciudad con la apertura del Bulevar Sur y con la propia construcción de la Fe.
La primera expectativa tiene que ver con el trajín y el movimiento de personas. Santos Torres, dueño de un bar a punto de jubilarse, dice que económicamente "la construcción del hospital se tiene que notar". "Aunque yo no lo veré, aquí va a venir muchísima gente", añade, y comenta que el primer síntoma fue la llegada de obreros para la construcción de la estructura del edificio. Torres destaca que la apertura de vías de comunicación "dará fácil acceso al barrio". Cristina, su hija, no se hace grandes planteamientos: "Malo no va a ser. Todo lo que sea construir un hospital y mejorar el servicio sanitaria es bueno".
A otro nivel, la puesta en marcha de La Fe se espera que dinamice el mercado inmobiliario. Julia Carrillo, propietaria de una inmobiliaria "de barrio", ratifica que el futuro hospital "ha revalorizado la zona" y recuerda que desde que se anunció "los precios de los pisos han subido en proporción más que en otros barrios: estaba por debajo de la media, hace cuatro o cinco años, y ahora está un poco por encima". Carrillo espera que el hospital atraiga compradores e inquilinos. Pero todavía no hay movimiento. "Actualmente no tenemos demandas del futuro personal sanitario, pero es pronto. Al hospital todavía le falta un poquito", dice esperanzada.
Antes de La Fe, la fisonomía de Malilla ya estaba en proceso de transformación. "Este era un barrio mal considerado, hubo épocas muy malas, pero ahora viene gente a vivir aquí. De hecho, éste era un barrio obrero en el que los hijos nos hemos quedado a vivir", apunta Pepa Mocholí, empleada de la inmobiliaria que tiene a gala ser "hija de ferroviarios". Y quizá porque el barrio está cobrando vida propia al margen de La Fe, se mira con reservas al coloso. "El hospital también tiene la contrapartida de los ruidos, las ambulancias, los helicópteros... Para mí que la opinión del barrio está dividida a la mitad", apunta. De hecho, no es difícil encontrar personas que se expresen en ese sentido. Vicenta García, propietaria de un estanco, dice que "seguro que habrá movimiento" y espera que el hospital sirva para mejorar las comunicaciones del barrio -la parada de metro más cercana está en Jesús-, pero también muestra sus reservas por el hecho de que Malilla pueda ser zona de paso de ambulancias e incide en la posible inseguridad generada por el hospital, que en su opinión atraerá problemas de prostitución y de delincuencia: "Por la noche todos los gatos son pardos y aquello será una auténtica ciudad".
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Malilla, Melania Castelló, ordena la cuestión. "Al principio estábamos un poco a la expectativa, porque un hospital podía comportar problemas de ruidos, pero nos dimos cuenta de que la gente, casi sin excepción, estaba contenta", explica sobre el inicio del proyecto. A propósito del impacto acústico, Castelló dice que la administración "ha dado garantías de que Malilla no será zona de paso, sino que el tránsito de las ambulancias será por el Bulevar y por Ausiàs March". "La Fe, en definitiva, traerá cosas buenas y malas", resume. A la dirigente vecinal le preocupan más las carencias actuales y espera que mejore la comunicación con autobús, que se solucione la precaria situación de alcantarillado y que se ejecute un centro polideportivo, una promesa largamente aplazada y que los vecinos reprocharon a Rita Barberá en una reciente visita a Malilla de la alcaldesa. Castelló piensa que no sólo La Fe cambiará la fisonomía del barrio, "sino también otras actuaciones como el soterramiento de las vías del AVE y la construcción del Parque Central". "El barrio estaba abandonado, pero parece que ya se está haciendo algo", concluye.
Un informe encargado por el Consell desvela el descontrol de los gastos en Canal 9
La situación de quiebra técnica que atraviesa desde hace años Radio Televisió Valenciana (RTVV) no sólo es un hecho objetivo, a tenor del balance anual de resultados del grupo o como así se demuestra en el último cierre económico, que estimaba en más de 1.200 millones de euros la deuda que arrastra el Ente. RTVV se podría decir que pertenece orgánicamente a la Generalitat pero en realidad, debido a su situación financiera, también se podría afirmar que es propiedad de los bancos.
Seguramente, esa preocupación existente en la propia administración autonómica, que ve cada año cómo la cadena se convierte en un pozo sin fondo y es incapaz de levantar cabeza, llevó en 2007 a la Conselleria de Economía y Hacienda, a cuyo frente se encuentra Gerardo Camps, a encargar un informe de situación a la consultora Ernst & Young, cuya conclusión dibuja un panorama preocupante. El informe, al que ha tenido acceso este diario no se trata de una auditoría, sino de un estudio de la realidad económica, estructural y de funcionamiento del grupo, pero al mismo tiempo ofrece planes de actuación concretos para revertir la situación, que pasan por un reajuste de gastos, plantilla, organigrama, marketing, financiación...
Patrimonio a la baja
El informe alerta de la "drástica y continuada disminución del Patrimonio de RTVV, que se encuentra en valores negativos", como consecuencia del modelo de financiación adoptado por el Ente público. El documento, referido a los ejercicios de 2005 y 2006, advierte de que "es necesaria la ejecución de un profundo y amplio estudio de las necesidades de financiación a corto y medio plazo para restablecer la situación patrimonial a niveles adecuados".
En los años estudiados por el informe, la deuda reconocida por RTVV había pasado de los 82 millones de euros de 2000 a los 188 millones de 2007, año especialmente reseñable, ya que el endeudamiento aumento en 50 millones con respecto a 2006, gracias principalmente al proceso de amortización de la deuda existente. Debido a la carga asumida, los encargados de analizar las cuentas instan a RTVV y la Generalitat Valenciana a "tomar medidas", ya que en 2006 "sus fondos propios eran sensiblemente inferiores a la mitad del capital social".
En la actualidad, la deuda de 1.200 millones de euros, sumando la de corto y largo plazo, obliga a la cadena a pagar 45 millones anuales sólo en concepto de intereses por el dinero prestado. El pasado mes de enero el consejo de administración acordó solicitar un nuevo crédito, de 194 millones de euros, de los cuales 166 irán destinados a enjugar las pérdidas de las diferentes empresas que componen el grupo.
El informe no deja bien parada la forma de gestionar RTVV. Además, no sólo aborda temas macroeconómicos, sino que baja a la arena, hasta el punto de analizar temas como la productividad, las colaboraciones externas, el rendimiento publicitario o las dietas, hasta el extremo de llegar a afirmar que "es obvio que los mecanismos de control interno en RTVV, RAV y TVV no se encuentran formalizados", y ofrece diferentes ejemplos y planes de acción, llegando a proponer que alguien controle y actualice las firmas autorizadas en las cuentas bancarias. Como ejemplo pone el de un directivo que dos años después de abandonar el Ente aún seguía figurando como firma autorizada en una de las cuentas de RTVV.
Dietas sin control
Por no hablar del tema de las dietas, uno de los que genera mayor falta de control. Según el informe, se conceden por un importe fijo, sin que el empleado tenga la obligación de "justificar el gasto realmente incurrido en su desplazamiento". Por ello, advierte de que "en el caso de la Dirección plantease una política estricta de contención del gasto, sería recomendable instaurar un régimen de dietas que funcionase con límites máximos para cada concepto. De esta forma, las dietas dejarían de ser una remuneración adicional para el empleado". Al mismo tiempo, apunta que debería formalizarse también un verdadero "control y seguimiento de los gastos por dietas, locomoción y alojamiento, con el objeto de hacer compatible la gestión económica con las necesidades técnicas de la actividad". Además reclama fijar una política concreta de dietas y establecer un sistema de liquidación en el que se adjunten tickets y justificantes de gastos, un aspecto poco justificable cuando se trata de dinero público.
Un caso similar es el detectado en las colaboraciones ajenas a la cadena. Desde hace años son muchas las voces que alertan de la creciente externalización del Ente Público, en el que muchos programas se nutren, casi exclusivamente, de colaboradores ajenos a la estructura de la empresa, y están realizados desde productoras de fuera de la Comunitat Valenciana. Tras confirmar que muchas de esas colaboraciones se realizan sin que medie contrato alguno, el informe pide "el establecimiento de una norma interna que estipulara el precio a pagar por crónica o colaboración, así como los conceptos por los que RAV y TVV pueden acudir a un corresponsal".
El PP nacional presiona a Camps para que retire su propuesta de Ciudadanía en inglés
Los responsables de Educación en la Comunitat Valenciana han recibido una llamada de atención desde la dirección nacional del PP, desde donde se quiere que todas las autonomías gobernadas por este partido sigan un mismo modelo a la hora de impartir Educación para la Ciudadanía el curso que viene en segundo de ESO.
A la espera de recibir las instrucciones políticas pertinentes, el Consell retrasa la publicación de la normativa oficial sobre la asignatura y todo apunta, según indican fuentes bien informadas, a que el elemento más discordante ahora mismo es que se vaya a impartir en inglés en la Comunitat Valenciana y que, por tanto, se deba dar marcha atrás.
Aun en el caso de que finalmente no fuera así y Camps mantuviera su postura, la realidad se impone por la ausencia de docentes voluntarios para impartir las clases de refuerzo en julio: en Educación para la Ciudadanía ni hay libros de texto en inglés, ni hay profesores de Filosofía o de Historia que estén dispuestos a dar la asignatura en inglés en los excepcionales casos en los que se conjuguen ambas circunstancias: que el docente domine la lengua extranjera y la materia a impartir. Además, la totalidad de las muestras de los nuevos libros de texto de Educación para la Ciudadanía para segundo curso de ESO que están llegando a los institutos de toda la Comunidad están en lengua castellana. Ninguna editorial se ha lanzado todavía a elaborar la materia en inglés pese a que así es como contempla la Conselleria de Educación que se debe impartir en las aulas de los institutos a partir de septiembre. Y como tampoco se puede imponer al profesorado a que imparta cualquier asignatura en una lengua determinada que no sea la oficial -como sería el castellano o el valenciano-, las actas que ha recogido la inspección de su paso por los institutos para saber con qué profesores se cuenta, apenas tienen voluntarios de Educación para la Ciudadanía en inglés. A las preguntas de los directores los inspectores han contestado: "Se tendrá que dar en castellano".
El borrador sobre la organización pedagógica de la asignatura que Educación entregó a los representantes sindicales hace unos meses y el reciente rechazo de la mayoría del PP en el parlamento valenciano a una moción que presentó el PSPV para instar a que la asignatura se imparta en castellano o en valenciano, inciden en que "el inglés fomenta el aprendizaje de otros idiomas".
El Defensor del Pueblo investiga la falta de protección a las maltratadas en la C. Valenciana
La Comunitat figura entre las que dedica un menor número de agentes
Europa Press, Madrid
El Defensor del Pueblo acaba de abrir una investigación de oficio ante la dirección general de la Policía y la Guardia Civil sobre la falta de efectivos para la protección de las víctimas de la violencia machista, según informó ayer esta institución. Según datos revelados por la oficina que dirige Enrique Múgica, se ha denunciado "escasez de medios materiales para proteger a las víctimas, tales como vehículos para poder acompañar a las mujeres maltratadas a los juzgados" en la Comunitat Valenciana y Galicia, dos comunidades autónomas que aparecen "entre las que menos agentes dedica a la atención de mujeres con órdenes de alejamiento" a pesar de la enorme sensibilización social que existe respecto a los casos de violencia machista contra las mujeres.
Enrique Múgica quiere conocer el número total de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dedican a la protección de mujeres maltratadas o amenazadas y el ratio de agentes por orden de alejamiento en cada una de las provincias de las que ha ido recabando información.
Según denuncia el Defensor del Pueblo, en Cádiz "se carece de suficientes números de la Guardia Civil para cumplir estas funciones", mientras en la Comunidad de Madrid "hay una considerable escasez de funcionarios de Policía asignados a las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección".
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Sobre este blog
Ara
jordigrauJordi Grau i Gatell (València, 1957). Fill d'exiliats catalans arribats a la capital valenciana a la postguerra. Casat, amb un fill. Professor de català d'IES a València. Bloc des de l'esquerra, l'anticlericalisme i l'ateisme, centrat en el País Valencià i en les polítiques depredadores del PPCV, en la Memòria Històrica i en l'actualitat política general espanyola, amb documentalisme sobre la política espanyola i valenciana. L'opinió, si no sempre explícita, és òbvia i es dedueix de la tria de temes i textos. Allò que escrigui en obrir el post soldrà estar en català, llengua oficial i pròpia del País Valencià i meva. Llengua en què penso i sento. I estarà en la variant catalana de Barcelona de casa meva, que és la dels meus pares i avis.
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