Memòria Repressió Franquista.

Dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica han solicitado a la Audiencia Nacional que vuelva a hacerse cargo de la investigación sobre los crímenes del franquismo, la causa que ha llevado al juez Baltasar Garzón a las puertas de ser juzgado por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación.

La Asociación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria, bajo la representación letrada del abogado Fernando Magán, hacen esta petición a través de un recurso presentado ante el antiguo juzgado de Garzón, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz.

La solicitud se produce dos años después de que la Sala de lo Penal declarara que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El recurso señala como hecho novedoso y determinante para justificar su solicitud que el pasado 23 de diciembre entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un tratado suscrito y ratificado por España y que, por tanto, forma parte de “nuestro ordenamiento jurídico”.

El artículo 5 de este tratado establece que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable”, es decir, que se trata de un delito imprescriptible e inamnistiable.

La asociación señala además que el artículo 20 y 22 del citado convenio obligan a los órganos jurídicos competentes, en este caso y a su entender a la Audiencia Nacional, a practicar diligencias “para la real averiguación de los hechos”.

“BÁRBARA MASACRE”

La Asociación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria hacen estas alegaciones a través de un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional –ocupado por el juez Pablo Ruz tras la suspensión cautelar de Baltasar Garzón- de rechazar la competencia para investigar unas desapariciones que tuvieron lugar en los alrededores de Jerez de la Frontera (Cádiz) en julio de 1936.

El magistrado Ruz decidió inhibirse y remitir la denuncia a los juzgados de instrucción de Jerez de la Frontera a través de un auto dictado el pasado 27 de diciembre, fecha en la que, como recuerda los recurrentes, ya estaba en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Los hechos denunciados hacen referencia a una “bárbara masacre de la población civil” incluidos “mujeres y niños” que tuvo presuntamente lugar en los alrededores de Jerez de la Frontera –el escrito identifica un lugar conocido como el cortijo El Marrugo- en julio de 1936, cuando cruzaron el estrecho “las tropas mercenarias”. Estos sucesos dejaron “fosas comunes y un número indeterminado de personas desaparecidas”.

Para la asociación, estos hechos están relacionados con el “plan único, preconcebido y sistemático” implantado por el bando nacional en la guerra civil para “destruir las instituciones del Estado y ocasionar exterminio radical de una parte de la población, como solución final a la democracia entonces vigente”. Las asociaciones han documentado por el momento el caso de 156.232 víctimas de este plan.

CAUSA DEL SUPREMO

Los recurrentes consideran además que los órganos judiciales todavía no han dado una “respuesta expresa” a la pregunta de si los juzgados ordinarios deben hacerse caso de las investigaciones sobre los crímenes y desapariciones que se produjeron en el territorio del que son competentes.

En este sentido, recuerdan que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo todavía no han resuelto los dos conflictos de competencia planteados sobre esta cuestión. El Alto Tribunal tiene por el momento sobre la mesa dos conflictos de competencia –que se han acumulado en una misma causa- relativo uno a unas fosas comunes situadas en El Escorial (Madrid) y otro a la fosa de la provincia de Granada en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca.