09 May 2010

Ni un rezo por el rojo fusilado. Cómo la Iglesia denigró a un alcalde fusilado en el 39.

Escrito por: jordigraug el 09 May 2010 - URL Permanente

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Luego aún se quejarán estos miserables.

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http://www.publico.es/espana/311238/rezo/rojo/fusilado

Ni un rezo por el rojo fusilado

Cómo la Iglesia denigró a un alcalde fusilado en el 39

Á. MUNÁRRIZ / M. SERRANO - SEVILLA 08/05/2010 19:16 Actualizado: 08/05/2010 19:17

El último alcalde republicano de Cuevas de Almanzora (Almería), Martín Márquez, fue fusilado el 1 de julio de 1939 y arrojado a una fosa común a la edad de 40 años. Dejó seis hijos y una viuda embarazada de mellizos, a los que el régimen intentó quitarles lo poco que pudieran tener. El Tribunal de Responsabilidades Políticas pidió para ello información, entre otros, al cura de Cuevas, que entregó un informe regado con gruesos epítetos que retrata al alcalde fusilado, sin aportar pruebas, como un radical cínico y ladrón. La antítesis de la caridad cristiana.

La inminente apertura de la fosa común en la que se cree que se encuentra Márquez, en Almería capital, supondrá más de 70 años después de su asesinato no sólo un consuelo para sus descendientes, sino la restauración plena de su imagen. Una imagen que fue manchada por la Iglesia en un informe que destila odio hacia Martín Márquez -y lo que representaba- tres años después de muerto y arrojado a la fosa.

"Fue expulsado de Estados Unidos como indeseable"

"Fue una persona en la que se hermanaban excepcionalmente la perversidad, la osadía, el cinismo y el ansia de figurar, de apoderarse de lo ajeno y de obtener notoriedad", dice el informe clerical de marzo de 1942, al que ha accedido Público. El informe, solicitado por el tribunal "al cura primero" de Cuevas, lleva el sello de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, sin firma de ningún párroco concreto.

"Fue expulsado de Estados Unidos como indeseable -sigue el ministro de la Iglesia- viniendo antes de la proclamación de la República, enrolándose en el Partido Socialista y dedicándose apenas llegado a perturbar en todos los órdenes haciendo una gran campaña propagandística".

El informe, que da fe del fusilamiento del regidor, recuerda que fue concejal, teniente de alcalde y luego presidente de la corporación, que formó parte del Frente Popular, al igual que dos de sus hermanos, y que como regidor "incautóse de fincas de personas desafectas a aquel régimen". Olvida mencionar la militancia ugetista de Márquez, tío abuelo del ex consejero de Innovación de la Junta y ex líder del PSOE en la provincia de Almería, Martín Soler.

Martín dejó seis hijos y una viuda embarazada de mellizos

Sólo en Andalucía hubo alrededor de 70.000 expedientes de este tipo, según Fernando Martínez, coordinador del estudio La represión económica y administrativa. Las actuaciones de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía. Destinados a dejar en la ruina absoluta a los vencidos, estos tribunales se servían de informes de gobernadores civiles, falangistas y sacerdotes.

Este modo de proceder encarna todo lo contrario de aquello que rogaba Manuel Azaña en su mítico discurso del 18 de julio de 1938 en Barcelona, cuando pedía a los españoles enfrentados, y a aquellos que alcanzaran a ver el fin de la guerra, "que piensen en los muertos y que escuchen su lección". "Paz, piedad y perdón", cerraba su discurso Azaña, a la sazón presidente de la República, dejando una frase tan histórica como ignorada.

Represión económica

En el caso de Márquez, el informe elaborado por Gonzalo Pérez, alcalde accidental, es aún más duro que el de la parroquia, llegando a calificarlo como "despreciable sujeto condenado justamente a muerte" y haciéndole una genérica y nada detallada imputación de asesinato.

"A mi abuelo le quisieron expropiar lo que nunca tuvo"

Los informes eran reclamados por el Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de Almería a las autoridades rogándoles "la máxima objetividad" en la descripción del sujeto investigado y "singularmente de los bienes de toda clase, créditos, sueldos, rentas o productos tanto de él como de su cónyuge y familiares". Con Márquez tuvieron escasa fortuna en el intento de hacerse con sus bienes. "A mi abuelo le quisieron expropiar lo que nunca tuvo. Sólo consiguieron no dejar jamás tranquila a su familia y tenerla vigilada", cuenta su nieta Manuela, residente en Barcelona, ciudad a la que huyó su abuela Isabel Peñuelas con sus seis hijos y dos más en camino tras el asesinato de su marido.

Uno de los hijos de Isabel y Martín, Alfonso Márquez, de 87 años, es el tío de Manuela. Cuenta que el régimen hizo todo lo posible para quitar los bienes a la familia, pero que había poco donde rascar porque la casa donde habían vivido en Cuevas era alquilada y en Barcelona todos se instalaron en el domicilio de una tía. El informe del Ayuntamiento admite: "No se le conocen bienes, su familia reside actualmente en Barcelona".

"Lo intentaron todo, pero este hombre salió de la política tan pobre como entró", resume Juan Gallo, comisario para la recuperación de la memoria histórica en Andalucía.

"Lo intentaron todo, pero este hombre salió de la política tan pobre como entró"

La apertura de esta fosa será el primer trabajo de este tipo que se realice en Almería, y se acogerá al protocolo de exhumaciones aprobado por la Junta y que ya se aplicó en la excavación en Alfacar (Granada), donde se creía que descansa Federico García Lorca.

La familia Márquez lleva más de seis años luchando por esta excavación. En noviembre del año pasado llegó incluso a trasladar su caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Ahora los Márquez están de enhorabuena. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), acaba de autorizar la excavación de la fosa común del cementerio de San José, donde se cree que está enterrado el alcalde junto a 370 personas más. El topógrafo ya ha comenzado los trabajos en la zona.

La voluntad de su hijo

Las hermanas Manuela y Ana María Márquez, junto a su padre, Agustín, de 83 años, acudieron esta semana a Almería para asistir al homenaje al alcalde, en él se anunció la búsqueda de sus restos. El deseo de Agustín es que su padre descanse junto a su esposa y uno de sus hijos, fallecido con sólo 14 años.

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06 May 2010

España postgenocidio (I).No son sentencias, son crímenes de guerra. Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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España postgenocidio (I)
No son “sentencias”, son crímenes de guerra

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 05/05/2010@11:18:47 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

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ANTONIO DOÑATE. Pero hay una Justicia Universal

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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ANTONIO DOÑATE

Última actualización 04/05/2010@12:15:30 GMT+1
La verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí, donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Para analizar el grave descenso de la credibilidad que deben ofrecer los jueces y tribunales, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, parece oportuno partir de las siguientes afirmaciones cuasi axiomáticas.

  • Primera.- El Poder Político en una sociedad organizada, a semejanza de la materia, ni se crea ni se destruye, SOLO SE TRANSFORMA. Difícilmente se puede hablar de “vacío de poder” : Siempre hay alguien que está dispuesto, sólo o acompañado, a asumir el poder abandonado o arrebatado a otros. El ejemplo lo tenemos en nuestro país con la dictadura franquista.
  • Segunda.-Para que el Poder político no sea tiránico o totalitario debe estar repartido y recíprocamente controlado. Recordemos el caso de Arnaldo, el Molinero de“Sans Souci”, quien ante las pretensiones del Rey Federico II de Prusia que quería ampliar los jardines del Palacio, se negó a vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca -prototipo del despotismo ilustrado- “te las puedo tomar sin pagártelas”, el molinero respondió: “Sí, pero hay jueces en Berlín” .
  • Tercera.-El poder sólo tiene sentido si se ejerce en garantía de los derechos de los ciudadanos, hasta tal punto que ya la Declaración francesa de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en su art. 16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Nos sigue valiendo el ejemplo de los cuarenta años de dictadura fascista.
  • Cuarta.-Ahora bien, sin jueces formal y materialmente independientes, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber auténtica democracia.

El Estado debe, por tanto, proporcionar un efectivo estatuto de independencia a los jueces, y estos viene obligados a devolver imparcialidad, ya que los ciudadanos lo que necesitan son jueces IMPARCIALES, equidistantes entre las partes en conflicto.

Pues, bien, partiendo de estas afirmaciones, puede concluirse que la verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.

Obviamente, también los jueces y tribunales deben ser controlados, y entre otros aspectos, en:

  • si motivan o no adecuadamente sus resoluciones y sentencias,
  • si cumplen con su obligación de adecuar la interpretación de las normas a la realidad social del momento en que deben ser aplicadas y siempre en relación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que proclama el artículo primero de nuestra Constitución,
  • y también,si han respetado o no las reglas de juego en los procedimientos en que dictan sus resoluciones y sentencias.

De ahí surge, no solo que pueda y deba exigírseles la correspondiente responsabilidad penal, disciplinaria o civil, sino además que sus resoluciones y sentencias puedan ser sometidas a la critica pública. Es más, la mayor altura en la jerarquía jurisdiccional, supone, no un mayor arbitrio, sino una mayor exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, porque socialmente el riesgo de desprestigio, de pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial es mucho mayor. Y aunque todos venimos obligados a acatar, a cumplir, sus resoluciones y sentencias cuando han adquirido firmeza por no haberlas recurrido o porque se han agotado todos los recursos legalmente previstos, este acatamiento nunca supone que no puedan ser objeto de crítica pública, en cuanto estamos ante actos que emanan de uno de los poderes del Estado.

No se entiende, por tanto, que por dirigentes del principal partido de la oposición, se hayan calificado actos, como el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Madrid, como “antidemocráticos”, o que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto órgano constitucional al que le corresponde velar por la independencia de los jueces y tribunales, se haya limitado a manifestar públicamente su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón. Y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, de que el Consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”. Porque o ha habido un ataque a la independencia de los
magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -lo que obligaría a otro tipo de pronunciamientos-, o se está criticando, sin el rigor exigible, el legítimo ejercicio por los ciudadanos de los derechos democráticos de reunión y expresión en el acto convocado por los Sindicatos UGT y CC.OO.

Afortunadamente desapareció del Código penal uno de los delitos más preciados por las autoridades políticas y judiciales durante el franquismo, y buena parte de la transición: el desacato. Y hasta el día de hoy, que se sepa, ningún integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha presentado denuncia por calumnia, injuria, insulto o amenaza contra alguna víctima o familiar de víctimas del franquismo o contra cualquier otro ciudadano que individual o colectivamente ha mostrado su disconformidad con las resoluciones dictadas en dicho proceso contra Baltasar Garzón.

Lo procedente, a mi modo de ver, es encajar dichas críticas analizando lo que de verdad puede haber en ellas, especialmente cuando van siendo cada día más numerosas y más extendidas geográficamente -nacional e internacionalmente- y no rechazarlas, sin más, calificándolas despectivamente de plebiscitarias como se valora en uno de sus autos por el magistrado instructor Luciano Varela.

¿ Se ha preguntado el Consejo General del Poder Judicial por qué se está tardando tanto en resolver las cuestiones de competencia que sobre esta cuestión tiene pendiente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando previsiblemente ayudaría a resolver el problema? ¿Falta de medios personales o materiales o indebida planificación del “tempus” de sus resoluciones?

En todo caso, esta situación puede ser demostrativa de que el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático deja bastante que desear cuando uno de los Poderes del Estado, el Judicial, no cumple
adecuadamente su función, unido a que otro de los Poderes, el Legislativo, no hizo bien su papel con la insatisfactoria Ley 52/2007, mal llamada de la Memoria Histórica, ni parece estar dispuesto a dejar claro el alcance de la Ley de Amnistía de 1977, convertida en la práctica judicial en Ley de Punto Final, y porque el otro Poder, el Ejecutivo, parece conformarse con la “beneficencia”, pausadamente administrada, de la citada Ley del 2007.

Y como consecuencia de esta pérdida de confianza por un cada vez más amplio sector de la ciudadanía, y debido asimismo a los compromisos internacionales asumidos por España, si las “víctimas” de los delitos gravísimos del fascismo español no obtienen la respuesta de “verdad, justicia y reparación” que legal y constitucionalmente les corresponde, no es de extrañar que se haya producido el grito actualizado del molinero de Sans Souci: “pero hay una Justicia Universal”, que está dando ya sus primeros pasos en Argentina para nuestro bochorno y vergüenza.

Antonio Doñate - Magistrado(j.) y ex-profesor de la Escuela Judicial.
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27 Abr 2010

Any 2010: Mallorca recorda els assassinats pel feixisme

Escrito por: jordigraug el 27 Abr 2010 - URL Permanente

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25 Abr 2010

La "coacción" del Supremo paraliza la exhumación de fosas.

Escrito por: jordigraug el 25 Abr 2010 - URL Permanente

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Sirva este artículo como recordatorio a lo que ciertos malnacidos, fascistas o cómplices del fascismo, quieren que olvidemos. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. No hay ley nacional que amnistíe los Crímenes contra la Humanidad ni el Genocidio ni Democracia que sea tal y lo permita.
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http://www.nuevatribuna.es/noticia/33608/ESPA%C3%91A/22coacci%C3%B3n22-supremo-paraliza-exhumaci%C3%B3n-fosas.html

Última actualización 25/04/2010@18:43:10 GMT+1
La mayoría de los juzgados territoriales han archivado los expedientes remitidos por Garzón para investigar los crímenes del franquismo. Los colectivos de víctimas exigen a la autoridad judicial que intervenga mientras el Tribunal Supremo se niega a resolver la cuestión de competencia.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G.CABALLERO 25.04.2010

“Después de lo que está ocurriendo con Baltasar Garzón qué juez en España se va a atrever a abrir una fosa”, dice Manuel Perona, presidente de la Asociación de Cataluña para la Recuperación de la Memoria Histórica. “En España no hay un solo juez ni juzgado competente para investigar estos crímenes”, lamenta Marçal Isern de Temps de la Memoria. “Los jueces están siendo coaccionados por el Supremo”, afirma el abogado Fernando Magán.

Desde que Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 a favor de los distintos juzgados territoriales la mayoría de los expedientes (46 de 60) han sido archivados. La falta de un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia ha derivado en una disparidad de actuaciones en los procedimientos abiertos. Dos juzgados, el de Granada y el del San Lorenzo de El Escorial mantienen que la competencia para investigar los crímenes de la dictadura la tiene la Audiencia Nacional. Otro, el de Benavente (Zamora) ha sido el único hasta ahora que se ha declarado competente y ha procedido a la exhumación. La mayoría ha aceptado la inhibición y ha dado carpetazo al asunto sin llamar a ningún testigo a declarar. Y es que no hay autoridad judicial en España que quiera hacerse cargo de los miles de cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.

150.000 DESAPARECIDOS

Lo que se dirime en el fondo de la llamada ‘causa Garzón’ o ‘causa contra el franquismo’ o ‘causa de la memoria histórica’ no es más que la ‘causa de las fosas’. En España existen más de dos mil fosas clandestinas y decenas de miles de desaparecidos. Sólo en el auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional con fecha 16 de octubre de 2008, figura la cifra de 114.266 muertos pero la estimación de los peritos es de alrededor de 150.000 cuerpos enterrados. Las denuncias partieron de los familiares de las víctimas.

El crimen a investigar es de un delito de detención ilegal, de desapariciones forzadas, que se enmarcan en la categoría de crímenes contra la humanidad. Como dice el citado auto en relación a la guerra civil los responsables de la insurrección armada llevaron a cabo un programa de exterminio “acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación”. Esos hechos son precisamente los que determinaron la apertura de la investigación por parte de Garzón del paradero de miles de personas detenidas y aniquiladas por el régimen franquista.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 la autoridad competente y única eran los jueces y también los ayuntamientos cuando se trataba de cementerios en los que se actuaba por vía administrativa. Hace ya años que en España se está procediendo a la exhumación de fosas pero la novedad aportada por la nueva normativa impulsada por el Gobierno del PSOE es que abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proceder a las exhumaciones a través de un protocolo. Sin embargo, las víctimas del franquismo exigen que se proceda por vía judicial y que se investiguen los crímenes por detención ilegal y desaparición forzada tal y como estableció Garzón.

“Se trata del mismo delito cometido en distintas partes del territorio. No hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones”, resalta la letrada Elena Reviriego, que critica la actuación de la Audiencia Nacional por no haber asumido la ‘causa general’ dando lugar a un sinfín de resoluciones dictadas por los juzgados territoriales.

CATALUÑA (3.338 VÍCTIMAS)
“En Cataluña no se ha hecho ninguna exhumación por orden judicial y los intentos hasta ahora han sido inútiles” afirma Manuel Perona. Se estima que en esta comunidad haya más de 200 fosas y más de 3.000 peticiones de familiares de desaparecidos. Los dos casos derivados por Garzón han caído en saco roto. El juzgado no se ha puesto en contacto con las víctimas. El Govern aprobó una ‘ley de fosas’ para recuperar los cuerpos que obliga a comunicar a los juzgados la orden de exhumación. También disponen de un censo y de un mapa de fosas pero los únicos desenterramientos llevados a cabo se han hecho por vía administrativa. Las víctimas sostienen que la apertura de una fosa es competencia judicial.

MALLORCA (1.486 VÍCTIMAS)
“Las exhumaciones están judicialmente paradas. No hay ningún tribunal competente. Las fosas no se pueden tocar. Los recursos se desestiman. No hay voluntad política. El apoyo de las instituciones es nulo”, explica Marçal Isern. Las dos causas abiertas en las Islas Baleares son por las fosas comunes de Porreres y Calvía. Ambas han sido desestimadas por la Fiscalía. El asunto está en manos de la Audiencia Provincial y las asociaciones de víctimas están dispuestas a llevarlo al Constitucional. Los juzgados se niegan a investigar por un delito de lesa humanidad sino por delitos de asesinato que ya habrían preescrito.

ANDALUCÍA (42.131 VÍCTIMAS)
“La responsabilidad es del Estado. Los jueces tienen que actuar. Algunos no han entrado ni a pronunciarse, no contestan. Hay un abanico de actuaciones, cada uno interpreta la ley como mejor le parece”. Lo dice Manuel Velasco, presidente de la Asociación “Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, región en la que hay más de 600 fosas localizadas. El Gobierno de la Comunidad está elaborando el mapa de fosas de las ocho provincias andaluzas que luego se integrarán en el mapa estatal del Ministerio de Justicia. El juzgado de Granada, donde se encuentra la causa de Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón y está pendiente del pronunciamiento del Supremo sobre la cuestión de competencia. No obstante sí se procedió a la exhumación de la fosa de Alfacar (donde al final no se encontraron los restos del poeta) por vía administrativa.

VALENCIA (29.034 VÍCTIMAS)
“Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Entendemos que se debe proceder por orden judicial en la exhumación de fosas”, afirma Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià. En el cementerio de Valencia hay seis fosas comunes. Garzón ordenó la exhumación de tres de ellas. La causa es archivada en aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la Ley de Amnistía. El asunto llega a la Audiencia Provincial, también la causa de Orihuela en Alicante y después al Constitucional que no admite a trámite el recurso de amparo de los familiares de las víctimas.

MADRID (3.424 VÍCTIMAS)
“En Madrid se paralizaron las exhumaciones cuando se tocó el Valle de los Caídos”, asegura Fernando Magán. La causa va camino del Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial rechazara el pasado mes de diciembre los dos recursos de apelación presentados por familiares de dos de las víctimas negando que se tratara de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos es resultado de la denuncia por un bebé supuestamente “robado” en la maternidad de O’Donnell. La Audiencia anula la causa llega a argumentar que “la desaparición del bebé no puede estar inmersa en los supuestos de la llamada Memoria Histórica al ocurrir en 1964 y por tanto fuera del lapsus temporal de lo que se consideró propio de la represión realizada durante la guerra civil y los años siguientes”.

VARIOS AVISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este sentido hay que recordar que el periodo de estudio que estipuló Garzón va desde del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951, pero la represión continuó hasta el final de la dictadura y de hecho el juez no cierra la posibilidad de que se puedan investigar delitos posteriores a la década de los 50. En la querella por genocidio presentada en Argentina por familiares de las víctimas la causa se amplía hasta 1977.

En Extremadura (9.486 víctimas), los cuatro juzgados que recibieron el encargo de Garzón han archivado las causas. La exhumación de fosas se ha paralizado en el último año. Igual sucede en Galicia (7.000 víctimas), donde los familiares amenazan con llegar al Constitucional. En Burgos (Castilla y León, 14.660 víctimas), la causa está en la Audiencia Provincial.

En el último año distintos organismos internacionales han instado a España a “continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos” (Comité contra la Tortura). También han mostrado su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas” (Comité de Derechos Humanos).

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20 Abr 2010

LOS NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO

Escrito por: jordigraug el 20 Abr 2010 - URL Permanente

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LOS NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO

Iglesia y médicos, cómplices de un crimen de lesa humanidad

AGNESE MARRA
Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que nació con la intención de “sacar el germen marxista” de los hijos de los republicanos. El resultado son alrededor de 30.000 niños robados. Los especialistas nos cuentan el modus operandi de una de las mayores atrocidades del franquismo.

Última actualización 19/04/2010@20:55:20 GMT+1
NUEVATRIBUNA.ES - 19.04.2010

Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que comenzó con una misma intención: “Sacar el germen marxista” de los miles de niños con madres o familia republicana. La persecución de ese gen, tal y como mandaba Vallejo Nájera, es una de las pruebas más rotundas del genocidio que supuso el franquismo.

Miles de niños robados, ultrajados, con nuevos apellidos, identidades, lugares de origen. Miles de personas que ya superan los cuarenta años y que continúan con su vida sin conocer quiénes son, amparados bajo un engaño que ni el Estado español ni las autoridades pertinentes quieren desenmascarar.

Sin emabrgo hay otras personas, que van desde abogados, psicólogos, antropólogos o periodistas que están dedicados a sacar a la luz uno de los crímenes más brutales del franquismo. Tres de ellos se reunieron la tarde del lunes en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, donde se mantiene el encierro de apoyo al Juez Garzón. Como ya se contó en este periódico, este encierro ha devenido en un espacio de memoria y de denuncia para que España pueda conocer las cientos de páginas de Historia que Franco y sus secuaces eliminaron de un plumazo.

Los datos que ofrecen son estremecedores. Las imágenes llegan a la memoria en blanco y negro, pero estos crímenes también son de la etapa de technicolor. “En España se han robado sistemáticamente niños. Empezaron con el franquismo y la situación ha perdurado hasta entrados los años ochenta”, dice el sociólogo y experto en el tema Paco Tena. Durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70, los robos tenían una connotación claramente política, sin embargo en los 80 estaba orientado a la mera ganancia económica, sólo al negocio.

Los primeros robos comenzaron en los años 40. Sus víctimas eran las mujeres que entraban embarazadas en la cárcel. Todavía quedan testimonios que han denunciado cómo les robaban los hijos a las presas republicanas. Una de las matronas de aquella época, que hoy cuenta con 95 años, reconoció el robo de los niños en las prisiones y contó cómo las monjas les ponían un pañuelo en la cara a los bebés cuando les daban de mamar para que no le cogieran cariño a su madre. Guillermo Fouces que trabaja como psicólogo para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también recuerda: “Además que les dejaban muy poco tiempo de lactancia siguiendo las órdenes de Vallejo Nájera, para que no se les contagiara el gen del marxismo”.

LA IGLESIA SE ENCARGABA DE TODO

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”, le dijo Emilia Girón a la periodista María José Esteso Poves, una de las asistentes a la mesa redonda. Lo que le dijeron a Emilia se lo decían a todas. A pesar de que el niño nacía bien y las madres eran capaces de verlo, rápidamente una enfermera les indicaba que tenían que llevarlo a una incubadora. Al día siguiente le comunicaban a la madre que el bebé había muerto. Nunca más volvían a ver a su hijo.

Tampoco se volvía a ver la documentación. Ni el certificado de nacimiento, ni el de defunción, y ni siquiera el de la madre que estuvo hospitalizada y fue a dar a la luz: “Muchas de las madres han ido después a las clínicas para pedir su ficha y no se las han dado, dicen que han desaparecido”, cuenta indignado Paco Tena. Estas madres ya pertenecen a la segunda etapa. Ya no son las presas. Las víctimas eran aquellas mujeres a las que podían relacionar con la República o con una ideología de izquierda.

Un médico que en esa época (años 60 -70) trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, y que se ha negado a mostrar su identidad ha reconocido las investigaciones a las que han podido llegar expertos y víctimas: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”, narra la periodista que pudo hablar con él.

El crimen se cometía a lo largo y ancho de la península, incluso hay casos documentados en las islas Canarias. Un entramado bien pensado, con varios protagonistas que cumplían papeles claves para que el negocio nunca se descubriera y se pudiera sacar el mayor beneficio. “Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Esta operación se repetía de punta a punta. Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, le dijo otra de las madres usurpadas a María José Esteso.

La Iglesia no sólo estaba en cada una de las etapas del ‘robo’ sino que además castigaba a las parturientas por entender que las ayudaban a dar a la luz: “Después de parir y robarles los hijos, las mantenían durante años limpiando los suelos de los hospitales para que pagaran su deuda por haber sido atendidas”, cuenta Paco Tena.

‘ENDEMIA DE OTITIS’

Las instituciones y administraciones también estaban metidas en el ajo. Los partes de defunción existentes tenían todos la misma causa de la muerte: otitis. En un registro de la comunidad de Madrid hay incluso un día en el que en el mismo hospital mueren siete bebés por otitis, explica el sociólogo y lo corrobora la periodista. Ambos han trabajado juntos y cuando vieron esa información no tardaron en hablar con varios pediatras: “Todos nos decían lo mismo, que era imposible que un bebé muriera por otitis, es más en el registro de enfermedades de muerte infantil hay muchísimas y ninguna es por otitis”.

El Registro Civil es una de las instituciones que se niega a ofrecer datos a las víctimas que hoy buscan a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. “Es que tenían funcionarios comprados. En el parte de defunción hablaban de otitis, pero ni siquiera decían si les habían enterrado o incinerado, por no hablar de las partidas de nacimiento falsas con nuevos nombres y por supuesto todos los partes de defunción falsos”, señala Tena. Y es que el negocio que inventó Franco daba mucho dinero. No era de extrañar que las familias más adineradas llegaran a pagar hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios ‘comprados’.

Las clínicas que más han sido investigadas están en Madrid. La Clínica de O’Donell y la maternidad de Santa Cristina (amabas en la misma calle) y una tercera que actuaba coordinándose con las anteriores, la clínica San Ramón. Las tres practicaban el mismo modus operandi: niño en la incubadora, después decir que estaba muerto y registrar como parturienta a la madre adoptiva y no a la verdadera. Algunos de los médicos que trabajaban allí en aquella época y que presumiblemente organizaban los robos hoy siguen vivos. Es el caso del tocólogo Eduardo Vela Vela o el del ginecólogo Villa Elizaga, que hoy se encuentra dando clases en la Universidad de Navarra. Entre estas ‘curiosidades’ también está el hecho de que el directo y fundador de la clínica O’Donell fue José Botella Llusía, tío de Ana Botella, mujer de José María Aznar.

LA IMPUNIDAD CAMPA A SUS ANCHAS

Aunque parezca mentira gran parte de estas atrocidades estaban amparadas por ley. Algunas de las Leyes de Franco menos conocidas y más brutales hoy saltan a la palestra en medio de una mesa redonda que los asistentes siguen con los ojos bien abiertos. La periodista María José Esteso nos refresca la Historia menos contada: “El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 en la que se daba la patria potestad al Estado. Pero en 1941 otra ley terminó por empeorarlo más ya que se autorizó cambiar los apellidos”. El sociólogo interrumpe y dice: “Es un peligro que miles de personas crean que tienen una pasado médico con la identidad de padres falsos, es una atrocidad”.

Pero el esperpento continúa cuando se conoce la Ley de Patrimonio 16/85 que recoge que para proteger a la madre no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta pasados cincuenta años. La película se pone cada vez más negra para todo aquel que quiera conocer lo que sucedió en aquellos años. Además los que lo han intentado han salido mal parados. Los ejemplos son muchos.

En los años 90 cuando surgió el programa de televisión ¿Quién sabe dónde? llegaron a la redacción cientos de casos que buscaban a sus familiares desaparecidos en el franquismo, mucho de ellos hablaban de sus hijos robados. La intensidad de llamadas fue tal que el propio presentador, Paco Lobatón, animó a las víctimas a unirse en asociación. Le hicieron caso y formaron Derechos a saber ANDAS. Sin embargo el periodista del programa no tuvo tanta suerte ya que tras sacar a la luz un caso, y en plena subida de audiencia, Televisión Española decidió acabar con el programa, cuenta Paco Tena.

La periodista María José Esteso, cuenta algo parecido que le sucedió a ella cuando fue a entrevistar a María Cruz, la entonces presidenta de la asociación ANDAS y uno de los testimonios que más ha luchado por conocer la verdad: “En ese momento trabajaba de free lance para el grupo PRISA y cuando les conté el tema, cómo había ido mi entrevista, me dijeron que no les interesaba publicar ese tipo de cosas. Les terminé convenciendo y lo sacaron, pero tuve que dulcificar muchísimo todo lo que me había dicho”.

El caso más reciente lo ha sufrido Paco Tena, quien ha publicado numerosas investigaciones sobre los niños robados: “Hace tan sólo tres meses me llamaron y me dijeron que no siguiera investigando por ahí, que tenía que tener cuidado. Esa es la mejor prueba de que el franquismo sociológico sigue vivo”.

UNA PARED DE FRENTE

Las víctimas que han intentado conocer su historia se han encontrado siempre con la misma respuesta: el silencio. Los especialistas y los familiares coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que lo ponen más difícil, por no decir imposible. “La Iglesia es la que tiene todo, los registros de bautismo originales, con los nombres de los padres verdaderos, las defunciones, los nacimientos, ellos tienen todo, pero no nos lo quieren mostrar”, señala el sociólogo.

Tanto Paco Tena como la periodista María José Esteso coinciden que los expertos no pueden hacer mucho más: “Es el Estado quien se tiene que encargar de todo esto, es la Fiscalía la que tiene que llevarlo y obligar a las instituciones a que muestren las pruebas”, dice Tena. Pero de repente se acuerda: “Bueno, la verdad es que hemos venido aquí para apoyar a Garzón, la única persona que ha intentado investigar esto, y por eso mismo está en el banquillo. Todo esto es un sin sentido”.

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14 Abr 2010

Calla y olvida. Antonio Suárez Bueno.

Escrito por: jordigraug el 14 Abr 2010 - URL Permanente

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Calla y olvida

Antonio Suarez Bueno. 14.04.10

Calla y olvida sería un buen lema para el pensamiento fascista que lió la pajarraca en el 1936 y que ahora se oponen radicalmente a que se investigue los crímenes que cometieron bajo su idealismo. Dar café, mucho café o simplemente el paseillo, fueron el destino de personas inocentes que el único delito que cometieron fue el no pensar como ellos. Personas ilustres como García Lorca o Blas Infante y personas menos conocidas fueron victimas de este odio tan cruel y radical. "Por Dios y por España". Estos asesinatos estaban justificados y libres de pecado. Que no se nos olvide que la iglesia católica apoyó esta barbarie. Había que salvar a España porque esta se desmembraba o rompía. Había que salvar a España de demócratas y cambios.

Curioso lo de salvar a España, o España se rompe, el mismo discurso que llevo escuchando por parte del principal partido político de la oposición.Ayudados por nazis y fas cistas italianos ganaron esa absurda guerra y no fue bastante. Había que exterminar cualquier forma pensamiento contrario. Durante años y años las condenas a muerte fueron numerosas. Había que demostrar el poderío fascista, por fin España recuperaba su sitio en la historia.

En la nueva España franquista se conmemoraba continuamente la victoria sobre, según ellos, los traidores. Fascistas recordados en monumentos, calles, plazas y hasta un mauseleo para enterrar a los caidos por España, el valle de los caidos. Después de la alemania nazi cualquier forma que recordaba esa época desapareció. Aquí en España no. Estatuas del caudillo y calles con nombres de asesinos que colaboraron con él sienta mal quitarlas. Forma parte de nuestra historia y la nostalgia aún perdura. Da igual si hay cientos de personas enterradas en cunetas de carreteras o en fosas en mitad del campo. Las cosas hay que dejarlas así. Calla y olvida.

Baltasar Garzón, juez de la audiencia nacional y héroe, alabado por nuestra derecha política cuando investigó el caso Gal y denunció al ex ministro del p.s.o.e., José Barrionuevo. Baltasar Garzón el villano, cuando investiga las desapariciones y crímenes originados en la guerra civil por parte del idealismo fascista y por investigar la mayor trama de corrupción política en democracia, el caso Gurtel. La derecha está muy molesta con este juez y quieren quitarlo de circulación como sea. La misma derecha que nunca ha condenado el franquismo y que apoya las denuncias de grupos fascistas contra este magistrado por las desparariciones y crímenes en la época de Franco. La derecha que dice que es de centro y pienso que está más a la derecha de lo que nos pensamos.

El juez Garzón ha investigado crímenes en dictaduras como en la Argentina y la Chilena. Nadie le denunció por eso. Sin embargo, cuando investiga lo que pasó en España le
llueven las críticas. En España el bando vencedor en la guerra civil ha sido recordado durante años.¿Por qué no se puede recordar a los otros? Sí, los que verdaderamente defendieron a España de la traición fascista. A día de hoy hay muchísimas personas que quieren recuperar los restos de familiares asesinados por la sin razón. Restos de personas en fosas comunes, restos de personas en los sitios más inhóspitos. Enterrados sin dignidad y con desprecio.

Desde aquí mando todo mi apoyo al juez Garzón. Personas como estas deberían de haber más. Quizás deban de pasar algunas generaciones para entender estas incongruencias. Ni me callo ni olvido.

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11 Abr 2010

A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo. Jaime Pastor.

Escrito por: jordigraug el 11 Abr 2010 - URL Permanente

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A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo
En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía...
Jaime Pastor | Para Kaos en la Red | 9-4-2010 a las 20:48 | 599 lecturas | 11 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/proposito-criminalizacion-investigacion-sobre-crimenes-franquismo
La ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del "consenso de la transición".

Jaime Pastor*

El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.

Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez1. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).

*Jaime Pastor es profesor de Ciencias Políticas y militante de Izquierda Anticapitalista

http://www.anticapitalistas.org

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Julián Zubieta Martínez : "Entonces, ¿Cómo se juzgan los delitos franquistas ?"

Escrito por: jordigraug el 11 Abr 2010 - URL Permanente

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http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article29956

Julián Zubieta Martínez : "Entonces, ¿Cómo se juzgan los delitos franquistas ?

| 2010-04-10 01:58:15
Está claro que es la historia quien lo va a hacer. La sabiduría de la historia es tan perspicaz que no tolera intrusos, ella escoge a sus protagonistas y rechaza sin compasión a los que no han sido llamados a sus brazos, por más empeño y ahínco hayan puesto en figurar. Quien cae una vez del carro del destino, ya no vuelve a alcanzarlo. Desde luego que no me refiero a la historia oficialista, manipulada por los poderes de siempre, me inclino por esa otra historia, la de los perdedores sometidos a la violencia de los vencedores.

El juez Garzón en su afán de protagonismo y con su orgullo exhibicionista ha traspasado la frontera del equilibrio, por otra parte, tan necesario para la justicia. A mi entender, él no debería haberse entrometido en los casos de los desaparecidos ocurridos por el Alzamiento Nacional. Los dos autos fechados y presentados bajo su firma el 16 de octubre y 18 de diciembre de 2008, son de suma importancia para aclarar unos hechos, hasta ahora, inéditos para la justicia oficial. Bien es cierto. Pero no debemos olvidar, que Garzón no es su autor, si no que son los investigadores e historiadores los que han recogido toda la información y todos los datos, que luego han sido transcritos por el juez en los autos.

Por lo tanto, creo que unos delitos declarados en el contexto de crímenes contra la humanidad por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -que por cierto pide la anulación de la Ley de Amnistía de 1977, que más adelante mencionaré-, deberían haber convocado a más magistrados y especialistas, para la confección de un auto más sólido, que pudiese evadir los inconvenientes del narcisismo del magistrado acusado, ahora, de prevaricación por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela. Lo ha tenido fácil, el que mucho abarca ya se sabe.

Lo que ha quedado claro ha sido el posicionamiento de la prensa de ámbito nacional. Revisar las editoriales de los diversos periódicos durante estos días crea una sensación de irritación, debido al olvido persistente, en casi todos, de las víctimas del franquismo. La prensa de carácter más conservadora, desvela sin rubor que importa más la figura de Garzón que los delitos amparados por el franquismo. Se olvidan de los delitos que de verdad se tienen que juzgar, el exterminio de los rojos. Había que acabar con ellos antes de que ellos acabasen con su España. Eran el diablo. Había que aniquilarlos, porque : apresados se daban la gran vida, sus maestros desalojaban a los curas de las escuelas, las mujeres votaban como si fueran varones, el divorcio profanaba el sagrado matrimonio, la reforma agraria amenazaba el señorío de la Iglesia y los terratenientes sobre las tierras. En definitiva, había que quitarles a sus hijos, como así hicieron en muchas ocasiones, para darles una educación correcta : la suya.

Siguiendo con el análisis de la prensa, aparte de la imputación del juez estrella por prevaricación –de la que él era consciente-, nos encontramos perlas del estilo : “…imputado por prevaricar en el mal llamado caso del franquismo…proceso penal manipulado hasta en su denominación vulgar” “…por investigar el régimen franquista, cosa que nunca ha hecho y que así dicho, es un reduccionismo chusco que busca disculparlo con la excitación de sentimientos frentistas”, esto se ha podio leer estos días en el ABC ; en La Razón, nos encontramos : “Varela, considera que atribuyó –el juez- a personas fallecidas, como los generales Franco, Mola o Quiepo de Llano actuaciones delictivas que habían preterido y estaban afectadas por la Ley de Amnistía de 1977”, además insiste en que : “Entendemos que las decisiones de Garzón en la causa contra el franquismo no tienen sostén jurídico y que su actuación ha sido un ejercicio de un principio al calor de la revanchista Memoria Histórica” ; en El Mundo, P. J. Ramírez, declara en su video, sobre todo, la importancia de la Ley de Amnistía, significando que ser facha –parece que se refiere a Manos Limpias, la Falange y Libertad e Identidad, los querellantes- no significa no tener derechos, lo erróneo es derogar el principio de legalidad anteponiendo las preferencias ; La Vanguardia, también hace valer la importancia de la Ley de Amnistía. Por otro lado, la prensa más “progresista”, léase El País y Público, defienden la Ley de Memoria Histórica, que desde luego no convence a casi nadie que tenga algo que ver con las víctimas del franquismo.

Como vemos el panorama es asolador. Y más si cabe, porque la tan defendida Ley de Amnistía de 1977, primero es preconstitucional, hecho que se distingue al leer su desarrollo, donde nos encontramos artículos de este estilo : art. 1.- Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Art. 2.- En todo caso están comprometidos en la amnistía : a) los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión y motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar. Art. 7.- Los efectos y beneficios de la amnistía se refieren, a : b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos de derecho a percibir las prestaciones debidas ; c) La eliminación de antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.

Bien está reconocer que los años han servido a emplear esta ley en beneficio de los golpistas, aunque alguno de sus autores declare que fue una Ley favorable a los presos políticos, que también. Pero entonces, me pregunto : ¿cómo se juzgan los delitos franquistas ? Si ahora, que están muertos no se puede porque han prescrito por eliminación, y, antes, cuando estaban vivos no se podía porque mandaban ellos ¿cuándo y cómo, se va actuar contra esa desfachatez ?

En vez de vender, hasta la extenuación, la ejemplaridad de la Transición que como vemos es un fiasco franquista, miraríamos hacia nuestro exilio, encontraríamos las soluciones que otros pueblos han hecho contra sus dictaduras. Por ejemplo : en Argentina, finalmente se declararon nulas por la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, leyes que amparaban a los golpistas y asesinos de esa dictadura. En Chile, los cinco hijos de Pinochet, su viuda y los más próximos a su corte dictatorial, fueron procesados como autores de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs, aún están imputados. En Uruguay, tras dos plebiscitos sobre la anulación de la Ley de Caducidad que deja impunes a los crímenes registrados durante la dictadura militar, nos encontramos a Gregorio Álvarez, dictador durante 1981-1985 condenado por homicidio, especialmente agravado, a 25 años de cárcel, por delito de lesa humanidad. Además, el ex –dictador Juan Mª Bordaberry cumple condena de arresto domiciliario por 25 años, por esos mismos crímenes.

Por lo que se ve, la justicia de este país tiene donde elegir. Nulidad de la Ley de Amnistía, malversación de fondos y crímenes de lesa humanidad, entre otros, se pueden estudiar para llevar a cabo una querella formal contra el franquismo -unos jueces argentinos quieren presentar una querella contra el régimen dictatorial de Franco-.

La propia Constitución, Ley que a veces no se cumple, regalo de los poderes que firmaron la mencionada Ley de Amnistía, propone en su artículo 10.2, que, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que ésta reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Parece un concepto olvidado en este caso.

Por lo tanto, volviendo a la intrusión de Garzón y su declarada inhibición ante los delitos franquistas, se puede proponer lo que Ayala declara como una filosofía de la justicia, identificándola como : el intento de eliminar la injusticia manifiesta, como principio de la justicia. Es contra la injusticia y no en nombre de la sociedad del exhibicionismo donde los jueces tienen que encontrar el equilibrio y la igualdad en el mundo.

Julián Zubieta Martínez

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21 Mar 2010

Excelencia, esto ocurre en Auschwitz. Franco lo supo.

Escrito por: jordigraug el 21 Mar 2010 - URL Permanente

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Excelencia, esto ocurre en Auschwitz. Franco lo supo.

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Excelencia, esto ocurre en Auschwitz

El Gobierno de Franco supo de los horrores de los nazis contra los judíos. El joven diplomático Sanz Briz, destinado en 1944 en Budapest, envió a Madrid un informe que avisaba del exterminio en Auschwitz. Hasta ahora tenía el sello de "No mostrar"

JUAN DIEGO QUESADA 21/03/2010

Una mañana, de los vagones bajan 45.000 judíos llegados de Salónica, demacrados y hambrientos. Unos 10.000 son seleccionados para los campos de trabajo y al resto los envían directamente al crematorio. Los que se salvan, hacinados en barracones, no soportan las duras condiciones del lugar y al poco tiempo enferman de paludismo. Los guardias alemanes, con sus botas militares y los perros, les recomiendan que vayan al hospital del campo de concentración, algo que desaconsejan los prisioneros veteranos. Saben cómo se las gastan allí. A pesar de las advertencias, los griegos se presentan en el centro médico, donde a medida que van pasando reciben en el corazón una inyección de fenol que acaba con sus vidas. Sus cadáveres se apilan más tarde en la puerta del bloque de enfermería, donde nunca entra el sol. Eso no tiene ninguna importancia aquí, en Auschwitz-Birkenau, 1943.
Federal. Población: 82,369,552 (est. 2008)

El documento recoge esquemas del lugar y relatos de los asesinatos que se estaban produciendo
Una camarilla de judíos colaboracionistas retiraba los cadáveres del crematorio y rapiñaba sus pertenencias
Incluso para la resistencia antinazi era difícil de imaginar que algo así estuviese pasando con los judíos
"El tema del Holocausto quemaba a Franco, le traía muchos dolores de cabeza. Casi tantos como a la propia Iglesia"

Estos detalles del día a día en el mayor campo de exterminio de la Alemania nazi, donde fueron aniquiladas entre 1,5 y 2,5 millones de personas, quedaron reflejados en un informe que dos jóvenes eslovacos escribieron tras escapar del lugar. El texto, escrito a máquina y en un dificultoso francés, llegó a manos de Ángel Sanz Briz, un joven diplomático español destinado en el Budapest ocupado por los nazis. Tras leerlo, remitió el documento en agosto de 1944 al ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica. No consta que Sanz Briz recibiese una respuesta.

El puñado de papeles que el diplomático envió a Madrid iba precedido de una carta a "Vuestra Excelencia" en la que informa "sobre el trato a que se condena a los judíos en los campos de concentración alemanes". Desvelaba que se los habían hecho llegar "elementos de la junta directiva de la organización sionista de la capital". "Su origen, pues", se dice en la misiva, "le hace sospechoso de apasionamiento. Sin embargo, por los informes que he podido obtener de personas no directamente interesadas en la cuestión y de mis colegas del cuerpo diplomático aquí acreditado, resulta que una gran parte de los hechos que en él se describen son, desgraciadamente, auténticos". Los papeles permanecían hasta ahora en los archivos del ministerio, en una carpeta donde se lee "no mostrar". Ahora sirven para confirmar hasta qué punto el Gobierno de Franco, simpatizante de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y ambiguo en sus posiciones hacia el final de la contienda, conocía con todo detalle el plan que los nazis estaban llevando a cabo para exterminar a los judíos.

En el Budapest ocupado por los nazis, Sanz Briz era un tipo elegante, joven, de misa diaria. Un hombre de fe, en resumen. Era el encargado de negocios en la legación española. Había llegado a la capital de Hungría para sustituir a Miguel Ángel Mugiro, un hombre muy crítico con los dirigentes húngaros que se mostraban serviles con los nazis. Mugiro denunció varias veces a Madrid los abusos que se estaban cometiendo con los judíos en el país, injusticias que había visto con sus propios ojos, como el saqueo que estaban sufriendo los comerciantes. El Gobierno de Madrid le sustituyó por el joven Sanz Briz para mejorar las relaciones con Hungría. No fue así.

Sanz Briz participó casi desde su llegada a Budapest en unas reuniones secretas con diplomáticos de otros países neutrales, incluido el nuncio apostólico, en las que se buscaba la forma de ayudar a los miles de judíos húngaros que en ese momento estaban siendo transportados a los campos de exterminio. Mientras se producían esos encuentros secretos, por las calles de esa ciudad también andaba Adolf Eichmann, uno de los cerebros de la llamada Solución Final, el plan de la Alemania nazi con el que se pretendía culminar el genocidio de la población judía. Eichmann, meses antes, había negociado con los aliados el canje de un millón de prisioneros por una cantidad de dinero que le permitiese seguir costeando la guerra.

"En los vagones de camino a los campos de concentración no sólo van hombres, sino también mujeres, niños y ancianos. Es difícil de creer que vayan a trabajar...", dice Sanz Briz en una de sus comunicaciones con Madrid. Después de mucho insistir, le autorizaron a repatriar a "algunos" judíos de origen español. Hungría, último país ocupado por los nazis, le permitió expender 200 pasaportes. Pero el diplomático buscó un salvoconducto para tramitar cientos de pasaportes y cartas de protección en las que garantizaba el origen sefardí de miles de judíos que en realidad no lo eran. Siempre sellaba las cartas y los visados con números inferiores a 200, lo que despistó a la burocracia húngara.

El documento enviado a Madrid el 26 de agosto de 1944 era similar en muchos aspectos al que elaboraron Rudolf Vrba y Alfred Wetzler, los prisioneros números 44.070 y 29.162, tras fugarse en abril de 1944. En éste en concreto no se especifican los nombres de los protagonistas, tan sólo que se trata de dos jóvenes israelíes eslovacos, deportados en 1942, que pasaron dos años en el campo de concentración y que "milagrosamente" consiguieron escapar sanos y salvos. "Hoy día se encuentran en países neutros", aclara el texto, en el que se incluyen esquemas del campo de campo de concentración y de las cámaras de gas. También se añaden cifras aproximadas de los asesinatos que se habían producido, guardados en la memoria de los testigos, que aseguran que sólo han relatado hechos que ellos han visto. Por prudencia, ni siquiera se anotaron las macabras historias que otros prisioneros les contaban.

No es casualidad que los presos recalquen que todo lo que escriben, toda la putrefacción de los cadáveres, los tiros en la nuca, el gas de las cámaras que relatan, lo hayan visto, escuchado y olido. Quedan en sus memorias el humo de las pistolas, las pisadas de las botas de los militares de las SS. No es casualidad. En la Primera Guerra Mundial, uno y otro bando contaron crímenes que en muchos casos no eran ciertos, y eso había quedado en la memoria de la generación de Sanz Briz, obsesionada por verificar ("su origen, pues, le hace sospechoso de apasionamiento") la certeza de los relatos. Un año y medio antes de que llegase este documento a Madrid, los Gobiernos aliados publicaron una declaración conjunta que denunciaba la matanza sistemática de los judíos. Desde ese momento, se puede decir que existía conocimiento general del Holocausto. En los países ocupados por Alemania se lanzaron folletos donde se decía que quien colaborase con esta barbarie sería juzgado. Pero otra cosa era conocer los detalles concretos, la historia desde dentro. Y esa parte hasta entonces desconocida en España es la que hizo llegar Sanz Briz al Gobierno del general Franco: "Ahí se demuestra que Franco conocía con exactitud el tamaño de la matanza. No admite dudas", cuenta desde el otro lado del teléfono Bernd Rother, historiador alemán y autor del prestigioso libro Franco y el Holocausto.

Rother, que estuvo indagando durante años en los archivos desclasificados españoles, asegura que el informe de Sanz Briz empezó a circular por las esferas de Budapest en mayo de 1944. Los rumores de que la Solución Final caminaba con paso firme eran insistentes y lo confirma que en esas fechas, concretamente entre abril y julio, habían sido deportados 450.000 judíos húngaros a los campos de exterminio. Incluso para miembros de la resistencia antinazi era difícil de imaginar que estuviese ocurriendo algo así, por lo que unos documentos que contasen con exactitud qué demonios ocurría en esa especie de fábrica gris rodeada de alambrada tenían relevancia. "Sanz Briz demostró una vez más su coraje", apuntilla Rother. Al historiador le sorprende incluso que después de haber expedido los falsos pasaportes y de haber enviado la historia de los dos jóvenes polacos no fuese destituido fulminantemente. Después llegó incluso a continuar una exitosa carrera diplomática que le llevó por varios países del mundo.

En Auschwitz, mientras, no paraban de llegar vagones repletos de judíos. A la entrada se encontraban con un imponente cartel: "El trabajo os hará libres". Los recién llegados recibían cada día una libra de margarina y una cucharada de mermelada, a lo que se acompañaba con un café o un té frío, según se lee el documento de Sanz Briz. La sopa que se servía a mediodía estaba hecha con agua sucia y una remolacha, mientras que cuando caía la noche se repartían, en teoría, 300 gramos de pan, aunque al final la cosa se solía quedar en la mitad. En el campo se abrió el Instituto de Higiene, en un bloque aislado de los otros. Se dividía en internos, infectados y cirugía. En su interior se provocaban heridas de guerra para ver de que forma curaban después, se hacían estudios raciales con los esqueletos de los prisioneros y se trataban las enfermedades contagiosas. Además, se hacían investigaciones sobre los efectos de la altitud, las bajas temperaturas o la ingesta de agua del mar. Siempre con los presos como cobayas y en contra de su voluntad.

El primer crematorio se inauguró en marzo de 1943 con 8.000 judíos de Cracovia que fueron gaseados e incinerados. Los jóvenes eslovacos narran que para la ocasión llegaron desde Berlín oficiales y dignatarios civiles que se tomaron la ocasión como una fiesta. "Comprobaban con gusto lo que ocurría en la cámara de gas y al final daban libre curso a su asentimiento". En la puerta del crematorio se colocó un paredón de fusilamiento, antes situada en otra parte del campo.

La nueva ubicación facilitaba la labor de limpieza de los sonderkommandos, unidades de trabajo compuestas por judíos, encargados de colaborar con sus propios verdugos a cambio de algunos meses más de vida. Eran los encargados de retirar los cadáveres de las cámaras de gas y de rapiñar entre las pertenencias de los muertos. Los demás prisioneros evitaban acercarse a ellos por el olor que desprendían y por su fama de violentos. "Yo asistí en una escena en la que un joven judío polaco explicaba a un hombre de las SS el verdadero modo de matar a un hombre sin ningún arma". Eran capaces de hacerlo con las manos. Y eso en Auschwitz no era un crimen. Sencillamente se recogía al muerto con una carretilla y se apuntaba su número de prisionero en un documento donde se registraban las bajas. Sin especificar cómo se había producido el óbito. Eso no tenía importancia en este lugar, al fin y al cabo se trataba de judíos.

Resulta desgarrador el testimonio que dan los dos jóvenes eslovacos sobre la manera en la que se accionaban las cámaras de gas. Cuentan que su interior tenía el aspecto de un baño normal. Sin ventanas, salvo por un ventilador situado en el techo. Las ejecuciones se organizaban de una manera industrial, casi mecánica. Los condenados llegaban en camión, acompañados por un médico, y cuando accedían a la cámara, rodeada de alambre de espino, se desnudaban, todos juntos. Los guardias confiscaban relojes, medallas, pendientes, fotografías en sepia... con la promesa de devolverlo todo al rato. Los prisioneros recibían a continuación una toalla y una pastilla de jabón. A golpe de fusta, les obligaban a esparcirse por toda la cámara. Se cerraban las puertas de repente con un chirrido metálico, las aberturas del ventilador arrojaban el gas y diez minutos después todo se había acabado. Una cuadrilla compuesta por judíos limpiaba el sitio de cadáveres para hacer hueco a los siguientes. Los primeros en ser ejecutados pensaban que iban a darse un baño, pero a medida que se fue corriendo el rumor de lo que de verdad ocurría allí, cada vez fueron más frecuentes los intentos de no entrar en las cámaras. Los guardias solventaban la escaramuza disparando con sus revólveres o a base de culatazos.

El Gobierno de Franco tuvo una posición ambigua respecto a la Solución Final ideada por los alemanes. Antonio Marquina, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los primeros estudiosos de la figura de Sanz Briz, destaca que el hecho de que España se adhiriese al Pacto de Acero, donde se dice que los enemigos de Alemania son los de España, marcará la estrategia del país. Sólo hay que recordar el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya en 1940. Cuatro años después, en la época en la que Sanz Briz envía el relato de lo ocurrido en el campo de exterminio, Marquina dice que hay que resaltar que ya se había producido entonces el Desembarco de Normandía, Mussolini hacía tiempo que había sido derrocado y los aliados consolidaban su avance. Alemania estaba arrinconada. El diplomático actúa entonces por su cuenta, sin instrucciones de ningún tipo, intuyendo que la posición española respecto a la guerra tenía que haber variado a la fuerza.

El historiador Julián Casanova cree que Sanz Briz fue valiente enviado los documentos, aunque en ese momento ya tenía el viento a favor, sobre todo ahora que el sentimiento antijudío es menor. "Aunque conlleva riesgo porque el tema del Holocausto quemaba a Franco, le traía muchos dolores de cabeza. Casi tantos como a la propia Iglesia", dice. Y Haim Avni, reconocido profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, añade: "Es importante el acto que lleva a cabo el español sencillamente porque el Holocausto en Hungría se inicia poco antes, en marzo, cuando el Ejército alemán ocupa el país, y él hace el envío en verano (26 de agosto). Estaba ante sus ojos el horror, y lo denuncia. No todos se atrevieron a hacerlo".

Con Serrano Suñer por ejemplo, un ministro pronazi, lo que hizo Sanz Briz hubiese sido un suicidio. De todos modos, Marquina considera que hay pocos documentos que reflejen con certeza el flujo de información que recibió el Gobierno de Franco en ese tiempo a través de los servicios de inteligencia o de los militares. La historia, pues, quizá está por escribirse.

El caso es que además de enviar el informe, Sanz Briz continuó con sus labores diplomáticas. Los judíos a los que protegía fueron recluidos en un gueto, a la espera de cualquier movimiento por parte de los nazis. El diplomático alquiló entonces 11 edificios en los que colgó un cartel donde se leía: "Anejo a la legación española. Edificio extraterritorial". Los trabajadores de la Embajada española se encargaron de proveer de alimentos e higiene a los refugiados. Con el Ejército Rojo a las puertas de Budapest y las quejas constantes de los nazis a Franco, Sanz Briz se vio obligado a dejar el país. Su labor la prosiguió un colaborador suyo, Giorgio Perlasca, un italiano que se hizo pasar por español (cambió su nombre por el de Jorge) y asumió el papel del diplomático español diciendo que éste se había ido sólo por un tiempo. Entre los dos salvaron a unas 6.000 personas. Otros diplomáticos franquistas de ese tiempo también ayudaron a salvar cientos de vidas, como es el caso de Julio Palencia, destinado en Sofía (Bulgaria), o José Ruiz Santaella en Berlín.

Sanz Briz incluía en el paquete que enviaba a Franco el relato de una señora y su hijo. Asqueada de las condiciones de higiene que soportaba en el campo de concentración en el que estaba recluida, pidió su traslado a Birkenau, donde según había oído no era tan malo el trato. Al llegar al sitio, quedó impresionada por el cartel en el que decía que el trabajo la haría libre. "Tenía la impresión de haber hecho un buen cambio", contará más tarde. El patio limpio, los edificios de ladrillo, el césped verde, le dieron buena impresión. Enseguida se dio cuenta de su error. Le afeitaron la cabeza, le tatuaron un número en el brazo izquierdo y de esa forma tan inesperada pasó a convertirse en una prisionera política. Cierto día la condujeron a la cámara de gas y a ella le entró el pánico, aunque le decían que sólo era para hace un recuento al grupo. Ella tuvo suerte: consiguió escapar y con la ayuda de unos campesinos logró llegar a Hungría.

Ese fragmento del horror también estuvo en manos de Francisco Franco, el dictador español. Nunca le envió una contestación al joven Sanz Briz.
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