16 Abr 2010

España ha dejado de ser un Estado de Derecho. Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 16 Abr 2010 - URL Permanente

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* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 16/04/2010@18:00:21 GMT+1
¿Cuántos ciudadanos estamos quedando definitivamente fuera de este Estado vulnerador de Derechos Humanos, situados ante el deber de la defensa de estos últimos frente a actuaciones criminales institucionales?
NUEVATRIBUNA.ES - 15.4.2010

El caso Garzón - el caso de los derechos humanos de las decenas de miles de familiares de los desaparecidos de Franco que continúan siendo impunemente violados hoy en Nuestro país - no sólo representaba el "ser o no ser" de nuestro entero sistema de justicia, CGPJ y todo lo demás, sino de nuestro mismo Estado de Derecho monárquico.

Con unas cifras de desaparecidos como no hay parangón en ningún otro país del mundo salvo en la Camboya de Pol Pot - tenemos más desaparecidos en España que en toda América Latina - el hecho fundamental era que o bien se podía, o no se podía, en nuestro Estado constitucional, democrático y todo lo demás, hacer valer los derechos humanos de las víctimas del franquismo; esos derechos reconocidos a todo el mundo por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el legado de Nuremberg, la Declaración ONU de 1948, sus pactos internacionales, etc., etc., etc.

Que Garzón será un ciudadano más ante la ley como dice Rajoy, pero está claro que las víctimas del franquismo no lo han sido nunca en este país.

De modo que o las instituciones de la restauración monárquica impuesta a la fuerza por Franco en pleno 1969 eran capaces de asumir todos los derechos humanos desatendidos hasta ahora - implicando su real transformación interna desde el doble anclaje constitucional de nuestro entero ordenamiento a los mismos (artículos 10.2 y 96) - o tales derechos humanos terminaban por desbordar y superar al sistema, apuntando el camino hacia su sustitución: otro sistema en el que los derechos humanos sean plenamente aplicables y; porque los derechos humanos no son cualquier cosa ni en su sentido jurídico, ni en su sentido político-democrático, menos aún cuando se dan con el alcance y la gravedad de los violados a las miles de víctimas de Franco y sus familias, íntimamente relacionadas además tales violaciones con las condiciones que hicieron posible la restauración monárquica en España como Jefatura del Estado.

Y la respuesta ha sido tan clara como sistémica y visceral: no se puede.

Nuestras actuales instituciones nacionales jamás van a aceptar el igual cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas del franquismo, como los de cualquier otro ciudadano, la debida persecución penal de los verdugos, la restitución de las propiedades saqueadas -auténtico fruto prohibido e ilegal del crimen de guerra-, en vez de su continuado disfrute todavía hoy por alguna de las familias del régimen.

Es nuestro particular cristal de la pecera, el que marca los estrechos límites reales de nuestra libertad y con el que nos hemos topado de cara al actuar como si fuera verdad aquello del artículo 10.1 de la Constitución de que "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social".

Que le expliquen eso de la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes a los familiares de las decenas de miles de asesinados tirados como perros en alguna de las más de dos mil fosas clandestinas que sigue habiendo en nuestro país. Y de paso también a los familiares de los niños víctimas de desaparición forzada infantil durante franquismo y postfranquismo que el juez Garzón quiso buscar. Y que no se olviden de explicárselo tampoco a los propios niños perdidos, que lo de vivir estos 35 años de monarquía sin tan siquiera saber tu verdadero nombre seguro que es el parangón del "libre desarrollo" de la auténtica personalidad de uno, y del respeto de nuestro Estado monárquico tardo-franquista por la dignidad de la persona.

¿Cuántos ciudadanos estamos quedando definitivamente fuera de este Estado vulnerador de Derechos Humanos, situados ante el deber de la defensa de estos últimos frente a actuaciones criminales institucionales?

Porque, que nadie se equivoque, más o menos perceptible todavía, es nuestra actual Constitución la que, en el más puro sentido de creencia apuntado por la filósofa alemana Hannah Arendt (Poder y violencia, entre otros, superada la previa concepción vertical weberiana), la que, como en el anterior Estado monárquico que llegó hasta 1931, acaba de recibir un durísimo impacto en la conciencia colectiva de un amplio círculo de ciudadanos a pie de calle; ciudadanos que hasta ahora venían aceptando "barco como animal acuático".

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad dice el artículo 10.1 antes citado. Esa quería ser la base de una Constitución de 1978 que en una fase transicional inicial tras el mayor genocidio de nuestra historia, llevó su dinámica de progreso social hasta donde pudo - ese mérito no le debe ser regateado saliendo de donde salíamos -, pero que situada finalmente ante la posibilidad de su definitiva apertura constitucional a los derechos humanos y principios democráticos universales, los de medio país víctima del franquismo tras décadas de espera con sus muertos tirados en las fosas, no pudo hacer las cuentas con los equilibrios de platillos, el nadar y guardar la ropa con el franquismo convalidado en las entrañas de sus instituciones.

Nuestro sistema entró en una contradicción esquizofrénica desde la afirmación de tales derechos humanos como realidad radical en la que radican todas las demás pero sin poder, sin embargo enjuiciar al franquismo reconvertido en franquismo monárquico que le dio vida a la restauración aprovechando las circunstancias históricas. A río revuelto ganancia de pescadores, o de regatistas. Y en Zarzuela saben perfectamente que no jugaron limpio en esa coyuntura de nuestra historia, porque incluso si ello fuese preciso para superar la dictadura, en ningún momento se le dio tampoco después al pueblo español la posibilidad de votar en las urnas si quería Monarquía o República. Y eso no es correcto ni democrático, y lo saben. ¿Por qué no puede votar nuestra ciudadanía, en paz y libertad, la forma de la Jefatura del Estado y aceptar el resultado que sea para tener así una República o al menos una Monarquía democráticamente electa sin hipotecas que le impidan garantizar los derechos humanos, sacar el genocidio de Franco a la luz, su régimen criminal fascista, y poner las cosas dignamente en su sitio?.

Eso es lo que representaba el caso de los derechos humanos de los desaparecidos del franquismo: la definitiva toma de posición de nuestro Estado monárquico rectificando o no desde los derechos humanos sus propios orígenes. No pudo ser. Hasta ahí no podía llegar nuestro Estado monárquico prisionero, todavía prisionero ay!, de un origen que no está precisamente en los derechos humanos pero que desde el argumento fuerte de dar normal cumplimiento interno a los tratados internacionales hubiese podido abrir la puerta a una nueva dinámica de desarrollo.

Como digo, enroque del sistema y cierre visceral: persecución brutal, ejemplificante, para que nadie más se atreva a ninguna "garzonada" [sic]. Con argumentos "jurídicos", mejor dicho que suenan a juridicidad de cara a la galería, como para dar una falsa impresión de que aquí hay dos posturas de debate seriamente considerables - ¿cumplir o no plenamente los derechos humanos universales en función del derecho interno?, ay... - , cuando de ningún modo es así ni existe siquiera una tal contradicción. Los derechos humanos universales son obligatorios en nuestro orden interno en virtud de dichos artículos de nuestra constitución, el 10 y el 96, es sólo otra mentira más... Son sólo argumentos que carecen de toda seriedad para no cumplir con una serie de derechos humanos que cuando inevitablemente, antes o después, no quede otro remedio que cumplir con normalidad van a dejar en muy mal lugar y demasiado descolocados a todos los Varela que saben que la ley de amnistía es papel mojado.

Las fosas de los defensores de nuestra Segunda República perdida surgen limpias, más allá del genocidio, del infinito dolor, del silencio forzado y de la infamia; limpias en la dignidad intocable de sus víctimas y la de sus familias, como punto de ruptura de lo que quería ser el Estado de Derecho monárquico del tardo-franquismo que trató de auto-amnistiarse y que hoy no se puede enjuiciar a si mismo; punto de ruptura de todas las mentiras que, al final, son esas mismas fosas las que van a dejar al descubierto, despertando la conciencia de nuestra sociedad. Pero a qué terrible precio, estremecedor.

Si Don Manuel Azaña dijo en su día que España había dejado de ser católica, la persistencia hoy, contra toda justicia, contra toda humanidad, de esas dos mil fosas clandestinas nos obliga a decir, alto y claro, que España ha dejado de ser un Estado de Derecho. Viva la República.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
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Los jueces torturadores se indignan con Jiménez Villarejo. Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 16 Abr 2010 - URL Permanente

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Los jueces torturadores se indignan con Jiménez Villarejo

La doctrina del "a ver quién se atreve ahora si hemos podido con Garzón"

Los jueces torturadores se indignan con Jiménez Villarejo

Las reacciones a las valientes palabras del fiscal Carlos Jiménez Villarejo en el, al parecer, terrible acto antidemocrático de ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de libre expresión de ayer, en apoyo a Garzón, no se han hecho esperar.

La caverna se remueve en su tumba, nunca mejor dicho, en otro 14 de abril como ayer, porque el que fuera ejemplar fiscal jefe anticorrupción ha denunciado públicamente la implicación en las torturas del franquismo de algunos de los miembros del Tribunal Supremo. Lo hacen en realidad porque saben que algo está empezando a moverse en el hartazgo de la conciencia democrática del país, a pie de calle, y era evidente que la reacción tenía que llegar antes o después. El debate sobre algunas de las mayores mentiras en las que se ha querido cimentar un país salido de un genocidio negado empieza a hacerse visible de verdad y eso es un significativo avance democrático, y la reacción reacciona.

Trato inhumano
Aunque no deja de sorprender toda esa "sorpresa" e "indignación" por la denuncia de tal implicación en las torturas del régimen franquista cuando, hoy mismo, se da una forma de tortura distinta de nuestros tribunales, día a día, ante nuestros propios ojos: el "trato inhumano, cruel y degradante" a los familiares de los desaparecidos durante nuestro régimen monárquico libremente elegido por Franco y convalidado después con música ambiental de sables y los partidos republicanos en el exilio.

Los magistrados del Supremo
¿Pero es que alguien podría dudar de la terrible responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo en la prolongación del sufrimiento inhumano de las familias cuya vida sigue encadenada a esas fosas?, ¿del terrible aviso a navegantes que supone esta “doctrina” del “a ver quién se atreve ahora si hemos podido con Garzón” del alto tribunal que está quedando, a decir verdad, completamente por los suelos como nuestro presunto Estado de Derecho?

El Tribunal Supremo criminaliza la investigación de los desaparecidos del franquismo mediante una invocación de esperpento jurídico de la ley de amnistía y hasta de la ley de la memoria.

Rusia como ejemplo
Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado perfectamente claro que ante casos de desapariciones forzadas la ausencia de una investigación judicial efectiva e independiente, ipso facto, por parte del Estado representa “trato inhumano” contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos para sus familias. De hecho en algunas de las últimas sentencias relativas a las fosas de Chechenia como Lyanova y Aliyeva contra Rusia y Akhmadova y Akhmadov contra Rusia, de 6 de Abril de 2009, y Takhayeva y otros contra Rusia, de 26 de enero de 2009, entre muchas otras, no ha dudado en calificar como tal el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos ante la inacción de las autoridades judiciales rusas durante una espera desgarradora de 8, 5 y hasta de 4 años respectivamente que el Tribunal Europeo considera intolerables e impropias de un Estado de Derecho Democrático. No es una errata, no, no quería decir 80, 50 o 40 años de inacción judicial, como en el caso español, he escrito 8, 5 y hasta 4 años de espera como algo ya intolerable... porque, en realidad, es intolerable, para cualquiera de nosotros lo sería si nos afectase, dejar abandonados un solo año siquiera los restos mortales de seres humanos víctimas de un genocidio y cuyas fosas, en muchos casos, ya se sabe donde están.

El Rey de Corazones
Así que sí. Indignémonos todos y que el Rey de Corazones, o sus magistrados, le corten la cabeza también a Jiménez Villarejo por haber mencionado semejantes palabras. Y que, en cambio, la caverna no le dedique en el día de hoy ni una sola línea al abandono por parte del Estado de unas familias, condenadas a una tortura cotidiana sin fin de puertas para adentro de sus propias casas: la mayor ignominia y vergüenza de nuestra transición ejemplar.

Pseudo Estado de Derecho
Pero ya se sabe – De Cospedal, Rajoy, ya se han encargado de recordárnoslo – que la ley del pseudo Estado de Derecho Monárquico es para todos, Garzón incluido, salvo, eso sí, para los miles de familiares de los desaparecidos de Franco.

¿Quién juzga a quién?
¿Quién juzga a quién? ¿El Tribunal Supremo a Garzón, o nuestras más de dos mil fosas clandestinas a todos nosotros desde su silencio y quietud, imperturbables, trenzadas en el dolor de sus familias? A todos los magistrados tan indignados hoy de nuestro Estado monárquico de componendas, que no de Derecho, de corrupción, de pelotazos sin fin, de presunto derecho a un trabajo y a una vivienda digna, de tardo franquismo “sin complejos”, de documentales periodísticos sobre monarquía o república que no se permite ni emitir...

¿Dónde está el respeta?
¿Qué respeto se pide a la dignidad de unas instituciones que se lo han faltado a sí mismas y a todos nosotros dando la espalda al Convenio Europeo de Derechos Humanos? ¿Dónde está el respeto en este bendito país para la dignidad de los 350.000 asesinados sepultos e insepultos y sus familias burladas y pisoteadas durante años?

Miguel Ángel Rodríguez es investigador de Derecho penal internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia) y otros estudios como “Las fosas de Franco y la diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas” y “La nueva ley y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo”, publicados en Jueces para la Democracia, y citados en los recientes autos de la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón

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11 Abr 2010

Para que reenviéis al CGPJ (webmaster@cgpj.es) con vuestros datos.

Escrito por: jordigraug el 11 Abr 2010 - URL Permanente

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Para que reenviéis al CGPJ (webmaster@cgpj.es) con vuestros datos.

Sr. Presidente
y Consejeros del Consejo General del Poder Judicial

Ante la noticia de que en fecha próxima han de resolver sobre la “suspensión de funciones”

del magistrado D. Baltasar Garzón por razón los procedimientos judiciales incoados contra el mismo

por el Tribunal Supremo, como ciudadano de un Estado Democrático de derecho y en el ejercicio

del derecho de petición, reconocido en el Art. 29 de la Constitución y desarrollado por la L.O. 4/2001,

solicito de Vds., con el respeto debido pero también con la máxima energía, que no acuerden dicha

suspensión de conformidad con las fundadas razones de la Fiscalía General del Estado. En caso

contrario, la decisión causaría un gravísimo perjuicio al principio constitucional de independencia

judicial y a los valores democráticos constitucionales; sin obviar tampoco que el alejamiento forzoso

de su despacho dejaría huerfanas a importantes causas judiciales en curso, cuya desviación y/o

paralización pueden sembrar una importa alarma social y daño a la credebilidad del sistema democrático.

Atentamente.

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05 Abr 2010

Firmas apoyo a Garzón.

Escrito por: jordigraug el 05 Abr 2010 - URL Permanente

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En estos momentos, el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Supremo siguen planeando la suspensión y el procesamiento del Juez Baltasar Garzón.

Garzón es reconocido internacionalmente por sus incesantes esfuerzos en la persecución de crímenes contra la humanidad. Pero sus investigaciones sobre las atrocidades cometidas en España durante el franquismo, junto a escándalos de corrupción, han desatado una escandalosa ofensiva política y legal dirigida a deshacerse de él y evitar que la verdad aflore.

El CGPJ y el Tribunal Supremo se enfrenta ahora a una decisión histórica: respetar la ley y las responsabilidades constitucionales, o permitir que la ideología y la impunidad prevalezcan sobre los criterios de justicia.

A las asociaciones memorialistas les incumbe una ineludible y transcendental responsabilidad, componer un soporte amplio y sólido cuyo paso primero es la movilización en favor del juez Garzón, de la democracia, y de la investigación de los crímenes del franquismo.

Esta pelea se puede ganar o perder judicialmente, pero no se ha de perder en el campo de la opinión pública.

En definitiva, nos es obligada una actuación decidida y coordinada dentro de lo que constituye la acción más ambiciosa de esta democracia,

la condena del franquismo, alzando 1 millón de voces por la democracia y los derechos humanos.







Y el texto del apoyo ante el CGPY y TS es:

EXIGIMOS:

Que ante esta insólita situación se preserve la autonomía de nuestro poder judicial, garantizando que cualquier decisión tomada en los procedimientos contra el juez Baltasar Garzón se base únicamente en la evidencia y en la legislación aplicable.

http://www.afeco.org/index.php/noticias/119-en-solidaridad-con-garzon

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15 Mar 2010

Las consecuencias de la transición inmodélica: el Tribunal Supremo. Vicenç Navarro.

Escrito por: jordigraug el 15 Mar 2010 - URL Permanente

Las consecuencias de la transición inmodélica: el Tribunal Supremo. Vicenç Navarro.

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VICENÇ NAVARRO

15/03/2010

Las consecuencias de la transición inmodélica: el Tribunal Supremo

Cuando volví del exilio, recuerdo haber tenido conversaciones con amigos que jugaron un papel clave en la transición de la dictadura a la democracia (por lo que millones de españoles debiéramos estarles agradecidos), en las que teníamos una visión distinta de lo que fue la transición. Pues, mientras ellos consideraban aquella transición como modélica, yo discrepaba y la definía como inmodélica, pues había resultado en una democracia muy incompleta que ha dado lugar a un estado del bienestar muy insuficiente. Un indicador de esto último es que, todavía hoy, el gasto público social por habitante en nuestro país está a la cola de la Unión Europea. La clave de mi diagnóstico es que, y me parece obvio, la transición se hizo en términos muy favorables a las derechas, permitiendo un enorme dominio de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado, desde el Ejército a la Judicatura. Y fuera del Estado, la banca y el mundo empresarial continuaron teniendo una excesiva influencia en las culturas políticas y mediáticas del país.

Un indicador de tal poder de las fuerzas conservadoras se mostraba, y continúa mostrándose, en la manera como se define aquella dictadura a la que se llama franquista en España, cuando el término científico más apropiado es el de una dictadura fascista. Ésta reunió todas las características de los regímenes fascistas, incluyendo un nacionalismo exacerbado, basado en un concepto de pertenencia a la raza hispana, que justificaba la conquista de otros países y naciones por una supuesta superioridad, atribuyéndose una función histórica marcada por un destino, imponiendo una ideología totalizante que invadía todas las esferas del ser humano –el nacional catolicismo-, promovida en la sociedad por un control absoluto de todos los sistemas de producción y distribución de valores dirigidos por un partido fascista (la Falange) y por un movimiento (el Movimiento Nacional), liderado por un Caudillo al que se presentaba dotado de virtudes sobrehumanas, imponiendo políticas de clase, en contra de la clase trabajadora, la mayor víctima de aquel régimen.

El cambio del término fascismo a franquismo respondió a un proyecto político conservador exitoso, que consistía en presentar aquel régimen como un sistema meramente autoritario, dirigido por el General Franco y un grupo minoritario, de manera que una vez desaparecido el General y sus aliados inmediatos, el estado se convirtió fácilmente en un estado democrático. De ahí a reciclar nuestra historia y concluir, tal como dice uno de los escritores más visibles mediáticamente en España, el Sr. Javier Reverte, que no hubo ni buenos ni malos en nuestro pasado, sólo hay un paso. Este relativismo moral, tan presente en la cultura promovida por el establishment, traduce una enorme insensibilidad democrática. ¿Se imaginan a Günter Grass diciendo que en la Alemania nazi no hubo ni buenos ni malos?

Tal interpretación de nuestro pasado es profundamente errónea, pues oculta varios hechos. Uno es que aquel régimen no fue una dictadura de unas camarillas, sino de una clase, la burguesía, así como pequeña burguesía y sectores de las clases medias que, en su inmensa mayoría apoyó la dictadura, y bajo cuya enorme influencia continúa un estado, la cúspide funcionarial del cual está, en gran parte, ocupada por individuos que juraron lealtad a aquel régimen fascista. El caso del Tribunal Supremo es un ejemplo de ello. Y grandes sectores de la judicatura jugaron un papel clave en la represión de aquel estado. Indicar que gran número de miembros que juraron tal lealtad no tenían otra alternativa, es negar que miles y miles de exiliados no quisieron realizar aquel juramento, pagando un coste personal elevado, permaneciendo en el exilio. El hecho es que, bien por convicción, bien por oportunismo, se identificaron y aceptaron aquel régimen, que les permitió poder alcanzar las cotas de responsabilidad y poder negadas a otros que no quisieron, por mera coherencia democrática, aceptar aquel régimen.

Ahora bien, la juventud de este país (a la que se le ha negado su historia) debiera conocer que su situación es excepcional en Europa pues, cuando se estableció la democracia, tales funcionarios del Estado fascista no tuvieron que explicarse y justificar su comportamiento, tal como tuvieron que hacer colaboracionistas con regímenes nazis o fascistas parecidos en Europa. De nuevo, el Pacto del Silencio (que lo hubo), sobre el cual se basó la transición, hace que la juventud no conozca que en Alemania, por ejemplo, aquellos jueces que habían firmado lealtad al movimiento nazi tuvieron que pasar el proceso de desnazificación, mostrando que su comportamiento judicial no había beneficiado a aquel régimen, llevando siempre una señal de advertencia, que no podía desaparecer por un nuevo juramento a la Constitución. Un juramento no borra un pasado.

De ahí que la juventud en este país no conoce que sería impensable hoy, en Europa, que un Tribunal Supremo permitiera al partido fascista (que está prohibido en Alemania) que denunciara a un juez por haber analizado las atrocidades cometidas por el régimen nazi, llevándolo a los tribunales. Esta situación es totalmente impensable hoy en una Europa democrática. Y todavía más impensable es que a los miembros que juraron lealtad al régimen fascista se les permitiera decidir sobre tal caso. Es un hecho bochornoso que debería cubrir de vergüenza a la Corte Suprema y a España.

Es obvio que los miembros de la Corte Suprema no sienten tal vergüenza, pues incluso se sienten ofendidos y maltratados frente al creciente rechazo nacional e internacional de su comportamiento. Esta falta de vergüenza es un indicador más de su escasa sensibilidad democrática, que debiera ofender a cualquier persona con mínimos sentimientos democráticos. Refugiarse en meros legalismos para explicar el caso Garzón, o interpretarlo como meros conflictos interpersonales es diluir la responsabilidad histórica de lo que está pasando en nuestro país. Es más, su comportamiento está deslegitimando rápidamente a aquel Tribunal, que está alcanzando el mismo nivel de desprestigio que ya alcanzó el Tribunal Constitucional. No son los críticos, sino ellos mismos, los que están desacreditando a tal tribunal. Todo el estado debe estar al servicio de la población española, la mayoría de la cual pertenece a las clases populares. Su poder deriva de ellas y es injusto que unos jueces que se aprovecharon en su proyecto personal de la existencia de aquella horrible dictadura ahora sean más sensibles a las demandas de sus herederos que a la peticiones de sus víctimas, que atendió el juez Garzón.¿Hasta cuándo continuará esta situación?

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Blog de Vicenç Navarro

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08 Mar 2010

Genocidio, fusilamientos, presos, fosas, desaparecidos, niños robados, exilio, Ley Punto Final (Amnistía), derribo Garzón, Judicatura franquista, derecha franquista, franquismo sociológico, revisionismo histórico: NINGÚN CULPABLE. SOS ESPAÑA SOS.

Escrito por: jordigraug el 08 Mar 2010 - URL Permanente

Aidez, L'Espagne by Joan Miro

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28 Feb 2010

Proceso a Garzón: Así son los querellantes... Y los jueces.

Escrito por: jordigraug el 28 Feb 2010 - URL Permanente

Proceso a Garzón: Así son los querellantes.

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http://www.elpais.com/articulo/espana/querellantes/elpepiesp/20100228elpepinac_2/Tes

Así son los querellantes

Ultraderechistas de Manos Limpias y de Falange, abogados enfrentados a Botín y empresarios e implicados en la Gürtel buscan acabar con Garzón

J. M. LÁZARO - Madrid - 28/02/2010

Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.

Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un "fraude procesal" y un "manifiesto abuso de Derecho".

Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.

La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento —primero se presentó como denuncia— por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de "denigrarle sistemáticamente".

A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el "honor" de su "movimiento".

El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.

Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.

Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos "nuevos datos" que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.

La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para "preparar la defensa" de su cliente. Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.

Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su "sorpresa" por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró "prueba suficiente" que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.

Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara. El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez. Aseguró que la querella se presentará "en el momento más adecuado" y cuando "sea más eficaz". En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.

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http://www.elpais.com/articulo/espana/Estan/manos/jueces/conservadores/elpepunac/20100228elpepinac_1/Tes

Ofensiva de implicados en la Gürtel

Están en manos de jueces conservadores

Camps, Bárcenas y Garzón dependen de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 28/02/2010

Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.

En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas

La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas

Los trámites del recurso del fiscal contra Camps ya están terminados

Las decisiones sobre Bárcenas pueden afectar al PP en época electoral
Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.

Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.

La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.

Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.

Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.

La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo, funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto "traiga causa de ellas".

En las próximas semanas, la Sala Penal proseguirá la instrucción de las tres causas abiertas al juez Garzón en menos de nueve meses. Durante sus 20 años en la Audiencia Nacional, a Garzón le han presentado más de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admitió a trámite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso Gürtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese año se admitió la primera querella, por la investigación de los crímenes del franquismo. En septiembre se reabrió la investigación sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que impartió Garzón y el pasado jueves le cayó la tercera, por las escuchas a la red Gürtel.

En el cerco a Garzón no ha influido un sector ideológico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicación a la causa", según fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garzón en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso Gürtel, las más susceptibles de levantar suspicacias.

Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según dijo éste, Juan Luis de la Rúa, y el juez Francisco Ceres. Según fuentes fiscales, "en principio todos los trámites del recurso ya están hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupción no pidió en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga interés en ello. De la decisión de la Sala puede depender su carrera política y, sobre todo, el curso de las próximas elecciones valencianas.

Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra Bárcenas y Merino, quienes deben a Garzón su implicación en la trama. Monterde ejerció casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la séptima prórroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre Bárcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en época preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y autonómicas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).

Desde que las conversaciones grabadas a la trama Gürtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campaña contra el sistema de interceptación de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrató esa tecnología cuando gobernaba, no se había preocupado de la misma hasta que se destapó la mayor trama de corrupción que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo había nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culpó al sistema de vulnerar las garantías y reclamó su regulación por una norma con rango de ley orgánica.

A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de policía que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electrónico y hasta la intervención de un tercero que garantice la integridad del documento.

Este embrión de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso Gürtel que, como todas las obtenidas de teléfonos móviles en los últimos años, proceden de la utilización del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podría convertirse en criterio oficial de la Sala.

Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, debería estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguirá dominada por los conservadores durante mucho tiempo todavía y que la semana pasada acordó, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigación que practican policías y fiscales, que a partir de ahora tendrán que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los teléfonos móviles.
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22 Feb 2010

El juez Garzón no ha prevaricado. Carlos Jiménez Villarejo.

Escrito por: jordigraug el 22 Feb 2010 - URL Permanente

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El juez Garzón no ha prevaricado. Carlos Jiménez Villarejo.

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http://www.elpais.com/articulo/opinion/juez/Garzon/ha/prevaricado/elpepuopi/20100223elpepiopi_4/Tes

El juez Garzón no ha prevaricado

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

23/02/2010

En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por "malevolencia" o "razones políticas" puede afirmarse que ha actuado "injustamente" en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

Crímenes contra la humanidad aún en ejecución como las 'desapariciones' no son amnistiables

La Ley de Memoria Histórica se declara compatible con acciones judiciales

El TS se limitó a decir que "lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación". Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial "injusta" mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la "comprobación del hecho denunciado". Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado "atajos en el uso indebido del cauce penal".

El juez Varela va más lejos y afirma que los hechos denunciados "han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia" y que el juez Garzón, en consecuencia, no debería haber admitido aquellas denuncias y mucho menos darles trámite, ya que, además, también era evidente que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Pues no es tan evidente. Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran "objetivamente contrarias a Derecho" porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo entiende la ONU: "Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero dela persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos". Criterio mantenido por un fiscal ante el Tribunal Constitucional, ante un supuesto de desaparición en la provincia de Córdoba, que rebate muy fundadamente las tesis del juez Varela.

Por su carácter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la Ley de Amnistía, que sólo alcanzaba a "actos" delictivos "realizados", es decir, consumados, con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Por tanto, en ningún caso podía incluir hechos delictivos que en esa fecha aún estaban produciéndose, dado que no era conocida la suerte de los desaparecidos.

Asimismo, la vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía no puede impedir un debate, ya asumido por la ONU, sobre su constitucionalidad y sus efectos.

En primer lugar, porque cuando esta ley se aprobó ya estaban vigentes en España los Pactos de Nueva York que establecían la retroactividad de las leyes penales ante "actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del Derecho, reconocidos por la comunidad internacional", es decir, los crímenes contra la humanidad. Y, además, por más que se empeñe el juez Varela en lo contrario, es cuestionable que la Ley de Amnistía pudiese alcanzar a delitos de aquella naturaleza que, en modo alguno, podían entenderse comprendidos entre "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas", que fueron los específicamente amnistiados.

El juez Varela fundamenta erróneamente la voluntad prevaricadora del juez Garzón en el incumplimiento de la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica. Afirma que la investigación de los desaparecidos y las exhumaciones de sus restos "viene atribuida a las Administraciones Públicas" y, en consecuencia, el juez Garzón ha "asumido tareas cuya competencia ha sido legalmente establecida en el ámbito administrativo". Craso error. En primer lugar, porque ninguna ley administrativa puede vedar a un juez de instrucción investigar una conducta aparentemente delictiva. Pero, sobre todo, el juez Varela ignora que la disposición adicional segunda de dicha Ley dispone que "las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las Leyes o en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España". Por tanto, juez Varela, los denunciantes y el juez Garzón obraron en el marco de la más estricta legalidad.

El instructor Varela considera "artificiosa" la incoación del proceso por Garzón porque, afirma, la "extensa inhibición judicial" ante los crímenes franquistas estaba justificada. Afirmación de suma gravedad. Para llegar luego a preguntarse que "no es razonable pensar que nos encontráramos ante una especie de conspiración de silencio" frente al franquismo. Pues, efectivamente, así ocurrió. Basta repasar, además del silencio cómplice de la magistratura ante dichos crímenes, las escasas y tardías iniciativas parlamentarias para reparar a las víctimas, que hasta la Ley 24/2006 no se prestara "homenaje y reconocimiento" a aquéllas y a los luchadores por las libertades y, sobre todo, que hasta la Ley de 2007 no se condenara formalmente el franquismo y su aparato represor y se adoptaran mayores compromisos, todavía insuficientes, con las víctimas de la represión.

En definitiva, ante una actuación tan acertada y ajustada a la legalidad como las decisiones jurisdiccionales del juez Garzón, los esfuerzos jurídicos del juez Varela, con evidentes errores de valoración y lagunas inexplicables, no podrán acreditar nunca que dichas decisiones fueran injustas.

Carlos Jiménez Villarejo es fiscal de Sala jubilado.
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12 Feb 2010

DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO DE JpD A FAVOR DE LA LIBERTAD DE INTERPRETACIÓN JUDICIAL.

Escrito por: jordigraug el 12 Feb 2010 - URL Permanente

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DECLARACIÓN A FAVOR DE LA LIBERTAD DE INTERPRETACIÓN JUDICIAL

El Secretariado de Jueces para la Democracia ha manifestado su honda preocupación ante el auto del Juez Instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 2.2.2010 que venía a imputar delito de prevaricación al Juez Central de Instrucción n. 5 en relación a su actuación en la causa abierta por los crímenes de la represión franquista. Queremos apoyar esa declaración desde la perspectiva de los requerimientos del trabajo del juez.

Calificar de prevaricadora a una de las posiciones del debate jurídico desarrollado en el contexto de un proceso significa criminalizar la deliberación, imponer los límites penales a la interpretación judicial e impedir el desarrollo libre y honesto de las ideas. El análisis de los crímenes de la represión franquista es una tarea ardua y de alta complejidad. Porque representa una realidad terrible, que nos resulta difícil de decir y de contemplar no en balde es expresión de la barbarie, de nuestra barbarie-, con decenas de miles de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente y enterrados indignamente como desechos humanos prescindibles en fosas comunes, de niños arrancados a sus madres, familias y centros de acogida a quienes se les despojó del nombre y de la identidad; víctimas que no han tenido acceso a la justicia ni a la verdad, ni obtenido reparación a esta fecha. La
construcción del caso se puede hacer desde las categorías y con los métodos del derecho penal del Estado nación o a partir de las instituciones del derecho internacional, una disciplina flexible y en evolución. Se plantean problemas cuya solución demanda imaginación jurídica, para la comprensión del contexto de conexión y equilibrio entre el derecho interno y el derecho internacional -de los derechos humanos y el humanitario, como se denomina el sector que trata de regular los conflictos armados-, para reflexionar sobre el propio concepto de verdad y acerca de la habilidad del proceso para abordar hechos que ya son historia, que precisamente por ello cuestionan también las técnicas relacionadas con la imparcialidad del tribunal, compuesto por personas portadoras de memorias individuales y familiares sobre el pasado inmediato, a veces enfrentadas o incompatibles. El análisis pide humildad y respeto por las argumentaciones contrarias.

Desde la dimensión de la independencia judicial interna y el trabajo de interpretación judicial, la resolución del instructor ha venido a zanjar el debate negando la aplicabilidad del derecho internacional, que supone la acomodación al hecho de la categoría de crímenes internacionales, la imprescriptibilidad, el principio de legalidad internacional, el de retroactividad o no sujeción a límite temporal, la prohibición de amnistía y de impunidad. Lo ha zanjado mediante el recurso extremo a la criminalización de una de las posiciones del debate procesal, aún abierto, no se olvide, porque la cuestión negativa de competencia fue elevada al Tribunal Supremo. La criminalización de esa interpretación judicial que no solo ha
sostenido en el propio proceso el imputado, también otros jueces que han intervenido en fase de recurso o en la tramitación de conflictos de competencia- viene a establecer unos rígidos límites penales al desenvolvimiento de la tarea del juez y a su capacidad de interpretar el derecho en el marco de lo razonable.

Lo más grave es que se emite un mensaje de cautela y reserva para intérpretes atrevidos e interpretaciones innovadoras o progresivas desde la perspectiva de los derechos humanos y su efectividad. No podemos asumir en nuestra cultura de la jurisdicción que el juez aplica la ley sumisamente, como parece sugerir el auto, porque se trata de una ficción; lo que naciera como metáfora, la boca de la ley, hoy ha quedado vacío de contenido, a pesar de su comodidad nada explica sobre el método judicial. Porque operamos en el contexto de un derecho dúctil, que integra derechos fundamentales, más principios y valores, más ley; en este caso ley nacional, mas ley europea y ley internacional. Realidad innegable, por ello se habla del fenómeno de la constitucionalización de la Comunidad internacional alrededor de los textos y tratados en materia de derechos humanos, que obligan a los Estados como derecho imperativo. El margen del intérprete es muy amplio. No nos engañemos. Claro que es necesario delimitar ese marco desde parámetros de razonabilidad, excluyendo aquellas interpretaciones que niegan la ley o se desentienden de mandatos normativos precisos. Fuera de ello, la tarea judicial es hoy un espacio de creación, no porque lo quiera el juez, sino porque lo impone la realidad de la propia ley que maneja, que en muchos casos solo ofrece tímidas pautas para orientar la decisión. Es por ello que criminalizar el debate jurídico resulta altamente preocupante para la independencia judicial en su dimensión interna: una suerte de Corte de Casación que impone su criterio de interpretación desde la cúspide de la pirámide como si se tratara del mando de una organización militarizada. Una imagen del pasado. Además la criminalización
desincentiva la imaginación jurídica, moldea jueces conformistas y sumisos al poder y a la jerarquía, se erige en un obstáculo insalvable
para la imprescindible evolución de la jurisprudencia e impone una cultura judicial autoritaria, que nos parece indeseable.

Una cultura judicial autoritaria que viene a vincularse con la impunidad de los crímenes de estado cometidos durante la dictadura y que traslada una pauta de actuación a quienes ejercen la jurisdicción: respeten las inmunidades de hecho y de derecho de los poderosos del pasado y del presente, dediquen su potestad a perseguir los desórdenes de los pobres.

Madrid, 12 de febrero de 2010.

Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, José Antonio Martín Pallín, Manuela Carmena, Luis Carlos Nieto, Montse Comas, Mario Pestana, Edmundo Rodríguez Achútegui, Amaya Olivas, Mercedes del Molino, José María Fernández Seijo, Estrella Blanes, Félix Pantoja, Santiago Vidal, Juan Romeo, Ester González, Gregorio Álvarez, Ricardo Bodas, Iñaki González Vegas, Ximo Bosch, Clara Penín, José Joaquín Pérez Beneyto, Ramiro García de Dios.

PD: el documento está abierto a la firma de todas y de todos.


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10 Feb 2010

Un grupo de ciudadanos crea un manifiesto de apoyo al juez Baltasar Garzón en Internet

Escrito por: jordigraug el 10 Feb 2010 - URL Permanente

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http://www.20minutos.es/noticia/626550/0/manifiesto/garzon/internet/

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Un grupo de ciudadanos crea un manifiesto de apoyo al juez Baltasar Garzón en Internet

20MINUTOS.ES. 10.02.2010 - 20.09 h
Un grupo de ciudadanos ha redactado y colgado en Internet un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, investigado por el Tribunal Supremo (TS), de quien dicen que "ha ejercido una justicia continuada y valiente durante veinte años". El texto lo han elaborado ciudadanos "preocupados por el significado del proceso abierto contra el juez"

El Alto Tribunal considera que el magistrado ignoró conscientemente la ley al investigar el franquismo y lo acusa de un presunto delito de prevaricación por declararse competente e investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional recurrió este miércoles el auto del Tribunal Supremo.

También se ha creado un grupo de apoyo al magistrado en Facebook, al que por el momento se han adherido más de 90 usuarios. Los creadores del manifiesto señalan en la página del grupo en la red social que lo han elaborado porque están "preocupados por el significado del proceso abierto contra el juez Baltasar Garzón y por sus consecuencias en la salud democrática de la Justicia española".

Garzón, víctima

Este manifiesto señala que Garzón es "víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas". El juez Garzón tiene abierta otra causa por los cobros recibidos durante su estancia en Nueva York

Añade que el proceso contra el juez es "en realidad un juicio sumario contra los defensores de la democracia, justicia y los derechos humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional". Además, afirma que está siendo juzgado por una sala del Supremo "en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al movimiento nacional del franquismo".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció este miércoles que la Fiscalía no apoyará la suspensión cautelar de Garzón, que tiene dos causas abiertas en el TS. Además de la causa por la investigación del franquismo, el juez Garzón tiene abierta otra por los cobros recibidos durante su estancia en Nueva York.

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