06 May 2010

España postgenocidio (I).No son sentencias, son crímenes de guerra. Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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España postgenocidio (I)
No son “sentencias”, son crímenes de guerra

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 05/05/2010@11:18:47 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

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El genocidi franquista a València.

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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Argentina: Entrevista a Empar Salvador sobre genocido impune del Franquismo

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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Argentina: Entrevista a Empar Salvador sobre genocido impune del Franquismo

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25 Abr 2010

La "coacción" del Supremo paraliza la exhumación de fosas.

Escrito por: jordigraug el 25 Abr 2010 - URL Permanente

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Sirva este artículo como recordatorio a lo que ciertos malnacidos, fascistas o cómplices del fascismo, quieren que olvidemos. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. No hay ley nacional que amnistíe los Crímenes contra la Humanidad ni el Genocidio ni Democracia que sea tal y lo permita.
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http://www.nuevatribuna.es/noticia/33608/ESPA%C3%91A/22coacci%C3%B3n22-supremo-paraliza-exhumaci%C3%B3n-fosas.html

Última actualización 25/04/2010@18:43:10 GMT+1
La mayoría de los juzgados territoriales han archivado los expedientes remitidos por Garzón para investigar los crímenes del franquismo. Los colectivos de víctimas exigen a la autoridad judicial que intervenga mientras el Tribunal Supremo se niega a resolver la cuestión de competencia.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G.CABALLERO 25.04.2010

“Después de lo que está ocurriendo con Baltasar Garzón qué juez en España se va a atrever a abrir una fosa”, dice Manuel Perona, presidente de la Asociación de Cataluña para la Recuperación de la Memoria Histórica. “En España no hay un solo juez ni juzgado competente para investigar estos crímenes”, lamenta Marçal Isern de Temps de la Memoria. “Los jueces están siendo coaccionados por el Supremo”, afirma el abogado Fernando Magán.

Desde que Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 a favor de los distintos juzgados territoriales la mayoría de los expedientes (46 de 60) han sido archivados. La falta de un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia ha derivado en una disparidad de actuaciones en los procedimientos abiertos. Dos juzgados, el de Granada y el del San Lorenzo de El Escorial mantienen que la competencia para investigar los crímenes de la dictadura la tiene la Audiencia Nacional. Otro, el de Benavente (Zamora) ha sido el único hasta ahora que se ha declarado competente y ha procedido a la exhumación. La mayoría ha aceptado la inhibición y ha dado carpetazo al asunto sin llamar a ningún testigo a declarar. Y es que no hay autoridad judicial en España que quiera hacerse cargo de los miles de cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.

150.000 DESAPARECIDOS

Lo que se dirime en el fondo de la llamada ‘causa Garzón’ o ‘causa contra el franquismo’ o ‘causa de la memoria histórica’ no es más que la ‘causa de las fosas’. En España existen más de dos mil fosas clandestinas y decenas de miles de desaparecidos. Sólo en el auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional con fecha 16 de octubre de 2008, figura la cifra de 114.266 muertos pero la estimación de los peritos es de alrededor de 150.000 cuerpos enterrados. Las denuncias partieron de los familiares de las víctimas.

El crimen a investigar es de un delito de detención ilegal, de desapariciones forzadas, que se enmarcan en la categoría de crímenes contra la humanidad. Como dice el citado auto en relación a la guerra civil los responsables de la insurrección armada llevaron a cabo un programa de exterminio “acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación”. Esos hechos son precisamente los que determinaron la apertura de la investigación por parte de Garzón del paradero de miles de personas detenidas y aniquiladas por el régimen franquista.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 la autoridad competente y única eran los jueces y también los ayuntamientos cuando se trataba de cementerios en los que se actuaba por vía administrativa. Hace ya años que en España se está procediendo a la exhumación de fosas pero la novedad aportada por la nueva normativa impulsada por el Gobierno del PSOE es que abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proceder a las exhumaciones a través de un protocolo. Sin embargo, las víctimas del franquismo exigen que se proceda por vía judicial y que se investiguen los crímenes por detención ilegal y desaparición forzada tal y como estableció Garzón.

“Se trata del mismo delito cometido en distintas partes del territorio. No hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones”, resalta la letrada Elena Reviriego, que critica la actuación de la Audiencia Nacional por no haber asumido la ‘causa general’ dando lugar a un sinfín de resoluciones dictadas por los juzgados territoriales.

CATALUÑA (3.338 VÍCTIMAS)
“En Cataluña no se ha hecho ninguna exhumación por orden judicial y los intentos hasta ahora han sido inútiles” afirma Manuel Perona. Se estima que en esta comunidad haya más de 200 fosas y más de 3.000 peticiones de familiares de desaparecidos. Los dos casos derivados por Garzón han caído en saco roto. El juzgado no se ha puesto en contacto con las víctimas. El Govern aprobó una ‘ley de fosas’ para recuperar los cuerpos que obliga a comunicar a los juzgados la orden de exhumación. También disponen de un censo y de un mapa de fosas pero los únicos desenterramientos llevados a cabo se han hecho por vía administrativa. Las víctimas sostienen que la apertura de una fosa es competencia judicial.

MALLORCA (1.486 VÍCTIMAS)
“Las exhumaciones están judicialmente paradas. No hay ningún tribunal competente. Las fosas no se pueden tocar. Los recursos se desestiman. No hay voluntad política. El apoyo de las instituciones es nulo”, explica Marçal Isern. Las dos causas abiertas en las Islas Baleares son por las fosas comunes de Porreres y Calvía. Ambas han sido desestimadas por la Fiscalía. El asunto está en manos de la Audiencia Provincial y las asociaciones de víctimas están dispuestas a llevarlo al Constitucional. Los juzgados se niegan a investigar por un delito de lesa humanidad sino por delitos de asesinato que ya habrían preescrito.

ANDALUCÍA (42.131 VÍCTIMAS)
“La responsabilidad es del Estado. Los jueces tienen que actuar. Algunos no han entrado ni a pronunciarse, no contestan. Hay un abanico de actuaciones, cada uno interpreta la ley como mejor le parece”. Lo dice Manuel Velasco, presidente de la Asociación “Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, región en la que hay más de 600 fosas localizadas. El Gobierno de la Comunidad está elaborando el mapa de fosas de las ocho provincias andaluzas que luego se integrarán en el mapa estatal del Ministerio de Justicia. El juzgado de Granada, donde se encuentra la causa de Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón y está pendiente del pronunciamiento del Supremo sobre la cuestión de competencia. No obstante sí se procedió a la exhumación de la fosa de Alfacar (donde al final no se encontraron los restos del poeta) por vía administrativa.

VALENCIA (29.034 VÍCTIMAS)
“Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Entendemos que se debe proceder por orden judicial en la exhumación de fosas”, afirma Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià. En el cementerio de Valencia hay seis fosas comunes. Garzón ordenó la exhumación de tres de ellas. La causa es archivada en aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la Ley de Amnistía. El asunto llega a la Audiencia Provincial, también la causa de Orihuela en Alicante y después al Constitucional que no admite a trámite el recurso de amparo de los familiares de las víctimas.

MADRID (3.424 VÍCTIMAS)
“En Madrid se paralizaron las exhumaciones cuando se tocó el Valle de los Caídos”, asegura Fernando Magán. La causa va camino del Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial rechazara el pasado mes de diciembre los dos recursos de apelación presentados por familiares de dos de las víctimas negando que se tratara de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos es resultado de la denuncia por un bebé supuestamente “robado” en la maternidad de O’Donnell. La Audiencia anula la causa llega a argumentar que “la desaparición del bebé no puede estar inmersa en los supuestos de la llamada Memoria Histórica al ocurrir en 1964 y por tanto fuera del lapsus temporal de lo que se consideró propio de la represión realizada durante la guerra civil y los años siguientes”.

VARIOS AVISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este sentido hay que recordar que el periodo de estudio que estipuló Garzón va desde del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951, pero la represión continuó hasta el final de la dictadura y de hecho el juez no cierra la posibilidad de que se puedan investigar delitos posteriores a la década de los 50. En la querella por genocidio presentada en Argentina por familiares de las víctimas la causa se amplía hasta 1977.

En Extremadura (9.486 víctimas), los cuatro juzgados que recibieron el encargo de Garzón han archivado las causas. La exhumación de fosas se ha paralizado en el último año. Igual sucede en Galicia (7.000 víctimas), donde los familiares amenazan con llegar al Constitucional. En Burgos (Castilla y León, 14.660 víctimas), la causa está en la Audiencia Provincial.

En el último año distintos organismos internacionales han instado a España a “continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos” (Comité contra la Tortura). También han mostrado su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas” (Comité de Derechos Humanos).

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20 Abr 2010

¿Guerracivilismo?: Derechos Humanos. M. A. Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 20 Abr 2010 - URL Permanente

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¿Guerracivilismo?: Derechos Humanos

Una de las mentiras más recurrentes por parte de la virulenta reacción del tardofranquismo en estos días de abril, es la de decir que los grupos de memoria o uno u otro personaje –el próximo de la fila a perseguir– está lanzando discursos o consignas "guerracivilistas" cuando pide el enjuiciamiento penal de los crímenes del franquismo y la restitución de los desaparecidos a sus familias, de las propiedades saqueadas, etc...

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 19/04/2010@09:29:48 GMT+1
Una de las mentiras más recurrentes por parte de la virulenta reacción del tardofranquismo en estos días de abril, es la de decir que los grupos de memoria o uno u otro personaje –el próximo de la fila a perseguir– está lanzando discursos o consignas "guerracivilistas" cuando pide el enjuiciamiento penal de los crímenes del franquismo y la restitución de los desaparecidos a sus familias, de las propiedades saqueadas, etc...
NUEVATRIBUNA.ES - 18.4.2010

...Y hasta sería motivo de bromas y parodias, como en alguno de los programas de humor de televisión de estos días, si no diera tanta vergüenza ver a quienes, desde argumentos y motivaciones puramente políticas y de mala conciencia, toman el ataque y la descalificación como la mejor defensa pretendiendo descalificar argumentos puramente jurídicos.

Resulta que los que politizamos y los “guerracivilistas” somos los que queremos que se de normal cumplimiento de dichos tratados internacionales. Ver para creer. Pero si nos fijamos en lo que dicen tales voces el único argumento jurídico que se repita una y otra vez es "ley de amnistía" y delitos "prescritos"... aunque el derecho penal internacional deja claro hasta la saciedad que ninguna ley de amnistía es aplicable para este tipo de crímenes, crímenes que tampoco prescriben...estoy hablando, y lo hago muy resumidamente, del Convenio Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles -firmado por cierto por España su artículo 15.2 antes de la aprobación de ley de amnistía lo que ya perse la invalidaría en su pretensión incluso si las leyes de amnistía no fuesen papel mojado ante este tipo específico de delitos- la jurispurdencia de Nuremberg proclamada como norma internacional por la Asamblea General de la ONU, el Comité Internacional de Derechos Humanos, los instrumentos ONU contra las desapariciones forzadas, la Convención ONU contra la imprescriptibilidad y por la perseguibilidad de estos crímenes que obliga a todos los Estados, los principios ONU de lucha a la impunidad, los relativos al derecho a la reparación a las victimas de violaciones manifestas de los derechos humanos... y todavía más...

Y a partir de ahí los que no tienen un sólo argumento jurídico más -normal, es que simplemente no los hay y por eso estos críemens se han ido juzgando sin escapatoria posible en todo el planeta en las últimas décadas– basan el resto de su argumentación en chascarrillos y argumentaciones de tipo político, invocando la sensatez, el dejar a los muertos estar, los cuatro millones de parados... -¿el derecho al trabajo se opone a que nuestro Estado respete los derechos humanos?, lo primero que oigo- y se atreven a descalificar diciendo que "politizamos" que somos unas revanchistas y no sé que más. Aquellos que carecen de argumento jurídico alguno oponible al deber universal y de Estado de investigar estos crímenes recurren a la descalificación, a lo que sea, con tal de no sacar a la luz el genocidio de Franco y lo que viene detrás: devolver todo lo robado con las manos manchadas de sangre por los gloriosos cruzados, exactamente como les ha venido pasando a los nazis con la restitución de propiedades, obras de arte e inmuebles en toda Europa en las últimas décadas que es lo que dicen las Convenciones de la Haya, de Ginebra...

Lo siento, no. Enjuiciar el franquismo, localizar a todos los desaparecidos, a todos –a los de las fosas de Franco, a los niños perdidos, a los desaparecidos en combate en las tierras altas del Ebro y otros escenarios contra la Convención de Ginebra– no es guerracivilismo, es lo propio de lo que debiera ser un Estado de Derecho, es dar normal cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. En especial a los derechos humanos piedra de toque, ser o no ser de todo Estado que quiere llamarse Democrático y de Derecho.

Porque si durante el genocidio franquista se cometió al menos veinte formas distintas de crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad –veinte, sí, veinte, no “tan sólo” la concreta modalidad de las desapariciones forzadas que ni siquiera se quieren reconocer como tal– nuestra democracia lleva 35 años negando hasta 10 derechos humanos distintos de las víctimas de todos esos crímenes franquistas:

1- El derecho derivado del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dentro de su responsabilidad en la protección de la vida de los ciudadanos: que el Estado emprenda una investigación judicial, efectiva e independiente ante la comisión de cualquier asesinato; mucho más si se da la participación de agentes del Estado.

2- El derecho a la justicia: el derecho a que el Estado derribe el muro de impunidad y olvido y persiga y condene penalmente a los criminales, y las víctimas obtengan una reparación conforme prevé la ONU respecto las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos.

3- El derecho a conocer la verdad de lo sucedido, en primer lugar como derecho de víctimas y familiares pero también en conexión al derecho a la información por parte de la ciudadanía española y del conjunto de la humanidad dada la dimensión internacional de estos crímenes.

4- El derecho a conocer el propio nombre e identidad y a la propia personalidad jurídica, ¿qué menos que eso como expresión de la dignidad inalienable de todo ser humano y su derecho al libre desarrollo de su personalidad?

5- El derecho a la vida familiar. A poner fin a su duelo, a tener un lugar donde sepan que sus restos reposan dignamente. A recuperar a los niños perdidos, desaparecidos en vida, a recuperar los lazos familiares truncados por la Dictadura.

6- La prohibición de toda forma de “trato inhumano y cruel” que representa el desentendimiento de nuestra justicia respecto del sufrimiento de los que esperan, el trato “degradante” a los restos mortales de seres humanos enterrados como perros en fosas clandestinas tal y como han reiterado el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y el Comité Internacional de Derechos Humanos.

7- El derecho al honor de las familias de los fusilados, perseguidos, represaliados mediante actos criminales de mera apariencia jurídica que no pueden seguir siendo insultadas cuando nuestros representantes las llaman públicamente como “sentencias”, ya que no cometieron ningún crimen.

8- El derecho a la propiedad privada, de los expoliados por el franquismo. Se robaron tierras, inmuebles, papel moneda, pertenencias personales…deben dejar de estar en posesión de los familiares de los genocidas y ser restituidos a las familias de sus legítimos propietarios.

9- El derecho a un “recurso efectivo”, no meramente teórico o existente sobre el papel, ante los tribunales, en especial en caso de la violación de los derechos humanos.

10- El derecho a la no discriminación en la aplicación del ordenamiento jurídico. En España justo el problema es que no todos somos iguales ante la ley como dice Rajoy para justificar el juicio a Garzón: las víctimas del franquismo nunca lo han sido, continúan siendo discriminadas como colectivo definido dentro de nuestro propio Estado, y por eso se continúan incumpliendo todos estos derechos humanos.

Y por eso, además de cumplir con todos esos derechos humanos uno por uno expresados, nuestro Estado monárquico debe pedir perdón a todas esas víctimas para las que el Jefe del Estado nunca ha tenido tiempo en los 35 años que están a punto de conmemorarse: a todas esas familias se les debe una petición pública de perdón y un reconocimiento de responsabilidades antológicas para pasar a cumplir, de inmediato, con todo lo que hoy incumple: verdad, justicia y reparación.

No hablamos de uno o dos derechos humanos descuidados –ya sería criticable– hablamos de diez. No hablamos de diez, de cien víctimas de violaciones de derechos humanos –igualmente inaceptable– hablamos de decenas de miles directamente afectados por los 350.000 asesinados sepultos o insepultos de Franco, los expropiados, los niños perdidos, los trabajos forzados y todos los demás…

Y difícilmente puedo transmitir aquí para cualquier ciudadano que no conozca de cerca toda esta situación de las víctimas el grado de hartazgo ante el constante regateo de derechos fundamentales incuestionables, ante tanta canallada del Estado Monárquico “atado y bien atado”, que a muchos ya han dejado de valernos sus excusas, sus justificaciones a su democracia incompleta. Ha dejado de valernos como un marco decente en el que vivir o en el que nos planteemos que queramos que vivan nuestras familias, marquesado de Queipo de Llano, de San Leonardo de Yagüe, de Arias Navarro, Ducado de Mola y todos lo demás incluidos; y vamos a empezar a considerar a este Estado como lo que está demostrando que es y como se merece, y a llamar las cosas por su nombre: Señores de Zarzuela, de Moncloa y del Consejo General del Poder Judicial, cumplan ustedes con todos esos derechos humanos y con todos los deberes de "verdad, justicia y reparación" y déjense de gaitas; a ver si, por una vez, acuden sin más al articulado y jurisprudencia aplicativa de esos tratados de derechos humanos –publicados en internet, en todos los idiomas y accesibles con el Google, no es difícil dar con ellos– y se limitan a intentar aplicarlos en vez de contarnos más historias e intentar rodearlos.

Mientras tanto que mientan, que manipulen, que hablen de revanchismos, de guerracivilismos y de lo que quieran que, antes o después, conseguiremos dentro o fuera de España un poco de justicia y que esos derechos humanos tengan que ser respetados por los mismos que hoy los niegan y los regatean sin empacho.

Que eso es lo único que se ha pedido en la Audiencia Nacional, qué paradoja, ante toda esta reacción desmesurada del tardofranquismo, la persecución de Garzón y todo lo demás: el normal cumplimiento de los derechos humanos para estas personas tal y como se cumplen en el resto de Europa. Es nuestro propio Estado monárquico el que se ha encargado solito de dejar en evidencia cuáles siguen siendo en la actualidad sus hipotecas y las líneas rojas que no nos va a permitir cruzar... “Fuere yo de otro sitio, de otro sitio cualquiera”, que decía Blas de Otero, su poema, el que siempre anda a vueltas, España.

Algo ha empezado a cambiar tímidamente en este mes de Abril en la conciencia y percepción general de nuestras instituciones que decían ser democráticas y que una significativa parte de esta sociedad ya no se cree mientras este Estado monárquico – "Estado de Derecho", lo siento, ya no me resulta posible seguir llamándolo– y sus instituciones pretenden decirnos que todavía no toca..., todavía no toca treinta y cinco años después...

Las cosas ya no van a ser igual a partir de ahora para los altos responsables del Reino de las fosas que, en su plácida quietud cotidiana, le han tratado de hurtar a miles y miles de víctimas del franquismo sus derechos humanos inalienables y hasta la conmovedora restitución de los pobres restos mortales de los suyos.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

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LOS NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO

Escrito por: jordigraug el 20 Abr 2010 - URL Permanente

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LOS NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO

Iglesia y médicos, cómplices de un crimen de lesa humanidad

AGNESE MARRA
Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que nació con la intención de “sacar el germen marxista” de los hijos de los republicanos. El resultado son alrededor de 30.000 niños robados. Los especialistas nos cuentan el modus operandi de una de las mayores atrocidades del franquismo.

Última actualización 19/04/2010@20:55:20 GMT+1
NUEVATRIBUNA.ES - 19.04.2010

Técnicas nazis, tramas casi policíacas con monjas, curas, médicos y funcionarios con los papeles protagonistas. Un negocio inventado por Franco que comenzó con una misma intención: “Sacar el germen marxista” de los miles de niños con madres o familia republicana. La persecución de ese gen, tal y como mandaba Vallejo Nájera, es una de las pruebas más rotundas del genocidio que supuso el franquismo.

Miles de niños robados, ultrajados, con nuevos apellidos, identidades, lugares de origen. Miles de personas que ya superan los cuarenta años y que continúan con su vida sin conocer quiénes son, amparados bajo un engaño que ni el Estado español ni las autoridades pertinentes quieren desenmascarar.

Sin emabrgo hay otras personas, que van desde abogados, psicólogos, antropólogos o periodistas que están dedicados a sacar a la luz uno de los crímenes más brutales del franquismo. Tres de ellos se reunieron la tarde del lunes en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, donde se mantiene el encierro de apoyo al Juez Garzón. Como ya se contó en este periódico, este encierro ha devenido en un espacio de memoria y de denuncia para que España pueda conocer las cientos de páginas de Historia que Franco y sus secuaces eliminaron de un plumazo.

Los datos que ofrecen son estremecedores. Las imágenes llegan a la memoria en blanco y negro, pero estos crímenes también son de la etapa de technicolor. “En España se han robado sistemáticamente niños. Empezaron con el franquismo y la situación ha perdurado hasta entrados los años ochenta”, dice el sociólogo y experto en el tema Paco Tena. Durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70, los robos tenían una connotación claramente política, sin embargo en los 80 estaba orientado a la mera ganancia económica, sólo al negocio.

Los primeros robos comenzaron en los años 40. Sus víctimas eran las mujeres que entraban embarazadas en la cárcel. Todavía quedan testimonios que han denunciado cómo les robaban los hijos a las presas republicanas. Una de las matronas de aquella época, que hoy cuenta con 95 años, reconoció el robo de los niños en las prisiones y contó cómo las monjas les ponían un pañuelo en la cara a los bebés cuando les daban de mamar para que no le cogieran cariño a su madre. Guillermo Fouces que trabaja como psicólogo para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también recuerda: “Además que les dejaban muy poco tiempo de lactancia siguiendo las órdenes de Vallejo Nájera, para que no se les contagiara el gen del marxismo”.

LA IGLESIA SE ENCARGABA DE TODO

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”, le dijo Emilia Girón a la periodista María José Esteso Poves, una de las asistentes a la mesa redonda. Lo que le dijeron a Emilia se lo decían a todas. A pesar de que el niño nacía bien y las madres eran capaces de verlo, rápidamente una enfermera les indicaba que tenían que llevarlo a una incubadora. Al día siguiente le comunicaban a la madre que el bebé había muerto. Nunca más volvían a ver a su hijo.

Tampoco se volvía a ver la documentación. Ni el certificado de nacimiento, ni el de defunción, y ni siquiera el de la madre que estuvo hospitalizada y fue a dar a la luz: “Muchas de las madres han ido después a las clínicas para pedir su ficha y no se las han dado, dicen que han desaparecido”, cuenta indignado Paco Tena. Estas madres ya pertenecen a la segunda etapa. Ya no son las presas. Las víctimas eran aquellas mujeres a las que podían relacionar con la República o con una ideología de izquierda.

Un médico que en esa época (años 60 -70) trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, y que se ha negado a mostrar su identidad ha reconocido las investigaciones a las que han podido llegar expertos y víctimas: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”, narra la periodista que pudo hablar con él.

El crimen se cometía a lo largo y ancho de la península, incluso hay casos documentados en las islas Canarias. Un entramado bien pensado, con varios protagonistas que cumplían papeles claves para que el negocio nunca se descubriera y se pudiera sacar el mayor beneficio. “Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia. Esta operación se repetía de punta a punta. Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, le dijo otra de las madres usurpadas a María José Esteso.

La Iglesia no sólo estaba en cada una de las etapas del ‘robo’ sino que además castigaba a las parturientas por entender que las ayudaban a dar a la luz: “Después de parir y robarles los hijos, las mantenían durante años limpiando los suelos de los hospitales para que pagaran su deuda por haber sido atendidas”, cuenta Paco Tena.

‘ENDEMIA DE OTITIS’

Las instituciones y administraciones también estaban metidas en el ajo. Los partes de defunción existentes tenían todos la misma causa de la muerte: otitis. En un registro de la comunidad de Madrid hay incluso un día en el que en el mismo hospital mueren siete bebés por otitis, explica el sociólogo y lo corrobora la periodista. Ambos han trabajado juntos y cuando vieron esa información no tardaron en hablar con varios pediatras: “Todos nos decían lo mismo, que era imposible que un bebé muriera por otitis, es más en el registro de enfermedades de muerte infantil hay muchísimas y ninguna es por otitis”.

El Registro Civil es una de las instituciones que se niega a ofrecer datos a las víctimas que hoy buscan a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. “Es que tenían funcionarios comprados. En el parte de defunción hablaban de otitis, pero ni siquiera decían si les habían enterrado o incinerado, por no hablar de las partidas de nacimiento falsas con nuevos nombres y por supuesto todos los partes de defunción falsos”, señala Tena. Y es que el negocio que inventó Franco daba mucho dinero. No era de extrañar que las familias más adineradas llegaran a pagar hasta 200.000 pesetas de la época, dinero que se repartían entre la Iglesia, los médicos y los funcionarios ‘comprados’.

Las clínicas que más han sido investigadas están en Madrid. La Clínica de O’Donell y la maternidad de Santa Cristina (amabas en la misma calle) y una tercera que actuaba coordinándose con las anteriores, la clínica San Ramón. Las tres practicaban el mismo modus operandi: niño en la incubadora, después decir que estaba muerto y registrar como parturienta a la madre adoptiva y no a la verdadera. Algunos de los médicos que trabajaban allí en aquella época y que presumiblemente organizaban los robos hoy siguen vivos. Es el caso del tocólogo Eduardo Vela Vela o el del ginecólogo Villa Elizaga, que hoy se encuentra dando clases en la Universidad de Navarra. Entre estas ‘curiosidades’ también está el hecho de que el directo y fundador de la clínica O’Donell fue José Botella Llusía, tío de Ana Botella, mujer de José María Aznar.

LA IMPUNIDAD CAMPA A SUS ANCHAS

Aunque parezca mentira gran parte de estas atrocidades estaban amparadas por ley. Algunas de las Leyes de Franco menos conocidas y más brutales hoy saltan a la palestra en medio de una mesa redonda que los asistentes siguen con los ojos bien abiertos. La periodista María José Esteso nos refresca la Historia menos contada: “El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 en la que se daba la patria potestad al Estado. Pero en 1941 otra ley terminó por empeorarlo más ya que se autorizó cambiar los apellidos”. El sociólogo interrumpe y dice: “Es un peligro que miles de personas crean que tienen una pasado médico con la identidad de padres falsos, es una atrocidad”.

Pero el esperpento continúa cuando se conoce la Ley de Patrimonio 16/85 que recoge que para proteger a la madre no se pueden ofrecer sus datos a quien la busque hasta pasados cincuenta años. La película se pone cada vez más negra para todo aquel que quiera conocer lo que sucedió en aquellos años. Además los que lo han intentado han salido mal parados. Los ejemplos son muchos.

En los años 90 cuando surgió el programa de televisión ¿Quién sabe dónde? llegaron a la redacción cientos de casos que buscaban a sus familiares desaparecidos en el franquismo, mucho de ellos hablaban de sus hijos robados. La intensidad de llamadas fue tal que el propio presentador, Paco Lobatón, animó a las víctimas a unirse en asociación. Le hicieron caso y formaron Derechos a saber ANDAS. Sin embargo el periodista del programa no tuvo tanta suerte ya que tras sacar a la luz un caso, y en plena subida de audiencia, Televisión Española decidió acabar con el programa, cuenta Paco Tena.

La periodista María José Esteso, cuenta algo parecido que le sucedió a ella cuando fue a entrevistar a María Cruz, la entonces presidenta de la asociación ANDAS y uno de los testimonios que más ha luchado por conocer la verdad: “En ese momento trabajaba de free lance para el grupo PRISA y cuando les conté el tema, cómo había ido mi entrevista, me dijeron que no les interesaba publicar ese tipo de cosas. Les terminé convenciendo y lo sacaron, pero tuve que dulcificar muchísimo todo lo que me había dicho”.

El caso más reciente lo ha sufrido Paco Tena, quien ha publicado numerosas investigaciones sobre los niños robados: “Hace tan sólo tres meses me llamaron y me dijeron que no siguiera investigando por ahí, que tenía que tener cuidado. Esa es la mejor prueba de que el franquismo sociológico sigue vivo”.

UNA PARED DE FRENTE

Las víctimas que han intentado conocer su historia se han encontrado siempre con la misma respuesta: el silencio. Los especialistas y los familiares coinciden en que la Iglesia y el Registro Civil son las dos instituciones que lo ponen más difícil, por no decir imposible. “La Iglesia es la que tiene todo, los registros de bautismo originales, con los nombres de los padres verdaderos, las defunciones, los nacimientos, ellos tienen todo, pero no nos lo quieren mostrar”, señala el sociólogo.

Tanto Paco Tena como la periodista María José Esteso coinciden que los expertos no pueden hacer mucho más: “Es el Estado quien se tiene que encargar de todo esto, es la Fiscalía la que tiene que llevarlo y obligar a las instituciones a que muestren las pruebas”, dice Tena. Pero de repente se acuerda: “Bueno, la verdad es que hemos venido aquí para apoyar a Garzón, la única persona que ha intentado investigar esto, y por eso mismo está en el banquillo. Todo esto es un sin sentido”.

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