29 Abr 2010

España tendrá que explicar en la ONU el acoso a Garzón

Escrito por: jordigraug el 29 Abr 2010 - URL Permanente

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España tendrá que explicar en la ONU el acoso a Garzón

El Consejo de Derechos Humanos examina el miércoles al Gobierno de Zapatero

- AFP PERE RUSIÑOL - MADRID - 29/04/2010 06:00

El Gobierno español deberá dar explicaciones la semana que viene en Naciones Unidas por el acoso al juez Baltasar Garzón y por las dificultades de investigar los crímenes del franquismo. El organismo internacional ha puesto el foco en España y los expedientes sobre la causa del franquismo se acumulan: ya hay seis entes de la ONU donde se debate la situación originada por el acoso al juez.

España se somete el miércoles de la semana que viene por vez primera al examen sobre derechos humanos que realiza en Ginebra Naciones Unidas a todos sus miembros. El ejercicio se instauró en abril de 2008 y consiste en una evaluación detallada de la situación de los derechos humanos en cada país por lo menos una vez cada cuatro años.

Las ONG han hecho de lobby' con varios países para presionar a España
El proceso toma como punto de partida un documento elaborado por el propio país, al que se suman luego las aportaciones de los distintos organismos de Naciones Unidas y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que remiten a Ginebra sus análisis, aunque luego no tienen derecho a intervenir el día del examen.

La delegación española estará encabezada por la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, adscrita a Presidencia, y contará con técnicos de varios ministerios, que deberán someterse a las preguntas del Consejo de Derechos Humanos.

Estupor internacional
Human Rights Watch pide que interceda el Alto Comisionado
La primera comparecencia española, el próximo miércoles, coincidirá con el estupor internacional provocado por la instrucción del Supremo contra Garzón por supuesta prevaricación en la causa de los crímenes franquistas. Y aunque el material -tanto el del Gobierno español como el de las ONG- se envió hace meses, todas las partes dan por seguro que España tendrá que dar explicaciones por el acoso a Garzón y quizá también por la Ley de Amnistía de 1977 y la dificultad de investigar en los tribunales españoles los crímenes del franquismo.

"Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las repuestas con la tranquilidad que da el saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación de España es muy positiva", explica uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.

El documento que remitió a Ginebra Amnistía Internacional ya incorporaba las dificultades para llevar a cabo las exhumaciones tras ser apartado Garzón de la causa. Pero la instrucción del Supremo en su contra ha movilizado a la ONG de derechos humanos, que ha intensificado su labor de lobby para asegurar que España deberá responder a estas cuestiones incómodas ante el Consejo de Derechos Humanos.

En las últimas semanas, la ONG se ha entrevistado con diplomáticos de Bélgica, Reino Unido, Holanda, India, Chile y Suráfrica, entre otros, para subrayar la gravedad de lo que está sucediendo en España.

Contratiempo inesperado
Para la diplomacia española, el caso Garzón y el súbito interés por la Ley de Amnistía y los crímenes del franquismo supone un contratiempo inesperado. España esperaba capitalizar los avances en derechos humanos desde la Ley de Igualdad hasta el matrimonio homosexual, entre muchos otros puntos para ganar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, que se renueva el 13 de mayo.

En cambio, ahora se encontrará probablemente a la defensiva, tratando de demostrar que respeta derechos humanos elementales como el de las víctimas a conocer la verdad o el de los jueces a investigar en lugar de poder lucirse exhibiendo los nuevos derechos que ha impulsado.

El frente internacional no se acaba en el Consejo de Derechos Humanos. Otras organizaciones de gran renombre internacional, como Human Rights Watch (HRW), han acudido también a la ONU para que interceda por Garzón y en favor de los derechos de las víctimas de la represión franquista.

El portavoz de HRW, Reed Brody, se ha dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidiéndole que interceda en España en favor de Garzón. La organización también ha escrito al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias instándolo a examinar si España cumple con los compromisos que firmó.
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25 Abr 2010

La "coacción" del Supremo paraliza la exhumación de fosas.

Escrito por: jordigraug el 25 Abr 2010 - URL Permanente

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Sirva este artículo como recordatorio a lo que ciertos malnacidos, fascistas o cómplices del fascismo, quieren que olvidemos. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. No hay ley nacional que amnistíe los Crímenes contra la Humanidad ni el Genocidio ni Democracia que sea tal y lo permita.
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http://www.nuevatribuna.es/noticia/33608/ESPA%C3%91A/22coacci%C3%B3n22-supremo-paraliza-exhumaci%C3%B3n-fosas.html

Última actualización 25/04/2010@18:43:10 GMT+1
La mayoría de los juzgados territoriales han archivado los expedientes remitidos por Garzón para investigar los crímenes del franquismo. Los colectivos de víctimas exigen a la autoridad judicial que intervenga mientras el Tribunal Supremo se niega a resolver la cuestión de competencia.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G.CABALLERO 25.04.2010

“Después de lo que está ocurriendo con Baltasar Garzón qué juez en España se va a atrever a abrir una fosa”, dice Manuel Perona, presidente de la Asociación de Cataluña para la Recuperación de la Memoria Histórica. “En España no hay un solo juez ni juzgado competente para investigar estos crímenes”, lamenta Marçal Isern de Temps de la Memoria. “Los jueces están siendo coaccionados por el Supremo”, afirma el abogado Fernando Magán.

Desde que Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 a favor de los distintos juzgados territoriales la mayoría de los expedientes (46 de 60) han sido archivados. La falta de un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia ha derivado en una disparidad de actuaciones en los procedimientos abiertos. Dos juzgados, el de Granada y el del San Lorenzo de El Escorial mantienen que la competencia para investigar los crímenes de la dictadura la tiene la Audiencia Nacional. Otro, el de Benavente (Zamora) ha sido el único hasta ahora que se ha declarado competente y ha procedido a la exhumación. La mayoría ha aceptado la inhibición y ha dado carpetazo al asunto sin llamar a ningún testigo a declarar. Y es que no hay autoridad judicial en España que quiera hacerse cargo de los miles de cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.

150.000 DESAPARECIDOS

Lo que se dirime en el fondo de la llamada ‘causa Garzón’ o ‘causa contra el franquismo’ o ‘causa de la memoria histórica’ no es más que la ‘causa de las fosas’. En España existen más de dos mil fosas clandestinas y decenas de miles de desaparecidos. Sólo en el auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional con fecha 16 de octubre de 2008, figura la cifra de 114.266 muertos pero la estimación de los peritos es de alrededor de 150.000 cuerpos enterrados. Las denuncias partieron de los familiares de las víctimas.

El crimen a investigar es de un delito de detención ilegal, de desapariciones forzadas, que se enmarcan en la categoría de crímenes contra la humanidad. Como dice el citado auto en relación a la guerra civil los responsables de la insurrección armada llevaron a cabo un programa de exterminio “acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación”. Esos hechos son precisamente los que determinaron la apertura de la investigación por parte de Garzón del paradero de miles de personas detenidas y aniquiladas por el régimen franquista.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 la autoridad competente y única eran los jueces y también los ayuntamientos cuando se trataba de cementerios en los que se actuaba por vía administrativa. Hace ya años que en España se está procediendo a la exhumación de fosas pero la novedad aportada por la nueva normativa impulsada por el Gobierno del PSOE es que abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proceder a las exhumaciones a través de un protocolo. Sin embargo, las víctimas del franquismo exigen que se proceda por vía judicial y que se investiguen los crímenes por detención ilegal y desaparición forzada tal y como estableció Garzón.

“Se trata del mismo delito cometido en distintas partes del territorio. No hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones”, resalta la letrada Elena Reviriego, que critica la actuación de la Audiencia Nacional por no haber asumido la ‘causa general’ dando lugar a un sinfín de resoluciones dictadas por los juzgados territoriales.

CATALUÑA (3.338 VÍCTIMAS)
“En Cataluña no se ha hecho ninguna exhumación por orden judicial y los intentos hasta ahora han sido inútiles” afirma Manuel Perona. Se estima que en esta comunidad haya más de 200 fosas y más de 3.000 peticiones de familiares de desaparecidos. Los dos casos derivados por Garzón han caído en saco roto. El juzgado no se ha puesto en contacto con las víctimas. El Govern aprobó una ‘ley de fosas’ para recuperar los cuerpos que obliga a comunicar a los juzgados la orden de exhumación. También disponen de un censo y de un mapa de fosas pero los únicos desenterramientos llevados a cabo se han hecho por vía administrativa. Las víctimas sostienen que la apertura de una fosa es competencia judicial.

MALLORCA (1.486 VÍCTIMAS)
“Las exhumaciones están judicialmente paradas. No hay ningún tribunal competente. Las fosas no se pueden tocar. Los recursos se desestiman. No hay voluntad política. El apoyo de las instituciones es nulo”, explica Marçal Isern. Las dos causas abiertas en las Islas Baleares son por las fosas comunes de Porreres y Calvía. Ambas han sido desestimadas por la Fiscalía. El asunto está en manos de la Audiencia Provincial y las asociaciones de víctimas están dispuestas a llevarlo al Constitucional. Los juzgados se niegan a investigar por un delito de lesa humanidad sino por delitos de asesinato que ya habrían preescrito.

ANDALUCÍA (42.131 VÍCTIMAS)
“La responsabilidad es del Estado. Los jueces tienen que actuar. Algunos no han entrado ni a pronunciarse, no contestan. Hay un abanico de actuaciones, cada uno interpreta la ley como mejor le parece”. Lo dice Manuel Velasco, presidente de la Asociación “Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, región en la que hay más de 600 fosas localizadas. El Gobierno de la Comunidad está elaborando el mapa de fosas de las ocho provincias andaluzas que luego se integrarán en el mapa estatal del Ministerio de Justicia. El juzgado de Granada, donde se encuentra la causa de Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón y está pendiente del pronunciamiento del Supremo sobre la cuestión de competencia. No obstante sí se procedió a la exhumación de la fosa de Alfacar (donde al final no se encontraron los restos del poeta) por vía administrativa.

VALENCIA (29.034 VÍCTIMAS)
“Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Entendemos que se debe proceder por orden judicial en la exhumación de fosas”, afirma Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià. En el cementerio de Valencia hay seis fosas comunes. Garzón ordenó la exhumación de tres de ellas. La causa es archivada en aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la Ley de Amnistía. El asunto llega a la Audiencia Provincial, también la causa de Orihuela en Alicante y después al Constitucional que no admite a trámite el recurso de amparo de los familiares de las víctimas.

MADRID (3.424 VÍCTIMAS)
“En Madrid se paralizaron las exhumaciones cuando se tocó el Valle de los Caídos”, asegura Fernando Magán. La causa va camino del Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial rechazara el pasado mes de diciembre los dos recursos de apelación presentados por familiares de dos de las víctimas negando que se tratara de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos es resultado de la denuncia por un bebé supuestamente “robado” en la maternidad de O’Donnell. La Audiencia anula la causa llega a argumentar que “la desaparición del bebé no puede estar inmersa en los supuestos de la llamada Memoria Histórica al ocurrir en 1964 y por tanto fuera del lapsus temporal de lo que se consideró propio de la represión realizada durante la guerra civil y los años siguientes”.

VARIOS AVISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este sentido hay que recordar que el periodo de estudio que estipuló Garzón va desde del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951, pero la represión continuó hasta el final de la dictadura y de hecho el juez no cierra la posibilidad de que se puedan investigar delitos posteriores a la década de los 50. En la querella por genocidio presentada en Argentina por familiares de las víctimas la causa se amplía hasta 1977.

En Extremadura (9.486 víctimas), los cuatro juzgados que recibieron el encargo de Garzón han archivado las causas. La exhumación de fosas se ha paralizado en el último año. Igual sucede en Galicia (7.000 víctimas), donde los familiares amenazan con llegar al Constitucional. En Burgos (Castilla y León, 14.660 víctimas), la causa está en la Audiencia Provincial.

En el último año distintos organismos internacionales han instado a España a “continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos” (Comité contra la Tortura). También han mostrado su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas” (Comité de Derechos Humanos).

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23 Abr 2010

La Ley de Amnistía o Ley de Amnesia. Enrique del Olmo.

Escrito por: jordigraug el 23 Abr 2010 - URL Permanente

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http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=33393

* Enrique del Olmo
Última actualización 22/04/2010@14:52:44 GMT+1
Es muy llamativo que alrededor de la defensa de la Ley de Amnistía del 77 se agrupan aquellos sectores políticos y judiciales para los cuales la Amnistía era una concesión inaceptable a las exigencias de los “rojos”. (...) Las víctimas de un régimen genocida no podemos obviar legalmente el pasado por mucho que le cueste al partido de la derecha romper con sus vínculos con el régimen anterior.
NUEVATRIBUNA.ES - 22.4.2010

Cuando en estas últimas semanas se ha esgrimido desde los poderes corporativos y la derecha la Ley de Amnistia del 77 como la sacrosanta bandera para romperle la cabeza a Garzón, me puse a hurgar en mis recuerdos e incluso en mi subconsciente para intentar ver si aquella Ley había sido uno de los grandes episodios catárticos de la transición, y la verdad es que no lograba identificarlo como uno esos momentos, que hubo muchos, donde a trancas y barracas palpábamos que la libertad se alcanzaba. No era ni la apertura de las puertas de las cárceles, ni la llevada en volandas de los presos políticos por la multitud liberadora. Dudé de mi memoria, revisé documentos y libros y la verdad es que encontré poco más de algunas líneas donde se reflejaba la fecha del 14 de octubre como uno de los puntos álgidos de la transición, que ahora una chusma de resentidos convocados por los sindicatos y Carlos Berzosa quiere borrar. Sin embargo hoy he recordado -no admito que se diga que tengo Alzheimer - que yo fui un beneficiario de dicha Ley y que gracias a ella en las Salesas, en la sacrosanta sala del TOP (Tribunal de Orden Público), bajo la Presidencia de ese modelo de jueces (de muchos de los que hoy siguen ejerciendo desde las más altas magistraturas) que era el Juez Mateu, se me aplicó la Ley de Amnistía y se exoneró del juicio, sorprendentemente, a dos de mis compañeros de Sumario con el mismo marco legal de referencia. Es decir que yo, beneficiario de la Ley de Amnistía, nunca sentí ser parte de un hecho histórico en el que se pretende resumir el balance del franquismo y de la reconciliación nacional.

La Ley de Amnistía fue una más de las importantes medidas que a toda prisa iba tomando el Gobierno de Suárez para allanar el camino hacia una Constitución democrática, ni mucho menos hacia una fórmula para hacer tabla rasa de la dictadura. Aunque impedía la persecución de funcionarios y responsables del régimen franquista, ni era una ley de punto final, ni se situaba por encima de los delitos de lesa humanidad. De pronto, en manos de los herederos de los que no quisieron saber nada de amnistía para los presos políticos, esta ley se transforma en paradigma de la transición. Todavía más: en la reencarnación de ese tan intangible “espíritu de la Transición” que sólo puede competir en los cielos con la “Santísima Trinidad”.

Es muy llamativo que alrededor de la defensa de la Ley de Amnistía del 77 se agrupan aquellos sectores políticos y judiciales para los cuales la Amnistía era una concesión inaceptable a las exigencias de los “rojos”. Como en tantas otras cosas, TODO vale si es para atacar al Gobierno, a los sindicatos y a la izquierda: que hablamos de la Constitución de la anti España, pues a ella nos agarramos; que se discute sobre el respeto al Estado de Derecho, pues dale que dale para no modificar los órganos periclitados del Tribunal Constitucional; que sale a relucir el Estado Autonómico, pues mas independentistas que nadie para no cumplir las Leyes educativas y de dependencia; que hay que subir la presión fiscal porque las cuentas no cuadran, pues se hace a la vez que se llama a la rebelión fiscal contra Zapatero; que Matas, Bárcenas, Sepúlveda, Merino, etc, etc aparecen en la trama Gurtel, pues la culpa es de la policía de Rubalcaba que investiga con “saña”. Todo lo que sucede, incluso aquello que no llega a suceder como la autoría etarra del 11-M, sirve si con ello se ataca al Gobierno. Y si es a costa de arriesgar la estabilidad democrática, mejor. Como tantas veces repiten Aznar y Aguirre, “somos una derecha sin complejos”. Es una gran ventaja eso de tener pocos principios, valores y convicciones, pero es mucho más ventajoso que además sean flexibles.

Pero volvamos al tema de la Ley de Amnistía y la intocabilidad del régimen genocida de Franco. Una de las mayores críticas que se han hecho a la Ley de Memoria Histórica es que no se atreviese a determinar la “ilegalidad” del régimen del 18 de julio. Se limita a la ilegitimidad pero no se atreve a declarar ilegales sus actos. Ahora, se pretende hacer una lectura única de la Ley de Amnistía para convertirla en una Ley de Amnesia. Por eso, la iniciativa parlamentaria para poner límites a la Ley del 77 es adecuada, pero lo que sigue latiendo es algo no resuelto y que se debería tipificar en nuestro ordenamiento jurídico como delito “apología del franquismo·”. De la misma forma que recientemente se cerró la librería Europa y se condenó a dos años y nueve meses al nazi Pedro Varela por la “difusión de ideas genocidas y delito contra los derechos fundamentales”, de la misma forma que en Francia, Alemania e Italia está prohibida la apología del nazismo, del régimen de Vichy o del fascismo (aunque Berlusconi ha logrado atenuarlo), en nuestro país las víctimas de un régimen genocida no podemos obviar legalmente el pasado por mucho que le cueste al partido de la derecha romper con sus vínculos con el régimen anterior. Ese sería el auténtico apoyo a las víctimas y a los familiares que hoy se ven desprotegidos ante los desatinos de una parte de los jueces que dan cobertura a la acción de los que exaltan al franquismo .

Enrique del Olmo - Escritor.

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16 Abr 2010

Resumiendo: deroguen la Ley de Amnistía

Escrito por: jordigraug el 16 Abr 2010 - URL Permanente

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Resumiendo: deroguen la Ley de Amnistía

15 April 2010 – 15:12

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Eslóganes añadidos a un dibujo deKalvellido

-

En su

La periodista señala que “(…) Este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en 30 años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que hay una parte de la derecha que sigue siendo franquista (…)”.

Salta a la vista que tanto para El País como para el PSOE, lo que más inquieta de “este desgraciado asunto” es que pueda abrirse un debate serio sobre las concesiones de la actual democracia a la dictadura franquista, cuyo principal exponente sigue siendo la aún vigente Ley de Amnistía.

Para ser más exactos, ni es “nuestro país” el que encabeza secciones internacionales de periódicos ingleses, franceses, argentinos o chilenos (recordemos que en estos dos últimos derogaron sus respectivas leyes de Punto y Final, herederas de la dictadura), ni somos los españoles los que “hemos sido incapaces de lidiar con el pasado”. No son otras que las instituciones españolas, controladas por los poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- desde la Transición y, en la práctica, repartidas entre los dos partidos políticos mayoritarios que se benefician del sistema de Hond’t, las responsables del apuntalamiento de una ley creada para mantener impunes e impolutos los crímenes del franquismo.

Que más de 30 años después no se haya derogado una ley preconstitucional -y , a la que siguen aferrándose los jueces para que no se dude de sus insistentes resoluciones, donde se repite una y otra vez la prescripción de un genocidio imprescriptible-, es la prueba irrefutable de que los pantalones continúan a la altura de los tobillos.

¿No es otra evidencia de sumisión al pasado franquista que el Estado no acometa directamente la excavación de las fosas y, en su lugar, delegue la ardua tarea a asociaciones de la memoria que asumimos tal responsabilidad por la urgencia que impone el fallecimiento de los descendientes de los desaparecidos, y con ellos, de los testimonios que permiten localizar las fosas?

Para terminar de corroborar la “idea sembrada” que cuestiona Elvira Lindo, el problema fundamental ni siquiera es que “hay una parte de la derecha que sigue siendo franquista”, sino que nos encontramos con herederos del franquismo en el PSOE y en el Grupo Prisa, además de otros bien situados en los principales tribunales del poder judicial.

[Actualización (16/04/2010): He eliminado los vínculos familiares que podían leerse a partir de este párrafo porque rectificar es de sabios y, en sí mismos, no demuestran nada. Más acertada hubiera sido una lista de quienes en su momento "heredaron" propiedades usurpadas a republicanos o fundaron empresas con la inestimable ayuda de la dictadura. No cuento con esa lista. Tal vez en otra ocasión...]


El hecho de que no se nos permita a los españoles demostrar el terror, los crímenes de Falange Española durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, ha imposibilitado proceder a su ilegalización, tal y cómo se hizo con el partido nazi de Alemania o Italia.

Que el fascismo y la extrema derecha española sienten en el banquillo a Garzón sólo sucede porque nuestro “Estado de Derecho” nunca llegó a subirse los pantalones, y hoy por hoy sigue siendo fácil de ultrajar. Que juzguen a Garzón podría ser lo de menos. Lo verdaderamente triste es que ningún gobierno en este país haya hecho nada por juzgar el genocidio franquista e incluso se obstaculice a quién lo intenta. Recordemos;

(Público);

(…) El departamento de Zaragoza (Fiscal General del Estado) considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil, ya que no es un asunto “sujeto a las reglas de la justicia universal”, es decir, que se trata de delitos comunes y no de crímenes contra la humanidad, por lo que correspondería por lo tanto a los juzgados territoriales (…)”. (20/10/08)

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15 Mar 2010

La Ley de Amnistía no ampara al franquismo. Jaime Sartorius.

Escrito por: jordigraug el 15 Mar 2010 - URL Permanente

La Ley de Amnistía no ampara al franquismo. Jaime Sartorius.

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La Ley de Amnistía no ampara al franquismo

JAIME SARTORIUS 15/03/2010

Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.

La ley iba dirigida a las víctimas de la dictadura. En 1977 las tropelías franquistas no eran ilegales
Es arbitrario decir que la ley impide investigar crímenes de guerra

La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.

Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.

Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.

No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.

Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.

Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.

La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.

En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.

Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.

Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.

Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

Jaime Sartorius es abogado y fue miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía, en representación del PCE.

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16 Feb 2010

¿Hay que derogar la Ley de Amnistía?

Escrito por: jordigraug el 16 Feb 2010 - URL Permanente

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Última actualización 16/02/2010@16:55:18 GMT+1
Así lo creen distintos organismos internacionales. España no está obligada a cumplir dichas recomendaciones pero no hacerlo supone el incumplimiento de algunos de los pactos suscritos por el Gobierno en materia de derechos humanos.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL. G.CABALLERO 16.02.2010

La causa contra el franquismo abierta por Baltasar Garzón ha puesto en evidencia el incumplimiento sistemático del Gobierno español a algunos de los pactos suscritos en el plano internacional.

Así se pone de manifiesto en dos recientes informes elaborados por Naciones Unidas que coinciden en destacar la necesidad de que España derogue la Ley de Amnistía de 1977 si quiere hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Las recomendaciones u observaciones realizadas por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas no suponen una imposición, pero hacer caso omiso a las mismas sitúa a España en la diana por incumplir dichos convenios y avalar la impunidad en el caso que nos ocupa: los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista.

El Comité contra la Tortura expuso en su 43º periodo de sesiones (noviembre de 2009) una serie de conclusiones entre las que se incluyen la necesidad de que el Estado español asegure la “imprescriptibilidad de la tortura en todo caso” tomando en consideración el carácter de jus cogens (como derecho imperativo) en el enjuiciamiento de este tipo de actos en los que este organismo incluye las desapariciones forzadas, unos crímenes que “no deben estar sujetos a amnistía”.

Aunque el Comité valora la ratificación (el 24 de septiembre de 2009) por parte de España de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, alienta al Estado español “a continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”. También, reitera en este sentido, que de acuerdo con el artículo 14 de la Convención, deberá asegurarse la “reparación y el derecho a una indemnización a toda víctima de actos de tortura”.

Por otro lado, el informe elaborado en enero de 2009 por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos manifiesta su preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía ya que recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos incompatibles con dicho Pacto. Este organismo también valora la aprobación de la Ley de Memoria Histórica pero muestra su “preocupación” por los “obstáculos” con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.

Por todo ello, concluye que España debería no sólo derogar la normativa de ‘punto y final’ sino “crear una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura permitiendo a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Pues bien, la respuesta dada por España sigue sin ajustarse a lo que estos organismos consideran de obligado cumplimiento. Las consideraciones hechas a ambos informes coinciden en señalar que la Ley de Amnistía “fue respaldada por toda la sociedad española y contribuyó a la transición a la democracia”. El ejecutivo español subraya que “la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978”. Y añade que “no sólo la sociedad española sino también la opinión pública mundial es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley”.

Y todo esto en un documento donde el Gobierno se “sorprende” y se lamenta” por el hecho de que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no reconozca que España “respeta estrictamente los derechos humanos y las libertades públicas”, además de destacar que dichas consideraciones “no se corresponden con la realidad” poniendo en evidencia el “desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía”.

Tampoco hay atisbo de rectificación alguna en la respuesta dada al Comité contra la Tortura donde además de reiterar el respaldo que toda la sociedad española dio a dicha normativa, señala que en el ordenamiento jurídico español la prescripción no se aplicará sin que entre en consideración la aplicación de la ley de 1977 lo que corresponderá, en todo caso, a los órganos jurisdiccionales. Además –recuerda- la Ley de Memoria Histórica supone una “reparación de las víctimas del franquismo, incluidas las torturadas”.

DOCUMENTOS SOBRE LOS QUE SE HA ELABORADO ESTA INFORMACIÓN:

> PDF: Comité contra la Tortura-Observaciones a España
> PDF: Comité contra la Tortura-Respuestas de España
> PDF: Comité Derechos Humanos-Observaciones a España
> PDF: Comité Derechos Humanos-Respuestas de España

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