07 May 2010

Piden a España en la ONU que investigue los crímenes del franquismo

Escrito por: jordigraug el 07 May 2010 - URL Permanente

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Piden a España en la ONU que investigue los crímenes del franquismo

España recibió ayer 5 de mayo críticas por el trato a los inmigrantes, y elogios por sus políticas sociales en materia de igualdad, durante el examen de derechos humanos de la ONU, un mecanismo por el que deben pasar todos los países, en una sesión en la que varios países le pidieron investigar los crímenes del franquismo.

Durante más de tres horas, la sala XX del Palacio de Naciones, la de los derechos Humanos -donada por España y decorada por Miquel Barceló- fue escenario del Examen Periódico Universal, un mecanismo establecido en 2008 y que estudia el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, presentó el informe español y destacó que “para el Gobierno, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de actuación, tanto en el plano internacional como interno”.

El asunto de la investigación de los crímenes del franquismo estuvo muy presente durante la sesión, tras las denuncias de varios organismos de la ONU y de varias ONG, por la imposibilidad de avanzar en España y las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón.

CRÍTICAS A ESPAÑA

Respecto a la investigación de los crímenes del franquismo, Colombia señaló: “La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica“.

Por su parte, México recomendó a España “de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito”.

Cuba dijo haber tomado nota de “los esfuerzos del Gobierno (español) para impulsar la restauración de la memoria histórica”, y añadió: “Esperamos que se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas”.

“Queda como asignatura pendiente la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la dictadura franquista, que en virtud del derecho internacional son imprescriptibles”, añadió el representante cubano.

Argentina pidió fortalecer los mecanismos tendentes a combatir la impunidad, mientras que Perú destacó la adopción de la Ley de la Memoria Histórica, que establece “el derecho a la reparación moral a las víctimas de las dictadura”.

OBSERVACIONES DE ONG

Varias ONG, como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional, añadieron al examen de España observaciones sobre la investigación de los crímenes del franquismo y a las causas abiertas contra el juez Garzón por tratar de investigarlos. El próximo viernes se emitirán las recomendaciones a España.

Las ONG no tenían derecho a intervenir este miércoles en la sesión, aunque sus observaciones se tendrán en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones a España el próximo viernes.

Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch, destacó el hecho de que fueran los países latinoamericanos quienes sacaran a relucir los crímenes del franquismo. Y expresó su estupor por “el silencio hipócrita de los europeos” ante el acoso a Garzón, pues dijo: “Si en un país del tercer Mundo se persiguiera a un juez por haber querido investigar crímenes de lesa humanidad, no puedo imaginar que los europeos callaran”.

PRESENTADA EN ARGENTINA UNA QUERELLA CONTRA EL FRANQUISMO

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se investigue el “genocidio” y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.

La denunciaha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, informaron a la agencia Efe portavoces de los demandantes que expresaron su confianza en que “víctimas de la dictadura franquista” se sumen paulatinamente a esta iniciativa.

Esquivel anunció la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

La querella criminal se fundamenta en el principio de “jurisdicción universal” para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución de Argentina y “consagrado en el Derecho Internacional”, explica el texto.

En España, sostiene, hubo “un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. Esquivel asimismo, recordaba ayer que durante la dictadura se “trataron de ocultar los crímenes y por eso hicieron la Ley de Amnistía de 1977, como si nada hubiera pasado”.

“EVITAR QUE LOS CRÍMENES QUEDEN IMPUNES”

La iniciativa fue anunciada el 9 de abril tras conocerse que el juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo. “El objetivo es evitar que esos crímenes queden impunes”, explicaba entonces Carlos Slepoy, abogado argentino que representará a los colectivos de familiares de los 113.000 desaparecidos registrados en España.

Los denunciantes parten del caso concreto de dos familiares de víctimas y desaparecidos del franquismo, Darío Rivas e Inés García Holgado. El texto expone en primer término los casos de García Holgado y Rivas como ejemplos de muchos más para defender que el franquismo ejecutó un plan sistemático que puede ser definido como genocidio “político, social y cultural”.

Darío, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, ya vivía en Argentina cuando su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Desde entonces, siempre ha luchado porque se conozcan las circunstancias de la muerte de su padre y en 2005 consiguió exhumar sus restos.

A su vez, Inés García Holgado denuncia crímenes contra varios de sus parientes, entre ellos su tío, Elías García Holgado, asesinado en 1937 luego de haber sido encarcelado cuando se desempeñaba como alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca.

La querella recoge los siguientes delitos: “homicidio, homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y demás delitos que resulten de la investigación, cometidos en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936″.

QUERELLANTES SOLICITAN UN LISTADO DE DESAPARECIDOS, ASESINADOS Y TORTURADOS

Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.

En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino “el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad que permanecen impunes”. Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado “insanablemente nulas”.

En cualquier caso, apuntan que esta “ley interna española” no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles “que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos”.

“INAUDITO” QUE GARZÓN HAYA SIDO ACUSADO DE PREVARICACIÓN

Por ello, tildan de “inaudito” que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue “interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad”.

Los querellantes solicitan, entre otras cosas, que los tribunales argentinos recaben “los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones” entre el periodo anteriormente citado, según recoge el texto.

Asimismo, piden un listado con el número de desaparecidos, asesinados y torturados, otro de las fosas halladas en España, un censo de los niños robados a sus familias durante la dictadura y los nombres de “todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.

DECENAS DE MILES DE PERSONAS ASESINADAS

Severino Rivas, “de profesión labrador” y “destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)”, fue detenido y encarcelado el 29 de julio de 1936, tres días después de que lo pidiera un miembro del “movimiento fascista” Falange Española, dice la demanda.

“La partida de defunción de Severino Rivas fija su deceso el mismo día de su liberación (29 de julio) por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego, en la margen derecha de la carretera que va de Lugo a (Portomarín)”, puntualiza el texto.

Agrega que “fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que entonces era el atrio de la capilla (y actualmente el cementerio de Cortapezas). Durante más de 50 años, Darío Rivas, el querellante, intentó por todos los medios encontrar los restos de su padre”, que finalmente halló en 1994.

La querella también señala que en 1936 Elías García Holgado “fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca” y “fusilado el 5 de julio de 1937, luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión” contra los seguidores de Franco.

“El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos”, subraya.

Destaca que “todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

La denuncia ha sido presentada, aparte de los casos particulares por un total de diez organizaciones no gubernamentales: Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica.

Familiares de víctimas de la represión franquista posan con fotografías que relatan el genocidio/ Guillermo Sanz

Fuentes: www.20minutos.es/www.publico.es

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06 May 2010

España postgenocidio (I).No son sentencias, son crímenes de guerra. Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Escrito por: jordigraug el 06 May 2010 - URL Permanente

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España postgenocidio (I)
No son “sentencias”, son crímenes de guerra

* Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 05/05/2010@11:18:47 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

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02 May 2010

Recull de premsa, fotos i vídeos. L’acte de homenatge a les víctimes del franquisme al cementeri de València reuneix més de 1.500 persones.

Escrito por: jordigraug el 02 May 2010 - URL Permanente

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Recull de premsa, fotos i vídeos

L’acte de homenatge a les víctimes del franquisme al cementeri de València reuneix més de 1.500 persones

El Fòrum per la Memòria del País Valencià vol agrair el suport de les organitzacions socials, polítiques i culturals de València i d’altres llocs de l’estat que s’han sumat a la convocatòria de l’acte. A totes les persones que a títol individual s’han adherit a la convocatòria, especialment als familiars de represaliats i de represaliades que han col•laborat en l’organització. Als que s’han implicat en la difusió i a totes i tots els que expressament han vingut per donar-nos suport davant la prohibició de l’Ajuntament de València. El suport i la col•laboració de tots i de totes, han fet possible aquest acte. CATALÀ/CASTELLANO

més fotos al final de l’article

Vídeo de l’acte. Per a veure’l clica en l’imatge

Àlbum de fotos de CNT http://picasaweb.google.es/cntsagun...

Àlbum de fotos de Vall de Flors (Bétera) i vídeos de la interpretació de La Muixeranga i de l’Himne de Riego

Crònica unitària de l’acte CATALÀ/CASTELLANO

L’acte convocat pel Fòrum per la Memòria del País Valencià amb el suport de diverses organitzacions socials, polítiques i culturals fou també una mostra de la indignació popular davant la instal•lació per part de l’Ajuntament de València d’un monòlit la llegenda del qual resa «En memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor». Una inscripció que el Fòrum per la Memòria i la resta de col•lectius convocants considera insultant ja que iguala aquells que lluitaren per la justícia social, la democràcia i la llibertat amb els seus botxins.

Unes mil cinc-centes persones, a pesar de la pluja, s’han aplegat puntualment a les 12h d’aquest matí a la porta principal del Cementeri de València, on han marxat solemnement i respectuosament, fins a la fossa comuna de la Secció 7ª Dreta on l’Ajuntament de la capital, governat pel PP, havia instal•lat el monòlit i on el Fòrum per la Memòria ha documentat a 23.661 persones soterrades en els sis fossars descoberts, víctimes del franquisme, tant valencianes com d’altres llocs de l’estat, durant els sis primers anys de la dictadura franquista. L’acte molt emotiu, ha estat presentat per la periodista Reis Juan i ha comptat amb la interpretació de l’himne del País Valencià, La Muixeranga, a càrrec de la Colla Estrella Roja de Benimaclet i de la Colla Buf-alí de la Malva-rosa, i també de l’Himne de Riego a càrrec de la banda de la Societat Coral El Micalet. Els convocants han desafiat així la prohibició de l’Ajuntament de València que havia al•legat que les notes d’aquests himnes no es podien interpretar al cementiri perquè allà hi era gent de totes les ideologies i confesions. Amb això el Fòrum ha expressat que cap persona es pot sentir ofesa per aquests himnes que representen la llibertat i la democràcia i de tant significat per a les persones que van caure víctimes del feixisme

El manifest unitari a càrrec d’Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha demanat la anul•lació de les lleis d’Amnistia de 1977 i de la “Memòria Històrica”, considerades lleis de punt i final, que no rehabiliten les víctimes i impedeixen jutjar als responsables i col•laboradors del genocidi franquista. L’acte ha finalitzat amb la lectura dels noms de les persones soterrades a les fosses comunes. Escrits sobre paper, cada persona ha plantat sobre la gespa el nom de les víctimes que romanen en aquest indret per tal de reivindicar la seua memòria i honor.

[Manifest unitari llegit en l’acte] i entitats, associacions, familiars de represaliats i represaliades i persones a títol individual convocants i adherides a l’acte


CASTELLANO

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, queremos agradecer el apoyo de las organizaciones sociales, políticas y culturales de Valencia y de otros lugares del estado que se han sumado a la convocatoria del acto. A todas las personas que a título individual se han adherido a la convocatoria, especialmente a los familiares de represaliados y de represaliadas que han colaborado en la organización. A quienes se han implicado en la difusión y a todas y todos los que expresamente han asistido para apoyarnos ante la prohibición del Ayuntamiento de Valencia. El apoyo y la colaboración de todos y de todas, han hecho posible este acto.

Más de mil quinientas personas rinden homenaje a las víctimas del franquismo en el Cementerio general de Valencia

El acto convocado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià con el apoyo de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales, fue también una muestra de la indignación popular ante la instalación por parte del Ayuntamiento de Valencia de un monolito con la leyenda “En memoria de todos los que dieron su vida por la España que crían mejor”, inscripción que el Fòrum per la Memòria y resto de colectivos convocantes considera insultante puesto que iguala a aquellos que lucharon por la justicia social, la democracia y la libertad con sus verdugos.

Unas mil quinientas personas, a pesar de la lluvia, se han reunido puntualmente a las 12 horas de esta mañana en la puerta principal del Cementerio de Valencia y han marchado solemne y respetuosamente, hasta la fosa común de la Sección 7ª Derecha, en la que el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP, había instalado el monolito y donde el Fòrum per la Memòria ha documentado a 23.661 personas enterradas en las seis fosas comunes descubiertas, víctimas del franquismo, tanto valencianas como de otros lugares lugares del estado. El acto, muy emotivo, ha sido presentado por la periodista Reis Juan y ha contado con la interpretación del Himno del País Valencià, La Muixeranga, por parte de les Colles Estrella Estrella Roja de Benimaclet y Buf-Alí de la Malva-rosa, y también del Himno de Riego por parte de la Banda de Música de la Societat Coral El Micalet. Los convocantes han desafiado así la prohibición del Ayuntamiento de Valencia que había alegado que las notas de estos Himnos no se podían interpretar en el Cementerio porque era un lugar abierto a todas las ideologías y confesiones, ante lo cual el Fòrum ha expresado que ninguna persona puede sentirse ofendida, ya que estos himnos representan la libertad y la democracia y son de gran significado para las personas que cayeron víctimas del fascismo

El manifiesto unitario, leído por Empar Salvador, presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià, ha pedido la anulación de las leyes de Amnistía de 1977 y de “la Memoria Histórica” de 2007, por ser leyes de punto final, que además de no rehabilitar a las víctimas, impiden juzgar a los responsables y colaboradores del genocidio franquista. El acto ha finalizado con la lectura de los nombres de las personas enterradas en las fosas comunes. Escritos sobre papel, los y las asistentes han depositado sobre la hierba el nombre de las víctimas que permanecen en este lugar para reivindicar su memoria y honor.

[Manifiesto unitario leído en el acto] y entidades, asociaciones, familiares de represaliados y represaliadas y personas a título individual convocantes y adheridas al acto.

Noticias sobre el acto aparecidas en prensa:

VilaWeb.cat

Dilluns 19.04.10

L’acte d’homenatge del Fòrum per la Memòria al cementiri valencià aplega més de mil persones

També han convocat l’homenatge tretze entitats més, contràries al monument en record dels franquistes

El País. Edición impresa

19/04/2010

Homenaje antifranquista con el himno prohibido por Barberá

Cerca de un millar de personas se reunieron ayer en el cementerio de Valencia para rendir homenaje a las víctimas del franquismo. La de ayer fue una convocatoria especial por dos motivos. El Ayuntamiento de Valencia había prohibido la interpretación de La Muixeranga y del Himno de la República, o himno de Riego, para "no turbar a los demás visitantes", decisión que fue criticada por el PSPV y por EU. Sin embargo, la música sonó. Además, el homenaje sirvió como muestra del rechazo al monolito "en memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor" que el Ayuntamiento de Valencia ha situado sobre una fosa común.

Més cròniques

Vall de Flors (Bétera)

20 Minutos

Las Provincias

Levante-EMV

L’Informatiu

Público, edició impresa. Pàg. 22

Qué!

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25 Abr 2010

La "coacción" del Supremo paraliza la exhumación de fosas.

Escrito por: jordigraug el 25 Abr 2010 - URL Permanente

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Sirva este artículo como recordatorio a lo que ciertos malnacidos, fascistas o cómplices del fascismo, quieren que olvidemos. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. No hay ley nacional que amnistíe los Crímenes contra la Humanidad ni el Genocidio ni Democracia que sea tal y lo permita.
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http://www.nuevatribuna.es/noticia/33608/ESPA%C3%91A/22coacci%C3%B3n22-supremo-paraliza-exhumaci%C3%B3n-fosas.html

Última actualización 25/04/2010@18:43:10 GMT+1
La mayoría de los juzgados territoriales han archivado los expedientes remitidos por Garzón para investigar los crímenes del franquismo. Los colectivos de víctimas exigen a la autoridad judicial que intervenga mientras el Tribunal Supremo se niega a resolver la cuestión de competencia.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G.CABALLERO 25.04.2010

“Después de lo que está ocurriendo con Baltasar Garzón qué juez en España se va a atrever a abrir una fosa”, dice Manuel Perona, presidente de la Asociación de Cataluña para la Recuperación de la Memoria Histórica. “En España no hay un solo juez ni juzgado competente para investigar estos crímenes”, lamenta Marçal Isern de Temps de la Memoria. “Los jueces están siendo coaccionados por el Supremo”, afirma el abogado Fernando Magán.

Desde que Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 a favor de los distintos juzgados territoriales la mayoría de los expedientes (46 de 60) han sido archivados. La falta de un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia ha derivado en una disparidad de actuaciones en los procedimientos abiertos. Dos juzgados, el de Granada y el del San Lorenzo de El Escorial mantienen que la competencia para investigar los crímenes de la dictadura la tiene la Audiencia Nacional. Otro, el de Benavente (Zamora) ha sido el único hasta ahora que se ha declarado competente y ha procedido a la exhumación. La mayoría ha aceptado la inhibición y ha dado carpetazo al asunto sin llamar a ningún testigo a declarar. Y es que no hay autoridad judicial en España que quiera hacerse cargo de los miles de cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.

150.000 DESAPARECIDOS

Lo que se dirime en el fondo de la llamada ‘causa Garzón’ o ‘causa contra el franquismo’ o ‘causa de la memoria histórica’ no es más que la ‘causa de las fosas’. En España existen más de dos mil fosas clandestinas y decenas de miles de desaparecidos. Sólo en el auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional con fecha 16 de octubre de 2008, figura la cifra de 114.266 muertos pero la estimación de los peritos es de alrededor de 150.000 cuerpos enterrados. Las denuncias partieron de los familiares de las víctimas.

El crimen a investigar es de un delito de detención ilegal, de desapariciones forzadas, que se enmarcan en la categoría de crímenes contra la humanidad. Como dice el citado auto en relación a la guerra civil los responsables de la insurrección armada llevaron a cabo un programa de exterminio “acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación”. Esos hechos son precisamente los que determinaron la apertura de la investigación por parte de Garzón del paradero de miles de personas detenidas y aniquiladas por el régimen franquista.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 la autoridad competente y única eran los jueces y también los ayuntamientos cuando se trataba de cementerios en los que se actuaba por vía administrativa. Hace ya años que en España se está procediendo a la exhumación de fosas pero la novedad aportada por la nueva normativa impulsada por el Gobierno del PSOE es que abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proceder a las exhumaciones a través de un protocolo. Sin embargo, las víctimas del franquismo exigen que se proceda por vía judicial y que se investiguen los crímenes por detención ilegal y desaparición forzada tal y como estableció Garzón.

“Se trata del mismo delito cometido en distintas partes del territorio. No hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones”, resalta la letrada Elena Reviriego, que critica la actuación de la Audiencia Nacional por no haber asumido la ‘causa general’ dando lugar a un sinfín de resoluciones dictadas por los juzgados territoriales.

CATALUÑA (3.338 VÍCTIMAS)
“En Cataluña no se ha hecho ninguna exhumación por orden judicial y los intentos hasta ahora han sido inútiles” afirma Manuel Perona. Se estima que en esta comunidad haya más de 200 fosas y más de 3.000 peticiones de familiares de desaparecidos. Los dos casos derivados por Garzón han caído en saco roto. El juzgado no se ha puesto en contacto con las víctimas. El Govern aprobó una ‘ley de fosas’ para recuperar los cuerpos que obliga a comunicar a los juzgados la orden de exhumación. También disponen de un censo y de un mapa de fosas pero los únicos desenterramientos llevados a cabo se han hecho por vía administrativa. Las víctimas sostienen que la apertura de una fosa es competencia judicial.

MALLORCA (1.486 VÍCTIMAS)
“Las exhumaciones están judicialmente paradas. No hay ningún tribunal competente. Las fosas no se pueden tocar. Los recursos se desestiman. No hay voluntad política. El apoyo de las instituciones es nulo”, explica Marçal Isern. Las dos causas abiertas en las Islas Baleares son por las fosas comunes de Porreres y Calvía. Ambas han sido desestimadas por la Fiscalía. El asunto está en manos de la Audiencia Provincial y las asociaciones de víctimas están dispuestas a llevarlo al Constitucional. Los juzgados se niegan a investigar por un delito de lesa humanidad sino por delitos de asesinato que ya habrían preescrito.

ANDALUCÍA (42.131 VÍCTIMAS)
“La responsabilidad es del Estado. Los jueces tienen que actuar. Algunos no han entrado ni a pronunciarse, no contestan. Hay un abanico de actuaciones, cada uno interpreta la ley como mejor le parece”. Lo dice Manuel Velasco, presidente de la Asociación “Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, región en la que hay más de 600 fosas localizadas. El Gobierno de la Comunidad está elaborando el mapa de fosas de las ocho provincias andaluzas que luego se integrarán en el mapa estatal del Ministerio de Justicia. El juzgado de Granada, donde se encuentra la causa de Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón y está pendiente del pronunciamiento del Supremo sobre la cuestión de competencia. No obstante sí se procedió a la exhumación de la fosa de Alfacar (donde al final no se encontraron los restos del poeta) por vía administrativa.

VALENCIA (29.034 VÍCTIMAS)
“Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Entendemos que se debe proceder por orden judicial en la exhumación de fosas”, afirma Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià. En el cementerio de Valencia hay seis fosas comunes. Garzón ordenó la exhumación de tres de ellas. La causa es archivada en aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la Ley de Amnistía. El asunto llega a la Audiencia Provincial, también la causa de Orihuela en Alicante y después al Constitucional que no admite a trámite el recurso de amparo de los familiares de las víctimas.

MADRID (3.424 VÍCTIMAS)
“En Madrid se paralizaron las exhumaciones cuando se tocó el Valle de los Caídos”, asegura Fernando Magán. La causa va camino del Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial rechazara el pasado mes de diciembre los dos recursos de apelación presentados por familiares de dos de las víctimas negando que se tratara de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos es resultado de la denuncia por un bebé supuestamente “robado” en la maternidad de O’Donnell. La Audiencia anula la causa llega a argumentar que “la desaparición del bebé no puede estar inmersa en los supuestos de la llamada Memoria Histórica al ocurrir en 1964 y por tanto fuera del lapsus temporal de lo que se consideró propio de la represión realizada durante la guerra civil y los años siguientes”.

VARIOS AVISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este sentido hay que recordar que el periodo de estudio que estipuló Garzón va desde del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951, pero la represión continuó hasta el final de la dictadura y de hecho el juez no cierra la posibilidad de que se puedan investigar delitos posteriores a la década de los 50. En la querella por genocidio presentada en Argentina por familiares de las víctimas la causa se amplía hasta 1977.

En Extremadura (9.486 víctimas), los cuatro juzgados que recibieron el encargo de Garzón han archivado las causas. La exhumación de fosas se ha paralizado en el último año. Igual sucede en Galicia (7.000 víctimas), donde los familiares amenazan con llegar al Constitucional. En Burgos (Castilla y León, 14.660 víctimas), la causa está en la Audiencia Provincial.

En el último año distintos organismos internacionales han instado a España a “continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos” (Comité contra la Tortura). También han mostrado su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas” (Comité de Derechos Humanos).

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14 Mar 2010

Represaliadas por Franco. Algunas esquivaron la cárcel y otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas. Artículo de Cecilio Gordillo.

Escrito por: jordigraug el 14 Mar 2010 - URL Permanente

Represaliadas por Franco. Algunas esquivaron la cárcel y otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas. Artículo de Cecilio Gordillo.

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Ellas hacen memoria

Represaliadas por Franco. Algunas esquivaron la cárcel y otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas

OLIVIA CARBALLAR - SEVILLA - 14/03/2010 09:00

Bastarían los testimonios que se conservan para escribir este reportaje. "A La Trunfa le dieron una paliza y, sin dejar de maltratarla, la introdujeron en un cuarto del cortijo, donde la intimidaron" tendiéndola en el suelo, "obligándola a remangarse" y exhibir "sus partes genitales; hecho esto, el sargento, esgrimiendo unas tijeras, las ofreció al falangista Joaquín Barragán Díaz para que pelara con ellas el vello de las partes genitales de la detenida, a lo que este se negó; entonces el sargento, malhumorado, ordenó lo antes dicho al guardia civil Cristóbal del Río, del puesto de El Real de la Jara. Este obedeció y, efectuándolo con repugnancia, no pudo terminar, y entregó la tijera al jefe de Falange de Brenes, que terminó la operación. Y entre este y el sargento terminaron pelándole la cabeza".

La terrible escena, localizada por el historiador José María García Márquez en los archivos militares de Sevilla, no es un caso aislado. El problema o la excusa es que, pese a las vejaciones, torturas y violaciones que sufrieron las mujeres en la guerra y el franquismo, existen muy pocos testimonios escritos que delaten la barbarie, y mucho menos estadísticas que remuevan la conciencia colectiva. Algunas esquivaron la cárcel, otras lograron sobrevivir, pero todas fueron denigradas por el régimen fascista. Y nadie, sin embargo, las ha reconocido como víctimas, nadie les ha pedido perdón, nadie las ha escuchado. La Ley de Memoria Histórica también se olvidó de ellas.

"Sufrieron una experiencia más dramática que la cárcel", dice la Junta
La mayoría ya ha muerto, pero aún vive y con muchas ganas de hablar quien fue rapada y paseada por el pueblo como un trofeo, quien tuvo que tragar aceite de ricino para purgar el "alma comunista" y fue humillada sólo por ser mujer. "Bastante tiempo estuve callada, cuando no se podía hablar. Que se entere todo el mundo de lo que pasamos", afirma con orgullo, a punto de cumplir 90 años, Ana Zamudio, de Torre Alháquime (Cádiz). Entonces tenía 15 años.

La Junta de Andalucía, por primera vez, indemnizará a estas mujeres con 1.800 euros. "Nuestro objetivo es resarcir esas vejaciones, que eran una violencia específica contra las mujeres; a un hombre no lo rapaban ni lo paseaban desnudo o con una bata blanca, como si estuviera loco, ni le daban aceite de ricino para que se le soltara el vientre", explica el comisario de Memoria Histórica de la Junta, Juan Gallo.

"Cuando hemos leído libros como el de Pura Sánchez [Individuas de dudosa moral, Crítica, 2009] nos hemos dado cuenta de que nos faltaba aún por reparar a estas víctimas, que sufrieron una violencia más dramática incluso que estar en la cárcel", añade. De hecho, de las 2.742 indemnizaciones concedidas a represaliados en Andalucía, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, sólo el 5% han sido recibidas por mujeres, cuando fue el colectivo con el que los falangistas más se ensañaron, arengados, además, por Queipo de Llano.

Los falangistas las usaron como trofeo para mofarse de los vencidos
El clima de terror era tal que muchas pusieron en riesgo sus vidas. Antonia Moreno se arrojó a un pozo de 12 metros en la casa donde servía cuando fueron a detenerla, relata el historiador García Márquez. A su marido lo habían matado y ella ya había estado en prisión. Ese día sobrevivió y fue arrestada otra vez.

Castigo femenino
Según Pura Sánchez, se trata de una violencia cualitativa, un castigo femenino que se repite en todas las guerras. "Desde Troya hasta Darfur, las mujeres son el medio y el mensaje que usan los vencedores, y que ofende a los vencidos; las despersonalizan, son individuas y sujetas", sostiene.

Y así era. Aparte de raparlas, o subirlas en un borrico mientras evacuaban o vomitaban por el efecto del aceite de ricino, se las obligaba a pasearse cantando el "Cara al Sol" y saludando brazo en alto, al estilo fascista, como las mujeres de Montilla (Córdoba), cuya fotografía ilustra la portada del libro Los puños y las pistolas, de Arcángel Bedmar, uno de los pocos documentos gráficos que dan fe de estas atrocidades.

Fernando Romero, miembro del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, de CGT, adelanta a Público historias espeluznantes de una investigación inédita, elaborada junto a Pepa Zambrana, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, sobre la represión en El Gastor, un pueblo de Cádiz.

Sólo allí, según los testimonios, unas 40 mujeres fueron vejadas. Entre ellas, María Torreño, la mujer de un concejal socialista, y su hija Fraternidad Hidalgo. A Fraternidad, de 21 años, la maltrataron con tanta saña que perdió el hijo que esperaba, la dejaron ciega y murió al poco tiempo como consecuencia de las torturas. A Frasquita Avilés, una mujer que rechazó a un falangista que se había enamorado de ella, la violaron en el cementerio después de muerta. "Y se repite el esquema en todos los pueblos", afirma Carlos Perales, historiador y director de la Delegación de Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, que recopilará todas las investigaciones en la provincia. "La indemnización es lo de menos añade, lo importante es que se las reconozca como víctimas; fueron tan humilladas que muchas ni se atreven a decir que fueron violadas".

A la humillación, además, se sumaba la rapiña. "Les quitaban todo, muebles, ropa y no tenían nada para comer; por eso muchas se dedicaban al estraperlo", reflexiona Raquel Zugasti, que ha participado en la exhumación de una fosa de Málaga.

Tribunales militares
A veces, los abusos eran tan extremos y descarados que llegaban a los tribunales militares. Cuenta García Márquez que Ana Lineros, conocida como la niña de Pavón, fue asesinada cuando estaba dando a luz. Su ex marido, Andrés Díaz, un falangista sevillano del que se separó porque este era homosexual, la sacó de la cárcel, ya rapada, y la asesinó. Pese a ello, el falangista fue absuelto y la víctima, en la sentencia, fue "considerada peligrosa" por roja. "Se quiso ocultar algo tan tremendamente duro que incluso en los documentos oficiales se usan eufemismos, como en avanzado estado de gestación", afirma el historiador.

Según Pura Sánchez, no se tenían en cuenta las declaraciones a favor de la víctima y pesaban más los testimonios inculpatorios de ellos que los de ellas. "El testimonio de las mujeres, devaluado, sólo servirá para inculpar a mujeres, rara vez a hombres", recoge en Andalucía en la historia (Centro de Estudios Andaluces).

Más allá de los testimonios orales, los expedientes militares son las escasas pruebas documentales de la barbarie, muchas veces aireada por las luchas intestinas entre los falangistas. Como en el caso de Benamahoma (Cádiz) descrito por Francisco Espinosa en La Justicia de Queipo: el expediente abierto a un cabo acusado de violaciones acaba implicando a un destacado franquista, Fernando Zamacola. En Torre Alháquime, Fernando Romero explica cómo en un relevo local de la Falange, el jefe que entra califica al saliente en un informe como extorsionador, borracho y violador.

Faltarán testimonios escritos, puede ser, pero no suficientes vejaciones para reconocer oficialmente que ellas también fueron víctimas de Franco.
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Debemos pedir perdón por nuestro silencio

CECILIO GORDILLO, coordinador del grupo de Memoria Histórica de CGT-A

La humillación pública de las mujeres por medio del "rapado y/o la ingesta de aceite de ricino" y de la violencia más detestable (violación) a la que llamaba a través de las ondas Queipo de Llano, el general golpista enterrado bajo una Virgen y que tan buenos resultados consiguió terror generalizado, será reconocida oficialmente como argumento para ser declaradas víctimas del franquismo.

Que recuerde, hasta el momento no hay una sola mención a este numeroso grupo de víctimas, ni en la Ley de Memoria Histórica, ni en los muchos decretos, órdenes o acuerdos de los diferentes gobiernos y parlamentos tomados en los últimos años, y no será por desconocimiento, pues cada vez hay más investigaciones y estudios publicados, y algunos llevamos años reivindicándolo.

Reconocer, mediante un decreto, la existencia de este tipo de actos criminales es todo un avance que rompe el estrecho sendero que marcaba el concepto "privado de libertad" como el único que daba derecho al reconocimiento y al homenaje oficial. Más allá de la indemnización, algunos estamos por perdirles perdón por escrito por el tiempo de silencio transcurrido.
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EN PRIMERA PERSONA

"Yo no hice nada malo, de verdad"

A Antonia la obligaban a 'pasear' junto a su marido cada vez que lo detenían

Xalok O.C. - Málaga - 14/03/2010 08:00

Antonia Moncayo fue una de esas mujeres a las que humillaron simplemente por ser mujer. Hoy tiene 90 años y vive para contarlo, pero aún le duele, y mucho, recordar aquellos días amargos. Cada vez que detenían a su marido, Antonio Aranda Arjona, afiliado a la CNT, la obligaban a seguirle hasta el cuartel de Álora (Málaga), donde vivían, para que viesen el espectáculo todos los vecinos. "Encima estuve en la cárcel durante cuatro meses, embarazada de mis mellizas, y de verdad que yo no hice nada malo", afirma. "Claro que no, abuela", la tranquiliza su nieta Paqui Pascual, con quien pasa ahora unos días.

Allí, en prisión, tuvo que dormir en el suelo hacinada con otras mujeres y tenía que despertarlas cuando quería darse la vuelta porque no tenía hueco con la barriga. "Su padre [que pertenecía al bando nacional] le ayudó a salir de la cárcel antes de dar a luz y cuando la vio en ese avanzado estado de gestación empezó a llorar", explica su nieta.

Antonia, que no ha recibido ninguna indemnización ni la va a pedir, no quiere volver a contar ese episodio. Sufre y siente pena cuando lo oye. "Luego tuve que ir a enseñarle a mis hijas a mi marido a través de las rejas", recuerda.

Y después de ese calvario, vino la posguerra. Antonia no sabe qué hubiera sido de ella sin la ayuda "inconmensurable" de su madre y su suegra viudas a su vez. "Que mis hijos sean hoy las persona que son es en gran parte mérito de ellas", añade Antonia. Su marido, tras ser torturado y herido, fue asesinado. Al menos, los falangistas tuvieron el "detalle" de permitirle velar el cuerpo.

Raquel Zugasti, que prepara un libro con este y otros casos, destaca el sufrimiento de estas mujeres: "Ni siquiera les daban trabajo; eso era otra forma de represión".
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13 Mar 2010

Documento que se ha presentado a Naciones Unidas para que el Consejo de Derechos Humanos condene las desapariciones forzadas en España.

Escrito por: jordigraug el 13 Mar 2010 - URL Permanente

Documento que se ha presentado a Naciones Unidas para que el Consejo de Derechos Humanos condene las desapariciones forzadas en España.

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08 Mar 2010

Genocidio, fusilamientos, presos, fosas, desaparecidos, niños robados, exilio, Ley Punto Final (Amnistía), derribo Garzón, Judicatura franquista, derecha franquista, franquismo sociológico, revisionismo histórico: NINGÚN CULPABLE. SOS ESPAÑA SOS.

Escrito por: jordigraug el 08 Mar 2010 - URL Permanente

Aidez, L'Espagne by Joan Miro

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28 Feb 2010

Papeles para la inocencia de Miguel Hernández.

Escrito por: jordigraug el 28 Feb 2010 - URL Permanente

Papeles para la inocencia de Miguel Hernández.

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http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Papeles/inocencia/poeta/elpepuespval/20100228elpval_12/Tes

Papeles para la inocencia del poeta

Seguidores de Miguel Hernández recaban pruebas para la nulidad de su pena

EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 28/02/2010

La condena a muerte de Miguel Hernández, dictada por el régimen franquista, sigue vigente siete décadas después. El centenario del nacimiento del poeta más universal que dio Alicante se celebrará este año con este pesado lastre judicial. Salvo que el Tribunal Supremo admita un recurso de revisión y nulidad de la condena.

"El fiscal general debería valorar el caso y presentar un recurso de nulidad"

"El tema no es fácil, no hay precedentes. La ley es muy estricta para abrir paso a la revisión de condenas, pero con Miguel Hernández tenemos esperanzas fundadas y puntos a favor", apunta Carlos Candela, el abogado que asesora a la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, colectivo que apoya a los familiares en esta ardua batalla jurídica.

El primer objetivo del colectivo y de la familia, que es la que debe personarse ante el Supremo, es hacer acopio del mayor número de avales posibles. Los avales eran documentos oficiales de personas influyentes en el franquismo que certificaban ante el régimen la buena conducta de los condenados o de los encarcelados. Documentos que en su día se emitieron pero que no se tuvieron en cuenta en las diligencias de juicio sumarísimo al poeta.

En el juicio contra Miguel Hernández se tiene constancia de un aval presentado por el abogado Juan Bellod, secretario provincial de Milicia y de las Jons de Valencia, en el que se refiere al poeta como "persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana". Bellod atribuye el contenido de su poesía a "su excesiva sensibilidad y temperamento poético" y a que es "fácilmente influenciable por conocimientos y personas". El abogado garantiza "plenamente su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso", y no considera al poeta "capaz de haber intervenido en hecho delictivo alguno". Otro aval, inédito y que se acaba de localizar, lo firma el escritor José María de Cossío, y también se tienen noticias de otro firmado por Luis Almarcha, canónigo de Orihuela y obispo en León. En una carta del 22 de agosto del poeta a su mujer, Josefina Manresa, explica: "He recibido un certificado de Luis Almarcha. No es gran cosa lo que dice, pero servirá a mi abogado defensor probablemente". Y otro testimonio es del cardenal francés Baudrillard, que en un encuentro con Pablo Neruda, según relata en sus propias memorias, le habló de su amigo encarcelado Miguel Hernández. El cardenal se comprometió a escribir a Franco. "No sabemos si se llegó a escribir o dónde está esta carta", admite el periodista Enrique Cerdán Tato, miembro de la Comisión Cívica. "Pero es evidente que habrá más avales que certifiquen la buena actitud del poeta", apunta Candela. Los documentos que servirían para anular la pena al poeta pueden estar en cualquier parte. De momento, han empezado a buscar en los archivos de la Fundación Francisco Franco, en el Museo José María de Cossío (Cantabria), en la catedral de León, en la Fundación Miguel Hernández de Orihuela y en el Archivo Municipal de Elche, donde está su legado pesonal.

El 18 de enero de 1939 el poeta Miguel Hernández fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar. Su delito, para el régimen franquista, fue escribir versos, convertirse en el poeta del pueblo y ser republicano. Seis meses después y con el peso durante todo ese tiempo de estar condenado a muerte, el 25 de julio, Franco conmutó esta pena por 30 años de cárcel. El poeta jamás confesó a su mujer que fue condenado a muerte; la versión familiar era que estaba encarcelado para 12 años. Miguel Hernández murió cumpliendo esta condena, que está vigente precisamente cuando todas las instituciones se preparan para celebrar por todo lo alto su centenario.

Para evitar que esto suceda, los herederos del poeta, encabezados por Lucía Izquierdo, la nuera y representante legal, y los miembros de la Comisión Cívica de Alicante, han empezado a preparar un recurso que presentarán ante el Supremo, que hasta ahora ha rechazado todas las peticiones de revisión de penas franquistas. "El problema es que se presentaban como apelación. Nosotros intentamos presentar pruebas nuevas que acrediten que los fundamentos de la sentencia no son ciertos", explica Candela respecto a las peticiones que han sido rechazadas.

Sin embargo, en el caso del proceso sumarísimo contra Miguel Hernández hay algunas nuevas pruebas que podrían servir para probar su inocencia. "La ventaja que tenemos es que hay mucha documentación sobre el poeta, se guardaron casi todos los papeles", agrega Candela. "Llevamos cuatro meses buscando cartas, documentos y papeles inéditos que acrediten que el poeta del pueblo no mató a nadie, no hizo daño a nadie, y sólo se dedicó a escribir", explica Cerdán Tato.

Con todo, la Comisión Cívica y la familia ya han ganado una primera batalla en pos de la recuperación de la memoria el escritor. El Ministerio de Justicia aprobará de manera "inminente" el expediente 09-000-785 de "reparación y rehabilitación" de la memoria de Miguel Hernández, que contempla el artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica. "Pero esa reparación es insuficiente, debemos conseguir anular una sentencia peregrina e injusta", añade Cerdán Tato. "Es importante que el Gobierno haga pública su complicidad con la inocencia del poeta. El fiscal general del Estado debería estudiar, valorar y presentar un recurso de nulidad", apunta Manuel Parra, también miembro de la Comisión.

Recuperar la dignidad
El caso del poeta Miguel Hernández no es único. Otros alicantinos que fueron condenados y perseguidos por el franquismo empiezan a recuperar su dignidad gracias a la Ley de la Memoria Histórica. Ese es el caso de Miguel Villalta, fusilado el 18 de diciembre de 1942 en las proximidades del actual cuartel de Rabassa. El juez de instrucción, abogado y diputado socialista entre 1936 y 1939 fue acusado de un delito de adhesión a la rebelión.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez, lamenta "el conjunto de maldades" que sus enemigos proyectaron sobre él, y cita como ejemplo la crónica sobre su detención del diario Información del 28 de octubre de 1942: "Miguel Villalta, bien tristemente conocido en Alicante, pertenecía a la Judicatura de la cual fue expulsado, se dedicó a la política, en la cual encontró ancho campo para codicias e inmoralidades... Está acusado de haber controlado diversas brigadillas de milicianos de las que se dedicaban a practicar detenciones y asesinatos...". Su padre, Francisco Villalta, también fue encarcelado, y murió entre rejas a los 70 años. Elisa Villalta se dirigió al Ministerio de Justicia y en julio pasado recibió sendas declaraciones de reparación y reconocimiento personal de su tío carnal y su abuelo. "Ahora ellos recuperan la imagen de honradez que las autoridades y prensa franquista les habían arrebatado", apunta Sánchez.

El comisario del centenario del poeta, el profesor de literatura José Carlos Rovira también padeció "persecución y prisión por razones políticas, siendo injustamente condenado". Y el 9 de junio el ministro de Justicia expedía a su favor una declaración de reparación y reconocimiento personal.
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http://www.elpais.com/articulo/opinion/confusion/peligrosa/elpepusocdgm/20100228elpdmgpan_6/Tes

Una confusión peligrosa

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

28/02/2010

En el entierro del poeta, ensayista y periodista Carlos Nadal, fallecido recientemente, se leyó uno de sus poemas: "Les paraules que mai no podré dir, digueu-les vosaltres, si cal de tu a tu, suament (...) justament perquè eren per mi les més veritablement meves i als llavis vostres seran clares, entenedores, plenes d'intimitat i d'un goig secret...". (las palabras que nunca ya podré decir, decidlas vosotros, si es necesario de tú a tú, suavemente (...) justamente porque eran para mí las más verdaderamente mías y en vuestros labios serán claras, entendibles, plenas de intimidad y de una alegría secreta).

La democracia española no tiene que restituirle a Miguel Hernández una fama o un honor que nunca fueron manchados

El mejor homenaje que se puede rendir a un poeta es decir sus palabras, hacerlas entendibles en nuestros labios. Si se quiere homenajear a Miguel Hernández quizás lo apropiado fuera conseguir que sus libros estén en todas las escuelas públicas, concertadas y privadas, que los muchachos y muchachas de educación básica aprendan a leer en voz alta sus poemas y, quizás, que todos ellos, antes de abandonar la escuela, lleguen a saber de memoria, y se lleven para siempre en su cabeza, algunos de esos versos, los que más les hayan emocionado, los que en algún momento de su vida puedan volver a proporcionarles un instante de gozo secreto.

Lo que la memoria de Miguel Hernández no necesita, lo que sus palabras no precisan, es un certificado, un documento oficial expedido por el gobierno democrático de la nación en el que se repare moralmente el nombre del poeta. Miguel Hernández no necesita que se repare su honor. Jamás lo perdió. Lo perdieron quienes le encarcelaron y condenaron a 30 años, quienes permitieron que muriera en la cárcel, falto de alimentación y de atención médica. Son sus carceleros y quienes representan lo que ellos defendieron quienes deberían intentar reparar su honor, el suyo propio.

Si a la muerte de Franco, sus herederos hubieran seguido gobernando el país quizás hubiera estado justificado que esos poderes públicos intentaran reparar su acción y pedir perdón a la familia de Miguel Hernández. Pero las cosas no han sido así y comienza a ser extraordinariamente irritante que desde un sector del propio Gobierno democrático se aliente esa extraña confusión. Este país no está gobernado ni representado por los herederos del franquismo ni por quienes provocaron la guerra civil. No es cierto, en absoluto, que se haya corrido un velo y que la Transición se haya basado en aquella herencia. La Transición se encarnó en la Constitución de 1978 y esa Constitución no recoge los valores del franquismo sino, claramente, los de la II República, derrotada en la guerra. Seguro que tiene defectos, como cualquier texto jurídico, y que puede ser reformada y mejorada, pero representó un formidable trabajo de dignidad y de memoria y es realmente mezquino que no se reconozca así.

A muchos nos produce perplejidad y desasosiego que el Gobierno no sea consciente de lo peligroso de esa falta de claridad y de ese desorden. Es desolador que permita que se considere al sistema democrático nacido en 1978 heredero o representante de quienes le quitaron la palabra y la vida a Miguel Hernández y no, precisamente, de los valores que ese poeta, quizás más que ningún otro, representó y defendió. La democracia española no tiene que pedirle perdón a Miguel Hernández, ni mucho menos restituirle una fama o un honor que nunca fueron manchados. Conmemorar los cien años de su nacimiento no tiene nada que ver con emitir documentos que parecen certificados de penales a la inversa, sino mucho más probablemente con conseguir que no se reduzca el presupuesto para las escuelas infantiles públicas.

Miguel Hernández murió el 28 de marzo de 1942, en la enfermería de la cárcel de Alicante, a los 31 años, y según quienes asistieron al trance, se empeñó en mirar siempre hacia una ventana. No a la pared.

solg@elpais.es

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http://www.laopinioncoruna.es/opinion/2010/02/28/poeta-amor-vida--centenario-miguel-hernandez/362472.html

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/02/28/asociacion-cultural-2m10-lleva-lorca-muestra-38-pintores-oriolanos/984265.html

http://www.la-cronica.net/2010/02/28/7-dias/pruebas-para-miguel-hernandez-70652.htm

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19 Feb 2010

ENTREVISTAS A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS

Escrito por: jordigraug el 19 Feb 2010 - URL Permanente


ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS

Última actualización 19/02/2010@17:02:42 GMT+1
ISABEL G. CABALLERO
El autor del anteproyecto de ‘ley de verdad, justicia y reparación’ que se presentará este año al Congreso de los Diputados como iniciativa popular considera que la actual Ley de Memoria Histórica no sirve para cerrar las heridas de la dictadura franquista. Miguel Ángel Rodríguez reivindica los valores republicanos y el derecho de las víctimas a ser asistidas por el Estado porque los crímenes contra la humanidad “no son amnistiables”.
NUEVATRIBUNA.ES 19.02.2010

Experto en Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias es uno de los impulsores de esta ambiciosa iniciativa popular que prevé, entre otras cosas, el reconocimiento del “genocido” franquista y la posibilidad de que la sociedad española se pronuncie sobre la fórmula del Estado: Monarquía o República.

Si por un rayo de sol nadie lucha,
nunca ha de verse la sombra vencida
Pero hay un rayo de sol en la lucha,
que siempre deja la sombra vencida.

Miguel Hernández, Eterna Sombra.

NUEVA TRIBUNA: Se trata de una iniciativa popular, ¿tienen confianza es recabar los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta ley?

MIUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS: No va a ser fácil, sabemos que la iniciativa despierta clara simpatía en distintos representantes, distintos grupos, dentro y fuera del Parlamento. Por ejemplo, Izquierda Republicana ya nos ha manifestado su completo apoyo. Está teniendo muy buena acogida. Lo que está claro es que esto es un derecho constitucional y que esta toma de conciencia la resumen los dos pequeños versos de Miguel Hernández que encabezan el anteproyecto. Esos versos forman parte de un poema titulado Eterna sombra y hay un cierto paralelismo con la eterna sombra del franquismo en la que parece que seguimos. Tenemos jueces en las altas instancias que han jurado lealtad a Franco. Tenemos partidos políticos de cuando Franco y por tener franquismo tenemos hasta leyes de la memoria copiadas de Franco. Que la iniciativa es difícil o que vaya a tener una difícil tramitación parlamentaria no quiere decir que nosotros como ciudadanos no ejerzamos con sobriedad y dignidad nuestros derechos constitucionales y estemos dispuestos a explicar, a debatir, a recoger propuestas, a cerrar el texto, depositarlo en el Parlamento y a partir de ahí que se nos permita el inicio de la recogida de firmas.

NT: La dificultad está quizá en la posición que adopte el PSOE.

MAR: Lo que esperamos es que se produzca un cambio en la toma de conciencia. Creemos que hay elementos concretos donde se constata que algo está moviéndose como el hecho de que la ministra de Defensa condecore a los miembros de la UMD. Creo que es posible la toma de conciencia en torno a esto y que si no lo intentáramos seguro que no lo conseguiríamos. Esta iniciativa no excluye ni sustituye a otras iniciativas en el ámbito judicial, en los organismos internacionales, todas esas iniciativas debemos seguir haciéndolas pero además, como ciudadanos, ante una ley que nos parece absolutamente injusta, tenemos ese derecho constitucional a plantearlo.

NT: Después de la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica, ¿por qué es necesaria una nueva ley?

MAR: Es necesaria una nueva ley porque la actual viola varios Derechos Humanos del Convenio, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, una ley que está copiada de una orden de Franco. Ni siquiera es enmendable, cuando la obligación de buscar a los desaparecidos es del Estado y no solo de las fosas sino de la desaparición de niños perdidos que ni se contempla y la ley parte de que el sistema es un sistema privado (exhumación); eso ya no tiene desarrollo reglamentario. La ley esta mal de raíz y lo que hace falta es cambiarla. Nosotros planteamos una profundísima modificación ya que establecemos otra ley que no sea de memoria sino de ‘verdad, justicia y reparación’.

NT: ¿Hablamos entonces de una reforma de la actual ley?

MAR: No, va más allá de la reforma. No es una iniciativa contra una ley o contra tres sino que queremos que se aplique en España lo que se debería haber aplicado en un principio. Una ley de ‘verdad justicia y reparación’. Al aplicar esta nueva normativa, la Ley de la Memoria resulta profundamente transformada igual que se reforman otros aspectos del ordenamiento jurídico español. No quedaría anulada, quedaría muy modificada. Pero nuestro objetivo no es modificar la Ley de la Memoria sino que los deberes de ‘verdad justicia y reparación’ se cumplan y en el camino de ir a cumplirlos tenemos cosas que modificar, por ejemplo, en el momento en que se creara una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos; o una Fiscalía especial para crímenes del franquismo.

NT: ¿Qué leyes sería necesario reformar?

MAR: La ley de Bases de Régimen local (en referencia al nombre de las calles). Estableceríamos directamente la nulidad de las calles que nombró el franquismo. Una banda criminal que ha conspirado y que ha llevado a cabo una guerra para hacerse con el control de las instituciones no tiene potestad legislativa para cambiar nombres de calles, por lo tanto los nombres de calles que durante el franquismo se cambian para vanagloriar y para ensalzar a los responsables del régimen son calles que no son legítimas según la Constitución española de 1931 que jurídicamente siguió vigente en todo momento hasta que aprobamos la siguiente Constitución de 1978. Otra cosa es que la banda criminal que se hace con el control de los resortes del Estado sistemáticamente negó los derechos constitucionales que esa Constitución garantizaba.

NT: ¿Podría alguien apelar a la inconstitucionalidad del anteproyecto? ¿Podría chocar con algún precepto constitucional?

MAR: Nosotros hemos intentado que esto encaje con toda la legalidad vigente.

Se toca la Ley de Bases de Régimen local, se propone la modificación de esta ley ordinaria para que de una vez se introduzca, no como ha hecho la Ley de la Memoria dejando hacer a los ayuntamientos. Es ilegal que durante cuarenta años, una banda armada se hiciera con el control de las instituciones, por lo que no tiene legitimidad ninguna ni legalidad alguna para cambiar nombres de calles o poner monumentos. Todo lo que hizo el franquismo lo hizo contra la Constitución.

NT: ¿Es decir, que en estos momentos no tenemos instrumentos legales para resarcir eso?

MAR: Los que hay no solucionan la cuestión. Hay cuestiones que directamente no están ni contempladas como es el caso de los niños perdidos o la restitución de grados a los makis y a los puntos de apoyo. Hay cuestiones que directamente no existen para la Ley de la Memoria. Y eso no puede ser porque hay colectivos enteros de víctimas cuyos derechos se ven desamparados. Hay otras situaciones donde la Ley de la Memoria sí introduce regulaciones pero son ilegales como es la situación de la búsqueda de desaparecidos que la han copiado a Franco; y es ilegal porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado bien claro que es el Estado el que tiene que buscar. Luego, hay situaciones en las cuales se toman medidas de un alcance muy insuficiente y que han redundado en lo que todos estamos viendo, por ejemplo, en relación con los nombres de las calles haciendo un llamamiento genérico para que cada institución colabore y quite los nombres, cuando lo que habría que hacer es reconocer algo tan normal como decir que los nombres de las calles son nulos. Es más, hay introducir en la Ley de Bases de Régimen Local la prohibición de que se puedan nombrar calles con nombres de responsables de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad simplemente por respeto a las víctimas.

NT: ¿Qué más fallos ve en la Ley de Memoria Histórica?

MAR: La Ley de la Memoria genera distintos despropósitos y son de distinto tipo. Nosotros intentamos que para situaciones que la Ley no contempla, aplicar los instrumentos internacionales; para las situaciones que deja en el aire o que deja dependientes del voluntarismo político aquí o allá pues introducir elementos ciertos de cumplimiento. Otra de las medidas que se plantea es que no es posible que sigamos teniendo títulos nobiliarios con nombres de destacados dirigentes del franquismo y no solo los que impuso Franco sino de títulos más recientes como el Marquesado de Arias Navarro, también conocido como el ‘carnicero de Málaga’, que creó el actual Jefe del Estado. No puede ser que tenga un marquesado y que se le considere noble de España. No es posible, es una falta de respeto a las miles de víctimas que siguen en las fosas.

NT: El anteproyecto de ley también habla de los valores de la II República.

MAR: Creemos que durante 40 años de dictadura y 33 años de democracia nos encontramos con que la historia de la Republica, de su defensa y de lo que fueron los crímenes del franquismo, fue, primero negada, y después ha sido mantenida en un segundo plano. Por eso hablamos de la restitución a la ciudadanía española del conocimiento. Lo normal es que se estudie ese periodo del que todavía hay tantísimas víctimas en fosas comunes, es un drama abierto y una anomalía. En ese sentido planteamos claras medidas educativas y una campaña institucional para que se conozca. También nos parece importante el hecho de que dentro de esa restitución, frente a lo que es un golpe criminal, no podemos dar reconocimiento ni valor jurídico ni a las sentencias ni a las normas del franquismo porque no lo tienen. Anular los juicios sumarísimos es la primera cosa que se hace en la ley. En la Ley reivindicamos que la Republica española continuó funcionando hasta 1977 fuera de España. Los instrumentos constitucionales democráticos y legales. Esa es la legalidad real. Otra cosa es que en la guerra no se pudo defender la Republica y luego fueron olvidados en la posguerra de la II Guerra Mundial, pero la legalidad va de la Constitución española del ‘31 a la del ‘78. De alguna manera nuestro anteproyecto trata de establecer un puente de legalidad entre dos momentos constitucionales legítimos y pasando por encima de ese abismo intermedio que es la dictadura de Franco, de violación de derechos humanos y de crímenes aberrantes. Tratamos de reconstruir y entendemos que la primera cosa que es normal en democracia es reconocer que las denominadas ‘sentencias (me niego a llamar sentencia a eso, eso es un asesinato previa escenificación teatral) hasta las normas represivas sean anuladas. También se pide que elementos tan simbólicos como que los cuadros de los presidentes de las Cortes legitimas republicanas sean puestos en el Parlamento de la nación y no los de las cortes españolas colaboradores del general que fueron puestas ahí.

NT: Hablemos de la Ley de Amnistía. Uno de los argumentos que da el Gobierno a los organismos internacionales es que la Transición contó con el apoyo de toda la sociedad española y está reconocido fuera y dentro de nuestras fronteras.

MAR: Eso no es así. Los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, el mecanismo de la amnistía no abarca crímenes internacionales porque éstos no son de la jurisdicción española aunque pensemos que son crímenes contra españoles, los crímenes de la humanidad conciernen a la entera humanidad, a cualquier persona de cualquier nacionalidad en cualquier lugar del mundo. No es potestad de la jurisdicción española amnistiar unos crímenes que desbordan ampliamente a la jurisdicción española. No pueden. Es la regla básica, internacionalmente reconocida, la que ha llevado a la nulidad de las leyes de autoamnistía en Argentina. Es normal que en un primer momento de la Transición se tomasen medidas para despejar el camino pero pasado ese momento esas medidas deben quedar en la nulidad completa. Nosotros teníamos una Republica y un grupo de generales apoyados por nazis, fascistas italianos y determinados sectores sociales dan un golpe de estado y la arrebatan. Después, en el año ’77 nos encontramos con un referéndum constitucional en el cual no se permite presentarse a los partidos históricos del republicanismo, como Izquierda Republicana del presidente Azaña y tampoco a Unión Republicana. Sin embargo, España, al hacer las Cortes Constituyentes sí permite presentarse a Falange y otros grupos. En el año ‘77 no existió posibilidad alguna de que se pudiese votar la opción de que la forma del Estado fuese la Republica. Eso es algo que nos sigue faltando en nuestra sociedad y por eso planteamos en el anteproyecto que, con toda legitimidad, de forma cívica, como parte del proceso de restitución queremos que se estudie el cauce constitucional en el cual se pueda preguntar a la sociedad española que es lo que prefiere si monarquía o republica.

NT: Las recomendaciones hechas por distintos organismos internacionales no son de obligado cumplimiento. Pero ¿está incumpliendo España algunos de los pactos suscritos en materia de derechos Humanos?

MAR: Cierto. No se produce una condena por incumplimiento pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice por ejemplo que es responsabilidad del Estado el pago de indemnizaciones. El Comité Internacional nos lo haya dicho recientemente, en noviembre de 2008, clarísimamente ha dicho a España que la Ley de Amnistía no puede funcionar como una ley de punto final. Pero sin que lo dijeran ellos esto es una evidencia en el mundo jurídico. No hablamos de anular la ley sino de garantizar que no se interprete ilegalmente. Se está haciendo una interpretación internacional ilegal, ya que se dice que, de ninguna manera, ningún tribunal español podrá invocar la Ley de Amnistía para impedir el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Por lo tanto, la Ley de Amnistía ya es nula frente a los crímenes contra la humanidad.

NT: En la iniciativa también se habla de que se reconozca el ‘genocido’ franquista.

MAR: Este es uno de los puntos más importantes. Creemos que ante los tribunales se tiene que seguir persiguiendo todos los crímenes de lesa humanidad porque hay una obligación del Estado de perseguirlos. Ni más ni menos, y con esta ley creamos los mecanismos jurídicos para que se persigan. Pero al mismo tiempo hace falta un reconocimiento parlamentario, en un acto solemne, con las autoridades del Estado, con víctimas, donde se haga un reconocimiento de que lo que hizo el franquismo fue mucho más allá de una guerra o de dar un golpe de Estado, sino que de manera intencional, se intentó la completa aniquilación, la aniquilación total o parcial de la base biológica misma del republicanismo. Franco no solo quería ganar la guerra, quería eliminar a cualquier sector social que pudiera dar sustento a la Republica española. Luego hizo lo del encubrimiento que es típico también del genocidio. Es tan importante que tomemos conciencia de que venimos de un genocidio negado, porque no hemos sido capaces como sociedad de mirarlo de frente y de entender que no solo se cometieron una gran cantidad de crímenes contra la humanidad, sino que más allá de todo eso, en su conjunto, somos una sociedad salida de un genocidio y eso explica todas las cosas anómalas y tiene consecuencias sociales, políticas y económicas. Es un genocidio en el que se intenta aniquilar intencionadamente a una parte de nuestro país, el grupo de defensores de la Republica española y luchadores antifascistas a los que se aniquiló, se robaron sus bienes y muchos tuvieron que exiliarse.

NT: ¿Sería así suficiente para superar definitivamente esa etapa?

MAR: Sí, para superar de una vez el franquismo y salir de toda esta situación y ser capaces de mirar de frente las fosas comunes, que las tenemos ahí, que tenemos 150.000 seres humanos. El ‘lev motiv’ del anteproyecto es la apertura de un amplio proceso institucional de ‘verdad, justicia y reparación’ exactamente como lo dice Naciones Unidas y los organismos de Derechos Humanos. Eso es lo que hace falta en este país, lo que sigue pendiente 35 años después de muerto el dictador. Hace falta abrir ese proceso en las instituciones y que además se garantice la plena participación de todos los actores sociales, políticos, ONG, sindicatos y asociaciones; y necesitamos abordarlo transversalmente, a través de todas las Administraciones del Estado.

NT: ¿Usted cree que la negación misma de todo esto que nos está contando se encuentra detrás de la causa abierta al juez Baltasar Garzón?

MAR: Sí. La negación del genocidio franquista es lo que está detrás del caso Garzón. Está detrás y es la prueba de cómo realmente todavía no hemos cerrado la Transición española y no la cerraremos mientras no seamos capaces de afrontar con normalidad que el Estado acuda, exhume, identifique y devuelva los restos con dignidad a los familiares. Esto es la evidencia más clara de todo ello. Es un genocidio al que no hemos querido ni llamar por su nombre. Reconocer el genocidio y perseguir todos los crímenes contra la humanidad son dos conceptos distintos. Una cosa es la persecución penal de los crímenes y otro el reconocimiento del genocidio porque nuestro país tiene que ser capaz de mirar de frente y tomar conciencia de que somos una sociedad pos genocidio. En ese momento sería posible aplicar con normalidad todos los instrumentos con el objetivo de superar ese negacionismo.

NT: Es un anteproyecto muy ambicioso en el que se recogen muchas cosas como por ejemplo los crímenes de género.

MAR: Es una de las cosas que se había dejado fuera de la Ley de Memoria Histórica. El texto es inmenso porque recoge todas las medidas que no estaban recogidas en esta ley. La Ley de la Memoria no dedica nada a los crímenes contra la humanidad de género. ¿Cómo puede ser? ¡Hasta qué punto estamos en una situación anómala! El anteproyecto está ayudando a tomar conciencia sobre todo esto. Nuestro punto de partida es que los crímenes se persiguen con un fiscal y ante un tribunal y luego hablaremos de medidas reparatorias, de anular títulos nobiliarios, etc.. También intentamos que los distintos órganos que se creen tengan una composición paritaria. El rol de las asociaciones de memoria es estar en esas comisiones de búsqueda, pero la premisa es la persecución penal llevada a cabo por un fiscal y con unas medidas judiciales de custodia y de exhumación de los restos. Ha sido absolutamente contraproducente la tarea que ha hecho la Ley de la Memoria en este sentido porque ha intoxicado la información ciudadana en torno a cuáles son los derechos reales que tiene cualquier ciudadano español. Hace falta una campaña de información para decir a la ciudadanía española que en caso de desapariciones forzadas tiene el derecho a que los tribunales busquen a los desaparecidos, a que el Estado tome medidas. Durante varios años se ha intoxicado, se ha desinformado y se le ha explicado a la ciudadanía que si tenía un desaparecido tenía derecho a irse a buscarlo de fosa en fosa, es terrible. Por eso hace falta una campaña institucional donde se explique a la gente cuáles son sus derechos humanos indisponibles e inderogables.

(Consulte el resumen de los puntos más destacados de este proyecto de ley)

* Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM
(Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como “crímenes contra la humanidad” no prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”, dando lugar con las mismas a actuaciones de la Audiencia Nacional. Junto a otros tres estudios publicados en la revista Jueces para la Democracia demostrando las actuales violaciones de derechos humanos en nuestro país a la luz de la jurisprudencia internacional1, es autor de El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia), investigación en la que se basó el juez Baltasar Garzón para abrir el caso de las desapariciones infantiles durante la dictadura. En la actualidad, Rodríguez Arias cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación
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Otra entrevista a Miguel Ángel de Salvador López Arnal en "Papeles Ecosociales".

http://www.megaupload.com/?d=95S5L3B3

(Poned clave, esperad 45", descargar y guardar)

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10 Dic 2009

Lorca, el crimen que no cesa

Escrito por: jordigraug el 10 Dic 2009 - URL Permanente

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Enterradores del barranco de Víznar
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Enterradores del barranco de Víznar. Con la niña en su regazo, Manolillo El Comunista, quien aseguró a Ian Gibson que había enterrado a Lorca.-

Lorca, el crimen que no cesa

Un libro arroja nuevos datos sobre las circunstancias del crimen - La actriz Emma Penella revela detalles de la implicación de su padre en el fusilamiento del poeta

FERNANDO VALVERDE - Granada - 10/12/2009

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue fusilado junto a un olivo en la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar. Se trataba del final de una historia llena de rivalidades políticas en la ciudad en la que habitaba "la peor burguesía de España", como dijo el poeta. También fue el comienzo de otra historia plagada de silencio, un tiempo de fosas cerradas sobre las que se dejaban piedras, desmemoria y vergüenza.

Según Gabriel Pozo, Franco ordenó sepultar las pruebas del fusilamiento

'Lorca, el último paseo' analiza la actuación de Ramón Ruiz Alonso

El libro sostiene que los restos del poeta no están donde se buscan

Penella achaca el crimen a la lucha de poder entre la CEDA y Falange

Sobre el antes y el después del fusilamiento, el investigador Gabriel Pozo aporta nuevos datos en su libro Lorca, el último paseo (editorial Almed), que se distribuirá en pocos días. Si los investigadores lorquianos habían tenido acceso a una parte importante de los testimonios que eran útiles para la reconstrucción de lo sucedido, uno de los principales actores, Ramón Ruiz Alonso, guardó silencio casi hasta su muerte, con la excepción de alguna entrevista con historiadores. Ruiz Alonso es, para la mayor parte de las fuentes, el responsable de la detención y el fusilamiento del poeta. Unos días después de la muerte de Franco huyó a Estados Unidos, pero antes explicó el porqué de su viaje a su hija mayor, la actriz Emma Penella.

El libro incluye el testimonio de Penella, que dejó a su autor una carta firmada en la que da fe de la autenticidad de sus declaraciones, con las que siembra no pocas dudas sobre las circunstancias de la muerte del poeta. Penella pidió que sus declaraciones no fueran publicadas hasta después de su muerte. La actriz falleció en agosto de 2007.

"Mi padre quiso que yo supiera toda la verdad antes de morir", explicaba la actriz, que conoció en el transcurso de una fiesta la implicación de su padre en el asesinato de Lorca: "¡Quién se habrá creído que es, si es la hija del que mató a García Lorca", dijo alguien a gritos tratando de humillarla. Al saberlo, su padre se aisló en una habitación. Nunca volvió a mencionar el tema hasta que decidió huir de España, y se sinceró con su hija.

"Al comenzar la guerra la situación era muy confusa. Queipo de Llano estaba al corriente de lo que pasaba con Lorca. Llamó a Granada porque antes lo habían llamado desde el Gobierno Civil para consultarle y ordenó que dieran un gran susto al poeta para que confesara todo lo que sabía de Fernando de los Ríos y firmara una denuncia contra él", explicó la actriz.

Por tanto, la detención de Lorca habría sido el último intento de localizar a Fernando de los Ríos. "Él era el pez gordo que buscaban", declaró. ¿Y cómo sabían que Lorca estaba escondido en casa de los Rosales? La versión oficial mantiene que fue su propia hermana la que confesó en la Huerta de San Vicente, al venirse abajo en uno de los registros, y al tratar de proteger a don Federico, su padre.

Sin embargo, la versión de Ruiz Alonso en boca de Penella, suena muy distinta. "El mayor de los Rosales le dijo a mi padre en un desfile de falangistas que Lorca estaba en su casa. Le comentó que no estaba de acuerdo en que estuviera invitado y que él procuraba no ir mucho porque quería que se fuera". Tras esta conversación, Ruiz Alonso informó a los jefes de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y decidieron "darle un escarmiento al niño mimado de Fernando de los Ríos".

El relato de Penella también dista mucho de la versión oficial en lo relacionado con la detención, que no se habría producido en la casa de la calle de Angulo con un amplio despliegue de hombres armados. "Acudió con el mayor de los Rosales. Mi padre no sacó a Lorca de la casa de los Rosales, fue entregado por el hijo mayor y se lo llevaron al Gobierno Civil sin esposar ni nada". Después se produjo el fusilamiento, que Penella achaca a la lucha por el poder entre la CEDA y Falange. De esta última eran miembros destacados los Rosales, a los que se quiso desprestigiar con la muerte del poeta. "García Lorca no fue sino el despojo que dos perros rabiosos trataban de arrebatarse", explica Gabriel Pozo en el libro.

Cuando triunfó la sublevación militar, los aplausos recibidos por Ruiz Alonso por deshacerse del poeta se convirtieron en rumores que aullaban como lobos. "Mi padre firmó la denuncia junto a otros pero él dio la cara, después no se escondió, era un hombre echado para adelante, con coraje. En la denuncia se afirmaba que Lorca era el secretario de Fernando de los Ríos y que era muy rojo".

Al acabar la guerra, Ruiz Alonso recibió una llamada telefónica inquietante. "En el extranjero habían empezado las quejas por lo que había ocurrido con Lorca y el asunto irritó a Franco. El caudillo quiso saber lo que había pasado y llamó a mi padre".

Desde entonces, nunca más se habló del tema. Se destruyeron todas las pruebas y cualquier rastro que pudiera aportar luz al asesinato de Lorca y Ruiz Alonso empezó a temer por su vida. "Es muy posible que la policía lo tuviera controlado, quizás tuvo miedo a que le hicieran algo si hablaba. Cargó con las culpas de todos, purgó su pena en vida, durante casi 40 años de abandono y soledad", contaba Emma Penella.

Al rompecabezas inacabado de la historia, Gabriel Pozo ha sumado nuevas piezas. Una de ellas es una fotografía inédita en la que puede verse a la cuadrilla de enterradores que trabajaban en Víznar. La fotografía está tomada en la finca Las Colonias, a pocos metros del barranco, donde García Lorca pasó sus últimas horas esperando a ser fusilado. Agachado, con una niña en los brazos, puede verse a Manolillo El Comunista, el joven que indicó a Gibson el lugar donde supuestamente enterró con sus manos al poeta. "Manuel Castilla señaló una fosa situada en el lugar en el que hoy se está excavando. Sin embargo, después confesó a otros que no estuvo allí el día del fusilamiento y que a Gibson le señaló el primer lugar que se le ocurrió", explica Pozo, convencido de que no van a encontrar los restos del poeta. Según el investigador, la decisión de Franco de sepultar todo lo relacionado con el asesinato se llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias.

Agustín Penón dejó en sus apuntes una anotación muy inquietante. Se trata de una conversación que tuvo con Antonio Gallego y Burín, alcalde de Granada durante la Guerra Civil y parte de la dictadura. El investigador escribió en sus libretas: "El lugar de la tumba en Víznar había sido cambiado por orden de las autoridades, que temiendo las consecuencias de aquel asesinato decidieron ocultarlo para impedir que pudiera convertirse en un arma propagandística de enorme valor para el bando republicano".

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