01 May 2010
¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo? Miguel Angel Rodriguez Arias.
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¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos ...
A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos. No se trata tan sólo de reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, "lamentablemente", no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa - tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) - entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales - le acaben de decir a nuestro Gobierno que nuestra ley "de la memoria" viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga - a estas alturas ya casi consabida - letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.
No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una "investigación oficial efectiva e independiente" de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir - como en el caso español - la evidencia de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas - menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados - sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.
A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley "de la memoria" le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro "original" modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos públicos de denuncia, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Human Rights Watch.
Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos - ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público -; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre como combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa...Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, de una fiscalia especializada para perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del genocidio franquista y sus familias - o incorporar también el relato de estos crímenes en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades - debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.
De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España - excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de Mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese -; cuando la situación de todas estas víctimas en sus fosas clandestinas avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento arbitrario de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.
Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son. Y más allá de dicha base política y social, el mismo "voto útil" resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.
Y, por eso mismo, se hace ya necesario dar también un paso más allá de lo jurídico y decir públicamente que "no" a esta política, explicar lo mejor que podamos las razones de ello, y pedir la simple y llana observancia de la legalidad internacional de los derechos humanos también para España; también para nuestros propios desaparecidos, que se dejaron el alma defendiendo los valores de libertad y democracia que hoy todos los demás tenemos a nuestro alcance, en una cruenta y desigual contienda perdida palmo a palmo; porque, por encima de todo, cualquiera de tales argumentos jurídicos, políticos, sociales, quedan empequeñecidos, y en un segundo plano, ante la inmensidad del dolor y la larga soledad de estas familias, ante la inmensidad del drama humano del que estamos hablando. Nada de lo que se pueda decir aquí a tal respecto podrá ser suficiente.
En una de las alocuciones más conmovedoras que se puedan recordar Dolores Ibarrurí, Pasionaria, despedía en Barcelona a los brigadistas internacionales, compañeros de armas de muchos de nuestros propios desaparecidos en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Era el 1 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro se sabía prácticamente perdida y, con ella, la suerte de aquella Segunda República, nacida en otro mes de abril como este quedaba definitivamente sellada: "!Madres!...!Mujeres!...Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, habladles a vuestros hijos.No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved!".
Y reestablecido un cierto grado de democracia en nuestro país, integrados en Europa, comprometidos con la defensa internacional de los derechos humanos, "nuestros" brigadistas volvieron finalmente, en octubre del año 2006, recibidos por nuestro propio Parlamento.
¿Cuándo podrán volver también a casa, a los seres queridos que aún les esperan, todos esos miles de defensores de nuestra República, y sus pequeños, que continúan desaparecidos?, ¿para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?
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30 Abr 2010
El pseudo sindicato ultra plagió el auto del juez en su acusación
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El pseudo sindicato ultra plagió el auto del juez en su acusación
La Fiscalía investiga si Varela asesoró a Manos Limpias y Falange
ELPLURAL.COM
La Fiscalía del Tribunal Supremo está estudiando si el juez que instruye la causa contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, asesoró a Manos Limpias para que reformara su escrito de acusación y éste pudiera ser admitido por el juez. Como ya publicó El Plural, el escrito que finalmente aceptó Varela era, al menos, la tercera versión que redactaba el pseudo sindicato ultraderechista, y era tan parecido al auto del propio juez que incluso reproducía algunas de sus erratas. La Fiscalía ha solicitado que le entreguen los escritos de acusación presentados y estudia recurrir los autos con los que Varela pidió a la organización que los modificara.
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Según explica el diario Público, la Fiscalía del Tribunal Supremo quiere saber hasta qué punto asesoró el juez Luiciano Varela al pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias a la hora de redactar su escrito de acusación contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes de la guerra y del franquismo. El fiscal solicitó a Varela los escritos de acusación presentados originalmente por la organización, así como el que emitió Falange Española de las JONS, que finalmente ha sido excluida de la causa. Su intención es determinar si debe recurrir los autos con los que Varela pidió a ambas organizaciones que modificasen sus escritos de calificación.
Las directrices de Varela
Y es que, como ya informó El Plural, el escrito de Manos Limpias que finalmente se aceptó para acusar a Garzón es prácticamente una copia del auto que redactó Varela para admitir a trámite la polémica denuncia. De hecho, el pseudo sindicato presentó hasta tres versiones de su texto, la última de ellas porque había olvidado incluir que Garzón actuó “a sabiendas”, la base del delito de prevaricación del que se le acusa. En la versión aceptada finalmente por el juez, la organización había copiado literalmente, con erratas incluídas, frases del auto de Varela.
Recurso de Garzón
Garzón recusó esta semana al magistrado al entender que los escritos en los que pedía a Manos Limpias y Falange que modificaran sus alegaciones se habían redactado de manera interesada. En la providencia, el juez indicaba incluso qué páginas debían ser modificadas y daba todo tipo de indicaciones a las acusaciones. También ha pedido la nulidad de los escritos de acusación admitidos a trámite y entiende que el texto definitivo presentado por Manos Limpias debe ser anulado por las directrices que dio Varela.
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Según explica el diario Público, la Fiscalía del Tribunal Supremo quiere saber hasta qué punto asesoró el juez Luiciano Varela al pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias a la hora de redactar su escrito de acusación contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes de la guerra y del franquismo. El fiscal solicitó a Varela los escritos de acusación presentados originalmente por la organización, así como el que emitió Falange Española de las JONS, que finalmente ha sido excluida de la causa. Su intención es determinar si debe recurrir los autos con los que Varela pidió a ambas organizaciones que modificasen sus escritos de calificación.
Las directrices de Varela
Y es que, como ya informó El Plural, el escrito de Manos Limpias que finalmente se aceptó para acusar a Garzón es prácticamente una copia del auto que redactó Varela para admitir a trámite la polémica denuncia. De hecho, el pseudo sindicato presentó hasta tres versiones de su texto, la última de ellas porque había olvidado incluir que Garzón actuó “a sabiendas”, la base del delito de prevaricación del que se le acusa. En la versión aceptada finalmente por el juez, la organización había copiado literalmente, con erratas incluídas, frases del auto de Varela.
Recurso de Garzón
Garzón recusó esta semana al magistrado al entender que los escritos en los que pedía a Manos Limpias y Falange que modificaran sus alegaciones se habían redactado de manera interesada. En la providencia, el juez indicaba incluso qué páginas debían ser modificadas y daba todo tipo de indicaciones a las acusaciones. También ha pedido la nulidad de los escritos de acusación admitidos a trámite y entiende que el texto definitivo presentado por Manos Limpias debe ser anulado por las directrices que dio Varela.
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29 Abr 2010
España se enfrenta al examen de la ONU con el caso Garzón de protagonista.
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http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34007
La polémica internacional que ha generado que el juez Garzón fuera juzgado por investigar el franquismo, ha llegado hasta los despachos de la ONU en un momento delicado para España, ya que en menos de una semana tendrá que responder sobre la situación de los derechos humanos en el país. A última hora el acoso a Garzón se ha colado entre las asignatura pendientes a explicar ante Naciones Unidas.
En apenas seis días España será sometida a examen. Los temas no versarán sobre economía o empleo, sino sobre Derechos Humanos. Pero la diplomacia española no esperaba enfrentarse a un tema que parece haberse colado a última hora: el juez Garzón.
El próximo miércoles el Estado español será el país examinado en Ginebra por Naciones Unidas dentro de las evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos a las que son sometidos todos los países cada cuatro años. Su material para evaluar consiste en un informe elaborado por el propio país, al que se añade otro informe elaborado por ONG’s.
Ambos documentos fueron enviados en el mes de noviembre. La diplomacia española lleva meses preparando su presentación y tenía ases en la manga como la Ley de Igualdad o el reconocimiento del matrimonio homosexual. Sin embargo no se esperaba que uno de los temas con los que la ONU ha sido más dura, como la permanencia de la Ley de Amnistía de 1977 o la falta de ayuda a las víctimas del franquismo, le iba a salpicar de frente con el nombre de Garzón como protagonista.
“La polémica de Garzón ya no es nacional sino que es internacional. Las manifestaciones en su apoyo y el asombro por lo sucedido en España ha superado de lejos nuestras fronteras”, decían para nuevatribuna.es fuentes de Amnistía Internacional. Es precisamente esta ONG una de las que envió su informe de evaluación de España: “Una vez más, porque lo llevamos haciendo desde 2005, hemos denunciado la ausencia del derecho a la Verdad, Justicia y Reparación, para las víctimas del franquismo. No hemos expresado a la ONU nuestro apoyo expreso al Juez, sino que nos hemos centrado en los derechos de las víctimas y en la persecución de las desapariciones forzosas”, señalan desde AI.
A pesar de que la documentación enviada era del mes de noviembre, las actualizaciones son permanentes, y a medida que se acerca la fecha de la evaluación las ONG son las que actualizan cada uno de los puntos que consideran imprescindibles: “Cuanto más cerca estemos del examen más tenemos que presionar al Gobierno”, dicen desde AI. Por eso esta ONG así como otras como Human Rights Watch han formado lobby para hablar con diversos diplomáticos extranjeros, con otras asociaciones y diversos políticos de la UE para informar sobre lo acontecido con Garzón y sobre la citación de España en materia de derechos humanos.
Sin embargo en su primer informe, AI ya advertía que desde que el juez Garzón tuvo inhibirse de la investigación “entre los familiares de las víctimas cunde la incertidumbre sobre el derecho a tener un remedio efectivo y a conocer el destino de sus seres queridos”, señalaba el informe originario.
La delegación española que se presentará el próximo miércoles estará encabezada por la secretaria de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y por un equipo de técnicos de diversos ministerios. “Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las respuestas con la tranquilidad que da saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación en España es muy positiva”, le dijo al diario Público , uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.
Según Amnistía Internacional la respuesta “más previsible” del Estado español será que “ya existe una Ley de Memoria Histórica”, dicen desde la ONG, quienes aprovechan para señalar que dicha Ley “es muy débil, sólo establece un sistema de colaboración con las asociaciones de familiares de las víctimas en relación con las exhumaciones. Sin embargo no sufraga, ni asume responsabilidad por los costes correspondientes”.
AI asegura que ellos después de haber hecho decenas de informes quejándose de la nula ayuda que reciben las víctimas o de la violación del derecho internacional por mantener la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno ha optado por el silencio como respuesta. “No esperamos que digan nada nuevo después de este examen, lo único que queremos es que les quede claro que lo están haciendo mal y que hay que mejorar esta situación”, dice la ONG de derechos humanos.
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España tendrá que explicar en la ONU el acoso a Garzón
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España tendrá que explicar en la ONU el acoso a Garzón
El Consejo de Derechos Humanos examina el miércoles al Gobierno de Zapatero
- AFP PERE RUSIÑOL - MADRID - 29/04/2010 06:00
El Gobierno español deberá dar explicaciones la semana que viene en Naciones Unidas por el acoso al juez Baltasar Garzón y por las dificultades de investigar los crímenes del franquismo. El organismo internacional ha puesto el foco en España y los expedientes sobre la causa del franquismo se acumulan: ya hay seis entes de la ONU donde se debate la situación originada por el acoso al juez.
España se somete el miércoles de la semana que viene por vez primera al examen sobre derechos humanos que realiza en Ginebra Naciones Unidas a todos sus miembros. El ejercicio se instauró en abril de 2008 y consiste en una evaluación detallada de la situación de los derechos humanos en cada país por lo menos una vez cada cuatro años.
Las ONG han hecho de lobby' con varios países para presionar a España
El proceso toma como punto de partida un documento elaborado por el propio país, al que se suman luego las aportaciones de los distintos organismos de Naciones Unidas y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que remiten a Ginebra sus análisis, aunque luego no tienen derecho a intervenir el día del examen.
La delegación española estará encabezada por la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, adscrita a Presidencia, y contará con técnicos de varios ministerios, que deberán someterse a las preguntas del Consejo de Derechos Humanos.
Estupor internacional
Human Rights Watch pide que interceda el Alto Comisionado
La primera comparecencia española, el próximo miércoles, coincidirá con el estupor internacional provocado por la instrucción del Supremo contra Garzón por supuesta prevaricación en la causa de los crímenes franquistas. Y aunque el material -tanto el del Gobierno español como el de las ONG- se envió hace meses, todas las partes dan por seguro que España tendrá que dar explicaciones por el acoso a Garzón y quizá también por la Ley de Amnistía de 1977 y la dificultad de investigar en los tribunales españoles los crímenes del franquismo.
"Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las repuestas con la tranquilidad que da el saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación de España es muy positiva", explica uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.
El documento que remitió a Ginebra Amnistía Internacional ya incorporaba las dificultades para llevar a cabo las exhumaciones tras ser apartado Garzón de la causa. Pero la instrucción del Supremo en su contra ha movilizado a la ONG de derechos humanos, que ha intensificado su labor de lobby para asegurar que España deberá responder a estas cuestiones incómodas ante el Consejo de Derechos Humanos.
En las últimas semanas, la ONG se ha entrevistado con diplomáticos de Bélgica, Reino Unido, Holanda, India, Chile y Suráfrica, entre otros, para subrayar la gravedad de lo que está sucediendo en España.
Contratiempo inesperado
Para la diplomacia española, el caso Garzón y el súbito interés por la Ley de Amnistía y los crímenes del franquismo supone un contratiempo inesperado. España esperaba capitalizar los avances en derechos humanos desde la Ley de Igualdad hasta el matrimonio homosexual, entre muchos otros puntos para ganar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, que se renueva el 13 de mayo.
En cambio, ahora se encontrará probablemente a la defensiva, tratando de demostrar que respeta derechos humanos elementales como el de las víctimas a conocer la verdad o el de los jueces a investigar en lugar de poder lucirse exhibiendo los nuevos derechos que ha impulsado.
El frente internacional no se acaba en el Consejo de Derechos Humanos. Otras organizaciones de gran renombre internacional, como Human Rights Watch (HRW), han acudido también a la ONU para que interceda por Garzón y en favor de los derechos de las víctimas de la represión franquista.
El portavoz de HRW, Reed Brody, se ha dirigido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidiéndole que interceda en España en favor de Garzón. La organización también ha escrito al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias instándolo a examinar si España cumple con los compromisos que firmó.
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La Transición contada a mis padres. Juan Carlos Monedero.
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La Transición contada a mis padres
Tags: Memoria histórica periodismo política
JUAN CARLOS MONEDERO
A la memoria de Pepín Vidal Beneyto
Mil veces oímos una petición de silencio que hoy resuena con cuento de furia y ruido: “Abuelo, deje de contar batallas”. Ignoraban los guardianes de los tiempos apacibles que la verdadera batalla no era esa que los viejos apuntaban. Era otra, apenas susurrada, que se contaban a ellos mismos en un silencio de décadas, con complicidad de café, trinchera y cuitas compartidas. “¡Deje de contar batallas, abuelo!”. Y los apaciguadores, al tiempo, contaban incontables veces su cuento incontinente: “La democracia nos la inventamos nosotros”. Lo dijeron, lo escribieron, lo repitieron, lo exportaron y, quizá –sólo quizá–, hasta se lo creyeron. Sociólogos corrieron a decir que antes de la Transición no hubo democracia y que, de pronto, ya éramos iguales al resto de Europa; filósofos cambiaron panfletos contra el todo por panfletos por lo que me caiga; historiadores oficiales dieron el pasado como inocuo pasto abierto sólo a anticuarios; sabedores de la política hicieron taxonomías borgianas para que encajara la democracia con un campo sembrado de fosas comunes y desmemoria; matemáticos trazaron la topología que permitía transitar en vez de retornar a la democracia perdida; periodistas y filólogos encontraron en el decir “consenso” una palabra mágica que contentaba a tirios y troyanos (a unos porque no cuestionaba ningún fruto de su victoria; a otros, porque les entregaba una excusa perfecta para explicar por qué eran tan vociferantes y tan poco consecuentes). Burlón este espíritu de la Transición democrática.
La Transición redujo la explicación dolida del pasado a un problema de derechos humanos. En la distancia, todos somos bienintencionados. Por eso era relevante explicar aquella época como una locura colectiva fruto del calor y los tiempos duros. Otras explicaciones sacan el hilo al ovillo y llegan hasta palacios reales, catedrales, cámaras bancarias y mansiones donde siguen los que nunca se fueron.
Recuerdo de la madre. Hija robada por la posguerra a un herrero anarquista –linchado cabeza abajo, colgando de un olivo, por el jefe de Falange, luego alcalde del pueblo–. Nueva vida en Madrid. Pudo estudiar. Su colegio tenía dos puertas, una principal para las niñas ricas y otra lateral para las hijas de la caridad. Recuerdo a la madre subiendo, junio de 1977, la calle del colegio donde estudiaban sus hijos. A suplicar un precio en los caros ejercicios espirituales. Carteles electorales en las paredes. Entendí cuando el cura afirmó: “Si no podéis permitíroslo, buscad otro colegio”. El franquismo fue una dictadura de clase. Pero nunca acepté el tuteo arrogante a la madre derrotada. Porque los mataron mil veces. En aquellos años de la guerra y la posguerra, y también en cada humillación, durante cuatro interminables décadas (las cartas que llegaron y las que no llegaron; compartir mesa con el verdugo; suplicar trabajo o limosna de lo que fue el propio patrimonio; los labios mordidos; pisar el suelo donde reposan los abandonados; las placas santas ensalzando al sayón; la impunidad de los togados, los purpurados, los condecorados; el interminable usted no sabe con quién está hablando…).
“Con la Transición, los demócratas vencimos”, y le cargaron al búnker toda la memoria del franquismo. Derrotado el búnker, derrotado el franquismo. ¿Un nuevo inicio? ¿Sin restitución? Hasta que un juez quiso llevar a juicio aquella etapa y se cayeron las caretas. El juicio al franquismo ha separado a los demócratas gratuitos de los demócratas con todas las consecuencias. “Las virtudes de la Transición son los vicios de la democracia” se reescribe: “Los vicios de la Transición son los vicios de la democracia”. Un sistema electoral indigno; Bartolín llamando a la Guardia Civil desde un maletero porque lo había secuestrado ETA. Cospedal y la Caudillesa gritando ¡golpe de Estado! por una reunión política en sede universitaria; un juez escondiendo residuos franquistas bajo alfombras progresistas; el filósofo de la ética para adolescentes recibiendo el premio literario más amañado de la historia de los premios; el ministro de Información de Franco, el que afirmó tras el asesinato en la Puerta del Sol de Julián Grimau que ese “caballerete” merecía morir, redactando la Constitución de la democracia que apuntaló a un rey de origen franquista, a comisarios de origen franquista, a catedráticos de origen franquista, a periodistas de origen franquista e, incluso, a franquistas de origen franquista. Ahí reposa nuestro miedo. Franco es más peligroso muerto que vivo. Vivo por lo menos se le veía venir.
Dudo de que la Transición hubiera podido ser radicalmente diferente. En 1973 fue el golpe contra Allende. Unos meses después, la Revolución de los Claveles alertó a los guardianes de la guerra fría. Y 40 años de exilio, represión y miedo. Lo reprochable es la falta de honestidad de sus voceros. No decir: “Hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron, lo que nos atrevimos”. Esconderlo tras “nos corresponde la mayor hazaña democrática de la historia de España”. Una Transición perfecta que no deja entender una democracia tan imperfecta.
Lo han tenido que recordar desde fuera: aquí hubo un propósito de genocidio. Hubo guerra porque los franquistas, aun ayudados por Hitler y Mussolini, no tuvieron la fuerza suficiente. Cuando ganaron, la intención genocida se consumó. Hoy se siguen repartiendo culpas con la excusa de la guerra. Para una lectura democrática, los luchadores por la República dieron todo para frenar el genocidio. Y los olvidamos.
Por eso, abuela, abuelo, perdonad por lo que no os dejaron hablar en estos años. Y contadme otra vez, desde el principio, todas aquellas batallas.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
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La resistencia a conocer el pasado. Vicenç Navarro.
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La resistencia a conocer el pasado
Tags: franquismo Memoria histórica periodismo política
VICENÇ NAVARRO
La movilización de amplios sectores progresistas en contra del enjuiciamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo, como consecuencia de su investigación de los crímenes del fascismo, ha dado lugar a una respuesta de condena por parte de la derecha española acompañada de los “compañeros de viaje” que han hecho de su anti izquierdismo la marca de su labor periodística.
Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.
Otro argumento planteado no sólo por las derechas sino también, entre otros, por Joaquín Leguina, Fernando Savater y Santos Julià, en sendos artículos publicados este mes en El País , es que tales movilizaciones están rompiendo la reconciliación nacional, que asumen estuvo plasmada en la Ley de Amnistía, ignorando que tal norma fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas y cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el periodo preconstitucional) era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. En realidad, las derechas (Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca. Y esta todavía no ha llegado, como bien lo muestra el hecho de que casi 150.000 personas asesinadas del bando republicano continúan desaparecidas como consecuencia de la oposición de las derechas a que sea el Estado el responsable de encontrar a tales desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales, por mucho que Joaquín Leguina lo niegue en su artículo (ver los escritos del magistrado José Mª Mena sobre este tema).
Tal oposición imposibilita la reconciliación, como también la dificulta la oposición al reconocimiento de aquellos que perdieron la vida como consecuencia de su lealtad a la República. El juez Adolfo Prego, miembro del Tribunal Supremo, que está a favor de la penalización del juez Garzón por la ayuda que este intentó proveer a los familiares de los desaparecidos para encontrar a sus seres queridos, se opuso con gran contundencia al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados o desterrados por la dictadura. Como escribió The Guardian (20-04-10), “a las izquierdas ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos”. Tal nivel de crueldad (y no hay otra manera de definirlo) no tiene equivalente en la Unión Europea. La gran mayoría de los medios de información de la derecha europea han condenado que se haya llevado a los tribunales al único juez que ha querido analizar la represión fascista. No así las derechas españolas, cuyos homólogos en Europa son la ultraderecha.
Pero el argumento que se da con mayor intensidad en la denuncia de las manifestaciones es el mismo que se ha dado durante el periodo democrático para justificar el olvido y la injusticia que ello conlleva. Es el argumento de la equidistancia, indicando que ambos bandos del conflicto civil hicieron las mismas salvajadas (lo cual ha permitido afirmar a Arturo Pérez-Reverte que “todos [vencedores y vencidos] hemos sido igual de hijos de puta” (El Mundo, 26-02-10). De tal equidistancia se concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues abriría las heridas, asumiendo erróneamente que estaban cerradas. No por casualidad, la mayoría de los que sostienen tales posturas son hijos de vencedores, independientemente de que hayan pasado el sarampión de haber sido de izquierdas en su juventud. Es frecuente que para lavar tal pasado acentúen ahora sus sarcasmos e insultos a las izquierdas.
El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchos menos que los cometidos por el Estado fascista), no niega, sin embargo, la justicia de la causa de la República, de la misma manera que el injusto bombardeo de la ciudad de Dresde (Alemania) por parte de las fuerzas aliadas en su lucha contra el nazismo y el fascismo no niega, tampoco, la bondad de su causa. Tampoco el hecho de que existieran personas no democráticas entre los asesinados republicanos significa que la mayoría de asesinados no hubieran luchado o se hubieran identificado con un gobierno democráticamente elegido. De ahí que tal equidistancia no sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia. El definir como “hijos de puta”, como hace Pérez-Reverte, a los que lucharon defendiendo la República, la mayoría de los cuales no cometieron “salvajadas”, es un insulto injusto e inmerecido, excepto en su propio caso, pues no es de bien nacido ofender a los que sufrieron enormemente por una causa noble, de la cual el que insulta se ha beneficiado ampliamente.
Lo que está ocurriendo en España no es “inexplicable”, como se ha escrito. Es muy explicable, pues es consecuencia del enorme dominio de las derechas en el proceso de la Transición inmodélica que determinó una democracia muy incompleta y un bienestar muy insuficiente. Su oposición a conocer el pasado se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemonía intelectual del presente. Y esto es lo que ocurre en nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
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28 Abr 2010
Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo.
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http://barri.tv/mes-recent/jimenez-villarejo-parla-amb-barri-tv-sobre-el-juez-garzon/
http://barri.tv/mes-recent/jimenez-villarejo-parla-amb-barri-tv-sobre-el-juez-garzon-ii/
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Varela acepta apartarse "temporalmente" de la causa contra Baltasar Garzón
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Varela acepta apartarse "temporalmente" de la causa contra Baltasar Garzón
Última actualización 28/04/2010@17:12:14 GMT+1
La recusación del magistrado del Supremo había sido solicitada por la defensa del juez de la Audiencia Nacional basándose en que Varela instruyó a una de las acusaciones, Manos Limpias, para que redactara su escrito, lo que le convirtió automáticamente en "parte interesada" en el proceso.
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 28.4.2010
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha acordado tramitar la recusación planteada el pasado sábado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para apartarle del procedimiento abierto contra él por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo. Consideraba Garzón que el instructor había manifestado un "interés directo" en el procedimiento al orientar los escritos de las acusaciones.
Esta decisión supondrá la sustitución de Varela como instructor de esta causa al menos temporalmente, mientras se tramita el incidente de recusación. En una provindencia dictada este miércoles el instructor da tres días de plazo a las diferentes partes personadas en el procedimiento para que se posicionen sobre este asunto. También elaborará su propio informe en el que, o acepta las razones de Garzón, o bien se opone a ellas.
Todos estos escritos serán elevados a la Sala de lo Penal, que debe designar a un sustituto en la instrucción de la causa por la Memoria y un instructor de la propia recusación. Finalmente, el Pleno de la Sala de lo Penal decidirá si existen razones para sustituir definitivamente a Varela en el procedimiento.
Garzón pretende el nombramiento de un nuevo instructor "por el turno que corresponda", según el escrito que envió a la Sala de lo Penal del Supremo el pasado sábado. La Sala remitió el documento el pasado lunes al instructor, que era quien en primer término debía pronunciarse sobre este asunto.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, manifiestaba en su escrito la "satisfacción" del juez de la Audiencia Nacional tras la decisión de Varela de expulsar de la causa a Falange Española de las JONS, si bien añadía que con la aceptación del segundo escrito de acusación de Manos Limpias, una vez corregido siguiendo las directrices del instructor, se está vulnerando gravemente su derecho de defensa.
El documento explicaba que fue el pasado jueves, cuando se dio a la defensa una copia de los primeros escritos de acusación de Manos Limpias y Falange -en los que se solicitan 20 años de inhabilitación para el juez-, cuando esta parte pudo "valorar el auténtico significado y relevancia" de las últimas decisiones del instructor Varela. "En el caso que nos ocupa, el excelentísimo instructor ha mostrado su interés en que las partes acusadoras mejoraran su escrito de acusación; una de ellas lo ha hecho, la otra no. Con esta decisión, el excelentísimo instructor ha tomado partido a favor de uno de los contendientes en el pleito, por lo que ha de ser recusado", subrayaba la defensa de Garzón.
La defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado al Tribunal Supremo que anule y tenga por no presentado el escrito de acusación del sindicato Manos Limpias, que el pasado día 22 presentó hasta dos escritos enmendando el inicial.
Según la defensa, el escrito original de Manos Limpias no pasaba de ser una copia literal de uno de los autos dictados por Varela, "llegando al extremo de transcribir dudas o juicios de probabilidad habituales en una resolución interlocutoria, insólitas en un escrito de acusación". En el segundo, el sindicato cumplió el requerimiento de Varela de excluir las dos terceras partes del documento inicial "y con ello suprimió buena parte del plagio, pero no lo eliminó en modo alguno". Respecto al tercer escrito, Martínez-Fresneda recuerda que en él Manos Limpias "reconoce sin tapujos que presenta un escrito de acusación en los términos dispuestos" en la providencia del juez en la que se señalaban los cambios a realizar.
Si la Sala de lo Penal anulara las resoluciones adoptadas por Varela para unir a la causa los nuevos escritos de Manos Limpias y los tuviera por no presentados, la causa contra Garzón debería ser cerrada ya que tras la expulsión de Falange no hay ninguna otra acusación personada.
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Varela se aparta del 'caso Garzón' tras su recusación
Varela deja tres textos de Manos Limpias
Sectores del PSOE piden "respuesta activa"
Y a la tercera va Manos Limpias, I. Escolar
Más cornadas da Garzón, por J. Vizcaíno
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Varela se aparta del 'caso Garzón' mientras se resuelve la recusación
CLAVES: La causa por la investigación del franquismo
CRONOLOGÍA: Un año desde el inicio del caso
La causa contra Garzón por la investigación del franquismo
Un provocador en busca de notoriedad
Cronología: Garzón y la causa por las desapariciones del franquismo
"No entiendo el castigo a Garzón por rastrear la memoria"
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Los espectadores que aspiran a seguir las peripecias de las tres causas por prevaricación abiertas en el Supremo -pese a la oposición de la fiscalía- contra el titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional no ganan para sustos. Las últimas novedades sobre la primera de las tres querellas (las dos restantes continúan su marcha a velocidad de crucero) son la expulsión de Falange Española de las JONS como acusación pública y la nulidad de actuaciones del proceso y la recusación del instructor Luciano Varela planteadas por Garzón ante la Sala del Supremo.
La admisión a trámite de las tres querellas causó perplejidad entre cualificados expertos que no encuentran indicios claros, relevantes y plausibles capaces de sustentar la temeraria conjetura de que Garzón pudiera haber dictado a sabiendas decisiones injustas durante la instrucción de tales causas. El polémico juez de la Audiencia Nacional tiene las mismas probabilidades de equivocarse que sus colegas; y aunque su gusto por el estrellato resulte a veces estridente, los egos revueltos de la vida literaria descritos por Juan Cruz en su reciente libro galardonado con el Premio Comillas también son plato habitual en la mesa de la magistratura, tal y como el magistrado Varela se encarga de demostrar.
En cualquier caso, no es lo mismo una errónea apreciación de los hechos o una desviada interpretación de las normas, corregibles mediante recursos a instancias superiores, que una prevaricación. Scott Fitzgerald ideó en The Crack-up una prueba para detectar la inteligencia de primera clase: la capacidad de mantener a la vez dos ideas opuestas en la cabeza y seguir funcionando. Garzón pudo equivocarse en las resoluciones del sumario sobre los crímenes de la Guerra Civil pero no cometió un delito de prevaricación; conclusión que también puede predicarse de las dos querellas posteriores relacionadas con el banco Santander y la trama Gürtel.
Los argumentos utilizados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la mayoría de la Sala de lo Penal, presidida por Javier Gómez Bermúdez, para negar la competencia de Garzón sobre los desaparecidos en la retaguardia de la zona sublevada (un anacronismo de origen argentino que sustituye al término español paseados) echaron por tierra sus frágiles tesis construidas sobre confusas doctrinas sobre Derecho Internacional e interpretaciones erróneas del principio de legalidad penal, la irretroactividad de las normas desfavorables y la prescripción de los delitos. Pero mal podrían atribuirse esas resoluciones a favor de las víctimas de la represión franquista, emocionalmente agradecidas por sus descendientes, a una voluntad prevaricadora: tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y varios jueces llamados a ocuparse de las exhumaciones comparten idénticas tesis sin que nadie haya presentado querellas contra ellos.
Por lo demás, el instructor Varela, cuyo estilo leguleyo parece salido de la pluma de ganso de un alguacil quevedesco con la puntita de la lengua rosácea asomando en la comisura de la boca, también ha metido la pata hasta el corvejón sin que nadie le haya imputado todavía un delito de prevaricación. El redicho magistrado actuó la semana pasada como apoderado de las formaciones de ultraderecha que ejercían la acción popular contra Garzón, aconsejándoles que modificaran sus escritos acusatorios para salvarlos de la invalidación. El ensuciado pseudosindicato Manos Limpias siguió obedientemente sus instrucciones (suprimió los dos tercios de su primera acusación) pero Falange Española no cumplió los plazos y quedó expulsada de la causa -medida contra la que han recurrido- por su contrariado asesor.
No ha sido el único desatino del alguacil alguacilado: el sabihondo magistrado también ha mudado caprichosamente de opinión acerca de la capacidad de la acción popular para poner en marcha los procedimientos abreviados cuando la fiscalía y la acusación privada desisten de hacerlo. Varela votó contra la sentencia 54/2008 del Supremo sobre el caso Atutxa por entender que esa posibilidad era fraudulenta; ahora, en cambio, el magistrado hace de mamporrero para que la ultraderecha utilice la acción popular y la vía judicial con el fin de perseguir objetivos ajenos al Estado de derecho y a la división de poderes.
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Tres escritos de Manos Limpias siguieron el dictado del instructor
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Enric Sopena
La Falange, “una corriente de pensamiento”; no nos tome el pelo, Sr. Pons
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Varela admite a trámite la recusación presentada por Garzón
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Pradera tacha al juez del Supremo de "mamporrero" de la ultraderecha
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Un viejo conocido, que no amigo, de Garzón
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27 Abr 2010
Vea el documento que demuestra el plagio de Manos Limpias al auto de Varela
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http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=45889
Los ultraderechistas incluso repiten las erratas del juez
Vea el documento que demuestra el plagio de Manos Limpias al auto de Varela
ELPLURAL.COM
El periodista Ignacio Escolar ha publicado este martes en Estrella Digital la versión anotada de la acusación de Manos Limpias que fue rechazada por el juez Luciano Varela. El escrito tiene dos modificaciones sobre el original. En letra de color rojo, están destacados todos los párrafos que el abogado de Manos Limpias copió, literalmente, del auto de Varela del 3 de febrero. También está señalada, entre paréntesis en color azul, la página del auto copiada de donde sale cada párrafo.
Sin duda, en el documento que aporta Escolar puede comprobarse con claridad meridiana hasta dónde llegó el plagio: casi la mitad del documento está en rojo. Y es que el sindicato ultraderechista incluso repitió las erratas, como el “desparecidos” que utiliza el juez Varela en varias ocasiones en lugar de “desaparecidos”.
Juez y parte
“No está claro qué llevó al abogado de Manos Limpias a tal dislate. No se sabe si fue para hacerle la pelota al juez instructor o si, simplemente, tenía el día perezoso. Pero para Varela supone un doble problema. Por un lado, demuestra hasta qué punto fue de imparcial su auto anterior –tan imparcial que hasta se puede reciclar como escrito de la acusación–. Por el otro, le obliga a enmendarle la redacción a los acusadores, en una decisión bastante discutible donde además de juez hace de parte y asesora a Manos Limpias sobre cómo acusar más y mejor”, apunta en su artículo de opinión el ex director del diario Público.
¿Quién prevaricó?
Lo que sí está claro es que, tras observar el plagio, el juez Varela ordenó a Manos Limpias modificar su escrito de acusación. Inmediatamente después, el juez Baltasar Garzón recusó a Varela por haber manifestado interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo. En este punto, es probable que el Tribunal Supremo se vea obligado a tener que decidir entre dos únicas opciones: que fue Garzón quien prevaricó o, en su defecto, que quien lo hizo fue Varela.
Hipótesis de Escolar
En este punto, Escolar tiene claro que “el juez campeador tiene todas las de perder” porque es muy probable que el Supremo, llegado a ese extremo, “respalde antes a Varela, que para algo juega en casa”.
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Sin duda, en el documento que aporta Escolar puede comprobarse con claridad meridiana hasta dónde llegó el plagio: casi la mitad del documento está en rojo. Y es que el sindicato ultraderechista incluso repitió las erratas, como el “desparecidos” que utiliza el juez Varela en varias ocasiones en lugar de “desaparecidos”.
Juez y parte
“No está claro qué llevó al abogado de Manos Limpias a tal dislate. No se sabe si fue para hacerle la pelota al juez instructor o si, simplemente, tenía el día perezoso. Pero para Varela supone un doble problema. Por un lado, demuestra hasta qué punto fue de imparcial su auto anterior –tan imparcial que hasta se puede reciclar como escrito de la acusación–. Por el otro, le obliga a enmendarle la redacción a los acusadores, en una decisión bastante discutible donde además de juez hace de parte y asesora a Manos Limpias sobre cómo acusar más y mejor”, apunta en su artículo de opinión el ex director del diario Público.
¿Quién prevaricó?
Lo que sí está claro es que, tras observar el plagio, el juez Varela ordenó a Manos Limpias modificar su escrito de acusación. Inmediatamente después, el juez Baltasar Garzón recusó a Varela por haber manifestado interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo. En este punto, es probable que el Tribunal Supremo se vea obligado a tener que decidir entre dos únicas opciones: que fue Garzón quien prevaricó o, en su defecto, que quien lo hizo fue Varela.
Hipótesis de Escolar
En este punto, Escolar tiene claro que “el juez campeador tiene todas las de perder” porque es muy probable que el Supremo, llegado a ese extremo, “respalde antes a Varela, que para algo juega en casa”.
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26 Abr 2010
Juzgar a Garzón sí es prevaricación, decía una pancarta.
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