NADA CON SIFÓN

España dispone de un portaaviones, el “Príncipe de Asturias”, que tiene 30 años de servicios y cuesta a los españoles 30 millones de euros anuales. Los planes de recortes también llegan a Defensa. El Gobierno acordó el año pasado incluirlo en una operación en Libia pero fallaron los radares. En suma, el portaaviones sólo sirve para la guerra de Gila. Algo parecido le ocurrió al submarino “Mistral”, que se encuentra en la base de Cartagena para que los turistas le hagan fotos, o al “Siroco”, inmovilizado a la espera de confirmar su venta a Tailandia. Ante tal situación, los españoles no estamos preparados ni para defender el islote de Perejil. “Pobre barquito velero, / a la deriva en el mar, / sin el soplo de un “te quiero”, / pobre barquito velero/ que no puede navegar”. Ya sólo faltaría que a las balas de los fusiles les ataran una cuerda para poderlas recuperar después de cada disparo. Claro, luego lee uno los artículos de Chicharro en “República.com” y el lector se lleva la sensación de que con los “tomahawk” en nuestras fragatas F-100 y en los futuros submarinos S-80, estamos preparados para la guerra de las galaxias. Y de eso, nada. Menos aún desde que a Trillo le hicieron embajador en Estados Unidos tras sopesar en la balanza su victoria en la “Operación Romeo-Sierra” y su patinazo en septiembre de 2003, cuando pidió a las tropas de El Salvador en plena formación gritar ¡Viva Honduras! En España hubo una empresa dedicada a fabricar material bélico, más tarde prohibido. Se llamaba Instalaza y allí trabajó el actual ministro de Defensa. Éste, por tanto, debe saber por qué se fue a pique. Fabricaba bombas de racimo, mucho más letal que las bombas mariposa fabricadas años antes por los nazis. Las bombas de racimo, muchas de ellas fabricadas en Zaragoza, fueron usadas por Rusia en Chechenia, por el Reino Unido en Kosovo e Irak, por Israel en el Líbano en el año 2006 y en Gaza en 2009. También Estados Unidos utilizó estas bombas en Afganistán, Kosovo, Laos e Irak. La empresa española en cuestión se fue a pique como consecuencia de su prohibición a partir de 2008, cuando más de 100 países, además de Greenpeace, se comprometieron a no emplear estas armas, bajo ninguna circunstancia. España, a mi entender, debería priorizar los recursos. No es de recibo, por ejemplo, que en Castilla y León se dediquen actualmente más de 300.000 euros a lecciones infantiles sobre caza cuando en muchas escuelas públicas de esa Comunidad no disponen de calefacción por falta de dinero.