NADA CON SIFÓN

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete es capaz de comerse las suelas de los zapatos con tal de que estén bien cocidas, como hacía Charlot que hasta chupaba los clavos. Yo no he visto cosa igual. Ignoro cómo sería de niño, o si sus progenitores se excedieron con las cucharaditas de “Hipofosfitos Salud”, aquel remedio que a los niños de mi infancia con anorexia les producía un hambre calagurritano, pero el caso es que a Arias Cañete, ya en la etapa Aznar le pudimos ver en la pequeña pantalla metiéndose entre pecho y espalda unos chuletones de vaca tremendos para demostrar que no tenían riesgo alguno para la salud de los humanos, cuando el resto de los españoles estábamos muy asustados por los datos que exponía Juan José Badiola sobre los peligros de la encefalopatía espongiforme bovina, de los priones y de todas esas zarandajas durante la movida de las vacas locas. Hace poco contaba que él no tenía inconveniente alguno en tener en la nevera yogures caducados y comérselos sin ningún tipo de recelo; y, también, que siempre se duchaba con agua fría para ahorrar energía. Este ministro, que en 2000 dijo a los agricultores murcianos que el Plan Hidrológico Nacional se iba a aprobar por “cojones”, cuentas ahora que ha comido insectos, aunque prefiere cosas más sabrosas y con una presentación más atractiva. En una palabra, que el que se muere de hambre es porque quiere. O sea, si uno no tiene para comer, pues nada: se acerca a un labrado y cuando salten los grillos los pilla en pleno brinco y al frasco, o se acerca hasta un basurero y recoge las cucarachas para más tarde hacer croquetas con ellas. No cabe duda de que el hambre agudiza el ingenio. Arias Cañete, que aunque es ingenioso no pasa hambre, debería dejar de decir necedades y leer “España”, de Salvador de Madariaga. Ahí se cuenta la frase que le espetó un jornalero a un cacique en los años de la república en Andalucía, rechazando el dinero que le ofrecía a cambio de su voto: “En mi hambre mando yo”. Pues eso.

El escrache, entendido como método de protesta colectiva ante la vivienda de un político que no cumple sus promesas electorales lo justifico; las manifestaciones vecinales ante la casa de alguien al que van a desahuciar, también. El ciudadano tiene derecho a manifestarse cuando algo va mal. Y a veces hasta funciona. Pero lo que entiendo injustificable es que un grupo de ciudadanos simpatizantes con la izquierda abertzale ocupen el puente vizcaíno de Ondarroa (gobernado por Bildu) y lancen gritos de “Jotake irabazi arte” intentando evitar el arresto de Urtza Alkorta por parte de la Ertzaintza. Esos gritos, traducidos al castellano quieren decir “dando fuerte hasta ganar”. Lo que no sabemos es qué quieren ganar. Que yo sepa, los vascos son los ciudadanos que menos impuestos pagan al Fisco, seguidos de Navarra. De las 17 autonomías, diez de ellas (el 48% de la población) son receptores netos, es decir, que reciben más de lo que dan; Aragón y Valencia (14%) se quedan en “tablas”, por utilizar el argot del ajedrez; Madrid, Baleares y Cataluña (32%) dan más que reciben; y País Vasco y Navarra van por libre. Pues bien, Urtza Alkorta está condenada por colaborar con ETA y había una orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional. Sobre Urtza Alkorta pesa una condena de cinco años y su detención está plenamente justificada, pese a los gritos e insultos de los vascos concentrados y de varios miembros de EH Bildu, en contra de la actuación de la Ertzaintza. Los “muros populares” no sirven ni pueden impedir el buen funcionamiento de un Estado de Derecho. El Ayuntamiento de Ondarroa podrá aprobar todas las declaraciones institucionales que entienda conveniente. Pero si quieren “dar pasos a favor de la pacificación”, como reclaman los ediles de Bildu a la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia, deberá empezar por no llamar “encarcelamientos políticos” a los internamientos en instituciones penitenciarias por delitos de terrorismo. En España, por fortuna, no existen presos políticos y eso lo sabe hasta el que asó la manteca.

El amigo Roberto Pérez, periodista y bilbilitano de nación, cuenta en el diario ABC que una entidad bancaria, Caja Inmaculada “enseña por 150 euros cómo evitar que otros nos minen la moral”. Curioso y pintoresco a la vez, cuando resulta que tales consejos llegan de la mano de una entidad de ahorro “manejada” desde dentro por políticos autonómicos, sindicatos y el Arzobispado de Zaragoza. No hay que olvidar que CAI, que forma parte de Grupo Cajatrés desde su fusión fría con Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz, aunque este primer trimestre haya obtenido en su conjunto 22 millones de beneficio, cerró el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 1.039 millones de euros, tras realizar dotaciones por 1.622 millones, en su mayor parte para riesgos inmobiliarios, es decir, que se pilló los dedos a la hora de conceder hipotecas sin asumir el riesgo necesario; que en la actualidad ofrece bajas incentivadas a 455 empleados de menos de 55 años y cerrar 187 oficinas; y que el Grupo parece que será absorbido por Ibercaja una vez que esté debidamente saneado. Las cajas de ahorro, y Caja Inmaculada también, puesto que se creó el 21 de marzo de 1905 por Acción Social Católica de Zaragoza con el nombre de Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, a partir de 1977 todas ellas se metieron en un jardín cuyo funcionamiento desconocían. Se eliminaron las restricciones legales a su actividad de “toda la vida” y se dedicaron a hacer aquello que hasta entonces correspondía a la banca privada y que ellos desconocían por completo. Pero al estar reguladas jurídicamente por las Comunidades Autónomas dejaron de ser entes de carácter social para servir a los políticos de turno. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Cajas que necesitaron rescate de la UE a través del FROB poniendo como avalistas del disloque a todos los españoles. Para ello se modificó la Constitución “de tapadillo”, con Rodríguez Zapatero en el poder, aprovechando la época de verano y sin la intervención de las urnas. Se daba prioridad a pagar la deuda contraída con Alemania por cajas y bancos aunque no hubiera dinero para Sanidad o Educación. Bankia es un ejemplo claro de lo que no se debió hacer. Pero bueno, a lo que iba. En ese cursillo curioso y pintoresco que ahora ofrece la CAI a cambio de 150 euros se enseña a saber tratar a “los autoritarios, sabelotodo o quejitas”. Para mí que los sabelotodo fueron los directores de agencias (presionados por las oficinas centrales) para colocar las “preferentes” a clientes de escaso conocimiento, y eso del cursillo no sé si ayudarán mucho a curar el desánimo de los que se quejan con razón. No cabe duda de que hay recetas que llegan tarde. Ésta que ofrece la CAI ahora es una de ellas. Las cajas de ahorro, en general, además de habernos minado la moral con hipotecas abusivas, con la aplicación de suelos a la hora de poder bajar los intereses, con desahucios inmisericordes y con alarmante falta de crédito a pymes y particulares, nos han limpiado los bolsillos de forma descarada. Y, ahora, inexplicablemente, quienes nos engañaron sin haber pisado la cárcel se permiten el lujo de dar lecciones y encima cobrarlas.

Hace unos días me entró un escalofrío leyendo a Arcadi Espada (“Un crimen contra la humanidad”, El Mundo, 9.5.13). Escribía Espada: “Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no sólo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga. Este tipo de gente averiada alza la voz histérica cada vez que se plantea la posibilidad de diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Por el contrario ellos tratan impunemente de imponernos su particular diseño eugenésico: hijos tontos, enfermos y peores”. En fin, juzguen ustedes mismos. Pues bien, hoy Jorge M. Reverte, en El País (“Gallardón y los tullidos”), escribe que “Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, nos quiere volver a llenar de tullidos las escaleras de las iglesias. (…) El ministro de Justicia lo tiene claro: esos niños, a los que casi siempre se puede diagnosticar con tiempo que van a arrastrar una existencia peor que miserable, van a tener derecho y obligación de vivir esa vida, a la que les condenará, si sus proyectos salen adelante”. Respeto la opinión de ambos: la de Arcadi Espada y la de Jorge M. Reverte. La libertad de expresión es necesaria en un Estado de Derecho. Pero hecha esa aclaración considero que mi opinión también debe ser respetada. A mi entender, en una sociedad, como en una familia, hay que estar a las duras y a las maduras. Al margen de la postura oficial de la Conferencia Episcopal por todos conocida, y que también como colectivo tiene derecho a expresar lo que piensa, comprendo la postura de la diputada Beatriz Escudero al oponerse al aborto de los fetos en los que se haya detectado discapacidad futura. Particularmente no comprendo cómo una mujer decida abortar por el hecho de haberle detectado en el feto el síndrome de Down, una malformación en un brazo o columna bífida. Conozco niños con el síndrome de Down que son un encanto, que se hacen querer y que sus padres los adoran y no los cambiarían por nada del mundo. Y aquí lo dejo. No la toquemos más, que así es la rosa. No está en mi deseo recordar los “debates” en el Reichtag sobre la “necesidad” de la eutanasia a las personas discapacitadas, ni en la defensa de esos planteamientos por el entonces ministro de propaganda Joseph Goebbels (que, curiosamente, era cojo) a favor del asesinato de discapacitados para “aliviar” de su sufrimiento. En España está en vigor la “Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, una ley similar a la existente en el resto de la UE y que ya estaba asumida por la mayoría de los ciudadanos. Ruiz Gallardón debería respetar la legalidad vigente y dejar a un lado los protagonismos personales sobre tan delicada cuestión. Mejor sería que su interés se centrara en cuidar su jardín, la Justicia, y modernizar su funcionamiento. Ahí tiene tajo.

Me parece loable que las asociaciones de taxis madrileñas exijan a los conductores aseo y corrección en la vestimenta cuando estén de servicio. ¡Qué menos! Algunos hasta añoramos aquellos uniforme azulones con su correspondiente gorra de visera, que hoy sólo es posible ver en las películas de finales de los 50, con Pepe Isbert o Manolo Morán como protagonistas. Más tarde llegaría El Fary a la televisión con aquel “Menudo es mi padre”, donde éste ejercía de taxista autónomo y que llegó a convertirse en el fan de “Torrente”, aquel policía maleducado conocido como “el brazo tonto de la ley”. Pues bien, algo semejante deberían promover las diversas asociaciones de bares y restaurantes. Hay camareros que sirven barras y mesas con insolencia, como si hicieran la caridad de atendernos. Y algunos frescos, nada profesionales por cierto, hasta se permiten el tuteo. La vida cambia y las personas también. Se acabó para siempre ir de chaquetilla blanca y corbata al estilo de Lucio Blázquez, el actual dueño del antiguo Mesón Segoviano, en la Cava Baja madrileña. Hasta para servir unos huevos fritos con puntillas hay que echarle salero al oficio y tener ganas de agradar al cliente, que para eso paga. El aseo y la corrección se dan por entendidos cuando se trabaja de cara al público. Curiosamente a nadie le gusta ir de uniforme ni de balandrán, salvo a los prelados, los príncipes, los militares de cierta graduación, ciertos petimetres de salón y determinadas damas de capotillo de dos faldas, cuando se engalanan de solemnidad en determinadas ceremonias; a los toreros en tarde de faena; y a los chavales en su primera comunión, el día que sus padres confunden lo que significa recibir un sacramento con los entorchados de abrecoches de hotel y el deseo irresistible de que sus hijos se disfracen de marinerito albo. De hecho nadie se casa vestido de cartero, de policía local o de jefe de estación. Son profesiones dignas, pero sus uniformes transmiten escaso lucimiento. Los repartidores de correspondencia ya no llevan gorrilla ni aquella tremenda cartera de piel de vaca colgada al hombro. Ahora, más ligeros de equipaje, arrastran un carrito como los de la compra en el súper; los policías locales portan un gorro ajedrezado y una prenda azul, amarilla en la parte superior, que recuerdan aquellas chaquetas que usaba en escena El Titi cuando cantaba “Libérate”; y a los jefes de estación ya no se les ve por los andenes con el banderín, el quepis rojo y el traje azul con botonadura dorada. Los trenes ya no silban cuando arrancan ni requieren la orden de salida con banderín plegado levantado y silbato. Salen a la hora marcada y una vez que el disco de enclavamiento se ha puesto verde. Pronto desaparecerán la montera, el solideo y la gorra de visera de la misma manera que ya lo hicieron el tricornio, la teja, el bonete y el gavión. Me parece correcta, como señalaba al principio, la medida adoptada por las asociaciones de taxis madrileñas. Entrar en un vehículo y que su interior no huela a chotuno hay que agradecerlo a tambor batiente.

Las Cortes de Aragón que preside José Ángel Biel ha derogado hoy la Ley de Lenguas de 2009 auspiciada en su momento por Marcelino Iglesias. El reconocimiento de que en Aragón se hablaban tres lenguas, castellano, catalán y aragonés, no gustó nunca a la coalición PP-PAR y, ahora, con mayoría en el Gobierno de la Comunidad ha cortado por lo sano. Aragón, tiene alrededor de 1.200.000 habitantes, de los que casi la mitad viven en Zaragoza, capital de un desierto. El catalán, en sus variedades de pallarés y leridano o, dicho de otro modo, el catalán ribagorzano, más conocido como “chapurriau”, lo hablan en la actualidad alrededor de 60.000 ciudadanos aragoneses, tanto en las Comarcas Orientales (Ribagorza, La Litera, el Bajo Cinca, Bajo Aragón y Mataraña) como al sureste de la provincia de Teruel (Rubielos de Mora, Olba, Cantavieja y Mosqueruela), donde se utilizan las modalidades de Aguaviva y La Ginebrosa, es decir, el “valenciano de transición”, que no es cosa distinta que un raro lenguaje que allí denominan “churro” o “segorbino”, derivado del valenciano. Pues bien, tanto la lengua catalana en sus dos modalidades como el dialecto aragonés, que solo lo hablan alrededor de 12.000 personas en el Pirineo, desde 1984 se enseñaban en los colegios de esas zonas como lenguas optativas. Según datos del Instituto Aragonés de Estadística referidos a 2004, el 90,2% de la población de las Comarcas Orientales comprende el catalán, el 68,2% sabe hablarlo, el 60,2% sabe leerlo y el 23,3% sabe escribirlo. Los datos del dialecto altoaragonés o fabla, que hablan en Ansó, Hecho, etcétera, son insignificantes. Ese dialecto, en sus variedades de ansotano, cheso, aragüesino, aisino, jaqués, patués, etcétera, está en franca extinción y, a mi criterio, no merece mayor comentario. Sólo un grupúsculo de “románticos”, entre los que se encuentra el grupo político Chunta Aragonesista (CHA), al que perteneció el recordado José Antonio Labordeta, recordado por sus “salidas de tono” en el hemiciclo de la Cámara Baja, intenta conservarlo a toda costa. Pero a mí entender no pasa de anécdota. Y, como digo, las Cortes de Aragón han decidido derogar la ley de lenguas de 2009, con la oposición de PSOE, CHA e IU, y el catalán y el aragonés pierden su nombre. El catalán se llamara a partir de ahora LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) y el aragonés, LAPAPYP, es decir, Lengua Aragonesa Propia de las áreas Pirenaica y Prepirenaica. Según comenta en su edición digital el diario Heraldo de Aragón, “la oposición considera que Aragón ha hecho ‘el ridículo’ con los cambios”. Esto de las lenguas autóctonas tiene su aquel. Como decía mi amigo Salvatella, día llegará que el DRAE se verá obligado a definir “lengua” en una de sus acepciones académicas como “órgano sexual que utilizaban los antiguos para hablar”. Todo se andará si la coalición PP-PAR se hace resistente, como el bacilo de Koch.

En España, al menos, a los nuevos ministros, además de exigírseles la jura o promesa del cargo ante el Rey y el presidente del Gobierno, no estaría de más que se les demandase un documento acreditativo de haber recibido con anterioridad el sacramento de la Confirmación de manos del obispo de una diócesis. Aún siendo conscientes de que el artículo 16.3 de la Constitución Española establece el principio de la aconfesionalidad del Estado, puesto que tales servidores públicos van a aprobar cada viernes en los correspondientes Consejos de Ministros medidas de importante calado que afectan al ciudadano, bueno sería que éstos, los ministros, estuvieran imbuidos por los siete dones del Espíritu Santo, que se logran merced a ese sacramento: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. De esos siete dones, doy por hecho que los dos últimos, piedad y temor de Dios, son una constante en el espíritu del partido gobernante, es decir, del Partido Popular, como quedó demostrado con el vestido negro y la peineta de María Dolores de Cospedal durante la última procesión del Corpus en Toledo, donde recibieron tanto ella como Rajoy el cerrado aplauso de “un baño de multitudes” a su llegada a la céntrica Plaza de Zocodover para presenciar la procesión; o con el agradecimiento de la ministra Báñez en el Año Jubilar rociero, al comentar a la prensa el pasado año, refiriéndose a la Blanca Paloma, que “nos ha hecho un regalo en nuestra salida de la crisis y en la búsqueda del bienestar todos los días de los ciudadanos”. Por tanto, los dos últimos dones se dan por bien recibidos del Espíritu Santo. Pero los otros cinco dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza y ciencia, son harina de otro costal. Las explicaciones de Cospedal sobre Bárcenas, cuando declaró a los medios que éste se había beneficiado de una indemnización “en diferido”, es decir, que “recibió una indemnización fracturada, en diferido, hasta diciembre de 2012, y que también se acordó por las partes los pagos a la Seguridad Social y las retenciones de IRPF”, o sea, una “simulación” de “retribución”, parece ser que el Espíritu Santo estaba en otras cosas y el resultado de la explicación no pudo ser más peregrino. Rajoy se explica menos y ahora pretende hacer un “pacto” con el resto de las fuerzas políticas para activar políticas de cambio, siempre que esas fuerzas políticas acuerden por escrito lo que él desea pactar, sin ningún tipo de concesiones. Pero, claro, tal iniciativa no tiene nada que ver con un pacto de Estado, sino con la pretensión de involucrar de forma perversa y mediante el apoyo incondicional del resto de los partidos el resultado a su evidente política errática.

Patrimonio Nacional encargó un retrato de la familia real hace 17 años y abonó alrededor de 300.000 euros hace diez años al pintor Antonio López. Pero como las cosas de palacio van despacio, tal es la fecha en la que la entrega no ha sido realizada y Patrimonio, harto de esa tardanza, ha dado un toque al pintor para que agilice la obra en la que están plasmados el rey, la reina y sus tres hijos, trabajando siempre sobre fotografías. A mi entender, lo menos que le puede pedir a una estatua es que no se mueva y, de la misma manera, al retratado que pose ante el artista el tiempo necesario. Pero posar durante 17 años parece excesivo; más ahora, cuando el rey tiene problemas para permanecer de pie tras sus operaciones de cadera y hernia discal. Pero Antonio López nunca tiene prisa, como pudo verse en la película de Víctor Erice, “El sol del membrillo”. Si a López le costó Dios y ayuda poder pintar un membrillero en el patio de su casa, imaginen lo que le costará hacer un retrato de cuerpo entero con toda la familia real, teniendo en cuenta que de 17 años para acá ni los reyes ni el príncipe ni las infantas tienen el mismo aspecto físico ahora que en 1996, cuando se realizaron los primeros bocetos. Antonio López, a mi entender, necesita que le dejen a su disposición los jardines de Sabatini, entre la calle de Bailén y la cuesta de San Vicente, por ver si se concentra y da unas pinceladas certeras con la dudosa luz del día mientras entona aquello de “cariño, cariño mío, / ramito de mejorana, / espuma que lleva al río, / lucero de la mañana”. La cosa es que lo termine antes de que reine Leonor de Borbón Ortiz. Comprendo que la cosa tiene tela, nada menos que 3’40 metros de longitud por 3 metros de altura. Convendría sacarlo de donde ahora se encuentra, o sea, la sala contigua a la Capilla Real. Antonio López, que es hombre manchego, de Tomelloso, necesita luz y que sus protagonistas no cambien de atuendo y que guarden entre ellos algo de distancia, para que corra el aire. Y eso lo digo porque el atuendo de la reina pasó de ser un traje de color vainilla a otro estampado; y la distancia entre el príncipe y la reina ha variado en distintas ocasiones. Antonio López tiene dicho que “una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades”. Y si eso lo ha dicho Antonio López, no queda otra que armarse de paciencia.

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, organizadora de los exámenes y dependiente de la Consejería de Educación, "llama hexágono a los octógonos del ejercicio de la página 9 del cuadernillo de Matemáticas". Hexágono se puede escribir con hache inicial o sin ella. El DRAE lo justifica “porque ha sido una escritura muy común durante varios siglos”. No sucede lo mismo con heptágono, al que no se le debe quitar esa ache inicial al no haber tenido esa tradición escrita. Octógono u octágono, que de las dos formas puede decirse, se debe de escribir tal cual. Hexágono, aquí y en Venta de Baños, es un polígono de seis lados; y octógono, aquí y en Torredonjimeno, de ocho. Y dicho eso, confundir hexágono con octógono, como ha hecho esa Agencia Andaluza de Evaluación, equivale a confundir el culo con las cuatro témporas. Al responsable de esa Agencia habría que colocarle unas orejas de burro y ponerle mirando al encerado el tiempo que dura leer los cuatro evangelios con voz pausada. Pero según leo en “Libertad digital”, ya existió un “antecedente escandaloso” en 2008. “Entonces, -y así lo cuenta ese diario digital- en cada pregunta de la prueba de diagnóstico que puso en marcha en el mes de octubre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, si los alumnos no contestaban o equivocaban la respuesta recibían un punto. Si la contestaban adecuadamente, recibían 4 puntos. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la prueba de Matemáticas para Enseñanza Primaria y 2º curso de ESO, que tenía 18 preguntas, si un alumno o alumna no respondía a ninguna o se equivocaba en todas, obtendría 18 puntos, el 25 por ciento de los puntos posibles”. De esa manera, el nivel medio subía, con lo que se falseaba una realidad tangible en Andalucía; o sea, el tremendo fracaso escolar existente. Vamos, que al final Griñán hará bueno a Wert, el ministro más desprestigiado en las encuestas. ¿Estas cosas, pese a ser tristemente ciertas, las hubiese sacado ahora la prensa de la derecha de haber ganado Arenas en Andalucía?

Felipe González dice ahora que sobran las provincias y que ningún país europeo tiene cuatro niveles de administración. Bueno, pues que las quiten de una maldita vez y así, de paso, desaparecerán ayuntamientos y diputaciones provinciales. Y ya puestos a suprimir, que supriman esas comarcas provinciales de nuevo cuño para colocar a amiguetes, las delegaciones del Gobierno, recaudadoras de multas a tutiplén y las empresas ruinosas donde se inyecta capital público. Además, que privaticen la Renfe, que desaparezcan asesores de no sabemos qué, coches oficiales hasta el nivel de secretario de Estado, bandas de música militares, televisiones regionales que cuestan un Congo, el Senado por su falta de eficacia, la mitad de los ujieres del Congreso, la guardia real, las policías autonómicas, que se revisen los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, etcétera, etcétera. Adelgazar la Administración es necesario en un país que hace aguas y donde a muchos ciudadanos ya se les clarea la raspa. Cuenta Pablo Sebastián que “hace falta dinero en ayudas e inversión pública y que circule el crédito hacia las empresas” y “en la Zarzuela –como también cuenta José Oneto- se pretende relanzar el papel moderador de la Corona para propiciar pactos, acuerdos y consensos en unos momentos en que todas las Instituciones políticas, incluida la Jefatura del Estado, están en crisis. (…) Pero el Rey, que heredó todos los poderes del general Franco y que, con la Constitución de 1978, renunció a todos esos poderes, tiene muy limitadas sus funciones”. Entonces, ¿para qué sirve en la praxis el artículo 56 de la Constitución? Que alguien me lo explique para que lo pueda entender. La Monarquía pasa por malos momentos en las encuestas (el CIS la rebajó a un suspenso del 3,68 %) y desde la Zarzuela se pretende hacer algo para corregir esa tendencia, aunque no se sabe muy bien qué. La última versión de Mogambo, con Corinna a lo Grace Kelly -léase Bostsuana- algo ha tenido que ver con esa tendencia a la baja en las encuestas. Ya no sirven ni los fomentos ni las cataplasmas ni las sanguijuelas de Margarito Cormán, practicante de Saviñán, que eran las mejores de España, y así se anunciaban en el periódico “La Derecha”, que editaba Manuel Joven Gascón en la última década del s.XIX.