EL BLOG DE JUANMAROMO. Poesía, Música, Pasión.

JOAN BARRIL

Tal día como hoy, de hace muchos años, murió el dictador. Y tal día como ayer de hace todavía más años las mujeres votaron por primera vez en España. A veces las cosas obvias cuestan. La democracia es ese sistema imperfecto que merece las alabanzas de los gobernantes, pero que despierta todo tipo de suspicacias. La democracia solo es buena cuando se la reparten aquellos que creen que han sido llamados al Gobierno.

Nadie quiere que en el recuento participen advenedizos. Esta España que hoy justifica los bombardeos a países lejanos y que denuncia los déficits democráticos de sus instituciones no quiere darse cuenta de que el voto de las mujeres solo tiene 75 años. Y que durante cuatro décadas la urna fue en España un invento del diablo.
De todas las causas realmente angustiosas de la convivencia humana, el acceso de las mujeres al sufragio es algo que merece una reflexión. Ya no solo se trata del voto, sino de los motivos que llevaron durante tanto tiempo a negarles el voto a las mujeres. Y no se trata ahora de considerar que la feminofobia electoral fuera un rasgo genuinamente español.

Otros países que durante años han sido un ejemplo de orden y de supuesto rigor no abrieron el derecho del voto a las mujeres hasta hace bien poco. Suiza lo aprobó en 1971 y las mujeres de Liechtenstein no consiguieron su sufragio hasta 1984. Eran años en los que estos bastiones del capitalismo europeo no eran muy distintos, democráticamente hablando, de las dictaduras del Pacto de Varsovia. Pero pocos meses antes de que se empezara a asolar Afganistán para encontrar a Bin Laden y para sacar el burka de las mujeres afganas, el Cercle del Liceu de Barcelona aprobó en una tumultuosa asamblea la posibilidad de que las mujeres pudieran ser socias de tan selecta institución. Eso sucedía el 2 de abril del 2001, como quién dice, anteayer.
¿Qué extraño atavismo ha conseguido esa marginación política de la mujer durante el siglo XX? Las manifestaciones de las llamadas «sufragistas» de principios del siglo pasado, con sus sombreros y sus miriñaques, tuvieron que enfrentarse a hombres barbados que clamaban por la negativa al sufragio femenino.

De nada habían servido las declaraciones de independencia de tantos países americanos ni la declaración de los derechos del hombre. La mujer continuó en la sombra política hasta que la primera guerra mundial llevó a muchas de ellas a los campos de batalla y la segunda significó la incorporación a un sistema productivo para suplir a los obreros que cambiaron la llave inglesa por el fusil.
Pero hablábamos de España y de esos derechos constantemente puestos en duda por el sistema. El voto femenino de 1933 llevó a la derecha al poder, dicen algunos. Pero las milicianas del Frente Popular combatieron en primera línea contra el fascismo. Luego todo fue un nuevo paso atrás. Hoy se nos hace difícil contarle a una chica universitaria que, no hace tanto tiempo, la mujer, por el simple hecho de serlo, necesitaba el permiso marital para abrir una cuenta corriente o para comprarse un coche a plazos.

Setenta y cinco años de voto femenino nos llevan a pensar que esta conquista política ya es irreversible y que, de ahora en adelante, tal vez la democracia podrá ser abolida por la fuerza de las armas, pero, en el supuesto de que lo sea, será una abolición para todos. El mundo no está completo y la igualdad ciudadana continúa siendo una causa. Pero hoy es un día feliz para las mujeres y un día de contrición para ciertos hombres.

Si algo funciona, mejor no arreglarlo. Esa es una máxima de los fontaneros con experiencia. Las reparaciones suelen arreglar cosas, pero acaban estropeando otras. Los efectos secundarios de algunos fármacos son de lectura alarmante, porque para aliviar un pequeño dolor el riesgo de contraer dolores mayores es enorme. Lo mismo sucede en la política legislativa. Con el agravante de que la decisión de un fontanero (único, gracias a la democracia, y que dure) acaba siendo una decisión más o menos consensuada de 350 fontaneros a cual más inexperto. El resultado es aquel viejo aforismo, atribuido apócrifamente a Winston Churchill, que dice que «un camello es un caballo diseñado por un comité de expertos».
Salió el sábado la vicepresidenta del Gobierno para anunciar, entre otras cosas, la ampliación de la ley del aborto. Probablemente, la ley del aborto no acaba de funcionar. Pero, ¿su mal funcionamiento se debe a la propia ley o a aquellos que impiden su aplicación? Ahora, el Gobierno, erre que erre, regresa con su reforma y mantiene uno de los puntos más controvertidos de su articulado. Concretamente, el que hace referencia a que las chicas de 16 años --esas a las que se les niega el derecho al voto-- pueden someterse a un aborto sin necesidad de que sus padres sean ni siquiera informados de esa decisión. Nada que objetar a la decisión de la señorita de 16 años. Algo sucede en su familia para que una decisión de tanta trascendencia no le sea comunicada a los padres. Y eso no hay ley que lo arregle. Cabe suponer que, en uso de su intimidad, tampoco informa a sus padres del momento y el lugar de sus relaciones íntimas. Nada que objetar, pues, a considerar esa mayoría de edad de 16 años que, insisto, no se le es reconocida a la chica en cuestión en asuntos como el voto.
Pero, ¿realmente esa ampliación va a llevarse a la práctica? Hasta ahora, las chicas de 16 años requerían el consentimiento paterno en tres casos: aborto, ensayos clínicos y fecundación asistida. Ahora, el Gobierno ampara a las abortantes de 16 años. Pero un aborto no es una aspirina. Se trata de un acto quirúrgico más o menos cruento. Nadie aborta en un self service. Y aun en el supuesto de que la joven paciente encontrara a un comité de ginecólogos y pediatras que autorizaran la intervención, ¿quién ha hablado, por ejemplo, con los anestesistas? ¿Se imaginan una ley aprobada que no puede llevarse a la práctica porque un colectivo imprescindible se niega a participar en la interrupción del embarazo juvenil? Las mejores leyes se estrellan cuando dejan de ser leyes y se convierten en un pretexto de confrontación política. Un aviso: la ampliación del aborto no es ni neutra, ni fácil, ni afecta únicamente a las menores de edad. Y una ley que no puede cumplirse acaba poniendo en ridículo al Gobierno que la impulsa.

JOAN BARRIL

JOAN BARRIL

Una banda de asesinos te mata al marido y lo mejor que puede hacer la viuda es sufrir en silencio. Si alguien ha de hablar, que sea cualquiera menos la viuda. Así ha opinado la dirección del PNV ante las honras fúnebres del inspector Puelles. También en la India, y hasta hace muy poco –el último caso tuvo lugar en el 2006–, un tenebroso ritual llamado sati llevaba a las viudas a ser incineradas vivas en la pira en la que se consumían los restos de su esposo. Cabe imaginarse a la esposa del inspector Puelles, con quien ha dormido y ha desayunado, recibiendo la noticia de la cruel muerte de su marido. ¿Qué le queda a esa viuda sino la palabra?
Pero para algunos es mejor que las viudas no hablen, y menos en público, y mucho menos con un micrófono, porque la palabra de viuda, por lo visto, puede exacerbar los ánimos de la población. En otras palabras: que la palabra de una viuda es mucho más ofensiva que la bomba. Será que la bomba no provoca indignación ni dolor. Será que en la lógica de algunos políticos perplejos, el Mal no está en quien mata, sino en aquellos que no se resignan a enmudecer junto a las llamas que acabaron con el marido.
En todas las culturas se sabe lo que es el Bien, la solidaridad, el respeto, la abnegación y la ayuda mutua. De la misma manera, creíamos saber lo que era el Mal. Dábamos por supuesto que el Mal forma parte de la humanidad entera, pero que el Mal avergüenza a los que lo practican. Por lo visto no es así. En los últimos dos días hemos visto cómo la mala fe y el desprecio por los ciudadanos entraba en una extraña balanza. Más allá de los habituales e incomprensibles gestos con los que el entorno de ETA acostumbra a mirar hacia otro lado cada vez que hay muertos de por medio, lo cierto es que el Mal se ha banalizado.
Bombardeos arbitrarios, presos sin cargos, malos tratos cuyas víctimas alienadas interpretan como actos de amor. Todo eso forma parte de la gran tragedia humana. Pero ya no se saben las fronteras entre el delito y la travesura. De ahí que en estos dos días hayamos visto cosas inauditas como, por ejemplo, que un ladrón como el Dioni haya conmemorado en una fiesta pública el 20° aniversario de su gran golpe con una tarta que representaba el furgón de caudales de donde se había llevado el dinero. Y hablando de dinero: ¿dónde tiene usted su fortuna, Dioni? Y el héroe respondió: «¡No se lo dije a la Guardia Civil y ahora te lo voy a decir a ti!».

JOAN BARRIL

La llamada reforma de la ley de salud sexual, también conocida como ley del aborto, ha sacado a la luz algunos aspectos de la controvertida mayoría de edad. Se enfrentan dos concepciones cada vez más alejadas. Una de ellas es la que considera que las responsabilidades de los jóvenes son cada vez mayores y a edad más temprana. La contraria se plasmaría en una actitud sobreprotectora propia de una adolescencia demasiado larga.
En el fondo de la cuestión está la presencia de los padres, que en el caso del aborto a los 16 años puede desaparecer. Ese es el segundo principio que puede caer con la aprobación de esa ley. Se nos propone que, para un aborto a los 16 años, los padres no hace falta que estén ni siquiera informados. La consellera Marina Geli insiste en la pintoresca propuesta de que las chicas en trance de aborto puedan ir acompañadas por una persona adulta, que, por lo visto, jamás estará tan mal vista como los padres.
En todo este lío, ya no se trata de rebajar la mayoría de edad de los jóvenes a todos los efectos. También aparece un nuevo elemento: la extinción de la responsabilidad parental. Esa reforma propone que se sea padre hasta los 16 años. A partir de aquí, las relaciones paterno-filiales van a verse determinadas por la voluntariedad y esperemos que por la cordialidad. Y es que esa reforma, que con tanta algarabía nos propone el Gobierno, puede conllevar no pocas contradicciones. Hasta ahora, la responsabilidad subsidiaria de los padres era evidente. Su hijo de 16 años, en un alarde de barcelonismo mal entendido, se dedica a cargarse los cristales de los escaparates. El heroico gamberro es detenido por los Mossos. ¿Quién creen ustedes que va a pagar los desperfectos? Ese mismo menor es multado por la posesión o por el consumo de una china de hachís y ya ven a los padres rascándose el bolsillo. Los tutores del instituto llaman a los padres para informarles del bajo rendimiento escolar de su hijo. ¿Se imaginan a esos padres diciendo que ellos ya no tienen nada que ver con su hijo porque él considera que puede hacer lo que le plazca sin informarles?
En esa ausencia forzada de la figura paterna solo ante el derecho del aborto a los 16 años se abren muchos vacíos y no pocas dudas. Si usted, padre o madre, acude a un hospital público ante la sospecha de una apendicitis de su hija, será informado de las consecuencias posibles de aquella intervención y le pedirán la autorización. Se la pedirán a su hija y también a usted. La apendicitis reconoce a los padres una tutela y un derecho a la información que el aborto les niega.
Pero vamos un paso más allá. El hecho de ser padres no implica ser buenas personas. Imaginemos que su hija se acoge a esta ley y se somete al aborto acompañada, eso sí, por la profesora de gimnasia o por la portera del inmueble, pero en ningún caso informando a sus padres. Toda intervención quirúrgica, incluso las menos complicadas, puede desembocar en una complicación. Imaginemos que, a raíz de ese aborto, la complicación surge y los padres descubren el pastel. ¿Quién va a limitar entonces la legítima demanda de responsabilidades a una supuesta mala praxis médica? Y, ante el temor de que esto suceda, ¿han pensado los impulsores de esa reforma que pueden encontrarse con una total objeción de los médicos a practicar abortos en estas condiciones? Ya no sería una objeción de conciencia, sino una simple medida de autodefensa. Que lo piensen: una ley así está reñida con la frivolidad.

JOAN BARRIL

En el gran carnaval de la política lo importante no es la verdad, sino los disfraces. Lo importante no es la sospecha, sino los defectos de forma. Los más viejos del lugar recordarán el famoso caso Naseiro, un episodio de corrupción que afectó a importantes cargos del PP, cómo no, de la Comunidad Valenciana. El caso Naseiro dejó de ser un caso porque las cintas telefónicas grabadas de las que se infería su culpabilidad tenían problemas de credibilidad judicial. Ya saben el latinajo que dice in dubbio, pro reo: ante la duda hay que actuar a favor del presunto culpable. No suele ser así.
Pero una cosa es salvar a alguien de la cárcel por un bienintencionado garantismo, y otra, el mantenimiento de los sospechosos al frente de organismos de gobierno. En el ya famoso caso de los vestidos de Francisco Camps es evidente que se trata de un hecho penalmente menor, pero políticamente relevante. Sin embargo, la reacción política ha sido de grandes alharacas y de adhesiones incondicionales. Cuando conviene, los jueces son el brazo del pueblo. Cuando no conviene, los magistrados son unos sicarios del Gobierno.
Y es entonces cuando se explica que las pequeñas trapacerías textiles de un gobernante se cubran con los gritos de “presidente, presidente”. Los que se llenan la boca con el Estado de derecho tienen un concepto gaseoso del derecho y una idea patrimonial del Estado. Al Estado y al derecho se les ha de defender con una apelación a la confianza del ciudadano. Mal contribuye esa juerga popular que envuelve al imputado Camps a la credibilidad de la política. La dimisión es algo que ya no se lleva. Hoy, tras tanta comedia con los trajes, un niño puede decir --como en el cuento infantil-- que el presidente valenciano va desnudo.
La fórmula es responder al ataque judicial con el griterío de las gentes. La justicia ya no es el resultado de unas leyes y de una investigación. La justicia se está convirtiendo de nuevo en algo asambleario, como los antiguos griegos que mandaban a sus ciudadanos innobles al ostracismo a base de depositar sus piezas en forma de concha de ostra en el cesto de la inocencia o de la culpabilidad. Alguien se ha dado cuenta de que la opinión pública se mide por decibelios que pueden alterar el silencio de las sentencias.
Ahí está, por ejemplo, uno de los máximos encausados, Álvaro Pérez, también conocido como el Bigotes. Pues ahí, al palacio de justicia, llegó el Bigotes con los bigotes puestos. No solo eso, sino que alguno de sus simpatizantes --¿cómo se puede simpatizar con la sospecha de delito?-- no dudó en enarbolar pancartas en las que campaba un enorme mostacho negro como el del imputado de Orange Market.
En este curioso vodevil del Partido Popular ha regresado la época de todas las batallas antiguas. Los bigotes de Álvaro Pérez ya no son un adorno piloso, sino una prueba de resistencia. Más aún: es un logotipo de la resistencia del chanchullo frente a la justicia. Si el tal Pérez fuera un noble, imprimiría sus bigotes sobre un campo de gules y con esa plasmación heráldica marcharía como un caballero andante para decapitar a sastres infieles y arrancar puñetas torcidas. Gracias, el Bigotes, por darnos motivos de risa en el hastío político.