Jubilatería: Bitácora de un jubilata

En España no son la justicia ni los complejos problemas sociales lo que prima en los medios de comunicación ante las elecciones del 9 de marzo. No se ocupan de la reforma de la Justicia, ni de un eficaz ordenamiento de un Parlamento que se desvirtúa, ni tratan de las áreas propias del Poder ejecutivo: enseñanza, sanidad, justicia social, pensiones, medio ambiente, integración de inmigrantes, reinos de taifas en que se están convirtiendo las autonomías, exportaciones, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías, agricultura, urbanismo y la creación de un espacio de encuentro entre los países del Mediterráneo y apertura de países afines. Desde los medios de comunicación, los políticos bombardean con insultos y descalificaciones, con amenazas apocalípticas y planteamientos totalitarios que obedecen a ideologías sectarias por excluyentes de los otros.
Los “otros” ya no son adversarios sino enemigos radicales movidos por el “odio” a Dios, a la familia, al orden natural y a una interpretación fundamentalista de la existencia. Se diría que no ha habido Ilustración ni Enciclopedia ni Revolución francesa ni movimientos y conquistas sociales ni libertades y derechos fundamentales del ser humano consagrados en Declaraciones Universales de derechos, ni Concilio Vaticano II. Causa desolación y tristeza esta pobreza de razonamientos y esta agitación que nos amenaza con el caos. Se actúa como si no hubiera habido un auténtico progreso y conquistas sociales irrenunciables y que nos encontramos en plena revolución de las comunicaciones que pueden facilitar una sociedad universal más justa y más libre, más humana y solidaria.
Desde todos los ámbitos se lanzan proclamas alarmistas.
La asociación de “Jueces para la Democracia” pide que los obispos que se han echado a las calles en mítines partidistas se autofinancien sin acudir a las arcas públicas. Denuncian las presiones de la Iglesia sobre el Estado en una nación regida por una Constitución que consagra la no confesionalidad del Estado.
El comunicado de los magistrados, El laicismo amenazado, denuncia “la ofensiva ideológica en España por parte de la Iglesia como institución en contra de una idea de contenido constitucional que las sociedades modernas exigen: separación del Estado de las confesiones religiosas, neutralidad pública respecto a las creencias religiosas particulares, fin de las situaciones de privilegio injustificado”.
Recuerdan que a los Obispos “no les basta controlar y adoctrinar gran parte del sistema educativo español y una buena parte de la sanidad privada, tener una presencia permanente en los actos e instituciones públicas, contar con un sistema de beneficios fiscales y subvenciones del Estado que permiten su solvencia económica” pues reclaman más, “demonizando todo concepto de educación, familia, relaciones sexuales, avances científicos o libertades civiles que no sea el de la moral católica”.
Los jueces remiten a la doctrina del Tribunal Constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y subrayan que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la libertad religiosa, así como “el derecho que asiste al creyente a creer y conducirse personalmente conforme a sus convicciones y que no está sometido a más límites que los que le impone el respeto a los derechos fundamentales ajenos”.
En el comunicado piden medidas concretas: que la Iglesia se autofinancie sin acudir a las arcas públicas, una ley de plazos para la interrupción del embarazo, regular la eutanasia tras un debate social, suprimir la religión como materia que las escuelas están obligadas a impartir, y retirar los símbolos y las ceremonias religiosas de las centros públicos.
Asimismo, las universidades católicas se enfrentan al Gobierno contra su política educativa y manifiestan su intención de defender una educación fundada sobre la fe católica.
Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación San Pablo-CEU afirma su oposición tajante a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Miguel Lluch, de la Universidad de Navarra, considera que “si eliminas el elemento religioso de tu programa educativo, no estás optando por la neutralidad; estás eligiendo un programa educativo con una visión del mundo determinada”. Clemente López, de la Universidad Francisco de Vitoria, considera que “la educación en la fe y la moral” son “parte indispensable de la formación humana”, por lo que no pueden excluirse del sistema educativo. El presidente de la Universidad San Antonio de Murcia, Jorge Luis Mendoza, manifestó que “tiene muy clara su intención de colaborar con la Iglesia en la tarea de la nueva evangelización haciendo presente la fe en el mundo de la cultura e iluminando la razón del hombre”.
Es grave que se traslade a los medios y a las aulas una confrontación política que debería tener lugar en otros ámbitos para fomentar la participación ciudadana clave del sistema democrático que tantos esfuerzos ha costado conseguir.