80.32.113.242 4981 2009-11-01T03:09:33Z 1647864 Por estrambótico que pueda parecer, el inicio de la denominada operación Petronia es muy lejano en el tiempo y en el espacio. Todo comenzó en una investigación sobre las cuentas de la Expo´92 en Sevilla. En esa operación, el ahora director de la Oficina Antifraude y entonces fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, registraba un despacho del BBVA cuando descubrió al azar un manual secreto de productos fiduciarios y una cuenta corresponsal que, presuntamente, se utilizaban como guía para el blanqueo de capitales y evasión fiscal. El hallazgo provocó que Martínez Madero redactara un escrito a la Audiencia Nacional. Por reparto, la investigación cayó en Garzón. Cuatro años después, en enero del 2004, la Fiscalía Anticorrupción presentó una lista de 600 clientes del extinto Bilbao Vizcaya que entre 1998 y el 2001 utilizaron una cuenta que la filial tuvo abierta en Madrid, a nombre de la filial del grupo BBV Privanza Bank Jersey. A resultas de esa investigación, se descubrió que el banco había externalizado sus servicios de movimientos de capital en paraísos fiscales, unos trabajos que presuntamente realizaban varios despachos de abogados, entre ellos Petrus en Barcelona, y De Miguel abogados y Morgan & Morgan en Madrid. De los papeles hallados en el despacho De Miguel se estiró hasta llegar a la trama Gürtel, y en el despacho Petrus apareció documentación que condujo a las detenciones de ayer. lois 398803 1 0 1 80.32.113.242 4981 2009-11-01T03:14:10Z 1647866 LLUÍS PELLICER - Barcelona - 01/11/2009 . El País La trama de corrupción urbanística de la Operación Pretoria sigue extendiéndose desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet a otras instituciones catalanas. El Gobierno de la Generalitat se ha visto ahora salpicado por la supuesta implicación de un alto cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), su empresa pública de urbanismo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga la trama, sostiene en su auto que el gerente del Incasòl, Emili Mas, mantuvo conversaciones con cuatro de los imputados para falsificar facturas que justificaran el desvío de 1,3 millones que el consistorio había recibido de la Unión Europea. El auto liga a filiales de las cajas Cataluña y Laietana con el pago de comisiones Tras conocer el auto de Garzón, los responsables del Incasòl -dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda- decidieron "revisar" todas "las gestiones" que hayan realizado con el Ayuntamiento de Santa Coloma. Garzón indica que entre el 16 y el 29 de abril se supo de la "posible emisión de facturas" por parte del consistorio para justificar el empleo de unos fondos comunitarios a través de los contactos que hubo entre el gerente del Incasòl, Emili Mas; el ex diputado del PSC Luis García, Luigi; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el director de Servicios Municipales de la ciudad, Pascual Vela, y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que Luigi y Mas mantuvieron conversaciones. El juez señala que el consistorio modificó supuestamente el destino de los fondos que recibió de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en la ciudad, cuya gestión correspondía a la empresa pública Gramepark. Con las facturas falsas, el Ayuntamiento pudo haber justificado, según el auto, el "empleo irregular" de los fondos comunitarios. Emili Mas, que fue gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, rechazó contestar ayer a este diario si estaba al corriente de la falsificación de facturas. El Incasòl, en un comunicado, mostró ayer su "máxima disposición" para colaborar con el juez, que ha imputado a nueve personas por posibles delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y fraudes a Hacienda y de subvenciones. El auto, además, menciona a dos ex altos cargos más de la administración catalana, aparte del ex consejero Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, ambos imputados. Según el auto, Lluís Renau, director general de Seguridad Ciudadana de Jordi Pujol entre 1984 y 1989 cobró 120.000 euros de la sociedad Badalona Builing Waterfront, implicada en un pelotazo urbanístico en 2003. Renau y Luigi -al que la investigación apunta cómo el cerebro de la trama corrupta-, ya habían sido socios entre 1996 y 1998 en las empresas de urbanismo Immodarder y Iniciatives i Infraestructures. También recibió un pago de Luigi, según el juez, Ginés Carbó, que fue jefe del Servicio de Planificación Territorial y luego coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona entre 2002 y 2004. Carbó percibió 244.011 euros por una operación urbanística en Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). La publicación del auto no sólo causó ayer revuelo en la Generalitat. A lo largo del día varias empresas se desvincularon de las ilegalidades que apunta Garzón. Entre ellas, Proinosa, presidida por el imputado Josep Singla, que se habría beneficiado de licitaciones irregulares en Santa Colom. El auto también señala a una filial de Caixa Catalunya y a otra empresa integrada por Caixa Laietana y Restaura. Ambas sociedades habrían pagado comisiones a Prenafeta en dos de las operaciones investigadas por el juez. Fuentes de Caixa Catalunya aseguraron que, pese a que no tiene constancia contable del pago, ha encargado a sus servicios jurídicos y a los auditores una radiografía de su inmobiliaria Procam. Restaura admitió que la compañía que comparte con Caixa Laietana pagó una comisión del 4%, que equivale a 389.440 euros más IVA, a Prenafeta tras comprar los terrenos de Llavaneres. La promotora recordó que adquirió un suelo finalista, es decir, sin necesidad de recalificación alguna, y dijo desconocer "los antecedentes y prácticas del vendedor [Luigi] y el intermediario [Prenafeta]". Anónimo 398803 1 0 1 80.32.113.242 4981 2009-11-04T02:28:37Z 1652831 El Estado financia con 2,9 millones de euros el pensamiento Aznar S.COLADO La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank que preside el ex jefe del Gobierno José María Aznar (PP) y con el que promociona su línea de pensamiento neoliberal, podrá seguir defendiendo lo perjudicial del intervencionismo público gracias a las ayudas económicas que ha recibido del Ministerio de Cultura. Concretamente recibirá 2.890.086,25 euros en 2007. Noticias relacionadasLa Fundación de Aznar recibirá en plena crisis económica 3 millones de euros de subvención... Se busca líder liberal coherente no crecido al calor del Estado El Gobierno ha repartido a través del Ministerio de Cultura 7 millones de euros entre fundaciones ligadas a partidos políticos, dinero que servirá para financiar sus informes y sus programas de promoción ideológica. A partir del próximo año y con la entrada en vigor de la nueva ley electoral, 2008, estas fundaciones empezarán a ser sometidas a controles parecidos a los que se aplican a las formaciones políticas. Le sigue la Fundación Pablo Iglesias Según ha aparecido en el BOE y ha difundido Europa Press, la asociación más favorecida es la FAES, vinculada al Partido Popular, con 2,89 millones de euros, seguida de Fundación Pablo Iglesias, del PSOE, presidida para Alfonso Guerra, que este año recibirá 2,82 millones de euros, según el listado definitivo de fundaciones perceptoras, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Resto de partidos La Fundación Rafael Campalans, próxima al PSC, obtendrá 470.000 euros, mientras que a centros vinculados a CiU, como la Fundación Trias Fargas, de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), o el Instituto de Estudios Humanísticos Coll i Alentorn, de Unió (UDC), se les ha asignado respectivamente 187.944 y 62.648 euros. Ya a continuación se sitúa la Fundación para la Europa de los Ciudadanos (IU), con 201.000 euros; la Fundación Nous Horizons (ICV), 58.690 euros o la Fundación L'Alternativa (EUiA), con 11.732 euros. La paradoja de la FAES Los centros ideológicos de todos los partidos con representación en el Parlamento, excepto PNV y Coalición Canaria, recibirán ayudas este año. Lo que hace especialmente significativa la ayuda a la FAES, además de ser la de mayor cuantía, es que este think tank defiende una concepción ultraliberal del Estado, condenando reiteradamente el intervencionismo público a menos que sea éste para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la propiedad privada, las reglas del libre mercado y el imperio de la ley. Se podría esperar por tanto un fuerte debate moral en el seno de la FAES sobre la conveniencia de aceptar o no ese dinero público. Anónimo 398803 1 0 1 4799