Theleme

Uno de los más grandes economistas de nuestro tiempo habla sin tapujos de la incompetencia y la locura de las elites político-económicas.

Harold Meyerson pone el dedo en la llaga: “De todos los hiatos que en los EEUU de hoy separan las opiniones de la elite y de la masa, tal vez la mayor sea ésta: las elites no creen realmente que estemos todavía en fase de recesión, o acaso es que no les preocupa”. Lo que resulta aún más sublevante es que, tras haber sido los mayores beneficiarios de la magnanimidad del gobierno en los dos últimos años, son precisamente ellos quienes ahora despotrican contra la política fiscal “irresponsable” e “insostenible” del gobierno.

La amnesia colectiva y la depravación moral de estas elites es verdaderamente inconcebible.

¿Por qué tenemos un déficit cercano al 10% del PIB precisamente ahora, cuando sólo era del 2% hace 3 años? Las razones: el estímulo de Obama, el plan de rescate bancario (TARP) y la ralentización de la economía (que respondió a una crisis fiscal de envergadura, no precisamente causada porque el gobierno comenzara a derrochar irracional e irresponsablemente). Una economía ralentizada lleva a menores ingresos (menos ingresos = menor recaudación fiscal, puesto que el grueso de la recaudación fiscal procede del ingreso y de los tipos marginales bajos) y lleva a mayores gastos en la red de bienestar social.

Convenientemente camuflados tras todo este furor sobre el défict están los beneficiarios de esta reciente prodigalidad pública. No son, desde luego, los desempleados, ni la gran mayoría de la gente que no trabaja en el sector de los servicios financieros.

Y basta ya de ese meme ahora imperante (--el último en regurgitarlo ha sido John Heilemann en un artículo para el New Yorker Magazine: “Obama is from Mars, Wall Street is from Venus” [Obama es de Marte, Wall Street, de Venus], según el cual los costes del rescate financiero son mínimos gracias a las medidas “exitosas” emprendidas para “salvar” a nuestro sistema financiero (como si valiera la pena salvarlo en su presente configuración). Con la señalada excepción de Simon Johnson, virtualmente todos los analistas pasan por alto que nuestra deuda pública en relación con el PIB ha pasado en 2 años del 40% del PIB al 90% del PIB como consecuencia directa de la crisis de 2008.

Huelga decir que los terroristas del déficit se ven ahora reforzados por ese hecho, olvidando convenientemente sus causas subyacentes. Lo mismo vale, con la conspicua excepción del mencionado Meyerson, para los periodistas que cubren la actualidad económica. En una economía de mercado, en la que la mayoría de nosotros tiene que trabajar para tener una existencia material, las amenazas planteadas por los Pete Peterson [1] y la brigada de halcones del déficit representan un verdadero asalto a nuestro derecho a trabajar. Como observa mi amigo Bill Mitchell, “los neoliberales socavan deliberadamente el derecho a trabajar de millones de personas, forzándolas a una situación de dependencia para luego entrar a saco en el sistema de bienestar y negarles el pobre alivio que ese sistema les proporciona.”

Las elites que se desgañitan contra este gasto público (señaladamente las de Wall Street) vienen a ser como alguien que proporcionara a otro cinco cajetillas de cigarrillos al día para luego escandalizarse del hecho de que su beneficiario hubiera contraído irresponsablemente un cáncer de pulmón.

¿Qué pasará con el déficit cuando la economía mejore, si llega a hacerlo? El estímulo de Obama y el TARP, pase lo que pase, se desvanecerán en unos pocos años. El incremento de los ingresos fiscales y el gasto social caerán. Regresaremos a la “normalidad”, con déficits entre el 2% y el 4%, según el estado de la economía, como así ha sido en los últimos 30 años, dejando de lado el período 1998-2001. Hasta la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) coincide en eso. ¿Pero qué pasará, en cambio, con los recortes fiscales de Bush? Pues que tendrán un impacto en el PIB de un +2% o -2%, según sean abrogados o prorrogados.

Lo cierto es que la mejor reforma para lograr la “estabilidad financiera” que podemos emprender es el pleno empleo, porque con un empleo creciente viene un crecimiento del ingreso y la consiguiente capacidad para servir la deuda. Eso significa menos impagos para los bancos y, consiguientemente, una menor necesidad de proceder a rescates públicos.

En cambio, la austeridad fiscal no recorta nada. Nuestras elites parecen pensar que se puede recortar “el gasto público despilfarrador” (es decir, reducir más la demanda privada) y recortar los salarios, y por lo mismo, los ingresos privados, sin esperar importantes efectos multiplicadores que empeoren significativamente las cosas. Se calla por sabido que ese gasto “despilfarrador” e “insostenible” nunca parece apuntar al del Departamento de Defensa, al que siempre hemos parecido ser capaces suministrar unos cuantos miles de millones de dólares: diríase que los principios de “asequibilidad” nunca han sido de aplicación para el Pentágono.

Las elites que toman decisiones políticas parecen haber adoptado la línea del FMI, según la cual los multiplicadores fiscales son relativamente bajos y los estabilizadores automáticos (que funcionan para incrementar los déficits a medida que cae el PIB) no se llevarán por delante los recortes discrecionales en el gasto neto dimanantes de los paquetes de austeridad. Hay pruebas empíricas abrumadoras de que esta hipótesis es falsa y de que la puesta por obra de políticas fundadas en esa hipótesis causan daños –que afectan a generaciones enteras— en términos de volumen de producción perdido, en términos de ingresos perdidos, en términos de bancarrotas y en términos de empleo perdido (especialmente, negando a los que salen del sistema educativo un robusto comienzo en su vida laboral).

Lo que realmente anda por detrás de todo esto es que las gentes de viso no quieren la menor intervención pública en los asuntos económicos, a menos que les beneficie directamente. Con característica ingratitud, Wall Street amenaza ahora con cortar las donaciones de campaña electoral para Obama y los demócratas a causa del propósito de éstos de promover una mayor regulación en el sector financiero. Sin embargo, cuando el gobierno interviene con rescates, Wall Street se pone a la cabeza de la cola, sombrero en mano. Nadie desea apechugar con la disciplina real de los mercados, si eso significa pérdidas. Quienes se hallan en el segmento superior de la distribución del ingreso no está contra cualquier tipo de intervención pública, pero están frecuentemente en contra de ciertos tipos intervenciones públicas que pudieran robustecer la posición de los trabajadores o fomentar una verdadera competencia entre las empresas privadas (en el caso de una opción pública en el caso de la reforma sanitaria, por ejemplo).

El principio del pleno empleo es el valor real que debería guiar la política económica, no el falso énfasis en unas proporciones financieras siempre en manos del sector financiero. Yo dudo mucho de que ese principio constituya la inspiración directriz de nuestro “consejo de sabios”, que delibera sobre el futuro de la Seguridad y Medicare a puerta cerrada, mientras nosotros reflexionamos sobre el asunto abiertamente.

Marshall Auerback es un reconocido analista económico norteamericano. Investigador veterano del prestigioso Roosevelt Institute, colabora regularmente con New Economic Perspectives y con NewDeal2.0.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

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La Europa social, en franca retirada

Asistimos a la erosión del modelo social europeo. Se imponen las tesis ultraliberales anglosajonas. La decisión del Consejo de la UE sobre las 65 horas de trabajo semanales es un suma y sigue

POR JOSÉ MARÍA ZUFIAUR 23/06/2008 . El País .

La decisión mayoritaria del Consejo de la Unión Europea del pasado 9 de junio sobre la revisión de la directiva relativa al tiempo de trabajo no ha modificado el precepto básico de que la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete días. Pero al mantener la posibilidad de que por acuerdo individual entre el trabajador y el empresario se pueda superar dicho umbral, y al cifrar esa excepción en un tope de 65 horas a la semana, amenaza con vaciar de sustancia el límite legal de la jornada de trabajo, debilitar y condicionar la negociación colectiva y establecer un nuevo horizonte simbólico para la duración de la semana laboral.

Ante la continua pérdida de derechos, no es de extrañar el poco entusiasmo europeísta

Urge la formación de un bloque de países que defienda el modelo social europeo

El acuerdo del Consejo de la UE "britaniza" el derecho europeo del trabajo. El eslogan de Sarkozy, "trabajar más para ganar más", toma el relevo en Europa a la bandera sindical de "trabajar menos para trabajar todos". Todo un cambio de paradigma. Causa de enorme perplejidad y decepción para los que tienen en el mundo el modelo social europeo como referencia. Y una profunda incoherencia con el discurso a favor de la salud en el trabajo y de la conciliación laboral y personal.

Lo peor es que éste sólo es un síntoma más, que se añade a otros, en una Europa social que, en expresión del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), John Monks, se "bate en retirada". Y cuya superación depende básicamente de un binomio de cuestiones hoy por hoy inexistente: un proyecto político de Europa que prevalezca sobre las reglas económicas que rigen la vida comunitaria y una coalición de fuerzas capaz de llevarlo adelante.

La actual regulación europea de la jornada semanal ya es muy flexible. Establece que el periodo obligatorio de descanso diario será de 11 horas y el semanal de 24, con lo que, en realidad, se pueden llegar a trabajar 78 horas a la semana. La vigente directiva permite, además, un descuelgue -opt-out- individual, pactado entre el trabajador y el empresario, del máximo legal semanal. Y establece un "periodo de referencia" de cuatro meses durante el cual se pueden realizar más de 48 horas de trabajo a la semana, mediante una "ordenación irregular de la jornada" a lo largo de ese periodo, pactada en convenio.

Como consecuencia de todo ello, en el Reino Unido, principal valedor de los contenidos de la actual norma, cerca de cinco millones de personas trabajan más de 48 horas a la semana, y algunos centenares de miles llegan a las 78 con cierta frecuencia

Para evitar los abusos a que ha dado lugar el opt-out se esperaba que la Comisión y el Consejo derogaran el descuelgue individual de la jornada máxima semanal o, al menos, establecieran un periodo transitorio al cabo del cual se procediera a su extinción. Que ampliaran los tiempos de descanso obligatorio, diario y semanal, y propusieran que la superación del límite máximo de tiempo de trabajo semanal se acuerde exclusivamente por la vía de la negociación colectiva. Y adaptaran la directiva a varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), cuyo contenido determina inequívocamente que los tiempos de guardia forman parte del tiempo efectivo de trabajo. Pero no ha sido así. El acuerdo del Consejo sigue manteniendo la posibilidad de derogación individual, aunque limitada por nuevos requisitos. En las guardias, se da carta de naturaleza a que los "tiempos inactivos" no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en contrario, y se establece la posibilidad, en uno de los supuestos sin acuerdo colectivo, de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la anualización de la jornada.

Todo ello implica una potencial amenaza para la duración máxima legal de trabajo en cada Estado miembro y para la regulación de las guardias de colectivos como médicos, bomberos o cajeras de supermercado. Y de otros sectores laborales que, como los trabajadores móviles del transporte por carretera, tienen reconocido, en otra directiva comunitaria, el tiempo "de atención continuada" como tiempo de trabajo.

Es previsible que el opt-out británico se extienda a otros países, alimentando, de esa manera, el dumping social. Y que la negociación colectiva sea marginada allá donde se pueda para así establecer periodos de referencia más amplios y tiempos de trabajo semanales desmesurados. Como se está intentando hacer ya en Francia, las 35 horas de trabajo semanal a tiempo completo pasarán al baúl de los recuerdos y, en general, aumentará la discrecionalidad empresarial para flexibilizar aún más la organización del tiempo de trabajo.

Es posible, y deseable, que, no obstante, el Parlamento Europeo (PE) elimine, en el procedimiento de segunda lectura, los elementos más negativos de la propuesta consensuada en el Consejo. Pero salvo que se produzca una gran reacción social y política en contra, no está claro que ello termine sucediendo, sobre todo tras el cambio de posición de Francia e Italia. Y tampoco está garantizado que, incluso si eso sucede, no termine acaeciendo lo que está pasando tras la profunda modificación que realizó el PE del proyecto de la directiva "Bolkenstein": algunos de sus contenidos se están intentando reintroducir de nuevo, al amparo de la revisión de la directiva de desplazamiento de trabajadores y de las sentencias del TJE.

La parálisis legislativa del último decenio en el campo social, la creciente sustitución de los procedimientos obligatorios por los indicativos y voluntarios, el contenido regresivo de las propuestas que terminan aprobándose, el drástico endurecimiento de las políticas migratorias, las recientes sentencias del TJE sobre los casos Laval, Viking y Rüffert son algunas de las manifestaciones que indican que lo que está sucediendo con la directiva de tiempo de trabajo no es un hecho aislado.

En realidad, estamos asistiendo a la erosión progresiva del modelo social europeo. Las citadas sentencias han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de huelga. De esta manera, se ha legitimado la competencia desleal realizada por empresas de unos Estados miembro en otros Estados miembro de la UE, al aplicar a sus trabajadores desplazados menores salarios y peores condiciones de trabajo que los que rigen en los países donde se localizaron esas empresas.

La política social europea está dejando de ser parte de la solución para pasar a ser parte del problema. Por ello, la CES ha propuesto que se incluya en el Tratado de Lisboa un Protocolo de "progreso social" que asegure la prioridad de los derechos sociales fundamentales sobre las libertades económicas y las normas de competencia y evite que las directivas o reglamentos sociales europeos puedan, por la vía de la ley o del convenio, empeorar los estándares nacionales. La política social europea ha pasado de tener como norte, en los años 60 y 70, la "equiparación en el progreso" a perseguir el establecimiento de "prescripciones mínimas" en los años 80 y 90, y, actualmente, a derivar hacia una especie de "competición entre modelos sociales nacionales". Un panorama que desgraciadamente no contribuye a aumentar el entusiasmo de los ciudadanos europeos hacia la construcción europea. Y que reclama con urgencia la reacción de un bloque de países que estén dispuestos a defender el modelo social europeo. El encadenamiento en los próximos dos años de presidencias europeas en las que se van a suceder Francia, Suecia, España y Bélgica puede ser una buena oportunidad para ello.

José María Zufiaur es consejero del Comité Económico y Social Europe

¿LA EUROPA SOCIAL? Por Vicenç Navarro