18 Feb 2011
El Estado policial y las detenciones de emigrantes.
Controles masivos de identidad conducen a la comisaría cada día a cientos de inmigrantes en situación irregular. Numerosas asociaciones y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes denuncian prácticas policiales desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales.
“Las fuerzas de seguridad del Estado están actuando al margen de la ley”. Así se manifestó la catedrática de Derecho Penal de la UCM Margarita Martínez Escamilla. Ella, junto a un numeroso grupo de juristas trabaja desde hace años en denunciar los abusos, tanto “legales” como ilegales, que está cometiendo el Estado en su “lucha contra la inmigración”, vulnerando “los derechos fundamentales de cualquier ser humano”.
El grupo de juristas “Inmigración y Sistema Penal” lleva tiempo analizando diversas medidas policiales, como los controles masivos de identidad que conducen hasta la comisaría cada día a cientos de inmigrantes en situación irregular. Esto es, a juicio de este grupo de juristas, un ejemplo más de esta persecución de los inmigrantes que se hace en nuestro país. Una práctica que, según afirman, es ilegal. Así lo denuncian en un informe que presentaron en la Facultad de Derecho, y que ha tenido como primera consecuencia la presentación de una queja ante el Ministerio del Interior, que ha sido firmada por 141 asociaciones sociales y de defensa de los inmigrantes.
Como explica José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, el derecho a la libertad sólo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa, ya que es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros. Por ello, los requerimientos policiales para la conducción a dependencias policiales deben ser considerados una modalidad de privación de libertad.
Se descarta la pretensión de que la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero documentado pueda realizarse bajo la figura de “detención preventiva”, ya que ésta “sólo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales, lo que, evidentemente, no es el caso de la eventual estancia irregular en España, que es un mero ilícito administrativo”, afirma el profesor Sánchez Tomás.
El informe también descarta la posibilidad de la detención cautelar, que sólo puede adoptarse desde el momento que se tramite un procedimiento sancionador, y en él se proponga la expulsión, lo que tampoco ocurre en estos supuestos.
La conclusión del estudio es que si el extranjero, aún estando en situación irregular en territorio nacional, está perfectamente identificado (basta con un pasaporte en regla) no cabría adoptar en ese momento ninguna medida restrictiva de su libertad.
Fuente: http://www.canalsolidario.org/noticia/detenciones-de-inmigrantes-la-ilegalidad-que-no-cesa/23312
www.hazteoir.org/noticia/

Acoso policial contra los inmigrantes
Más de un año después de que saltara la polémica de los cupos de detenciones de inmigrantes irregulares, las redadas policiales siguen siendo una práctica diaria de las fuerzas de seguridad. Pese a las negativas del Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, los controles de identidad siguen sucediéndose en calles, locutorios y en las proximidades de edificios donde se realizan trámites para la regularización. 140 organizaciones denunciaron en febrero la ilegalidad y la persistencia de estos controles contra inmigrantes. DIAGONAL aporta nuevas imágenes y testimonios de la política más silenciada del Gobierno.
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tela dijo
200 penalistas progresistas piden que se regule la violencia policial
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 19/02/2011
Velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos exige cierta discrecionalidad en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, pero esa discrecionalidad no puede transformarse en falta de legislación. El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 magistrados, catedráticos y criminólogos progresistas ha hecho público un manifiesto en el que reclama al Gobierno que haga algo para evitar la "desregulación" que existe en este campo y que legisle para someter la violencia policial a "disciplina y restricción".
La noticia en otros webs
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El manifiesto no se refiere a actuaciones concretas de los agentes en los que la urgencia o el peligro les pueda obligar a recurrir a la fuerza de forma discrecional, sino a actuaciones cotidianas y regladas. Los penalistas ponen como ejemplo los controles de documentación en la calle, los cacheos, los controles de alcoholemia, el cierre de espacios urbanos, la videovigilancia, las detenciones, los desalojos, la disolución de manifestaciones o el simple patrullaje.
Todas esas actuaciones están sometidas solo a los principios recogidos en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que solo contiene, según el documento, "declaraciones genéricas acerca del respeto a la Constitución, la neutralidad política, la imparcialidad y la prohibición de discriminación" o la posibilidad de desobedecer "órdenes manifiestamente ilegales".
Actuar con decisión
Sobre el uso de la violencia la norma solo enumera las pautas de "actuar con la decisión necesaria y sin demora para evitar un daño grave" o la obligatoriedad de que los agentes usen el arma solo "en situaciones de riesgo grave para su vida, su integridad o la de terceras personas" o en caso de "grave riesgo para la seguridad ciudadana".
Todo ello deja al agente, quien toma la decisión de recurrir a la coacción, "un poder extremadamente discrecional que corre el riesgo de convertirse en pura arbitrariedad". Este tipo de violencia, además, suele haberse sufrido de forma irreversible cuando llega a los tribunales, y que, cuando se ejerce ilegítimamente, sus víctimas suelen ser los más pobres, sin medios para denunciar. Solo se repara en ello cuando los perjudicados "gozan de un estatuto político, económico o social" que provoca interés mediático, como en el caso, por ejemplo, de detenciones de políticos corruptos.