84.122.113.217 4336 2009-03-19T23:51:25Z 1115621 cada una de las teorias es discutible y ninguna de ellas es excluyente Anónimo 297451 1 0 1 14138 83.44.192.91 4336 2009-03-21T11:56:26Z 1118057 El CGPJ alerta de un previsible aumento de la criminalidad por la crisis El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha alertado de las consecuencias de la crisis económica en los tribunales, entre ellas un "previsible" incremento de asuntos en la jurisdicción penal como efecto de un "nada descartable" aumento de la tasa de criminalidad. Durante su primera comparecencia en el Parlamento desde su nombramiento el pasado mes de septiembre, Dívar ha presentado ante la Comisión de Justicia las Memorias del CGPJ de los tres últimos años, así como los datos más recientes sobre la situación de los juzgados y tribunales correspondientes a 2008, todavía provisionales. La situación más alarmante presentada por Dívar ha sido la relativa a la repercusión que la crisis económica puede tener en la carga de trabajo que soportan los tribunales, e incluso ha alertado de la posibilidad de un previsible incremento de la tasa de criminalidad como un "efecto nada descartable", aumentando así el volumen de asuntos en la jurisdicción penal. Dívar ha considerado también como "especialmente graves" las consecuencias de la crisis en el orden social -con un aumento de los procedimientos por despido-, y en el orden civil, en donde se han multiplicado los procedimientos provocados por situaciones de insolvencia empresarial y familiar, lo que ha ocasionado el "colapso" de los Juzgados de lo Mercantil, donde el número de concursos presentados ha pasado de 1.596 en 2007 a 4.813 en 2008. El fenómeno de la inmigración ha tenido también una influencia muy relevante en la jurisdicción contencioso-administrativa, en especial en los juzgados unipersonales, lo que, según Carlos Dívar, provoca una sobrecarga de trabajo que repercute en el resto de asuntos pendientes. En general, según la Estadística Judicial provisional, el pasado año ingresaron 9.060.367 asuntos, con un incremento del 6,9 por ciento respecto a 2007, y de ellos el 18,9 por ciento correspondieron a la jurisdicción Civil, el 73,1 por ciento a la Penal, el 3,4 a la Contencioso-administrativa y el 4,6 a la Social. Ante este aumento de trabajo, Dívar ha destacado que en el tercer trimestre de 2008 el CGPJ ha cifrado la necesidad de juzgados de Primera Instancia para ese periodo en 433 juzgados más. No obstante, Divar ha destacado que la mala imagen que la sociedad tiene de la Justicia, no se corresponde con el bajo número de reclamaciones que se producen cada año por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (396 en 2005, 389 en 2006, 241 en 2007 y 224 en 2008). De acuerdo con los datos de la Memoria correspondiente a 2008, presentados por Dívar, también se ha apreciado un crecimiento superior al de años anteriores de las quejas formuladas por los ciudadanos a la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo, lo que para el presidente del CGPJ desvela la madurez ciudadana y la consolidación de la cultura de la reclamación a los poderes públicos. Tras presentar estos datos, Dívar ha subrayado la necesidad de solucionar las carencias de la Administración de Justicia y ha exhortado a los poderes públicos a colaborar en pro de ese fin. "Es rentable invertir en Justicia y es rentable invertir en Justicia en momento de crisis económica", ha dicho el presidente del CGPJ, que ha invitado al Ministerio a acometer un proyecto como el aprobado en 2006 para aligerar de trabajo al Tribunal Supremo y que ha favorecido la reducción del número de asuntos pendientes en un 37,5 por ciento en los tres últimos años, y podría permitir acabar con el colapso del alto tribunal en 2012. JMDAM 297451 1 0 1 83.44.192.91 4336 2009-03-21T12:23:15Z 1118095 Khalil Gibran , en su libro el profeta,pese a no ser criminologo nos dá la clave del problema: De la misma manera que que una sola hoja no puede volverse amarilla sin el silencioso consentimiento del árbol, el mallhechor no podría hacer el mal sin el secreto consentimiento de todos nosotros... La sociedad debería pensar también qué parte alícuota de responsabilidad tiene en el tema, sin quitarle un ápice de importancia a las palabras que siempre sostengo , por no incurrir en contradicción. Quién puede tener responsabilidad sobre su vida más que uno mismo. En un seminario de criminología que realice en Madrid un criminologo sudamericano habló de lo nefasto que era vivir en una sociedad tan ambivalente: es incapaz de perdonar las ofensas y por ello inventa los castigos y a la vez no ha encontrado un método eficaz aún para impedir que éstos no disminuyan. En Eclesiastico 28.1 sobre el Rencor ( Que es el mal peor y mas destructivo que puede padecer un ser ) dice lo siguiente: El que se venga será víctima de la venganza del Señor, que le pedirá exacta cuenta de sus pecados. Perdona la injuria a tu projimo, y entonces, si suplicas , te seran perdonados tus pecados. Si un hombre alimenta rencor a otro, ¿cómo podrá pedir al Señor perdón ? . Si no tiene misericordia de su semejante, ¿ cómo podrá suplicar por sus pecados ? Acuerdate de tus postrimerias y deja el odio. Acuerdate de la corrupción y la muerte y guarda los mandamientos ? Las personas que no odian, que comprenden, que no viven como zombis sino que programan sus vidas y piden a Dios protección nunca les sucede nada negativo. Ésto sería muy interesante tenerlo en cuenta, porque tal vez nos ayude un poco a entender este mundo. Las personas que viven al margen de las necesidades del prójimo, que no se alegran de sus dichas, que envidian su buena suerte, que menosprecian a los que son sus hermanos y se creen que son superiores, los que se dedican a trepar sobre los que son mas débiles, los que permiten que muchos continuen sin vivienda, o con salalarios de hambre casi, los que llaman demagogia a la verdad y se burlan de lo santo , de lo digno , de lo respetable y de lo humano, esas he observado y comprobado que tienen siempre mas problemas que las personas que se dedican a vivir su vida, una vida plena, para mas señas, no se preocupan de los demás, porque se ocupan de los demás, los ama, lo comprende y les dedica su tiempo y su vida, esos son intocables y nunca les pasa nada, se diría que el mal del mundo no les afecta. Resulta creo obligado realizar una reflexión. ¿ Qué está haciendo mal la sociedad, en lugar de tener miedo de cómo son nuestros hermanos. Un cordial saludo. JMDAM 297451 1 0 1 88.15.34.230 4336 2009-03-21T17:34:32Z 1118580 A "miabuelapepa", muchas gracias por su sentencia. Estoy de acuerdo. Es una especie de proyección del perspectivismo de Ortega, aplicado no al conocimiento, sino a la causalidad. Las variopintas explicaciones en el orden de la delincuencia no se excluyen, se complementan, así como la VERDAD sobre la Realidad, surge de la suma de todas y cada una de las perspectivas personales. Un saludo. A JMDAM, muchas gracias por tus dos comentarios; informativo y explicativo. Estoy de acuerdo en todo. Te felicito por tus conocimientos tan vastos y tan bien aplicados al caso. Totalmente de acuerdo en esa aquilatada distinción entre "preocuparse" y "ocuparse" en favor de los demás. Cada cosa a su tiempo. "Festina lente", decían los latinos; los griegos, "spudayos kai ajayos"; y en román paladino, "vísteme despacio que tengo prisa". Gracias, JMDAM, un saludo para Málaga desde la tranquilidad de Jerez. César R. Docampo César R. Docampo 297451 1 0 1 83.33.41.105 4336 2009-03-23T09:55:47Z 1121474 Pricewaterhouse Coopers (PwC) hará hoy entrega del informe preliminar sobre la revisión completa que está efectuando de las cuentas de Caja Castilla La Mancha (CCM) cerradas a 31 de diciembre de 2008, en el marco del acuerdo de fusión por absorción de la caja manchega por Unicaja aprobado por los consejos de ambas entidades. De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, la revisión de las cuentas de CCM se está efectuando “a distancia”, desde la sede operativa que Unicaja tiene en la calle Caballero de Gracia de Madrid, puesto que el presidente de CCM, Hernández Moltó ha impuesto que no se realizara en la sede social de Cuenca. Para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información suministrada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. Fuentes próximas al Banco de España aseguran que este primer informe de PwC, que será completado en días sucesivos, ratificará la magnitud del “agujero” patrimonial de la caja castellano manchega que ya fijó en enero en no menos de 3.000 millones de euros, en un informe de la misma PwC efectuado a petición de la aragonesa Ibercaja, y del que en su día dio cuenta este diario. Con semejante agujero, la operación Unicaja-CCM se pone muy cuesta arriba si tenemos en cuenta que el Banco de España, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, sólo ha comprometido 500 millones de euros en ayudas a la Caja resultante, cantidad con la que ésta no alcanzaría ni de lejos el reequilibrio patrimonial. Y es que la diferencia existente entre el déficit patrimonial de CCM (los citados 3.000 millones), y las ayudas ofrecidas por el Banco de España-FGD (500 millones) es, como mínimo, de 2.500 millones de euros, cantidad equivalente a los fondos propios que Unicaja contabilizaba al cierre del ejercicio 2008; es decir, que la entidad resultante de la fusión nacería con un coeficiente de solvencia cero. Lo cual es tanto como decir que la integración de ambas Cajas se llevaría a cabo a costa de la solvencia de Unicaja, un sacrificio en todo caso inútil puesto que la caja resultante no alcanzaría el mínimo coeficiente de garantía exigido. Consecuentemente, la “brillante” operación de rescate ideada por el PSOE-Banco de España no sólo no arreglaría el desfase patrimonial de CCM, sino que pondría a Unicaja al borde del abismo. ¿Qué beneficio, si alguno, y a favor de quién, reporta esta fusión en semejantes condiciones? Las reacciones políticas no se han hecho esperar antes incluso de que PwC entregue su primer informe. Seguramente porque ya conoce -bien a través del Banco de España o del propio Braulio Medel, presidente de Unicaja- las líneas maestras de ese informe preliminar, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, manifestó el pasado martes en Málaga que “no puede producirse una carga sobre Unicaja que no pueda ser soportada y que perjudique a los intereses de los ahorradores y de los depositantes de la entidad”. Conviene aclarar que el verdadero interés del presidente de la Junta andaluza no es salvar CCM de la quiebra, sino hacer realidad su viejo proyecto de fusión Cajasol-Unicaja, como punto de partida de una hipotética Gran Caja única andaluza. En estas circunstancias, ¿será capaz, víctima de las presiones del PSOE a nivel nacional, de sacrificar la solvencia de Unicaja para tapar las responsabilidades de la desastrosa gestión socialista en CCM, renunciando con ello a hacer realidad esa caja única que lleva años auspiciando? En el mismo sentido se ha pronunciado Javier Arenas (PP), al manifestar en Granada y en la misma fecha que “las conversaciones entre la caja andaluza y la manchega, por una decisión política, no pueden acabar en un perjuicio de la saneada económicamente”, lo cual parece adelantar un escollo difícilmente salvable para la operación. Y es que el PSOE no podría alcanzar la mayoría cualificada en las asambleas generales de ambas cajas sin los votos de los representantes del Partido Popular. En cuyo caso, el vodevil solo habría servido para una cosa: para diferir la solución del desequilibrio patrimonial de CCM, haciendo que su saneamiento cueste más dinero al Estado por cualquiera de las vías posibles. (De un periodico digital, noticia de hoy) JMDAM 297451 1 0 1 81.34.196.136 4336 2009-03-23T17:18:13Z 1122610 Martes, 26 de enero de 1999 EL MUNDO periodico Banesto se intervino solamente con «informes verbales» Según declaró el ex consejero del Banco de España, Tomás Ramón Fernández MADRID.- El ex consejero del Banco de España Tomás Ramón Fernández admitió ayer, ante el tribunal que juzga el caso Banesto, que la decisión de intervenir Banesto se tomó sin el apoyo de ningún documento escrito de la inspección. La medida se tomó sólo con la información verbal del director de la inspección, José Pérez, añadió más adelante. El comité ejecutivo del Banco de España que tomó tal determinación contó con la asistencia del gobernador, Luis Angel Rojo, el subgobernador, Miguel Martín (que declara hoy) y los consejeros Enrique Fuentes Quintana y el propio Tomás Ramón Fernández. Manuel Olivencia, el quinto miembro de ese comité, no estuvo presente. El testigo señaló que la delicada situación no se trató «formalmente» en el consejo del Banco de España hasta el 23 de diciembre de 1993, cinco días antes de la intervención. El letrado de uno de los acusados le preguntó que qué quería decir con «formalmente». «Que no se trató», respondió Fernández. Esta afirmación contradice la versión que mantuvo Rojo, consistente en que el consejo del Banco de España trató el asunto de Banesto durante muchas reuniones, pero que no se incluyeron en acta las deliberaciones por una «cuestión de confidencialidad». La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) expedientó a Fernández por uso de información privilegiada y el Ministerio de Economía lo sancionó con una multa de 7,5 millones de pesetas, actualmente recurrida. Y es que el testigo vendió acciones de Banesto unos días antes de la intervención, que fue decidida con su apoyo. El testigo se defendió de este episodio oscuro de su currículo profesional negando que la venta de sus acciones contribuyera a alarmar al mercado y a precipitar la intervención. Asimismo, dijo que la CNMV investigó a «cientos de personas» y que, entre ellas, figuraban gestores de Banesto en aquella época, como César de la Mora, insinuando que él no fue el único que actuó en virtud de una información de la que no disponían la generalidad de los inversores. Por otro lado, el abogado Juan Carlos Dulanto, que representó a varias sociedades relacionadas con Fernando Garro, ex director general de Banesto y también acusado, afirmó desconocer la vinculación entre éste y las empresas con las que, supuestamente, realizó varias operaciones para obtener beneficios ilícitos. Garro se sienta en el banquillo como único procesado por la operación locales comerciales. JMDAM 297451 1 0 1 80.39.169.100 4336 2009-03-23T17:49:36Z 1122704 Cuando estuve preparando mi Doctorado tropecé con el libro de Juan Manuel Olarieta Alberdi, titulado" Antejuicio e Impunidad Judicial: El Caso de las Sentencias Bondadosas ", En la actualidad no existen Antejuicios. Pero este libro tiene un Prólogo muy interesante : En las largas colas de mujeres-¡ay, siempre mujeres¡- que cubo en mano nieve, llueva o abrase, aguardan para entrar a comunicar con el esposo, con el hijo o el novio preso, en esas largas colas del sombrio pasadizo que lleva del suburbio al presidio, desde hace mucho tiempo se oye decir con sórdido dolor " No hay justicia ". Algunos togados delincuentes- Los delincuentes - los hijos de la prepotencia, nunca atravesaran sus muros, ni oirán el cínico chirriar de las puertas electronicas, ni sentirán el frío del chabolo o la amarga soledad en medio del hacinamiento... Esos pequeños detalles son la propina que queda para los hijos de la miseria y de la impotencia. ¿ Quién nos protege de nuestros protectores ? , se preguntaban hace mucho, y nos preguntamos hoy ante tantos proyectos de Ley que sin cabeza rapada amenazan nuestros derechos y libertades . ¿ Y quién juzgará a la Justicia? ¿ Quién se atreverá contra quienes la corrompen y la hacen tan ciega como ayuna de razones, tan oscura que sólo la entienden los malnacidos hijos de las tinieblas, tan corrompida como quienes se emporcan y quienes impiden que aflore la verdad? ¿Que lo escondido salga a la luz, y lo que se chismorrea con su voz queda y miedosa aparezca en letras de molde y se perpetue para desgraciada memoria de quienes se corrompieron y quienes con su silencio cómplice dejaron proceder. Esta es, a buen seguro, la intención de este libro. Y si es verdad aquello que dijo el Maestro de que por sus obras los conocereis, la lectura de este ejemplar evita esta tediosa costumbre, un tanto pedante, de dedicar el prólogo a presentar mas al autor que a su obra. Y en este caso huelga presentar al autor, porque de su trabajo meticuloso, continuos viajes, análisis minuciosos de datos, infinitas gestiones y tristemente escamoteadas investigaciones , da cumplidamente esta obra. Juamma nos revela la otra cara de la Justicia. La negra realidad que se esconde tras algunas togas y puñetas. Se devora con la avidez de una novela policiaca, parece un cuento de brujas, pero no es sino la realidad pura y dura que muchos prefieren seguir ignorando y otros tantos por razones obvias seguir ocultando. Si la Justicia impide sentar a la Justicia en el banquillo de los acusados , sirva al menos esta obra, como maldición perpetua de aquellos que usaron el Derecho para reirse de los pobres y encumbrar a los que viven a costa de la muerte de su prójimo. Aunque en España tenemos 4.500 jueces, algunas ovejas negras hay. Gracias a Dios una minoría muy molesta y ruidosa, doy fé , que he participado en una ONG que los ha tenido vigilados. El día que el resto de jueces entiendan que a estos delincuentes prevaricadores no tienen nada que ver con ellos, que tienen una vocación y amor al projimo tal como tantos amigos magistrados que conozco, y que en lugar de poseer un alma noble y cuasi de abogado, porque de abogado completa solo la tenía mi abuelo Diego Moreno, a éstos les quedaran cuatro días por el bien de la humanidad y de la JUSTICIA. JMDAM 297451 1 0 1 88.15.89.172 4336 2009-03-24T17:36:02Z 1125069 El Consejo General de la Abogacía Española considero improcedente la huelga anunciada por jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales. El Consejo comparte algunas de sus reivindicaciones pero considera que los problemas de la Justicia son mucho más amplios y profundos, y que la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia. La Abogacía Española recuerda la doctrina constante y pacífica del Tribunal Supremo[*] que afirma la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en los supuestos de colisión con otros derechos, incluso de naturaleza también fundamental, como el del derecho a la huelga. Si alguna manifestación de la Justicia española concita unanimidad de criterio en forma de merecido rechazo es su desesperante e injusta lentitud. Las anunciadas huelgas no harán sino agravar inútilmente el problema que, otra vez más, deberán soportar los ciudadanos. Es cierto que en el servicio público de Justicia faltan muchos medios materiales y humanos, así como una adecuada gestión, como reiteradísimamente ha venido denunciado la Abogacía y es clamor de toda la sociedad española, pero es preciso reconocer también en el estamento judicial notables carencias de autocrítica, transparencia y espíritu de colaboración con todos los agentes implicados en el sistema de Justicia. Los abogados, como otros muchos sectores, venimos demandando desde hace décadas más y mejor formación, reformas procesales, aplicación a la Justicia de las mas modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones o la mejora de la gestión y de los espacios judiciales. Pero no solo para los jueces: también para los fiscales, secretarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, peritos, funcionarios en general de la Administración de Justicia. Y sobre todo para los ciudadanos, justiciables o simples colaboradores u observadores del servicio público de Justicia, que no pueden comprender cómo sus derechos, reconocidos unánimemente el día 16 de abril de 2002 por todos los representantes de la soberanía popular en la "Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", todavía, al día de hoy, no han adquirido categoría legal. Los muy profundos problemas que aquejan a la Justicia española recomiendan acometer de inmediato su regeneración. Entre tanto, solo la voluntad del Gobierno y de todos los partidos políticos plasmada en un muy amplio Pacto de Estado, en cuya aprobación seamos oídos todos los que, de una u otra forma, contribuimos a hacer justicia, podrá acercar las prestaciones de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía. [*] Entre otras sentencias del Tribunal Supremo, figuran: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, de 21 de diciembre de 200-RJ2000/8020; de la sección Séptima de 21 de marzo de 1996 RJ 1996/2784; de la Sección Séptima de 29 de mayo de 1995 RT 1995/4395; y sentencia de la Secciñon Novena de 28 de noviembre de 1990 RJ1990/8832. Anónimo 297451 1 0 1 88.15.89.172 4336 2009-03-24T18:05:12Z 1125168 La Abogacía se tendría que preocupar mas de sus letrados que de los jueces que no hace nada productivo con ello, ni es capaz de enfrentarse a ellos de manera abierta y noble y para cuando procede . La regulación laboral de los abogados que trabajan por cuenta ajena no puede excluir de la jornada laboral los tiempos de desplazamiento y espera. UGT interpuso un recurso contencioso administrativo reclamando la nulidad total del Real Decreto 1331/2006 que incorporaba al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y en su parte final regulaba la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos. Consideraba UGT que no existía un criterio que justificase el trato desigual que se daba a los abogados trabajadores por cuenta ajena en otros despachos de abogados, respecto a otros trabajadores, que trabajan por cuenta ajena en el ámbito organizativo y de dirección del titular de otros despachos profesionales. Alegaba por tanto UGT que la creación de esa nueva relación laboral de carácter especial era contraria al Art. 14.1 de la Constitución. En la presente resolución el Tribunal Supremo considera que "la función de los abogados trasciende o va más allá de los intereses concretos de los clientes y de los despachos, en la medida en que son un instrumento básico para garantizar sus derechos, pero también para hacer efectiva la tutela judicial en la medida en que participan en la función pública de la administración de justicia". Considera la Sala que la peculiaridad de los despachos de abogados en los que el cliente difiere de la persona del empleador, "hacen inviable la total o completa aplicación de la regulación laboral común contenida en el Estatuto de los Trabajadores a la relación laboral que se establece entre los abogados y los despachos". No obstante el Tribunal Supremo anula en la presente resolución el apartado que regulaba la jornada laboral de los abogados que determinaba que no se computará a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas. Cita la Sala tanto la Directiva 2003/88 como distinta jurisprudencia para concluir que "no cabe considerar que un trabajador disponible en el lugar designado por el empresario se halla descansando durante los períodos de su servicio de atención continuada en los que no ejerce efectivamente una actividad profesional". Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 diciembre 2008 Tribunal: Tribunal Supremo Fecha: 16/12/2008 Jurisdicción: Contencioso-Administrativa Recurso de Casación 4/2007 Ponente: Excma. Sra. Dª. Celsa Pico Lorenzo ABOGACÍA ASALARIADA: REAL DECRETO 1331/06 DE 17 DE NOVIEMBRE. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho. Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el recurso contencioso administrativo número 4/2007, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez en nombre y representación de la Unión General de Trabajadores, contra el Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre , que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, habiendo sido parte recurrida, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid representada por la Procuradora de los Tribunales doña Maria Gamazo Trueba, el Consejo General de la Abogacía Española, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Girón Arjonilla y la Administración del Estado representada por el Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Por la representación de la Unión General de Trabajadores de España, se interpuso recurso contencioso administrativo contra dicha resolución, el cual fue admitido por la Sala y reclamado el expediente administrativo, una vez recibido se entregó a la recurrente, para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se declare la nulidad total del real decreto 1331/2006 y de no estimarse, la nulidad parcial por la infracciones denunciadas. SEGUNDO El Abogado del Estado se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se desestime el recurso. La representación procesal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se desestime el recurso. La representación procesal del Consejo General de la Abogacía Española se opuso a la demanda con su escrito en el que, después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala que se desestime el recurso. TERCERO Conclusas las actuaciones, por providencia de 15 de octubre de 2008 se señaló para votación y fallo el 10 de diciembre de 2008, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto. Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Celsa Pico Lorenzo, Magistrada de la Sala FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO La representación procesal de la Unión General de Trabajadores de España interpone recurso contencioso administrativo contra el RD 1131/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. Expone que la antedicha norma reglamentaria tiene su origen en la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre , por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. Norma legal que literalmente dice: Relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos, individuales o colectivos.1. La actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, tendrá la consideración de relación laboral de carácter especial, y ello sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las leyes o las normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación. No se considerarán incluidos en el ámbito de la relación laboral que se establece en esta disposición, los abogados que ejerzan la profesión por cuenta propia, individualmente o asociados con otros. Asimismo, tampoco estarán incluidas las colaboraciones que se concierten entre abogados cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos. En los términos establecidos en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo , se podrán concertar contratos de trabajo en prácticas. 2. El Gobierno, en el plazo de doce meses, regulará mediante Real Decreto, la relación laboral a que se refiere el primer párrafo del apartado anterior. 3. Los abogados que estén incluidos en el ámbito de la relación laboral de carácter especial que se establece en el apartado 1 de esta disposición serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social el día primero del tercer mes siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley. Los procedimientos sancionadores y de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, que afecten a los abogados señalados en el párrafo anterior y se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán de acuerdo con lo establecido en el citado párrafo. No obstante lo anterior, se considerarán válidas a todos los efectos las cotizaciones que se hubieran realizado a la Seguridad Social por los referidos abogados con anterioridad a la fecha que se indica en el párrafo primero de este apartado. Añade que el antedicho precepto legal se incorporó en el Senado tras una enmienda presentada durante la tramitación de la precitada Ley. Pretende se plantee cuestión de constitucionalidad por contrariar el art. 14 CE y el art. 35.2 CE al imponer un diferente tratamiento a un colectivo de trabajadores, los abogados que trabajar por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, respecto de otros trabajadores, sin una motivación suficiente, objetiva y razonable, que justifique el establecimiento para los mismos de una relación laboral de carácter especial. Argumenta que la exclusión de determinados trabajadores del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores ostenta relevancia constitucional por cuanto, conforme a la STC 227/1998, de 26 de noviembre , no hay absoluta libertad de configuración. Añade que la jurisprudencia constitucional (STC 88/2005, de 18 de abril , con cita de otras muchas) prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos. Manifiesta que el único factor que se toma en consideración para asignar un tratamiento específico de relación laboral de carácter especial no es tanto el tipo de actividad, la naturaleza de la actividad profesional de los abogados que trabajan por cuenta ajena, como las características de la organización que lo emplea. Arguye que otras actividades profesionales, que también pueden ejercerse por cuenta propia o ajena, se desarrollan en circunstancias también similares en la práctica y configuración de sus servicios, incluso cuando se ejercen por cuenta ajena (trato con clientes, sometimiento a normas deontológicas de un Colegio Profesional, etc.), como pueden ser los arquitectos, ingenieros, economistas, médicos, etc., y, sin embargo, no están incluídas en ese ámbito de la nueva relación laboral de carácter especial, sino que siguen en el ámbito de la relación laboral ordinaria. Insiste en que, ni la nueva norma, ni su Exposición de Motivos, explican las razones por las que se agrega a la actividad profesional de la abogacía ejercida por cuenta ajena en el ámbito del despacho de otro u otros abogados, del contrato laboral ordinario ex-Art. 1 E.T . Defiende que no hay criterio alguno que justifique el trato desigual que se da a los abogados trabajadores por cuenta ajena en otros despachos de abogados, respecto a otros trabajadores, también profesionales, que asimismo trabajan por cuenta ajena en el ámbito organizativo y de dirección del titular de otros despachos de otros profesionales, por lo que la creación de esa nueva relación laboral de carácter especial es contraria al Art. 14.1 en relación con el art. 35.2 de la Constitución española. SEGUNDO El Abogado del Estado muestra su oposición a tal pretensión manifestando en primer lugar constituye una prerrogativa del órgano judicial, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala citando en su apoyo la STS de 2 de noviembre de 2006 con mención de otras anteriores. Defiende que la constitucionalidad de las relaciones laborales de carácter especial ha sido declarada por el Tribunal Constitucional en STC 56/88 de 24 de marzo. Invoca también la STC 79/83, de 5 de octubre y la STC 227/1998, de 26 de noviembre . A la vista de su contenido rechaza la conculcación del principio de igualdad conforme a STC 231 /2005, de 21 de julio , pues dadas las circunstancias del colectivo enumeradas en el preámbulo del Real Decreto en cuestión se justifica el régimen especial para solventar la incertidumbre existente en los últimos años acerca de la laboralidad o no de la relación que unía a abogados asalariados con sus despachos. Rechaza que las características enumeradas se den en otros profesionales como arquitectos o médicos dado que la relación triangular solo se da en el supuesto de autos que, obviamente, no comprenda los abogados de organizaciones o entidades. Sostiene que lo que caracteriza a los abogados de despacho frente a aquellos profesionales, es su necesaria participación en la función pública de administración de justicia, con todo lo que ello conlleva en relación con la defensa de derechos fundamentales, como la libertad o la tutela judicial efectiva. Como dice el art. 30 del EGAE : "El deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es coopera a ella asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada". Acude, en apoyo, de su posición al argumento vertido por el Consejo de Estado en su informe: "Sin perjuicio de la libertad e independencia que para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las leyes o las normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación". Razona que ello implica que la regulación de esta relación especial debe tomar singularmente en consideración la función de defensa jurídica del "cliente", que corresponde directamente a la persona del abogado, aunque ese cliente lo sea de un despacho de abogados. Adiciona que la prestación de trabajo sea una actividad de abogado y, a su vez, se realice formalmente por cuenta de un despacho de abogados, condiciona el desarrollo de la actividad laboral de ese trabajador abogado. Añade que la Ley 22/2005 se refiere a esa actividad, e implica que su canalización a través de un contrato de trabajo no debe desvirtuar lo propio y característico de la labor profesional del abogado, su libertad e independencia "técnica", que el legislador, además, ha remitido a las leyes o normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación a la abogacía, y que son un marco que condiciona muy directamente esa relación laboral. Concluye que su regulación debe tener en cuenta esa circunstancia y buscar el necesario equilibrio de intereses en el seno de la relación laboral entre abogado y despacho empleador, para asegurar una efectiva defensa jurídica del justiciable que contrata con un bufete los servicios de un abogado. TERCERO La defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, comparecida como codemandada, remite a la contestación de la demanda del Abogado del Estado y defiende la improcedencia de plantear la inconstitucional pretendida con expresa remisión a la argumentación del Abogado del Estado que reproduce. Insiste en que no se ha justificado la falta de justificación en la diferencia de trato dado el preámbulo del Real Decreto. La defensa del Consejo General de la Abogacía Española expresa también su oposición tras poner de relieve que los arts. 27 a 29 del Estatuto General de la Abogacía España , aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio , muestra las variadas formas de ejercicio profesional con raíz en la tradición histórica de la Abogacía española. Rechaza el planteamiento de cuestión de constitucionalidad alguna al entender que el Preámbulo del Real Decreto explicita las razones de la Disposición Adicional primera de la Ley 22/2005. Realiza asimismo una remisión en bloque aunque añade razones en defensa de su legalidad. CUARTO Partimos de que el juicio de relevancia sobre si una norma legal vulnera o no la Constitución a efectos de suscitar la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional es competencia de los Jueces y Tribunales, independientemente de que pueda o no ser interesado por las partes personadas en un proceso. La técnica legislativa utilizada para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva relación laboral de carácter especial con cobertura en el apartado i) del art. 2 del RLegislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores no puede decirse sea recomendable dada la absoluta ausencia de relación entre la Disposición Adicional de la Ley 22/2005 y el objeto de la misma. No obstante, ni el ordenamiento ni la doctrina del Tribunal Constitucional vedan el uso de tal técnica. No es reputado por los comentaristas ni por los aplicadores del derecho la técnica legislativa ideal. Sin embargo, lo cierto es que se encuentra muy extendida en nuestro sistema -tanto en el ámbito legislativo estatal como en el autonómico- para incorporar modificaciones legislativas sin esperar a la tradicionalmente llamada Ley de acompañamiento, es decir la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social que todos los años suele aprobarse con ordinal inmediatamente posterior a la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado justificándose en la conveniencia de la consecución de determinados objetivos de política económica establecidos en la antedicha Ley presupuestaria aunque, en ocasiones, sea dificultoso encontrar la antedicha vinculación. En estos últimos casos la doctrina constitucional ha demandado la necesaria justificación (STC 274/2000 de 15 de noviembre, STC 109/2001 de 26 de abril ) es decir la conexión económica o presupuestaria. Pero esa limitación parlamentaria exigida por las peculiaridades de las leyes de presupuesto y sus límites materiales (STC 76/92, de 14 de mayo ) que ha conllevado la inconstitucionalidad de normas que no tienen vinculación con el contenido posible de las Leyes de Presupuestos, no ha sido declarada respecto a la introducción de Disposiciones Adicionales, ajenas a la esencia de la Ley, en el trámite legislativo desarrollado ante el Senado. QUINTO Y en cuanto a la eventual vulneración de los preceptos constitucionales esgrimidos este Tribunal no vislumbra elementos suficientes como para efectuar un planteamiento ante el Tribunal Constitucional a efectos de depurar su constitucionalidad o no. Podrá no satisfacer que nuestro legislador para regular las relaciones de trabajo cuestionadas hubiere acudido al uso de la excepcionalidad que permite el art. 2.i) ET mas su propia existencia no solo está recogido en el antedicho precepto legal sino que el propio Tribunal Constitucional en su STC 227/1998, de 26 de noviembre ha considerado viable su existencia. Declara en su FJ quinto que "la vinculación al principio de igualdad no impide al legislador laboral la diversificación de regimenes jurídicos, siempre que el criterio adoptado par introducir la diferenciación supere el canon de constitucionalidad constituido por el art. 35.2 CE , ya que tal diferenciación sólo alcanza a vulnerar aquel si se encuentra desprovista de una justificación objetiva y razonable, apreciada en relación a la finalidad y efectos de la medida". Con anterioridad en la STC 79/83, de 5 de octubre había dicho que el conjunto de supuestos enumerados como relaciones laborales de carácter especial en el Estatuto de los Trabajadores no violaba el art. 14 CE . La existencia de una disparidad normativa encuentra justificación, a juicio del Tribunal Constitucional, cuando una opción legislativa da tratamiento distinto, incluso en el ámbito de las relaciones laborales, a situaciones que no son comparables (STC 213/2005, de 21 de julio, STC 20/1994, de 27 de enero ) por lo que no quiebra el art. 14 CE . En la misma línea la STC 56/1988, de 24 de marzo había dicho en su FJ Tercero con mención a la STC 79/1983, de 5 de octubre y 26/1984, de 24 de febrero , tomando en cuenta bien la cualidad de las personas, bien la sede donde se realiza el trabajo o bien el tipo de funciones que realizan, que "no es contraria al art. 14 de la Constitución la existencia de regimenes jurídicos distintos para los diferentes colectivos de trabajadores por cuenta ajena, siempre que ello esté justificado por las características especiales de cada tipo de trabajo". Pese a la prolija transcripción de jurisprudencia constitucional efectuada por el sindicato recurrente lo cierto es que no muestra con suficiente entidad que la pretendida desigualdad de trato entre los profesionales aquí concernidos y otros, fueren abogados asalariados de organizaciones o entidades o se trate de otros profesionales liberales tuviere la entidad necesaria para el planteamiento de la cuestión. SEXTO Debe subrayarse que el RDecreto impugnado justifica la razón de ser de la especialidad en ".... en el caso de la relación laboral que se establece entre los abogados y los despachos de abogados se pueden identificar como peculiaridades o especialidades que justifican una regulación específica, distinta a la prevista para la relación laboral común, las siguientes: a) El ámbito en que se desarrolla la relación laboral, los despachos de abogados, en el que aparece una relación triangular, titular del despacho, cliente y abogado que, sin duda, condiciona el desarrollo de la relación laboral entre los abogados y los despachos. b) Las condiciones en que los abogados tienen que desarrollar su actividad laboral en los despachos, en la medida en que además de las normas laborales que resulten de aplicación, a los abogados se les aplicarán las normas que rigen la profesión, incluidas las estatutarias y las éticas y deontológicas. El sometimiento de los abogados a la normativa que rige la profesión condiciona el desarrollo de la relación laboral con los despachos en la medida en que la aplicación de dicha normativa implica: El reconocimiento a los abogados de un mayor grado de autonomía, independencia técnica y flexibilidad en la organización y dirección de su trabajo. La limitación de las facultades de dirección y control del trabajo de los titulares de los despachos en su condición de empleadores de los abogados. Mayores exigencias a los abogados en la ejecución de su actividad laboral en cuanto al cumplimiento de los deberes específicos de diligencia y confidencialidad y de los plazos que se establecen en las normas procesales. Un más estricto respeto entre los titulares de los despachos y los abogados de los principios de buena fe y recíproca confianza. La imposición a los abogados de un régimen de incompatibilidades y de prohibiciones en el ejercicio de su actividad profesional que impide a los abogados actuar en caso de existir un conflicto de intereses y defender intereses en conflicto. Y, en fin, el sometimiento estricto de los abogados, cualquiera que sea la forma en que ejerzan la profesión, a las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía, a las normas colegiales, y al consiguiente régimen disciplinario colegial. En definitiva, a los abogados se les reconocen derechos y se les imponen obligaciones en normas o por poderes no estrictamente laborales, que deben ejercitar o cumplir al mismo tiempo que los derechos y deberes laborales, y cuyos incumplimientos están sometidos a sanción por parte de poderes asimismo ajenos a los del empleador. Además, en el ejercicio de su profesión la función de los abogados trasciende o va más allá de los intereses concretos de los clientes y de los despachos, en la medida en que son un instrumento básico para garantizar sus derechos, pero también para hacer efectiva la tutela judicial en la medida en que participan en la función pública de la administración de justicia. Las peculiaridades antes indicadas, que son inherentes al ejercicio de la profesión de abogado, proyectadas en el ámbito de los despachos de abogados en los que el cliente difiere de la persona del empleador, son las que hacen inviable la total o completa aplicación de la regulación laboral común contenida en el Estatuto de los Trabajadores a la relación laboral que se establece entre los abogados y los despachos. Por todo ello se hace necesario modular o adaptar determinados aspectos de la relación laboral común que se regula en el Estatuto de los Trabajadores; en concreto, los siguientes: El poder de dirección que las normas laborales reconocen a los titulares de los despachos, en su condición de empleadores, en la medida en que las facultades inherentes al mismo aparecen en este caso condicionadas o limitadas. Los derechos y deberes que se reconocen a los abogados en su condición de trabajadores en la medida en que unos y otros están condicionados. Se trata de un argumento que no figura en la Ley que lo ampara, precisamente por su extravagante origen, mas la jurisprudencia constitucional que hasta la fecha ha examinado cuestiones de constitucionalidad respecto relaciones laborales de carácter especial no ha declarado que éstas trascendieran el plano constitucional sino que se mueven en el campo de la legislación ordinaria. Con respecto al art. 2.1.B) del Estatuto de los Trabajadores se ha dicho en la STC 26/1984, de 24 de febrero, FJ Tercero con cita de la STC de 5 de octubre de 1983 que "no viola el art. 14 CE, ni el 24 del propio texto, el hecho de que el estatuto de los Trabajadores haya establecido un elenco de casos que considera como relaciones de carácter especial, y que después no las haya hecho objeto de la necesaria reglamentación particularizada; determinar cuál debe ser en el momento actual, en presencia de la posible laguna -si puede llamarse así-, consistente en la falta de desarrollo de los principios de una Ley, las vicisitudes de los contratos y de las relaciones laborales, de carácter especial, es una cuestión que en sí misma no afecta a los derechos garantizados por la Constitución." Cabe concluir que el Preámbulo que antecede al Reglamento constituye la explicación para fundar una relación laboral especial por razones de conveniencia u oportunidad que no cabe combatir si respeta los derechos básicos reconocidos por la Constitución exigidos por el art. 2.2. del E.T tras su instauración por norma con rango legal. Podrá también aquí discreparse de la opción del legislador mas no se vislumbra elementos con entidad para el planteamiento de la cuestión. En nuestro sistema de funcionamiento el asesoramiento letrado se encuentra extendido, como realidad social, el descrito en el preámbulo ante lo que el legislador ha decidido calificar una determinada situación como relación asalariada especial. No olvidemos que el RD 658/2001, de 22 de junio por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, contempla el ejercicio individual de la abogacía por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador de un despacho individual o colectivo, bien como asalariado, bien bajo un régimen especial de colaboración pactado por escrito entre las partes, art. 27 ; el ejercicio colectivo de la abogacía colectivamente bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, art. 28 ; y el ejercicio multiprofesional de la abogacía con otras profesiones liberales no incompatibles, art. 29 . Es un marco absolutamente distinto del que acontece en otros Estados de la Unión Europea mas no existe norma comunitaria que homogeneíce el ejercicio de la actividad profesional de los abogados. Mencionemos solo que el ejercicio de la abogacía en los "Barreaus" franceses gira alrededor de la colaboración liberal, los contratos de despachos agrupados, las sociedades civiles de medios, las agrupaciones de interés económico, las asociaciones, las sociedades de abogados en participación, las sociedades civiles profesionales, las sociedades de ejercicio liberal, etc. Y en el mundo de la abogacía del Reino Unido el cliente del "Barrister" no suele ser el justiciable al que defiende, sino el "solicitor" que contrata sus servicios. SEPTIMO Despejada la improcedencia del planteamiento de la cuestión de constitucionalidad procede examinar el siguiente argumento residenciado en la petición de nulidad del Real Decreto por vulnerar los principios de legalidad, jerarquía normativa e interdicción de la arbitrariedad consagrados constitucionalmente así como por resultar contrario al art. 35. 2 CE . Vuelve a insistir aquí en que las razones de la opción del legislador no figuran en la Ley por lo que defiende se ha excedido de aquella. Asimismo reitera que las llamadas relaciones triángulas no son especificas de la Abogacía sino también de otros profesionales -médicos, graduados sociales, psicólogos clínicos, etc. Otro tanto afirma respecto a las incompatibilidades y prohibiciones. Rechaza el Abogado del Estado que hubiere arbitrariedad en el Real Decreto así como el resto de los argumentos que califica de incomprensibles al igual que el Consejo General de la Abogacía que, esencialmente, sigue a aquel. También aquí la defensa del Colegio de Abogados de Madrid remite a las consideraciones de la contestación a la demanda del Abogado del Estado rechazando la inexistencia de las peculiaridades declaradas por la norma reglamentaria. OCTAVO Nos remitimos a la argumentación expuesta para rechazar el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad para, a su vez, refutar la pretensión de nulidad total del Decreto. Con base en la jurisprudencia constitucional expuesta no puede negarse a una disposición reglamentaria que desarrolle una previsión legal regulando una relación laboral especial tras su creación por Ley. Tal actividad ni quiebra el principio de legalidad ni incurre en arbitrariedad. Las eventuales razones implícitas puestas de manifiesto por el Dictamen del Consejo de Estado que reproduce el sindicato recurrente -actuación de la Inspección de Trabajo en los meses previos a su aprobación levantando actas en múltiples despachos de abogados por falta de afiliación a la Seguridad social de abogados, que sin ostentar la cualidad de socios, desempeñaban su trabajo en aquellos, sentencias aparentemente contradictorias del orden jurisdiccional social sobre la naturaleza de determinadas relaciones- no constituyen argumentos que amparen la pretendida ilegalidad ni tampoco arbitrariedad. La informada problemática alrededor de los derechos de la Seguridad Social de los abogados es ajena a este recurso ya que nada se ha cuestionado en tal sentido. No parece irrazonable un distinto trato reglamentario respecto del abogado asalariado de un despacho de abogados sometido al régimen especial por las razones enumeradas en el RD 1331/2006, de 17 de noviembre frente al abogado asalariado de un ente público o privado sometido al régimen ordinario del contrato común de trabajo cuando la norma goza de cobertura legal derivada de la D.A. 1ª de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre . Es cierto que la existencia de normas deontológicas y prohibiciones existen también en otras profesiones colegiadas. Sin embargo lo que caracteriza a la abogacía es que les corresponde la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, conforme al art. 542 LOPJ , al tiempo que los poderes públicos deben garantizar la defensa y la asistencia de abogado en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes, de acuerdo con el art. 546.1 LOPJ . Aspecto fundamental que debe engarzarse con los derechos garantizados en el art. 24.2. CE en relación con los Convenios internacionales sobre derechos humanos que garantiza el derecho de asistencia letrada -Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos-. Por ello no quiebra ni el art. 14 CE ni el 35.2 CE el desarrollo de un régimen previamente establecido por una Ley. NOVENO Avanzando con la impugnación procede examinar la pretensión de nulidad de la letra b) del art. 2 así como del apartado 2 del art. 19 del RD 1331/2006 , por considerar infringen los arts. 28.1., 37 y 53.1. CE . Defiende el sindicato actor que los meritados preceptos reglamentarios cercenan la libertad sindical al restringir el derecho, obviando la reserva legal contenida en los arts. 53.1 y 37.1. CE en relación con el art. 6.3.b) LO de Libertad Sindical. Refuta la argumentación el Abogado del Estado al sostener que el precepto impugnado no restringe la negociación colectiva. Afirma que toda negociación colectiva ha de partir de lo establecido en los arts. 82.1, 83.1 y 85 del ET , es decir negociar las condiciones de empleo dentro del respeto a la leyes que veda un convenio que afecte indiscriminadamente a trabajadores sujetos a relación laboral común y a relación especial. Añade que en el dictamen del Consejo de Estado figura que las normas legales laborales imponen unos mínimos indisponibles a la autonomía contractual que podrán ampliarse en el juego de la citada autonomía. La defensa del Colegio de Abogados de Madrid da por reproducida la argumentación del Abogado del Estado por su claridad y contundencia. Por su parte el Consejo general de la Abogacía mantiene que los Convenios nada más podrán acomodar los derechos colectivos a la especialidad de la relación laboral lo que no comporta desconocer derecho alguno sindical. DECIMO El examen del anterior motivo de impugnación hace necesario expresar el contenido de los preceptos impugnados. Así Art. 2 . Fuentes de la realción laboral especial: Derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral especial que se establece entre los abogados y los despachos de abogados para los que trabajan se regulan: b) Por los convenios colectivos específicos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados. Art. 19.2 . Derechos colectivos. 2. Los convenios colectivos específicos de los despachos de abogados podrán establecer la forma y condiciones en que se podrán ejercer los indicados derechos colectivos teniendo en cuenta el carácter especial de la relación laboral que se establece entre los despachos y los abogados. Podrá no ser tan simple como en otros ámbitos el ejercicio de los derechos colectivos en un marco como el concernido. No obstante la regulación impugnada no puede decirse que limite la libertad sindical máxime cuando la parte recurrente no explicita cómo esa regulación reglamentaria limita el derecho constitucional de libertad sindical. Cierto que, defiere a una norma de futuro, el Convenio Colectivo, la forma de ejercicio de los derechos colectivos. Mas, ello no es óbice a que su planteamiento puede ejercerse al amparo de la amplia doctrina interpretativa del art. 28.1 CE plasmada en múltiples sentencias (STC 57/82, 98/95, 73/84 , etc.). Todo ello partiendo de que en este ámbito prima la legalidad sobre la autonomía de la voluntad. Por otro lado la ausencia de regulación respecto a cómo negociar un convenio colectivo no es razón para negar viabilidad a la norma cuando se puede atender a pautas derivadas de otros convenios o incluso acudir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos partiendo de lo establecido en el título III del RDL 1/95, de 24 de marzo. UNDECIMO El siguiente precepto impugnado es el apartado 3 del art. 4 por entender vulnera los arts. 9.1 y 3 de la Constitución constituyendo un exceso reglamentario que, afirma, fue puesto de manifiesto en el dictamen del Consejo de Estado al decir que la parte empresarial según la disposición adicional primera de la Ley 22/2005 se ciñe a "los despachos de abogados". Rechaza el Abogado del Estado la vulneración del principio de igualdad por la afectación de la norma impugnada a los despachos multiprofesionales respecto de los que, afirma, no argumenta. Niega la pretensión de vulneración del principio de jerarquía normativa con apoyo en el Dictamen del Consejo de Estado que, afirma, nada dice en tal sentido. Del mismo modo que en el supuesto precedente el Colegio de Abogados de Madrid se remite a la contestación a la demanda del Abogado del Estado. Aquí el Consejo General de la Abogacía acude a transcribir el art. 29 de su Estatuto para poner de relieve su inclusión. DUODECIMO Tras la anterior argumentación hemos de partir de que el art. 4 sujetos de la relación laboral especial en su apartado 3 . dice: 3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, tendrán la consideración de despachos de abogados los despachos multiprofesionales legalmente constituidos que incluyan entre los servicios profesionales que ofrezcan a sus clientes, los correspondientes al ejercicio profesional de la abogacía, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esta forma de ejercer la profesión de abogados en las normas que regulan la misma. Por su parte el Artículo 29 del Estatuto General de la Abogacía dice: 1. Los Abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones. b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la Abogacía por los miembros Abogados. c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la Abogacía, salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo, que no resultará aplicable, o en el apartado 4 del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito. 2. En los Colegios de Abogados se creará un Registro Especial donde se inscribirán las agrupaciones en régimen de colaboración multiprofesional. 3. Los miembros Abogados deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la Abogacía. Y, aunque es de fecha posterior al Real Decreto, también es preciso tomar en consideración la Ley 2/2007, de 15 de marzo , Ley de sociedades profesionales que toma nota legislativa de la evolución de las actividades profesionales desde la actuación aislada del profesional a la labor de equipo. No solo define la ley en su art. 1 las sociedades profesionales sino que, en lo que aquí interesa, su art. 3 contempla las sociedades multidisciplinares: las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal o reglamentario. La antedicha Ley en su disposición derogatoria única abroga la disposición adicional septuagésima de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 relativa al ejercicio colectivo de la profesión de abogado. Los abogados a los que se refiera el párrafo segundo, apartado 1, de la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre , por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad, y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea, que ejerzan la profesión como socios en régimen de asociación con otros, estarán, en lo que se refiere a la Seguridad Social, a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre , de supervisión y ordenación de los seguros privados. Se observa, por tanto, que el ejercicio colectivo de la profesión tanto cabe en un despacho dedicado exclusivamente al ejercicio de la abogacía como en un mutildisciplinario o multiprofesional. No es preciso un determinado número de abogados, en mayoría o en minoría, para la conceptuación de un despacho de tal naturaleza. La exigencia indiscutible es que en un despacho multiprofesional o multidisciplinario exista, al menos, un responsable titular del ejercicio profesional de la actividad de abogado. Y será del citado profesional ejerciente de la Abogacía del que dependa el abogado asalariado en este régimen especial. DECIMOTERCERO El siguiente articulo impugnado es el 10 al considerar infringe los arts. 9.3. y 35.1 de la Constitución al cambiar la regla general del art. 21 ET sobre el llamado pacto de plena dedicación. Considera que tal regulación limita el derecho al trabajo. Reputa poco clara la regulación de la compensación económica. Rebate asimismo el Abogado del Estado la pretensión de nulidad del principio de exclusividad en la relación salvo pacto en contrario. Defiende que la diferencia entre la norma reglamentaria y el art. 21 ET radica en las peculiaridades mismas de la relación laboral, dado su carácter triangular. Añade que la previsión de una compensación garantiza aquella característica que, a su entender, no lesiona el art. 35.1. CE . Al igual que en las impugnaciones anteriores la defensa del Colegio de Abogados de Madrid hace remisión a la contestación a la demanda del Abogado del Estado. Mientras el Consejo General de la Abogacía la reputa lógica en razón de la especial naturaleza de la actividad basada en la confianza. DECIMOCUARTO Tiene razón el sindicato actor al afirmar que la jurisprudencia del orden social de este Tribunal Supremo (STS de 28 de noviembre de 1990 ) se ha pronunciado respecto a que no hay concurrencia desleal cuando no medie pacto expreso de plena dedicación en una relación ordinaria de trabajo. Veamos la norma reglamentaria. La organización del trabajo y el régimen de prestación de la actividad laboral Artículo 10 . Régimen de exclusividad. 1. Los abogados prestarán sus servicios a los despachos en régimen de dedicación exclusiva, salvo que el contrato de trabajo concertado lo sea a tiempo parcial o establezca lo contrario. 2. Cuando los abogados presten sus servicios profesionales para un único despacho en régimen de exclusividad: a) No podrán ejercer la profesión de abogado por cuenta propia ni podrán celebrar otros contratos de trabajo con otros despachos o con otras entidades, públicas o privadas, para ejercer la profesión de abogado y, si así se hubiera pactado, para ejercer cualquier otra actividad profesional. b) Tendrán derecho a percibir una compensación económica adecuada por la exclusividad, que se determinará en el convenio colectivo o, en su caso, en el contrato de trabajo. 3. En todo caso, será compatible con el régimen de exclusividad, la prestación de asistencia letrada y defensa jurídica derivada del turno de oficio o la que afecte a los familiares a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 5 de este real decreto , u otras obligaciones que por imperativo legal debieran realizar los abogados. Asimismo será compatible con el indicado régimen, la realización de actividades compatibles con la abogacía y complementarias de ésta tales como las docentes, las representativas u otras de similar naturaleza. Las condiciones en que se podrán prestar las indicadas actividades se determinarán en los convenios colectivos o en su caso en el contrato de trabajo 4. Los abogados que prestan servicios profesionales en los despachos podrán asesorar o defender a sus propios clientes y cobrar los honorarios directamente de los mismos cuando así se hubiera pactado expresamente en el contrato de trabajo, en el que se establecerán las condiciones en que se compatibilizarán las actividades por cuenta ajena y por cuenta propia. En todo caso, la compatibilidad de las indicadas actividades no puede dar lugar a conflictos de intereses o interferir el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el despacho. Vemos que la norma reglamentaria invierte el orden establecido para las relaciones laborales ordinarias mas ello no es óbice para que, bajo libertad de pacto, pueda fijarse un criterio similar a las relaciones ordinarias asalariadas. La antedicha regulación encuentra su apoyo precisamente en el carácter especial de la relación por lo que no puede calificarse ni de arbitraria ni de contraria al derecho al trabajo. La conciliación y defensa de los derechos que le sean confiados, al tiempo que el asesoramiento al ciudadano-cliente o sociedad-cliente conlleva la fijación de ese criterio que, no obstante, puede modificarse por voluntad de las partes. DECIMOQUINTO El siguiente artículo cuestionado es el apartado primero del art. 14 al considerar infringe la Directiva 2003/88 /CE y la jurisprudencia comunitaria sobre la materia plasmada en la sentencia de 3 de octubre de 2000, asunto 303/98 . No reputa contradicción alguna el Abogado del Estado entre la regulación reglamentaria del tiempo de trabajo y la normativa comunitaria esgrimida de contrario. Acude al Dictamen del Consejo de Estado para reputar acertada la remisión a convenio colectivo la determinación de los supuestos de desplazamientos y esperas que no se tendrán en cuenta en el cómputo de las jornadas de trabajo, así como para la determinación de los tiempos en que se realicen actividades propias de la profesión. Otro tanto que en los apartados precedentes realiza la defensa del Colegio de Abogados de Madrid reputando el art. 14.1 ajustado a derecho comunitario negando contradicción alguna de la norma con la sentencia de 3 de octubre de 2003 . El Consejo General de la Abogacía defiende que una interpretación razonable de la norma no conlleva contradicción alguna con las previsiones de la Directiva. Mantiene que, en las esperas en dependencias judiciales o notariales realiza actividades propias de su profesión. DECIMOSEXTO Expresa el art. 14 Jornada y horarios de trabajo. 1. La duración de la jornada de trabajo de los abogados será la que se pacte en convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso los límites de duración de la jornada que se establecen en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, calculados en cómputo anual. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior se considerará tiempo de trabajo el tiempo que los abogados permanezcan en el despacho realizando actividades propias de su profesión y el que dediquen fuera del despacho para la asistencia y defensa de los clientes. No se computará a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos de la duración máxima de la jornada. Precepto que debe ser examinado en relación con la Directiva 2003/88 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, plenamente en vigor desde el 2 de agosto de 2004, contempla la duración máxima de trabajo semanal que no debe exceder de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días (art. 6) tras definir que se entiende por tiempo de trabajo. Así el art. 2 , a efectos de la directiva , entiende por tiempo de trabajo, todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. Como trabajador móvil incluye al trabajador empleado como miembro del persona de transporte de una empresa que realice servicios de transporte de pasajeros o mercancías por carretera, vía aérea o navegación interior. Por su parte el art. 17 fija las excepciones a la ordenación del tiempo de trabajo, desde el respeto de los principios generales de protección de la seguridad y salud de los trabajadores a causa de las características especiales de la actividad realizada. Las antedichas excepciones contemplan un amplio abanico de actividades y ámbitos (agricultura, puertos, prensa, bomberos, protección civil, asistencia médica hospitalaria, etc) o trabajadores específicos (trabajadores en actividades litúrgicas de iglesias, ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión autónomo, etc.) en que, durante un período transitorio, la jornada legal puede superar aquel término. Ninguna referencia realiza al ejercicio asalariado de la abogacía para un titular de despacho, quizás por no ser tal sistema de ejercicio profesional mayoritario en nuestro entorno. La jurisprudencia del TJCE ha dicho en sentencia de 3 de octubre de 2000, asunto 303/98 en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana respecto a la Directiva 93/104 / CE, del Consejo de 23 de noviembre de 1993 , vigente hasta la entrada en vigor de la Directiva 2003/88 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 , que reputa conveniente establecer un límite máximo de duración de la semana de trabajo, no tomando en consideración, en determinados supuestos, el consentimiento expresado en Convenio colectivo. "3) El tiempo dedicado a atención continuada prestado por médicos de Equipos de Atención Primaria en régimen de presencia física en el centro sanitario debe considerarse tiempo de trabajo en su totalidad y, en su caso, horas extraordinarias en el sentido de la Directiva 93/104. Por lo que respecta a la prestación de servicios de atención continuada por dichos médicos en régimen de localización, sólo debe considerarse tiempo de trabajo el correspondiente a la prestación efectiva de servicios de atención primaria. 7) El consentimiento expresado por los interlocutores sindicales en un convenio o acuerdo colectivo no equivale al dado en el por el propio trabajador, previsto en el artículo 18, apartado 1, letra b), inciso i), primer guión, de la Directiva 93/104 ". Criterio ya vertido en pronunciamientos anteriores del Tribunal de Justicia dictados con ocasión de cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles como las resueltas el 3 de julio de 2001, asunto 241/99 y 16 de diciembre de 1999, asunto 303/98. Y la sentencia TJCEE de 9 de septiembre 2003, asunto 151/02 : "2) La Directiva 93/104 debe asimismo interpretarse en el sentido de que: - en circunstancias como las del asunto principal, se opone a la normativa de un Estado miembro que, por lo que respecta al servicio de atención continuada efectuado en régimen de presencia física en el hospital, tiene por efecto permitir, según los casos mediante un convenio colectivo o un acuerdo de empresa basado en dicho convenio, la compensación únicamente de los períodos de atención continuada durante los cuales el interesado ha realizado efectivamente una actividad profesional". Ya se ha dicho con anterioridad que la finalidad del Convenio colectivo es mejorar las relaciones laborales mas no puede crear un marco. El Convenio podrá ordenar el horario de trabajo pues fijar las condiciones de prestación laboral es uno de sus fines pero no puede alterar mínimos de derecho necesario. No se niega que el desempeño del ejercicio de la profesión de abogado asalariado -pues el que ejercite por cuenta propia pactara con el cliente las condiciones de cobro del tiempo dedicado al desempeño de su defensa y asesoriamiento incluídos los desplazamientos y esperas- muestra complejidad ya que se ejercita tanto en el despacho como en los Tribunales de justicia o, en ocasiones, en otras dependencias administrativas. Es notorio que, en ocasiones, pueden producirse largos tiempos de espera, unas veces imputables a la organización judicial, y otras, la experiencia lo acredita, a la sucesiva impuntualidad de las partes o los profesionales citados con anterioridad que ocasionan retardos en efecto cascada. Tiene razón el Consejo General de la Abogacía que debe hacerse una interpretación razonable del precepto, mas justamente el punto de vista razonable conjugado con la antedicha Directiva es el que evidencia la vaguedad de la regulación establecida. Recordemos que el apartado 65 de la antes mencionada sentencia de 9 de septiembre de 2003 dijo que "no cabe considerar que un trabajador disponible en el lugar designado por el empresario se halla descansando durante los períodos de su servicio de atención continuada en los que no ejerce efectivamente una actividad profesional". Y la espera o desplazamientos en el caso de los abogados, comporta encontrarse disponible para el titular del despacho. Y en el apartado 52 de la meritada sentencia distingue entre el tiempo dedicado en régimen de presencia física en el centro de trabajo -en tal caso sanitario- a la prestación de servicios en régimen de localización, tomando en cuenta lo dicho en el asunto 241/99, auto de 3 de julio de 2001 . No puede, por tanto, dejarse a un futuro Convenio Colectivo la determinación de los supuestos concretos en que desplazamientos y esperas no se computarán a efectos de la duración máxima de la jornada cuando se trata de elementos básicos de la relación laboral. Máxime, cuando constituye hecho notorio que no toda la actividad profesional (civil, mercantil, penal, de familia, laboral, contencioso-administrativo, violencia de género, etc.) guarda similitud sino que depende de los distintos órdenes jurisdiccionales ante los que se ejercita la labor. En consecuencia, procede la anulación del precepto. DECIMOSEPTIMO Otro precepto impugnado es el apartado segundo del art. 19 al entender vulnera los arts. 7, 28.1, 37 y 53.1. CE al permitir que los Convenios establezcan las formas de ejercer los derechos colectivos, como el de huelga, cuando al ser fundamentales se encomienda a la ley. Tampoco acepta el Abogado del Estado la impugnación del art. 19.2 para lo cual acude también al Dictamen del Consejo de Estado respecto a que las condiciones de ejercicio de los derechos colectivos se encuentran reguladas por la legislación orgánica. Arguye que la hipotética vulneración de un precepto constitucional no es cuestión a examinar en esta fase. Respecto el articulo cuestionado, tanto el Colegio de Abogados de Madrid como el Consejo General de la Abogacía Española se remiten a lo dicho por el Abogado del Estado y el Consejo de Estado en su Dictamen 2206/2006. DECIMOCTAVO Ya expusimos más arriba que el art. 19 dice: 2. Los convenios colectivos específicos de los despachos de abogados podrán establecer la forma y condiciones en que se podrán ejercer los indicados derechos colectivos teniendo en cuenta el carácter especial de la relación laboral que se establece entre los despachos y los abogados. Y tal como se dijo en el FJ décimo independientemente de lo que diga el precepto reglamentario tenemos la regulación del Estatuto de los Trabajadores que deberá ser respetada al fijar la forma y condiciones, es decir, no podrá el Convenio reducir los derechos colectivos. DECIMONOVENO Finalmente el último precepto recurridos es el art. 23 en sus apartados 2, 3 y 4 por quebrantar los arts. 9.3, 14 y 24.1. CE . Arguye que la decisión unilateral del empresario para extinguir un contrato de trabajo constituye una novedad en nuestro ordenamiento sin perjuicio de que comporte inseguridad jurídica el concepto jurídico indeterminado relativo a la quiebra de la confianza. Defiende que supone lesión del principio de igualdad que solo se establezca para los abogados aquí concernidos vulnerando el principio de seguridad jurídica. Finalmente también rechaza el Abogado del Estado las pretendidas infracciones de los apartados 2,3 y 4 del art. 23 del Real Decreto . Niega la existencia de inseguridad jurídica o indefensión así como de quiebra del principio de igualdad. Reconoce que, ciertamente, se utilizan conceptos jurídicos indeterminados mas ello no es infrecuente en nuestro ordenamiento ya que serán los tribunales quienes dilucidarán la cuestión. Rebate la aducida indefensión al señalar que quedan incólumes los mecanismos que el ordenamiento pone a disposición de los trabajadores para defenderse de todo tipo de imputaciones. Reputa razonables y objetivas las causas de extinción dadas las peculiaridades de la relación que se establece. Añade que en otras relaciones de confianza (personal de dirección, personal al servicio del hogar familiar) también se regula la extinción del contrato por desistimiento del empleador. En este punto, como en los anteriores, también el Colegio de Abogados de Madrid hace remisión a las consideraciones del Abogado del Estado. Mientras el Consejo General de la Abogacía mantiene que tal regulación se corresponde con la función del trabajador y la necesidad de proteger el interés del cliente y su derecho de defensa sin que constituya novedad la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados. VIGESIMO Artículo 23 . Extinción del contrato por voluntad del titular del despacho. 2. Además de en los supuestos previstos en el apartado anterior el titular del despacho podrá extinguir el contrato de trabajo, en las condiciones previstas en el artículo 53 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes supuestos: a) Cuando exista una manifiesta y grave quiebra de la confianza entre el abogado y el titular del despacho que tenga su origen en la actuación profesional del abogado o en su relación con los clientes y así se acredite por el titular del despacho. b) Cuando se acredite asimismo, por el titular del despacho, que el abogado no mantiene un nivel profesional adecuado y, en consecuencia, no puede ejercer la profesión con plenas garantías para los intereses de los clientes. 3. En todo caso, para que el acuerdo de extinción del contrato de trabajo al amparo de lo previsto en el apartado anterior sea válido será necesario que en la comunicación que se haga al abogado consten con suficiente detalle las actuaciones profesionales o las relaciones con los clientes en que se base la pérdida de la confianza o el inadecuado nivel profesional y que el preaviso que se conceda al abogado tenga una duración de al menos 45 días. 4. El abogado, producido el preaviso, y con independencia de que impugne la decisión extintiva, deberá informar al titular del despacho de la situación de los asuntos que tuviera encomendados y poner a disposición del mismo la documentación correspondiente. La existencia de conceptos jurídicos indeterminados es consustancial al ordenamiento administrativo por lo que tampoco resulta extraña su presencia en el ámbito del derecho del trabajo por lo que ninguna vulneración acontece de los principios y derechos constitucionales invocados. Serán los jueces del orden social los que deberán realizar la correspondiente interpretación de los preceptos cuestionados. Del mismo modo que efectúan respecto a otros del ordenamiento laboral, incluso en el despido disciplinario, cuyos límites no se encuentran prefijados sino que deben ser desmenuzados en cada caso a la vista de la prueba practicada tras la que se dilucidará si se ha quebrado o no la confianza aducida como motivo de extinción contractual. No comporta conculcación del principio de igualdad la existencia de un distinto tratamiento de la extinción del contrato por voluntad del titular del despacho respecto al régimen general precisamente por la propia especialidad de la relación de trabajo afectada. La incorporación de causas de despido objetivo no contempladas en el Estatuto de los trabajadores deriva de la propia especificidad del contrato apoyado en una reciproca confianza si bien la potenciación de la del empleador como titular del despacho de abogados es mayor en razón de ser quien organiza y dirige el despacho. Tampoco cabe decir que quiebre el derecho a la tutela judicial efectiva residenciada en el derecho de defensa del abogado- trabajador-asalariado por cuenta de otro abogado. La norma reglamentaria pone de manifiesto la necesidad de que el abogado- empleador-titular del despacho explicite detalladamente las actuaciones profesionales o las relaciones con los clientes que ha determinado que el empleador considere como elementos determinantes de la pérdida de confianza. La misma obligación tiene para poner de relieve el inadecuado nivel profesional imputado. Será el juez de lo social quien valore, a la vista de lo comunicado por escrito, la concurrencia o no de las circunstancias que determinan la entrada en juego de esta causa de extinción del contrato de trabajo en razón de la función social que cumple la abogacía al ser los deberes de confidencialidad, secreto profesional y fidelidad inherentes a la condición de abogado VIGESIMOPRIMERO No hay méritos para un pronunciamiento expreso sobre costas. Por lo expuesto en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución, FALLAMOS Ha lugar a la estimación parcial del recurso contencioso interpuesto por la representación procesal de la Unión General de Trabajadores de España contra el RD 1131/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, en el sentido de declarar la nulidad del aparado tres del art. 14.1 . sobre jornada y horarios de trabajo, que dice "No se computará a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos de la duración máxima de la jornada", desestimando el resto de pretensiones. Publíquese el anterior fallo en el BOE conforme a lo dispuesto en el art. 72.2. LJCA . Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente de la misma, Doña Celsa Pico Lorenzo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mi la Secretaria, certifico. JMDAM 297451 1 0 1 81.32.25.18 4336 2009-03-25T15:27:34Z 1127098 El CGPJ es el órgano encargado de sancionar las faltas disciplinarias cometidas por los miembros del poder judicial. En numerosas ocasiones, los comportamientos de los jueces y magistrados reciben una sanción ínfima. ¿Por qué se le imponen a los jueces sanciones tan benevolentes? Este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó que la jueza de Barcelona que amenazó a los Mossos d'Escuadra de su cargo para librarse de hacerse un test de alcoholemia, en el que posteriormente dio positivo, sólo podía ser sancionada con una falta leve. Las faltas leves, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pueden ser materializadas desde la advertencia o multa de hasta 300 euros o ambas. Es decir, esta juez podrá recibir como pena máxima una multa y una advertencia por haberse aprovechado de su condición de miembro de un poder del Estado e intentar librarse de la pena que se le impuso por conducir ebria. Sin embargo, las sanciones benevolentes con el comportamiento de los miembros de la Carrera Judicial se repiten una y otra vez. El órgano competente de valorar los comportamientos reprobables de los jueces para después imponerle las sanciones permitentes es el CGPJ, de acuerdo con lo establecido en la LOPJ. Dicha Ley prevé que las sanciones disciplinarias de los jueces se dividen en leves, graves o muy graves, siendo la sanción máxima prevista para un magistrado la suspensión, traslado forzoso o separación de la Carrera Judicial. Sin embargo, noticias como que el juez Tirado, que dejó erróneamente en libertad al asesino de la pequeña Mari Luz, y que sólo fuese sancionado con 1.500 euros de multa o el hecho de que a pesar de las múltiples denuncias interpuestas contra el juez Baltasar Garzón por sus constantes abusos de poder, el CGPJ nunca haya abierto expediente al instructor, ponen en entredicho el sistema disciplinario de los jueces. A continuación, se exponen algunos de los casos que demuestran la liviandad con la que se castiga los comportamientos reprobables de los miembros de la Judicatura. Garzón y su “error de carpetilla”, un falta leve. El pasado mes de enero el Consejo valoró que el “error de carpetilla” protagonizado por el titular del juzgado Número 5 de Instrucción se trataba de una “falta leve” por lo que debería ser la propia Audiencia la que debería sancionarlo. Garzón dejó en libertad a los dos narcotraficantes turcos fueron detenidos hace dos años durante la que se conoció como la segunda operación –llamada "Victoria"– más importante en España contra el tráfico de heroína. Sin embargo, el pasado mes de julio se cumplía el plazo para pedir la prórroga de la prisión provisional (en estos casos de delitos muy graves es el tiempo máximo) de dos de sus detenidos: Sahin Eren y Erden Vardar. La Fiscalía advirtió el 27 de junio al juez Garzón que se acercaba la fecha límite para pedir la prórroga de ambos delincuentes. Sin embargo, esta petición no pudo hacerse antes porque el juez acababa de llegar de Colombia. La explicación de Garzón fue que se trató de "un error de carpetilla". El caso Tirado, una "desatención leve". Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Rafael Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando Mari Luz Cortés fue asesinada. El CGPJ acordó por 14 votos a favor y 7 en contra que la multa al juez de Sevilla fuese de sólo 1.500 euros. La portavoz del Consejo señaló que tuvieron en cuenta "que la conducta del magistrado fue de "desatención leve y retraso injustificado". En un recurso, el fiscal pedía para el juez una inhabilitación por tres años. El expediente disciplinario caducó En diciembre de este año el Tribunal Supremo anuló la multa de 8.000 euros que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso al juez de la Audiencia Nacional, Manuel Arce, por abuso de autoridad e incumplir el horario, porque el Consejo se retrasó en resolver el expediente y este caducó. El juez fue sancionado con una multa de 8.000 euros por el Consejo ante el abuso de autoridad e incumplimiento del horario que llevaba a cabo. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces tardó más de los seis meses previstos por la Ley en resolver el asunto (tardó seis meses y seis días) y el Supremo tuvo que absolver al magistrado quien alegó ante el Alto Tribunal que se había cumplido el plazo legal de seis meses previsto para la duración del procedimiento sancionador. Casos archivados Cuando son preguntados por este asunto, diferentes miembros del órgano de gobierno de los jueces sostienen que ellos establecen las sanciones de acuerdo con lo establecido en la LOPJ. Sin embargo, hay ocasiones en que las quejas contra los jueces se archivan sin que se practique diligencia alguna. Fue el caso de la denuncia interpuesta el PP contra el juez estrella por la cacería que mantuvo con el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo en plena operación judicial contra la cúpula popular. Si al socialista dicho escándalo el costó el puesto, para Garzón el asunto ha quedado en una anécdota. Una de las vocales del CGPJ denunció en su voto particular que el caso se había archivado sin que se parcticase ninguna diligencia al respecto. JMDAM 297451 1 0 1 83.35.81.32 4336 2009-03-27T17:20:34Z 1131924 Las urbanizaciones ilegales en Andalucía Muchas de las quejas que tramita la Institución sobre aspectos urbanísticos han planteado problemas derivados de asentamientos y urbanizaciones construidas ajenas a las normas de planeamiento. Su investigación ha sido, por tanto, un motivo muy frecuente de intervención del Defensor a lo largo de los años. Estas quejas han constituido el relato particularizado de los muchos y graves problemas que encierran la urbanizaciones ilegales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así pues, el Defensor del Pueblo Andaluz aborda con ocasión de este Informe Especial un tema que no supone, desde luego, una novedad en las actuaciones de la Institución. Más bien, responde a la necesidad de procurar de las Administraciones implicadas una respuesta ordenada e improrrogable ante un problema que no está obteniendo la atención que merece. Las condiciones y servicios elementales que debe llevar aparejada cualquier zona residencial contrasta con la situación de estos asentamientos. Algunos de los aspectos, cuando no todos ellos relacionados, que se denuncian tras este tipo de quejas son la ausencia de recogida de resíduos y basuras, carencia de viales y acerados, alumbrado público inexistente, insuficiencia de agua potable o con graves problemas de salubridad. De ahí que la complejidad que encierra este problema ha provocado que muchas de estas quejas de los ciudadanos no hayan alcanzado a pesar de los años una solución favorable. Los motivos que explican la elaboración de este trabajo por el Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos, son variados: primero, porque existe una importante demanda de servicios esenciales por parte de los vecinos afectados, por más que en muchas ocasiones éstos hayan sido responsables de la situación creada. Segundo, por un elemental principio de seguridad jurídica ante el diferente tratamiento que reciben por parte de distintos municipios o, a veces en uno mismo, unas urbanizaciones ilegales frente a otras. Además, el resultado de muchos de estos procesos de asentamientos ha sido la aparición de núcleos de infravivienda, absolutamente ajenas a las condiciones de dignidad y salubridad que la Constitución preconiza. Explica también la elaboración de este Informe la necesidad de dar respuesta ante evidentes ejemplos de impactos ambientales que estos núcleos provocan en el entorno y, muy singularmente, en espacios singulares como son parajes de valor ecológico, zonas inundables y de litoral. Y por último, existe otro factor muy importante que justifica esta investigación: si bien en las parcelaciones ilegales el comprador sabe lo que adquiere y persigue pagar un precio menor por unos terrenos que no prevén instalaciones urbanizables, sí exiten otros casos en los que se compromete una determinada obra junto a unos equipamientos y luego se ejecuta otra cosa, o simplemente no se realiza la urbanización. Ambos tipos de operaciones esconden en todo caso actuaciones fraudulentas y requieren el imprescindible control de las Administraciones que deben tutelar estos procesos. A partir de la constatación de la generalidad de todas estas situaciones repartidas a lo largo del territorio andaluz, surgió el compromiso del Defensor ante el Parlamento de elaborar un estudio singular de este problema, que ahora presentamos. El trabajo parte de la experiencia acumulada en la tramitación de las quejas comentadas y añade la información que hemos obtenido de las Administraciones afectadas. Desde la Institución nos hemos dirigido enviando unos cuestionarios a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, a las Diputaciones Provinciales y a 251 Ayuntamientos implicados; y, asimismo, hemos mantenido una entrevista con la Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la mencionada Consejería de Obras Públicas y Transportes. A la vista de las respuestas obtenidas en contestación a los cuestionarios enviados, podemos hacer el siguiente resumen sobre la situación en la que se encuentran las urbanizaciones ilegales en Andalucía. La primera cuestión ha sido determinar el número de urbanizaciones con problemas serios de legalidad que hay en Andalucía actualmente. Se trata de una pregunta que parece que nadie está en condiciones de responder adecuadamente, pues hace 10 años que no se ha actualizado la información global que se poseía sobre el fenómeno de las parcelaciones ilegales y de las urbanizaciones ejecutadas contra plan. El único inventario elaborado incluye todo tipo de urbanizaciones sean legales o no y se confeccionó a partir de una interpretación fotográfica de vuelos aéreos realizada a partir de los años 80. También se esbozó un catálogo, que se refiere a parcelaciones ilegales y a urbanizaciones ejecutadas en abierta contradicción con el plan. Con todo estos condicionantes, la situación hacia 1990 desde un punto de vista cuantitativo era la siguiente: Número de urbanizaciones ilegales Provincia Inventario Catálogo Porcentaje de Irregularidad Almería 100 61 61 Cádiz 133 80 60’1 Córdoba 154 117 73 Granada 193 87 45 Huelva 83 54 64 Jaén 162 94 58 Málaga 548 83 15’1 Sevilla 359 219 61 TOTAL 1.732 1.014 58’5 % La población afectada directamente por estas urbanizaciones ilegales se cifra, según los datos obtenidos por el Informe, respecto de los 225 municipios que han respondido, en 193.146 personas, sumadas entre los 64.995 habitantes de carácter permanente y los 128.151 de población temporal. En la práctica, esta cifra resultaría más numerosa si hubiéramos podido contar con todos los datos solicitados. La tipología según la superficie que ocupan estas urbanizaciones es muy variada y repartida entre todas las provincias de Andalucía. MUNICIPIOS AFECTADOS POR PARCELACIONES ILEGALES Y/O URBANIZACIONES CONTRARIAS A PLAN PROVINCIA MUNICIPIOS AFECTADOS Almería 17 Cádiz 17 Córdoba 27 Granada 30 Huelva 15 Jaén 28 Málaga 14 Sevilla 42 TOTAL 190 Gráfica que muestra la extensión de las urbanizaciones por hectáreas En cuanto al estado de los servicios mínimos obligatorios de estas urbanizaciones ilegales, la descripción obtenida de los cuestionarios cumplimentados confirma la preocupación, antes comentada, en orden a la idoneidad de estos asentamientos y los riesgos que comportan sus múltiples carencias. * La mayoría de las urbanizaciones no cuentan con abastecimiento de agua potable. Los métodos de captación de agua y el estado y salubridad de su suministro resultan fácilmente imaginables. Las escasas redes existentes no presentan un ciudado adecuado. * El alcantarillado tampoco es mejor. Los vertidos se realizan en fosas sépticas, cuando no en pozos negros sin mayor control. Las exiguas redes que parecen existir ofrecen un estado calificado como malo o regular en el 80 % de estos pocos casos. * Sólo una quinta parte de las urbanizaciones manifiestan disponer de un sistema de alumbrado público. En los casos en que existe, su estado y funcionamiento es malo. Únicamente 2 urbanizaciones han manifestado tener un buen alumbrado. * En cuanto a las vías públicas, sólo una urbanización de cada cuatro cuenta con viarios pavimentados. El estado de estas vías o calles es perfectamente coherente con el nivel de los servicios que hemos comentado anteriormente. Además, es muy frecuente que estas vías ocupen bienes de dominio público, invadan vías pecuarias o bien discurran por otros caminos privados. Ésta es la descripción somera del estado de tales urbanizaciones que, siendo manifiestamente ilegales, proliferan a lo largo del territorio sin que se haya apreciado una respuesta clara respecto a las causas que alcancen a explicar la existencia de tal fenómeno. En los pocos casos en los que se han insinuado un cierto reconocimiento de pasividad o dejadez ante estas actuaciones, la explicación ofrecida se excusaba en "situaciones heredadas" o en "oportunidades perdidas". En el mismo tono, las autoridades y Administraciones consultadas coinciden en lamentar, e incluso reprobar, la existencia de estos singulares núcleos de población, por más que no alcanzan a explicar qué medidas han puesto en práctica para el control y la adecuación a la legalidad ante perfectos ejemplos de transgresión a las normas. Se consolida así una situación muy problemática de abordar por parte, principalmente, de los municipios que han contemplado la proliferación de unos núcleos de población que están ahí, con la carencias que hemos constatado, y que demandan una serie de servicios cuya prestación se hace depender de una difícil adecuación a la legalidad urbanística. A la hora de abordar soluciones, la gran mayoría de los municipios consultados entienden que es necesario poner en marcha mecanismos de regularización y de adecuación a la legalidad, pero ante los que se manifiestan con dificultades para emprender el ejercicio de la disciplina urbanística y, a su vez, reclaman la intervención subsidiaria de los órganos de la Junta de Andalucía. Gráfica que muestra las respuestas dadas a la pregunta: ¿Tiene el Ayuntamiento la capacidad de asumir la disciplina urbanística? Esta incorporación a la legalidad de tales urbanizaciones se deben realizar mediante procesos de regularización que han de acometerse en unos plazos de tiempo tan ágiles como perentorias son las condiciones en las que se encuentran los servicios de estos núcleos. De ahí que los ayuntamientos consultados consideran conveniente afrontar procesos de regularización en un mayoritario 79% de los casos. Gráfica que muestra las respuestas dadas a la pregunta: ¿Debe la Junta de Andalucía ejercitar la acción pública o actuar por subrogación? Por tanto, ante la situación descrita, las medidas de actuación que se proponen desde la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, se resumen en: 1. Los poderes públicos tienen el deber inexcusable de tutelar el orden urbanístico, ejercer la disciplina urbanística y, desde luego, dar cuenta de los supuestos en los que se aprecien responsabilidades no ya administrativas, sino incluso de orden penal ante los tribunales. 2. El juego de las diferentes competencias residenciadas en varias Administraciones obliga a extremar las medidas de colaboración y cooperación, muy principalmente hacia los municipios de escasa capacidad técnica y materal de la mano de las Diputaciones Provinciales y de la propia Junta de Andalucía. 3. Ante los supuestos de falta de ejercicio o dejación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos en esta materia, la Consejería de Obras Públicas y Transportes deberá actuar por subrogación protegiendo los intereses públicos. 4. Es imprescindible promocionar una completa información a la hora de adquirir parcelas en orden a su situación urbanística y su planeamiento, mediante la implicación de los ayuntamientos, asociaciones de consumidores y usuarios, registradores y notarios, así como de las propias autoridades autonómicas. 5. Respecto a las urbanizaciones previstas por un plan y mal ejecutadas, habrá de accionarse ante el promotor las medidas de garantías que la legislación establece para hacer cumplir las previsiones del plan. En los casos que el promotor haya desaparecido, deberán promoverse acuerdos con los particulares para financiar y dotar los servicios necesarios. Cuando la regularización sea la única fórmula para alcanzar la adecuación de estas urbanizaciones, estos procesos deberán dirigirse desde los principios de igualdad y justa distribución de los beneficios y de las cargas que provoquen la dotación de infraestructuras y de servicios. Podemos concluir afirmando que la generalizada existencia de urbanizaciones ilegales es, en sí misma, un clara contradicción con toda idea de ordenación del territorio. Esta secular dejación de las funciones de control urbanístico ha devenido en la prescripción de muchas medidas disciplinarias que deberían haberse acometido. En estos casos, ante las evidentes carencias que las urbanizaciones ilegales soportan, habrá de abordar su adecuación mediante la implicación de sus propietarios en los costes que provoquen los procesos de regularización. En aquellos casos en los que sea posible el ejercicio de medidas disciplinarias y exigencia de responsabilidades, deberá acometerse un decidido plan de actuación que persiga la restitución de la legalidad. Y, por último, mientras se intenta amortiguar el problema y abordar sus soluciones, resulta imprescindible alcanzar la firme determinación de que el propio problema no siga creciendo. Dar una respuesta a las urbanizaciones ilegales constituye hoy uno de los mayores retos para la ordenación del territorio en Andalucía. Y la pauta que desde esta Institución se propone podría resumirse así: ni una urbanización ilegal más y trabajemos para paliar los efectos de los abusos cometidos, asumiendo cada uno, según sus responsabilidades, las cargas que de ello se derivan. JMDAM 297451 1 0 1 81.32.25.72 4336 2009-03-29T12:22:43Z 1135004 | El Banco de España, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tuvieron conocimiento en 2002 de que Fórum Filatélico y Afinsa llevaban operando cerca de 20 años sin regulación ni control de los organismos públicos sin evitar que siguieran captando clientes, según los dictámenes jurídicos elaborados por los cuatro organismos entre enero y febrero de 2002, a los que tuvo acceso Europa Press. El Ministerio de Economía recogió las conclusiones en un informe emitido el 14 de febrero de 2002 en el que concluyó que "sería la propia CNMV el organismo competente para realizar las investigaciones que considere oportunas y, en su caso, proceder a la apertura del procedimiento sancionador que corresponda", basándose en el artículo 2 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (LMV). Economía dictaminó la competencia del organismo supervisor al tener "en cuenta los criterios concordantes manifestados por el Banco de España y la Dirección General del Tesoro" y remitió el escrito al secretario general del consejo de administración y el entonces jefe de los servicios jurídicos de la CNMV, José María Garrido García, para que "se lleven a cabo las actuaciones procedentes", según el informe. Estos documentos, desconocidos hasta ahora, y que no han sido remitidos a la Audiencia Nacional entre la documentación enviada por la CNMV, demostrarían la inhibición en este asunto de los principales organismos económicos bajo el entonces Gobierno del Partido Popular. El trámite de varias denuncias presentadas entre octubre y diciembre de 2001 ante el Ministerio de Economía, la CNMV y el Banco de España contra Afinsa por captación de ahorro provocó que los servicios jurídicos de las cuatro administraciones abrieran un debate sobre quién tenía la competencia legal para supervisar a las filatélicas con resultados contradictorios, según los documentos. Cabe destacar que el Banco de España, en su dictamen del 18 de febrero de 2002, advirtió que si la responsabilidad no fuera finalmente de la CNMV "la autoridad competente para requerir información o inspección a Afinsa sería el Ministerio de Economía, por sí mismo o a través del Banco de España", según la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. LA CNMV ELUDE SU COMPETENCIA CON OTRO INFORME En contestación a la orden de Economía, la CNMV elaboró un segundo informe, de fecha 27 de febrero de 2002, en el que rechazó su responsabilidad sancionadora al concluir que el artículo 26 bis de la reformada LMV de 1998, que regula los casos de captación ilícita, "no podía servir para aplicarla" a la compra-venta de sellos. El organismo supervisor argumentó que los sellos "no eran valores negociables", por lo que quedaban fuera de la LMV, y que en los contratos "no existe subyacente ni negociación en un mercado secundario", cerrando la vía para descubrir que se trataba de una estafa piramidal, tal y como defiende la Fiscalía Anticorrupción. Los clientes "no quedaban desprotegidos", ya que podían acogerse a la "Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Publicidad y a la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios", concluyó el informe. Finalmente, el Ministerio de Justicia emitió un informe con fecha del 17 de abril de 2002 en el que concluyó que la compra venta de sellos era "actividad de captación de ahorro del público" pero "no en el sentido que contempla la normativa por la que se rige la actividad financiera propiamente dicha". "Tales operaciones constituyen una actividad en principio lícita, sin bien carente de regulación propia y específica, sometida a las previsiones del Código Civil y del Código de Comercio sobre obligaciones y contratos, y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", concluyó Justicia. El Gobierno del PP aprobó el noviembre de 2003 la llamada Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que dejó a las filatélicas bajo la competencia del Ministerio de Consumo y a las comunidades autónomas. PRUEBA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Estos documentos "prueban" y abren la "vía definitiva" para investigar la tesis defendida por las acusaciones particulares de que existió negligencia por parte del Estado por la omisión y pasividad en el control de las filatélicas, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press. El presidente de la CNMV en 2002, Blas Calzada, confirmó el pasado lunes ante el juez Baltasar Garzón, que investiga a Fórum, la existencia de estos documentos, así como la preocupación que existía en el seno de estos organismos sobre la competencia en el control de las empresas. Los abogados de los afectados pedirán ahora la inclusión de estos informes en las causas que investigan los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Fórum) y Santiago Pedraz (Afinsa), así como las comparecencias de los autores de los informes, según las mismas fuentes. Garzón ya tomó declaración a los ex presidentes de la CNMV Juan Fernandez-Armesto y Manuel Conthe, dentro de las diligencias abiertas a petición de las acusaciones particulares tras descubrir que el organismo supervisor incluyó en su 'Memoria Anual 1999' a las filatélicas como "entidades financieras no registradas". Pedraz rechazó llamarles a declarar. Los entonces directivos de los organismos autores de los informes, son el jefe del servicio jurídico del Banco de España, Francisco Javier Priego, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández García, del informe de 24 de enero de 2002, y la subdirectora general de recursos y reclamaciones del Ministerio de Economía, Silvia Garcían Malsipica. El abogado del Estado Arturo García-Tizón concluyó el del Ministerio de Justicia y Garrido elaboró los dos emitidos por la CNMV el 23 de enero y el 1 de abril de 2002. La intervención judicial de Fórum y Afinsa tuvo lugar el 9 de mayo de 2006 a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra ellas por actuar como entidades financieras ante la Fiscalía Anticorrupción y se saldó con un agujero patrimonial de 4.666 millones de euros y 460.000 afectados. JMDAM 297451 1 0 1 79.150.194.72 4336 2009-03-29T17:03:08Z 1135507 El Banco de España interviene Caja Castilla-La Mancha tras el plantón de Unicaja Caja Castilla-La Mancha no aguantaba más y el Banco de España ha decidido intervenirla. Después de un intenso fin de semana, el organismo que dirige Miguel Angel Fernández Ordóñez ha decidido tomar cartas en el asunto ante la negativa de Braulio Medel, presidente de Unicaja, a aceptar las condiciones del BdE para la fusión de la caja andaluza con la castellano-manchega. El pasado viernes, MAFO se reunió con Medel en Cibeles para tratar de la operación de CCM sin llegar a ningún acuerdo. En dicho encuentro, el gobernador del Banco de España trasladó al presidente Unicaja cuáles iban a ser las 'ayudas' de las que iba a disponer la caja andaluza para llevar a cabo dicha fusión. A saber: una inyección de 500 millones de euros que recibiría mediante una emisión de participaciones preferentes que compraría el Fondo General de Depósito (FGD) más un paquete de avales de 1.200 millones de euros. Sin embargo, Braulio Medel, respaldado en todo momento por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se hizo fuerte, negándose a aceptar cualquier medida que no implicara dinero contante y sonante para sacar adelante la operación. Nada de avales ni compromisos. Sin embargo, MAFO se encuentra atado de pies y de manos para satisfacer las reclamaciones de Medel. Se calcula el agujero de CCM en cerca de 3.000 millones de euros, así que, de aceptar las exigencias de Unicaja, el Banco de España debería destinar la mayoría del FGD actual a tapar este desfase. Esto supondría un escándalo en el sistema financiero, no solo porque el FGD es un fondo de todos los bancos y cajas, sino también porque CCM está en números positivos. En 2008, obtuvo unos beneficios de 29 millones de euros en 2008. La negativa de Unicaja ha provocado que dirigentes del Banco de España estén celebrando en estos momentos una reunión extraordinaria con el presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, con un solo punto en el orden del día: la intervención de la entidad. Fuentes de la dirección de CCM explicaron a Europa Press que el Banco de España está estudiando esta posibilidad, que implicaría que el organismo pasara a hacerse cargo de todos los activos de la entidad castellano-manchega. Se va intervenir CCM en domingo para evitar una fuga de depósitos de los particulares. Es la primera intervención de una entidad financiar por el Banco de España desde la de Banesto el 28 de diciembre de 1993. Según los informes manejados por Unicaja, CCM estaba prácticamente quebrada. En concreto, el informe previo elaborado por PriceWaterHouse Coopers estimaba un potencial desajuste patrimonial de 3.000 millones. Según las fuentes consultadas, el proceso de ‘due dilligence’ al que está sometida CCM no ha concluido aún. Uno de los motivos son las las discrepancias manifestadas por la auditora Ernst & Young respecto al contenido de las cuentas presentadas por la caja castellano manchega ante el Banco de España. JMDAM 297451 1 0 1 79.150.194.72 4336 2009-03-29T17:13:38Z 1135537 Ya se había hablado en alguna ocasión de la actual situación de Caja Castilla la Mancha, así como de su posible fusión con Unicaja. Ésto sobre todo se debía a la gran cantidad de endeudamiento con la que contaba dicha entidad financiera y así conseguir no sólo bajar el riesgo de sus inversiones sino lograr unas sinergias que ayudaran a resolver sus problemas financieros. La sorpresa ha sido cuando esta mañana se daba la noticia desde el propio Banco de España de que dicha entidad quedaba intervenida; es decir, al igual que pasó con banesto a principios de los años 90, el Banco de España constituirá una comisión gestora que sera la que intente mejorar la actual situación de este entidad. En principio se ha sabido que se ha preferido dar esta noticia en fin de semana para que no se produzca una fuga masiva de depósitos y que de este modo además el Banco de España estuviera a tiempo de asegurar los ahorros de las personas con cuenta en dicha entidad. No sólo por la garantía del coeficiente legal de caja sino también por la garantía de depósitos que recordemos que el Estado obligó a aumentar recientemente en España. A la falta de conocer más datos oficiales por parte del Banco de España, cabría destacar que Fernandez Ordóñez el Gobernador de nuestro banco nacional siempre ha sido defensor en todo momento de esta fusión como una posible solución, mucho más favorable que una interveción de tipo público. Desde luego es una mala noticia que seguramente y a pesar de haberse anunciado en fin de semana mañana provocará una fuga de ahorros mucho mayor que la que lleva cosechando dicho banco durante los dos últimos meses en donde ha perdido unos 200 millones de euros en depósitos. Actualización: Con la intervención del Banco de España se anuncia la dimisión de la junta de administración de la entidad así como se ratifica lo que habíamos informado sobre la garantía de depósitos hasta los 100.000 euros. Además se ha convocado de forma urgente un Consejo de Ministros en La Moncloa para aprobar un decreto ley con calidez máxima de 60 días (hasta que sea refrendada de forma extensa por el congreso de los diputados) por el que el Banco de España pasaría a gestionar la entidad de forma indefinida hasta que mejorase su situación y además se le otorgaría una partida extraordinaria de entre 1.000 y 2.000 millones de euros por parte del Estado para poder mantener sus operaciones durante las próximas semanas. Anónimo 297451 1 0 1 83.45.240.70 4336 2009-03-30T16:55:22Z 1137576 Traido para dar luz de lo que parece que pasa: Recuerdo que Miguel Martín, siendo subgobernador del Banco de España, me dijo sin inmutarse "Las auditorías dirán loque nosotros digamos". Me consta la presión que ejercieron. Me la contó Tejerina, que era auditor de PW. Se trataba de conseguir que firmaran una situación diferente a la real, empeorando artificialmente el mapa real del banco. Tejerina dijo en el Congreso de los Diputados en la Comisión Banesto que jamás le engañó en las cuentas nadie de Banesto Ahora, segun Cacho, se trata de lo contrario: de forzar al auditor para que firme una situacion que no se corresponde con la realidad, aunque ahora dibujando un mapa mucho mejor del real que parece ser imposible de sostener. Por eso traigo el artículo de Cacho al blog. http://www.cotizalia.com/cache/2009/03/30/ noticias_24_banco_espana_interviene_negativa_auditor_firmas_cuentas.html La negativa del auditor externo de Caja Castilla La Mancha (CCM), Ernst & Young, a avalar con su firma las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2008 que el equipo dirigido por Juan Pedro Hernández Moltó había presentado al Banco de España, así como a emitir un informe limpio definitivo sobre dichas cuentas, por entender que no reflejaban fielmente la situación patrimonial de la Caja, hizo inevitable la intervención de la entidad por parte del Banco de España. El martes 31 de marzo, es decir, mañana, era el último día legal de que disponía el Consejo de Administración de CCM para formular sus cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2008, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, razón por la cual Hernández Moltó había convocado al Consejo para ese día. El auditor dispone del plazo de un mes para emitir informe definitivo sobre esas cuentas, pero Ernst & Young, sabedor de lo que se jugaba en el envite, ya había anunciado que no avalaría esas cuentas a menos que los rectores de la entidad reconocieran la verdadera situación de la Caja. La “tragedia” se había venido masticando a lo largo de la semana pasada. El miércoles 25 de marzo, los equipos de Unicaja y Caja Castilla La Mancha (CCM) involucrados en la revisión de las cuentas de la entidad castellano manchega con vistas a la fusión entre ambas, se reunieron con el Banco de España con el fin de analizar el informe preliminar que Pricewaterhouse Coopers (PwC) había entregado dos días antes, el lunes 23 de marzo, tal como informó este diario. Pero el dato más relevante del encuentro fue constatar que el auditor externo, Ernst & Young, se negaba en redondo a proporcionar información alguna sobre dichas cuentas, alegando que no había verificado aún el cierre del ejercicio 2008 que CCM había presentado al Banco de España. Fuentes cercanas a la operación han asegurado a este diario que esta actitud ha provocado momentos de gran tirantez entre los equipos de ambas Cajas, y fue el elemento que definitivamente consolidó la posición de desconfianza de Braulio Medel, presidente de Unicaja, reacia a la fusión. El jueves presentó su dimisión José Viñals como subgobernador del Banco de España. Y el viernes el gobernador Fernández Ordoñez llamó de urgencia a Medel para que, interrumpiendo la reunión del Consejo de Unicaja que estaba teniendo lugar en Málaga, se presentara en Madrid, más concretamente en la sede del banco en la calle Alcalá, cosa que hacía en torno a las 7 de la tarde. Ante las presiones de MAFO, la posición de Medel fue relativamente cómoda: el Consejo de Unicaja no podía adoptar ninguna decisión definitiva en torno a la absorción de CCM hasta que no tuviera en sus manos el informe final de Auditoria de la entidad castellano manchega. Fuertes presiones a Ernst & Young El gobernador, y con él el propio Gobierno Zapatero, estaban entre la espada y la pared. La posición “obstruccionista” de Ernst & Young le ha supuesto enormes presiones al auditor Francisco J. Fuentes García, socio responsable directo de CCM, que ha recibido broncas monumentales no sólo de parte de Moltó, sino también por los responsables de supervisión del Banco de España. A tal punto ha llegado el conflicto que Ignacio Viota, director general de Auditoría de Ernst & Young, tuvo que intervenir en favor de Fuentes, conminándole, además, a mantenerse firme absteniéndose de emitir opinión sobre las cuentas anuales de 2008. Consciente de que en esta auditoría estaba poniendo en riesgo todo su prestigio, Ernst & Young se jugaba mucho en el envite. O se contaba la verdad en la formulación de las cuentas de CCM, o no daba opinión limpia. Un paso en falso en un asunto tan notorio como este le podría suponer, cuando menos, la pérdida de su negocio en el sector financiero o, lo que es igual, más de la mitad de su cifra anual de ventas. Ello añadido a que, en caso de salir adelante la fusión con Unicaja, la firma no iba a auditar a la entidad resultante, cosa que hubiera hecho PwC. La sombra del ‘going concern’. Ha sido, pues, la negativa de Ernst & Young a comprometer su firma en las cuentas de CCM lo que ha llevado la operación de fusión a un callejón sin salida, obligando al Banco de España a intervenir. Las fuentes consultadas señalan que hasta el final existió la posibilidad de que el Banco elevara la presión sobre Ersnt & Young hasta tal punto que el auditor se viera finalmente obligado a emitir opinión, pero con una salvedad, lo que en el argot se conoce como un “going concern”, es decir, la imposibilidad de la Caja para continuar desarrollando su actividad. Algo que era precisamente lo que se estuvo intentando evitar a toda costa hasta el último momento. Ciertamente, el Banco de España podría haber hecho otra cosa: obligar a la gerencia de CCM a decir la verdad, reconociendo su verdadera situación patrimonial. Pero, como ayer corroboró Pedro Solbes al afirmar sin que le temblara la voz que no hay agujero patrimonial en CCM, en este punto MAFO prefirió transigir con una explicación más tolerante de las cuentas para ganar tiempo con vistas a la fusión de Unicaja. Pero al final, el problema, como saben bien los auditores, no es solo el agujero: es que el margen de intermediación de CCM es cero, es decir, la Caja no es viable como negocio. JMDAM 297451 1 0 1 83.45.240.70 4336 2009-03-30T18:21:05Z 1137915 El diferencial con el bono alemán vuelve a superar el punto porcentual El mercado ve más riesgo en España tras el rescate de CCM Publicado el 30-03-2009 , por Expansión.com El diferencial de rentabilidad entre la deuda española y la alemana vuelve a afianzarse por encima del punto porcentual, después de la intervención de Caja Castilla-La Mancha, la primera acordada por el Banco de España desde 1993, y después también de que la economía española estrenara una tasa de inflación negativa. La oleada de 'rescates' ha alcanzado también al sistema financiero español, en el mismo día prácticamente en el que la economía española cobraba protagonismo en los mercados internacionales por ser la primera, de la zona euro, en registrar una tasa de inflación negativa. Una vez cerrada la jornada en las bolsas europeas, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 4,08%, más de un punto porcentual (105 puntos básicos) por encima de la rentabilidad del bono alemán a diez años (3,03%), con el consiguiente encarecimiento de los costes en su emisión. En las últimas jornadas, la prima de riesgo de España había llegado a reducirse por debajo de la referencia de los 100 puntos básicos, después de haber alcanzado cifras récord, superiores a los 120 puntos básicos, a raíz de la pérdida del ráting de AAA de Standard & Poor's. La deuda pública española afrontará esta semana una nueva reválida. El próximo día 2 el Tesoro celebrará una subasta de bonos, a tres y cinco años. En el mercado europeo está todavía reciente el sobresalto causado la semana pasada por Reino Unido, con su primer fiasco desde el año 2002 a la hora de colocar su emisión de bonos. La subasta del Tesoro español coincidirá además con la reunión del Banco Central Europeo. Aparte de posibles rebajas de tipos, los analistas esperan novedades sobre los planes del BCE para comprar deuda pública, siguiendo los pasos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Pese a lo poco importante que ha sido una intervención en domingo supuestamente, ya veremos cuando se descubra la verdad, por donde puede salir el maridaje de la política, las Cajas, y los gestores que no han actuado como buenos padres de familia. JMDAM 297451 1 0 1 88.15.95.216 4336 2009-03-31T11:05:49Z 1139208 Ah, pero, ¿este no era el mejor sistema financiero del mundo? Federico Quevedo - 31/03/2009 Ha empezado el baile, y al Gobierno se le ha levantado la falda y le hemos visto las bragas. O el tanga en este caso. El baile lo ha abierto Caja Castilla-La Mancha, CCM, pero no será la única que salga a la pista. El Gobierno anda detrás de Caja Madrid, pero ahora les diré algo de eso. Verán, algunos llevamos tiempo advirtiendo de que esto no estaba bien, de que nuestro sistema financiero estaba expuesto a la crisis y de que por mucho que el Gobierno se empeñara en decirnos lo contrario, en algún momento esa exposición se tendría que traducir en casos como el que hemos visto. Creíamos que nos íbamos a librar, y ya verán como al final –como nos ocurre siempre- vamos a ser los que acumulemos mayor número de entidades financieras con problemas. Lo escribí el otro día y me reitero: 400.000 millones en activos que hoy valen 200.000 millones supone una auténtica sangría en los beneficios de las entidades financieras, y a ojo de buen cubero unos 180.000 millones palmados en su margen de intermediación. Hay un claro problema de liquidez en el sistema, no hay dinero y la morosidad se está disparando, y en esas condiciones ni el mejor sistema financiero del mundo, ni el más sólido, es capaz de resistir. ¿Y qué hace el Gobierno? Nada. Absolutamente nada. No tiene un plan B –eso sí, tiene un Plan E que no sirve ni como campaña de marketing-, ni una hoja de ruta. ¿Es posible? Lo es. A las pruebas me remito: cuando le han dado sopas con ondas en la fusión Unicaja-CCM, ha salido por la tremenda interviniendo en la entidad. Un tema menor, eso sí, de trámite. Nada que pueda considerarse de importancia. Es que este Gobierno es tan chulo que se reúne los domingos a las seis de la tarde por cosas sin importancia… ¡No te j…! Lo que hay que oír. Encima con chulería. Lo de Solbes es que ya no tiene por donde cogerse. Este equipo económico no es que no tenga pulso –como me decía ayer un buen amigo-, sino que está en coma cerebral irreversible y esto es un auténtico desastre para este país porque nuestro sistema financiero está bajo una presión tremenda. Este Gobierno se ha hinchado a mentir –que si no había crisis, luego no había recesión, no había crisis financiera, el mejor sistema financiero del mundo-, y ahora estamos pagando las consecuencias de tanta mentira porque, incluso siendo cierto que tenemos un sistema financiero bastante sólido, también lo es que la propia recesión está haciendo mella en su cuenta de resultados entre otras cosas porque está convirtiendo en activos tóxicos lo que hasta ahora no lo era. Pero el Gobierno sigue sin un plan B, sin una hoja de ruta sobre lo que va a hacer con nuestras entidades, cómo va a ayudarlas, que hará con sus gestores, etcétera, etcétera, y todo ello pactado con los principales partidos políticos del arco parlamentario. No, que va, ya proveerá la Providencia que para eso sí creen ella. La situación, fíjense, es tenebrosa. De verdad. Lo de CCM es solo la punta del iceberg, y lo más probable es que en próximas fechas veamos cómo el Gobierno interviene nuevas entidades sin ninguna clase de control. El propio Solbes ya anda diciendo por ahí que lo de Caja Madrid es un problema político que puede acabar siendo un problema de solvencia, y parece anticipar la solución: una gestora que tome el control de la entidad, controlada a su vez por el Gobierno. Sería un caso inadmisible de intervención del Estado en la segunda caja de España y la cuarta entidad de nuestro país, pero parece que es a lo que están dispuestos a llegar mientras el equipo de Gallardón, más ciego que Andrea Boccelli, aplaude con las orejas porque el Gobierno le está sacando los colores a Esperanza Aguirre. ¡Hay que ser memos! El Gobierno se está preparando para quedarse con la Caja, y al final ni para Aguirre ni para Gallardón: para Rodríguez y Squeeze, que ya se frotan las manos. Mariano Rajoy, al que el pasado miércoles le cogió por sorpresa la mención que Rodríguez hizo del asunto en el Congreso, debería tomar cartas en el mismo y poner orden, aunque no le apetezca, si no quiere que el Gobierno se quede con la niña bonita de las entidades financieras controladas por el PP. “Míreme a los ojos, Sr. Moltó” Y no solo eso. El PP tiene la obligación de pedir que se investigue hasta las entrañas de CCM, eje de la corrupción socialista en Castilla-La Mancha y Andalucía. Viendo cómo se las ha gastado el Gobierno en el asunto de la trama de corrupción llamada ‘Operación Gürtel’, no cabe en la cabeza de nadie que desde Génova no se esté ya apuntando con todas las baterías a Hernández Moltó, a Barreda, a Chaves y a Bono, presidente del Congreso y el hombre que puso a Hernández Moltó donde está y le facilitó la red de contactos con la que, con la Caja como epicentro, se ha montado la tupida telaraña de corrupción y financiación ilegal del Partido Socialista. Aquel portavoz socialista del que estos días todos los medios recordaban su famosa frase dirigida a Mariano Rubio –“míreme a la cara, señor Rubio”-, hoy está en el centro de la polémica por su nefasta gestión que ha llevado a CCM a la quiebra. Aunque solo sea por eso, Moltó debería dar cuenta ante la Justicia como la dio Mario Conde por el ‘caso Banesto’, pero es que, encima, hay más. Mucho más. El PP ya debería estar pidiendo una comisión de investigación, y no solo en el Parlamento regional castellano-manchego. También en la Carrera de San Jerónimo. Una Comisión en la que se expliquen la relaciones de Moltó y la CCM con los empresarios Díaz de Mera, González Villarejo -Urbaplaning-, Ventero Muñoz –preso por la Operación Malaya-, Michel Pozo, Dico… Sobre todo Dico y sus ramificaciones en Andalucía, especialmente en Vera. CCM se ha dedicado a financiar las operaciones fraudulentas de todos estos amigos de Barreda y Bono, ha inflado créditos para operaciones cuando menos sospechosas en Illescas, Carranque, Bargas, Maqueda, Chozas de Canales, Talavera de la Reina… En algunos de estos municipios hay imputados por corrupción como Alejandro Pompa Mingo, alcalde de Carrenque, al que sin embargo Barreda no suspende de militancia en el PSOE porque es uno de los recaudadores de Moltó. Y, como no podía ser de otra manera, en la red aparece un nombre por todos conocido, Petra Mateos, presidenta de Hispasat y consejera de CCM, mujer de confianza de Barreda y Bono, socia en una sociedad fantasma llamada Aranjuez Ecociudad Inteligente de Juan María López Alvarez que, a su vez, fue socio de Juan Antonio Roca y lo es ahora de Pedro Román implicado también en la Operación Malaya y a cuya sociedad –de ambos- la CCM renovó un crédito de 30 millones de euros en el último minuto antes de la intervención. Hay muchas cosas que explicar en todo esto. Demasiadas. Moltó tiene que mirar a los ojos de mucha gente y aclarar todos los extremos de la situación de la caja que preside. Y quienes le han puesto al frente de ella, con más motivo. ¡Panda de chorizos…! JMDAM 297451 1 0 1 79.151.159.157 4336 2009-04-01T17:12:39Z 1142645 El Banco de España (BdE) adoptó el pasado viernes la decisión de intervenir la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM) sin haber visto siquiera las cuentas de su grupo empresarial, la Corporación Caja Castilla-La Mancha (CCCM), donde, por “falta material de tiempo”, según las fuentes consultadas, el equipo de inspectores del Banco no pudo entrar y, por lo tanto, tampoco pudo realizar ninguna clase de ajuste, lo que con casi total seguridad permite suponer que el agujero final de la Caja será bastante más elevado del que se ha barajado. Creada en el año 2000, la Corporación CCM, también presidida por Hernández Moltó, era la encargada de aglutinar las participaciones accionariales de la Caja, contando con presencia relevante en el sector inmobiliario, tal que Gecina (0,6%), Bami (1,54%), Parquesol (9,3%), Dico Harinsa Obrum (11%), además de su propia promotora Plainsa. Repartidas en otros sectores, destaca el 25% del Aeropuerto de Ciudad Real, el 10% de la consultora Oesia, el 20% de Carnicas Lorente o el 5% del Grupo Garcia Carrión, participaciones todas cuyo valoración a precios de mercado ha sufrido el impacto brutal de la crisis en curso. Las fuentes vuelven a remitirse al informe preliminar realizado por Pricewaterhouse Coopers (PwC) para la fallida fusión con Unicaja, que fue entregado el pasado lunes 23 de marzo, y que ratificó el “agujero” patrimonial de la caja castellano manchega en 3.000 millones de euros, con posibilidad de elevarse hasta los 4.000 dependiendo de determinados ajustes a realizar en el grupo empresarial. La cifra de 3.000 millones ya figuraba en un informe previo efectuado por la propia PwC y entregado en enero a petición de la aragonesa Ibercaja, que fue la primera aspirante a resolver los acuciantes problemas de la caja castellano manchega. Conviene aclarar que, para abordar esta revisión, PwC se ha servido de la información aportada por los Servicios de Supervisión del Banco de España, complementada por la suministrada por el Área de Planificación y Control de Gestión de la propia CCM que dirige Juan Manuel Díaz Crespo. En realidad, y de acuerdo con las fuentes, el equipo de inspectores del BdE no ha llegado, a cuenta de esa premura de tiempo, a contabilizar la totalidad de los ajustes necesarios referidos a la actividad meramente bancaria, ajustes que tendrá que incluir en las cuentas que formule de forma definitiva tras la sustitución de los antiguos administradores. La financiación mayorista, el principal problema Las fuentes insisten en que el cogollo del problema que arrastraba la entidad manchega estaba centrado en los 9.500 millones de financiación mayorista, 3.000 de los cuales vencen en los dos próximos años y medio. Se trata de la financiación que se obtiene con la emisión de bonos, cédulas hipotecarias, deuda senior, etc., emisiones que se colocan entre inversores institucionales en los mercados europeos, fundamentalmente Francia y Alemania, y cuya renovación, en las actuales circunstancias de cierre de los mercados de crédito, hubiera supuesto para CCM misión imposible a cuenta de un coste inasumible para una entidad cuyo margen de intermediación era cero o próximo a cero. A aquella cifra, habría que sumarle el importe de la línea de liquidez que el BdE abrió a la caja castellano manchega a mediados de enero por importe de 900 millones de euros, que han sido utilizados para atender los reembolsos de los depositantes que reclamaban su dinero y que “a la altura del pasado viernes estaba a punto de agotarse Anónimo 297451 1 0 1 79.150.195.75 4336 2009-04-03T16:56:46Z 1146972 UN CARISIMO NUEVO ORDEN MUNDIAL Los salvadores del mundo han decidido inundar el sistema de dinero y de gasto público. A esto los líderes de esta farsa le han llamado "nuevo orden global". ¿Devolverá esta lluvia de dinero la confianza a los mercados? ¿Evitará que España frena la sangría de parados? El acuerdo logrado ayer en la cumbre de Londres parece más un castillo de naipes para contentar a todos los participantes que un verdadero diseño de la salida a la crisis. La foto de ZP con Obama le costará a España 4.000 millones de euros para el rescate. Los líderes mundiales acuerdan una limpieza del sistema financiero y mecanismos de control. Los organismos multilaterales recibirán un billón de dólares para impulsar la economía mundial. ¿Servirá esto para curar al enfermo? Aunque lo vendan como un nuevo Plan Marshall, los parados españoles harían mal en hacerse ilusiones. Como lo recuerda el editorial de Expansión, "las políticas expansivas anunciadas siguen sin restañar las estructuras bancarias internacionales y sólo prolongan la sensación de que la ortodoxia económica ha quedado suspendida sine die a la espera de que escampe la tormenta financiera por sí misma". Esta orgía de abrazos y fotos en Londres le saldrá a España un ojo de la cara: tendrá que aportar 4.000 millones de euros al fondo pactado el día 2 en la cumbre del G- 20 para hacer frente a la recesión mundial. ZP mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado en la cumbre del G-20, países desarrollados y emergentes, al fijarse en Londres, Inglaterra, las bases de un nuevo orden financiero y un fondo por 1,1 billones de dólares para enfrentar la crisis financiera global. RESUCITAR A UN MUERTO: EL FMI Uno de los protagonistas de la cumbre de Londres ha sido el FMI, que este año cumple 65 años y su relevancia mundial está en entredicho por el control que ejercen sobre él Estados Unidos y Europa, dejando sin margen de decisión a las potencias emergentes y los países en desarrollo. El FMI reforzado deberá ahora suministrar liquidez a las economías más deprimidas, al borde del desplome. También colaborará con el Consejo de Estabilidad Financiera para alertar de los síntomas de inestabilidad en los mercados mundiales, a fin de prevenir con mayor antelación crisis como la que actual. El G-20 decidió destinar 250.000 millones de dólares para relanzar el comercio mundial y las exportaciones, más del doble de lo previsto, mientras que otros 100.000 millones más, en forma de créditos adicionales a cargo de bancos multilaterales, para financiar a los países más pobres. Gordon Brown no obtuvo los estímulos fiscales que pedía, junto a Obama, pero ayer prefirió subrayar el esfuerzo hecho para emprender "una expansión fiscal sin precedentes y concertada", que aportarán a la economía cinco billones y elevará la producción en un 4%. La reforma más radical acordada en a cumbre de Londres fue sin duda la de los sistemas de regulación y vigilancia del sistema financiero internacional. Alemania y Francia habían exigido medidas tajantes para crear un nuevo marco de funcionamiento global a fin de evitar el fraude y los excesos. En el futuro habrá una mayor supervisión de los hedge funds, los fondos especulativos, así como de las agencias de calificación de riesgo, "para impedir conflictos de intereses inaceptables", señalaba el comunicado final. También se establecerán nuevas reglas para las pagas de los directivos bancarios, que han provocado grandes escándalos. Se aprobó un enfoque común a la limpieza de los "activos tóxicos" y se mostraron decididos a terminar con el secreto bancario. Esta cumbre también deja perdedores. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, que no lograron crear la poderosa agencia reguladora del sistema financiero que tanto demandaban. Aún así, no caben dudas de que las acciones contra los paraísos fiscales y la regulación de los fondos de inversión van en ese sentido. Anónimo 297451 1 0 1 172.16.0.18 4336 2009-04-05T16:17:22Z 1149651 El grupo Movilizate denuncia el bloqueo de la estafa filatélica Escrito por El Faro jueves, 08 de enero de 2009 El grupo Movilizate ha denunciado el bloqueo en el que se encuentra el caso de la estafa filatélica después de que falten pocos meses para que se cumplan tres años de la intervención policial sobre las empresas Forum y Afinsa. “Ni los farragosos procesos judiciales, ni los enormes recursos gastados de dinero público y de los afectados, han sido suficientes para que se aclaren las dudas”, critican. El grupo ha cuestionado que, pese a conocerse el problema, “los organismos responsables de velar por el ahorro de los ciudadanos no detuvieron la catástrofe mucho antes de 2006”, recordando que “existiendo denuncias y evidencias de la comisión de delitos, en el año 2003 el equipo de Rodrigo Rato aprobara la disposición adicional que dio cobertura legal y permitió la multiplicación exponencial del fraude”. “Siendo, como dijo el señor Solbes, una falta absoluta de cultura financiera de los clientes. ¿Cómo es posible que la Agencia Tributaria manteniendo un seguimiento permanente y exhaustivo de la actividad de Forum Filatélico, no detectara ninguna irregularidad?”, critican. “¿Cómo es posible que un Abogado del Estado, el señor Valledor, se encuentre entre los principales impulsores de ASECI, asociación que era financiada por las empresas intervenidas (Forum Filatelico y Afinsa) y tenia como objetivo el mantenimiento del presunto fraude?”, apuntan, solicitando la unión de todos los afectados que pueden pedir información en el correo emovilizate.a.f@gmail.com. Frase: Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad Autor: Winston Churchill todoporlapatria 297451 1 0 1