88.15.88.139 4336 2009-03-21T17:14:34Z 1118546 Jurisprudencia Constitucional Número de referencia: 420/1990 ( AUTO ) Referencia número: 420/1990 Tipo: AUTO Fecha de Aprobación: 28/11/1990 Sala: Sala Segunda (Sección Cuarta): Excmos. Sres. Rodríguez-Piñero, Rodríguez y Gabaldón. Número registro: 1858/1990 Recurso tipo: Recurso de amparo. TEXTO DEL DICTAMEN Extracto: Inadmisión. Invocación formal del derecho vulnerado: falta. Derecho al Juez ordinario: prolongación de funciones. Recurso de amparo: inimpugnabilidad de las Leyes. Derecho a la presunción de inocencia: arts. 483 y 509 C.P. Contenido constitucional de la demanda: carencia. Preámbulo: La Sección ha examinado el recurso de amparo impuesto por don Francisco Javier Fernández Alvarez. Antecedentes: I. Antecedentes 1. El 17 de julio de 1990 se presentó, en debida forma, en el Registro de este Tribunal demanda de amparo a nombre de don Francisco Javier Fernández Alvarez contra las Sentencias dictadas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 3 de septiembre de 1988, y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 25 de junio de 1990, por violación de los siguientes derechos fundamentales: el derecho a la tutela judicial efectiva y/o el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un Juez imparcial (incluido dentro del derecho a un proceso con todas las garantías) y el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley. 2. Los hechos en los que se basa la presente demanda tienen como origen el proceso contra varios funcionarios de policía procesados y condenados por la detención y desaparición de don Santiago Corella (a) el Nani y otras personas. La Audiencia, en Sentencia confirmada en casación, formula un amplio fallo, entresacándose los puntos de relieve para el presente recurso y que son del siguiente tenor literal: «1. Que debemos condenar y condenamos al procesado Francisco Javier Fernández Alvarez, como autor criminalmente responsable: a) de un delito continuado de falsedad, b) de un delito de detención ilegal con desaparición forzada, c) de tres delitos de detenciones ilegales simples, d) de un delito de torturas con resultado de lesiones menos graves y de otro delito de torturas con resultado de lesiones constitutivas de falta, y e) de dos delitos de privación de derechos cívicos reconocidos por las leyes, todos ellos ya definidos, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de nueve años de prisión mayor, con sus accesorias de suspensión de cargo público, derecho de sufragio y profesión policial o relacionada con cualquier otro Cuerpo de Seguridad, durante el tiempo de la condena, y a la multa de 150.000 pesetas, por el delito del punto a); a la de veinte años y un día de reclusión mayor, con su accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, por el delito del punto b); a la de un año de suspensión de cargo público, derecho de sufragio y profesión policial, por cada uno de los tres delitos de detención ilegal del punto c); a la de cinco meses de arresto mayor, con sus accesorias de suspensión de cargo público, derecho de sufragio y profesión policial o relacionada con cualquier otro Cuerpo de Seguridad, durante el tiempo de la condena, y ocho años de inhabilitación especial para el cargo público, derecho de sufragio y profesión policial, por el primero de los delitos de tortura del punto d); a la de dos meses de arresto mayor, con sus accesorias de suspensión de cargo público, derecho de sufragio y profesión policial o relacionada con cualquier Cuerpo de Seguridad, durante el tiempo de la condena, y un año de suspensión de cargo público, derecho de sufragio y profesión policial, por el segundo de los expresados delitos de tortura del mismo punto d); y a la de ocho años de inhabilitación especial para cargo público, derecho de sufragio y profesión policial, por cada uno de los delitos de privación de derechos cívicos del punto e); así como al pago de treinta y siete setentaidosavas partes (37/72) de las costas procesales. (...) 4. Que, asimismo, debemos condenar y condenamos a los procesados Francisco Javier Fernández Alvarez, Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, a indemnizar, con los incrementos legales prevenidos, conjunta y solidariamente, por la falta de asistencia marital y paternal, respectivamente, a Soledad Montero Gómez, a Eva-Olga Corella Montero y a Rubén Corella Montero en la cantidad de cinco millones de pesetas a cada uno, e igualmente, a los citados Francisco Javier Fernández Alvarez y Francisco Aguilar González, a indemnizar también, en forma conjunta y solidaria, a Angel Manzano Rubio en 300. 000 pesetas por las lesiones, secuelas y torturas que se le infringieron; asimismo, al mencionado Francisco Javier Fernández Alvarez, a indemnizar a Soledad Montero Gómez en 10.000 pesetas y a Consuelo Corella Ruiz, Lourdes Corella Ruiz e Inmaculada Corella Ruiz en 25.000 pesetas a cada una, por razón de las torturas, a la primera, y por detención ilegal a las últimas. 5. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, respecto al pago de dichas indemnizaciones, y se le condena a su efectividad en el modo y forma legalmente prevenida para dicha responsabilidad. 6. Que, definitivamente, debemos absolver y absolvemos libremente al procesado Francisco Javier Fernández Alvarez del delito de privación de derechos cívicos reconocidos por las Leyes que le imputa la Acusación Particular en la persona de Concepción Martín López, y a los procesados José María Pérez Reverte y Gutiérrez, Felipe Pindado Berruezo, Gonzalo Alvarez Fernández y Miguel Angel Lebrón Díaz-Flor de todos los delitos de que, respectivamente, vienen acusados en la presente causa; todo ello con declaración de oficio de las restantes dieciocho setentaidosavas partes (18/72) de las costas procesales, y cancelación de las medidas cautelares correspondientes» 3. En la demanda se denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías por parte del Tribunal Supremo al resolverse el recurso no al hilo de los razonamientos o argumentos del recurrente, sino de forma global, con lo que la resolución es arbitraria. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia por aplicación del art. 483 C.P. que incluye una inversión de la carga de la prueba contraria a las exigencias del derecho a la presunción de inocencia. En tercer lugar, la vulneración del derecho a un Juez imparcial porque los Magistrados que dictaron el Auto de procesamiento han formado parte del Tribunal que ha visto y fallado la causa, no aceptando la recusación formulada in voce y confirmada mediante telegrama. En cuarto lugar, vulneración del derecho a un Juez ordinario predeterminado por la Ley porque uno de los Magistrados que formaba la Sala cumplió la edad de jubilación, y no obstante continuó actuando y concurrió a dictar Sentencia, cuando lo precedente es que se queden sin efecto las sesiones celebradas y se designe un nuevo Magistrado que forme Sala para iniciar la sesión del juicio oral, y ello en base a una decisión del Consejo General del Poder Judicial qué comparte la opinión del Presidente de la Audiencia, faltando cobertura legal para ello. 4. Por providencia de octubre de 1990, la Sección acordó conceder un plazo común de diez días al demandante y al Ministerio Fiscal para la formulación de alegaciones en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda, así como para que el recurrente aportase copia del escrito de recusación. En su escrito de alegaciones se reitera lo afirmado en el escrito de demanda, insistiendo en la inconstitucionalidad del art. 483 C.P., a la luz de sus precedentes e interpretaciones judiciales, su analogía con el art. 509 C.P., declarado inconstitucional por la STC 105/1989 y la presunción de culpabilidad que contiene, se cuestiona la imparcialidad del órgano enjuiciante, por la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley Orgánica 2/1986, entendiendo que aunque la recusación de los Magistrados no se planteó en forma antes de iniciarse las sesiones del juicio oral, es válida la recusación tal y como ha sido formulada. También se insiste en que no debía haber continuado en sus funciones el Magistrado tras su jubilación, pues aunque su actuación haya sido legitimada o legitimada o de buena fe le ha privado del derecho a un Juez ordinario. El Ministerio Fiscal solicita la inadmisión de la demanda por estimar que no ha existido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que el órgano judicial debe dar respuesta a las pretensiones pero no contestar la totalidad de las argumentaciones que realizan las partes. Sostiene que las Sentencias impugnadas no han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que el art. 483 C.P. no constituye un delito de sospecha ni se ha invertido la carga de la prueba del actor. Carece de relevancia constitucional la discusión sobre la legalidad de la continuación o no en su función de un Magistrado que se jubila cuando aún no ha terminado el acto del juicio oral y se prolongan sus funciones exclusivamente para permitir la finalización de ese juicio. Tampoco estima que haya existido violación del derecho al Juez predeterminado por la Ley, aparte de que no se recusó en el momento oportuno y, por ello, no se agotó la vía judicial pertinente, ni invocó el derecho fundamental que se dice vulnerado. Fundamentos: II. Fundamentos jurídicos 1. Ha de rechazarse, en primer lugar, que se haya invocado en el momento procesal oportuno el derecho constitucional al Juez imparcial que se dice vulnerado, ya que, según se reconoce en la demanda y en la documentación aportada con el escrito de alegaciones, dicha invocación no se hizo ni en el momento de conocerse la composición del Tribunal, ni siquiera en el momento de iniciarse el acto de juicio, sino en un momento tardío una vez que se conoció una Sentencia del Tribunal Constitucional, que no puede entenderse como causa sobrevenida que permitiera abrir tardíamente un inciente de recusación. Por consiguiente incurre este motivo de la demanda en la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 a) en relación con el 44.1 c) LOTC. 2. También ha de rechazarse que la permanencia de un Magistrado tras su jubilación, que se produce cuando aún no habían terminado las sesiones del juicio oral, haya desconocido la garantía constitucional del Juez ordinario predeterminado por la Ley, pues no puede entenderse que suponga el nombramiento de un Juez ad hoc la creación de un órgano judicial especial ni una competencia derivada de una decisión gubernativa que hayan puesto en peligro la independencia e imparcialidad del Juez, sino una decisión de prolongación de funciones que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Supremo han entendido que tiene base legal y no puede considerarse como irracional ni como arbitraria en función de las circunstancias del caso. La discrepancia legítima de la parte sobre la interpretación de esas disposiciones legales, que corresponde en exclusiva a los órganos del Poder Judicial, carece de trascendencia constitucional alguna, teniendo en cuenta además que no se formulan dudas sobre que esa prolongación de funciones haya significado una reducción de la imparcialidad o independencia del Magistrado afectado, que es lo que trata de tutelar el derecho constitucional invocado, antes bien se insiste en la buena fe y en el carácter legítimo de la actuación de ese Magistrado. 3. Tampoco resulta admisible la demanda en relación con la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que no se razona suficientemente y aparece como meramente retórica. En todo caso, según reiterada doctrina de este Tribunal el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con una resolución fundada en Derecho que resuelva la pretensión formulada, en este caso impugnatoria, sin que ello exija una respuesta pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos de la parte. Una lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo, frente a la que en este caso la infracción se denuncia, permite llevar a la conclusión de que carece de absoluto fundamento este motivo de la demanda. 4. Tanto en la demanda como en el escrito de alegaciones se hace una amplia referencia a las dudas de constitucionalidad que formula la doctrina en relación a uno de los artículos aplicados por las Sentencias impugnadas, y el art. 483 C. P. y el posible paralelismo de ese artículo con el art. 509 C.P. que fue declarado inconstitucional por la STC 105/1988. En relación con esta alegación han de hacerse dos tipos de precisiones. La primera de ellas que a través del recurso de amparo no es posible plantear la inconstitucionalidad abstracta de una ley, sino en cuanto la aplicación de la misma al justiciable haya supuesto violación o desconocimiento de un derecho fundamental. La segunda de ellas es que, según reiterada doctrina de este Tribunal, sólo cabría declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional, por no ser posible llevar a cabo una interpretación del mismo compatible con la Constitución (SSTC 105/1988 y 157/1990), precisamente por ello la STC 105/1988 que se invoca no declaró inconstitucional el art. 509 C.P., sino una determinada interpretación del mismo como delito de sospecha, entendiendo que la posesión de instrumentos delictivos presume que la finalidad y el destino que les da su poseedor es la ejecución de tal delito. Ello quiere decir que sólo nos corresponde examinar si los órganos judiciales han aplicado el art. 483 C.P. en una interpretación que produzca una violación del derecho de presunción de inocencia por entenderlo como delito de sospecha suponiendo una inversión de la carga de la prueba y del principio de culpabilidad. Como pone de relieve el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, son convincentes las razones que da el Tribunal Supremo para excluir que en el presente caso el precepto penal haya sido interpretado y aplicado con quiebra de la presunción de inocencia. La respuesta del Tribunal Supremo no solamente ha de calificarse como de razonada, motivada y no arbitraria, sino, además, de convincente, al entender que el precepto recoge un tipo penal perfectamente delimitado y que aplicado en sus justos términos en base a una interpretación estrictira de sus elementos no vulnera la presunción de inocencia. El no acreditar haber dado el sujeto activo la libertad al detenido no ha sido interpretado en el presente caso como imponiendo al recurrente una carga probatoria que no le corresponde, la de la no puesta en libertad del detenido. Esa no puesta en libertad ha de ser probada por la acusación, incluso frente al silencio del acusado, cuyo descargo es meramente facultativo, no integrando sus explicaciones el tipo penal. Se ha probado suficientemente la existencia de la detención, la no puesta en libertad y la desaparición, a través de los datos indiciarios consistentes en que el detenido no ha sido vuelto a ver por sus lugares habituales y que se ha puesto en marcha un infructuoso mecanismo de búsqueda. Al haberse probado suficientemente los datos que han servido de base a la condena, ni se ha invertido la carga de la prueba ni se ha interpretado el precepto, lo que resultaría contrario a la Constitución, como un delito de sospecha en el que la ausencia de la explicación razonable de la desaparición integrara el tipo penal y fuera suficiente para la condena. Ello permite rechazar que la aplicación del precepto al recurrente haya violado su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Fallo: Por todo lo anterior, la Sección acuerda la inadmisión del presente recurso de amparo. Madrid, a veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.88.139 4336 2009-03-21T18:08:14Z 1118645 Decía Alonso Martinez en su Exposición de Motivos de la Ley de Enjuciamiento Criminal de 14 de Septiembre de 1882, calificada por él mismo como un Código completamente nuevo y de caracter tan liberal y progresivo como el más adelantado de los Códigos de procedimiento criminal del continente europeo , lo siguiente: Sagrada es, sin duda, la causa de la sociedad; pero no lo son menos los derechos individuales. En los pueblos verdaderamente libres el ciudadano debe tener en su mano medios eficaces de defender y conservar su vida, su libertad, su fortuna, su dignidad, su honor; y si el interés de los habitantes del territorio es ayudar al Estado para que ejerza libérrimamnte una de sus funciones más esenciales, cual es la de castigar la infracción de la ley penal para restablecer, allí donde se turbe la armonía del derecho , no por ello deben sacrificarse los fueros de la inocencia porque al cabo el orden social bien entendido no es más que el mantenimiento de la libertad de todos y el respeto recíproco de los derechos individuales... El Juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del Tribunal que , extraño a la instrucción, va a juzgar imparcialmente y a dar el triunfo a aquel de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte. Ojala que así sea en verdad, por el bien de nuestro amado Estado de Derecho. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.88.139 4336 2009-03-21T18:46:16Z 1118727 los opositores a la cadena perpetua argumentan que allí donde existe no sirve como castigo disuasorio. Es cierto. Ni tampoco lo es la pena de muerte siendo un castigo aún mayor -y que, por supuesto, rechazo de plano-, por lo que podríamos afirmar que ningún castigo sirve como elemento disuasorio. Aquel criminal que quiere cometer un delito, lo hace sin tener en cuenta, la inmensa mayoría de las veces, las consecuencias que puede tener para él en términos de privación de libertad, sino que lo lleva a cabo movido por la satisfacción inmediata que le produce el hecho delictivo en sí, o por los beneficios del mismo que considera mayores que el riesgo que asume. El segundo argumento en contra de la cadena perpetua es que es contraria al objetivo de reinserción del delincuente. No es del todo cierto. En algunos casos la condena a cadena perpetua se puede ver reducida si de verdad existe un componente de reinserción del delincuente y arrepentimiento por parte del mismo. Hemos sabido, por ejemplo, que si llegan a darse estas circunstancias, Fritzl podría pasar en la cárcel tan solo 15 años. Dios no lo quiera. ¿Por qué, entonces, sería bueno plantear el debate y no cerrarse en banda a la posibilidad de la cadena perpetua como castigo? Por una cuestión de justicia social. Hay criminales que merecen pasar el resto de su vida en la cárcel, independientemente de cualquier otra reflexión. Los asesinos de Marta del Castillo han demostrado una sangre fría en la comisión de su delito, y una predisposición tan increíble a causar cuanto más daño mejor, que solo cabe pensar que cualquier signo de arrepentimiento podría estar motivado por el deseo de abandonar la cárcel para poder volver a reincidir en el delito. Es el caso, igualmente dramático y salvaje, de Santiago del Valle, asesino confeso de la niña Mari Luz. Son crímenes terribles, que solo merecen la reprobación irreconciliable de la sociedad hacia ellos, y su alejamiento de nuestro modelo de convivencia. Estos casos son tan extremos, tienen tan poco que ver con lo que podemos considerar delincuencia común, que no cabe aceptar la posibilidad de la reinserción y, mucho menos, la de su salida de la cárcel por la alarma social que eso supondría. Pero, lo cierto es que en España tanto los asesinos de Marta del Castillo como el asesino de Mari Luz, aunque sean condenados al máximo que permite la ley, sólo pasarán 40 años en la cárcel. En el caso de Miguel Carcaño, su salida de prisión pasado ese tiempo le permitiría volver a delinquir. Pero, sobre todo, esa no es la cuestión, sino la proporcionalidad de la pena en relación a su delito. ¿Realmente merece Miguel Carcaño salir de la cárcel dentro de 40 años, suponiendo que cumpla el máximo de pena? Mi impresión es que la mayoría de la sociedad cree que no. Lo cierto es que de hace treinta años a ahora la percepción de la sociedad sobre la forma en que se castigan determinados delitos en España ha cambiado bastante. Cuando se hizo la Transición se buscó un modelo de castigo ajustado al tipo de delincuencia que había entonces, y que además rompiera con la filosofía que impregnaba el Código Penal del franquismo, y triunfó una idea muy progresista que es la de la reinserción social, la de considerar al delincuente como un inadaptado al que es posible recuperar para la convivencia. Treinta años después, los tipos de delito han sufrido enormes cambios. Hoy nos enfrentamos a delitos sexuales de una violencia exagerada, a verdaderos monstruos como Del Valle o Carcaño, a delincuencia organizada y a bandas criminales que demuestran una absoluta ausencia de respeto por la vida, al terrorismo… El franquismo ha quedado atrás, pero lejos de mostrarse efectiva, la reinserción nos ha demostrado que, en muchas ocasiones, los delincuentes la utilizan para salir de la cárcel y volver a delinquir, sobre todo cuando se trata de este tipo de criminalidad. ¿Por qué no plantear este debate en sus justos términos? La sociedad tiene derecho a que se la proteja de los monstruos que la acechan, y cuando es la propia sociedad la que reclama a sus políticos cambios porque no está satisfecha con lo que tiene, los políticos deberían ser sensibles a este reclamo y permitir que el debate se produzca e, incluso, plantear en referéndum esta posibilidad de la cadena perpetua. Nosotros no somos dioses, no tenemos la obligación de ser infinitamente misericordiosos. Nuestra obligación es la de procurar convivir en paz y con los menos riesgos posibles a nuestra supervivencia. Estoy seguro de que quien se atreva a plantear este debate en sus justos términos, conseguirá un importante respaldo de la sociedad. Anónimo 298155 1 0 1 79.148.142.88 4336 2009-03-22T13:59:02Z 1119966 El debate de la cadena perpetua está mas que planteado por nuestra sociedad, el problema es que aunque vocales del CGPJ acertadamente aseguran que cabe dentro de nuestra Constitución, siempre que la pena pueda ser revisada; al contrario de la pena de muerte, salvo para los casos previstos por ésta, que es lo que no cabe y es algo que tiene que ser explicado a la sociedad. Pero no explicado a los adultos, algo tan extraordinario como la perdida de libertad por un Estado, ha de ser explicado en primaria incluso, desde la mas tierna infancia el hombre debe de tener claro que las reglas de juego son muy simples: Mi libertad y la de cualquier ser, terminan donde empieza la de los demás seres. Eta no se ha enterado aun que la pena de muerte está abolida en España , salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra, esas son las reglas de juego. Lo triste del caso es que habida cuenta de la cantidad de crimenes diarios que se producen en nuestro país, tan execrables como el que abre nuestro post, algunos con santa indignación les diga a las Autoridades responsables del tema las tres verdades del barquero: la mas importante y ustedes que piensan de su responsabilidad ?. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.89.203 4336 2009-03-22T19:21:56Z 1120467 Un dato curioso en España en 164 años , desde 1833 a 1997 tan sólo tres magistrados fueron condenados por prevaricación, cualquier jurista pone en mas que duda el dato pués 164 años es demasiado tiempo para tan pocos jueces. Si a ello sumamos la continua injerencia y obsesiva del poder político en el poder judicial cuesta aún mas trabajo creer. Necesitamos como agua de mayo jueces independientes, serios, eficaces y que amen su trabajo mas que el poder o el prestigio social. Ultimamente los jueces por un determinado motivo u otro han salido mas de lo debido a los medios de comunicación, y ese dato no es en absoluto bueno. Los jueces han sido siempre el del Juzgado nº 3 , o el de la Audiencia Nacional, pero los nombres permanecian casi en el anonimato. En los últimos años con el nacimiento de los jueces estrellas, con vocación de políticos, que se dedican mas a dar conferencias, que ni preparan ellos, tienen sus negros particulares elegidos entre prestigiosos profesores de Universidad, tienen sus Juzgados mas que abandonados. Si las cosas funcionaran de otra manera y se invirtiera mas en Justicia, las cosas podrían estar pero que mucho mejor de los que estan. La responsabilidad disciplinaria a los jueces deja tambien mucho que desear, un dato una jueza del país Vasco que aplicó una ley derogada para absolver a un acusado. Antes de 1994 esta jueza podría ser sancionada, pero la Ley Organica del Poder Judicial fué reformada y no se puede sancionar a los jueces por las barbaridades que cometen en el dictado de sus sentencias. Cuando en el año 1999 se me ocurrió denunciar ante el Servicio de Inspección de la Consejería de Hacienda de Málaga a tres Magistrados de la Audiencia de Málaga, la Inspectora que hablé con ella se sorprendió mucho de que un abogado denunciara a Magistrados, y no era un tema menor una cantidad de contratos de compraventa por valor superior a 70.000.000 de pesetas se habían presentado en su Sección y no estaban autoliquidados. La denuncia básicamente fué por incumplir el deber de colaboración tal como prescribe la LGT. Facilitandoles el Procedimiento Abreviado que era. Rollo Sala Nº y año para que lo averiguaran antes de que prescribieran. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.89.203 4336 2009-03-22T19:37:20Z 1120512 Las teorías del conflicto demuestran que el delito es un producto derivado de un acto político que suele relegar el resultado de un conflicto entre grupos sociales. Se hace de toda evidencia que no hay razón alguna para que la criminología parcialice su atención sobre la conducta del delincuente, dejando totalmente fuera de su objeto de estudio el proceso social por el que se establece la ley. Sin embargo ,es una exageración total pretender que el delito no finca en ninguna condición o calidad del acto , sino en la reacción social que provoca, puesto que ello es otra parcialidad en el enfoque , que se halla muy próxima a otra definición formal del delito, propia del mas burdo positivismo jurídico. Hay un fenómeno innegable en el curso de la historia, que es puesto especialmente de manifiesto por la nueva criminología, al resaltar que en la Ley penal se suele reflejar sólo el predominio de un grupo. lo cierto del todo es que el conflicto entre grupos no es mas que la manifestación de la esencia dinámica de la sociedad humana. Tenemos demasiadas leyes, Todo se está criminalizando más y paradogicamente, los peores sujetos de la sociedad campan sin respetar nada. Con las leyes no se deben producir demasiados inventos, porque las Sociedades democráticas y civilizadas vienen ya de vuelta de estupideses de los políticos. El pueblo quiere trabajo, educación, seguridad, que no les maten a sus hijos, por ejemplo por ir a una discoteca, creo que no es pedir tanto. Y el Código Penal que dicho sea de paso es un Derecho de mínima intervención, no está para muchos experimentos. JMDAM 298155 1 0 1 81.34.192.108 4336 2009-03-23T13:27:21Z 1122008 El día dos de mayo de 1972 el seminario italiano Domenica del Corriere sorprendía a todo el mundo con su insolito titular:Inventada la máquina que fotografia el pasado. Esta información para los mas curiosos les diré que continua en el mas absoluto de los secretos,aunque se de buenas fuentes que la máquina existe, aunque es un secreto mas de los que hay que añadir a los muchos que tiene el Vaticano; pero lo que sí se bien es que no la tiene nuestra estupenda Policia judicial, por lo que es dificil con el actual sitema que padecemos que nos enteremos de lo que realmente pasó con nuestra querida amiga Marta, como se van desenvolviendo los hechos hasta ahora. Una cosa que no me extraña es la cantidad de menores que tienen las bandas últimamente, para que se coman los marrones de los adultos, dado a la benefica Ley del Menor en nuestro país. En mis tiempos se decía que a los siete años el niño tenía uso de razón y cuando hago algo de memoria recuerdo que aún faltandome los datos que hoy me sobran sobre cualquier tema, los datos que sean públicos son del dominio público todos podemos enterarnos, con un poco de interés; lo de la Ley del Menor no la termino de comprender bien. Tampoco entiendo demasiado bien que en los juicios se le dé mas importancia a la verdad formal que a la verdad material. Me parece fatal que se juzgue a nadie, es algo que no lo termino de entender bien, pero si se hace se debería hacer bien. La ciencia tiene medios suficientes para que la verdad sea descubierta, este sistema que es capaz por lo mal que algunos jueces hacen su trabajo de meter en la carcel a un inocente es incomprensible que no sea capaz de averiguar la VERDAD MATERIAL en pleno siglo XXI. Con las actuales Leyes el ciudadano debe de comprender que el que vive realmente en un Estado de Derecho es el delincuente mas perverso, que se burla del Sistema. Tenemos un Estado que es incapaz de protegernos y de evitar que lo que le ha ocurrido tan terrible a Marta, se repita cualquier otro día. JMDAM 298155 1 0 1 83.44.194.87 4336 2009-03-23T15:53:06Z 1122336 Efectivamente de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986 al Cuerpo Nacional de Plicía le será encomendada en las capitales de provincias entre otras funciones generales: Prevenir la comisión de actos delictivos. Auxiliar y proteger a las personas aí como asegurar y custodiar sus bienes (siendo la vida el mas preciado) Investigar los delitos , etc. Pero en un Estado de Derecho no podemos salirnos de lo constreñidos por las Leyes. El papel de la Policía y demás fuerzas es claro. Lo tienen tan claro el resto de los operadores jurídicos, como parece ser lo que han querido decir de alguna manera el anterior interviniente. Un Inspector de policia 298155 1 0 1 81.34.196.136 4336 2009-03-23T17:11:13Z 1122587 Si hay algo que aspiran ahora los padres de Marta es a la Justicia. El derecho debería ser el vehículo a través del cual se colme ese sublime anhelo de Justicia, y hasta ahora sean quienes sean los responsables, lo único que todos pensamos es o mejor en lo que coincidimos es en pronunciar un aterrador , como triste grito impotente de ¡ Dios mio, no hay Justicia¡. Las necesidades que expresan las víctimas de la mayoría de estos graves delitos que acaban en los Tribunales no tienen relación con la dureza del castigo que se impone al agresor, sino con el restablecimiento de todas las seguridades que estas personas han perdido como consecuencia del delito. Se trata de algo tan sencillo como poder ser escuchadas y oir los porqués del infractor. En muchisimas ocasiones las necesidades reales de las víctimas no suele coincidir con las pretensiones procesales . Ello explica la frecuente insatisfacción de los usuarios del sistema judicial . Todo aquello que implique una escucha efectiva de las necesidades que subyacen a pretensiones de las víctimas, nos pondrían en el buen camino de un cambio deseado. Pero la víctima en el proceso penal es una especie de perdedor por partida doble, en primer lugar frente al infractor y después frente al Estado. Ésta excluida de cualquier participación de su propio conflicto. todo es llevado a cabo por profesionales del Derecho quienes a causa de su instrucción son incapaces de dejar que las partes decidan lo que crean pertinente. La opinión de la víctima es una especie de convidado de piedra y como a tal se le trata. JMDAM 298155 1 0 1 83.33.41.176 4336 2009-03-23T19:34:28Z 1123036 Si el mundo se constituyera como una gran tela de araña , nuestra sensación de soledad que a veces creemos padecer sería una ilusión más, porque lo real sería que todos estamos unidos entre sí, o mejor que todos somos uno. No podemos entender jamas la telepatía partiendo de la premisa falsa de que todas nuestras mentes estan separadas, pués iría radicalemnte en contra de las leyes de la Física. Pero si todas las mentes están realmente unidas , es dificil pero no imposible llegar a conocer lo que piensa otro. Bastaría desarrollar un poco mas nuestra mente y estar atento a uno mismo. La idea de espacio y tiempo , que no son mas que parametros inventados por el hombre, pero la física cuántica nos habla del entrelazamiento, si bien es una teoría nueva, no se puede desdeñar. Lo cierto es que las visiones de la realidad nunca son verdaderas o falsas , sin más , eso sería una simplificación infantil, son mas bien si lo pensamos el resultado de la programación subconsciente y del filtrado de inconscientes percepciones con el punto de vista de la realidad elegida. Como todo lo que existe, todas las visiones existen en algún lugar de esa tela de araña , y el todo en la tela de araña también incluye ideas. Si admitimos al menos que en la sociedad todos estamos conectados unos con otros, ese pensamiento nos obligará a asumir mayor responsabilidad de cara no solo a nosotros, sino a los demás, porque entonces comprendemos que el mundo no es dual sino una unicidad, desde esa idea nos tendremos que involucrar muchísimo mas de lo que lo hacemos y empezar en serio a preocuparnos mas para que no que no nos gusta no vuelva mas a suceder. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.89.172 4336 2009-03-24T16:48:53Z 1124885 Denunciando otras injusticias como la eliminación de 100.000 galgos al acabar la temporada de caza La baronesa Thyssen, Carmen Cervera, apoya una campaña que busca acabar con su aniquilación cuando estos animales ya no son útiles España es un "país atrasado" en lo que se refiere al trato a los animales. Asi se pronunció hoy la baronesa Thyssen Bornemisza, Carmen Cervera, durante la presentación en Toledo de una campaña para acabar contra la aniquilación de los galgos de caza cuando ya resultan inútiles para ese cometido. Representantes de distintas asociaciones y protectoras de animales, arropados por la baronesa entregaron este martes un total de 22.850 firmas en la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha para promover la protección de los galgos utilizados para la caza en la región. En la presentación de la iniciativa, detallaron que la llamada 'caza con galgo' supone que más de 100.000 galgos sean eliminados al finalizar la temporada cuando no cumplen su cometido o dejan de tener utilidad. De ellos, la mitad son eliminados en Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma en la que más se extiende dicha práctica. Cada año, lamentó el presidente de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas (SPAP), Manuel Muñoz Peces Barba, se repiten las imágenes de galgos ahorcados lentamente, apaleados o arrojados a pozos, así como galgos criados de forma masiva, en realas, y en miserables condiciones de alimentación y mantenimiento. Carmen Cervera expresó, visiblemente emocionada, su deseo de que las personas relacionadas con dichas prácticas, "esas bestias sin vergüenza que hacen estas atrocidades", sufran la misma moneda de cambio que sufren los galgos, porque "la vida no sólo está en los humanos, sino en las plantas y los animales", y los humanos, como especie superior, deben velar por el bienestar "de los más débiles". España "es un país atrasado" en estos aspectos -dijo-, "y eso se nota en la forma de tratar a los animales", ya que, según dijo, existe una gran diferencia entre la concepción de las mascotas que existe en España y en otros países, como Estados Unidos o Suiza, donde explicó que ha residido, y, por tanto, ha podido comprobar de primera mano la diferencia. JMDAM 298155 1 0 1 88.15.89.172 4336 2009-03-24T16:55:55Z 1124916 La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad el archivo de las quejas interpuestas por el Partido Popular (PP) y su tesorero, Luis Bárcenas, contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las filtraciones que sufrió la investigación judicial de la presunta trama de corrupción en la que podrían estar implicados mandos de este partido. Los cinco vocales de la comisión han dado el visto bueno al informe realizado sobre este asunto por los servicios de Inspección del CGPJ, en el que se proponía el archivo por no encontrar en la actuación del titular del Jugado Central de Instrucción número 5 responsabilidad disciplinaria alguna. El informe revela además que Garzón abrió una pieza separada e interrogó a la imputada Felisa Jordán y a su abogado para esclarecer la presencia de información sobre la 'Operación Gürtel' en la prensa. Según el CGPJ, la posible responsabilidad por las filtraciones de la información referida a la denominada 'Operación Gürtel' "ha quedado muy difuminada, pues han sido muchas las personas que, en un momento u otro, han tenido conocimiento de los datos reflejados por la prensa". ¿Por ello, concluye que no puede achacarse responsabilidad alguna a Garzón y "no resulta posible la imputación de responsabilidades sancionadoras con base en datos probatorios no acreditados plenamente" . Jordán y su abogado El pasado 9 de febrero, cuando estalló el 'caso Gürtel', Garzón dictó un auto abriendo pieza separada denominada 'filtraciones' en el que requirió a la UDEF (Unidad Policial responsable de la investigación) que aportara lo que estaban informando los medios y citó al denunciante, según detalla el informe de la Inspección. Además, el día 13 de febrero Garzón interrogó por las filtraciones a la imputada Felisa Jordán y a su abogado. El letrado narró al juez que varios medios de comunicación le venían llamando en los últimos días para preguntarle por el caso, si bien no había comentado el contenido de lo que conocía con ninguno de ellos. Por su parte, Felisa Jordán admitió al juez que prácticamente todos los medios de comunicación la llamaban todos los días para que les "confirmara datos", y que aproximadamente un 15 por ciento de las preguntas se referían al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Reveló también que había hablado de la declaración que hizo ante el juez con su hermano, que reside en Sevilla. Igualmente, Jordán narró al juez que la documentación que aportó en su declaración ante Garzón se la había entregado unos dos meses antes a un periodista de la revista Interviú, si bien dicha información no llegó a publicarse. El informe de la secretaría La secretaria de Garzón dictó una diligencia el pasado 9 de febrero dando cuenta de que en medios de comunicación digital publicaban esa misma tarde "transcripciones de las grabaciones telefónicas que integraban la denuncia de la Fiscalía" que dio origen a la causa. A este respecto, señalaba la secretaria que los datos estaban bajo su custodia en el Juzgado "excepto por el tiempo necesario para que por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal realizaran, por su servicio de transcripción, la materialización de las mismas en formato papel, siendo dicho extremo confirmado por el funcionario que tramita esta causa, quien así me lo comunica y doy fe". Añadía que ese mismo día, a las dos y media de la tarde, entró en el Juzgado un oficio emitido por la Fiscalía Anticorrupción y que ella constató que "parte de su contenido fue objeto en publicación en medios de comunicación con anterioridad a que dichos documentos entraran en este Juzgado". El informe de la Inspección también da cuenta de las actuaciones realizadas por la propia Fiscalía para detectar filtraciones, que concluyeron que no había constancia de que el Ministerio Público estuviera filtrando información y que la denuncia había estado en todo momento "a la plena disposición del denunciante, que ha podido hacer de ella el uso que haya estimado oportuno". Por todo ello, el Servicio de Inspección del Consejo concluye que en este caso no ha existido prueba alguna de que la filtración haya procedido de instancias judiciales. Afirma que los datos, pese a encontrarse bajo la custodia de la Secretaria del Juzgado, estuvieron un tiempo en poder de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la UDEF, y que parte del contenido del oficio remitido por Anticorrupción "fue objeto de publicación antes de que entrara en el Juzgado". "No podemos olvidar que los Secretarios Judiciales son poseedores de la fe pública judicial y sus diligencias tienen presunción de veracidad", concluye el Servicio de Inspección del CGPJ, que subraya que la propia Jordán hace constar que le había contado todo a su hermano por teléfono, "con lo que aquel ha podido hacer con tal información el uso que haya tenido por conveniente". La denuncia En su denuncia ante el CGPJ, el PP señalaba que la información publicada por la prensa, especialmente por el diario "El País", resultaba "gravemente dañosa para el PP" y tenía su origen en las filtraciones del sumario instruido por Garzón. Añadía el PP que el conocimiento y publicación de tales informaciones procedentes de un sumario judicial "rompen la garantía y obligación legal del secreto de sumario, con gravísimo perjuicio para las personas afectas y terceros a los que sitúa en indefensión, tanto más cuando se vinculan las actuaciones, presuntamente delictivas, a una formación ajena a todas ellas y que continúa inaudita parte". JMDAM 298155 1 0 1 88.15.89.172 4336 2009-03-24T17:16:24Z 1124990 "Voy a contarles una historia sobre mi propio fracaso", empezó Köhler el tradicional "Discurso de Berlín", que los presidentes alemanes pronuncian una vez al año en la capital alemana y dedican a un tema general de actualidad. Luego, Köhler recordó como la crisis asiática de 1999 había dejado como lección la necesidad de poner bajo la lupa los sistemas bancarios, lo que no se hizo oportunamente. "Muchos, que conocían el problema, advirtieron sobre el peligro de una crisis en el sistema pero en las capitales de los países industrializados no se oyeron sus advertencias: faltó la voluntad de imponer la primacía de la política sobre los mercados financieros", dijo Köhler. El jefe de Estado subrayó que ahora es necesario sacar las consecuencias adecuadas de la crisis, que afecta prácticamente a todo el mundo. Aunque Köhler admitió que todavía no se conocen todos los motivos del derrumbamiento de los mercados financieros, pero señaló que hay algo que es claro y es que "demasiada gente con muy poco dinero pudieron poner en movimiento gigantescas palancas financieras". "Durante muchos años se logró convencer a la gente de que las deudas eran un valor en si mismas, sólo había que comercializarlas. Los bancos compraban y vendían cada vez más papeles cuya repercusión no entendían ni ellos mismos. Lo principal era aumentar las ganancias a corto plazo", dijo Köhler. Según el presidente, eso sólo pudo ocurrir porque los bancos abandonaron los fundamentos de su propia cultura que eran "sentido de la estabilidad monetaria, respeto a los ahorradores y pensar a largo plazo". Los bancos olvidaron también, según Köhler, el precepto constitucional según el cual la propiedad genera obligaciones. "La construcción de pirámides financieras se convirtió en un fin en si mismo, sobre todo para los bancos de inversión. Con ello no sólo se despidieron de la economía real sino de la sociedad en general, con lo que el problema se convirtió en un asunto de responsabilidad y de decencia", dijo Köhler. Por otra parte, la creencia en que el crecimiento económico solucionaba todos los problemas y el hecho de que durante un tiempo los sistemas financieros fueron máquinas de crecimiento hicieron que se les dejase tranquilos y el resultado de ellos fue la pérdida de los límites. "Ahora vemos que el mercado solo no arregla nada. Necesita un Estado fuerte que le imponga reglas... La crisis muestra que la libertad sin fronteras genera destrucción", dijo Köhler. Para superar la crisis, añadió, se requiere primero volver a asegurar el flujo de capitales y hacer frente a la recesión pero también, a largo plazo, crear un nuevo orden a través de reglas más efectivas. Además, se requiere dotar de más dinero al FMI, que de momento no tiene suficientes fondos. "Parece que se tiende a un consenso para duplicar los fondos del FMI. Eso está bien pero más sería mejor", dijo Köhler. Y ahora una pequeña reflexión resulta obligada, si se le pudiera poner nombre a los verdaderos responsables de la crisis, que ellos saben sobradamente que generará toda clase de males terribles a la humanidad, porque es global y peor que la del 29, no estaríamos hablando de una alta delincuencia de cuello blanco y además de una perversión inigualable. Anónimo 298155 1 0 1 81.34.197.104 4336 2009-03-27T12:46:31Z 1131479 El principal imputado por la desaparición y muerte de Marta del Castillo, Miguel C.D., intentó ahorcarse ayer en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) con el cordón de su propio chándal, si bien la rápida intervención de los presos más cercanos al recluso y del personal de la prisión evitaron el suicidio del joven, según confirmaron a fuentes penitenciarias. Los hechos ocurrieron, tal y como adelanta en su edición de hoy El Correo de Andalucía, en torno a las 20.00 horas, cuando el presunto autor de la muerte de Marta fue al servicio antes de ir a cenar e intentó acabar con su vida. Un interno del centro lo encontró colgado de un cordón, de manera que dio la voz de alarma y la tragedia pudo ser evitada. El recluso, que se encuentra en prisión desde mediados de febrero, no sufrió lesiones por la vigilancia a la que es sometido en la cárcel al tener activo el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS), que implica que el joven está permanentemente acompañado por un 'interno-sombra' para garantizar su seguridad. Miguel C.D. ingresó en la cárcel de Sevilla-I por orden judicial el pasado 16 de febrero, si bien al día siguiente fue trasladado a la prisión de Morón de la Frontera para alejarlo del "foco" de los hechos, de la misma forma que fue trasladado a la cárcel de Huelva su presunto cómplice Samuel B.P. JMDAM 298155 1 0 1 83.35.81.32 4336 2009-03-27T17:13:49Z 1131909 ¿ Quién dijo que ésto no podría empeorar ? El informe contra el urbanismo pone en peligro los 2.300 millones en ayudas de la UE El demoledor informe de la UE contra el urbanismo no ha caído en saco roto. Una de las consecuencias ya es patente: "El daño atroz que se ha hecho a España como destino de inversión y, en consecuencia, también para la Comunitat", explica el eurodiputado español del Partido Popular, José Manuel García Margallo. La otra de las consecuencias todavía está por llegar. De momento es una amenaza con pocos visos de convertirse en realidad, aunque los números que facilitó ayer Margallo dan idea del drama económico que supondría para España y para la Comunitat. Así, según el dirigente popular, los Fondos Estructurales y de Cohesión recogen para el período 2009-2013, unos 23.200 millones de euros en ayudas. Para la Comunitat serían aproximadamente unos 2.300 millones de euros, según Margallo. Desde el PP consideran que la posibilidad de retirar las ayudas es remota -nunca se ha hecho en la Unión Europea- pero si se llevara a cabo sería un drama. El eurodiputado hace suyos los cálculos del fondo municipal de Zapatero para equiparar la pérdida de estas ayudas con el aumento del paro. "Si los 8.000 millones de euros de Zapatero del fondo estatal para los municipios dan 400.000 puestos de trabajo, los de la Unión Europea proporcionarían más de 1,1 millones", señala. El documento que aprobó el pasado miércoles la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera que en España existe "una corrupción endémica". Además, insta a que se "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones para que se ajusten a los criterios de sostenibilidad medioambientales y de responsabilidad social". No obstante, la gravedad de otras afirmaciones como la sospecha que se vierte acerca de si en España se respeta el derecho de propiedad causan "un daño atroz" a la capacidad del país de captar inversión extranjera. "Con esos antecedentes, ¿quién querrá invertir su dinero aquí?", reflexiona Margallo. Al "desprestigio" que acarrea el informe para España y la Comunitat hay que añadir la crisis económica que atraviesa el país, "que hace que sea más necesaria" la llegada de capital extranjero. Desde el PP denunciaron la falta de implicación del Gobierno por no acudir a defender la posición española "cuando la Generalitat valenciana ha estado en nueve ocasiones", subrayó. Tampoco la posición de los socialistas sobre el urbanismo ha sido constante en los últimos años. Por ejemplo, el informe Fourtou, aprobado en diciembre de 2005, contó con el apoyo de los socialistas. En cambio, se opusieron en el último documento del pasado miércoles, conocido por informe Auken -apellido de la autora-. Para el grupo popular el apoyo inicial era una maniobra para tratar de desgastar a Camps de cara a las elecciones autonómicas. Ahora a la Junta le entran las prisas y el Parlamento Andaluz aprobó ayer una proposición no de Ley del PSOE-A que pide a la Junta de Andalucía procedimientos que permitan a las administraciones una actuación inmediata que reponga la realidad física alterada por las irregularidades urbanísticas con la " mayor "efectividad. (palabra que semanticamente no sé lo que significa y pido humildemente perdon , por mi ignorancia supina) No es con mayor efectividad ahora, querida Junta de Andalucía, es que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actua de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, art. 103 de la Constitución Española de 1978. Lo de Marbella es demencial, pero ahora lo que se pretende es dicho en roman palatino: Quien sea rico y tenga una casa ilegal, no le pasara nada y el pobre que se haya hecho su casa en una parcelación ilegal, se la pueden tirar. Vamos a ver cuantas casas de Marbella tirais con el nuevo invento. Y qué responsabilidad puede existir para quien durante tanto tiempo miró para otro lado. JMDAM 298155 1 0 1 77.99.172.106 4336 2009-03-27T17:20:01Z 1131919 Ya veo que te lo dices tu solo,y asi siempre llevaras la razon(borrando los comentarios que no estan d acuerdo contigo),y no solo eso,estoy seguro que los coments anonimos(aunque lleven nombre)te los mandas a tii mismo.A quien pretendes enganhar,espabilao?[8D] Anónimo 298155 1 0 1 3319 77.99.172.106 4336 2009-03-27T17:22:26Z 1131931 Igual te he confundido con otra prsona,si es lo siento. Anónimo 298155 1 0 1 3319 83.35.81.32 4336 2009-03-27T17:27:46Z 1131942 Las urbanizaciones ilegales en Andalucía Muchas de las quejas que tramita la Institución sobre aspectos urbanísticos han planteado problemas derivados de asentamientos y urbanizaciones construidas ajenas a las normas de planeamiento. Su investigación ha sido, por tanto, un motivo muy frecuente de intervención del Defensor a lo largo de los años. Estas quejas han constituido el relato particularizado de los muchos y graves problemas que encierran la urbanizaciones ilegales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así pues, el Defensor del Pueblo Andaluz aborda con ocasión de este Informe Especial un tema que no supone, desde luego, una novedad en las actuaciones de la Institución. Más bien, responde a la necesidad de procurar de las Administraciones implicadas una respuesta ordenada e improrrogable ante un problema que no está obteniendo la atención que merece. Las condiciones y servicios elementales que debe llevar aparejada cualquier zona residencial contrasta con la situación de estos asentamientos. Algunos de los aspectos, cuando no todos ellos relacionados, que se denuncian tras este tipo de quejas son la ausencia de recogida de resíduos y basuras, carencia de viales y acerados, alumbrado público inexistente, insuficiencia de agua potable o con graves problemas de salubridad. De ahí que la complejidad que encierra este problema ha provocado que muchas de estas quejas de los ciudadanos no hayan alcanzado a pesar de los años una solución favorable. Los motivos que explican la elaboración de este trabajo por el Defensor del Pueblo Andaluz, como garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos, son variados: primero, porque existe una importante demanda de servicios esenciales por parte de los vecinos afectados, por más que en muchas ocasiones éstos hayan sido responsables de la situación creada. Segundo, por un elemental principio de seguridad jurídica ante el diferente tratamiento que reciben por parte de distintos municipios o, a veces en uno mismo, unas urbanizaciones ilegales frente a otras. Además, el resultado de muchos de estos procesos de asentamientos ha sido la aparición de núcleos de infravivienda, absolutamente ajenas a las condiciones de dignidad y salubridad que la Constitución preconiza. Explica también la elaboración de este Informe la necesidad de dar respuesta ante evidentes ejemplos de impactos ambientales que estos núcleos provocan en el entorno y, muy singularmente, en espacios singulares como son parajes de valor ecológico, zonas inundables y de litoral. Y por último, existe otro factor muy importante que justifica esta investigación: si bien en las parcelaciones ilegales el comprador sabe lo que adquiere y persigue pagar un precio menor por unos terrenos que no prevén instalaciones urbanizables, sí exiten otros casos en los que se compromete una determinada obra junto a unos equipamientos y luego se ejecuta otra cosa, o simplemente no se realiza la urbanización. Ambos tipos de operaciones esconden en todo caso actuaciones fraudulentas y requieren el imprescindible control de las Administraciones que deben tutelar estos procesos. A partir de la constatación de la generalidad de todas estas situaciones repartidas a lo largo del territorio andaluz, surgió el compromiso del Defensor ante el Parlamento de elaborar un estudio singular de este problema, que ahora presentamos. El trabajo parte de la experiencia acumulada en la tramitación de las quejas comentadas y añade la información que hemos obtenido de las Administraciones afectadas. Desde la Institución nos hemos dirigido enviando unos cuestionarios a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Publicas y Transportes, a las Diputaciones Provinciales y a 251 Ayuntamientos implicados; y, asimismo, hemos mantenido una entrevista con la Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la mencionada Consejería de Obras Públicas y Transportes. A la vista de las respuestas obtenidas en contestación a los cuestionarios enviados, podemos hacer el siguiente resumen sobre la situación en la que se encuentran las urbanizaciones ilegales en Andalucía. La primera cuestión ha sido determinar el número de urbanizaciones con problemas serios de legalidad que hay en Andalucía actualmente. Se trata de una pregunta que parece que nadie está en condiciones de responder adecuadamente, pues hace 10 años que no se ha actualizado la información global que se poseía sobre el fenómeno de las parcelaciones ilegales y de las urbanizaciones ejecutadas contra plan. El único inventario elaborado incluye todo tipo de urbanizaciones sean legales o no y se confeccionó a partir de una interpretación fotográfica de vuelos aéreos realizada a partir de los años 80. También se esbozó un catálogo, que se refiere a parcelaciones ilegales y a urbanizaciones ejecutadas en abierta contradicción con el plan. Con todo estos condicionantes, la situación hacia 1990 desde un punto de vista cuantitativo era la siguiente: Número de urbanizaciones ilegales Provincia Inventario Catálogo Porcentaje de Irregularidad Almería 100 61 61 Cádiz 133 80 60’1 Córdoba 154 117 73 Granada 193 87 45 Huelva 83 54 64 Jaén 162 94 58 Málaga 548 83 15’1 Sevilla 359 219 61 TOTAL 1.732 1.014 58’5 % La población afectada directamente por estas urbanizaciones ilegales se cifra, según los datos obtenidos por el Informe, respecto de los 225 municipios que han respondido, en 193.146 personas, sumadas entre los 64.995 habitantes de carácter permanente y los 128.151 de población temporal. En la práctica, esta cifra resultaría más numerosa si hubiéramos podido contar con todos los datos solicitados. La tipología según la superficie que ocupan estas urbanizaciones es muy variada y repartida entre todas las provincias de Andalucía. MUNICIPIOS AFECTADOS POR PARCELACIONES ILEGALES Y/O URBANIZACIONES CONTRARIAS A PLAN PROVINCIA MUNICIPIOS AFECTADOS Almería 17 Cádiz 17 Córdoba 27 Granada 30 Huelva 15 Jaén 28 Málaga 14 Sevilla 42 TOTAL 190 Gráfica que muestra la extensión de las urbanizaciones por hectáreas En cuanto al estado de los servicios mínimos obligatorios de estas urbanizaciones ilegales, la descripción obtenida de los cuestionarios cumplimentados confirma la preocupación, antes comentada, en orden a la idoneidad de estos asentamientos y los riesgos que comportan sus múltiples carencias. * La mayoría de las urbanizaciones no cuentan con abastecimiento de agua potable. Los métodos de captación de agua y el estado y salubridad de su suministro resultan fácilmente imaginables. Las escasas redes existentes no presentan un ciudado adecuado. * El alcantarillado tampoco es mejor. Los vertidos se realizan en fosas sépticas, cuando no en pozos negros sin mayor control. Las exiguas redes que parecen existir ofrecen un estado calificado como malo o regular en el 80 % de estos pocos casos. * Sólo una quinta parte de las urbanizaciones manifiestan disponer de un sistema de alumbrado público. En los casos en que existe, su estado y funcionamiento es malo. Únicamente 2 urbanizaciones han manifestado tener un buen alumbrado. * En cuanto a las vías públicas, sólo una urbanización de cada cuatro cuenta con viarios pavimentados. El estado de estas vías o calles es perfectamente coherente con el nivel de los servicios que hemos comentado anteriormente. Además, es muy frecuente que estas vías ocupen bienes de dominio público, invadan vías pecuarias o bien discurran por otros caminos privados. Ésta es la descripción somera del estado de tales urbanizaciones que, siendo manifiestamente ilegales, proliferan a lo largo del territorio sin que se haya apreciado una respuesta clara respecto a las causas que alcancen a explicar la existencia de tal fenómeno. En los pocos casos en los que se han insinuado un cierto reconocimiento de pasividad o dejadez ante estas actuaciones, la explicación ofrecida se excusaba en "situaciones heredadas" o en "oportunidades perdidas". En el mismo tono, las autoridades y Administraciones consultadas coinciden en lamentar, e incluso reprobar, la existencia de estos singulares núcleos de población, por más que no alcanzan a explicar qué medidas han puesto en práctica para el control y la adecuación a la legalidad ante perfectos ejemplos de transgresión a las normas. Se consolida así una situación muy problemática de abordar por parte, principalmente, de los municipios que han contemplado la proliferación de unos núcleos de población que están ahí, con la carencias que hemos constatado, y que demandan una serie de servicios cuya prestación se hace depender de una difícil adecuación a la legalidad urbanística. A la hora de abordar soluciones, la gran mayoría de los municipios consultados entienden que es necesario poner en marcha mecanismos de regularización y de adecuación a la legalidad, pero ante los que se manifiestan con dificultades para emprender el ejercicio de la disciplina urbanística y, a su vez, reclaman la intervención subsidiaria de los órganos de la Junta de Andalucía. Gráfica que muestra las respuestas dadas a la pregunta: ¿Tiene el Ayuntamiento la capacidad de asumir la disciplina urbanística? Esta incorporación a la legalidad de tales urbanizaciones se deben realizar mediante procesos de regularización que han de acometerse en unos plazos de tiempo tan ágiles como perentorias son las condiciones en las que se encuentran los servicios de estos núcleos. De ahí que los ayuntamientos consultados consideran conveniente afrontar procesos de regularización en un mayoritario 79% de los casos. Gráfica que muestra las respuestas dadas a la pregunta: ¿Debe la Junta de Andalucía ejercitar la acción pública o actuar por subrogación? Por tanto, ante la situación descrita, las medidas de actuación que se proponen desde la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, se resumen en: 1. Los poderes públicos tienen el deber inexcusable de tutelar el orden urbanístico, ejercer la disciplina urbanística y, desde luego, dar cuenta de los supuestos en los que se aprecien responsabilidades no ya administrativas, sino incluso de orden penal ante los tribunales. 2. El juego de las diferentes competencias residenciadas en varias Administraciones obliga a extremar las medidas de colaboración y cooperación, muy principalmente hacia los municipios de escasa capacidad técnica y materal de la mano de las Diputaciones Provinciales y de la propia Junta de Andalucía. 3. Ante los supuestos de falta de ejercicio o dejación de las competencias asignadas a los Ayuntamientos en esta materia, la Consejería de Obras Públicas y Transportes deberá actuar por subrogación protegiendo los intereses públicos. 4. Es imprescindible promocionar una completa información a la hora de adquirir parcelas en orden a su situación urbanística y su planeamiento, mediante la implicación de los ayuntamientos, asociaciones de consumidores y usuarios, registradores y notarios, así como de las propias autoridades autonómicas. 5. Respecto a las urbanizaciones previstas por un plan y mal ejecutadas, habrá de accionarse ante el promotor las medidas de garantías que la legislación establece para hacer cumplir las previsiones del plan. En los casos que el promotor haya desaparecido, deberán promoverse acuerdos con los particulares para financiar y dotar los servicios necesarios. Cuando la regularización sea la única fórmula para alcanzar la adecuación de estas urbanizaciones, estos procesos deberán dirigirse desde los principios de igualdad y justa distribución de los beneficios y de las cargas que provoquen la dotación de infraestructuras y de servicios. Podemos concluir afirmando que la generalizada existencia de urbanizaciones ilegales es, en sí misma, un clara contradicción con toda idea de ordenación del territorio. Esta secular dejación de las funciones de control urbanístico ha devenido en la prescripción de muchas medidas disciplinarias que deberían haberse acometido. En estos casos, ante las evidentes carencias que las urbanizaciones ilegales soportan, habrá de abordar su adecuación mediante la implicación de sus propietarios en los costes que provoquen los procesos de regularización. En aquellos casos en los que sea posible el ejercicio de medidas disciplinarias y exigencia de responsabilidades, deberá acometerse un decidido plan de actuación que persiga la restitución de la legalidad. Y, por último, mientras se intenta amortiguar el problema y abordar sus soluciones, resulta imprescindible alcanzar la firme determinación de que el propio problema no siga creciendo. Dar una respuesta a las urbanizaciones ilegales constituye hoy uno de los mayores retos para la ordenación del territorio en Andalucía. Y la pauta que desde esta Institución se propone podría resumirse así: ni una urbanización ilegal más y trabajemos para paliar los efectos de los abusos cometidos, asumiendo cada uno, según sus responsabilidades, las cargas que de ello se derivan. JMDAM 298155 1 0 1 83.35.81.32 4336 2009-03-27T17:35:23Z 1131949 Involuntariamente he mandado a otros post, Una prueba de lo que antes afirmaba. El defensor del Pueblo tiene conocimiento desde mucho antes del año dos mil de lo que estaba pasando en todo el país. Sabía como todos los motivos: Falta de una Ley de Financiación de los Ayuntamientos que se financiaban todos vía urbanística. Este tema nos puede perjudicar muchísimo en Europa y es lo único que nos podía faltar. Existen miles de denuncias en los Juzgados que no sirven de nada. Y es obligado volver a hacer las cosas bien, aunque sea por variar. Las Graficas a las que aludo no se pueden enviar, se cita para indicar que existen. JMDAM 298155 1 0 1 83.45.242.244 4336 2009-03-28T16:47:25Z 1133660 La magistrada ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, Elisa Pérez Vera, ha hecho un amago de dimitir de esa responsabilidad en fecha reciente. La juez Pérez Vera manifestó al resto de los magistrados del tribunal que la evolución de las deliberaciones estaba desnaturalizando y cambiando el sentido de su ponencia, y por ese motivo estaba dispuesta a pasar la responsabilidad de redactar las propuestas de resolución a otro miembro de la institución, aunque nada le obliga a ello. El amago de dimisión de Pérez Vera y sus consideraciones sobre el debate de la sentencia fueron la culminación de una nueva etapa de malestar en el TC. El verdadero motivo de los roces, sin embargo, reside en las dificultades para hallar fórmulas de consenso ante los principales problemas que plantea el recurso. Pérez Vera, que por ahora sigue con la ponencia, se ha esforzado en encontrar salidas para una resolución interpretativa que evite declarar inconstitucionales los preceptos más controvertidos, lo que implicaría su anulación. A grandes rasgos, el debate de la sentencia parecía ir bien orientado en ese sentido. Pero en los últimos meses, a medida que se acerca el momento de tomar decisiones, el debate ha vuelto a complicarse. El consenso se ha alejado otra vez y ya se habla de fechas de julio para la sentencia. El problema se ha manifestado con toda claridad al comprobarse que un magistrado del área progresista plantea cada vez más obstáculos a la resolución interpretativa de los temas clave. De este modo, algunos de los puntos más conflictivos de la sentencia podrían decantarse contra el Estatut por 6 votos a 4. La estrategia de la presidenta, María Emilia Casas, había consistido hasta ahora en lograr como mínimo esa misma correlación de fuerzas, pero a favor del Estatut y contando con el voto del vicepresidente, Guillermo Jiménez, el magistrado más moderado del grupo conservador. Pero si un magistrado del grupo progresista endurece su posición y coincide con los conservadores, el voto del vicepresidente a favor de una sentencia interpretativa es más difícil de obtener. Y aunque no fuera así, Casas nunca ha querido tener que desempatar ejerciendo su voto de calidad. Por tanto, si se viera claro que la deliberación puede desembocar en un cinco a cinco, lo más probable es que Casas estirara el debate hasta el infinito. La presidenta no quiere de ninguna manera asumir el papel histórico de haber sido la magistrada que salvó el Estatut, ni tampoco la que lo condenó. No quiere, en suma, que pueda repetirse la historia del primer presidente del TC, Manuel García Pelayo, que salvó con su voto la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa, lo que le colocó durante mucho tiempo en el ojo del huracán. María Emilia Casas y Elisa Pérez Vera han venido trabajando con esas premisas. En buena medida, el futuro del Estatut está en manos de estas dos magistradas. Se trata de dos juristas rigurosas, de mentalidad abierta, que hubieran querido que su labor en el TC se reconociera por su gran labor a favor de la igualdad de derechos de la mujer, plasmada en multitud de autos y sentencias. Pero ahora les ha tocado otro papel, son conscientes de ello y han tratado de resolver la nueva crisis creada por la deliberación de la reforma catalana aceptando la técnica de tejer y destejer, como en la historia de Penélope, en la Odisea. Y el precio de mantenerlo todo abierto es que no se ve el horizonte de la deliberación. No hay nada votado. Ni la palabra nación del preámbulo - aunque esta parte pasará el filtro-,ni la bilateralidad, ni el deber de conocer el catalán, ni los símbolos nacionales, ni el reparto competencial ni la financiación. El Gobierno cree que todo se arreglará, pero está preocupado. Y el PP sigue sin querer hablar de la renovación del Constitucional. JMDAM 298155 1 0 1