83.37.237.94 4336 2009-03-07T12:21:15Z 1088960 ¿¿¿ lo que venga lo bendice Dios????????? Es dios el que le va a permitir a una niña seguir adelante con su vida por no estar preparada para que no se quedara embarazada? Es dios el que va a mantener a esa niña y a su hijo? Es dios el que le va a dar la madurez necesaria a esa niña para tener un hijo? ¿¿es dios el que va a hacer recuperarse a esa niña con un hijo si es fruto de una violación??? Deje a Dios en las alturas, que aquí en la tierra hace falta mucho más que un Dios para resolver este problema. Una ley como la que plantea la ministra Aido. Anónimo 291251 1 0 1 11388 83.33.40.93 4336 2009-03-07T17:14:05Z 1089335 Como enamorado de la mística femenina , según reconoció una femisnista en Madrid cuando la pobre se esforzaba en una tarea titánica e imposible, cual era convencerme de que comulgase con ruedas de molino, en lugar que el cuerpo mistico de Cristo. Por cierto he sido el único postgraduado que en sus clases para el doctorado en penal, me he quedado solo diciendo que el aborto es igual que la violación actos execrables. Este tema es tan importante que debería ser objeto de Referendum para cambiar la Constitución,especialmente el artículo 15 que quedó redactado mal por causa de las prisas , debería haber dicho: "Todos los seres humanos, desde la concepción a la muerte tienen derecho a vivir, sin que en ningún caso, pueda existir torturas, ni penas o maltratos a éstos, ni al resto de los animales". Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra." En Santería cuando el santero tiene necesidad de molestar a un muerto, le pide permiso primero. Lo único que existe en el mundo es la Libertad, es lo mas hermoso que existe y por los que mas seres humanos han dado la vida. Dios nos la ha regalado a todos los seres humanos, es junto con la vida el valor supremo. Pero ésta termina donde comienza la del otro. Es metafisicamente imposible que alguien al que el apelativo de madre, como dijo un juez del Tribuanl supremo de Estados Unidos, le viene muy mal aplicado, porque la Jurisprudencia de dos mil años al menos lo reserva para el ser maravillosos que es capaz de dar vida, amar, sacrificarse por el hijo de sus entrañas y luchar por él contra todo el mundo, tenga derecho alguno a disponer de la vida que se está gestando en su vientre. Como dice el lobby feminista : la mujer tiene derecho a su propio cuerpo. Por supuesto, se puede cortar desde su cabeza, a un pie o sacarse ese corazón insensible, e inaccesible a reconer la belleza y el amor del mundo. Pero para nada a disponer de la vida de otro ser irrepetible, único, y con el igual derecho a la vida que ella. Yo me pregunto si una chica de dieciseis años tiene conciencia del acto de decidir si condena a muerte no al criminal mas terrible y despreciable, sino a un ser tan maravilloso como ella y totalmente inocente. Parafraseando lo que José Agustin Goytisolo dijo en cierta ocasión aunque la vida te empuje con un aullido interminable Tú no te puedes volver atras. Hija mía es mejor vivir/con la alegría y la risas de tu hijo que con la aprobación o desaprobación de los hombres. Yo sé bien que nadie te comprenderá, ni te ayudará, que te sentirás perdida y sola, lloraras , te desesperaras, no te ha tocado un premio, estarás en apuro, tendrás que madurar en días, tendrás que aprender rápido a decidir lo que te conviene y cuando consultes con tu guía espiritual, tu angel de la guarda, tu Dios, o con tu ser verdadero que no es tu ego, te felicitará y sabrás que has hecho lo correcto, lo justo, lo que debías. Descubriras que pese a todo la vida es bella y a pesar de los pesares, si luchas se te abriran misteriosamente las puertas, o todos se apartarán para que puedas seguir la vida. La vida es hacer caminos, tomar decisiones adecuadas y correctas. Tu destino está en los demás, tu futuro en tu propia vida y en la de tu hijo. Quien valga la pena de tu familia te apoyará en todo, quien valga como amigos te apoyaran en todo,que el miedo no sea tu guia en tu vida, abrete al amor porque éste lo puede todo. Perdoname por no decirte nada más, espero seguir conforme vayas comprendiendo la vida, solo puedo decir sinceramente que yo estaré siempre en el camino por si necesitas preguntar algo. JMDAM 291251 1 0 1 79.108.54.88 4336 2009-03-08T05:17:13Z 1090026 Hola Patita. Te estaba escribiendo una respuesta y al final se ha convertido en una parrafada que he publicado en mi blog por considerar excesivo publicarla como comentario aquí. De todas formas te pego aquí un extracto que responde a mi parecer a una de las preguntas que lanzas en tu comentario. La entrada entera puedes verla en el enlace de mi nombre ahí arriba, o al final del comentario. En respuesta a la pregunta de si "es dios el que le va a permitir a una niña seguir adelante con su vida", bueno, supongo que si la niña es católica, aunque te pueda parecer absurdo sí que podría ser Dios el que se lo permitiese. Si no, podrían ser sus seres queridos, o el resto de la sociedad. Tú o yo, por ejemplo. Nosotros podríamos ayudarle a seguir la vida que empezó cuando nació y que siguió cuando creció y que continuó la noche en que decidió bajo su responsabilidad acostarse con su chico. Lo lamentable del asunto es la ausencia de dicha responsabilidad, que debería haberla recibido de sus padres o de la sociedad, y no recibió. ¿Y por qué no la recibió? Tal vez porque hoy en día damos muchísima importancia a seguir adelante con NUESTRA vida, por encima de todo, ya que tenemos ese derecho. Tenemos ese y cientos, miles de derechos más. Y también cientos, miles de deberes, aunque no lo queramos ver. En este caso, el derecho de seguir adelante con nuestra vida conlleva el deber de seguir adelante con las vidas que nos rodean: Padres, hermanos, amigos, vecinos, colegas de trabajo, contribuyentes y sí, también hijos. Porque no estamos solos en la sociedad, y resulta que si esa niña tiene el derecho a seguir su vida es gracias a que otros (concretamente, TODOS los demás) tenemos el deber y la responsabilidad de hacer que ella pueda seguir con su vida. Si no lo hacemos, tal vez algún día ella se acueste con un chico sin conocer las consecuencias, porque nadie se tomó la responsabilidad de educarla. La entrada entera la tienes en http://qvark.blogspot.com/2009/03/aborto-responsabilidad.html Saludos pequeño qvark 291251 1 0 1 http://qvark.blogspot.com/2009/03/aborto-responsabilidad.html 79.148.219.160 4336 2009-03-08T16:53:34Z 1090722 ¿Tu verdad? No, la Verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela . A. Machado. Tengo amigos teologos que dicen que ellos salvarían de toda la Biblia únicamente parte de los cuatro evangelios, por su Verdad inapelable, el resto es palabrería inutil. Desde luego cuando uno relee el Eclesiastico el capítulo 42. versículos del 9 al 14, no sabe si el senor escriba docto debía dedicarse a otros menesteres que el de enseñar a los padres a cuidar a las hijas: Una hija es una secreta causa de cuidados para su padre, un cuidado que quita el sueño, de joven para que no se marchite, de casada para que no llegue a ser aborrecida. Cuando virgen para que no sea seducida y caiga en cinta en la casa paterna; cuando ya tiene marido para que no peque, y cuando desposada por si permanece esteril. Sobre la hija indocil ten estrecha vigilancia, si no quieres ser la irrisión, el comentario de la ciudad y de los corrillos del pueblo, y te avergüence ante la gente toda. No mires a nadie por su belleza y no te sientes en medio de mujeres, porque de los vestidos sale la polilla y de la mujer la malicia femenina. ( Y la última perla) : Vale mas la maldad de un hombre que la bondad de una mujer, una mujer acarrea vergüenza y reproches. Ridículo verdad, pues es peor lo que pasa hoy día, pero al reves: Es mas fácil romper un contrato matrimonial, que cambiar de compañía de movil., las Republicas socialistas sovieticas a punto estuvo de cargarse la institución matrimonial y tuvieron que rectificar. Una chica no puede consumir alcohol si es menor de 18 años, pero puede disponer de la vida de su hijo. Ante tal caos, insto a la sociedad civil y a todas las personas de buena voluntad a que se enfrenten a este gobierno no ya por el paro que llegara a los cuatro millones pronto, no ya porque son los mas inutiles de todos los gobiernos habidos y por haber, no ya por el grado de corrupción tan terrible, no ya porque las Autonomias y los gastos de los políticos y asesores estan a punto de quebrar el ESTADO, sino porque el grado de degeneración moral que le han infringido a la sociedad es cien mil veces peor que la crisis economica, que esta pasará , pero el habernos educado en unos valores nazis, es ya una enormidad. JMDAM 291251 1 0 1 79.148.15.138 4336 2009-03-08T17:45:26Z 1090790 La maternidad no es una obligación para la mujer. Una maternidad consciente es un derecho de la mujer. La mujer es madre si quiere, por su propia voluntad, no por voluntad de la moral social o de la Iglesia. Nadie puede condenar a la mujer a ser madre contra su voluntad, y mucho menos cuando tiene dieciseis o menos años. La mujer tiene derecho al placer sexual, no es un objeto para especuladores de las conductas morales de los demás. Ellas paren, ellas deciden. Anónimo 291251 1 0 1 83.40.180.74 4336 2009-03-08T18:36:31Z 1090852 La maternidad no es una obligación para la mujer, sino un derecho, completamente de acuerdo. Nadie puede condenar a una mujer a ser madre contra su voluntad, y mucho menos cuando tiene dieciseis años o menos años, completamente de acuerdo con tan lógico como justo razonamiento.A ser madre nadie puede obligar a que conciba el hijo de sus entrañas, el legislador no puede ahora porque se ha pasado al enemido, pero debería. La mujer tiene derecho al placer sexual, no es un objeto para especuladores de las conductas morales de los demás, completamente de acuerdo con ello. Ellas paren ellas deciden; completamente de acuerdo a condición de que se permita en ese mismo deseo de libertinaje , Nosotros podemos violar , nosotros decidimos. ¿Qué parte no se entiende de aquello de que nadie, absolutamente nadie, le es lícito de disponer de una vida ajena, y por supuesto muchísimo menos un Estado , aunque la mujer tampoco puede?. Si alguien se cree con derecho a disponer siquiera de unos instantes de mi preciosa vida ,o es imbecil o no conoce las leyes de verdad, que rigen el mundo. Anónimo 291251 1 0 1 83.40.180.74 4336 2009-03-08T19:06:14Z 1090907 Cuando el tema del aborto fue tratado en la semana malacitana una doctora le pregunta a un magistrado del tribunal supremo por su opinión personal sobre la objeción de conciencia de los médicos, y que se pronunciase. Ante la perplejidad de todos los asistentes incluidos los periodistas que asistieron al acto ,este magistrado dijo que no se pronunciaba porque era del Tribunal Supremo y no podía dar su opinion como todos podíamos comprender. Los demás que son mas listos tal vez lo comprendieron, pero yo les confieso que no. Ignoro que tiene que ver ser magistrado del Tribunal Supremo, para no dar su opinión personal, maxime cuando había sido ponente unos minutos antes de la pregunta. Pero al margen de mi manifiesta falta de entendimiento, continuo sin comprender como a una pregunta tan sencilla, si no se contesta es o porque no se conoce la respuesta o no se quiere uno señalar. Porque como jurista que soy, yo no dudo de que los médicos tienen el deber de no practicar intervenciones como las eufemisticamente llamadas interrupciones voluntarias de embarazos, que son presuntos asesinatos en serie, iría contra su Juramento Hipocrático. Cómo es que el Tribunal Supremo no conoce a estas alturas lo que significa objección de conciencia de los médicos. Que no sepan lo que significa objección de conciencia , contra la Educación para la Ciudadanía, antes de emitir el fallo contrario a que los padres de familia puedan oponerse, por exclusivas razones de conciencia moral, a que sus hijos menores sean conscientemente adoctrinados, por una asignatura obligatoria, en una determinada ideología política, como sin duda es lo que sostiene a esta nefasta Monarquía de Partidos , o Partitocracia funesta.Pase, pero que no sepan lo que es la legítima objección de conciencia de los médicos, o se lo calle ,vergonzosamente es aún peor. Larra, hijo mío , resucita u otro como tú para poner un poquito de orden ¡ Vaya un País ¡. Antonio García 291251 1 0 1 79.148.15.138 4336 2009-03-08T19:29:07Z 1090948 Cuando he dicho "ellas paren, ellas deciden" he olvidado decir "dentro de la Ley". En la cuestión del aborto hay dos temas fundamentales que deben ser contemplados separadamente: por una parte, la mujer, la MADRE, sujeto activo y pasivo de derechos derivados de la MATERNIDAD. Y por otro lado el nasciturus, el hijo, el "fruto", el nuevo ser humano sujeto igualmente de derechos (con más motivo que nadie). Por lo que se refiere a este último, creo que no es descabellado decir que hay un momento preciso en el que se puede considerar que la vida "humana" aparece, nace. Hay un momento en el que se forma la vida. Es decir, hay un antes y un después, hay un momento en que se puede decir que "ya hay vida". ¿Cuál es este momento? ¿Es el momento del acto sexual? ¿Por qué? Es debatible, desde luego, pero hay que demostrar que existe esa vida en concreto en el acto sexual, a los cinco minutos del acto sexual. Nada tiene que ver el amor, el acto de amor. Esos son monsergas, y perdón por la expresión. La sexualidad no es amor, aunque normalmente lo sea, ni tiene por qué estar orientada exclusivamente a la procreación. La sexualidad no es "algo malo" o pecaminoso. Es una NECESIDAD FISIOLOGICA. Desconocer eso es desconocer la realidad que nos rodea La ley establece el momento en el que se considera que la vida "ya" existe y es independiente jurídicamente de la madre. Y por ello limita sus efectos al "antes", no al después, aunque el "después" lo despenaliza, lo descriminaliza, lo aborda de otra manera más civilizada, más respetuosa con la mujer y con el problema de la maternidad no deseada, porque la ley sabe que el aborto es una práctica que existe en la realidad y no puede ser ajena a ella. No se puede hablar de "vida" ni de "ser humano" en los plazos previstos en la Ley, como no se puede hablar de "vida humana independiente" en un espermatozoide sin estar afirmando la barbaridad de que "hacerse una paja sea un asesinato". Anónimo 291251 1 0 1 79.148.15.138 4336 2009-03-08T20:02:24Z 1091005 Una mujer fértil, extremadamente fértil, ¿tiene que tener catorce hijos por obligación? Según ustedes, que no folle. La mujer tiene que tener derecho a dirigir su vida, y tiene que tener derecho a "equivocarse", y si echa un polvo, que lo eche sin que tengan que derivarse "consecuencias" no queridas ni previstas por ella. ¿Quién mejor que la propia mujer sabe lo que hace? ¿Acaso el hombre va a dar lecciones a una madre de lo que es ser madre? Piensen ustedes bien lo que dicen. La mujer de hoy tiene que tener los medios para poder realizarse en la vida como mejor le parezca en su autonomía y libertad, sin el temor a represalias penales sobre su conducta sexual. Merece una legislación justa que tenga en cuenta a la mujer de toda condición que puede existir en esta vida, a sus circunstancias económicas, sociales, a sus capacidades y limitaciones particulares, y a sus gustos y preferencias. A su libertad, en una palabra. No se puede "condenar", obligar a una NIÑA a ser madre; debe serlo por su propia voluntad. La Ley se dirige a conciliar en lo posible toda la disparidad de acontecimientos que pesan sobre la maternidad, al tiempo que dignifica a la mujer. Anónimo 291251 1 0 1 79.151.61.143 4336 2009-03-09T17:29:27Z 1092964 El artículo 14 de la C.E. es claro: " Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ". La mujer tiene que tener derecho a dirigir su vida, y tiene que tener derecho a equivocarse... Pués completamente de acuerdo. El hombre también tiene derecho a dirigir su vida y también tiene derecho a equivocarse, y si para él una mujer le falta el respeto, pués la asesina y basta, si luego la injusta Justicia en venganza le condena como parricida, pués muy mal, para qué puede servir la libertad si al final el hombre no puede ejercerla. Esto no es una broma, ni una contestación impertinente es el pan nuestro de cada día, y no lo va a cambiar ni el endurecimiento de las leyes ni las pulseras que se les pone a los maltratadores, el ser libre, con derecho a equivocarse que se le meta en la cabeza , quitar una vida lo hará. Pero sabe lo que ocurre, que para ser justos y empleando un razonamiento contrario al que expone. Creo eso mismo que es un error; pero que si lo quiere hacer, pués adelante, quién prohibe aqui nada. Según tan magnifico razonamiento expuesto de contrario un ser tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pues para eso es libre. Anónimo 291251 1 0 1 79.151.61.143 4336 2009-03-09T17:30:45Z 1092970 El artículo 14 de la C.E. es claro: " Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ". La mujer tiene que tener derecho a dirigir su vida, y tiene que tener derecho a equivocarse... Pués completamente de acuerdo. El hombre también tiene derecho a dirigir su vida y también tiene derecho a equivocarse, y si para él una mujer le falta el respeto, pués la asesina y basta, si luego la injusta Justicia en venganza le condena como parricida, pués muy mal, para qué puede servir la libertad si al final el hombre no puede ejercerla. Esto no es una broma, ni una contestación impertinente es el pan nuestro de cada día, y no lo va a cambiar ni el endurecimiento de las leyes ni las pulseras que se les pone a los maltratadores, el ser libre, con derecho a equivocarse que se le meta en la cabeza , quitar una vida lo hará. Pero sabe lo que ocurre, que para ser justos y empleando un razonamiento contrario al que expone. Creo eso mismo ,que es un error; pero que si lo quiere hacer, pués adelante, quién prohibe aqui nada. Según tan magnifico razonamiento expuesto de contrario un ser tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, pues para eso es libre. Anónimo 291251 1 0 1 81.34.20.133 4336 2009-03-09T19:28:33Z 1093222 Lo que la Escritura enseña que Dios castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es atestiguado por la vida en voz bien alta. De nada sirve querer aminorar lo espantoso de esta declaración, considerandola como una doctrina judia. El cristianismo no ha pretendido todavía nunca conceder a cada individuo el privilegio de poder empezar desde un principio en sentido externo. Todo individuo toma su origen en un nexo histórico y las sucesiones naturales hállanse tan vigentes ahora como siempre. Sören Kierkegaard. Esta barbaridad de este escritor, que me saca una frase de contexto y escribe lo que le da la gana, se me antoja que es lo que le esta pasando a los intervinientes en este foro. Dios no castiga la culpa de los padres en los hijos, ni en la cuarta , ni en la segunda siquiera generación. La que castiga es la Vida, los errores y equivocaciones que podamos cometer, ya somos todos un poquito adulto y vamos a ser mas responsables. La vida es una pura elección nada más, donde las reglas del Juego es que se nos permite todo, a condición de que seamos capaces de aceptar las consecuencias de nuestros actos. Sentado ésto Si Dios nos dá libertad para dirigir nuestra vida, también es justo que nos respetemos todos y que cada cual defiendan las ideas y actos propios, sé bien que cada cual ha de responder por sus equivocaciones solamente lo que me tranquiliza en sumo grado. Ay de mí si no evangelizara, pues es mi deber, pero si alguien no le gusto yo o mi canción, solo me queda sacudirme el polvo de mis zapatos y marcharme. JMDAM 291251 1 0 1 81.34.20.133 4336 2009-03-09T19:48:02Z 1093282 Lo del comité de experto ese tengo una pregunta: ¿ Quién certifica que unos expertos tienen mas ideas de tan polemico tema, si aquí somos unos cuantos nada mas y no nos entendemos? Anónimo 291251 1 0 1 83.33.42.228 4336 2009-03-09T20:37:00Z 1093418 Estimado anonimo: Te contesto rápido a tu duda, porque la hago mia ahora. Nadie certifica a esos expertos sino el dedo gélido del poder político. Absolutizar una verdad supone y convendrá conmigo, que es relativizar la existencia de otra, o de todas las demás. Relativizar todas las verdades particulares implica absolutivizar la diferencia y la inconmesurabilidad de las mismas. Si vemos las dos pretendidas opciones de la polemica suscitada y vista en su conjunto, llegamos a la conclusión de que no se puede ser absolutista sin relativismo, ni relativista sin absolutismo. Este falso dilema salta a la vista, cuando analizamos ambas posiciones en su relación mutua. Es decir, solo podremos optar por una de las dos opciones si negamos u ocultamos la otra. Sólo si las consideramos como opciones ontologicas excluyentes, es como podremos situarnos en una u otra con la seguridad del que viendo las cosas como son, que estas tienen una medida exacta, y un poco mas o un poco menos no son ciertas,no quieren ver lo obvio, por seguir sus intereses en lugar de seguir su propia verdad lógica, que desde luego solo puede ser una. Los derechos humanos hay que entenderlo y así es fácil, y cuadra todo , como algo sagrado en su integridad, La vida que es la base de los mismos , no es un instante indeterminado, sino un proceso desde que comienza hasta que termina, ¿ Que por qué no lo ven tan claro como yo esos sabios expertos, pués seguramente porque no son tan sabios. JMDAM 291251 1 0 1 83.33.43.5 4336 2009-03-10T13:18:33Z 1094688 "Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit". Esta frase sacada de la obra Asinaria, de Tito Macio Plauto un comediagrafo latino que nació 254 antes de Cristo y que se puede traducir por : "Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quien es el otro", debería ser ya cambiada en un estado de derecho que se precie por : "Homo homini sacra res ". El hombre es sagrado para el hombre. No creo estar diciendo cosas nuevas, sino olvidadas por los juristas y lo digo de una manera nueva, directa y espero que clara, porque para eso me he molestado en traducirla al castellano. Ubi Veritas Ibi Libertas , Veritas humanitatis lux". Donde está la verdad está la libertad. La verdad es la luz de la humanidad. Solo deseo que quien hable de un tema se preocupe por informarse bien del mismo, lo medite, lo consulte con su almohada si le place, pero que recuerde siempre que la libertad no se nace con ella, se conquista y el conocimiento ahora es gratuito, aunque con coste para todo, hay que tener la voluntad de querer aprender, para ser realmente libre. Por qué se teme tanto al amor. El amor no es mas que la ausencia de miedos. Quien ama triunfa, quien nada teme la vida se aparta para dejarlo pasar. Quien desea ser un poco mas que los demás lo tiene fácil hace un poco mas que los demás y asunto resuelto. Los pájaros del cielo ni siembran ni tienen granero y no tienen ningún problema; cómo lo podemos tener los seres humanos es algo increible. JMDAM 291251 1 0 1 79.148.15.138 4336 2009-03-10T15:27:30Z 1094954 Soy el anónimo primero de los dos que han intervenido hasta el momento y quisiera hacer alguna consideración sobre lo que dice el señor JMDAM intentando buscar esa verdad y esa luz que sin duda contribuyen a que seamos más libres y mejores en tanto en cuanto que nos ayuda a superar los prejuicios y limitaciones que a veces nos conducen al error en nuestras apreciaciones. Estoy completamente de acuerdo con su deseo de sacralizar el derecho a la vida humana como valor supremo y fundamento de toda regulación y ordenamiento. Pero también quisiera que usted comprendiera que, según mi opinión, son conciliables un respeto absoluto por el derecho a la vida y el aborto "legal" con interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y plazos que la Ley intenta establecer como más adecuados a la verdad. El derecho a la vida es el primero y el más importante de los derechos humanos recogidos por la Constitución española. Creo que sobre ese aspecto hay una coincidencia absoluta en todos cuantos hemos intervenido con comentarios en este artículo de Don César, por lo que no es necesario extenderse sobre ello. En lo que no parece haber coincidencia sin embargo es en el punto relativo al inicio de la vida del ser humano. ¿Cuándo podemos considerar que estamos ante una vida humana independiente susceptible de ser reconocida como uno de los sujetos a los que se refiere el art. 15 cuando dice "Todos" tienen derecho a la vida? ¿Cuándo, a partir de cuánto tiempo puede considerarse que el producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide es ya una persona, un individuo? Creo que esa es la cuestión clave en el debate sobre el aborto. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo empieza cuando TERMINA la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 ó 6 días después de la fecundación). Entonces el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación. Fecundación - Fertilización: La puesta en contacto de los gametos masculino y femenino no implica que la fertilización del óvulo sea inmediata. Tienen que producirse unas reacciones fisíco-químicas en el espermatozoide (reacción acrosómica) para que la fecundación del óvulo tenga lugar, es decir, para que podamos considerar sin demérito alguno de la verdad que la vida ha sido engendrada y que ese es el momento en el que tiene que entrar el Derecho a regular las consecuencias de ese acto de creación. Con estas precisiones sobre el embarazo y la fecundación lo que pretendo es que usted vea que la relación entre el acto sexual y la posible vida humana que pueda generarse no es tan inmediata ni determinante como usted (en una concepción que yo creo que se funda en presupuestos religiosos, que respeto profundamente, vaya eso por delante) parece afirmar. Cuando hablamos del aborto "legal" no tenemos que pensar en la relación sexual que la mujer ha mantenido. Eso nos tiene que dar igual porque ese no es el aspecto al que se dirige la consagración del principio de RESPETO ABSOLUTO por la vida que usted y yo y todos los que estamos interviniendo con nuestros comentarios compartimos. El derecho a la vida emerge con la vida, como consecuencia de la vida, no como consecuencia de unas relaciones sexuales que voluntaria o involuntariamente la mujer puede haber mantenido. Por lo tanto, yo pienso que no es válido el argumento de "atenerse a las consecuencias" por lo hecho. A lo que debemos atenernos es al hecho de si la vida protegible de la que venimos hablando existe como tal. Y en ese sentido ya se han pronunciado los Tribunales, y desde hace ya muchos años contamos en nuestro país con una legislación que establece científicamente (de acuerdo fundamentalmente a las recomendaciones de la OMS) un sistema de "plazos" que, protegiendo el fundamental derecho a la vida, permite y regula al tiempo las formas en que la mujer por muy diversas causas puede hacer uso del aborto ante una maternidad no deseada. El nuevo proyecto de ley que incide sobre este tema no altera la doctrina establecida. Se ocupa, por el contrario, en perfeccionar el régimen jurídico de la mujer embarazada, teniendo en consideración a las mujeres que están todavía en la minoría de edad y pretende una mejor regulación del Derecho en este supuesto que puede dar lugar a situaciones contradictorias. Se trata de una mejor regulación de los derechos y deberes de la mujer joven ante el hecho de la maternidad, no de modificar el régimen jurídico del aborto en nuestro país, que por otra parte, y permítame que lo indique para finalizar, cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad española, pues hasta el mismo Partido Popular que en un principio recurrió ante los tribunales la Ley del Aborto luego en la práctica, cuando estuvo en el Gobierno, en minoría o en mayoría, no tocó el tema para nada. Un saludo. Anónimo 291251 1 0 1 81.34.17.252 4336 2009-03-10T18:10:26Z 1095471 Ni los Tribunales, ni la OMS, ni el PP , ni las Leyes de ahora me sirven como punto de referencia EN LOS QUE APOYAR UNA VERDAD. La verdadera sabiduría está en no creer saber lo que no se sabe. Por ello Al que consultó el Oraculo de Delfos le dijeron que el hombre mas sabio de Grecia sería Socrates. Que afirmó que no sabía nada. El hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación existía unida a los típos primordiales, a las ideas de lo verdadero , del bien y de lo bello, de las que se separa encarnándose , y recordando su pasado, está mas o menos atormentada por el deseo de volver a él. Ésto sería según la doctrina socrática, Según el cristianismo el alma proviene de Dios y a él regresa y el cuerpo es una vestidura, que arropan al ser auténtico. El hombre puede ser engañado, puede creer o no creer, pero la verdadera religión es la que se vive y se experimenta, no en la que has nacido por casualidad. Una mentira o verdad no existe para un individuo hasta que no la experimenta o vive. Cristo lo dejó muy claro: No he venido a abrogar la ley o los profetas ; sino a darles cumplimiento; porque en verdad os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni un punto, ni un tilde, sin que todo sea cumplido. De las dos leyes que existen la divina y la humana, una es invariable y eterna y la otra sometida a los intereses o a las costumbres, que carece de valor, al ser normas que pueden ser alteradas. Las Leyes Civiles deben pasar la falsilla de los derechos humanos como mínimo. Las leyes se adecuan al grado de adelantamiento de los hombres, yo me he regido desde mi nacimiento por otras leyes que si bien afirmo que no esta grabada en el corazon del hombre, son de justicia pura obedecerla : Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Que yo considere prójimo también a un ser desde la concepción, es algo dificil de explicar científicamente o metafísicamente, pero es lo que siento y no puedo mentir. Desde el punto de vista jurídico yo lo entiendo desde este punto: Si considero a la vida como un proceso no puede ser lícito interrumpir dicho proceso. Y si tenemos dudas de cuando en el proceso podemos entender que ese ser se convierte en digno de la protección y considerando que existe el indubio pro reo; por qué no existe el principio pro víctima . Existe una cantidad de personas que desean un hijo que no se compadece esta situación con abortos por otro lado. Yo digo que donde hay un mal debe de haber un remedio. Y ésta sociedad tiene que interesarse en encontrarlo.Yo no juzgo a nadie lo que haga con su vida , es su vida y tiene libertad, sólo pido comprensión para mi postura, no ya por ser coherente, piadosa y honesta, sino porque la creo justa. JMDAM 291251 1 0 1 81.34.17.252 4336 2009-03-10T18:20:23Z 1095496 PENSAMIENTO MAS INGENIOSO QUE CIERTO IMPOSIBLE DE COMPARTIR PERO ES EpC cerril. LECCIONES DE ESTADÍSTICA PARA ANTIABORTISTAS Aproximadamente un 60 % de los embriones humanos producidos a través de la fecundación natural, mueren y son expulsados antes de convertirse en fetos. Si a esto añadimos los abortos espontáneos, significa que el sistema de reproducción humano natural tiene una eficiencia aproximada del 33 %. O sea, sólo uno de cada tres óvulos fecundados llega a convertirse en un lloroncete. . Visto de otra manera: una muy católica familia con cuatro hijos, habrá necesitado por término medio liquidar (aunque, por lo general, sin enterarse) a otros ocho embriones por el camino. ¿Es moralmente aceptable querer tener un hijo, si sabes que, por término medio, por cada embarazo que logres llevar a término tendrás que engendrar otras dos vidas que necesariamente morirán en pocos días o semanas tras la concepción? . Puesto que en España hay cerca de medio millón de nacimientos al año, eso quiere decir que cada año hay cerca de un millón de muertes debidas a... no se me ocurre otro culpable que la malignidad del diseñador de tal sistema biológico genocida. . Así que, si los antiabortistas se quejan de que en nuestro país se cometen cien mil "asesinatos" de fetos y embriones al año, por mano del hombre (o la mujer), parece que el Creador (o, en este caso, Destructor) es responsable de una matanza diez veces superior. . ¿Y no será que Dios es pro-abortista? Anónimo 291251 1 0 1 81.34.17.252 4336 2009-03-10T19:51:54Z 1095707 Antes de nada pido perdón por si acaso he ofendido a alguien al calificar actos reprobables, jamás se me ocurriría faltarle el respeto a alguien, si un acto me parece reprobable no lo hago y basta. Y con respecto a los problemas tan terribles que sufren los seres humanos, vuelvo a reiterar que un Estado debe preocuparse mas por sus ciudadanos y procurarle toda la ayuda que necesite. De nada nos valdría hablar de derechos humanos si dejamos a seres en la indigencia mas absoluta o no abrimos centros de información , casas de acogidas a personas que desean tener a su hijo y la echan de su casa etc. No se puede ir contra algo sin mas , sin tener una bateria de soluciones para las personas con problemas, no lo he apuntado antes por parecerme demasiado obvio pero es obligado decirlo y aportarlas a quien las necesite. JMDAM 291251 1 0 1 83.44.193.241 4336 2009-03-11T12:36:40Z 1097228 Me ha telefoneado un compañero que me sigue en el blog, es de los silentes pero fieles, y me dice que lo tengo confundido con mi última intervención, pidiendo perdón como el papa Juan Pablo II. y que si es que creo que la vida humana no es sagrada. Como diría Galileo : Pero se mueve, refiriendose a la tierra. Yo digo, pero es sagrada. Si no lo fuese el hombre sería una especie zoologica más y la única Ley debería ser la de la Selva, lo cual me sería muy dificil de compaginar, con la Ley del Amor que es su opuesta. Cuando yo me casé entre las lecturas , que por cierto yo leí en esa ceremonia y no fué casual fué muy meditado, elegí Jeremias cap.1,vers. 5: Antes de que te formara en el vientre te conocí y antes que salieras del seno te consagré, te he puesto como profeta para las naciones ". Está referida a Cristo, pero a mí me vale para lo que he creido y sabido siempre. No es que el hombre exista desde la concepción ,el hombre existe desde la creación del mundo, tan cierto como yo estaba seguro de que mi hijo nacería antes de ser concebido, con tanta seguridad, que apostaría mi vida por ello. Los científicos aseguran que solo aprovechamos entre un 10 % y un 15 % de nuestro cerebro. Si pudiesemos acceder al 90 restante veríamos las cosas como son en verdad, como yo aseguro que son, pero no tengo pruebas ahora, pero lo sé, y tengo a un amigo en Madrid que era psíquico y me aseguró que se ha probado que un ser debidamente hipnotizado recuerda cosas de cuando estaba en el seno materno. Mientras los metapsíquicos no hablen todo lo que saben, hay que conformarse con nuestra intuición. JMDAM 291251 1 0 1 81.33.227.55 4336 2009-03-11T15:07:24Z 1097639 Estimado señor JMDAM: soy otra vez el primer anónimo. En relación a lo último que dice sobre los recuerdos prenatales yo le puedo comentar que sin hipnosis creo tener recuerdos de esa época de mi VIDA, más que recuerdos, sensaciones; y padezco de una cierta claustrofobia que creo que es el trauma del nacimiento, del abandono del seno materno. Es que en ese momento, y mucho antes, estamos ya vivos, y tenemos hasta una actividad cerebral, incipiente, primaria, pero la tenemos. En ese sentido yo estoy plenamente de acuerdo con usted en que la defensa a ultranza del derecho a la vida nos obliga a extremar todas las precauciones al abordar cualquier tipo de medida que pueda afectar a este derecho. Y por eso comprendo perfectamente su postura pro-vida, que también es la mía. En cuanto a la "realidad" social, a la problemática que la maternidad representa para la nueva mujer alumbrada por la Revolución sexual del siglo XX, para la mujer libre, sujeto de derechos humanos, hija de Dios, si se quiere, tanto como el hijo que lleva o puede llevar en su seno, yo pienso que la sociedad tiene que dar solución a esta problemática allá donde se pueda plantear. Quizá bastaría decir, para ejemplificar, que es en los países donde primero se aprobaron las leyes reguladoras de este fenómemo jurídico-maternal (perdónese el eufemismo) donde se dan las tasas más bajas de abortos practicados. Holanda es el país con menos casos de abortos. Lo que hace falta es una buena ley que hagamos entre todos, con el acuerdo de todos. Ha sido un placer el intercambio de pareceres con usted. Un saludo. Anónimo 291251 1 0 1 88.15.91.211 4336 2009-03-12T10:09:30Z 1099505 Estimado Anonimo: Si el perdón que pedí el pasado diez de marzo alguien lo entiende como protocolorario, estaría en un error ciertamente, lo pedí de todo corazón y muy sinceramente, porque hay un tema que es previo a todo dialogo. Cualesquiera que sean nuestras opiniones, creencias, estudios o educación, ante todo somos seres racionales, y a poco que pensemos debemos reconocer que no tenemos derecho a juzgar a nadie, no solo porque no piense como nosotros, sino aun en el caso de que actue de manera distinta. Todo ser humano es digno de respeto. Coincido plenamente con usted en lo que se refiere a la responsabilidad que la sociedad tiene sobre los demás, pero no podemos olvidar la responsabilidad que cada uno individualmente debe tener sobre su vida, que a veces se suele olvidar. Agradezco su interesante aportación estadística, desconocía ese dato, pero continuo sosteniendo desde mi postura lo siguiente: Evitar los problemas es mejor que solucionarlo, urge una política preventiva de información sexual en las escuelas y colegios, hablando de la sexualidad como algo natural, pero advirtiendo sus consecuencias. Y respecto a cuando comienza la vida la ciencia médica no tiene aún la respuesta clara, espero que las Investigaciones Metapsíquicas y la física cuantica, y el espiritismo nos aporten luz, sería muy bien recibido, para los que deseamos no hablar de memoria o basandonos en nuestras creencias simplemente. Un cordial saludo. JMDAM 291251 1 0 1 79.148.219.149 4336 2009-03-12T18:52:23Z 1100788 Es necesario poner la objetividad entre parentesis, que significa que cuando uno explica, la experiencia que se explica no desaparece. Todo lo que he expuesto lo he pretendido hacer desde un aspecto juridico, que por ser mi trabajo cotidiano es el que mejor comprendo. Los juristas puede que nos rijamos por un lenguaje distinto al del resto de los mortales, pero aseguro que si el Derecho fuera una convencion y no algo revelado a los hombres, seria algo distinto a como lo han entendido la cantidad de juristas de mi familia que me ha precedido. Que hacen derivar derecho de IUS. De JUSTICIA con mayusculas. Si no existiera Derecho los reinos serian bastos latrocinios, donde el Estado seria el principal delincuente. Un derecho que se preocupa del interes comun de todos los ciudadanos, que no hace acepcion de persona, que se preocupa tanto de las victimas , como de los que cometen los delitos,no puede estar al arbitrio del partido gobernante de turno. Roma en tiempos de Neron, Alemania nazi, Rusia de Lenin, China de Mao,el Derecho es una verdad inmutable, que todos tenemos y sabemos reconocer en nuestro interior cuando se nos explica sabiamente. El Derecho es algo mas que la legalidad, por mucho que lo confundamos. El Derecho no es cosas de abogados, jueces, fiscales, policia judicial , etc. Eso es el Sistema no la Verdad. La medicina nos cura, como no estar agradecido a ella, pero no responde a todas nuestras preguntas, cuando lo haga el debate se acabara ya al habernos respondido a todo claramente. JMDAM 291251 1 0 1 81.33.227.55 4336 2009-03-13T00:29:11Z 1101582 Estimado señor JMDAM: comparto muchas de las cosas que usted me dice. Pienso con usted que el Derecho tiene principios que no están al alcance del legislador civil, como es el derecho a la vida. Creo que las objeciones que usted argumenta son dignas de tener en cuenta si se pretende ser fiel a una verdad que aunque no podamos determinarla con precisión ambos sabemos que existe y nos obliga a reconocer en nuestro "adversario" aquello que en nuestro fuero interno reconocemos como verdadero. Yo creo que la postura pro-abortista sincera nunca busca justificar una intromisión que menoscabe el derecho a la vida. Si no lo entendiera así, creo que no tendría ningún argumento para debatir con usted ni con nadie sobre este tema. Por lo que he podido saber al respecto se considera que la vida humana adquiere un valor indiscutible cuando el embrión desarrolla en sus aspectos más iniciales un sistema nervioso, sensitivo, un esquema de sistema estructural de la fusión de ADN de diferentes procedencias que van a dar lugar a una individualización genética que llamamos vida humana, un ser, una persona, un hermano. Este hecho tiene lugar aproximadamente en las fechas que las leyes (imperfectas, por humanas) establecen como "ciertas" en orden a determinar el grado de perfeccionamiento de ese suceso "procesal" que es la generación de la vida. Las leyes intervienen en la regulación de estos temas por su primordial trascendencia. Y han de hacerlo bien, teniendo en cuenta en la medida de lo posible la heterogeneidad de una casuística altamente impredecible en consideración a la cantidad de millones de mujeres que hay en España. La mujer no usa del aborto irresponsablemente. El aborto es un trauma para cualquier mujer. Yo confío en la mujer y creo que la sociedad debe proporcionarle los medios necesarios para que pueda realizarse como madre y como ser humano, para mayor felicidad de sus hijos. Anónimo 291251 1 0 1 79.155.196.124 4336 2009-03-13T18:42:42Z 1103134 El problema del aborto es que cuando la mujer dice: yo paro, yo decido. De esa frase no puedo deducir que esté actuando desde un punto de vista respetuoso con la verdad, ni se plantea yo decido porque me consta que actuo correctamente y me enfrento al mundo. Parece como si dijese :como el ser que viene a la vida viene por mí, depende de mí, yo mando en él, es mi propiedad. Este concepto de propiedad de un ser sobre otro, es propio del hombre machista que mata a la mujer porque es suya, es su propiedad y no tiene derecho a discrepar o a interrumpir libremente una relación, es suya y fin de discutir o de razonar. En España cuantas mujeres han sido condenadas por aborto. Pese a que todos sabemos que en la practica el aborto es libre, o como si lo fuese, se ha practicado en todos los meses y esta probado, y segun muchos medicos algunas lo han utilizado incluso como medio anticonceptivo, al carecer de una correcta educación sexual. Con estas personas que creen ésto no puedo estar mas en dasacuerdo. Pero es que con el planteamiento que hace la Ley en el tema de cortar por lo sano y ante dos bienes jurídicos en litigios : El interés de la futura madre o el de la victima que no es libre de haber ocupado un cuerpo, algo que ver tendrá ésta porque el nasciturus no es un poseso, es alguien que está ahí porque lo han invitado a estar. Es una aberración jurídica no proteger al debil e inocente. Cuando hoy creemos que es una aberración la condena a muerte de un criminal de lo mas abyecto, o condenamos las torturas las realice el estado o los delincuentes y condenamos las guerras. El presidente Reagan escribió lo siguiente: "Debemos conocer la realidad de los horrores que ocurren.Los médicos hoy saben que un bebé por nacer puede sentir, desde las entrañas de su madre, una caricia, así como que pueden reaccionar ante el dolor. Pero ¿Cuantos americanos estan al corriente de las técnicas de aborto que queman la piel del bebe con una solución salina, dejándolo en una agonia que puede durar varias horas hasta morir." El Eufemismo interrumpir un embarzo se debe decir claro. Alguien sabe como acabar con una vida sino matandola. ¿ Es ésto civilizado ? JMDAM 291251 1 0 1 83.35.81.66 4336 2009-03-14T11:59:18Z 1104287 El nasciturus es un bien constitucional que merece protección, no son mis palabras , ni mis opiones, sino las altas palabras como acertadas de nuestro Tribunal Constitucional, pero luego en un intento de dictar una sentencia salomonica, sin tener la sabiduría de Salomón añade,aunque el nasciturus no tiene el derecho fundamental a la vida. A partir de esta reflexión. El Tribunal Constitucionale exigía la exigencia la existencia de otros bienes, valores o derechos capaces de prevalecer sobre el feto. Uno de los cuatro valores superiores del Ordenamiento Jurídico español, según el art. 1, 1 de la Constitución española de 1978 es la libertad, aunque algunos jueces y guardias de tráfico no se hayan enterado y continuen multando a conductores legos e ignorantes , cuando ellos mismos no llevan el cinturon de seguridad cuando conducen; pero el segundo valor es justicia, es por lo que yo entiendo que el valor justicia no podemos olvidarlo, y por lo que se anuló algunos preceptos, porque en ellos figuraba no solo la voluntad de la mujer de abortar, sino por el aval ademas del riesgo para su salud. Por lo que creo que queda meridianamente claro que debemos entender que la libertad de la mujer por sí solo no era elemneto suficiente para abortar. Seguramente y pese a que muchos proabortistas aseguran que la Constitución puede tener otras interpretaciones, lo que hizo el Alto Tribunal mientras no lo modifique, es no permitir el aborto fundamentado en la sola voluntad de la mujer. Desde entonces los lobbies feministas y de las clínicas privadasn que practican los abortos, y de cuantos sacan mas provecho del aborto no han cesado , con la escusa de estar mejor conectados con la sociedad de decantarse por una ley de plazos, similares a la europea. Evaluar que opina la sociedad es siempre algo delicado. A tenor de las encuentas mayoritariamente está de acuerdo con los tres supuestos vigentes, si bien rechaza una Ley de Plazos. También rechazan la indicación socioeconómica y la pura voluntad de abortar de la mujer, per se. Ahora bien el Tribunal Supremo ya ha admitido el cuarto supuesto. Aunque hoy día si nos guiamos por la Doctrina reiteradísima de nuestro Tribunal Constitucional sobre el aborto impide una Ley de Plazos. Pero al margen de lo que diga sobre el tema la Iglesia Católica, Los Tribunales de Justicia, Los abogados, los médicos, o las personas que pasean por la calle mal informada , o de lo que pensemos o creamos. Nadie debe olvidar algo que es la clave de todo, que el aborto no es solo una creencia religiosa , ni siquiera de unas convicciones morales o éticas. Es algo fundamental que tiene que ver con la defensa de la vida, con su sacralización desde el principio hasta el fín, porque la vida es un proceso y es sagrada en todo su proceso. Y que los derechos es algo que todos tenemos anteriores a que un Estado nos lo reconozca. Es terrible nacer en una sociedad donde el principal derecho que es nacer es cuestionado o sometido a votación, o se nos dá según se reconozca en Europa o en Estados Unidos. Eso no es así. JMDAM 291251 1 0 1 83.35.81.66 4336 2009-03-14T12:03:51Z 1104293 La izquierda incurre en una contradicción diabolica al proteger los derechos de los grandes simios o de cualquier otra especie protegida, por encima del nasciturus. Claro que hay que proteger a las especies protegidas, quien que no sea un salvaje o un hombre de las cavernas puede entender la importancia de la biodiversidad o de que Si las especies existen será por algo. Pero no podemos olvidar que el hombre debe estar a la altura al menos de esas especies zoologicas. Un cordial saludo a todos. JMDAM 291251 1 0 1 83.38.177.37 4336 2009-03-14T13:16:07Z 1104392 Querido JMDAM: En mi blog en el SUR.es, sobre el artículo "LA VENTANA DABA AL RÍO", al final de los comentarios, hay un mensaje para ti. Lo firma Marga, el 11 de Marzo. Estoy admirado de este despliegue tan interesante que estáis poniendo sobre el tema del aborto. He intentado contestar a los distintos interlocutores. Todos, a priori, merecen mi agradecimiento. El problema está en ponernos de acuerdo en cuanto al significado de los "terminos" más que de los "conceptos". ¿Qué es la libertad, clases de libertad? y cómo podemos tener libertad física, civil, política, de pensamiento y de formulación o expresión de nuestro pensamiento, y, sin embargo, no ser libres. ¿En qué consiste el Determinismo e indeterminismo, y clases, etc.? En una rápida y primera lectura, me parece ver que estamos todos de acuerdo, que es el respeto a la gente, sea como fuere. Lo diré en pocas palabras. El nudo gordiano está en delimitar el momento en el que, ese nuevo ser concebido, es "persona", es algo distinto de su madre, es un nuevo centro de imputación de derechos y deberes, entre ellos el derecho a seguir viviendo. Ser algo viviente es una cosa; ser "persona" es otra, muy diferente. Espero en otro momento desarrolar esta idea que es, a mi juicio definitoria para entender o resolver cuantas aporías desperta el tema. Hasta una próxima ocasión, me agradecimiento y un saludo de César R. Docampo César R. Docampo 291251 1 0 1 81.33.227.55 4336 2009-03-14T16:16:33Z 1104564 Estimado señor JMDAM: permítame que le diga sin halago que me está resultando muy provechoso y enriquecedor el contraste de opiniones con usted en un clima de cordialidad y comprensión mutuas. Me está sirviendo para aprender y comprender "áreas" de la verdad de las que no puedo prescindir si pretendo una congruencia al opinar sobre este tema tan amplio (derecho a la vida, libertad o autonomía de la voluntad, sexualidad, medicina o salud, filosofía, religión). También le hago saber que soy un simple aficionado en temas jurídicos o médicos. Opino como una persona de la calle, sin más autoridad que la pudiera nacer de lo que tal vez sólo sea atrevimiento. La "ley de los monos", se lo reconozco, me hizo mucha gracia cuando fue promulgada, sobre todo por un chiste que me contaron relacionado con ella en el que el protagonista era uno que se llamaba José Mono. Pero en realidad lo que pensé al respecto fue en lo absurdo que pueden resultar las leyes por extempóraneas y tardías, y lo que denotan de desconocimiento y de ineficacia de los gobernantes y de los sistemas de lo que es la realidad de las cosas, la cotidianeidad, porque cuando uno en su más o menos corta o larga vida ha visto desaparecer especies de vacas, cabras, ovejas, equinos, sin que las administraciones se hayan preocupado para nada en remediar estas extinciones que afectan a especies valiosísimas tanto para la biodiversidad (eran las que mantenían los montes) como para la propia subsistencia del ser humano, pues llega uno a no creer en nada. La Izquierda puede caer y cae en contradicciones, claro que sí, cuando ampara dogmatismos voluntaristas que se alejan de la razón por actitudes meramente políticas o estéticas. Ese puede ser un defecto perfectamente achacable a la Izquierda en determinados momentos y ante determinados temas. Volviendo al aborto, creo que sería preciso establecer la definición de lo que es el embarazo. El embarazo o gestación o preñez o gravidez es un estado alterado de la regularidad del régimen ovulatorio de la mujer. La mujer ovula regularmente, con independencia de la actividad sexual. Es una función orgánica de la naturaleza femenina. El embarazo es la alteración de ese régimen normal, generalmente debida a la actividad sexual, salvo en el caso de lo que se denomina embarazo ectópico o falso embarazo. El embarazo es un proceso que se va manifestando a través de acontecimientos físicos: ausencia de la menstruación, fundamentalmente, y otros síntomas de carácter médico que no sabría explicarle detalladamente ahora. En ese proceso, que en principio sólo afecta al estado normal de ovulación periódica de la mujer se produce a posteriori o no la definitiva fecundación. La "interrupción" del embarazo afecta, pues, al proceso físico experimentado por la mujer, con independencia de que la vida (en el concepto de vida humana protegible, independizable) se haya manifestado como tal o no haya llegado a tal acontecimiento, a esa "emergencia" del nuevo ser y del nuevo derecho. Si la vida ha emergido, es defendible. Es el nasciturus, sobre el que no cabe discusión alguna en cuanto a su derecho a la vida, sí en cuanto a otros derechos (herencia, etc, etc,) Según los "expertos", hasta las catorce semanas (doce en Francia, diez en Portugal, lo que me parece muy sensato), el embrión no tiene aún viabilidad, ni por supuesto sistema nervioso sensitivo; ni siente ni padece, porque no está formado. Piénsese que cuando hablamos de semanas nos estamos refieriendo como inicio del cómputo al momento de la última menstruación, no al del coito, con lo cual esos plazos aún se retrasan más, por lo general, en la cantidad total de tiempo a los efectos de lo que estamos tratando. Dentro de unos plazos razonables desde el punto de vista científico creo que se puede decir que nuestra conciencia puede estar tranquila, porque la interrupción del embarazo no es una "interrupción" de la vida, sino de un estado de fertilidad regular que la mujer desarrolla de forma natural a lo largo de su vida, que si se deja genera una vida o si se interrumpe no la genera. [;)] Anónimo 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T15:58:24Z 1106040 Querido profesor : Ya he contestado a Marga, muchas gracias , por haberme comunicado que tenia un mensaje. En cuanto a que el nudo gordiano está en delimitar el momento en el que ese nuevo ser concebido es persona, es algo distinto de su madre , es un nuevo centro de imputación de derechos y deberes, entre ellos el seguir viviendo. Ser algo viviente es una cosa , ser persona es otra muy diferente. Veamos todo ello por partes: Se es persona según nuestro Código Civil , art. 29 " El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.". Y el art. 30 expresa "Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno". Vuelvo a reiterar que nuestro mas alto Tribunal afirma que el nasciturus es un bien jurídico que merece protección , aunque no tenga el derecho fundamental a la vida, si se tiene que enfrentar en un litigio a personas con mas derecho que él: la eufemisticamente llamada madre. Y si no tiene el derecho fundamental a la vida, o condicionado a condiciones ajenas al mismo, para qué protergerlo. Como una persona puede tener derechos pero condicionados. Los derechos o se tienen o no se tienen. Esta es una paradoja diabolica. Mientras que la ciencia médica no responda a todas las preguntas desde el punto de vista ontologico y del alma, no sería prudente romper el nudo en el que un ser especial, único e irrepetible, pretende acceder al gran don de la vida. La VIDA ES UN DON DE DIOS, no un derecho que nos lo tengan que dar nadie. Respecto a mi estimado Anonimo lo que se refiere a lo de los plazos razonables; ese es el problema que sinceramente nadie sabe con certeza ese plazo razonable cual es en cuyo caso ante la duda mas que razonable urge aplicar el Principio in dubio pro víctima. Un cordial saludo. JMDAM 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T16:19:29Z 1106076 En una conferencia en Madrid sobre el tema del aborto, planteé al ponente una cuestión simple: ¿Qué ocurre con los derechos del padre, acaso el padre no tiene derecho a tener a su hijo, aunque su mujer no quiera tenerlo ?. Puede alguien fijarle una indemnización a la renuncia del derecho razonable, ¿ existen para ello algún perito que valore una vida humana ? La respuesta es que la Ley no reconoce al padre el derecho a ser padre, porque es un derecho condicionado a que la madre se lo otorgue. Cuando se creó el Ministerio de Igualdad creí que los padres y las madres ibamos a tener los mismos derechos, ésto como se resuelven en caso de colisión: El juez obliga a la madre a tener a su hijo, se lo dá al padre y le fija una indemnización por haberlo tenido en su vientre nueve meses a la fuerza, pide una nulidad matrimonial, por error esencial en las cualidades de la la persona y se queda con su hijo y soltero. Y fin de la historia. No hay ninguna escusa para que un ser desprecie a otro ser mucho menos para que se le condene a muerte. Me quedo con la frase del británico escritor y pensador político Edmund Burke: Hay un límite en el que la tolerancia deja de ser virtud. JMDAM 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T16:22:41Z 1106087 TUS HIJOS Tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues, ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas, viven en la casa del mañana, que no pueden visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual, tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Khalil Gibran Tal vez así se entienda mejor en lo que creo. JMDAM 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T17:57:12Z 1106290 Ginecólogos españoles contra el aborto… de bebés sanos y "viables" MADRID, 04 Jul. 08 / 12:41 am (ACI) Comentarios: 11 Share E-mail Imprimir Incrementar tamaño de fuente Disminuir tamaño de fuente Te sugerimos: * Recursos para la vida matrimonial * La adopción de niños como alternativa * Recursos para vivir el noviazgo * Las etapas del embarazo La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) publicó una declaración en la que defiende el derecho a la vida de los bebés de más de 22 semanas de gestación y que estén sanos, respaldando el aborto durante las etapas previas del embarazo y de aquellos fetos que presenten discapacidades. "Vemos muy pocas justificaciones, si alguna, para interrumpir gestaciones más allá de las 24 semanas (22 de gestación), hay que ser estrictos en el control y ceñirse estrictamente a la ley y sus supuestos", señaló en conferencia de prensa el presidente de la SEGO, José Manuel Bajo. En su declaración, la SEGO ha definido el aborto como "la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza aproximadamente a las 22 semanas completas de embarazo". "Cualquiera que haya visto una ecografía, que vea cómo se mueve un niño por encima de las 24 semanas... el sólo hecho de interrumpir ahí una gestación con una túrmix, con un destructor hasta hacerlo papilla literalmente para expulsarlo entra dentro de lo que nosotros no podemos apoyar", indicó Bajo. Para el médico, después de este tiempo, no se puede hablar de aborto sino "destrucción o eliminación de un feto maduro o viable". Bajo rechazó considerar el aborto como método anticonceptivo y admitió que existen "muy pocos supuestos y razones" para "interrumpir el embarazo" por grave riesgo para la salud física de la madre después de las 24 semanas. "Cuando los haya, lo oportuno desde el punto de vista médico es la interrupción de la gestación ¿por qué hay que destruir el niño dentro? Indúzcase el parto e inténtese salvarlo", indicó. Sin embargo, para Bajo en el caso de malformaciones fetales no detectadas antes de la semana 22 de gestación, como una hidrocefalia o una cardiopatía grave, "la solución sería provocar el parto y el niño moriría". Oportunidad perdida El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, lamentó que la SEGO "haya desaprovechado la oportunidad de defender los valores de su profesión, al limitarse a defender la vida de los fetos de más de 22 semanas y sanos, condenando a los que no alcanzarán esa fecha sean viables o no, sobre todo si tienen alguna discapacidad". "El ginecólogo, como médico, tiene que defender la vida desde el momento en que ésta existe, sin entrar en valoraciones de cuándo es o no viable el feto independiente de la madre. Además, en su función de médico muy cercano de la mujer, no deberían olvidarse de ésta, a la vista de los graves efecto físicos y psicológicos derivados de la interrupción voluntaria del embarazo, y que han sido denunciados con evidencias científicas por instituciones como el Royal College of Psychiatrists británico", recordó el directivo. Asimismo, recordó que existen evidencias científicas de que "un niño de 19 semanas está tan vivo como el de las 22, y posee las mismas posibilidades de sobrevivir si se le da la oportunidad, por lo que no es un argumento sostenible desde el punto de vista ético". Cruz también consideró "monstruoso que se quieran mejorar las técnicas de diagnóstico prenatal para que no se supere ese límite que ellos mismos marcan para que se pueda decidir quién tiene derecho a vivir". "Si los mismos médicos insisten en presentar las discapacidades como cargas insuperables a los padres, ningún niño que no sea perfecto tendrá sitio en este mundo, y esto provocará el genocidio de los niños con cualquier síndrome, en especial el de Down", lamentó el director Anónimo 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T17:59:06Z 1106293 Los ginecólogos, en contra del término 'aborto' a partir de la semana 22 de gestación * La sociedad quiere cambiar el término porque 'un feto de 22 semanas es viable' * Según su presidente, 'ha llegado el momento de acompasar la legislación a la medicina' * A partir del tercer trimestre del embarazo, defienden el parto del feto, vaya a vivir o no (Video: EFE) Actualizado jueves 03/07/2008 14:56 (CET) ImprimirEnviar noticiaDisminuye letraAumenta letra CRISTINA DE MARTOS MADRID.- El presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), José Manuel Bajo Arenas, sostiene que a partir de la semana 22 de gestación las interrupciones del embarazo no deberían llamarse aborto sino "destrucción de un feto viable". Estas declaraciones se han producido durante la presentación de un documento que recoge la postura de esta organización médica frente al aborto. La SEGO se basa en el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, que establece la viabilidad fetal en las 22 semanas de gestación -o 24 desde la última regla-, a pesar de que si el bebé naciera en este tiempo tendría más de un 74% de posibilidades de fallecer y muchas opciones de tener un desarrollo neurológico anormal. Esta sociedad ha presentado un documento elaborado por su comisión de bioética para mostrar su postura frente al aborto, "ante la alarma social manifestada en los últimos meses". La declaración gira en torno al eje de la viabilidad fetal. Sin embargo, el concepto jurídico de aborto "es más amplio". Para Bajo Arenas, "ha llegado el momento de acompasar la legislación a la medicina" y de emplear "correctamente" el término aborto, que no se debe utilizar al hablar de interrupciones que superan la semana 22. 'Pocos casos en los que sobrepasar ese límite' Han añadido que para ellos existen muy pocos casos en los que se deba interrumpir una gestación más allá del límite de la viabilidad fetal. El primero, en caso de peligro para salud física y psíquica de la madre, se solucionaría induciendo el parto. Según cifras aportadas por el propio presidente de la sociedad, un niño nacido en la semana 24 tiene un 26% de posibilidades de vivir. En cuanto a las malformaciones graves del feto, supuesto contemplado en la ley actual que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 22, la SEGO asegura que, "hoy en día se detectan dos tercios de los casos incompatibles con la vida antes de ese límite". Para evitar abortos 'tardíos' en estos casos, proponen mejorar el disgnóstico prenatal, especialmente "la ecografía de la semana 20" (en la que se han de detectar), según ha explicado Rosa Savater, especialista de la sociedad. "Nosotros también estamos de acuerdo con ese límite, pero no a toda costa". "Con los esfuerzos adecuados -apunta el presidente- se podría mejorar [el diagnóstico prenatal], así que no habría tantos casos [en los que realizar un aborto]". Para Bajo Arenas, a partir de la semana 22, habría que hablar de "destrucción de un feto viable o cualquier otro término, no de aborto". Este especialista ha insistido en la necesidad de sustituir los abortos de tercer trimestre, que implican segmentar el feto dentro del útero materno para facilitar su extracción, por la inducción del parto. "Triturar un feto con una túrmix hasta hacerlo papilla no se puede considerar aborto", afirma. En el caso de un feto con malformación incompatible con la vida detectada tras la semana 22, desde la SEGO defienden que la madre lo para y que el feto muera. El centro del debate El 90% de las interrupciones del embarazo que se hacen España se practica dentro de las primeras 12 semanas. Los abortos que se produjeron en la semana 21 o después en 2005 representaron el 2% del total de los registrados, según un informe presentado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). [foto de la noticia] Para Francisca García Gallego, vicepresidenta y portavoz de esta asociación, la cuestión está clara: "Han abierto el debate de la viabilidad fetal", que es donde está el quid de la cuestión. "Nosotros también estamos de acuerdo con ese límite, pero no a toda costa". García Gallego apunta al caso de Reino Unido, donde especialistas en la materia debatieron recientemente recortar el tiempo legal en el que parcticar un aborto (de 24 a 22 semanas), propuesta que fue rechazada. "No se trata de que el feto tenga latido cardiaco, sino de que pueda tener un desarrollo neurológico compatible con una calidad de vida buena", cosa que a las 22 semanas de gestación es difícil. Educación y objeción En lo que todas las partes de debate coinciden es en la necesidad de reducir lo máximo posible el número de embarazos no deseados, drama que afecta principalmente a las jóvenes. El 98% de las chicas entre 15 y 19 años no buscaban la gestación y más de la mitad la interrumpen. "El aborto no se puede considerar un procedimiento contraceptivo más y hay que hacer un esfuerzo por evitar los embarazos no deseados", según el presidente. José Manuel Bajo Arenas ha aclarado que la intención de la sociedad que él preside no es "cambiar la ley", a pesar de la disparidad de conceptos que denuncia y la necesidad de "acompasarlos". "Sólo hablamos a partir de la semana 22 [supuesto despenalizado en nuestro país en caso de peligro de la salud de la madre]. Antes de eso, creemos que está fuera de nuestro papel". El presidente no ha querido entrar en valoraciones de la propuesta de varias organizaciones y sociedades de crear una 'ley de plazos'. Asimismo, ha restado importancia a la cuestión de los diagnósticos tardíos de las malformaciones. "Sólo pretendemos unificar los criterios de lo que es un aborto", ha afirmado. Desde esta sociedad científica se ha defendido, además, el derecho "inalienable" e "insoslayable" de los médicos a la objeción de conciencia y la necesidad de que las pacientes que se acojan a la ley "tengan todas las garantías". En este sentido, han pedido al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que "no tire la piedra y esconda la mano" sobre la supuesta conducta irregular de algunos profesionales, acogiéndose a la objección de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública y realizándolos luego en centros privados. Aunque su organización "no es consciente" de esta práctica, ha animado al ministro a identificar a estos sujetos y acusarles ante la Justicia Anónimo 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T18:01:06Z 1106300 ALGUNAS REFLEXIONES A CONSIDERAR CONTRA EL ABORTO por Elida Z. Solórzano Febrero 2002 Referencias de Doña Elida Solórzano y lista de sus artículos en Corazones.org No es de un Estado de Derecho dejar desprotegido al niño no nacido: Para que pueda haber Estado de derecho en un país, no basta que exista en él una legislación cualquiera y que sea aplicada. Puede ocurrir que el derecho dé su aval a la tiranía y legalice el despotismo. El que China y Cuba tengan sus leyes y que estas sean aplicadas no significa que los chinos y los cubanos vivan en un Estado de Derecho. Hay Estado de derecho cuando la ley está al servicio de la justicia para todos y no para el grupo más fuerte o más numeroso. Si espero de la ley que proteja mi vida y mi libertad, debe también proteger la vida y la libertad de los demás, especialmente de los más débiles. Por violación no se puede abortar: El niño en su primera etapa de desarrollo en el vientre materno tiene derecho a vivir y es inocente. Aquí en Nicaragua no hay pena de muerte para el culpable. ¿Porque vamos a matar al inocente? Al permitir el aborto por violación se le mata al niño por nacer que es inocente y se le deja vivo al violador culpable porque no existe pena de muerte en Nicaragua. Esto es absurdo. Si se pretende que se pueden eliminar a todos los indeseados, la sociedad humana se destruye a sí misma. Si no se admite la presencia de los demás con sus diferencias o circunstancias, la vida en sociedad se hace infernal, tal como la definía Sartre: “El infierno son los demás”. En nombre del derecho a la calidad de vida no se puede negar la existencia a un ser abocado al sufrimiento o condenado a padecer un defecto físico. La propuesta de que la vida no vale la pena ser vivida más que a partir de un cierto nivel de calidad nos sitúa en un terreno de la subjetividad integral. ¿Qué es calidad de vida? Se admitirá que lo que hace la felicidad de uno no hace la de otro y que, en una misma situación, uno puede llegar a sonreír, mientras que otro pensará en el suicidio. Si fuera legítimo el matar a un ser humano porque corre el riesgo de ser tan pobre que su vida no valdría la pena ser vivida, entonces sería igualmente legítimo el matar a todos los que realmente mueren ahora mismo de hambre. Y sin embargo nadie se atrevería a sostener esta consecuencia. El vicio del razonamiento se hace así manifiesto: la solución de la pobreza no consiste en eliminar al pobre, sino en compartir con él. En el caso del defecto físico: (aborto eugenésico) No se puede identificar la vida humana y la calidad de la vida humana. Estas dos nociones no están en el mismo plano. Una democracia como la nuestra es imperfecta pero sigue siendo una democracia que merece la pena que viva...hay que combatir las imperfecciones pero no destruir la democracia. Los derechos humanos son inherentes a la persona (no son dados por un Estado). Son inherentes porque vive una existencia HUMANA. Este carácter humano comporta una dimensión corporal que le es esencial. Hablar de las cualidades físicas o psicológicas de este ser humano no tiene sentido más que en relación con esta existencia. En relación con significa que no habla de cualidades más que con respecto a una existencia real y dependiendo de dicha existencia. Entonces, ante un minusválido ¿cuál es la mejor solución, eliminarlo o ayudarlo a llevar la existencia mejor posible teniendo en cuenta sus capacidades? Lo trágico es que en algunos ambientes, el niño es rebajado a la condición de un objeto de consumo: se le desea por placer, como un video o un carro, si te gusta, te lo dejás sino lo abortás. Anónimo 291251 1 0 1 81.34.193.131 4336 2009-03-15T18:03:54Z 1106306 jueves, 29 de mayo de 2008 ImageEn un documento que contiene 15 Conclusiones de un "Taller de Prevención del aborto" organizado en Guayaquil, Ecuador, por la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FESGO), los profesionales de la salud coincidieron en la necesidad del rechazar el aborto como camino para solucionar cualquier problema real en el ámbito de salud de la mujer. Los médicos argumentaron su decisión en que "un médico nunca mata, y puesto que la vida empieza en la concepción, el aborto es un acto delictivo". Las conclusiones señalan que "los que integramos la FESGO no estamos de acuerdo con ninguna forma de aborto provocado. La vida es inviolable desde el momento de la concepción. La eliminación de un ser humano inocente es siempre inaceptable, ética y médicamente hablando". "Estamos en contra del aborto provocado porque es un acto, no sólo ilegal, sino delictivo"; y porque "la Ciencia enseña que la vida comienza en la concepción. Si esta verdad es afirmada también por las religiones, no deja por ello de ser una verdad estrictamente científica, para transformarse en una enseñanza religiosa opinable. El que niega que la vida se inicie en la concepción no se las tendrá que ver con la Religión sino con la Ciencia. Negar esta certeza de la Biología no es expresión de falta de fe, sino de una carencia de elementales conocimientos de Genética Humana; aún más: de simple cultura general". El documento de la FESGO señala además que "ha de respetarse la vida humana desde el instante de la concepción, durante todas las etapas por las que atraviesa la persona humana hasta su muerte natural; cualquiera que sea el nombre que se le dé a la nueva persona humana: cigoto, mórula, blastocisto, embrión, feto, neonato, infante, adolescente, joven, adulto, anciano, enfermo en estado terminal… Todas son sólo denominaciones de la única y misma persona humana en las distintas etapas del desarrollo por las que ella atraviesa". Los expertos señalan que "hay momentos en la práctica médica –los médicos también somos humanos– en los que, quizá, los profesionales de la salud no sabremos qué hacer para resolver el problema de una determinada embarazada; pero sí sabemos qué no hacer: matar directamente a su hijo, constituyéndonos en dueños y señores de la vida y de la muerte. Los médicos somos agentes de la vida y no embajadores de la muerte". "No olvidemos –agregan– que la segunda víctima del aborto es la madre que aborta. La moderna Psiquiatría y la Psicología de última generación han consagrado el término ‘Síndrome Post Aborto’. Hemos de saber que una madre se saca más fácilmente su niño de su vientre que de su mente y de su corazón". El documento dice también que a veces, el médico se ve en situaciones de conflicto entre la vida de la madre y la vida del hijo. "Ante tales situaciones se ha ideado la expresión "aborto terapéutico". "Sin embargo –argumentan–, esta expresión, como simple expresión, es desafortunada y nefasta, porque, si nos detenemos en el significado de la palabra ‘terapéutico’, terapéutico es sinónimo de ‘curativo’, y con esa expresión se da a entender que el cirujano puede matar al niño con el fin de salvar a la madre; cuando ni la vida de la madre ni la del hijo pueden someterse a un acto de supresión directa: El médico nunca mata". La FESGO espera que sus conclusiones, alcanzadas luego de un debato altamente profesional, sirvan de orientación para "las más altas esferas del Poder"; especialmente para la actual Asamblea Constituyente que está redactando una nueva Constitución para el Ecuador y que está recibiendo fuertes presiones de los movimientos antivida para legalizar el aborto en el país. Anónimo 291251 1 0 1 83.33.43.166 4336 2009-03-16T14:01:40Z 1107913 II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto del recurso que debe ser decidido por la presente sentencia es determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de Ley orgánica que introduce el art. 417 bis en el Código Penal, por el que se declara no punible el aborto en determinados supuestos. Se trata de un caso límite en el ámbito del Derecho; en primer lugar, porque el vínculo natural del nasciturus con la madre fundamenta una relación de especial naturaleza de la que no hay paralelo en ningún otro comportamiento social, y en segundo término, por tratarse de un tema en cuya consideración inciden con más profundidad que en ningún otro ideas, creencias y convicciones morales, culturales y sociales. El Tribunal no puede menos de tener en cuenta, como una de las ideas subyacentes a su razonamiento, la peculiaridad de la relación entre la madre y el nasciturus a la que antes hemos hecho mención; pero ha de hacer abstracción de todo elemento o patrón de enjuiciamiento que no sea el estrictamente jurídico, ya que otra cosa seria contradictoria con la imparcialidad y objetividad de juicio inherente a la función jurisdiccional, que no puede atenerse a criterios y pautas, incluidas las propias convicciones, ajenos a los del análisis jurídico. 2. El proyecto de reforma del Código Penal al que hacemos referencia en el fundamento anterior dice así: «Artículo único.-El art. 417 bis del Código Penal queda redactado de la siguiente manera: El aborto no será punible si se practica por un Médico, con el consentimiento de la mujer, cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada. 2. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito de violación del art. 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiere sido denunciado. 3. Que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos Médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada.» Los recurrentes consideran este proyecto inconstitucional por estimar que vulnera los arts. 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2 y 4, 49 y 51.1 y 3 de la Constitución. El Abogado del Estado, por su parte, considera que el Proyecto no es inconstitucional. Los razonamientos de ambas partes han quedado resumidos en los antecedentes primero, segundo y tercero de esta Sentencia, por lo que sería redundante hacerlo aquí. 3. El problema nuclear en torno al cual giran las cuestiones planteadas en el presente recurso es el alcance de la protección constitucional del nasciturus, por lo que procede comenzar por hacer unas consideraciones generales sobre la trascendencia del reconocimiento del derecho a la vida dentro del ordenamiento constitucional, consideraciones que iremos precisando a medida que lo requiera el desarrollo de nuestra argumentación. Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos «que le son inherentes». La relevancia y la significación superior de uno y otro valor y de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación misma en el texto constitucional, ya que el art. 10 es situado a la cabeza del titulo destinado a tratar de los derechos y deberes fundamentales, y el art. 15 a la cabeza del capitulo donde se concretan estos derechos, lo que muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. 4. Es también pertinente hacer, con carácter previo, algunas referencias al ámbito, significación y función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo de nuestro tiempo inspirado en el Estado social de Derecho. En este sentido, la doctrina ha puesto de manifiesto -en coherencia con los contenidos y estructuras de los ordenamientos positivos- que los derechos fundamentales no incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste (vide al respecto arts. 9.2; 17.4; 18.1 y 4; 20.3; 27 de la Constitución). Pero, además, los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son, en fin, como dice el art. 10 de la Constitución, el «fundamento del orden jurídico y de la paz social». De la significación y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado. Por consiguiente, de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmente al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales «los impulsos y líneas directivas», obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa. 5. El art. 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida». La vida es un concepto indeterminado sobre el que se han dado respuestas plurívocas no sólo en razón de las distintas perspectivas (genética, médica, teológica, etc.), sino también en virtud de los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista considerados, y en cuya evaluación y discusión no podemos ni tenemos que entrar aquí. Sin embargo, no es posible resolver constitucionalmente el presente recurso sin partir de una noción de la vida que sirva de base para determinar el alcance del mencionado precepto. Desde el punto de vista de la cuestión planteada basta con precisar: a) Que la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital. b) Que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. c) Que dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, tiene particular relevancia el nacimiento, ya que significa el paso de la vida albergada en el seno materno a la vida albergada en la sociedad, bien que con distintas especificaciones y modalidades a lo largo del curso vital. Y previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre, esto es, de adquirir plena individualidad humana. De las consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional, cuya cercanía en el tiempo justifica su utilización como elemento interpretativo. En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría- que proponía utilizar el término «todos» en sustitución de la expresión «todas las personas» -introducida en el seno de la Comisión para modificar la primitiva redacción del precepto en el Anteproyecto por estimar que era «técnicamente más correcta»- con la finalidad de incluir al nasciturus y de evitar, por otra parte, que con la palabra «persona» se entendiera incorporado el concepto de la misma elaborado en otras disciplinas jurídicas específicas, como la civil y la penal, que, de otra forma, podría entenderse asumido por la Constitución. La ambigüedad del término «todos» en la expresión «todos tienen derecho a la vida» no fue despejada, sin embargo, durante los debates por lo que se refiere a la extensión de la titularidad del derecho, pero en cualquier caso, como señaló el defensor de la enmienda, constituía una fórmula abierta que se estimaba suficiente para basar en ella la defensa del nasciturus. El precepto fue aprobado posteriormente en el Senado por 162 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. En definitiva, el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el art. 15 de la Constitución aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental. 6. Los recurrentes pretenden deducir tal titularidad, no sólo de los mencionados debates parlamentarios acerca de la inclusión del nasciturus en el término «todos» del art. 15, sino también de la interpretación sistemática de la Constitución, así como de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, a que remite el art. 10.2 de la Constitución para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades en ella reconocidos. No existe, sin embargo, fundamento suficiente en apoyo de su tesis. Por lo que se refiere a la primera, los mismos recurrentes reconocen que la palabra «todos» utilizada en otros preceptos constitucionales (arts. 27, 28, 29, 35 y 47) hace referencia a los nacidos, como se deduce del contexto y del alcance del derecho que regulan, pero estiman que de ello no puede concluirse que ese mismo significado haya de atribuirse a dicho término en el art. 15. La interpretación sistemática de éste ha de hacerse, a su juicio, en relación con otros preceptos constitucionales (arts. 1.1, 10, 14, 39 y 49). Pero los mismos términos generales en que esta argumentación se desarrolla y la misma vaguedad de la conclusión a que llegan los recurrentes la convierten en irrelevante, por lo que se refiere a la cuestión concreta planteada de la titularidad del derecho a la vida que pueda corresponder al nasciturus. En cuanto a la interpretación del art. 15, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, lo cierto es que la versión auténtica francesa utiliza expresamente el término «persona» en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos -al igual que lo hace la versión auténtica española- y en el art. 2 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y si bien el Tribunal de Derechos Humanos no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este extremo, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en su función relativa a la admisión de demandadas, si lo ha hecho en relación con el art. 2 del Convenio en el asunto 8416/1979, en su decisión de 13 de mayo de 1980, poniendo de manifiesto por lo que se refiere a la expresión everyone o toute personne de los textos auténticos que, aun cuando no aparece definida en el Convenio, la utilización que de dicha expresión se hace en el mismo y el contexto dentro del cual se emplea en el mencionado art. 2 lleva a sostener que se refiere a las personas ya nacidas y no es aplicable al nasciturus (Ftos. jcos. 9 y 17); asimismo, al examinar el término «vida», la Comisión se planteó en qué sentido puede interpretarse el art. 2 en cuestión en relación con el feto, aunque no llegó a pronunciarse en términos precisos sobre tal extremo por estimar que no era necesario para decidir sobre el supuesto planteado (indicación médica para proteger la vida y la salud de la madre), limitándose a excluir, de las posibles interpretaciones, la de que el feto pudiera tener un «derecho a la vida» de carácter absoluto (Ftos. jcos. 17 a 23). 7. En definitiva, los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero, en todo caso, y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental. Partiendo de las consideraciones efectuadas en el fundamento jurídico 4, esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: La de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales. Ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto; pues, como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones, como veremos posteriormente. 8. Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. La dignidad está reconocida a todas las personas con carácter general, pero cuando el intérprete constitucional trata de concretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especificidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados derechos en el ámbito de la maternidad, derechos que el Estado debe respetar y a cuya efectividad debe contribuir, dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución. 9. Las consideraciones anteriores nos permiten entrar a examinar el Proyecto objeto del presente recurso para enjuiciar la presunta inconstitucionalidad de los supuestos de declaración de no punibilidad del aborto en él contenidos, aducida por los recurrentes. El legislador parte de una normativa preconstitucional que utiliza la técnica penal como forma de protección de la vida del nasciturus (arts. 411 a 417 del Código Penal), normativa que no revisa con carácter general, limitándose a declarar no punible el aborto en determinados supuestos, que responden a las denominadas indicaciones terapéutica, ética y eugenésica (Fto. jco. 2). La cuestión que se suscita es, pues, la de examinar si el legislador puede excluir en supuestos determinados la vida del nasciturus de la protección penal. En primer lugar, las causas de exención de la responsabilidad establecidas en el art. 8 del Código Penal tienen una aplicación general respecto de los delitos sancionados en este Código, que no ha sido puesta en duda en el presente recurso, y de la que es posible deducir que -en principio y con los límites que les son inherentes- también pueden regir, en su caso, respecto del delito de aborto (arts. 411 y ss. del Código Penal). Pero, ciñéndonos estrictamente a la cuestión planteada por los recurrentes, hemos de considerar si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una técnica diferente, mediante la cual excluya la punibilidad en forma específica para ciertos delitos. La respuesta a esta cuestión ha de ser afirmativa. Por una parte, el legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto que afectan de una manera específica a un ámbito determinado de prohibiciones penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego. Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. Ni ésta puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. Por ello, en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos. Por otra parte, el legislador, que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento, puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin perjuicio de que, en su caso, siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos. Las leyes humanas contienen patrones de conducta en los que, en general, encajan los casos normales, pero existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de la Ley resultaría totalmente inadecuado; el legislador no puede emplear la máxima constricción -la sanción penal- para imponer en estos casos la conducta que normalmente sería exigible, pero que no lo es en ciertos supuestos concretos. 10. Los recurrentes alegan que no puede conocerse el alcance de los supuestos previstos por el legislador, dada la imprecisión de alguno de los términos que éste utiliza, lo que, a su juicio, vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución. El Tribunal no puede compartir esta alegación de los recurrentes, pues aun cuando tales términos puedan contener un margen de apreciación, ello no los transforma en conceptos incompatibles con la seguridad jurídica, ya que son susceptibles de definiciones acordes con el sentido idiomático general que eliminan el temor de una absoluta indeterminación en cuanto a su interpretación. En efecto, el término «necesario» -que se utiliza en el núm. 1 del art. 417 bis del Código Penal en la redacción del Proyecto- sólo puede interpretarse en el sentido de que se produce una colisión entre la vida del nasciturus y la vida o salud de la embarazada que no puede solucionarse de ninguna otra forma. En especial, y en relación con el supuesto de grave peligro para la salud, el término «grave» expresa con claridad la idea de que ha de tratarse de un peligro de disminución importante de la salud y con permanencia en el tiempo, todo ello según los conocimientos de la ciencia médica en cada momento. Por otra parte, el término «salud» se refiere a la salud física o psíquica, como se deduce con toda evidencia de los debates parlamentarios. Finalmente, en cuanto al número 3 del mencionado artículo, el término «probable» expresa la idea de razonable presunción de verdad, y responde, como apunta el Abogado del Estado, a la presumible prudencia de los dictámenes médicos en los que los términos absolutos de seguridad o certeza suelen quedar excluidos, sin que en este caso la sustitución de un concepto jurídico indeterminado por otro pudiera contribuir, a juicio de este Tribunal, a una mayor precisión en el supuesto de hecho. Por otra parte, el término «grave» expresa, de un lado, la importancia y profundidad de la tara y, de otro, su permanencia en el tiempo. 11. Una vez analizada la objeción de indeterminación de los supuestos alegada por los recurrentes, basada en la imprecisión de los términos, es preciso examinar la constitucionalidad de cada una de las indicaciones o supuestos de hecho en que el proyecto declara no punible la interrupción del estado de embarazo: a) El núm. 1 contiene en realidad dos indicaciones que es necesario distinguir: El grave peligro para la vida de la embarazada y el grave peligro para su salud. En cuanto a la primera, se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus. En este supuesto es de observar que si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida, lo que descartan también los recurrentes, aunque lo fundamenten de otra manera; por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre. En cuanto a la segunda, es preciso señalar que el supuesto de grave peligro» para la salud de la embarazada afecta seriamente a su derecho a la vida y a la integridad física. Por ello, la prevalencia de la salud de la madre tampoco resulta inconstitucional, máxime teniendo en cuenta que la exigencia del sacrificio importante y duradero de su salud bajo la conminación de una sanción penal puede estimarse inadecuada, de acuerdo con las consideraciones contenidas en el fundamento jurídico 9. b) En cuanto a la indicación prevista en el núm. 2 -que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas- basta considerar que la gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos. Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución. c) El núm. 3 del artículo en cuestión contiene la indicación relativa a la probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. El fundamento de este supuesto, que incluye verdaderos casos limite, se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres, y especialmente la madre, agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva. Sobre esta base y las consideraciones que antes hemos efectuado en relación a la exigibilidad de la conducta, entendemos que este supuesto no es inconstitucional. En relación con él y desde la perspectiva constitucional, hemos de poner de manifiesto la conexión que existe entre el desarrollo del art. 49 de la Constitución -incluido en el capitulo III, «De los principios rectores de la política social y económica», del título I, «De los derechos y deberes fundamentales»- y la protección de la vida del nasciturus comprendida en el art. 15 de la Constitución. En efecto, en la medida en que se avance en la ejecución de la política preventiva y en la generalización e intensidad de las prestaciones asistenciales que son inherentes al Estado social (en la línea iniciada por la Ley de 7 de abril de 1982 relativa a los minusválidos, que incluye a los disminuidos profundos, y disposiciones complementarias) se contribuirá de modo decisivo a evitar la situación que está en la base de la despenalización. 12. Desde el punto de vista constitucional, el proyecto, al declarar no punible el aborto en determinados supuestos, viene a delimitar el ámbito de la protección penal del nasciturus, que queda excluido en tales casos en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de las circunstancias concurrentes en determinadas situaciones. Por ello, una vez establecida la constitucionalidad de tales supuestos, es necesario examinar si la regulación contenida en el art. 417 bis del Código Penal, en la redacción dada por el Proyecto, garantiza suficientemente el resultado de la ponderación de los bienes y derechos en conflicto realizada por el legislador, de forma tal que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas ni se desprotejan los derechos a la vida y a la integridad física de la mujer, evitando que el sacrificio del nasciturus, en su caso, comporte innecesariamente el de otros derechos constitucionalmente protegidos. Y ello porque, como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos 4 y 7 de la presente Sentencia, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución), mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma, lo que exige, en la medida de lo posible, que se establezcan las garantías necesarias para que la eficacia de dicho sistema no disminuya más allá de lo que exige la finalidad del nuevo precepto. El legislador no ha sido ajeno a esta preocupación, pues indica en el proyecto, con carácter general, que el aborto debe ser practicado por un Médico con el consentimiento de la mujer, así como que el hecho debe ser denunciado en el caso de violación, y que en el tercer supuesto el pronóstico desfavorable ha de constar en un dictamen emitido por dos Médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada. El propio legislador ha previsto, pues, determinadas medidas encaminadas a conseguir que se verifique la comprobación de los supuestos que están en la base de la despenalización parcial del aborto; se trata, como afirma el Abogado del Estado, de medidas de garantía y de certeza del presupuesto de hecho del precepto, en la línea de lo que sucede en la regulación positiva de países de nuestro entorno. Se impone, pues, examinar si dichas medidas de garantía son suficientes para considerar que la regulación contenida en el Proyecto cumple las antedichas exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución. Por lo que se refiere al primer supuesto, esto es, al aborto terapéutico, este Tribunal estima que la requerida intervención de un Médico para practicar la interrupción del embarazo, sin que se prevea dictamen médico alguno, resulta insuficiente. La protección del nasciturus exige, en primer lugar, que, de forma análoga a lo previsto en el caso del aborto eugenésico, la comprobación de la existencia del supuesto de hecho se realice con carácter general por un Médico de la especialidad correspondiente, que dictamine sobre las circunstancias que concurren en dicho supuesto. Por otra parte, en el caso del aborto terapéutico y eugenésico la comprobación del supuesto de hecho, por su naturaleza, ha de producirse necesariamente con anterioridad a la realización del aborto y, dado que de llevarse éste a cabo se ocasionaría un resultado irreversible, el Estado no puede desinteresarse de dicha comprobación. Del mismo modo tampoco puede desinteresarse de la realización del aborto, teniendo en cuenta el conjunto de bienes y derechos implicados -la protección de la vida del nasciturus y el derecho a la vida y a la salud de la madre que, por otra parte, está en la base de la despenalización en el primer supuesto-, con el fin de que la intervención se realice en las debidas condiciones médicas disminuyendo en consecuencia el riesgo para la mujer. Por ello el legislador debería prever que la comprobación del supuesto de hecho en los casos del aborto terapéutico y eugenésico, así como la realización del aborto, se lleve a cabo en centros sanitarios públicos o privados, autorizados al efecto, o adoptar cualquier otra solución que estime oportuna dentro del marco constitucional. Las exigencias constitucionales no quedarían incumplidas si el legislador decidiera excluir a la embarazada de entre los sujetos penalmente responsables en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo anterior, dado que su fundamento último es el de hacer efectivo el deber del Estado de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de la mujer. Por lo que se refiere a la comprobación del supuesto de hecho en el caso del aborto ético, la comprobación judicial del delito de violación con anterioridad a la interrupción del embarazo presenta graves dificultades objetivas, pues dado el tiempo que pueden requerir las actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo máximo dentro del cual puede practicarse aquélla. Por ello entiende este Tribunal que la denuncia previa, requerida por el proyecto en el mencionado supuesto, es suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de hecho. Finalmente, como es obvio, el legislador puede adoptar cualquier solución dentro del marco constitucional, pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador, pero sí lo es, de acuerdo con el art. 79.4 b) de la LOTC, indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles- permitieran la prosecución de la tramitación del proyecto por el órgano competente. 13. Consideran los recurrentes que el consentimiento en los supuestos previstos en los núms. 1 y 3 del art. 417 bis del Código Penal, en la redacción dada por el proyecto, no debería corresponder únicamente a la madre y hacen especial referencia a la participación del padre, estimando que la exclusión de ésta vulnera el art. 39.3 de la Constitución. El Tribunal entiende que la solución del legislador no es inconstitucional, dado que la peculiar relación entre la embarazada y el nasciturus hace que la decisión afecte primordialmente a aquélla. 14. Finalmente, los recurrentes alegan que el proyecto no contiene previsión alguna sobre las consecuencias que la norma penal origina en otros ámbitos jurídicos, aludiendo en concreto a la objeción de conciencia, al procedimiento a través del cual pueda prestar el consentimiento la mujer menor de edad o sometida a tutela y a la inclusión del aborto dentro del régimen de la Seguridad Social. Al Tribunal no se le oculta la especial relevancia de estas cuestiones, como también la de todas aquellas derivadas del derecho de la mujer a disponer de la necesaria información, no sólo de carácter médico -lo que constituye un requisito del consentimiento válido-, sino también de índole social, en relación con la decisión que ha de adoptar. Pero tales cuestiones, aunque su regulación pueda revestir singular interés, son ajenas al enjuiciamiento de la constitucionalidad del proyecto, que debe circunscribirse a la norma penal impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LOTC. No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Y en cuanto a la forma de prestar consentimiento la menor o incapacitada, podrá aplicarse la regulación establecida por el derecho positivo, sin perjuicio de que el legislador pueda valorar si la normativa existente es la adecuada desde la perspectiva de la norma penal cuestionada. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, Ha decidido: Declarar que el proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce el art. 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los supuestos en que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución, que resulta por ello vulnerado, en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12 de la presente Sentencia. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a once de abril de mil novecientos ochenta y cinco. Voto particular que formula el Magistrado don Jerónimo Arozamena Sierra en el recurso previo de inconstitucionalidad núm. 800/1983 1. Disiento de la fundamentación y del fallo que han formulado mis colegas. A mi juicio debió declararse la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada por el grupo recurrente y, en consecuencia, debió el proceso legislativo seguir su curso. Contra lo por mi propuesto, y que alcanzó el voto conforme de seis Magistrados, incluido el que suscribe este voto particular, la Sentencia de que discrepo ha concluido a mi entender, con un pronunciamiento que traspasa los límites jurídico funcionales de la potestad jurisdiccional que incumbe al Tribunal Constitucional. Nuestro cometido, cuando se declara en el recurso previo la inconstitucionalidad del texto impugnado, o de una parte de ese texto, es concretar ésta y el precepto o preceptos constitucionales infringidos [art. 79.4 b) de la LOTC]. Lo que está vedado al Tribunal es establecer modificaciones o adiciones del texto impugnado o establecer o adicionar otros preceptos. Esto es lo que hace la Sentencia cuando dice al legislador lo que debería hacer para adecuar los preceptos a la Constitución. Se equivoca la Sentencia, opino con todos los respetos, cuando recoge (fundamento 12, in fine), que corresponde al Tribunal «indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles- permitieran la prosecución de la tramitación del proyecto por el órgano competente». Ni dice esto el art. 79.4 b de la LOTC ni se concuerda con los principios que rigen la relación entre jurisdicción constitucional y legislación. 2. El constituyente no resolvió -no tomó postura en el art. 15- el problema jurídico-penal del aborto. Es un tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático -se ha hecho con el quórum reforzado de las leyes orgánicas-, sin que la fórmula por la que se ha decidido (la de indicaciones, referida a tres supuestos) se encuentre en oposición con el art. 15 (y los otros a los que se acogen los recurrentes para sostener la inconstitucionalidad: arts. 1.1, 39.2, 39.4, 43, 53.1 y 59.3). Para el juicio de confrontación constitucional debe partirse de que es al legislador (que goza de una presunción de constitucionalidad) al que incumbe la conformación jurídica de las relaciones sociales. Inferir del art. 15, como hace la Sentencia, que el precepto es inconstitucional por omisión de determinadas precisiones en el texto no resulta convincente. Se está, en realidad, a mi entender, conformando la modalidad excluyente de la responsabilidad penal, según un juicio que no es de constitucionalidad. El art. 15 comienza con expresión de función adjetival (todos) no seguida de un sustantivo. De la fórmula gramatical utilizada (y la supresión en el texto de la palabra «persona») no puede inferirse, a mi juicio, que la Constitución dejara decidida una determinada toma de posición impeditiva de una actuación legislativa penal. El análisis del texto del art. 15, de su proceso de creación y de sus conexiones sistemáticas, conducen a la idea de que el tema del aborto (y su tratamiento penal) quedó abierto al legislador. Junto a estos caminos interpretativos es obligado, por mandato del art. 10.2 de la Constitución, acudir a los textos internacionales que dice este precepto, y que tienen el valor de factor interpretativo, según el art. 10.2 de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades. No vamos a hacer largas consideraciones para algo que, a mi juicio, aparece claro: El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 2 del Convenio europeo son argumentos irrebatibles para sostener que el art. 15 de nuestra Constitución, interpretado desde textos internacionales, no es impeditivo de un sistema de tratamiento del aborto que excluya su punición, y, desde luego, no lo es del configurado en el art. 417 bis del Código Penal (según el proyecto impugnado), como revela, además, la existencia de sistemas variados de tratamiento del aborto en los países signatarios de los indicados textos internacionales. 3. El legislador organiza su sistema penal según los principios del Estado de derecho, el principio de culpabilidad y el principio de humanidad. Cuando configura como punible una determinada conducta (en el caso, el aborto consentido), puede excepcionar conductas, o configurar causas (genéricas o específicas) de justificación, o de inculpabilidad por inexigibilidad de la conducta. Actúa el legislador según el principio de merecimiento de la pena no atrayendo al campo represivo punitivo conductas que no son merecedoras de sanción penal. Cierto que el nasciturus es un bien que merece protección penal. La lesión de ese bien se protege penalmente, pero no toda realización del tipo penal fundamenta la antijuridicidad de la conducta. Junto a las causes de antijuridicidad existen otras causas de inexigibilidad. El que el legislador configure, con mayor o menor rigor técnico, los supuestos excluidos de punición no es atentatorio a principio constitucional alguno. La apreciación de si una conducta es o no generalmente exigible y, en consecuencia, si su realización ha de ser o no castigada con una pena depende de una serie de factores que aprecia el legislador. Los poderes del legislador hechos efectivos en el art. 417 bis para excluir las responsabilidades penales en el caso del aborto consentido, no puede decirse que han traspasado límites constitucionales y, desde luego, no han incidido en violación del art. 15 de la Constitución. 4. La insuficiencia del proyecto (la acusación de que es ambiguo o fragmentario) se alegó por los recurrentes desde la perspectiva de la seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución). La Sentencia lo trata partiendo del art. 15. Sobre la inconsistencia de inferir partiendo del art. 15 que el proyecto de ley incurre en omisión que provoca su inconstitucionalidad ya he expuesto antes cuál es mi opinión. El texto del que discrepo no analiza, propiamente, lo que es el verdadero motivo del recurso basado en el art. 9.3. Creo que debió estudiarse este motivo (como otros sobre los que pasa por alto la Sentencia: arts. 1.1, 39.2 y 39.4) para concluir desestimándolos. Opino que hubiera sido procedente declarar que el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal es conforme con la Constitución. Madrid, a quince de abril de mil novecientos ochenta y cinco. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Díez-Picazo a la Sentencia dictada en el recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983 Quiero exponer con la mayor brevedad posible, las razones por la que disiento de esta Sentencia, que guardan, en buena medida, relación con mi modo de entender la función de la Constitución y la inconstitucionalidad de las leyes. a) En la Sentencia de 8 de abril de 1981 (recurso de inconstitucionalidad número 192/1980, «Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril de 1981) decíamos que en «un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad, que ha de hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos». Yo sigo profesando la misma idea: Considerar que una ley no es inconstitucional es la conclusión de un juicio jurídico, que no supone -entiéndase bien- hacerse partidario de la ley o solidarizarse con ella. b) En la recordada Sentencia de 8 de abril de 1981 dijimos también algo que yo continúo profesando. Era esto: «La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes, imponiendo autoritariamente una de ellas. A esta conclusión habrá que llegar únicamente cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de los criterios hermenéuticos. Queremos decir que las opciones políticas y de gobierno no están previamente dadas de una vez por todas.» c) Recuerdo ahora también alguna otra opinión del Tribunal: Cuando dijimos que el objeto de un juicio de inconstitucionalidad son los textos legales estrictamente considerados y no el bloque normativo del que forman parte. Es claro, en mi opinión, que el juicio de inconstitucionalidad afecta a los textos legales y no a bloques del ordenamiento o a eventuales resultados de los mismos. También mantengo como firme que no hay inconstitucionalidad por las omisiones en que pueda considerarse que el legislador ha incidido. d) Según mi modesto criterio, la inconstitucionalidad como contradicción de una ley con un mandato de la Constitución debe resultar inmediatamente de un contraste entre lo dos textos. Puede admitirse que subsiga a una regla constructiva intermedia que el intérprete establezca. Me parece, en cambio, muy difícil una extensión ilimitada o demasiado remota de las reglas constructivas derivadas de la Constitución para afirmar la inconstitucionalidad por la contradicción de la ley enjuiciada con la última de las deducciones constructivas. La cosa es todavía más arriesgada cuando en lo que llamo «deducciones constructivas» hay larvados o manifiestos juicios de valor, porque se puede tener la impresión de que se segrega una segunda línea constitucional, que es muy difícil que opere como un límite del poder legislativo, en quien encarna la representación de la soberanía popular. e) Tampoco creo que sea función del Tribunal colaborar en la función legislativa, orientarla o perfeccionarla. No creo que el art. 79.4 de la Ley Orgánica del Tribunal autorice esa tesis. f) En lo que concierne en concreto a la Ley aquí discutida, coincido con la Sentencia en la legitimidad constitucional del llamado sistema de indicaciones y de las indicaciones contenidas en el proyecto de ley, aunque no comparto todas las razones en que tal conclusión se funda. Creo, simplemente, que el legislador es dueño de exceptuar supuestos concretos de la punibilidad general en atención a su justificación a la concurrencia en ellos de circunstancias que inciden sobre el reproche de culpabilidad o a lo que se ha llamado el juicio sobre el merecimiento de la pena. g) Si se llega a esta conclusión, me parece que ni se puede, ni se debe ir más allá. Cuando se señalan condiciones de seguridad del aborto, se está pasando insensiblemente del terreno del Código Penal a una hipotética ley de legalización o liberalización que aquí no se ha producido. Me resulta muy difícil entender, constitucionalmente, que una conducta sea punible o deje de serlo por el número de médicos intervinientes o por el lugar en que se realice, porque una cosa es el Código Penal y otra la hipotética reglamentación administrativa de los abortos justificados o inculpables. Madrid a, quince de abril de mil novecientos ochenta y cinco. Voto particular del Magistrado don Francisco Tomás y Valiente en el recurso previo de inconstitucionalidad núm. 800/1983 1. Mi opinión defendida a lo largo de la deliberación es que el Proyecto de Ley Orgánica impugnado es en todo conforme con la Constitución. De ahí mi discrepancia con el fallo y con el fundamento jurídico 12 en el que principalmente se basa su declaración de disconformidad con la Constitución. No obstante, dado el carácter explicativo del propio fallo y las salvedades que en él se contienen, debo indicar, antes de razonar mi discrepancia, los puntos del fallo y de los fundamentos con los que estoy de acuerdo. 2. Mi acuerdo es total con la declaración de constitucionalidad de los supuestos en que el proyecto del art. 417 bis del Código Penal declara no punible el aborto; declaración contenida en el fallo y razonada en los fundamentos 9, 10 y 11. Muestro mi sustancial conformidad con los términos y razonamientos en ellos expuestos, e incluso ex silentio con lo que allí no se dice, pues no hay en ellos ni en ningún otro pasaje de la Sentencia afirmación alguna que permita suponer que esos y sólo esos tres supuestos o indicaciones son los únicos que el legislador podría declarar no punibles. En este aspecto el Tribunal se ha limitado a enjuiciar el texto impugnado y nada más. 3. Manifiesto también mi acuerdo sin reservas con la idea de que el nasciturus no es titular de un derecho fundamental a la vida, tesis por mi ya defendida en mi voto particular concurrente en la Sentencia 75/1984 de la Sala Segunda, y que se plasma ahora en la presente Sentencia como resultado de razonamientos no idénticos al mío, pero coincidentes en su conclusión. Véanse al respecto el inciso final del fundamento jurídico 5, todo el 6 y el primer párrafo del 7 con cuya afirmación de que el nasciturus, aun no siendo titular del derecho a la vida, constituye un bien jurídico constitucionalmente protegido, también estoy de acuerdo. Cualquier jurista conoce la compatibilidad y la enorme diferencia entre ambos conceptos, pues sólo es titular de derechos quien es persona y el nasciturus no es persona. Así pues, según la Sentencia, no hay un conflicto entre los derechos de la mujer y un inexistente derecho fundamental del nasciturus a la vida, sino un conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer embarazada y un bien jurídicamente protegido que es la vida humana en formación (fundamento jurídico 9). En esto mi conformidad con la Sentencia es completa. 4. Nunca he sido un entusiasta de la filosofía de los valores. Tal vez por ello no comparto (y aquí comienzan mis discrepancias) las abundantes consideraciones axiológicas incluidas en los fundamentos 3, 4 y 5. Al margen de las imprecisiones o titubeos terminológicos que contienen y que seria prolijo e inútil referir aquí, no encuentro fundamento jurídico-constitucional, único pertinente, para afirmar como se hace, que la vida humana «es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» (fundamento jurídico 3) o «un valor fundamental» (fundamento jurídico 5) o «un valor central» (fundamento jurídico 9). Que el concepto de persona es el soporte y el prius lógico de todo derecho me parece evidente y yo así lo sostengo. Pero esta afirmación no autoriza peligrosas jerarquizaciones axiológicas, ajenas por lo demás al texto de la Constitución, donde, por cierto, en su art. 1.1 se dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político: Esos y sólo esos. Frente a tan abstractas consideraciones sobre la vida como valor, llama la atención que en la Sentencia no se formule ninguna sobre el primero de los que la Constitución denomina valores superiores: La libertad. De ahí, de esa omisión, que no olvido, deriva quizá la escasa atención que se presta a los derechos de libertad de la mujer embarazada. 5. Comprendo, aun sin compartirla, la oposición a la no punición del aborto en defensa de un supuesto derecho fundamental del nasciturus a la vida. Es esa una línea clásica de razonamiento desde la que se podría llegar, con innegable coherencia interna, a un fallo de inconstitucionalidad en determinadas regulaciones de despenalización o de legalización del aborto. Abandonado, sin embargo, en la Sentencia ese posible punto de partida, se entra en su fundamento 12 en un planteamiento insólito en países con Constituciones y Códigos Penales como los nuestros. Conviene tener presente que el proyecto del art. 417 bis no contiene ni una legalización ni tampoco una despenalización del aborto (fundamento jurídico 12), sino la simple declaración de no punibilidad de determinadas conductas, manteniendo intacto el tipo delictivo del 411 del Código, a mi juicio de muy dudosa constitucionalidad. Que en ese contexto la ponderación del legislador penal sea tachada de inconstitucionalidad por falta de dos llamadas garantías provoca mi radical discrepancia por las siguientes razones: a) Constituye un salto lógica (o ilógico), porque entre la invocación al art. 15 y la conclusión de que hacen falta dos garantías más ( por qué ésas y sólo ésas?) no existe un juicio de inferencia lógica. b) Una de las garantías exigidas, la del dictamen de «un Médico de la especialidad correspondiente» para comprobar la existencia del supuesto de hecho del aborto terapéutico, es imprecisa en su formulación ( qué especialidad?) y de imposible cumplimiento en casos de urgencia. c) No se comprende por qué la exigencia de que «la realización del aborto» haya de tener lugar en establecimiento sanitario se refiera sólo al aborto terapéutico y al eugenésico, pero no al llamado aborto ético. d) Lo que se denomina en la Sentencia comprobación de los supuestos de hecho es algo que corresponde al Juez penal, dado que las conductas reguladas en el art. 417 del Código Penal continúan siendo delictivas. La intervención preventiva y a esos efectos de un Médico es trasladar a éste deberes y responsabilidades ajenas. Nada impide, por lo demás, añadir a estas exigencias otras innovaciones a iniciativa del legislador, como podría ser la asistencia a las mujeres que interrumpan el embarazo en Centros y a cargo de la Seguridad Social. El mismo texto da cabida a estos y otros perfeccionamientos deseables. Lo cual pone de manifiesto que estamos ante un juicio de perfectibilidad sobre cuya pertinencia conviene detener nuestra atención. 6. En efecto; más allá de la discrepancia intrínseca respecto a la formulación de las garantías exigidas, mi oposición más rotunda se dirige al hecho mismo de la exigencia. Veamos por qué: JMDAM 291251 1 0 1 83.33.43.166 4336 2009-03-16T14:04:34Z 1107919 a) El juicio de constitucionalidad no es un juicio de calidad o de perfectibilidad. El Tribunal Constitucional puede y debe decir en qué se opone a la Constitución un determinado texto normativo, y, en consecuencia, por qué es inconstitucional. Lo que no puede es formular juicios de calidad. b) La jurisdicción constitucional es negativa, puede formular exclusiones o vetos sobre los textos a ella sometidos. Lo que no puede hacer es decirle al legislador lo que debe añadir a las Leyes para que sean constitucionales. Si actúa así, y así ha actuado en este caso este Tribunal, se convierte en un legislador positivo. c) Cada Institución debe actuar como lo que es, no «como si» fuera lo que no es. Pocas lógicas hay tan funestas como la lógica del «como si» (als ob). El Tribunal Constitucional, frecuentemente instado a actuar «como si» fuese eso que en un lenguaje ni técnico ni inocente se ha dado en llamar «la tercera Cámara», ha caído por esta vez en la tentación. d) Por esta sola vez, puesto que al resolver los anteriores recursos previos (léase por todas la Sentencia 76/1983 sobre el proyecto de la LOAPA) nunca entendió este Tribunal que sus competencias llegaran tan lejos, aunque ya entonces, por supuesto, estaba vigente el art. 79.4 b) de la LOTC, ahora citado como apoyo para señalar al legislador, lo que debe hacer a fin de que su Ley sea conforme con la Constitución. e) El art. 79 de la LOTC, el mismo que creó fuera de la Constitución, el recurso previo de inconstitucionalidad, en su párrafo 4 b) (modelo de pésima redacción), impone dos deberes dirigidos a dos sujetos distintos. Al Tribunal le exige que, en su caso, concrete la inconstitucionalidad de la norma impugnada y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. Al otro sujeto -«el órgano competente»- le exige que para seguir la tramitación del proyecto suprima o modifique los preceptos, se entiende, declarados inconstitucionales. No puede interpretarse nunca, a mi juicio, que sea el Tribunal quien le indique al legislador qué modificaciones deben ser ésas. De otro modo, es decir, si el Tribunal indicase las modificaciones a introducir, carecería de sentido el párrafo 5 del mismo art. 79 de la LOTC, puesto que si, según éste, «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal» en los recursos que pudieran interponerse contra la Ley ya corregida o modificada, es evidentemente porque tales modificaciones no han sido dictadas de modo vinculante por el Tribunal Constitucional. f) La técnica usada en este fundamento no tiene nada que ver con la de las denominadas sentencias interpretativas, en las que, de entre las posibles interpretaciones de un texto legal impugnado, el Tribunal declara conforme con la Constitución una de ellas, precisamente en defensa de la presunción de constitucionalidad de las normas emanadas del legislador democrático. g) Cuando sobre tan exigua, confusa y discutible base, interpretada de forma innovadora ad casum, el Tribunal se atreve a tanto, transgrede los límites de sus competencias y roza una frontera sumamente peligrosa: la del arbitrismo o decisionismo judicial. Por eso, y contra eso, expreso mi profunda y preocupada discrepancia. Con estos argumentos y coincidiendo en lo sustancial con los de otros cinco Magistrados sostuve, como ellos, con mi voto, la ponencia presentada y defendida por el Ponente inicial del presente caso, que concluía con un fallo declaratorio de la constitucionalidad del proyecto de Ley impugnado. Madrid, a quince de abril de mil novecientos ochenta y cinco. Voto particular de los Magistrados don Angel Latorre Segura y don Manuel Díez de Velasco Vallejo en el recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983 1. Haciendo uso de las facultades que nos otorga el art. 164 de la Constitución Española (C.E.) y el art. 90.2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), reflejamos por medio del presente voto particular nuestra opinión discrepante, tanto en lo que se refiere a la decisión o fallo como a su correspondiente fundamentación. Las opiniones aquí sostenidas fueron defendidas en el curso de las deliberaciones apoyando la Ponencia presentada por el Ponente inicialmente nombrado, don Jerónimo Arozamena Sierra, y coincidiendo en lo esencial la posición sostenida por los Magistrados firmantes con las de otros cuatro colegas de este Tribunal en dichas deliberaciones. 2. Nuestra primera y fundamental discrepancia recae sobre las atribuciones que al dictar esta Sentencia ha asumido el Tribunal Constitucional (TC). En efecto, el TC no se limita a pronunciarse en el fallo sobre la constitucionalidad de los diversos extremos del proyecto de Ley impugnado, sino que, por remisión en el mismo fallo al fundamento jurídico 12 de la Sentencia, indica al legislador lo que debe de hacer. En el caso del llamado aborto «terapéutico», el legislador debe exigir el dictamen de un especialista. Tanto en este supuesto como en el del llamado aborto «eugenésico», el legislador debe prever una intervención del Estado mediante la obligación de que el aborto se realice en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto o mediante cualquier solución que el mismo legislador estime oportuna. Estas previsiones suponen, a nuestro juicio, que el TC asume la función de introducir enmiendas en los proyectos de Ley que se someten a su enjuiciamiento mediante el recurso previo de inconstitucionalidad. Tal función excede de las ya muy amplias competencias que no sólo la Constitución sino también la LOTC asignan a este Tribunal Constitucional, cuya actuación no puede aproximarse a la de una «tercera Cámara» sin provocar un peligroso desequilibrio en nuestro sistema jurídico-político, invadiendo facultades que corresponden al poder legislativo. 3. Por lo que acabamos de exponer no podemos compartir la opinión expresada en la Sentencia de que el art. 79.4 b) de la LOTC autoriza a este TC a indicar las modificaciones que, a su juicio, permitan la prosecución de la tramitación del proyecto de Ley por el órgano competente que, sin duda, son las Cortes Generales. Tal interpretación debe ser rechazada, ya que conduce a la inaceptable conclusión de que este Tribunal Constitucional puede actuar como legislador positivo, en contra de la naturaleza propia de su función. La interpretación adecuada de este precepto es que las Cortes Generales pueden, libre y soberanamente, a la vista de lo resuelto en una Sentencia que sustancia un recurso previo, o bien suprimir los preceptos del proyecto de Ley declarados inconstitucionales o bien modificarlos con la finalidad de ajustarlos a la Constitución. Tal es así que el número 5 del mismo art. 79 de la LOTC dispone, con carácter general, que «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos que pudieran interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de Ley del texto impugnado en la vía previa». 4. Refiriéndonos a determinados aspectos concretos de la Sentencia hemos de mostrar nuestra conformidad con algunas de sus afirmaciones. Entre ellas que el feto no es titular del derecho fundamental a la vida, lo que no excluye que exista un deber del Estado de proteger la vida humana en las diversa fases de su evolución, incluida la intrauterina. No creemos, en cambio, que esta protección tenga que revestir forma penal en todos los casos porque no impone tal tipo de protección ningún precepto constitucional. Estimamos, en todo caso, y de acuerdo con la Sentencia, que no es inconstitucional la despenalización de los supuesto previstos en el proyecto de Ley impugnado. 5. Nuestro disentimiento en este aspecto recae sobre la argumentación en que se basa la declaración de inconstitucionalidad en los supuesto del aborto «terapéutico» y «eugenésico», ya que ningún reproche de inconstitucionalidad se formula al supuesto del aborto «ético». En efecto, tras declarar que los tres supuestos de despenalización son en sí conformes a la Constitución se afirma que en los citados supuesto «terapéutico» y «eugenésico» faltan garantías suficientes para la verificación de los supuesto de hecho, así como para la debida protección de la vida y de la salud de la embarazada, y que la previsión legal de esas garantías es una exigencia constitucional derivada del art. 15 de la Constitución. Entendemos que del «derecho a la vida y a la integridad física y moral» reconocido en el citado artículo constitucional, sea cual sea el alcance que se dé a estos derechos, no cabe inferir que debe imponerse por el Estado una sanción penal para los casos en que este TC no considere suficientes las garantías previstas. Las normas despenalizadoras no contienen habitualmente, ni se ve por qué razón sea constitucionalmente exigible, que contengan garantías de la verificación de los supuestos de hecho. En caso de que éstos se invoquen fraudulentamente, o en su verificación el encargado de hacerlo (en este caso el Médico) incurra en negligencia punible, actuarán los Tribunales de Justicia, que son los órganos competentes para ellos. Y en cuanto a las medidas necesarias para la mejor protección de la vida y salud de la embarazada tampoco vemos cómo esa protección requiere constitucionalmente, en virtud del art. 15, más garantías que las que el mismo Código Penal establece para otros casos, incluso algunos tan delicados y que tanto afectan a la intimidad de la persona como los previstos en el art. 428 del citado Código. 6. Prescindiendo por razones de brevedad de detallar otros puntos de discrepancia o de asentimiento con la Sentencia, debemos, sin embargo, poner de manifiesto la escasa precisión utilizada en ella respecto a la conocidad como «cláusula de conciencia», cuya derivación directa del art. 16.1 de la C.E. compartimos, y que puede ser utilizada como es lógico por el Médico del que se solicite la práctica abortiva para negarse a realizarla. Dicha cláusula, basada en razones ideológicas o religiosas, es un derecho constitucional solamente del Médico y demás personal sanitario al que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización del acto abortivo. 7. Resumiendo lo expuesto concluimos reiterando nuestra disconformidad con la Sentencia, fundamentalmente por dos razones: Porque invade competencias del Poder Legislativo y porque opinamos que el TC debió declarar la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes respecto al proyecto de Ley impugnado. Madrid, a dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente a la Sentencia de fecha 11 de los corrientes, dictada en el recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983 He votado en contra de la presente Sentencia y sostuve con mi voto, junto con otros cinco Magistrados, la ponencia que fue objeto de deliberación en primer término. En ella se declaraba conforme con la Constitución el Proyecto de Ley objeto del recurso, y ésta es, en mi opinión, la conclusión necesaria del razonamiento jurídico en el caso sometido a nuestra consideración. Las razones de mi disentimiento pueden resumirse en el simple juicio de que con esta decisión la mayoría traspasa los límites propios de la jurisdicción constitucional e invade el ámbito que la Constitución reserva al legislador; vulnera así el principio de separación de poderes, inherente a la idea de Estado de Derecho y opera como si el Tribunal Constitucional fuese una especie de tercera Cámara, con facultades para resolver sobre el contenido ético o la oportunidad política de las normas aprobadas por las Cortes Generales. Es cierto que esta errónea concepción de la jurisdicción constitucional parece muy extendida en nuestra sociedad; que precisamente con motivo de este recurso se han expresado en la prensa multitud de opiniones que implícita o explícitamente partían del supuesto de que el fundamento de nuestra Sentencia había de ser el juicio sobre la licitud o ilicitud ética del aborto, o la conveniencia de su despenalización, y que (y ello es aún más penoso) destacadas figuras políticas, e incluso miembros del Gobierno, han efectuado declaraciones que manifiestamente arrancaban del mismo convencimiento. Es evidente, sin embargo, que por difundida que esté, tal idea es errónea e incompatible con nuestra Constitución y con los principios que le sirven de base. El Tribunal Constitucional, que no ostenta la representación popular, pero que sí tiene el tremendo poder de invalidar las leyes que los representantes del pueblo han aprobado, no ha recibido este poder en atención a la calidad personal de quienes lo integran, sino sólo porque es un Tribunal. Su fuerza es la del Derecho y su decisión no puede fundarse nunca por tanto, en cuanto ello es humanamente posible, en nuestras propias preferencias éticas o políticas, sino sólo en un razonamiento que respete rigurosamente los requisitos propios de la interpretación jurídica. En la fundamentación de la presente Sentencia falta ese razonamiento riguroso y es esa falta de rigor la que conduce a la, a mi juicio, errada decisión. Aunque no resulta fácil ni grato hacer la crítica pública de un razonamiento suscrito por colegas que merecen todo mi respeto, es indispensable, para que esta disidencia no quede reducida a un juicio apodíctico, señalar en concreto algunos al menos de los errores conceptuales y de las quiebras lógicas perceptibles en el texto de la Sentencia. Para ello analizaré separadamente cada una de las dos partes bien diferenciadas que cabe distinguir en ésta. La primera de ellas, la más extensa puesto que abarca los once primeros Fundamentos, sirve de apoyo exclusivamente a aquel inciso del fallo en el que se dice que la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley no resulta de los supuestos de no punibilidad del aborto que en él se contemplan o, lo que es lo mismo, fundamenta el juicio de que no es en principio contraria a la Constitución una Ley que declare no punible el aborto practicado, con el consentimiento de la madre, por serias razones terapéuticas, éticas o eugenésicas. No discrepo, como queda dicho, de esta conclusión; sí discrepo, y muy enérgicamente, del razonamiento que a ella conduce, cuya línea central sitúa ya al Tribunal fuera del ámbito que le es propio y puede conducir por tanto, en otros casos, a decisiones absolutamente inadecuadas. No opera este razonamiento, en efecto, con las categorías propias del Derecho (en primer lugar, y naturalmente, con el concepto mismo del derecho subjetivo), sino con las de la ética. Pese a las consideraciones difícilmente inteligibles (y, en la medida en que lo son, para mí resueltamente inaceptables) que en el fundamento 4 se hacen sobre «el ámbito, significación y función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo de nuestro tiempo», los Magistrados que han formado en esta ocasión la mayoría no razonan a partir del reconocimiento de un derecho fundamental del nasciturus a la vida, que expresamente niegan en los fundamentos 5, 6 y 7, sino apoyados sobre la idea de que, siendo la vida humana «un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» (fundamento 3), el Estado está obligado a «establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida (sic), incluya también como última garantía las normas penales» (fundamento 7). Los derechos fundamentales que efectivamente están implicados en este difícil tema de la sanción penal del aborto consentido (al libre desarrollo de la personalidad -art. 10-, a la integridad física y moral -art. 15-, a la libertad de ideas y creencias -art. 16-, a la intimidad personal y familiar -art. 18-) apenas son invocados de manera retórica en el fundamento 8 o como justificación de la no punición del aborto en los dos siguientes. Paso por alto en este momento, en aras de la brevedad, el análisis de los defectos lógicos y conceptuales que creo apreciar en las consideraciones hechas sobre el «concepto indeterminado» de la vida y otros extremos, así como sobre el error de no haber entrado a fondo en el problema que la tipificación penal del aborto consentido plantea desde el punto de vista del derecho de la mujer a su intimidad y a su integridad física y moral. Lo que ahora me importa, por el motivo ya antes indicado, es subrayar que este modo de razonar no es el propio de un órgano jurisdiccional porque es ajeno, pese al empleo de fraseología jurídica, a todos los métodos conocidos de interpretación. El intérprete de la Constitución no puede abstraer de los preceptos de la Constitución el valor o los valores que, a su juicio, tales preceptos «encarnan», para deducir después de ellos, considerados ya como puras abstracciones, obligaciones del legislador que no tienen apoyo en ningún texto constitucional concreto. Esto no es ni siquiera hacer jurisprudencia de valores, sino lisa y llanamente suplantar al legislador o, quizá más aún, al propio poder constituyente. Los valores que inspiran un precepto concreto pueden servir, en el mejor de los casos, para la interpretación de ese precepto, no para deducir a partir de ellos obligaciones (¡nada menos que del poder legislativo, representación del pueblo!) que el precepto en modo alguno impone. Por esta vía, es claro que podía el Tribunal Constitucional, contrastando las Leyes con los valores abstractos que la Constitución efectivamente proclama (entre los cuales no está, evidentemente, el de la vida, pues la vida es algo más que «un valor jurídico») invalidar cualquier Ley por considerarla incompatible con su propio sentimiento de la libertad, la igualdad, la justicia o el pluralismo político. La proyección normativa de los valores constitucionalmente consagrados corresponde al legislador, no al Juez. Pese a lo dicho, lo cierto es que todas las consideraciones que anteceden sobre los once primeros fundamentos de la Sentencia podrían excusarse, pues todos esos fundamentos, en cuanto que no conducen al fallo (es claro que los fallos del Tribunal Constitucional han de declarar si las Leyes son o no contrarias a la Constitución, no el porqué de lo uno o de lo otro, cuestión ésta sobre la que volveremos después) son una simple, aunque desmesurada, suma de obiter dicta que para nada obligan hacia el futuro. La fundamentación real de la decisión real, es decir, de la declaración de inconstitucionalidad, se concentra en un único fundamento, el 12, en el que es examinado el art. 417 bis, para determinar si «en la redacción dada por el Proyecto, garantiza suficientemente el resultado de la ponderación de bienes y derechos en conflicto realizada por el legislador, de tal forma que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas, ni se desprotejan los derechos a la vida y la integridad física de la mujer». Dicho en otros términos, lo que el Tribunal hace aquí es examinar si los supuestos de no punición aparecen descritos en términos tales que sólo puedan escapar al castigo aquellos que efectivamente se encuentren en ellos; entiende que no es así y, por tanto, declara la inconstitucionalidad. Dejando de lado el hecho de que, en primer lugar, se pasa así del control de constitucionalidad al control de la perfección técnica de la Ley y de que, en segundo término, se opera con ello una irónica inversión del principio de legalidad penal, que de ser garantía de la libertad del ciudadano se transforma en mecanismo dirigido a asegurar la efectividad del castigo, que no es poco dejar, limitaré mi atención al análisis de la idea del Estado de Derecho, a mi entender gravemente errónea, que subyace a este modo de razonar. Del valor «vida» (vida humana, hay que suponer) se ha deducido la obligación del legislador de sancionar penalmente todo atentado contra seres vivos aunque no sean personas; como esta obligación no es, sin embargo, absoluta, el Tribunal acepta la posibilidad de que el legislador, en supuestos determinados por la colisión entre derechos fundamentales y el bien protegido, exima de sanción a los responsables del aborto. Este razonamiento, que no comparto, no conduce a declarar la licitud constitucional del Proyecto, pues dando un nuevo paso, el Tribunal proclama ahora, en este fundamento, sin justificación alguna, la necesidad de que el legislador establezca condiciones y requisitos previos que garanticen a priori la existencia del supuesto en el que el aborto no es punible. El examen de los hechos y la determinación de las consecuencias jurídicas que a los mismos corresponden quedan así sustraídos al Juez y confiados al Médico, y los supuestos excepcionales de no punición del aborto se transforman en situaciones que permiten la obtención de una autorización para abortar. Como es evidente, la idea que subyace a los razonamientos de este género es, comúnmente, la de que, dada la perversidad natural de los hombres y su tendencia a hacer mal uso de la libertad que se les otorgue, es más prudente partir del principio de la prohibición general, de manera que sólo sean lícitas las conductas autorizadas, que de su opuesto, el principio general de libertad, según el cual es lícito todo lo no expresamente prohibido. Probablemente mis colegas de la mayoría no aceptarán conscientemente ese principio antiliberal, pero es lógicamente imposible, partiendo del principio de libertad, declarar inconstitucional una Ley porque no instituye, junto al control represivo de las conductas (en rigor, en lugar de este control) un control preventivo. Esas medidas a las que en la Sentencia se condiciona la constitucionalidad de la Ley (dictamen de un segundo Médico en el caso del aborto terapéutico; necesidad de que el aborto se practique en centros públicos o privados debidamente autorizados) son seguramente plausibles, como lo son muchas otras de las que ofrece el Derecho comparado (necesidad de dejar transcurrir un lapso mínimo de tiempo desde que se formaliza la decisión de abortar hasta el momento en el que el aborto se realiza, necesidad de que la embarazada reciba previamente información sobre las ayudas que puede recibir si opta por la continuación del embarazo, etc.). Si no se acepta la necesidad constitucional del control preventivo, y ciertamente no puede aceptarse, no hay razón alguna, sin embargo, para subordinar a ellas el ejercicio de la libertad y, en consecuencia, tampoco para que este Tribunal las imponga al legislador, pues sólo a éste corresponde decidir, con entera libertad, sobre el contenido de las Leyes, dentro de los límites que la Constitución establece, como garantía de la libertad de los individuos. Al fundamentar la declaración de inconstitucionalidad en la omisión en el proyecto de estos requisitos o condiciones (o cualesquiera otros equivalentes) que no son constitucionalmente necesarios, el Tribunal impone a las Cortes sus propias preferencias de política legislativa y esta imposición, que no encuentra naturalmente base alguna en la Constitución o en la Ley, es arbitraria. La Sentencia no es interpretativa, puesto que la Sentencia interpretativa ni es posible en el recurso previo, ni puede ser utilizada para invalidar la norma, sino al contrario, para preservar la validez; no respeta lo preceptuado en el art. 79.4 de la LOTC, que ordena al Tribunal indicar la infracción constitucional y deja a las Cortes el cuidado de efectuar las supresiones o modificaciones necesarias para evitarla y, por último, pese a las proclamaciones retóricas en contrario, ignora absolutamente los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad que la Constitución consagra y de los cuales sí son titulares las mujeres embarazadas, cuya dignidad, tantas veces citada y aún definida en la Sentencia, al parecer ha de seguir siendo protegida por el tradicional procedimiento de considerar delictivo todo aborto, sean cuales fueren sus circunstancias. Madrid, a dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco. JMDAM 291251 1 0 1 83.33.43.166 4336 2009-03-16T14:10:15Z 1107929 Lo enviado es de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 53/1985. Espero con ello mostrar el tema desde el punto de vista del Tribunal Constitucional también. Faltaría para completar el mismo , el resto de los profesinales implicados que no han sido hasta ahora ni consultados: Los Ginecologos, psiquiatras, sociologos, asociaciones pro vida., Asociaciones de padres por la igualdad de decisiónn y a tener sus propios hijos. Un cordial saludo JMDAM 291251 1 0 1 83.44.193.113 4336 2009-03-20T12:54:01Z 1116365 Las clínicas de abortos facturaron 50 millones de euros en 2007 Cada intervención cuesta entre 345 euros (menos de 12 semanas) y 1.700 (21 semanas en adelante). El aborto crece a un ritmo de un 10% cada año. Las clínicas de abortos facturaron 50 millones de euros en 2007 Las tarifas están entre los 345 euros (para interrupciones de hasta 12 semanas) Rafael Cobo El aborto crece a un ritmo de un 10% cada año. En 2007 se realizaron 112.138 interrupciones voluntarias del embarazo. ¿Cuáles son los motivos? El Gobierno reconoce que las políticas de prevención están fallando, pero la única medida que ha puesto sobre la mesa es una una ley de plazos, en la práctica, el aborto libre hasta una determinada semana de la gestación. Pero en ningún momento ha reconocido la evidente lógica lucrativa que esconde el aborto. Un rápido vistazo a las estadísticas permite detectar la espiral empresarial que promueve el crecimiento de la práctica de abortos. El 87,37% de las interrupciones se realizan en clínicas privadas. Y la razón fundamental de este monopolio, según las asociaciones provida, es que una gran mayoría de abortos no pasaría una rigurosa aplicación de la ley en los hospitales públicos. Y cuando el sector público se niega a realizar verdaderos abortos ilegales, las clínicas privadas encuentran un sabroso negocio al que acceden con total facilidad firmando certificados médicos que justifican con “el daño físico o psíquico para la madre”. La facturación estimada sobre los 112.138 abortos del año 2007, ronda la cifra de 50 millones de euros. Las tarifas de los abortos se mueven entre los 345 euros (para interrupciones de hasta 12 semanas) y los casi 1.700 euros para los que se llevan a cabo después de las 21 semanas. Sólo los 2.614 abortos que se realizaron sobre fetos de más de cinco meses, dieron a las clínicas un negocio de más de tres millones y medio de euros. Aborto libre Mientras tanto, lejos de analizar los efectos perniciosos de un afán de lucro tras la realidad del aborto, el PSOE, y el Gobierno socialista, han hecho suyas las demandas de las clínicas de abortos que piden "aborto voluntario, gratuito y de calidad en todo el territorio", hasta las 24 semanas de gestación. Durante este año, tanto el ministro de Justicia, Mariano Fdez. Bermejo, como el de Sanidad, Bernat Soria, se reunieron con representantes de todas las clínicas autorizadas en España (17 de enero). El 4 de septiembre, la ministra de Igualdad, Bibia Aído, y volvió a presentar entre los expertos que le asesorarán en la redacción de una nueva ley a la primera presidenta de ACAI, Consuelo Catalá; por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha llamado a la subcomisión parlamentaria, a dos representantes de los centros abortistas, Santiago Barambio, presidente de ACAI y a Guillermo Sánchez, de la Clínica Dátor. Ayer, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, afirmó que los datos de 2007 "reafirman que es necesario una reforma de la ley vigente". Desde el PP, Sandra Moneo denunció que el Gobierno utiliza las últimas cifras conocidas para reformar la actual legislación en materia de aborto, "una modificación que va a incrementar considerablemente el número de interrupciones del embarazo". La voz de las víctimas En la subcomisión, la perspectiva de las víctimas del aborto, la aportó Esperanza Puente, que compareció a propuesta del PP. Puente relató su testimonio de un aborto provocado hace 13 años "en la más absoluta soledad e indefensión", informa Ep. La compareciente relató que a ella "nadie le contó nada" y que cuando terminaron de hacerle la intervención vio su "hijo de tres meses cortado en pedazos". "Las mujeres no nos embarazamos de perritos, ni de lechugas, ni de patatas. Nos embarazamos de hijos y perdemos hijos. Que no digan que no pasa nada por abortar porque no es verdad. Que los poderes públicos se impliquen, porque las mujeres no queremos abortar", enfatizó. JMDAM 291251 1 0 1