La Zona Mileurista

Cuando se habla de pactar acuerdos para asegurar el futuro de las pensiones, siempre se aprovecha para intentar recortar derechos laborales.

Augurar una quiebra del fondo destinado a las pensiones de la Seguridad Social, es la amenaza más utilizada para atemorizar a los trabajadores que ven con temor una posible perdida de bienestar los últimos días de vida y, no conciben que después de tantos años de cotización no reciban una justa recompensa.

El futuro hay que prepararlo en la época de bonanza y no bajo la sombra amenazante de la recesión y el paro. Si las ganancias son abundantes nadie se acuerda de los salarios y las jubilaciones. Cuando todo va bien y, se acumulan beneficios no es prioritario pactar salarios y pensiones. Siempre se deja esa tarea para después. ¿Y que llega después?

Se acaba el ciclo de enormes ganancias y vienen los discursos de; flexibilidad laboral, (despido libre) moderación salarial para contener la inflación. Esta comprobado que no hay nada más inflacionista que la especulación y el petróleo, pero siempre la culpa recae en los salarios de los trabajadores.

Tampoco se debate reformar el modelo de negocio financiero. Implicar a los sectores económicos, las entidades bancarias y la administración para contribuir a reactivar la economía, al mismo tiempo luchar contra la especulación que desestabiliza los mercados internacionales y la economía mundial.

La palabra crisis es muy recurrente, esta presente en todas las conversaciones donde la consecuencia inmediata son recortes en las políticas sociales y despidos indiscriminados de trabajadores. Al mismo tiempo que se toman medidas para salvar los negocios de los enriquecidos, aplicando el “socialismo para ricos”.

El ministro Corbacho quiere acabar con las prejubilaciones, de las que tanto han abusado y beneficiado las grandes empresas (incluso públicas) para reducir sus plantillas a cargo del erario público, es decir, del bolsillo de todos. Es comprensible que se quiera cerrar el grifo de las prejubilaciones por el abuso a la hora de despedir empleados, pensando siempre en los beneficios privados y olvidando el interés general.

Sin embargo esta decisión podría ser discriminatoria para los afectados por la actual crisis. El imparable anuncio, por parte de las empresas de; despidos y reducción de plantillas llevara a una situación muy difícil a un sector de trabajadores, con gran experiencia profesional pero, de edad avanzada para competir en el mercado laboral.

El agravio es significativo, para los trabajadores con más de 40 años de cotización a la Seguridad Social, pero que no llegan a la edad legal de jubilación, la cual, a diferencia de su antecesor, Corbacho quiere mantener a los 65 años.

Jesús Caldera, quería favorecer con incentivos la jubilación a los 70. En España, la edad media de jubilación real oscila entre 62 y 63 años. En el Reino Unido, esa media se sitúa en 57 años, y en Alemania y Francia, en 59. Los trabajadores españoles son de los que más tardan en jubilarse.

Para garantizar el futuro del sistema de pensiones, habría que buscar alternativas a las jubilaciones anticipadas. Este colectivo sufre un fuerte recorte de sus prestaciones por haber sido forzado a abandonar su puesto de trabajo antes de cumplir los 65 años.

Si fuera inevitable la jubilación anticipada, en todo caso la aportación de los años cotizados se debería tener en cuenta de forma más justa. El porcentaje para el cobro de la pensión a percibir, no se calcula en función de lo cotizado durante toda la vida laboral, provocando un desequilibrio de proporcionalidad entre las retribuciones y los años de trabajo.

No es equitativo beneficiar por igual a quien ha cotizado por debajo de lo exigido y, penalizar a quien lo ha hecho 45 años, o más, pero se jubila antes de los 65 años. Teniendo en cuenta que una persona para llegar a los 60 años, con 45 años cotizados, debe comenzar a trabajar con 15 años.

Entre 35 y 45 años cotizados un trabajador tiene sobradamente ganada por derecho; una jubilación digna. Ha aportado con su esfuerzo y solidaridad, el máximo legal a la caja de las pensiones.

Este año toca la revisión del “Pacto de Toledo” sobre las pensiones, con un saldo positivo de la Seguridad Social cercano a los 16.000 millones de euros.

Premiar a quien ha cotizado tantos años es un acto de justicia social.