81.9.198.224 2568 2009-05-07T15:55:42Z 1210726 ¿Audiencia universal? El reto de perseguir crímenes en el mundo no puede ser la tarea prioritaria del tribunal Editorial de El Paçis 07/05/2009 La Audiencia Nacional mantiene abiertas 14 causas de jurisdicción universal que afectan a ocho países. No sólo el número, sino también las dificultades para hacer valer sus resoluciones obligarían a considerar el papel de los tribunales españoles en casos que trascienden nuestras fronteras. El presidente del Consejo General del Poder Judicial ha solicitado una reforma legal que limite los casos de jurisdicción universal, argumentando la sobrecarga de trabajo que padece la justicia en España. Es el único argumento al que no cabe apelar: ningún sistema judicial puede renunciar de entrada a perseguir delitos, contribuyendo a su impunidad. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que parece apuntar Carlos Dívar, apoyada por sectores del Ejecutivo, no tiene en cuenta que la posibilidad de invocar la jurisdicción universal no deriva sólo de la legislación interna española, sino de su aplicación en conjunción con algunas convenciones internacionales, como la de la tortura. La proliferación de causas de jurisdicción universal en los tribunales españoles no sería, así, el resultado inevitable de una deficiencia -o de una ventaja, según se mire- de las leyes internas y de los tratados internacionales, sino de una concreta interpretación que empezó a desarrollarse desde el caso Pinochet. Los beneficios de esa interpretación son evidentes: ha obligado a hacer justicia en casos que parecían perdidos para las víctimas. Pero conviene prestar atención a sus dificultades: el poder judicial español, y en particular la Audiencia Nacional, parece estar perdiendo su condición de poder del Estado para convertirse en el brazo ejecutor de la justicia material en cualquier lugar del mundo. Intervenciones de la Audiencia Nacional como la que afecta a ciudadanos españoles torturados en Guantánamo han hecho perder de vista que es obligación del Estado apoyar a esos ciudadanos, a través de mecanismos consulares, para que presenten su demanda donde corresponde en primer término, que son los tribunales estadounidenses. Sólo si esa vía quedase judicialmente cerrada, que es algo distinto de que el presidente Obama pretenda desde el Ejecutivo evitar esos juicios, tendría sentido que intervinieran los tribunales españoles. Y cuando se trata de países en los que la justicia no es independiente, la intervención de la Audiencia puede ocultar que, una vez más, es el Ejecutivo el que está obligado a responder de la seguridad de sus nacionales en su trato con terceros Estados. Si incumple esa obligación puede haber una actuación de la justicia española, no ya contra el Estado extranjero, sino contra el propio Ejecutivo. El fundamento de la jurisdicción universal cuando no hay españoles entre las víctimas presenta otros problemas. Si no se acepta, se podría contribuir a la impunidad. Pero si se acepta, se estaría implícitamente admitiendo que la legitimidad de los tribunales españoles deriva de la justicia material, no de la Constitución de 1978 que los estableció como poder del Estado. Copiando 319096 1 0 1 81.9.198.224 2568 2009-05-08T15:13:53Z 1212791 La Audiencia Internacional Marcello, Estrella Digital, 8/5/09 El espectáculo permanente de los jueces estrella de la Audiencia Nacional empieza a acumular entre sus actuaciones casos ajenos a nuestro país, a la vez que se apilan en el olvido los sumarios españoles, lo que merecería una reforma de la legislación española y una actuación más contundente de la Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial para evitar estos nuevos espectáculos. Los que, por otro lado, pueden provocar graves problemas en las relaciones diplomáticas, políticas y económicas de España con otros países. Así, en los últimos días hemos visto que se han admitido a trámite en la Audiencia Nacional denuncias contra las torturas de Guantánamo, que pueden afectar a ex ministros del Gobierno de Estados Unidos, o contra ex ministros del Gobierno de Israel por un ataque a palestinos, o contra el Gobierno de China por la represión en el Tíbet. Y, por si algo faltara, ahí está el caso vigente de los piratas somalíes que serán juzgados en nuestro país. Los abusos de derechos humanos de muchos dirigentes políticos de otros países no pueden ni deben de ser abordados por la Justicia española -para eso están los tribunales internacionales-, salvo que se quiera poner en marcha un demencial dispositivo para denunciar a más de cien naciones, utilizando la infraestructura y el presupuesto de esta corte especial y, por supuesto, bloqueando los sumarios y actuaciones que afectan e interesan a los españoles, lo que nos llevaría a una situación de bloqueo y demencial, empeorando, hasta límites insospechados, el caos que ya impera en la justicia española. Todo empezó con el espectáculo montado por Garzón contra el dictador chileno Pinochet, y ahora es Garzón quien va a por Guantánamo y contra el Gobierno de Bush, mientras otro juez va a por el Gobierno de China o por el de Israel, como podrían ir contra el de Arabia Saudí o Irán por motivos similares, o contra Cuba, Rusia, Venezuela, etcétera, y así hasta más de cien países. Y, como nadie es perfecto, si seguimos por ese demencial camino alguien habrá en otro país que presente demandas contra España o contra el Vaticano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los jueces estrella de la Audiencia Nacional se dedican a perseguir a todas las dictaduras que venden petróleo a España, o que importan productos españoles, como nuestros vecinos Libia, Argelia o Marruecos? Además, el juego que empieza contra los llamados regímenes de derechas se puede volver del revés porque las dictaduras de izquierdas no le tienen mucho que envidiar a sus antagonistas. O sea, otro disparate más en nuestra España en crisis económica y en crisis judicial, para que los jueces estrella se luzcan en la escena internacional. ¿Cómo y quién frena todo esto? Pues es de esperar que el nuevo ministro de Justicia, el fiscal general del Estado, el Parlamento -con una precisa reforma judicial- y el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuándo? Pues cuanto antes para evitar que nos estalle en las manos un conflicto internacional. Copiando 319096 1 0 1