83.36.36.22 2568 2009-08-14T17:06:18Z 1487670 Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas. El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta. EN ALBACETE: Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de “pelotazo urbanístico”. Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo. EN ALICANTE: Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) EN ALMERÍA Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos. Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE. EN ÁVILA: La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE. EN GRANADA: Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad. EN HUELVA: El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto. Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica. EN MADRID: Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza. EN MÁLAGA: Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas. EN MURCIA: Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico. En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor EN SEVILLA: Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran. Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) EN TOLEDO Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco ‘el Pocero’). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por ‘el Pocero’. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de ‘el Pocero’. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó ‘el Pocero’. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de ‘Paco el Pocero’: un polígono industrial de 1,2 millones de metros. EN VALENCIA: Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde. EN VALLADOLID: Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción. Cabanas (La Coruña) La alcaldesa, Modesata Anca (PSOE), ha sido condenada a ocho años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por la construcción ilegal de 13 chalés en una zona costera. El aparejador municipal, José Juan Rivera, relacionado con una de las constructoras, también ha sido inhabilitado. Pontedeume (La Coruña) El alcalde, Belarmino Freire (PSDEG-PSOE), y el arquitecto municipal están imputados por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, por conceder una licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en una zona costera protegida. Porto do Son (La Coruña) El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Váquez García (PSOE), es investigado por la compra de cuatro fincas rústicas en Montoño que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) contempla como urbanizables. Llanes La alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo (PSOE), la concejala de Urbanismo, Ester Bustillo, dos arquitectos municipales y una promotora fueron imputados en un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio, en relación con el derribo del Rompeolas, un edificio protegido. Finalmente, el Juzgado Nº 1 de Llanes archivo la causa al considerar que no existían indicios suficientes para continuar con la investigación. La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) denuncia desde hace años la recalificación de grandes bolsas de suelo en el litoral asturiano y rechaza el modelo de urbanismo que plantea el plan general del concejo. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) Navia El concejal Juan Pablo Unibaso (PSOE) presentó su dimisión tras saberse que hizo de intermediario en una operación de venta de terrenos en la localidad de Puerto de Vega, por lo que percibiría, junto a otra compañera de partido (María Sonia Pérez, que dimitió hace un par de meses) alrededor de 72.000 euros. Els Alamús (Lleida) El alcalde, Josep Maria Beà (PSOE), es investigado por la concesión de dos licencias presuntamente ilegales para la segregación de parcelas en el municipio. La Muela (Zaragoza) El Gobierno de Aragón (PSOE) ha presentado un recurso contra la recalificación de terreno en el municipio que rige José Antonio Fabón (PAR) para levantar más de 2.000 nuevas viviendas en la urbanización Ciudad Zaragoza Golf. Hellín (Albacete) El plan de construcción de 'Las Higuericas', 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, en una de las zonas españolas con mayores problemas de agua ha sacado a la luz una presunta trama de sobornos y maletines en este municipio que gobierna el PSOE. Además, los ecologistas denuncian que el terreno es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Catral (Alicante) La juez ha imputado al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal (PSOE), y cuatro promotores por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En octubre de 2006, la Generalitat valenciana retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento por la proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido. Hay más de 1.250 casas ilegales, muchas de ellas en pleno Parque Natural de El Hondo. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Urbanismo denunció que familiares del alcalde aparecen como promotores de viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Albatera (Alicante) El promotor José Rodríguez Murcia fue procesado en 2005 por la construcción de 20 chalés y un campo de golf sin licencia. El alcalde, Francisco García Gelardo (PSOE), siempre ha negado cualquier connivencia con el promotor, aunque Rodríguez asegura que existía un convenio urbanístico con el Ayuntamiento. Elda (Alicante) Polémica ha sido la adjudicación del ayuntamiento gobernado por Juan Pascual Azorín Soriano (ex presidente del PSOE valenciano) para la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas. Según Esquerra Unida, tras el proyecto hay un presunto pelotazo de 20 millones de euros. El promotor, Francisco Gómez, es el mismo que proyecta la 'Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) Zarra (Valencia) El alcalde, Juan José Rubio (PSOE), y tres concejales de su partido han sido denunciados por presunta prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles realizadas por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, S.L. y por la Mercantil Telyzan, S.L. El partido ha decidido la suspensión cautelar de militancia del alcalde y los tres concejales mientras se resuelve el caso. En Sueca (PSOE), la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera ha llegado a los tribunales (Salvador Marín, secretario general del PSPV, fue condenado en abril de 2005 a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque). Los Alcázares El alcalde, Juan Escudero (PSOE), dimitió en septiembre de 2006 tras conocerse las inversiones de dinero negro de Juan Antonio Roca (principal imputado en la 'operación Malaya' marbellí) en este municipio. La Fiscalía investiga un convenio urbanístico de 2001 por el que una de las empresas intervenidas en la 'operación Malaya' pagó 630.000 euros para financiar el nuevo Ayuntamiento a cambio de la recalificación de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo, donde Roca levantó un hotel con 300 plazas de parking. También se investiga la relación de Inmaculada Camacho Escudero, familiar del ex alcalde y cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, con la trama de Roca. Lorca Nueve convenios urbanísticos para la construcción de 35.000 casas provocaron la dimisión, en julio de 2006, del alcalde, Miguel Navarro (PSOE), enfrentado con la dirección regional de su partido por este desarrollo urbanístico desmesurado. La Unión Este Ayuntamiento (PSOE) ha sido denunciado por IU por presunto trato de favor y prevaricación en la firma de un convenio urbanístico con la constructora Peinsa para restaurar la casa del Piñón (considerado un Bien de Interés Cultural) a cambio de la recalificación de 450.000 metros cuadrados de suelo rústico. Estepona El regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables. Burguillos El primer edil, José Juan López (PSOE), su primo y dos conejales son investigados también por la compra de terrenos antes de su recalificación. Guillena Justo Padilla, alcalde del PSOE, está imputado por la construcción de 21 naves en un espacio reservado a zona verde junto al polígono El Cerro. Carboneras El primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), inhabilitado por el TS para un periodo de seis meses por un delito electoral (coacción de voto), está demás imputado por seis supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel 'El Algarrobico', en el Parque Natural del Cabo de Gata. Además, las obras de construcción de este hotel, sobre suelo no urbanizable, fueron paralizadas en febrero de 2006 y en mayo se anunció su derribo. Una vez finalizado el periodo de inhabilitación, Cristobal Fernández dimitió, junto a su hermana, al ser condenado. Garrucha El Ayuntamiento que rige Andrés Segura (PSOE) firmó un convenio con Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández para legalizar 28 viviendas ilegales a cambio de 2,6 millones de euros. El PP denuncia que la promotora pagó más dinero que el recogido en el convenio. Níjar El alcalde, Joaquín García (PSOE), ha permitido construir cuatro veces más de lo permitido en el Parque Natural de Gata. Ecologistas en Acción le ha denunciado por regalar al ex concejal José Cayuela Carrique, actualmente constructor, un solar en Agua Amarga para la construcción de una urbanización privada. Torredelcampo La Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellas al alcalde, Blas Sabalete (PSOE), por la construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona de El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el regidor. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) Fuente Palmera (Córdoba) El ex alcalde Antonio Guisado (PSOE) está imputado por un presunto delito urbanístico en relación con la venta de más de 21.000 metros cuadrados de suelo verde para construir viviendas. La ex concejala de Urbanismo Maribel Ostos y el ex secretario municipal Carmelo Tubío también están imputados. Bornos Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos. Jerez Se investigan los presuntos pagos en dinero negro por el PSOE (entre 12.000 y 50.000 euros) que una promotora exigía en el proceso de venta de viviendas de protección oficial por unas terrazas que en las escrituras figuran como zonas comunes y de uso colectivo. Los afectados también han denunciado que ofreciendo dinero había mayores facilidades en el proceso de adjudicación. San Roque El Albarracín también está experimentando un urbanismo desmedido, según asociaciones de vecinos y ecologistas. La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales. Tarifa Se investigan presuntas irregularidades del alcalde de este municipio, Miguel Manella (PSOE), en el proceso de adjudicación y construcción de un complejo comercial en el Castillo de Santa Catalina. (CORRUPCIÓN EN EL PSOE) Jimena de la Frontera El primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados. Zahara de la Sierra El ex alcalde Juan maría Nieto (PSOE) está acusado por la concesión de licencias urbanísticas para construir en zonas protegidas. Sanlúcar de Barrameda y Chipiona Los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona (Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero) han sido condenados e inhabilitados por intentar sobornar en 1999 a un edil del PP (Manuel Ramírez) con 50 millones de pesetas para que no prosperara la moción de censura contra el entonces alcalde, Cuevas. Un ex dirigente del PSOE local y tres empresarios estaban también implicados en el denominado 'caso Sanlúcar'. Chiclana Ecologistas asseguran que hay 8.000 viviendas ielgales. IU denuncia la falta de transparencia y oscurantismo del PSOE en esta localidad, al no informar de las seis sentencias que existen para la anulación del plan de urbanismo, que prevé construir 40.000 nuevas viviendas. Bornos Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos. Grazalema 'Operación Pinsapar': El ex arquitecto municipal, Juan Prieto (PSOE), está en libertad con cargos por presunto delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Varios constructores le han acusado de cobrar comisiones y se le relaciona también con una construcción ilegal que obligó a desviar el cauce del Guadalete. Armilla El concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió de su cargo en octubre de 2006 ante las acusaciones del presunto origen fraudulento de su patrimonio, varios pisos y un solar valorados en un millón de euros, que él ha justificado asegurando que le tocó la lotería en la Navidad de 1997. Se investigan además presuntas irregularidades en la licencia —impugnada por la Junta— que concedió el Ayuntamiento al empresario Tomás Olivo (implicado en la 'operación Malaya') para la construcción del centro comercial Nevada. El alcalde, José Antonio Morales Cara (PSOE), que no optará a la reelección en 2007, ha sido denunciado junto a un ex concejal y al promotor Olivo por un delito de prevaricación. Aldea del Fresno El alcalde, José Luis Tello (PSOE), compró en marzo de 2006 unos terrenos rústicos por 180.304 euros y, tras dotarlos de canalización para agua y electricidad, los vendió a una inmobiliaria por 1,5 millones de euros. En sólo tres meses, Tello logró una plusvalía de 1,3 millones de euros. Un juez ha retirado las competencias urbanísticas al edil por la concesión de licencias de obras a pesar de existir informes desfavorables y su partido le ha suspendido de militancia. Getafe El ex concejal y ex diputado socialista Jesús Neira es uno de los principales gestores de suelo en la zona. Se le relaciona con una futura recalificación en Perales del Río, con la que supuestamente iba a cobrar una comisión del 8% por hacer de intermediario entre el Ayuntamiento y los actuales propietarios. Además, los también ex ediles del PSOE José Luis Ribas Cabezuelo, Antonio Alonso y Francisco Hita tienen intereses comunes con Neira en distintas sociedades inmobiliarias del sur de Madrid. Miraflores de la Sierra Una constructora se ha querellado contra el alcalde, Francisco José Esteban (PSOE), por presunta prevaricación, malversación, falsedad documental y estafa en una operación urbanística. Además, La plataforma vecinal SOS Miraflores ha denunciado el proyecto de construcción de 98 nuevas viviendas en la zona de El Tomillar, muy cerca de un barranco, así como presuntas irregularidades del Ayuntamiento en los proyectos urbanísticos de Prado de la Virgen, Las Vitaminas y Peñalá. Candeleda (Ávila) La Junta (PP) ha retirado a este Ayuntamiento (PSOE) las competencias de urbanismo en el caso de una promoción de cien chalés en el Plan Parcial de la Zona Norte del Camino de La Raya, aprobado por el anterior gobierno municipal del PP. El actual alcalde, Miguel Hernández, niega el retraso, aunque reconoce no estar de acuerdo con este proyecto urbanístico en la Sierra de Gredos por su gran impacto visual, paisajístico y medioambiental. SI QUIEREN UN PELOTAZO URBANÍSTICO EN SU LOCALIDAD, NO SE OLVIDEN DE LLAMAR AL PSOE, ES EXPERTO EN ESTE TIPO DE ASUNTOS Y TROPELÍAS. Te pica el guachers 362679 1 0 1