DIARIO DE UNA PERIODISTA EN PARO

Cada día lucho para escaparle a los asuntos económicos, porque además puedo asegurar que hay otros muchos que requieren ser comentados, pero la situación de Bankia y cuanto está relacionada con ella lo hace muy difícil. Lo que concierne a esta entidad parece la sombra de un pajarraco siniestro sobrevolando nuestras vidas más que un mero asunto económico.

Y es que, aparte de que el Gobierno –del PP, of course- no parece tener claro cómo solucionar la cuestión de darle a esa entidad los diecinueve mil millones de euros que reclama su presidente, José Goirigolzarri, este, ni corto ni perezoso, se ha descolgado con una declaración en la que sostiene que dicha entidad no va a devolver un euro de lo que reciba –procedente de nuestros bolsillos, por si lo habían olvidado-, ya que ‘la obligación de una compañía cuando recibe capital no es devolverlo, sino ser capaz de generar valor y ofrecer rentabilidad a esa aportación’.

Lo que hace sospechar que, cuando esa entidad genere el valor al que se refiere Goirigolzarri y esté en condiciones de ofrecer ‘rentabilidad a la aportación’, dicha rentabilidad se la ofrecerá a sus accionistas, mientras que los paganos de la historia, ustedes y yo, nos quedaremos con cara de imbéciles, viendo como media docena de personas, o doscientas, se hacen de oro gracias al dinero de Educación, Sanidad y Prestaciones Sociales, que justo se va a desviar de estas cuestiones que juzgamos esenciales e imprescindibles, porque atañen a personas en edad escolar, enfermas, paradas o ancianas, para inyectárselo a entidades que gestionaron su dinero a saber cómo. La cuestión es que ese cómo es un arcano que no parece querer desvelar nadie, menos, exigir responsabilidades a quienes trabajaban con métodos que condujeron a esas ruinas.

Una se pregunta hasta cuándo la sociedad va a soportar estos latrocinios sin reaccionar y decir ¡BASTA! Dice el presidente del Gobierno –del PP, of course-, Mariano Raxoi que ‘no se puede dejar caer un banco’. Hay que preguntarle por qué razón o motivo, aunque argumentar nunca haya sido lo suyo y tampoco de su partido en general, no se puede. Porque en Islandia los dejaron caer y el país ya está creciendo a buen ritmo, con una tasa de paro insignificante, que de su prima de riesgo ni se habla.

Más que sorprender, espanta la indiferencia de una ciudadanía dispuesta a dejarse atracar por unos gestores, como mínimo inútiles, aunque muchos sospechemos que, detrás de esa aparente inutilidad, hubo y sigue habiendo mucho más, maniobras para enriquecer y favorecer a amigos y afines, seguros de que un gobierno complaciente y una ciudadanía inerme a fuerza de pasividad iban a proveer cuanto dinero precisaran al estallar la burbuja de su ineficacia y de sus trampas.

Si la ciudadanía de este país de países no estuviera adormecida o, mejor, atrofiada, a estas horas los ciudadanos de todos los territorios que lo conforman estaríamos en las puertas del Palacio de la Moncloa bien pertrechados de cacerolas y atronando el complejo presidencial, para que el señor Raxoi, don Mariano, escuchara el clamor de un pueblo que se niega a ser atracado por un banco surgido de la fusión de cajas de ahorro al servicio de políticos del PP: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Pero hay más aun respecto a la gestión del drama de Bankia. Drama para los ciudadanos, que fuimos despojados de derechos que se canjearon por dinero contante y sonante para entregar a un banco en quiebra. Y es que, aparte de los miles de millones de euros que nos va a costar a todos los españolitos el asunto, el Gobierno –del PP, of course- se niega a que los directivos presentes y pasados de esa entidad vayan al Congreso a dar explicaciones de qué hicieron para que esa entidad llegara al despropósito al que llegó.

La reiterada negativa a que el Congreso de los Diputados y el Parlamento madrileño investiguen qué ha sucedido, incluso el que Gobierno –del PP, of course- rechace la posibilidad de que acudan a dar explicaciones en la Comisión de Economía antiguos directivos, como Rato, Blesa, Olivas y el propio Goirigolzarri, da que pensar, pero mucho más que mal pensar.

Todas esas entidades fueron dirigidas por señores colocados por el PP, entidades que además estuvieron al servicio de comunidades gobernadas por el PP, de entre las cuales una de ellas, la valenciana, fue paradigma de dilapidación de dinero público y de ominosos negocios del ladrillo financiados por Bancaja y la CAM a los amigos del PP. Debe de ser esa la razón, nada razonable y mucho menos, honesta, por la que el Gobierno –del PP, of course- se niega a que los directivos de esas entidades comparezcan donde deben para dar cuantas explicaciones se les pidan.

Sorprende la terca negativa del Gobierno –del PP, of course- a que los gestores de ese banco, al que habría que dejar quebrar, den cuenta de su gestión. Y sorprende aun más saber que, pese a todos los indicios de irregularidades, el Fiscal General del Estado sigue mirando para otro lado, pese a la larga relación delitos posibles que se han cometido en Bankia.

No lo digo yo. Miren qué escribía ayer en el diario El País Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, en uno de los párrafos de su artículo Responsabilidades por Bankia: “En su mayoría estas infracciones integrarían diversos delitos contables o de falsificación de balances con penas para cada uno de hasta cuatro años y seis meses y multas de hasta 18 meses (216.000 euros). Podrían aparecer otras falsedades con hasta tres años de prisión y multa de hasta 144.000 euros; también pudieran apreciarse en la captación de capital para la salida a Bolsa posibles estafas muy agravadas por razón del perjuicio y de la esencialidad de los bienes en juego (se trata de un banco sistémico), que comportan penas de hasta ocho años de prisión y 288.000 euros de multa”.

En este terreno -continuaba- quizá pudiera entrar en juego el novedoso delito de fraude de emisiones con penas de hasta seis años de cárcel y multas análogas. Tampoco habría que pasar por alto ni la administración desleal o apropiación indebida de cara a los depositantes de cualquier clase —con penas análogas a la de la estafa— o el uso de información privilegiada, con penas más leves que las mencionadas. Todo ello sin dejar de lado, pues son independientes de las hipotéticas manipulaciones por la gestión financiera, los delitos de administración fraudulenta por las remuneraciones, indemnizaciones y demás modalidades de autocontratación que secan la liquidez de las entidades cuando se hacen efectivas. Los castigos precedentes comportan la inhabilitación para el ejercicio de la actividad mercantil.”

Con todos los indicios que enumera el catedrático de Derecho Penal, con todo lo que nos han arrebatado en prestaciones sociales a los ciudadanos por el asunto de la crisis o, mejor, aprovechando la cantinela sobre ella, no se puede entender que, si no había dinero, como dijo Raxoi, para Sanidad y Educación, lo haya ahora para un banco gestionado por ineptos o presuntos delincuentes. No se entiende por qué no ha de dejársele quebrar y tampoco a qué se debe ese empecinamiento en que no se den explicaciones. Pero mucho menos se entiende que la ciudadanía permanezca callada y como si no fuera con ella tanto disparate, tanta injusticia y tanto robo.