Luís de Cairo

El registro tiene relación con la gestión del ex arquitecto municipal, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su suegra los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento

Agentes de la Guardia Civil registran este mediodía la sede del Ayuntamiento ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia por un presunto caso de corrupción urbanística. El registro tiene relación con la gestión del ex arquitecto municipal Antoni Huertas, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su suegra los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento, entre ellos los de varias urbanizaciones, según las mismas fuentes.

Huertas fue el arquitecto del consistorio con el anterior equipo de gobierno del PP, que tras las elecciones municipales del pasado año perdió la alcaldía de la ciudad, que ahora ostenta el PSOE.

Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecológica la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.

No fue hasta un año después, en diciembre de 2006, cuando el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aceptó la renuncia del arquitecto municipal imputado entonces por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Balears.

En este sentido, el ex alcalde remarcó haber conocido a través de la prensa que el técnico aparecía en un vídeo donde se demostraba que compatibilizaba -si bien no estaba permitido- su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular.

En la actualidad el arquitecto se encuentra imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares. El Colegio se personó como acusación particular contra el técnico municipal por una posible incompatibilidad de su cargo público con la actividad privada en varios proyectos en Cala Molí y Cala Carbó.