La bronca de Rajoy no asusta a nadie

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1 La bronca de Rajoy no asusta a nadie

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1 Nosotros somos el cuarto poder

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4039 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CPROPIE%7E1%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype><style>  </style> La dimisión del ministro Bermejo es una buena noticia para los progresistas españoles. Prueba que el nivel de exigencia ética y estética en este campo es muy superior al existente en el campo conservador. Desde Canarias (Jerónimo Saavedra) a Euskadi (Patxi López), numerosos líderes socialistas habían expresado en público su desagrado por la inconveniente coincidencia de Bermejo con Garzón en una cacería, por el hecho de que el ministro actuara en Andalucía sin licencia y, en general, por su aficiones cinegéticas. Y eso por no hablar de los ministros que lo habían hecho en privado o incluso de la ostentosa actitud de malestar con Bermejo manifestada en sede parlamentaria por el mismísimo presidente Zapatero.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Lo mismo cabe decir de los periodistas y los medios de comunicación progresistas. En El País, Público, <st1:personname productid="la SER" w:st="on">la SER</st1:personname>, El Plural, Cuatro y otros lugares, numerosos columnistas y tertulianos progresistas llevábamos días poniendo a caldo a Bermejo.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El principal mérito de Bermejo en el Gobierno de Zapatero era el no compartir la actitud blandengue y amedrentada ante la derecha de tantos de sus componentes. Pero también era evidente que como gestor de conflictos era una nulidad... y lo de la cacería, desde luego, era impresentable.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Bueno, ahora que el PP ya no tiene el pretexto Bermejo, ¿empezará la limpieza en su propia casa, rebosante de mierda por numerosos casos de espionaje, corrupción y lucha fraticida por el poder? ¿Dimitirán los presidentes de las comunidades de Madrid y Valencia y/o sus consejeros presuntamente implicados en esos asuntos? Ah, no, de eso nada. Podemos estar seguros. En el PP no dimite nadie. Peor aún, la mayoría de los votantes de la derecha no piden a los suyos que dimitan, les toleran todo, corrupciones incluidas, con tal de que se les llene la boca de ¡España, España, España!<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ¿Dimitió Trillo, el hoy Torquemada de Bermejo, por lo del Yakolev? No, hombre, por supuesto que no, no nos hagas reír. En el campo conservador, sigue funcionando aquello de prietas las filas, recias marciales, nuestras escuadras van…<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Javier Valenzuela es periodista y escritor. Ha sido corresponsal de El País en Beirut, Rabat, París y Washington y director adjunto de ese periódico, y Director General de Información Internacional de <st1:personname productid="la Presidencia" w:st="on">la Presidencia</st1:personname> del Gobierno entre 2004 y 2006 Escrito por Javier Valenzuela para El Plural. <o:p></o:p>

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1 ¿Dimitirán tras Bermejo los gobernantes del PP relacionados con escándalos?

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4039 Sin más pruebas que un amplio y variopinto haz de conjeturas, o especulaciones, acerca de la coincidencia en una montería del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y del magistrado de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Audiencia Nacional">la Audiencia Nacional</st1:PersonName>, Baltasar Garzón, el tribunal popular [el adjetivo encaja aquí como anillo al dedo] sentenció que ambos habían incurrido en tremendos e inconfesables violaciones de la legalidad vigente. Ello fue adecuadamente acompañado de historias lesivas para la honorabilidad del hasta ayer ministro, que han sido dadas por buenas con una naturalidad pasmosa, sin que se haya comprobada la veracidad del relato mundialista. De confirmarse habría que proceder, desde luego, con total severidad en relación al ya ex ministro.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Pero como Bermejo se ha especializado –por desgracia para él y para el Gobierno del que formaba parte- en alguna que otra metedura de pata sobresaliente y no ha sabido hacer frente con el adecuado tino a las protestas y actuaciones huelguísticas de los togados, el PP ha movilizado estos días toda su artillería pesada y ha conseguido el objetivo. Literalmente, podría decirse aquello del “cazador, cazado”. No es verdad, sin embargo, que Bermejo no hubiera presentado su renuncia, la semana pasada, en dos o tres ocasiones, al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien no se la habría aceptado. Y sí da la impresión que es cierto el hecho de que ayer por la mañana -cuando se trasladó a <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Moncloa">la Moncloa</st1:PersonName> para transmitir su determinación de abandonar el Gobierno- las cartas estaban ya echadas. Probablemente, la declaración de Patxi López afirmando que “la cacería de Bermejo con Garzón no ha gustado a ningún socialista” acabó de precipitar la dimisión del ministro.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> La bruja, hermosa<o:p></o:p> Fuere como fuere, todo esto –convenientemente contextuado- parece un verso suelto de El mundo al revés, aquel delicioso e irónico poema del siempre añorado José Agustín Goytisolo, fallecido hace diez años. Mientras que políticos y periodistas de la derecha se han esforzado en diabolizar hasta el paroxismo a Bermejo, con el fin inequívoco de diluir al máximo los escándalos de corrupción, hacer olvidar el affaire de los espías aguirristas y restar credibilidad a ciertos dossiers, lo cierto es que desde la izquierda no se ha sido capaz de mantener con firmeza el rumbo. El error de Bermejo, no obstante, ha sido paliado mediante un gesto que le honra. El de marcharse del escenario con dignidad. De modo que, en efecto, ha habido momentos recientes en los cuales el lobito parecía bueno y las ovejas lo maltrataban; la bruja parecía hermosa y el príncipe, malo, y ciertamente el pirata resultaba honrado.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Acto de autocrítica<o:p></o:p> Habrá que decir de inmediato que el PSOE e IU tienen la obligación moral de -mirando a los ojos de Mariano Rajoy y su comparsa- proclamar con rotundidad que ¡hasta aquí hemos llegado! Bermejo ha protagonizado un acto de autocrítica que merece no el desdén y menos el insulto o la vejación, sino el respeto. Zapatero, por otra parte, ha roto una tradición política –compartida por tirios y troyanos, en España y en Sebastopol-, según la cual nunca ha de concederse al partido adversario la cabeza de nadie que se encuentre asediado por los opositores. Y ello menos aún con elecciones tan relevantes como las de Galicia y Euskadi, a la vuelta de la esquina. El listón de las dimisiones lo ha dejado muy alto Zapatero gracias a uno de sus quiebros inesperados, orientados a romper la cintura del contrario y marcar gol.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Cuestión nimia<o:p></o:p> Si Bermejo ha caído por una cuestión nimia de forma y no de fondo, como así es, Rajoy tendría que destituir con urgencia o echar del partido a un batallón de presuntos facinerosos, que se han llevado el dinero crudo, que van de cazo en cazo y a vivir que son dos días. El Rajoy que alabó -con amable sonrisa y guiñando el ojo a Esperanza Aguirre- la decisión de ésta de poner en marcha <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Comisión">la Comisión</st1:PersonName> de Investigación Parlamentaria del Espionaje, se ha vuelto al respecto mudo. Lo que está ocurriendo con esa Comisión no es un cachondeo; es un escarnio, una burla, una forma perversa de mofarse de la transparencia democrática.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Comisión">La Comisión</st1:PersonName> del espionaje<o:p></o:p> Tres semanas después de haberse constituido esa Comisión –cuyo presidente se quitó de en medio por presuntas corrupciones-, aún no se ha puesto en marcha. Rajoy se ha pasado los últimos días ejerciendo de bufón con su tic-tac sobre la dimisión de Bermejo. Sin embargo, Rajoy, desde Galicia, asiste inmutable a la pantomima de una Comisión que busca únicamente tapar las vergüenzas del estado mayor de Aguirre. Ya sucedió algo similar con <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Comisión">la Comisión</st1:PersonName> del tamayazo, presidida –a la medida de los intereses del PP- por Francisco Granados, en la actualidad vicepresidente del Gobierno Aguirre, acorralado por indicios racionales de un prodigioso enriquecimiento difícilmente explicable.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Don Mariano tic-tac<o:p></o:p> Como le pasa a González, el otro valido de la lideresa. Rajoy no hace nada. Se encoge de hombros. El pacto entre los presuntos implicados es diáfano: no nos conviene que alguien tire de la manta. Con Rajoy, todos tranquilos. ¿O no fue él quien dijo, tras el Congreso de Valencia, que Carlos Fabra es “un ciudadano y un político ejemplar”? En efecto, todos tranquilos, don Mariano tic-tac.<o:p></o:p> Por Eric Sopeña para El Plural

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1 Tras la renuncia de Bermejo, es urgente que Rajoy destituya a un batallón de presuntos facinerosos de verdad

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4039 El Partido Popular (PP) considera la asignatura de Educación para <st1:personname productid="la Ciudadanía" w:st="on">la Ciudadanía</st1:personname> "doctrinaria e ideológica", y mantiene una cruzada contra ella desde que la materia fue incluida en <st1:personname productid="la LOE" w:st="on">la LOE</st1:personname> en mayo de 2006. Aunque sólo ha contado con el respaldo del 0,8% de los alumnos, las autonomías gobernadas por el PP han intentado echar mano del ingenio para boicotearla.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> La más ocurrente ha sido <st1:personname productid="la Generalitat" w:st="on">la Generalitat</st1:personname> valenciana, que dio todo un golpe de efecto cuando en septiembre de 2007 anunció que la materia se impartiría en inglés en todos sus institutos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <st1:personname productid="La Conselleria" w:st="on">La Conselleria</st1:personname> de Educación comenzó entonces a buscar profesores capaces de dar la asignatura en ese idioma y dispuestos a hacerlo. Pero sólo encontró a 11 voluntarios, que fueron calificados de "héroes" por <st1:personname productid="la Generalitat. No" w:st="on">la Generalitat. No</st1:personname> obstante, Francisco Camps no se rindió y en septiembre de 2008 llegó la solución de urgencia: el profesor de Filosofía o Historia se encargaría de los contenidos y un docente de inglés se responsabilizaría de traducirlos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Lo curioso es que la orden incluyó la presencia simultánea de los dos profesores en el aula, lo que hizo explotar el malestar acumulado de la comunidad educativa.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> En <st1:personname productid="la Comunidad" w:st="on">la Comunidad</st1:personname> de Madrid, la consejera de Educación, Lucía Figar, aseguró en junio que no crearía un marco normativo para regular las objeciones de conciencia. Sin embargo, dos semanas antes de que arrancase el curso académico, anunció que los alumnos que objetasen realizarían tareas de voluntariado o trabajos relacionados con la materia, centrados en <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> o los Derechos Humanos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El caso a los tribunales<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Como en las otras cuatro comunidades gobernadas por el PP, en Madrid se retiraron del currículum los puntos más polémicos. El Ministerio de Educación lo llevó a los tribunales y el PSOE llegó a acusar a Esperanza Aguirre de usar a los estudiantes como "arma arrojadiza" contra el Gobierno.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Por su parte, el Ejectuivo riojano decidió que los objetores recibiesen atención educativa en sus centros. Partidario de dejar a los alumnos exentos de evaluación, el Gobierno autonómico se declaró finalmente incompetente en la materia y derivó el caso a los tribunales.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Algo parecido ocurrió con <st1:personname productid="la Consejería" w:st="on">la Consejería</st1:personname> de Educación de Murcia, donde también se anunció que los alumnos que no quisieran ir a clase serían atendidos por un profesor o en la biblioteca. No obstante, "en principio", los chicos suspenderán la asignatura, aseguraron fuentes oficiales.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Por último, Castilla y León se mostró como la comunidad gobernada por el PP menos rebelde y aseguró que cumpliría "la ley del Gobierno". Sin embargo, también eliminó algunos contenidos del programa de estudio y finalmente el Ministerio interpuso un recurso ante <st1:personname productid="la Justicia." w:st="on">la Justicia.</st1:personname><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Pese a que la educación es uno de los ejes temáticos de la oposición de Javier Arenas, presidente del PP en Andalucía, el rechazo a la polémica asignatura en las filas conservadoras no ha sido particularmente llamativo en la región.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Arenas, que ha defendido las sentencias favorables a los padres objetores, se ha limitado a un discurso crítico con la educación andaluza en general. "Más autoridad, más Inglés y más Matemáticas, y no Educación para <st1:personname productid="la Ciudadanía" w:st="on">la Ciudadanía</st1:personname>", dijo en mayo. El PP intentó en vano reprobar a la consejera de Educación por la publicación en el BOJA de los nombres de 81 niños de padres objetores.<o:p></o:p>

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1 La primera derrota del PP

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4039 La pregunta la hace Silvia Gamo a Julio Anguita para la revista Tiempo. Me da miedo cuando veo proliferar banderas republicanas sin ton ni son. La democracia puede ser tan burguesa como la dictadura, la suerte es que no nos meten en la cárcel por hablar. La República no es sólo un símbolo, ni un cambio en la Jefatura del Estado, es un proceso constituyente, donde la masa crítica asume unos valores, es laicidad, derechos humanos, austeridad, el valor de lo público. Ahí veo yo la III República, desconfío de toda operación por arriba en la que digan que hay que echar al Rey. Si no hay antes la revolución que España nunca ha tenido, que no cuenten conmigo.

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1 ¿La alternativa es para usted la República?

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4039 <img src="http://www.publico.es/resources/archivos/2008/12/7/1228679707963_EEC1B30C-FEF9-48A5-8F67-6408FF22637F_dn.jpg" id="img_0">Intelectuales, artistas, científicos y líderes de la sociedad civil apuestan por actualizar, matizar o modificar radicalmente <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> española <o:p> </o:p> <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">La Constitución</st1:personname> es como el amor. Para ser verdadero no tiene que ser eterno". Le escritora Rosa Regàs lo tiene claro: <st1:personname productid="la Carta Magna" w:st="on">la Carta Magna</st1:personname> no es una Biblia sagrada. Apenas una herramienta que sirvió para salir de la dictadura. Como ella, las personalidades más visibles de la sociedad civil intelectuales, investigadores, artistas, ecologistas, activistas abogan por el cambio. Reciclarse o morir. Retoque, maquillaje o pinceladas. Cambio ligero o radical. Pero cambio. Incluso algunos como Ricardo Iniesta galardonado el viernes con el premio Nacional de Teatro apuestan por redactar una nueva Constitución: "No representa a todos, está trasnochada y es más conservadora que <st1:personname productid="la Pepa" w:st="on">la Pepa</st1:personname> de 1812".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Adaptarse a los tiempos<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ¿Tiene vigencia una Constitución redactada en 1978? ¿Se adapta a la sociedad española del siglo XXI? La unanimidad es casi total. Y la mayoría de los consultados por Público destacan el espectacular cambio del país como principal argumento del cambio. Jesús Herrero, del movimiento vasco Gesto por <st1:personname productid="la Paz" w:st="on">la Paz</st1:personname>, considera que <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> tiene "que adaptarse al momento" y que "nunca debería ser un punto final". Para el actor Alberto San Juan el texto debería sufrir "muchos cambios para representar a <st1:personname productid="la España" w:st="on">la España</st1:personname> contemporánea". Y el escritor Harkaiz Cano, una de las promesas de las letras vascas , considera imprescindible darle un "buen meneo" a <st1:personname productid="la Carta Magna." w:st="on">la Carta Magna.</st1:personname> Felipe Benítez Reyes, uno de los poetas más consagrados del país, afirma sin titubeos que el cambio es necesario porque "<st1:personname productid="la España" w:st="on">la España</st1:personname> del 2008 es muy diferente a la de finales de los años setenta". El músico Luis Eduardo Aute no duda al pedir "las reformas oportunas, porque <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> no es inamovible".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Los más jóvenes, como Raquel Vázquez investigadora del Institut Mediterrani d`Estudis Avançats de Mallorca sienten incluso que la constitución "está absolutamente obsoleta". ¿La lista de déficits? "Larguísima. Cambiaría casi todo, la verdad", matiza Raquel Vázquez. Y es que a bote pronto, acorralados por un "qué cambiarías", la primera respuesta es casi uniforme: cambiar algo. Mucho o poco. Pero avanzar hacia un texto consensuado que se adapte a los tiempos. " Es <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> de nuestros padres, no nos representa", matiza esta joven nacida en 1979.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Consenso<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Moderación, pacto, equilibro. Las voces/rostros que empujan apuestan por el cambio sin complejos. Pero muchos insisten en la palabra "consenso". Reformas concretas, sí. Pero apoyadas en mayorías. María Matinón-Torres, la paleontóloga de Atapuerca que descubrió el Homo georgicus, afirma que es imprescindible "un acuerdo que represente a todos para cambiar <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname>". Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, reconoce que el texto "no es intocable" pero es categórica al afirmar que tiene que haber "un acuerdo de alto nivel".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, reconoce que cambiaría muchas cosas "siempre que hubiese pacto político". Y es que la estabilidad que <st1:personname productid="la Carta Magna" w:st="on">la Carta Magna</st1:personname> trajo a la democracia española es algo que pocos discuten. "Fueron unas excelentes reglas de juego para la época en la que fue redacta", según el director de teatro Alex Rigola. Incluso hay quien la tilda, como Pablo García Casado (director de <st1:personname productid="la Filmoteca" w:st="on">la Filmoteca</st1:personname> de Andalucía) de visionaria: "Se adelantó a su tiempo y propició el milagro de la convivencia". Isacio Siguero, presidente del Consejo General de los Colegios Generales de Médicos, reconoce "el papel fundamental de <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname>". Sin embargo, los halagos se visten de críticas con facilidad. ¿Constitución como autovía de la transición? Sí. Pero no como "un dogma divino", en palabras de Rosa Regàs.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Contra el inmovilismo<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El escritor Andrés Neuman argentino nacionalizado español critica a quienes defienden el status quo de <st1:personname productid="la Constitución." w:st="on">la Constitución.</st1:personname> "La derecha no quiere cambiarla por respeto, sino por miedo. Llevan décadas de atraso con respecto a la sociedad", matiza el autor del aclamado Una vez Argentina. "No podemos enquistarnos en el pasado y tenemos que aproximarnos a democracias más sólidas. Sólo cambiando <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> lo haremos", matiza Alex Rigola.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El gallego Hernán Migoya escritor, cineasta y editor que salto a la fama tras su polémico Todas putase_SEnD es más radical todavía. "La sociedad involuciona y se queda con la idea de que <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> es una Biblia sagrada", confiesa. Pero todo cae, insiste, por su propio peso.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Estado laico<o:p></o:p> <o:p> </o:p> La "aconfesionalidad" del Estado español (artículo 16.3) es uno de los puntos que más escuecen a los defensores del laicismo. Paco Delgado, presidente de Europa Laica, exige una "corrección literal" de dicho artículo. "Lo más grave, afirma, "es que <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> justifica las relaciones de cooperación con <st1:personname productid="la Iglesia Católica" w:st="on">la Iglesia Católica</st1:personname>". Paco Miñarro, coordinador de <st1:personname productid="la Federación Internacional" w:st="on">la Federación Internacional</st1:personname> de Ateos (Fida) reivindica la inclusión de la palabra "laicismo" en <st1:personname productid="la Carta Magna." w:st="on">la Carta Magna.</st1:personname> Para otros, como Juanjo González, coordinador de Alternativa Laica, la aconfesionalidad del Estado "debería ser suficiente". Sin embargo, todos a una, denuncian que no lo es. "Tenemos una iglesia tramontana que impide cualquier cambio y que siente cualquier retoque de <st1:personname productid="la Carta Magna" w:st="on">la Carta Magna</st1:personname> como un ataque", matiza Juanjo.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Lo peor ahora habla Paco Miñarro, es que cambiar el Estado aconfesional por el laico radicalizaría aún más a Rouco Varela, el "Torquemada del inmovilismo constitucional". Lo peor de la aconfesionalidad light de <st1:personname productid="la Carta Magna" w:st="on">la Carta Magna</st1:personname>, en palabras de Juanjo González y de su Alternativa Laica, es que "la religión se cuela en la educación". Sin laicidad teórica no hay aconfesionalidad práctica. Y eso, para Ricardo Iniesta, Premio Nacional de Teatro, es "algo inconcebible".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Matrimonio gay<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El matrimonio heterosexual reconocido por <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> es otra de las patatas calientes. Un cambio simbólico (porque el código civil sí fue reformado) que complacería a muchos. Desde Alex Rigola a Alberto San Juan, pasando por Hernán Migoya, muchos son los que maquillarían/retocarían <st1:personname productid="la Carta Magna." w:st="on">la Carta Magna.</st1:personname><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Los colectivos de homosexuales reclaman no sólo la eliminación de las palabras "hombre" y "mujer" del texto. Algunos, como Toni Poveda, de <st1:personname productid="la Federación Estatal" w:st="on">la Federación Estatal</st1:personname> de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, solicitan la inclusión explícita de un artículo "que garantice la orientación e identidad sexual". Miguel Ángel González, portavoz del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid considera imprescindible la reforma: "Necesitamos un cambio radical, no puede ser inconstitucional casarse con alguien del mismo sexo".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Autonomías<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Un estado federal. O un país con las competencias autonómicas más desarrolladas. Incluso una gran nación de naciones reconocida sin traumas. "¿Por qué seguir utilizando el eufemismo de nacionalidad en <st1:personname productid="la España" w:st="on">la España</st1:personname> plural del siglo XXI?", se pregunta Rafael Jorba, miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Y por qué insiste "no se dice que Estados Unidos, un país federal, se rompe y España sí?".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Desde Aragón, la escritora Cristina Grande considera que habría que matizar claramente <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> para impulsar la descentralización: "Con la definición de Comunidades Autónomas, Aragón ha salido perdiendo". El escritor vasco Harkaiz Cano va un poco más allá y cuestiona la potestad que <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> otorga al ejército para garantizar la unidad de España. "Ya es hora de remover estas manzanas podridas del árbol constitucional", matiza. Por su parte, la escritora Mercedes Abad forzaría el "reconocimiento del Estado Federal en <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname>".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Género<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Amparo Rubiales, histórica abogada y política anti franquista, recalca la necesidad de matizar algunos artículos en pro de "la defensa de la igualdad de géneros". Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, cambiaría sin dudarlo el capítulo "referente a <st1:personname productid="la Corona" w:st="on">la Corona</st1:personname>", para que una mujer pudiese ser la cabeza del Estado. El escritor Antonio Onetti, que define <st1:personname productid="la Constitución" w:st="on">la Constitución</st1:personname> como "un pacto de caballeros", también se solidariza con el género femenino a la hora de cambiar/matizar artículos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Inmigración<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El artículo 13.2, que establece que sólo los españoles tienen derecho al sufragio (salvo en casos de reciprocidad) encabeza el top cambios. Manuel Martínez, cantante del grupo de Medina Azahara, afirma categóricamente que los "inmigrantes deberían tener derecho a voto". Y el escritor Hernán Migoya considera ridículo el hecho de que "no puedan votar".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> ¿Conclusiones? Cambio, actualización, matices, renovación. Reciclaje. Pinceladas. Modernidad. Mucha practicidad. Y un jaque colectivo a <st1:personname productid="la Constitución-ladrillo" w:st="on">la Constitución-ladrillo</st1:personname> de artículos inmutables y/o ambiguos que apenas votó la generación de la transición. El músico Sabino Méndez, con jocosidad rockera , reivindica una Carta Magna más corta y cómoda: "Es políticamente incorrecto decirlo, pero lingüísticamente hablando necesitamos una Constitución como la estadounidense".<o:p></o:p>

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1 Las voces que reclaman cambio

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4039 El alcalde de Getafe, Pedro Crespo, ha declarado a El Plural que “el problema es que no me perdonan desde <st1:personname productid="la Comunidad" w:st="on">la Comunidad</st1:personname> de Madrid que haya creado una plataforma en defensa de <st1:personname productid="la Sanidad" w:st="on">la Sanidad</st1:personname> y <st1:personname productid="la Educación" w:st="on">la Educación</st1:personname> públicas”. O dicho en otros términos, a Castro –que es un alcalde como la copa de un pino- la derecha madrileña no le perdona que se haya opuesto a que Esperanza Aguirre “dé más dinero a los hospitales y colegios privados que a los públicos”.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> A Crespo se le calentó hace un par o tres de días la boca y dijo algo en efecto improcedente y censurable respecto a los votantes del PP. Inmediatamente, sin embargo, rectificó y se apresuró a pedir disculpas. Javier Valenzuela, en su espléndido Análisis, publicado en nuestro diario digital, recuerda otras frases inconvenientes o insultantes, pronunciadas por dirigentes conservadores, y se pregunta con retranca: “¿Estamos seguros de que ningún líder de la derecha ha acusado al presidente del Gobierno español de “cómplice del terrorismo” y “enemigo de las víctimas”?” <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Mariano Rajoy le espetó a José Luís Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados, una de las mayores infamias que se pueden lanzar contra un presidente de Gobierno al afirmar que “estaba traicionando a las víctimas”. Y, desde luego, las acusaciones de “complicidad” con ETA, de “haberse arrodillado ante ETA”, de “convertir el proceso de negociación y de paz con los terroristas en un proceso de claudicación”, así como otras venenosas injurias han sido repetidas hasta la saciedad por numerosos altos cargos populares: los de la vieja guardia –ahora jubilada en buena parte- pero también algunos integrantes del marianismo. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Rajoy, en concreto, nunca pidió perdón por su repugnante aseveración. Es más, insistió en la misma perversa teoría- con iguales o similares palabras- en los dos debates electorales. ¿Habrá que evocar por lo demás a la catarata incesante de vejaciones e insultos, arrojados por la mayoría de periodistas de la derecha buscando la línea de flotación de Zapatero, de muchos de sus ministros y de cuantos apoyamos el aludido proceso de paz? <o:p></o:p> <o:p> </o:p> ¿Habrá que recordar asimismo las monstruosidades que tales periodistas –salvo honorables excepciones que, por cierto, acabaron pagando muy cara su disidencia de la doctrina oficial genovesa- llegaron a soltar a propósito de la autoría de la masacre del 11-M? En aquellas manifestaciones multitudinarias de la derechona, con la plana mayor del PP en la cabecera y el infatigable demagogo Alcaraz de maestro de ceremonias, se repetía impúdicamente: “¡Zapatero, vete con tu abuelo!”. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> O sea, le venían a decir a gritos los auto proclamados patriotas: “Muérete ZP y no te olvides cómo murió -fusilado por sus compañeros alzados en armas para salvar a España- tu abuelo. Se referían con odio al buen capitán Lozano, cuyo testamento escrito horas antes de ser asesinado es éticamente modélico. Lozano, desde que su nieto fue elegido jefe del Ejecutivo ha sido obsequiado por no pocos talibanes populares con todo género de insidias vomitivas. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Estamos hastiados de la doble vara de medir que practica de forma sistemática la derecha. Se han rasgado las vestiduras –como si fueran plañideras cavernarias- por lo que había dicho Castro. Han exigido su dimisión y todavía están tratando de sacar partido a un lance desafortunado pero absolutamente nimio. Aguirre levanta de nuevo la bandera y se cree -ella tan listilla- que cabalga hacia <st1:personname productid="la Moncloa. Pero" w:st="on">la Moncloa. Pero</st1:personname> ignora que el alcalde de Getafe está forjado en la resistencia y ya era demócrata cuando otros eran aún forofos del dictador sanguinario o escribían artículos laudatorios en relación al franquismo. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Castro se opone a la liquidación por derribo en favor de los especuladores de la sanidad y la educación públicas. Pero Castro más que opositor ha sido el constructor o impulsor del nuevo y admirable Getafe. Durante un cuarto de siglo, ha transformado Getafe –con su equipo de gobierno municipal y con la complicidad de los habitantes de la segunda gran ciudad de <st1:personname productid="la Comunidad" w:st="on">la Comunidad</st1:personname> de Madrid- en una ciudad moderna, potente, dotada de servicios, con una Universidad magnífica y hasta -como símbolo transversal y unitario del gran cambio- ha conseguido que el Getafe esté en primera división, dispute finales de ámbito internacional y sea finalista de <st1:personname productid="la Copa" w:st="on">la Copa</st1:personname> del Rey. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> El Getafe ha sido en los últimos tiempos Goliat triunfador frente al Barça y frente al Real Madrid. Getafe no es aquella antigua localidad dormitorio del extrarradio más o menos marginal, sino una localidad envidiable. Castro ha practicado una sólida política socialdemócrata con resultados formidables. Ha puesto a Getafe en el mapa y ha lanzado un mensaje muy positivo: “En Madrid, el sur también existe”. ¡Ladran, luego cabalgamos, alcalde¡ <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Por Enric Sopena, director de El Plural<o:p></o:p>

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1 “¡Ladran, luego cabalgamos, alcalde!”Al

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4039 El pasado domingo nos levantamos con la noticia de que se habían filtrado al diario “El País” documentos confidenciales que prueban que el Gobierno de Aznar autorizó expresamente que vuelos fletados por <st1:personname productid="la CIA" w:st="on">la CIA</st1:personname> sobrevolasen el espacio aéreo español e hicieran escala en aeropuertos bajo su jurisdicción. Se trataba de vuelos que transportaban a personas secuestradas, torturadas y detenidas ilegalmente. En las informaciones publicadas queda igualmente acreditado que el gabinete conservador contestó en menos de veinticuatro horas al gobierno USA para permitir la utilización de aeropuertos españoles en el traslado de prisioneros. De estos mismos escritos se demuestra que José María Aznar y su equipo conocía la ilegalidad de la autorización pues en la contestación a la administración norteamericana el gobierno español advierte que "debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales". También se mostró interesado en que esta decisión no saltara a la opinión pública pues fueron clasificados como información "secreta" o "muy secreta". Ayer lunes, Izquierda Unida IU ha presentado otra documentación secreta del Ministerio de Exteriores que confirma la "opacidad" con la que el Gobierno ha gestionado los datos sobre las autorizaciones de los vuelos. Se trata de dos faxes secretos y una nota interior, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos. <o:p></o:p> Además de la responsabilidad política que se le podría exigir al Partido Popular, ahora en la oposición, este hecho debe servir para reactivar las campañas que solicitan del Poder Judicial el procesamiento de Jose María Aznar por los delitos que pudo haber cometido por la participación del Estado Español en la ilegal guerra de Iraq.<o:p></o:p> Las primeras campañas para iniciar un procedimiento contra José María Aznar fueron desestimadas por los tribunales debido a que los delitos de traición que cometan los presidentes de Gobierno sólo se pueden perseguir a instancias del Parlamento Español. El Presidente de Gobierno actual y jefe del partido mayoritario (PSOE), Rodríguez Zapatero, ya se mostró contrario a juzgar a su predecesor. Las denuncias ante el Tribunal Internacional de <st1:personname productid="La Haya" w:st="on">La Haya</st1:personname> tampoco llegaron a tramitarse pues ni EEUU ni Iraq son signatarios del tratado internacional que lo instituyó. Así mismo, era muy complicado imputar un crimen de genocido al "Trio de las Azores" al suponer este delito una planificación sistemática de exterminio de un grupo humano determinado, difícil de evidenciar en el caso de la guerra de Iraq. Sin embargo, menor dificultad planteaba, inicialmente, la denuncia por un delito de agresión, pero esta figura no se quiso incluir dentro de la jurisdicción de <st1:personname productid="la Corte Penal" w:st="on">la Corte Penal</st1:personname> Internacional en el año 2002, cuando entró en vigor el Estatuto que regula este tribunal. Se aplazó su debate hasta siete años después, dadas las dificultades que ponían los países signatarios.<o:p></o:p> Con los documentos publicados ahora por “El País” se puede demostrar que diferentes cargos del gobierno de Aznar, e incluso él mismo, son responsables en concepto de autores, como cooperadores necesarios, de los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas, puesto que sin su participación no podrían haberse trasladados las víctimas de estos delitos desde sus respectivos países de origen a la base naval de Guantánamo. En este caso, al tratarse de un "delito común" no se requiere ya la intervención del parlamento y cualquier español podría denunciar ante los Tribunales a los responsables de estos hechos.<o:p></o:p> Los columnistas y contertulios de la derecha han puesto la venda antes que la herida alegando que el delito, en el caso que lo hubiera, se habría cometido en Afganistán, Pakistán o Alemanía y nunca en territorio español. En esta línea, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, aseguró el pasado día 5 de noviembre, ante <st1:personname productid="la Comisión" w:st="on">la Comisión</st1:personname> de Secretos Oficiales del Congreso, que el servicio secreto no había encontrado indicios de que hubieran cometido delito en territorio español los ocupantes de los llamados vuelos de <st1:personname productid="la CIA. Saiz" w:st="on">la CIA. Saiz</st1:personname>, según el diario El País, fue preciso en su expresión: “No quería decir que los vuelos de <st1:personname productid="la CIA" w:st="on">la CIA</st1:personname> (es decir, los aviones civiles fletados por la agencia estadounidense de espionaje para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a cárceles secretas o entregarlos a países donde se practica la tortura) no hubieran cometido delito. Sino que, por lo que se sabía, no lo habrían cometido en España”.<o:p></o:p> Este argumento no puede aceptarse en ningún caso, pues el delito de detención ilegal es un delito con efectos permanentes, lo que determina que el delito se consuma en el momento de producirse la privación de libertad pero sus efectos tienen carácter permanente hasta que no cesa la situación antijurídica con la puesta en libertad del detenido. En este caso, cuando las aeronaves norteamericanas sobrevolaban o hacían escala en territorio español se estaba cometiendo un delito de detención ilegal de las que eran responsables sus captores y las autoridades que permitieron esa situación que no era conforme a <st1:personname productid="la Constitución Española" w:st="on">la Constitución Española</st1:personname>, a los tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado Español ni a la legislación interna tanto penal como procesal. Es necesario recordar que no sólo se han secuestrado, torturado y encarcelado a “combatientes enemigos” capturados en Afganistán, sino que está documentado el caso de ciudadanos europeos secuestrados en sus propias ciudades de residencia, como son el alemán Khaled el Masri, secuestrado en Alemania, y el residente legal italiano Abu Omar, que fue secuestrado el 8 de junio de 2003 en Milán.<o:p></o:p> La investigación judicial se inició en el Reino de España hace cuatro años a iniciativa de un grupo de ciudadanos mallorquines, encabezados por el letrado Ignasi Ribas, quienes presentaron una denuncia por los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas relacionados con los aviones de <st1:personname productid="la CIA" w:st="on">la CIA</st1:personname> que hicieron escala en el aeropuerto de Son Sant Joan. Tras una fase en la que se declaró la competencia de <st1:personname productid="la Audiencia Nacional" w:st="on">la Audiencia Nacional</st1:personname>, el Magistrado-Juez Ismael Moreno se hizo cargo de la investigación que no ha podido avanzar por la nula colaboración del actual gobierno y los altos cargos de la administración que tenían conocimiento de estos vuelos. Según informa <st1:personname productid="la Cadena Ser" w:st="on">la Cadena Ser</st1:personname>, esta semana <st1:personname productid="la Fiscalía" w:st="on">la Fiscalía</st1:personname> pedirá al anterior juez que incorpore a la causa un documento del Ministerio de Exteriores que concluye que hubo connivencia del ex presidente del Gobierno José María Aznar con el espionaje estadounidense y, cuando analice la documentación, podría plantear al magistrado que llame a declarar a los implicados en estos vuelos, hechos por los que hasta ahora sólo se ha interrogado a un testigo, el alemán Khaled el Masri.<o:p></o:p> Amnistía internacional publicó el pasado día 15 de septiembre de 2008 un informe llamado “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas. España en la guerra contra el terror” en el que se denunciaba públicamente que desde el 2002 hasta finales del 2005 (con el Partido Socialista en el poder) sesenta y ocho aviones fletados por <st1:personname productid="la CIA" w:st="on">la CIA</st1:personname> directa o indirectamente, hicieron escala en España o sobrevolaron territorio español, en su trayecto desde o hacia Guantánamo con personas detenidas ilegalmente. El informe criticaba abiertamente a las autoridades españolas de uno y otro gobierno por su opacidad y falta de colaboración con <st1:personname productid="la Administración" w:st="on">la Administración</st1:personname> de Justicia. Esta organización se queja de la doble moral del actual gobierno español que hace declaraciones en favor del respeto de los derechos humanos y el cierre del campo de concentración de Guantánamo pero envía policías a esa base para practicar interrogatorios a los detenidos y que no ha tomado ni una sola medida efectiva para impedir que España vuelva a facilitar este tipo de prácticas ilegales. Al mismo tiempo, según Amnistía Internacional, el Gobierno español sigue firmando acuerdos sobre terrorismo, cooperación judicial o de otra índole, sin salvaguardas de derechos humanos efectivas con países como Marruecos, Egipto, Argelia o Estados Unidos. Todos ellos, países que han utilizado la “Guerra contra el Terror” y cuestiones de “seguridad nacional” para justificar violaciones derechos humanos.<o:p></o:p> En todo caso, la mayor responsabilidad recae sobre el ex-presidente José María Aznar, quien siendo jefe del principal partido de la oposición no dudo en atacar duramente a su predecesor Felipe González, por el uso que hizo de guerra sucia contra la banda armada ETA, declarando que «Mientras yo sea presidente se luchará contra el terrorismo desde la ley, sin atajos». Años después, ya como Presidente de Gobierno, ha sido el que ha autorizado a <st1:personname productid="la CIA" w:st="on">la CIA</st1:personname> a utilizar territorio español en el traslado de ciudadanos secuestrados. Ahora es el momento que el Poder Judicial Español demuestre su independencia e imparcialidad y proceda a procesar, enjuiciar y condenar a José María Aznar, Josep Piqué, Federico Trillo, Manuel Calvo y Miguel Aguirre de Cárcer, entre otros, en calidad de autores por su participación en tantos delitos de detención ilegal como secuestrados pasaron por nuestros aeropuertos, tal y cómo resulta de los documentos publicados el pasado domingo por “El País”.<o:p></o:p> Por Carlos Martínez

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1 Ya no hay excusa para no juzgar a José María Aznar

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4039 <st1:personname productid="La Audiencia Nacional" w:st="on">La Audiencia Nacional</st1:personname> puso este jueves punto final a la primera causa penal abierta para investigar los crímenes de <st1:personname productid="la Guerra Civil" w:st="on">la Guerra Civil</st1:personname> y el franquismo, aunque dejó un resquicio: los Juzgados donde se han encontrado fosas deberán decidir si hacen suyos los argumentos de Baltasar Garzón e investigan los que se cometieron en su jurisdicción o, por el contrario, rechazan abrir un proceso.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> La resolución hecha pública este jueves declara la falta de competencia de Garzón para investigar el franquismo y anula "todos los actos y resoluciones posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre", en el que el propio juez se inhibió a favor de los juzgados donde se produjeron dichos crímenes, circunscritos a donde se han encontrado fosas.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Fuentes jurídicas señalaron a Público que Garzón ya ha remitido todas las inhibiciones necesarias para la apertura de las fosas solicitadas, por lo que seguirán su curso pese a la decisión de <st1:personname productid="la Sala" w:st="on">la Sala</st1:personname>, que en cualquier caso deja abierta "la competencia que pudiera corresponder a otros órganos judiciales". Es decir, que serán estos Juzgados los que deberán decidir si consideran que los crímenes del franquismo son delitos contra la humanidad, imprescriptibles y no amnistiables, o no, como sostenía <st1:personname productid="la Fiscalía" w:st="on">la Fiscalía</st1:personname> en sus escritos.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> El auto del que ha sido ponente el presidente de <st1:personname productid="la Sala" w:st="on">la Sala</st1:personname> de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, no entra a dilucidar esta cuestión y se limita únicamente a establecer que Garzón no es competente para investigar estos crímenes porque el golpe de Estado dado contra la segunda República fue un delito de rebelión, que no es competencia de <st1:personname productid="la Audiencia Nacional." w:st="on">la Audiencia Nacional.</st1:personname> El propio Garzón "lo reconoce" así en su auto del pasado 16 de octubre "al referirse a ‘alzamiento e insurrección armada' o adjetivar a sus protagonistas como ‘rebeldes', porque ‘se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo", señala la resolución de <st1:personname productid="la Sala." w:st="on">la Sala.</st1:personname><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Además de determinar que el golpe fue una rebelión -no enmarcable en los delitos contra altos organismos de la nación, como sostenía Garzón-, el tribunal señala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no debió abrir una causa penal contra el dictador Francisco Franco y 34 de sus generales y ministros, porque nunca hubo causa penal contra estas personas, al "estar todas premuertas" cuando incoó las diligencias.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> La falta de competencia de Garzón "no implica la nulidad de todo lo actuado", afirma el auto en relación con las peticiones de información a múltiples organismos solicitada por el juez antes de declararse competente. Pero fue la propia Sala de lo Penal la que paralizó la apertura de nuevas fosas a petición de <st1:personname productid="la Fiscalía. Ayer" w:st="on">la Fiscalía. Ayer</st1:personname> también se notificó el auto en el que se justifica esta medida con el objetivo de preservar "el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera no tener competencia".<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Las dos resoluciones cuentan con sendos votos particulares. El de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel considera que con la decisión del Pleno sobre competencias "no se ha atendido -tras tantos años de silencio e impunidad impuestos- al derecho de acceso a la justicia y a una tutela efectiva de los derechos de las víctimas". "Si se hubiera producido una denegación de justicia, ello podría determinar la responsabilidad internacional del Estado español, y el poder jurisdiccional es Estado y está en condiciones de asumir dicha responsabilidad", aseveran en su voto, que advierte de que cualquier otro país podría investigar estos crímenes, como ocurrió en la propia Audiencia con los cometidos en Chile y Argentina.<o:p></o:p>

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1 Tres jueces denuncian la "indefensión" de las víctimas

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