Ivette Durán Calderón

El victimario es aquella persona que le infringe un daño o perjuicio a otra en un momento determinado (quien pasa a ser, por oposición, la víctima de la acción).

Análisis de expertos coinciden en "descubrir" que los jóvenes involucrados en pandillas llegan a ser también víctimas de sus propios compañeros.

Sin embargo para quienes seguimos de cerca esta penosa realidad de la delincuencia juvenil, vemos impotentes que el trasfondo social no despierta el interés de las autoridades, estudiosos, ni siquiera de la Iglesia que se ha dado a la tarea mediadora de pacificación.

Fiscales federales afirman que 5 miembros de una pandilla callejera, con base en vecindarios prominentes del condado de Fairfax, se dedicaban a reclutar chicas adolecentes para prostituirlas y si se negaban las amenazaban.
Los cinco sujetos enfrentan cargos en la corte federal de Alexandria. De acuerdo con una investigación del FBI los acusados son miembros de la pandilla del área de Fairfax denominada “Crips”.
Los documentos de la corte afirman que ellos reclutaban a las jovencitas para prostituirlas a través de Facebook o las abordaban en la calle. Por lo menos dos de las jovencitas fueron cortadas con un cuchillo y golpeadas cuando decidieron no participar más en la red de prostitución.
Autoridades federales y estatales como el Procurador General de Virginia Ken Cuccinelli ofrecerán una conferencia de prensa para discutir los detalles del caso.

Los tres mensajes del “Sirra” y del “Viejo Lin”

Sin lugar a dudas, detrás de la imagen criminal hay seres humanos, y podemos decir con certeza que no existe una maldad absoluta o plena; habrá mayores o menores niveles de crueldad en los seres humanos; sin embargo, siempre aparecen causas, justificaciones y otros aspectos que nos cuesta ver o entender, desde la perspectiva de los “productos de sociedades injustas o de posguerra”.

Observé con atención las entrevistas realizadas por el periodista Romeo Lemus a dos de los principales líderes de maras y pandillas: Arístides Umanzor alias “el Sirra” y a Carlos Ernesto Mojica alias “Viejo Lin”; y de sus discursos anoté algunas importantes ideas para reflexionar que quisiera compartir en forma de tres mensajes, que si bien no justifican la violencia representan una oportunidad para mejorar como sociedad.

En primer lugar, muchos de estos jóvenes no son un producto de una familia disfuncional o desintegrada como creemos, sino de una sociedad egoísta e injusta; una sociedad que sigue funcionando con base en dos niveles de ciudadanos, los que tienen oportunidades y los que no tienen oportunidades, entre la opulencia y la marginalidad. “El Sirra” –según su testimonio– fue un joven rebelde, que canalizó su energía transformadora y sus frustraciones a través de las pandillas, lo hubiese querido hacer en un movimiento revolucionario, pero ya no existían... Esto nos indica que los jóvenes marginados y excluidos necesitan espacios de expresión y acción para administrar sus frustraciones (mensaje para el Estado).

En segundo lugar, la mayoría de jóvenes abandonan la escuela en segundo ciclo de educación básica, y medio se preparan para trabajar en oficios, pero le pagaban muy mal; luego comienzan con hurtos sencillos y finalmente se integran en una espiral más sofisticada de crimen y violencia. En efecto, mucha gente es conformista y tiene una vida predestinada de pobreza ya que con lo que ganan nunca saldrán adelante; otros tienen un espíritu más emprendedor, y salen adelante con más sacrificios; y finalmente, habrá otros que ante el egoísmo salarial toman un atajo equivocado; como quiera que sea tenemos muchos salarios de miseria... (mensaje para los empresarios).

En tercer lugar, en ambas entrevistas aparece un tema importante: “nadie les ha querido escuchar” (…) a pesar de que son el gran problema de la sociedad “pero no todo el problema”; y es muy posible que, hoy por hoy, violencia y crimen sea sinónimo radical de maras o pandillas, cargando sobre sí otros delitos u opacando delitos de cuello blanco.

Y aquí cabe un par de preguntas de fondo: ¿son las maras o pandillas un subproducto de nuestra cultura y de nuestra sociedad? o, ¿son las maras o pandillas la reciprocidad de una sociedad violenta de posguerra?, y en función de estas interrogantes sobre los ciclos de violencia debemos evaluar: ¿alguna vez se planteó en nuestro país el tema de posguerra una vez firmados los Acuerdos de Paz?, ¿se pensó en las secuelas y los efectos colaterales de los 70,000 muertos y más de un millón de emigrantes? (mensaje para los políticos).

En las entrevistas queda más o menos claro –en un lenguaje probélico– que no piden amnistía, privilegios o indultos; que la tregua, pacto, acuerdo o negociación se cataloga como el inicio de un proceso de pacificación definitiva; también solicitan oportunidades educativas, laborales y de reinserción (dentro y fuera de las cárceles). Queda claro que las medidas represivas han fortalecido a las pandillas; lo que no queda claro es el rol del gobierno, ya que el protagonismo de la sensible baja de homicidios no fue por las políticas y los planes de seguridad, sino por la misteriosa mediación de la Iglesia y de la sociedad civil./Oscar Picardo Joao>/LIVDUCA

Otra de las propuestas que tiene el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, para contrarrestar los actos criminales de las pandillas es la creación de Juzgados Antipandillas para que sean estos los que se encarguen de procesar a los miembros de esas organizaciones.

Esta iniciativa fue revelada ayer por Munguía Payés después de juramentar a 257 nuevos policías que se incorporarán, en su mayoría, a reforzar la Unidad de Emergencias 911.

También consideró la necesidad de que existan fiscales específicos para que acompañen a los policías que integran la nueva Unidad Antipandillas de la Policía, la cual ya se encuentra lista para operar después de las vacaciones de Semana Santa.

Mientras se llega la hora de combatir a los pandilleros, pese a que sus cabecillas han declarado un pacto de no agresión entre sus miembros, los policías antipandillas se unirán al plan de seguridad que en estas vacaciones mantiene la Policía para garantizar la tranquilidad de los salvadoreños.

El ministro Munguía Payés sostuvo que todavía se trabaja en darle forma a las reformas legales que, como seguridad pública, han presentado a la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), Coordinadora del Sector Justicia.

Una de esas propuestas, además de los juzgados antipandillas, es la aplicación del Régimen de Excepción, focalizado en aquellas zonas que sufren el embate de las pandillas y cuyos índices delictivos generados por estos grupos criminales se mantienen todavía a niveles preocupantes.

Esta medida todavía se encuentra en discusión para medir las implicaciones jurídicas y la conveniencia de echarla andar, pero que para el ministro de Seguridad es algo viable y necesaria.

Además, Munguía Payés ha explicado que se trabaja en aquellas leyes que faciliten el trabajo conjunto de todas las instituciones que velan por la administración de justicia, como los tribunales, Fiscalía y la Policía.

En ese sentido, juristas de la UTE estudian la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública de crear los tribunales antipandillas que se encargarían de juzgar a los pandilleros por los delitos graves que cometan ya sea de forma individual o colectiva.

"Es algo que todavía no está totalmente definido, yo les llamo jueces antipandillas, pero podrían ser los mismos jueces especializados, nada más dedicados a atender este fenómeno; pero esto se está estudiando, y lógicamente tenemos que hablarlo con el Órgano Judicial y ellos nos van a orientar", dijo Munguía Payés.

La creación de la Unidad Antipandillas es una de las primeras ideas que tuvo Munguía Payés al asumir las riendas de la seguridad pública debido a que, según él, las pandillas son las responsables del 90 por ciento de los homicidios, motivados por distintas razones.

Y esa hipótesis, tal parece que se ha confirmado ahora con la tregua que mantienen los miembros de las dos pandillas más numerosas y más criminales que operan en el país.

Las cifras de la Policía reflejan que marzo cerró con una reducción del 40 por ciento de los asesinatos con relación al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, un informe de la Policía señala que todavía los robos, lesiones, homicidios y secuestros son de los delitos que presentan incrementos significativos en el primer trimestre de este año con relación a 2011.

Ayer, Munguía Payés volvió a reiterar que el hecho de que la Iglesia Católica esté haciendo su trabajo pastoral y de mediación con los pandilleros para frenar más derramamiento de sangre, no significa que la Policía va a detener sus planes antidelincuenciales y que la unidad especializada que actuará contra esos grupos criminales ya no tenga razón de ser.

Al contrario, el ministro de Seguridad cree necesario que el combate en contra de las maras criminales se debe de fortalecer, al tiempo que se echen andar programas de prevención y de reinserción laboral para los jóvenes, a fin de evitar que puedan incorporarse a las pandillas como una opción de subsistencia.

Ante las declaraciones de la subsecretaria de Estado Adjunta para la Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, María Otero, quien estuvo recientemente en el país, y que señaló que las pandillas son grupos criminales que tienen que "desaparecer" y "deshacerse"; Munguía Payés dijo que "nosotros recibimos periódicamente visitas de funcionarios de distintos países de Europa y de los mismos Estados Unidos, y cada uno de ellos en función de su experiencia ha dado algunas recomendaciones".

Agregó que "nosotros tenemos nuestros planes. La funcionaria tiene su propio enfoque y nosotros tenemos nuestra propia estrategia y esa es la que estamos siguiendo".

Otra de las propuestas que en su momento planteó el ministro Munguía Payés, pero que todavía no se ha concretizado, es la creación de una unidad especializada que proteja a los pasajeros y trabajadores del transporte público. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el futuro que ha tenido ese grupo antidelincuencial./David Marroquín/LIVDUCA

Vivimos una época de recuelo y escurrajas en la que, a la descomposición de los “grandes relatos” (pretendidas visiones omnicomprensivas del mundo que la modernidad impuso como alternativas a la visión religiosa) propia de la posmodernidad, se suma el desconcierto ocasionado por el derrumbe económico de Occidente. Y una de las expresiones más grotescas -y a la vez características- de nuestra época es el auge de lo que se ha dado en llamar “friquismo”. Aunque “friqui”, o “friki” (del inglés freak, “monstruo”, “extraño”), no es término todavía recogido en los diccionarios, su uso es cada vez más frecuente; con tal palabra se designa a la persona de conducta estrafalaria que construye, en torno a sus manías y obsesiones, un universo autónomo más bien sonrojante que no se contenta con resguardar en los retretes de su intimidad, sino que lo airea sin rebozo, causando asombro o hilaridad entre quienes lo rodean. Naturalmente, todos tenemos algo de “friquis” en potencia; quiero decir que todos cultivamos aficiones que el común de la gente juzgaría pueriles o enervantes. Lo que distingue al “friqui” verdadero del “friqui” potencial es el desparpajo satisfecho con que el primero exhibe tales aficiones; desparpajo que acaba convirtiendo tales aficiones en expresión orgullosa de identidad, incluso en fortaleza autista frente a un mundo exterior que se considera ajeno u hostil.

El “friquismo” vendría a ser algo así como la versión remozada y terminal de aquel fenómeno de las “tribus urbanas” propio de la llamada “contracultura”. Solo que en aquellas `tribus urbanas´ (que en realidad eran subproductos del propio sistema consumista, aunque ingenuamente se configurasen “contra” el sistema) aún sobrevivía un gesto airado de inconformismo; gesto que era más bien aspaviento, desde luego, y además aspaviento inducido por el propio sistema, que de este modo se aseguraba el apacentamiento o domesticación de aquellos sectores juveniles que se pretendían rebeldes, dotándolos de una “estética” maldita (que, en el fondo, era producto de la mercadotecnia) y de un seudopensamiento anarcoide que no era sino la expresión exasperada del aburguesado nihilismo ambiental. En el “friqui”, sin embargo, ya no sobrevive el malditismo propio de aquellas trasnochadas “tribus urbanas”; y la pose “contracultural” propia de la primera fase de la posmodernidad es sustituida, en esta fase de recuelo, por una aceptación alborozada de los subproductos que la propia posmodernidad, cansada de sí misma, ofrece al consumo. Y así, el “friqui” hace de estos subproductos el corazón de un nuevo culto entusiasta, seudoreligioso incluso, que colma por completo sus depauperados anhelos. Si las tribus urbanas eran una exasperación del nihilismo ambiental, el “friquismo” es su aceptación resignada y, llegado cierto punto de autosugestión, dichosa. El “friqui”, al igual que el miembro de una tribu urbana de antaño, es hijo del sinsentido: el mundo, reducido a añicos tras el colapso de los sistemas de pensamiento que presuntuosamente trataron de actuar a modo de sucedáneos religiosos, ha extraviado su significado; solo que donde el miembro de una tribu urbana oponía al nihilismo ambiental su nihilismo enojado y rabioso, el “friqui” rescata, entre los añicos resultantes del nihilismo ambiental, un añico cualquiera, lo encarama en un pedestal y le rinde culto idolátrico, organizando en su derredor un universo ficticio, complaciente y jovial que anestesia su rabia y su enojo.

El “friquismo” se convierte, de este modo, en la victoria más apabullante del sistema, que puede alimentar a sus hijos más díscolos con las migajillas desprendidas de su proceso de descomposición. Ya ni siquiera tendrá que preocuparse de los previsibles accesos de violencia que el desarraigo o la falta de socialización provocaban entre los miembros de las tribus urbanas, porque el “friqui” ha hecho de su propia falta de sociabilidad su “sociedad” propia: la empalizada se ha convertido en refugio frente a la intemperie, en cárcel inocua y gustosa que garantiza la estabulación de grandes masas de jóvenes (y no tan jóvenes) alienados que, huérfanos de trascendencia alguna, viven engolfados en un micro-universo de subproductos lúdicos que, además de entontecerlos, aseguran su sometimiento a los engranajes del consumo. El “friqui” se convierte así en el esclavo perfecto del sistema: orgulloso de su esclavitud, mientras sueña con superhéroes galácticos. /Juan Manuel de la Prada/finanzas.com/LIVDUCA

El incendio en el penal de Comayagua, donde murieron 358 reos y una mujer que estaba de visita conyugal, pone al descubierto que las cárceles hondureñas están abarrotadas de integrantes de la Mara Salvatrucha debido a que, desde 2003, una ley obligó a detener a cualquier sospechoso de pertenecer a estas pandillas.

Un taxista y una periodista mantienen el siguiente diálogo frente a la reja de la entrada del penal hondureño de Comayagua, donde han pasado varios días desde que murieron calcinadas 359 personas, el peor incendio en la historia de los penales latinos.

—A mí me dan mil lempiras (seiscientos pesos mexicanos) y yo la mato a usted, ni me lo pienso —dice el taxista, en busca de un cliente a última hora de la tarde.

—Sí, sí —contestó, incrédula.

—Le digo que la mato, que aquí en Honduras así es esto —me vuelve a decir el conductor del taxi, temerario.

No es una broma. Aquí la muerte se instala en lo cotidiano y aparece en cualquier conversación. No en vano, 86 de cada 100 mil habitantes fueron asesinados el año pasado, el país con más homicidios del mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En este índice mortífero, muchos de los muertos y sus verdugos son jóvenes, algunos casi niños, que pertenecen a las organizaciones MS 13 y a la MS 18, dos ramas antagónicas de la Mara Salvatrucha, que han venido sobrepoblando las cárceles. Son 12,500 reos hacinados en un sistema carcelario con capacidad para 6,000.

La violencia trasciende la comprensión de los propios hondureños, más cuando el 95 por ciento de estos crímenes quedan impunes, de acuerdo con los últimos datos de la Fiscalía y Medicina Forense local.

La mecha de la realidad se prendió de nuevo con el incendio de Comayagua, una ciudad histórica ubicada a 82 kilómetros de Tegucigalpa, conocida por ser el corazón de Centroamérica y tener el segundo reloj más antiguo del mundo.

La tragedia muestra las cifras negras: el 65 por ciento de la población vive en la pobreza y la corrupción le cuesta al gobierno más de 12,000 millones de lempiras al año (8,000 millones de pesos).

A unas semanas del incendio, estas son algunas de las historias que sobreviven, donde los integrantes de la Mara Salvatrucha y el drama penitenciario suponen sólo una pequeña parte del caos en este país en constante ebullición.

"Todo se está quemando"

Alberto Mendoza se acuesta todos los días a las diez de la noche. Como si fuera un niño que al día siguiente tiene escuela, puntualmente se queda dormido una vez que se recuesta en su cama, si se le puede decir cama al colchón en el que se acurruca junto a otros 130 presos en la celda cinco del ahora famoso penal de Comayagua. El 14 de febrero hizo exactamente lo mismo. Cenó un poco de arroz, jugó una partida de cartas con sus compañeros y se tiró a dormir en su colchón.

Los gritos de su amigo José Enrique Guevara, en la celda seis, lo despertaron media hora más tarde.

—Beto ayúdanos, estamos encerrados y todo se está quemando, los guardias no nos abren —le imploraba su compañero, a quien conoció el primer día que estuvo en prisión, hace ya seis años, cuando lo encerraron por tráfico de drogas.

Alberto, de 39 años, se unió al coro de gritos. No sabía si estaba soñando al ver el fuego a su alrededor cuando se extendió a su celda. Por más que pedían auxilio, nadie les abría. Los presos se amontonaban frente al portón.

Los más viejos murieron primero. "Olía más a sangre que a humo, siento escalofríos al recordarlo", nos dice.

Aún sueña con el incendio. Mientras unos se agolpaban en la puerta esperando que algún guardia abriera, otros se subieron a las literas y empezaron a romper el techo a golpes. Así, por un pequeño hueco de menos de medio metro de ancho, empezaron a salir. Pero las llamas le alcanzaron. Su espalda es ahora un mosaico de carne chamuscada y tatuajes, un recuerdo de su pasado mara en la MS 18.

Alberto perdió la conciencia un par de minutos. Al despertar preguntó por Enrique, pero escuchó que todos los de la celda seis habían muerto. Allí se originó el fuego. Entre el caos, los intentos de los bomberos por entrar y las llamas que estaban consumiendo el penal, todo eran rumores: "¡Fue un reo que prendió fuego a un colchón! ¡No, fue un cortocircuito! ¡Dicen que fue un intento de fuga!". Lo único claro en ese momento para Alberto era que su amigo Enrique había muerto.

Entrenados para matar

El segundo piso del hospital Santa Teresa de Comayagua está lleno de víctimas que en su momento fueron victimarios. Son hombres que hace casi tres semanas rompieron a golpes la puerta y el techo de sus celdas para salvarse de las llamas.

Algunos de ellos eran miembros de las maras que antes del fuego cumplían condenas por asesinato. Su vida, en todos los casos, ha girado alrededor de la violencia. Hoy son pacientes de hospital y sanan las heridas de espalda, brazos y costados. Son siete, y cuatro estuvieron en la Mara antes de prisión. Todos ellos mataron porque era la condición que les imponían para ingresar a la Salvatrucha: ya sea la 13 o la 18. Para ser mara hay que matar.

Las cárceles de Honduras están llenas de integrantes de las maras, como estos pacientes. La reforma al artículo 3-32 del Código Penal en el año 2003, que permite meter a prisión a cualquier persona que pueda pertenecer a una pandilla —por ejemplo, sólo si tienen un tatuaje en el brazo—, provocó que los penales se llenaran de mareros en los últimos diez años.

La llamada "ley Antimaras" causó en su momento la ira de algunos grupos: cada cinco minutos aparecían cuerpos decapitados y desmembrados en las esquinas, relata Héctor Montoya, editor de sucesos del periódico La Prensa. A la larga, dicha reforma logró bajar los índices delictivos durante un tiempo, pero a la vez empujó a las maras a su profesionalización: sus miembros pasaron de simples pandilleros a trabajar para el crimen organizado.

El estereotipo del marero evolucionó. Los hombres dejaron de tatuarse y abandonaron la violencia callejera, convirtiéndose en delincuentes de bajo perfil. Algunos, incluso, empezaron a ir a la universidad, añade Montoya. Estudiaron administración y se prepararon para dirigir un nuevo tipo de organización.

La vieja escuela de las pandillas MS 13 y MS 18 han llenado las cárceles, apuntalando la actual sobrepoblación. Aunque el hacinamiento, no obstante, no ha sido un asunto exclusivo de los mareros. Misael Castro, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explica que la "lentitud y la ineficiencia del sistema judicial" —de cada diez expedientes tres han sido judicializados— ha provocado que se abarroten los penales de presos sin condena. Uno de los reos que murió en Comayagua fue condenado el mes pasado a tres años y cuando se le comunicó llevaba interno ya tres años y dos meses. "El sistema no funciona y por lo tanto no persuade a nadie que piense cometer un asesinato", nos dice el académico.

El centro de Comayagua multiplicaba por cuatro su capacidad cuando se produjo el incendio del 14 de febrero pasado. La situación en San Pedro Sula, una urbe con una tasa de homicidio más alta que Ciudad Juárez, cada vez está peor: aumentó al 320 por ciento de su capacidad, lo mismo que en el penal de Cortés, el de Trujillo, el de Santa Bárbara. El hacinamiento se ha convertido en un verdadero problema para un gobierno que es económicamente incapaz y que dedica el 88 por ciento de su presupuesto de seguridad a sueldos y salarios de los funcionarios.

Comayagua era uno de los "menos vulnerables" entre los veinticuatro centros penitenciarios del país, explica el suspendido Director de Prisiones, Danilo Orellana. Los otros, como el de San Pedro Sula, son una "bomba de tiempo", han dicho las propias autoridades. El fuego invadió la prisión de San Pedro en el año 2004, donde murieron 107 mareros y, un año antes, en El Porvenir, una riña entre presos dejó 66 muertos. Las tragedias penitenciarias se vuelven comunes en Honduras.

"Yo era uno de los muertos"

Alberto Mendoza, el preso del módulo cinco, despierta en el hospital un día después del incendio. A su lado están seis de sus compañeros. Los conoce bien a todos. Escucha con sorpresa, ubica sobre todo al que está al fondo contando chistes con un acento particular: es Enrique, su amigo, a quien daba por muerto.

Fue uno de los cuatro sobrevivientes de la celda seis, donde había 150 reos. Cuando perdió las esperanzas de vivir, un hombre que ya es un mito, El Chaparro, un recluso que hacía las veces de enfermero, tomó un banco y rompió la puerta de la celda. Dos de ellos murieron horas después. Enrique tiene una cicatriz del tamaño de su espalda y la pierna derecha enyesada por saltar desde el techo de otra celda para escapar. Ha recuperado el sentido del humor y le gusta contar su historia una y otra vez, recordando cómo esas cicatrices lo han unido más con Alberto.

Mientras ellos hablan constantemente, Mario —nombre ficticio— se esconde de la prensa y se aleja del resto de los presos. Dormía en la celda diez cuando el humo lo despertó. A escondidas, habla en voz baja y con precaución para que ningún policía o enfermera le escuche. Él también tuvo que golpear el techo hasta romperlo para escapar. Los cuerpos de los demás, que murieron calcinados, lo protegieron durante un tiempo, pero las llamas lo alcanzaron cuando trató de ayudar a uno de ellos a salir. Ahora su abdomen y su brazo lucen numerosas llagas.

—Al salir creímos que nos iban a matar. Nos abrieron fuego porque los guardias pensaban que nos fugaríamos pero lo único que queríamos era salvarnos. Yo me tiré al suelo porque me estaba quemando.

Con él salieron tres personas más. Alejandro es uno de ellos. Tiene 18 años, llevaba un mes en prisión. Está allí por cargar con 150 lempiras (100 pesos mexicanos) de marihuana. No sabe cuándo obtendrá la libertad. Las Naciones Unidas han informado que de los 856 presos que había en Comayagua antes del incendio, más de la mitad aguardaban juicio o estaban detenidos como supuestos integrantes de las maras. Pero no estaban condenados.

Mario se acaba de enterar que Nery Ricardo Gómez ha muerto. Escapó con él de la celda diez y se lo habían llevado al Hospital Escuela de Tegucigalpa.

—Éramos muy amigos —nos dice mientras una enfermera recoge los ungüentos para los heridos.

Cada hora entran y salen mujeres con golosinas y galletas donadas por las organizaciones civiles. Los policías que vigilan la entrada a las habitaciones se asoman de vez en cuando para contar:

—Falta uno —dice el oficial.

—Está abajo, lo están enyesando —le explican. El vigilante asiente, sonríe y les desea buen provecho. Los reos saborean el almuerzo que les acaban de traer las enfermeras. “Es mejor aquí la comida que allá”. Uno de ellos mira el diario y entre todos empiezan a especular con teorías sobre el incendio.

—No pudo ser un cortocircuito, en ningún momento se fue la luz —reflexiona Alejandro.

—¿Y la tesis de la fuga?

—Puede ser, pero no se sabe. Ahí no se cuentan esas cosas. Nosotros nos dimos cuenta de todo cuando era muy tarde.

Desde hace tiempo querían matar al Doctor —un farmacéutico condenado por matar a un español y por el cual supuestamente se ofrecía una recompensa. Una vez los propios policías lo sacaron de la celda para matarlo pero al final no lo hicieron, esta vez sí— nos cuenta Mario.

Un par de semanas después del incendio los rumores todavía embarullan la tragedia. Los expertos estadounidenses del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego concluyeron que la causa del incendio fue "accidental", que el sistema eléctrico no falló y que no encontraron gasolina en el área siniestrada, como apuntaron familiares y sobrevivientes. Sin embargo, la lenta respuesta del gobierno dio pie a la confusión y a la desesperación. La tardanza en la elaboración de una lista oficial de sobrevivientes exasperó a los familiares, hasta el punto de que abrieron las bolsas de los cadáveres para encontrar a los suyos en la morgue de Tegucigalpa. Las listas de vivos y muertos cambiaron constantemente la primera semana.

—Yo era uno de los muertos. Los míos me daban por perdido —sostiene Alberto.

El infierno detrás de la puerta

Mientras Comayagua era una granja "modelo" por su programa de rehabilitación social, San Pedro Sula se distingue desde hace tiempo por la anarquía y la corrupción. Los miembros de la MS 13 y la MS 18 viven aislados del resto de los presos. Cada uno tiene su propio módulo. "Se mataban todo el tiempo, si los volvemos a poner juntos sería peor aún", apunta Wilmer Danilo Marthell, director de la cárcel. Su penitenciaria es de las más problemáticas de Honduras. Los peseteros, mareros retirados, también tienen una celda aparte. "Cuando estaban juntos siempre aparecía uno nuevo 'guindado' (ahorcado de manera que parece un suicidio)", agrega.

Las cifras dicen todo: el penal alberga a 2,257 presos en hacinamiento, cuando su capacidad es de 700. Del total de internos, sólo 791 han sido condenados. Algunos, en prisión preventiva, llevan más de seis años encerrados a pesar de que la ley marca un máximo de dos. Cada celda amontona 320 presos y 200 de ellos duermen en el suelo, con suerte, o parados.

Wilmer Danilo Marthell fue asignado a este penal luego de una riña en la que murieron doce presos en noviembre. Desde entonces está tratando de "cambiar las cosas". Da más visitas conyugales a los presos a cambio de que "no haya riñas, motines ni muertos". No funciona del todo, aunque frente a él, los reos digan que sí.

En este penal hace tiempo que la infraestructura colapsó, los muros "están por caerse", los sistemas de seguridad quedaron obsoletos y los registros se hacen manualmente. Es fácil meter drogas, armas, "lo que quieras si tienes dinero", dice un español que lleva seis meses preso por presunto lavado de dinero. Hace unos días, un reo se saltó una barda con un arma de fuego. "No se sabe para qué", comenta Martell, "pero seguro tenía una misión". En su celda encontraron una granada, drogas y más armas de todo tipo.

El gobierno dispone de un plan de emergencia para rehabilitar sus prisiones desde 2010, apenas unos meses después de que el presidente Porfirio Lobo ganara las elecciones. El nuevo proyecto afectaría a nueve de los veinticuatro centros existentes, los más vulnerables. Modernizar San Pedro Sula costaría 100 millones de dólares, calcula el Director de Prisiones suspendido, Danilo Orellana.

"Hay un infierno detrás de esa puerta. No hay control de nada. Los propios reclusos mandan allí, los guardias ni siquiera se aparecen", dice el español, que prefiere omitir su nombre por seguridad.

Cuando se le pide a Marthell entrar a las celdas, comenta: "Es bajo su propia seguridad, no puedo asumir esa responsabilidad, quien sabe qué pueda pasar".

Una ebullición constante

Honduras es como un volcán en activo, el país avisa cada cierto tiempo que la erupción está cercana.

Así sucedió hace dos años cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por un comando militar y sacado del país en pijama en lo que se ha bautizado como el "golpe de Estado perfecto". El escándalo y la inestabilidad política terminó siete meses después cuando Porfirio Lobo, el candidato del Partido Nacional que perdió frente a Zelaya en las elecciones de 2005, fue investido como presidente, heredando los problemas.

El mundo entero se hizo eco de la extravagante tragicomedia de Honduras. El país parecía a punto de estallar, y una vez elegido Porfirio Lobo, las muertes y corruptelas ocuparon de nuevo la escena.

La evolución de los maras, que ahora se han especializado en la extorsión y el secuestro, así como la corrupción policial, hacen imposible salir del agujero negro.

Hace unos meses asesinaron al hijo de Julieta Castellano, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella exigió justicia sin descanso y la investigación imputó a ocho agentes de la Policía Nacional Civil. Cuatro están detenidos y otros cuatro en busca y captura.

El profesor Castro, experto en pandillas, maras y violencia en Honduras, opina que "en la Policía Nacional Civil hay altísimos niveles de corrupción". "Se ha comprobado que la policía también delinque, extorsiona, asalta y asesina. No sólo los miembros de la escala básica, sino que también oficiales se han visto involucrados".

En el caso del hijo de la rectora, unos videos de un negocio cercano resultaron claves. La Policía apresó a cuatro agentes de la comisaría, mientras que otros cuatro escaparon. Apenas unos días después, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, informaba de la detención de 176 efectivos en un operativo contra la corrupción policial. El Estado desarticulaba así al cártel de la Granja, una banda de policías que operaba en la capital y se dedicaba a robar vehículos, asaltar viviendas, traficar con droga y cobrar extorsiones.

La lista de corruptelas no para. Hasta agosto de 2011 habían detenido a veinticinco policías por delitos como los anteriores, además de secuestro y sicariato.

Con el incendio, el gobierno ha vuelto los ojos a la situación de emergencia en sus penales. Hace tres meses, los asesinatos de Gustavo Alfredo Landaverde, antiguo responsable de la lucha contra el narcotráfico y del hijo de la rectora, reabrieron otra vez el debate de la corrupción. Casos nuevos que abren las polémicas enquistadas, demasiados frentes para una Honduras que no responde./El Universal/PABLO FERRI Y ALEJANDRA SÁNCHEZ (forman parte del colectivo dromomanos.com. Son periodistas y recorren Latinoamérica en un Pointer 2003, persiguiendo historias que luego ofrecen a diversos medios de comunicación. Ambos colaboran para el diario español 'El País' y en México para varias revistas de Grupo Editorial Expansión y de Editorial Mapas. Su único objetivo es que su tumba tenga un epitafio decente).

Fueron diseñadas mucho antes de que eclosionara el tráfico de drogas

Los 355 presos que murieron en sus celdas consumidos por las llamas o asfixiados por el humo en la prisión hondureña de Camayagua son la prueba más cruel de la tragedia que viven los reos en las cárceles de América Latina, hacinados y sometidos a la violencia de otros presidiarios o guardianes. El narcotráfico ha superpoblado las cárceles en las últimas tres décadas, transformando el hacinamiento y la violencia en el mal común de los presidios.

Las estructuras carcelarias fueron diseñadas a comienzos del siglo pasado, cuando no existían los delitos de narcotráfico y la población criminal era mucho menor a la actual.

Honduras, en particular, tiene el récord mundial de tasa de homicidios, 82 por cada cien mil habitantes, según la ONU. Este país, convertido en ruta privilegiada para el trasiego de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, y devastado por las maras, cuenta con 24 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar a 8.000 personas, pero la población carcelaria sobrepasa las 13.000. La prisión de Comayagua encerraba el doble de su capacidad.

«La crisis de Honduras es estructural. La cárcel es una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema. Se hace urgente designar a inspectores internacionales para asegurar justicia», declaró la socióloga peruana y experta en temas de seguridad Lucía Dammert.

Ya en el 2004, recuerda, un centenar de reos murieron calcinados en la cárcel de San Pedro de Sula, la capital económica y la más violenta del país.

En Venezuela, las cárceles encierran a 50.000 reclusos, cuando su capacidad es para 14.000, según cifras del Gobierno.

Mientras, las prisiones de Chile registran superpoblaciones del 50 %, 70 % y hasta el 200 %, según datos oficiales.

Chile vivió el antecedente más cercano a la tragedia de Honduras cuando el 8 de diciembre del 2010 un total 81 reos murieron en un incendio que se inició de madrugada en la cárcel San Miguel de Santiago, originado en una riña entre internos.

La situación es especialmente acuciante en Centroamérica.

En El Salvador, en enero había un total de 25.400 reos, cuando los 19 centros penales del país fueron creados para albergar 8.100.

Guatemala presenta gran similitud con el caso de Honduras, según afirma Carmen Ibarra, de la ONG Movimiento Pro Justicia. «Las situaciones son tan precarias que cualquier cosa puede pasar», señala. A su juicio, unas 1.500 personas se encuentran detenidas en las prisiones guatemaltecas, pese a que ya cumplieron condena.

«El sistema carcelario está en crisis en toda la región, con altos niveles de hacinamiento, bajísimos niveles de inversión pública y casi nulas políticas de reinserción», explica Dammert.

En Brasil, el sistema penitenciario padece también estos omnipresentes problemas de hacinamiento y falta de inversión. Como consecuencia, las organizaciones criminales imponen su ley en prisiones deterioradas, insalubres y con Administraciones corruptas.

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