09 Sep 2008

. Actos cometidos por agentes estatales y paramilitares que constituyen crímenes contra la humanidad El CASO COLOMBIA

Escrito por: mariacano el 09 Sep 2008 - URL Permanente

Introducción I. Actos cometidos por agentes estatales y paramilitares que constituyen crímenes contra la humanidad

II. Responsabilidad penal individual de agentes estatales y miembros de grupos paramilitares por la comisión de crímenes contra la humanidad

III. Instrumentos jurídicos de aplicación subsidiaria a las organizaciones criminales paramilitares

Anexo A. Extracto de la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de 27 de septiembre de 2006 Prosecutor v. Momcilo Krajišnik: responsabilidad penal por participación en Empresa Criminal Conjunta [ENG]


Introducción.

El documento que presentamos tiene como finalidad dar una respuesta a un tipo de consulta que se nos ha realizado en varias oportunidades por quienes podríamos llamaroperadores jurídicos en un sentido amplio. Es por lo tanto un análisis de la situación específica de los desmovilizados de las autodefensas y de las cuestiones derivadas de la aplicación de la denominada "Ley de Justicia y Paz". Como consecuencia necesaria, este análisis afecta también a todos los responsables políticos respecto de los cuales se ha demostrado su participación, directa o indirecta, en lo que en la jurisprudencia internacional actual se conoce como "empresa criminal conjunta", expresión que reemplaza en la terminología a la de "organización criminal" en el sentido de las sentencias de Nuremberg. El presente documento no tiene como finalidad analizar jurídicamente las operaciones militares, ni las operaciones de fuerzas e individuos extranjeros en el territorio de Colombia, ni las responsabilidades de los mandos extranjeros de conformidad con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Tampoco se analiza la guerra civil en Colombia desde la óptica del derecho internacional, análisis jurídico que sería necesario a la hora de tratar la cuestión de las guerrillas y, especialmente, la actuación de las FARC-EP. Dejamos por tanto fuera de este análisis varios aspectos que, a nuestro entender, necesitan de un estudio separado como son: la cuestión de la actuación de los responsables militares en sus zonas jurisdiccionales; la cuestión de la guerra civil que, como mínimo, dura ya más de 40 años y de sus actores militares y civiles; la aplicación del derecho internacional humanitario en el conflicto; la cuestión de la guerrilla y especialmente de las FARC vis-à-vis del derecho internacional humanitario y del derecho internacional y, por supuesto, la actual cuestión del intercambio de prisioneros o de "rehenes políticos" según el lenguaje oficial del Palacio del Elíseo. El análisis que presentamos se adecúa al estado actual de la jurisprudencia en el derecho internacional, la cual, en los últimos años, ha tenido un avance decidido al reconocerse expresamente la figura de "crímenes contra la humanidad" en la jurisdicción ordinaria en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por una decisión del Tribunal Europeo de derechos humanos, avances que se recogen en forma amplia en el informe. Este informe es en cierta forma un análisis del derecho aplicable desde el punto de vista del derecho de las víctimas, tal cual ha sido recogido por varios instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El hecho de utilizar esta figura tiene una repercusión directa en el tipo de prueba necesaria y en la forma de analizar las responsabilidades penales individuales tanto de civiles, militares y agentes del estado en sentido amplio, como de representantes parlamentarios y de la administración local. Desde este punto de vista, la finalidad del mismo es la socialización pública de la jurisprudencia aplicable y de la necesidad de comprender que la justicia es una condición necesaria de un sistema de derecho. No existe excepcionalidad alguna posible porque las responsabilidades por la comisión de estos delitos atroces, delitos del tipo más grave conocido por la humanidad, no prescriben ni pueden amnistiarse, ni indultarse y, menos aún, exceptuarse de los procedimientos rituarios penales. En ese sentido, los hechos ocurridos en el marco de las declaraciones públicas ("versiones libres") de Salvatore Mancuso y del criminal conocido por alias "El Alemán", son un escarnio a la justicia y una degradación de la justicia penal al punto de promover, no ya la impunidad, lo cual es su finalidad expresa, sino la repugnancia de los ciudadanos ante el propio sistema de justicia. Desde esa óptica, el presente informe es una respuesta a las propuestas del presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro Leongómez, quien específicamente consideró que el modelo de justicia transicional que adoptaba Colombia era un copia del modelo chileno. |1| Pues bien, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el CasoAlmonacid Arellano y otros vs. Chile, es una respuesta desde la justicia al modelo de impunidad chileno y esa es nuestra respuesta a este discurso de excepcionalidad jurídicatan en armonía con el discurso de estado de excepción global de la actual Administración estadounidense, encabezada por el presidente George W. Bush. En ese sentido podemos sobrepujar sin vergüenza la frase de Georges Clemenceau y decir que "La justicia transicional es a la justicia, lo que la justicia militar es a la justicia" y estamos seguros de que no hacemos una utilización perversa del sentido de su frase original, que muchos adjudican erróneamente a Groucho Marx y que dice aquello de que "La justicia militar es a la justicia, lo que la música militar a la música". También pretendemos que sea una respuesta racional a todos aquellos que, de buena fe, hacen frente a la actual situación de la cuestión colombiana y especialmente quienes lo hacen desde el sistema judicial y desde el activismo de derechos humanos y libertades civiles. Esperamos en este sentido que este documento sirva a la necesaria socialización de la jurisprudencia y de la aplicación de lo que para muchos son las nuevas figuras de "crímenes contra la humanidad" y pueda ser utilizado, no sólo en los procedimientos jurídicos, sino en el necesario discurso de defensa y representación de las víctimas. Es también una respuesta a los gobiernos europeos que mantienen un doble discurso jurídico, el cual, no sólo es contrario a la legalidad de sus propios sistemas de justicia, sino que pretende una forma de injerencia de nuevo tipo: si los delitos se comenten en Europa se aplica la justicia a partir de tribunales "ad hoc", como fue el caso de la ex Yugoslavia, pero si esto ocurre en países donde se confiere primacía al control social y económico y, por tanto, la ingerencia directa, entonces se defienden modelos de "justicia transicional" o modelos de impunidad como los defendidos, por ejemplo, por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España. La excepcionalidad penal implícita en esos modelos es una forma, a nuestro entender, de crear las bases de un estado de excepción global basado en la excepcionalidad jurídica, militar y diplomática, pero que garantizaría los derechos y libertades a los ciudadanos de los países centrales. No obstante, es por todos conocido que este tipo de proyectos mesiánicos conllevan en lo jurídico en-sí-mismos las condiciones de la violación de las libertades civiles y los derechos humanos de sus propios ciudadanos. La afirmación de que estos derechos son indivisibles y universales, principalmente contenida en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1991, no es una declaración arbitraria, simplemente quiere decir que las libertades civiles y los derechos humanos sólo pueden existir si se defiende en todo tiempo y lugar su universalidad. El intento actual de crear un nuevo modelo de impunidad en Colombia debe necesariamente obviar el derecho internacional y, por supuesto, no debe tener en cuenta en absoluto la doctrina de la Corte Interamericana, ya que en los últimos treinta años la lucha contra la impunidad tuvo consecuencias directas en la doctrina jurídica interamericana. Es por eso más peligroso, porque el modelo colombiano conlleva en sí mismo el retroceso del avance jurídico del derecho de los derechos humanos en América Latina. Un reflejo de ello, en la utilización pragmática del derecho, lo podemos ver en el documento hecho público por la prensa colombiana y que corresponde a un dictamen elaborado por "Lawyers Enterprise" por y para la defensa de los paramilitares y, especialmente, de los políticos imputados y/o procesados como consecuencia de las investigaciones de la Corte Suprema colombiana. Reproducimos el segundo y tercer párrafo de dicho informe que explica por sí sólo lo que queremos decir:

    "Como alternativa de respuesta al problema jurídico planteado, el presente concepto propone una estrategia jurídica adecuada que implica una mixtura entre la Ley 782 de 2002 y el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 y parte del cambio de adecuación típica de concierto para delinquir a sedición, bien sea en la Fiscalía, o en la Corte. Esta solicitud de cambio de adecuación típica no implica necesariamente el reconocimiento por parte del solicitante de su calidad de sedicioso. La estrategia planteada no opera si, además de existir imputación por concierto para delinquir, hay imputación por delitos de narcotráfico y de lesa humanidad, toda vez que tales conductas no son conexas con la primera ." |2|

Este documento reseña lo que pretende ser una estrategia jurídica pero que es mejor denominaringeniería jurídica, toda vez que no pretende la aplicación del derecho y la justicia, sino la pura violación de los principios del derecho penal y del derecho a la justicia. Por último analizamos en el documento lo que denominamos "Instrumentos subsidiarios" de aplicación, siendo el más importante cualitativamente la denominada "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional", conocida como "Convención de Palermo", ratificada por Colombia, que es de obligado cumplimiento por parte del Estado y de la justicia colombiana y que, sin embargo, no ha sido utilizada, no por desconocimiento, sino por voluntad expresa de los propios jueces. Esta convención tiene como propósito hacer frente a la cuestión del crimen organizado, que es un tipo de organización que tiene como finalidad la comisión de delitos en forma sistemática, y, cuyo símbolo paradigmático en Colombia es, en este momento, Salvatore Mancusso, hombre ligado, según la justicia italiana, a la organización criminal 'Ndrangheta, que es hoy por hoy la mayor organización criminal europea y, posiblemente, la segunda a nivel internacional detrás de la poderosa y poco conocida mafia china. Hacer frente al crimen organizado es una necesidad básica de un estado de derecho y en América Latina este problema ha ido en aumento desde mediados de los años sesenta, cuando fue posible documentar el accionar de la mafia corsa en Argentina, Paraguay y Perú |3|. Desde entonces el crimen organizado no ha hecho más que crecer en tamaño e influencia y hoy es un problema estructural en México, Guatemala, Perú, Bolivia y, por supuesto, en Colombia. El crimen organizado en términos de la Convención de Palermo afecta a los sistemas políticos y militares y produce efectos muy amplios en los mercados financieros y en la estructura de precios de las materias primas. Excede en mucho a la sola cuestión del narcotráfico. Este tipo de organizaciones tienen entre sus negocios más importantes, y por este orden: el tráfico de mujeres, el tráfico de esclavos, el tráfico de niños, el tráfico de armas y el narcotráfico, entre una gran cantidad de delitos que son consecuencia de su propio accionar y que tienen que ver con la administración de sus inmensos beneficios. El modelo colombiano de impunidad incluye por primera vez en América Latina la inmunidad expresa de los integrantes del crimen organizado en forma pública. Los modelos anteriores afectaban directamente a militares, paramilitares y ejecutores civiles, pero nunca se había planteado en forma tan pública y desvergonzada que personas como Salvatore Mancuso puedan ser consideradas dignos de protección por parte del Estado, lo que estaría convirtiendo al Estado en cómplice del crimen organizado. Desde esta perspectiva, el modelo colombiano estaría comprendido en la frase de Jeremy Bentham (1748 - 1832) que tanto hemos usado en nuestras campaña en contra de la impunidad: "Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad". Esta frase es, desde nuestro punto de vista, el paradigma jurídico y social al que tiene que hacer frente la sociedad colombiana en su conjunto y muy especialmente el sistema de justicia y los activistas de derechos humanos y libertades civiles, con el apoyo de las organizaciones del resto de América Latina, Europa y los Estados Unidos que están aún dispuestas a defender los principios de paz con justicia y libertad.


I. Actos cometidos por agentes estatales y paramilitares que constituyen crímenes contra la humanidad.

I.1.- Definición de crímenes contra la humanidad. El derecho internacional, como se detallará a continuación, ha instituido claramente los crímenes contra la humanidad como cualesquiera de una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio intencional, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición y la violencia sexual, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz. Entre tales actos inhumanos se encuentran: el asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos. Es decir, cuando este tipo de actos se cometen de manera sistemática o a gran escala, dejan de ser crímenes comunes para pasar a subsumirse en la categoría más grave de crímenes contra la humanidad. El Secretario General de las Naciones Unidas explicó que los crímenes contra la humanidad contemplados en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (en adelante "TPIY") se referían a "actos inhumanos de naturaleza muy grave .... cometidos como parte de un ataque extendido o sistemático " |4|. De igual modo, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (en adelante "TPIR"), confiere jurisdicción al Tribunal de Ruanda sobre crímenes contra la humanidad "cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático". |5| Según Doudou Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1983 - 1995): "Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir de un crimen contra la Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) un acto individual que se inscribiera dentro de un conjunto coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo móvil: político , religioso, racial o cultural". |6| En el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad (en adelante, "Código de Crímenes"), la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas explica que "forma sistemática" quiere decir "con arreglo a un plan o política preconcebidos. La ejecución de ese plan o política podría llevar a la comisión repetida o continua de actos inhumanos. Lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y no como parte de un plan o política más amplios ". |7| La Comisión de Derecho Internacional entiende por "comisión en gran escala" que "los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye el acto inhumano aislado cometido por un autor por su propia iniciativa y dirigido contra una sola víctima " |8|. El Estatuto de Nuremberg tampoco incluía este requisito. No obstante, el Tribunal, al examinar los actos inhumanos como posibles crímenes de lesa humanidad subrayó también que la política de terror "se realizó sin duda a enorme escala" |9|. En el texto aprobado en primera lectura por la Comisión de Derecho Internacional se utilizó la expresión "de manera.... masiva" para indicar el requisito de una multiplicidad de víctimas. Esta expresión se sustituyó por la de "en gran escala" en el texto de 1996, por ser suficientemente amplia para comprender distintas situaciones que supongan una multiplicidad de víctimas, por ejemplo como consecuencia del efecto acumulativo de una serie de actos inhumanos o del efecto aislado de un solo acto inhumano de extraordinaria magnitud. Se trata de dos requisitos alternativos, en consecuencia, un acto podría constituir un crimen contra la humanidad si se diera cualquiera de esos dos requisitos. En el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de1996 (que contiene las directrices para esta cuestión desarrolladas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y que se tomó como base para formular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ), artículo 18, se exige también unaactuación "instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo". Esa instigación puede pues provenir de un gobierno o de una organización o grupo. La alternativa tiene por objeto, según la Comisión de Derecho Internacional, excluir el caso de que una persona cometa un acto inhumano por su propia iniciativa al realizar su plan criminal propio, pero sin que exista ningún estímulo ni dirección por parte de un gobierno, o de un grupo u organización. Baste recordar que el Tribunal de Nuremberg declaró el carácter criminal de varias organizaciones creadas con el fin de cometer, inter alia, crímenes contra la humanidad. El Estatuto de Nuremberg y las sentencias reconocieron la posibilidad de una responsabilidad penal basada en la pertenencia de una persona a una organización criminal de esa índole. Una conducta criminal aislada de una sola persona, explica la Comisión de Derecho Internacional, no constituiría un crimen contra la humanidad. "Sería sumamente difícil para una sola persona que actuase aislada cometer los actos inhumanos [crímenes contra la humanidad] previstos en el artículo 18 ". |10| Por último, y conforme a la redacción del artículo 18 del Código de Crímenes ya mencionado, la definición de crímenes contra la humanidad no incluye el requisito de que el acto se cometa en tiempo de guerra o en relación con crímenes contra la paz o con crímenes de guerra, tal cual exigía el Estatuto de Nuremberg. La autonomía de los crímenes contra la humanidad se reconoció en instrumentos jurídicos posteriores, que no incluyeron ese requisito. Ni la Ley No. 10 del Consejo Aliado de Control, aprobada poco después del protocolo de Berlín, ni la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 [artículo 1(b)], ni los Estatutos más recientes de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (artículo 5) y Ruanda (artículo 3), incluyen ningún requisito de conexión sustantiva con otros crímenes relacionados con un estado de guerra. I.1.1.- Elementos comunes a los crímenes contra la humanidad. La sentencia del TPIY de 27 de septiembre de 2006 recaída en el caso Prosecutor v. Momcilo Krajišnik |11|, define los elementos comunes de los crímenes contra la humanidad de una manera sintética y clara, recogiendo la doctrina que ha ido aplicando el tribunal a lo largo de los años en que ha funcionado. El único elemento que no es predicable respecto de los crímenes contra la humanidad en general, es el consistente en que éstos aparezcan ligados a la existencia de un conflicto armado. Este vínculo es, como aclara el propio TPIY, una limitación jurisdiccional que le viene impuesta a este tribunal por el propio Estatuto, pero no forma parte de la definición de crímenes contra la humanidad basada en el derecho consuetudinario. En el plano convencional, o de los tratados, la propia "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad " |12| de las Naciones Unidas, señala en su artículo I:

    Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:
    . . .
    b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, ... aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Efectuada esta aclaración, se transcriben a continuación los párrafos correspondientes de la sentencia Krajisnik a efectos de explicar cuáles son los elementos comunes a los crímenes contra la humanidad:

    702. El acta de acusación formula cinco cargos de crímenes contra la humanidad contra el Acusado al amparo del Artículo 5 del Estatuto del Tribunal. Se le acusa de exterminio (cargo 4) o, alternativamente, de asesinato (cargo 5), de conformidad con los Artículo 5 b) y 5 a) del Estatuto, respectivamente. Los crímenes de deportación (cargo 7) y "otros actos inhumanos (traslado forzoso)" (cargo 8) son formulados separada y acumulativamente siguiendo los Artículos 5 d) y 5 i) del Estatuto, respectivamente. Al procesado también se le acusa de persecución por motivos políticos, raciales o religiosos (cargo 3) de conformidad con el Artículo 5 h) del Estatuto. 703. El Artículo 5 del Estatuto dispone: "El Tribunal Internacional estará facultado para enjuiciar a las personas responsables de los siguientes crímenes cuando hayan sido cometidos en el marco de un conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil", a lo que le sigue un listado de los crímenes. El párrafo entrecomillado incorpora los requisitos generales de los crímenes contra la humanidad. La Sala procederá a considerar la interpretación judicial de estos requisitos. 704. Cometidos en el marco de un conflicto armado. Ésta es una limitación jurisdiccional que pesa sobre el Tribunal y que no es parte del la definición de crímenes contra la humanidad establecida en derecho consuetudinario |13|. [...] 705. Ataque generalizado y sistemático dirigido contra cualquier población civil. Para que los actos del perpetrador constituyan un crimen contra la humanidad han de formar parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil. Bajo este requisito general, han de distinguirse los siguientes elementos: (i) ha de existir un ataque;
    (ii) el ataque ha de ser generalizado o sistemático;
    (iii) el ataque ha de estar dirigido contra cualquier población civil;
    (iv) los actos del perpetrador han de ser parte del ataque;
    (v) el perpetrador ha de saber que existe un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil y que sus actos son parte de este ataque. |14| 706. La Sala realiza también las siguientes observaciones jurídicas: (a) Ataque. La noción de "ataque" es diferente de la de "conflicto armado", aún si el ataque y el conflicto armado pueden estar relacionados e incluso ser indistinguibles . |15| Un ataque lo conforma una conducta que causa un daño físico o mental, así como los actos preparatorios de esa conducta. |16| (b) Generalizado o sistemático. "Generalizado" se refiere a la naturaleza a gran escala del ataque. |17| "Sistemático" hace referencia al carácter organizado del ataque. |18| La prueba de la existencia de un plan o una política detrás del ataque constituye prueba relevante de este elemento, pero la existencia del plan o la política no es un elemento jurídico propio del crimen. |19| (c) Dirigido contra cualquier población civil. A la hora de determinar el alcance del término población "civil", la Sala de Apelaciones ha considerado relevante el Artículo 50 del Protocolo I Adicional a las Convenciones de Ginebra de 1949, a pesar de que las Convenciones son fuentes primarias del derecho internacional humanitario. El protocolo define a un "civil" como a todo individuo que no es miembro de las fuerzas armadas o que, en todo caso, no sea un combatiente.Población civil engloba todas las personas que son civiles en ese sentido. El Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra es también una guía sobre el significado de "población civil" a los efectos de crímenes contra la humanidad. Esta disposición refleja "consideraciones elementales de humanidad" que son de aplicación bajo el derecho internacional consuetudinario a cualquier conflicto armado . |20| Fija un nivel mínimo de protección de las "personas que no participen directamente en las hostilidades." De conformidad con la jurisprudencia sobre este asunto, la Sala entiende que "población civil", a los efectos de crímenes contra la humanidad", incluye no sólo a los civiles en sentido estricto, sino también a las personas que no participan directamente en las hostilidades . |21| La expresión "dirigido contra" indica que es la población cicil la que ha de ser el objeto principal del ataque. No se requiere que el ataque se dirija contra la población civil de la totalidad del área en consideración . |22| (d) Los actos del perpetrador han de ser parte del ataque. Este elemento tiene como finalidad excluir los actos aislados. Un acto se consideraría como acto aislado cuando tiene que ver tan poco con el ataque, considerando el contexto y las circunstancias en que fue cometido, que no puede afirmarse razonablemente que haya sido parte del ataque. |23| (e) Conocimiento por parte del perpetrador. El perpetrador ha de saber que existe un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil y que sus actos son parte de ese ataque. |24| No es necesario que el perpetrador tenga un conocimiento detallado del ataque. No son relevantes los motivos que inducen al perpetrador a tomar parte en ese ataque. No es necesario que el perpetrador comparta la finalidad del ataque, y puede cometer un crimen contra la humanidad por razones meramente personales . |25|

Por su parte, la sentencia Núm. 16/2005, de 19 de abril de 2005, dictada por la Audiencia Nacional española en el caso Adolfo Scilingo |26|, lleva a cabo una sistematización de los elementos definidores del crimen contra la humanidad a partir precisamente de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia:

    "La definición del delito de lesa humanidad en nuestro Código penal viene establecida sobre la base de la comisión de un hecho concreto: homicidio; lesiones; detenciones ilegales, etc. (delito subyacente), dentro del contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella, considerando que, en todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos: 1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; 2º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

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2 comentarios · Escribe aquí tu comentario

CAMBIA EL PASO QUE SE ROMPE EL VESTIDO

CAMBIA EL PASO QUE SE ROMPE EL VESTIDO dijo

OH JALA SE LLEGUE A NO OLVIDAR EL MAYOR GENOCIDIO OLVIDADO POR LA UE

mariiiiiiiiiiiiiiiiiii

mariiiiiiiiiiiiiiiiiii dijo

;)

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