La memoria histórica como proyecto social y cultural

¿Qué es la legitimidad en política, o qué es legítimo en política?

La legitimidad es un concepto con el que enjuiciamos la capacidad de un poder determinado para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza. Un Estado sería legítimo cuando existe un consenso general entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. Aquí se puede plantear el primer problema: los nacionalistas vascos no violentos pueden aducir que la autoridad vigente no es legítima porque no suscitó o no suscita el consenso entre los vascos y el referendum podría ser la solución. Los no nacionalistas aducen que la Constitución, base de la autoridad, fue fruto del consenso de los españoles y, por lo tanto, no cabe un referendum en una parte del Estado.

El concepto surge del derecho privado sucesorio y se vincula a la polítca con la restauración monárquica después de la Revolución Francesa. Se basaba en criterios tradicionales como justificación del ejercicio personal del poder. Los revolucionarios habrían atacado la legitimidad de los reyes absolutos y había que restaurar esta legitimidad. El poder no procedería de la soberanía nacional. Max Weber señala que esta es una de las tres legitimidades existirían. La segunda sería la carismática. Se daría en los sistemas donde los gobernados se entregarían a una persona, por su santidad, su heroísmo o sus capacidades ejemplares. La tercera legitimidad, siempre según este pensador, es la racional. Se basaría en motivaciones objetivas o impersonales para apoyar una determinada legalidad. Así pues, en esta legitimidad quedarían equiparadas legitimidad racional y legalidad. Pero el positivismo jurídico distinguió entre estos dos conceptos. La legalidad era el único concepto capaz de ofrecer criterios racionales y científicos, mientras que la legitimidad sería un elemento previo. Sin ahondar más en estas disquisiciones, se puede decir que la principal garantía de la legalidad es que cuente con el requisito moral de la legitimidad. Ese requisito moral estaría unido, según la corriente mayoritaria de nuestro tiempo, a la existencia de una democracia, además del respeto a los procedimientos para alcanzar el poder y para ejercerlo. Esta cuestión tendría que ver, por ejemplo, con determinadas leyes o reformas que amplios sectores de opinión critican con fuerza y plantean una especie de desobediencia civil.