Con lupa

El oficialismo ecuatoriano, en medio de una rara polvareda, se ha sacado hoy un as de la manga, tras echar el cerrojo a futuras reformas de la Constitución. La aparición de un polémico "artículo 31" despoja de dicha potestad a los legisladores y la deja en manos del presidente de la República o de la iniciativa popular.

El inefable Rafael Correa no traiciona el modus operandi desplegado hasta ahora: utilizar los mecanismos de la democracia para volverla más débil. Después de atacar furibundamente lo que él ha llamado "partidocracia" y supuestamente fomentar la aparición de movimientos ciudadanos, ahora pretende despojar del estatus legar a los partidos o movimientos que no reciban el 5% del voto. Es decir, sólo podrán entrar al juego los actualmente poderosos, una estupidez que busca repartirse el botín electoral de la mejor manera posible: impidiendo una oportunidad al resto.

Ahora, el presidente blinda el modo de reformar la Carta Magna, un "candado constitucional", según sus opositores.

Lo que más preocupa es el grado de desconocimiento de los ecuatorianos sobre el documento que deberán votar el próximo 28 de septiembre. Sería pedirles demasiado. Los propios asambleístas están estupefactos con el maratón de aprobaciones de los últimos días. Las propuestas de la oposición ni siquiera se han debatido. La nueva Constitución lleva meses redactada en las oficinas del gobierno y el debate ha sido una farsa.

Según el diario El Comercio, el 99% de los ecuatorianos desconoce su contenido, pero las probabilidades de que sea aprobada es alta. La intervención gubernamental de los canales de televisiones TC-Televisión, Gamavisión y Cable Noticias (CN3), entre otros medios de comunicación, increíblemente ha disparado la popularidad de Correa, y la intención de voto favorable crece.

El orgasmo se avecina.