La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas

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21763 <div align="center"><big><big>Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)</big></big> </div> <div align="center"><big><big>COMUNICADO Chile</big></big> <big>La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas</big> </div> <div align="justify">La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, manifiestan su preocupación frente a la continuación de los actos de violencia de la policía en comunidades mapuche, principalmente en contra de niños, como lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el pasado 16 de octubre. De acuerdo a las informaciones registradas por numerosos testigos, entre los que hay funcionarios públicos de la Corporación Nacional Forestal, y las informaciones recopiladas por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, el pasado día 16 de octubre, un numeroso grupo de policías – Carabineros e Investigaciones - llegó hasta el sector de la escuela de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, y por motivos aun no aclarados, empezaron a disparar balines y bombas lacrimógenas hacia la escuela, en contra de miembros de esta comunidad. El operativo dejó doce heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría de ellos niños. Procedieron, asimismo, a detener a dos dirigentes tradicionales. Estos denunciaron haber sido víctima de tratos vejatorios, insultos racistas y violencia desmedida. Estos hechos se inscriben en una serie de graves abusos cometidos en contra de las comunidades Mapuche. Así, el pasado 5 de octubre, en la comunidad de Rofúe, comuna de Padre las Casas, un niño de 14 años sufrió heridas de balines y fue amenazado de muerte a bordo de un helicóptero, mientras el mismo 16 de octubre, un menor de 13 años de la comunidad José Guiñon, comuna de Ercilla, fue golpeado junto a su madre. Tal y como lo demuestra el Observatorio Ciudadano de Chile en el informe que entregó hoy a la Sra Presidenta Michelle Bachelet, estos actos son numerosos y afectan en particular la integridad física y psicológica de los niños. La FIDH y CODEPU llaman a que estos hechos sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados penalmente. Aún si en algunas ocasiones, los policías responsables de actos de violencia y malos tratos han sido objeto de sanciones administrativas, éstas no son suficientes para actos que revisten esta gravedad. Frente a esta situación de uso excesivo de la fuerza que, de manera reiterada, se aplica contra las comunidades indígenas, la FIDH llama al gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las numerosas denuncias de abusos de agentes policiales contra comunidades Mapuche. Entre las recomendaciones que este Comité expuso al gobierno de Chile, están el tomar las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes, y sancionar a los funcionarios policiales que cometan este tipo de abusos. Se recomendó, asimismo, el introducir medidas legislativas para que hechos como estos no queden impunes y solicitó reforzar los programas educativos de la policía sobre Derechos Humanos. CODEPU y la FIDH respaldan las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y llaman, una vez más, a que cese el maltrato al que es sometido constantemente, el pueblo Mapuche por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. La reciente ratificación del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales no debe quedarse a nivel de un acto simbólico: Chile tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en su territorio. </div> Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 25 18 <pre cols="72">-- Karine Appy Attachée de presse Press Officer FIDH 17 passage de la main d'or 75011 Paris France Tél : 00 33 1 43 55 14 12 / 00 33 6 48 05 91 57 Fax : 00 33 1 43 55 18 80 <a href="http://www.fidh.org/" title="http://www.fidh.org" id="link_0">http://www.fidh.org</a> </pre>

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21763 <div class="gmail_quote"> <div vlink="purple" link="blue" bgcolor="white" lang="ES"> <div> <div> Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comunicado de prensa Honduras/CPI Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-. La Haya, Paris, Madrid, 22 de septiembre de 2009 - La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llaman al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo, condenan que de nuevo éste haya acudido al toque de queda para reprimir la movilización ciudadana que reclama el retorno de la democracia y, advierten que presentarán este miércoles en la Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009. La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI, numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, consistentes en miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y sicológica, amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, acaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado. En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios masivos de comunicación o autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya. La política de la Fiscalía de la CPI es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia. La APDHE y la FIDH consideran, en este sentido, que habrían incurrido en responsabilidad penal las siguientes personas: Roberto Micheletti, gobernante de facto y demás miembros de su gobierno; General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y demás comandantes militares, Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política; José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado. La APDHE y la FIDH, recuerdan que el crimen de persecución política, en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y, piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional. Solicitan también al Sr. Fiscal de la CPI que tome toda medida dentro de su alcance y competencia para prevenir la continua comisión de crímenes y el deterioro de la situación en Honduras. Para más información contactar : Manuel Ollé tel: 0034607691712, Presidente de la APDHE Luis Guillermo Pérez Casas, tel: 0032485168070, Secretario General de la FIDH La APDHE y FIDH invitan a la proyección de un documental sobre las Violaciones de Derechos Humanos después del Golpe de Estados en Honduras. Al finalizar la proyección Manuel Ollé y Luis Guillermo Pérez Casas estarán disponibles para entrevistas con periodistas. (invitación adjunta) Dirección: Anna Paulownastraat 103, 3er piso, La Haya, Holanda. 13Hrs. Contacto de prensa: Mariana Pena: 00 31 6 8193 9793 Karine Appy/Gaël Grilhot: 00 33 1 43 55 25 18 /14 12 / 90 19 </div></div></div></div>

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21763 DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín), Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave. También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda, Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado. Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores. Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas. Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer. Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla. Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas. Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad. La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008. El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla. Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello. Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate. Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común. La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército. A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía. Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación. Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas. Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado. Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas. Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad. Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares. Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear. Las instituciones del Gobierno. La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio. Defensores de derechos humanos. La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos. También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno. Compensación a las víctimas. Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas –que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad. Otras cuestiones. En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas: - directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción. - la realización de una investigación independiente de los procedimientos y resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos. - la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones. - la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las instituciones encargadas de investigar dichos alegatos. - la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de ejecuciones extrajudiciales. - la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General de la Nación , con más personal, apoyo y formación. Bogotá, Junio 19 de 2009

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