Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-

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21763 <div class="gmail_quote"> <div vlink="purple" link="blue" bgcolor="white" lang="ES"> <div> <div> Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Comunicado de prensa Honduras/CPI Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-. La Haya, Paris, Madrid, 22 de septiembre de 2009 - La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llaman al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo, condenan que de nuevo éste haya acudido al toque de queda para reprimir la movilización ciudadana que reclama el retorno de la democracia y, advierten que presentarán este miércoles en la Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009. La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI, numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, consistentes en miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y sicológica, amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, acaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado. En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios masivos de comunicación o autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya. La política de la Fiscalía de la CPI es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia. La APDHE y la FIDH consideran, en este sentido, que habrían incurrido en responsabilidad penal las siguientes personas: Roberto Micheletti, gobernante de facto y demás miembros de su gobierno; General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y demás comandantes militares, Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política; José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado. La APDHE y la FIDH, recuerdan que el crimen de persecución política, en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y, piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional. Solicitan también al Sr. Fiscal de la CPI que tome toda medida dentro de su alcance y competencia para prevenir la continua comisión de crímenes y el deterioro de la situación en Honduras. Para más información contactar : Manuel Ollé tel: 0034607691712, Presidente de la APDHE Luis Guillermo Pérez Casas, tel: 0032485168070, Secretario General de la FIDH La APDHE y FIDH invitan a la proyección de un documental sobre las Violaciones de Derechos Humanos después del Golpe de Estados en Honduras. Al finalizar la proyección Manuel Ollé y Luis Guillermo Pérez Casas estarán disponibles para entrevistas con periodistas. (invitación adjunta) Dirección: Anna Paulownastraat 103, 3er piso, La Haya, Holanda. 13Hrs. Contacto de prensa: Mariana Pena: 00 31 6 8193 9793 Karine Appy/Gaël Grilhot: 00 33 1 43 55 25 18 /14 12 / 90 19 </div></div></div></div>

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21763 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cana%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"></o:smarttagtype><style>  </style> Las organizaciones promotoras hacen un llamamiento para que en los próximos días se sumen adhesiones a este Manifiesto. MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD - POR <st1:personname productid="LA JUSTICIA UNIVERSAL" w:st="on">LA JUSTICIA UNIVERSAL</st1:personname> Las organizaciones sociales, organizaciones <st1:personname productid="de Derechos Humanos" w:st="on">de derechos humanos</st1:personname>, sindicatos, grupos <st1:personname productid="de solidaridad" w:st="on">de solidaridad</st1:personname>, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos. Manifestamos: El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de <st1:personname productid="la Ley Org￡nica" w:st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de <st1:personname productid="la Legislaci￳n Procesal" w:st="on">la Legislación Procesal</st1:personname> para la Implantación de <st1:personname productid="la Oficina Judicial" w:st="on">la Oficina Judicial</st1:personname>, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige. Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto. Con esta decisión no se ha tenido en cuenta: <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales <st1:personname productid="de Derechos Humanos" w:st="on">de derechos humanos</st1:personname> de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves <st1:personname productid="de Derechos Humanos" w:st="on">de derechos humanos</st1:personname> constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para <st1:personname productid="la Comunidad Internacional." w:st="on">la Comunidad Internacional.</st1:personname><o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que el Artículo 23.4 de <st1:personname productid="la Ley Org￡nica" w:st="on">la Ley Orgánica</st1:personname> del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de <st1:personname productid="la causa Schilingo" w:st="on">la causa Schilingo</st1:personname> la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.<o:p></o:p></li></ul> Por todo lo anterior decimos: <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que la defensa de los <st1:personname productid="derechos humanos es" w:st="on">derechos humanos es</st1:personname> una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es <st1:personname productid="la propia Comunidad Internacional" w:st="on">la propia Comunidad Internacional</st1:personname> la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.<o:p></o:p></li></ul> Por todo ello: <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos. <o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.<o:p></o:p></li></ul> <ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color: black; text-align: justify;">Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos. <o:p></o:p></li></ul> PRIMEROS FIRMANTES DE ESTE MANIFIESTO: ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro <st1:personname productid="Derechos Humanos de" w:st="on">Derechos Humanos de</st1:personname> España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, <st1:personname productid="Paz con Dignidad" w:st="on">Paz con Dignidad</st1:personname>, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional <st1:personname productid="de Derechos Humanos" w:st="on">de Derechos Humanos</st1:personname>, IEP<st1:personname w:st="on">ALA</st1:personname>, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores(<st1:personname w:st="on">UGT</st1:personname>), Unión Sindical Obrera(USO), Womens Link Wordwide.<o:p></o:p>

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1 MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD - POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

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