PALIMSESTO

La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin a la violencia policial contra las comunidades indígenas

2009-10-29T23:54:24+01:00

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)

COMUNICADO

Chile

La FIDH y CODEPU llaman al gobierno chileno a poner fin
a la violencia policial contra las comunidades indígenas

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, manifiestan su preocupación frente a la continuación de los actos de violencia de la policía en comunidades mapuche, principalmente en contra de niños, como lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el pasado 16 de octubre.

De acuerdo a las informaciones registradas por numerosos testigos, entre los que hay funcionarios públicos de la Corporación Nacional Forestal, y las informaciones recopiladas por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, el pasado día 16 de octubre, un numeroso grupo de policías – Carabineros e Investigaciones - llegó hasta el sector de la escuela de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, y por motivos aun no aclarados, empezaron a disparar balines y bombas lacrimógenas hacia la escuela, en contra de miembros de esta comunidad. El operativo dejó doce heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría de ellos niños. Procedieron, asimismo, a detener a dos dirigentes tradicionales. Estos denunciaron haber sido víctima de tratos vejatorios, insultos racistas y violencia desmedida.

Estos hechos se inscriben en una serie de graves abusos cometidos en contra de las comunidades Mapuche. Así, el pasado 5 de octubre, en la comunidad de Rofúe, comuna de Padre las Casas, un niño de 14 años sufrió heridas de balines y fue amenazado de muerte a bordo de un helicóptero, mientras el mismo 16 de octubre, un menor de 13 años de la comunidad José Guiñon, comuna de Ercilla, fue golpeado junto a su madre. Tal y como lo demuestra el Observatorio Ciudadano de Chile en el informe que entregó hoy a la Sra Presidenta Michelle Bachelet, estos actos son numerosos y afectan en particular la integridad física y psicológica de los niños.

La FIDH y CODEPU llaman a que estos hechos sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados penalmente. Aún si en algunas ocasiones, los policías responsables de actos de violencia y malos tratos han sido objeto de sanciones administrativas, éstas no son suficientes para actos que revisten esta gravedad.

Frente a esta situación de uso excesivo de la fuerza que, de manera reiterada, se aplica contra las comunidades indígenas, la FIDH llama al gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las numerosas denuncias de abusos de agentes policiales contra comunidades Mapuche.

Entre las recomendaciones que este Comité expuso al gobierno de Chile, están el tomar las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes, y sancionar a los funcionarios policiales que cometan este tipo de abusos. Se recomendó, asimismo, el introducir medidas legislativas para que hechos como estos no queden impunes y solicitó reforzar los programas educativos de la policía sobre Derechos Humanos.

CODEPU y la FIDH respaldan las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y llaman, una vez más, a que cese el maltrato al que es sometido constantemente, el pueblo Mapuche por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. La reciente ratificación del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales no debe quedarse a nivel de un acto simbólico: Chile tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en su territorio.

Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 25 18

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Karine Appy
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Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-

2009-09-24T19:12:56+02:00

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Comunicado de prensa

Honduras/CPI

Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras,
ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-.

La Haya, Paris, Madrid, 22 de septiembre de 2009 - La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llaman al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo, condenan que de nuevo éste haya acudido al toque de queda para reprimir la movilización ciudadana que reclama el retorno de la democracia y, advierten que presentarán este miércoles en la Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009.

La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI, numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, consistentes en miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y sicológica, amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, acaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado.

En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios masivos de comunicación o autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya.

La política de la Fiscalía de la CPI es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia. La APDHE y la FIDH consideran, en este sentido, que habrían incurrido en responsabilidad penal las siguientes personas:

Roberto Micheletti, gobernante de facto y demás miembros de su gobierno; General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y demás comandantes militares, Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política; José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado.

La APDHE y la FIDH, recuerdan que el crimen de persecución política, en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y, piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional. Solicitan también al Sr. Fiscal de la CPI que tome toda medida dentro de su alcance y competencia para prevenir la continua comisión de crímenes y el deterioro de la situación en Honduras.

Para más información contactar :
Manuel Ollé tel: 0034607691712, Presidente de la APDHE
Luis Guillermo Pérez Casas, tel: 0032485168070, Secretario General de la FIDH

La APDHE y FIDH invitan a la proyección de un documental sobre las Violaciones de Derechos Humanos después del Golpe de Estados en Honduras. Al finalizar la proyección Manuel Ollé y Luis Guillermo Pérez Casas estarán disponibles para entrevistas con periodistas. (invitación adjunta)
Dirección: Anna Paulownastraat 103, 3er piso, La Haya, Holanda. 13Hrs.

Contacto de prensa:
Mariana Pena: 00 31 6 8193 9793
Karine Appy/Gaël Grilhot: 00 33 1 43 55 25 18 /14 12 / 90 19

Las Declaraciones más Vinculantes de Derechos Humanos: 1960 y 2007

2009-09-08T22:21:50+02:00

Las Declaraciones y las Convenciones de derechos humanos no se distinguen, frente a lo que se dice y repite, por ser las segundas vinculantes y las primeras no. Vinculantes lo son las unas como las otras, sólo que en diverso grado entre sí y también dentro de cada categoría. Hay tanto Convenciones más vinculantes que otras Convenciones como Declaraciones más vinculantes que otras Declaraciones. La Convención es un tratado estricto entre Estados y la Declaración una mera proclamación de Naciones Unidas, pero a veces la segunda se adopta en términos tanto o más vinculantes que la primera. Las Declaraciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos de un grado tan vinculante que no es inferior al usual de las Convenciones y puede incluso resultar superior a las mismas son la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960 y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. He aquí dos Declaraciones que tienen en común bastante más que un alto valor normativo.

Las Declaraciones más Vinculantes de Derechos Humanos:
1960 y 2007

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Tienen estas Declaraciones en común ante todo que ambas proclaman el derecho de libre determinación de los pueblos sin constituir la segunda una duplicación de la primera puesto que viene no sólo a ampliarla, sino también a enmendarla. La Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960 es el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconoce el derecho de los pueblos, de todos los pueblos, a la libre determinación. Así se declara y así se fundamenta. Puesto que “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales”, por esta principal y precisa razón, se proclama que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, en cuya virtud “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Fue una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que no contó con la unanimidad de los Estados miembros. Votaron en contra Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, República Dominicana y Unión Sudafricana, grupo en el que encontraban las mayores potencias coloniales de entonces. Dichos países ya defendieron la idea de que una Declaración de Naciones Unidas, por muy de derechos humanos que se pretendiese, no les vinculaba, pues la vinculación sólo podría podrucirse por la aceptación del propio Estado mediante el acuerdo y ratificación de un tratado, esto es mediante Convención en el caso. Fue en vano. En Naciones Unidas diligentemente se constituyó un Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, usualmente llamado el Comité de los Veinticuatro por el número de los Estados que lo componen. Ulteriormente, en 1966, el derecho de la libre determinación de todos los pueblos se situó como artículo primero de las Convenciones mayores de derechos humanos, éstos son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las potencias coloniales se encontraron sin argumentos frente al valor ya en origen vinculante de la Declaración de 1960.

Una segunda Declaración del derecho a la libre determinación, ésta para los pueblos indígenas, se ha hecho necesaria por los condicionamientos y las limitaciones todavía coloniales en la aplicación de la primera. La Declaración de 1960 se refería, como contraria a los derechos humanos, a “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras”, con esta adjetivación de extranjería que condicionó el entendimiento de todos los pueblos como sujetos del derecho a la libre determinación según dicha misma Declaración y según los Pactos de derechos humanos. Con ello no fue sólo que se excluyeran los pueblos indígenas situados en el interior de Estados constituidos sobre los mismos sin su consentimiento, esto es sin respeto a su derecho a la libre determinación, sino también que fue que se impusieron las fronteras coloniales para la constitución de nuevos Estados ignorándose así la existencia misma de los pueblos. La segunda Declaración, la de 2007, mira al derecho de los pueblos indígenas tanto del primer caso como del segundo. Por esto se trata no sólo de una ampliación de la primera Declaración, la de 1960, sino también de una enmienda, y una enmienda bien de fondo, a la misma.

Se ha hecho necesaria la segunda Declaración porque Naciones Unidas y no sólo algunos Estados por separado se empeñaron en mantener la interpretación conforme a la cual todos los pueblos no eran pueblos ningunos en la práctica, sino la amalgama y la división entre pueblos impuestas colonialmente, ya por un primer colonialismo europeo en América, ya por colonialismos más recientes en otros continentes y archipiélagos. Como se trata de enmendar a Naciones Unidas y de enmendar a los Estados todos, también a los Estados que surgieron de la descolonización, la Declaración de 2007 contiene un artículo inequívocamente vinculante para las unas y para los otros: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia”. Se dirige a todas las instancias de Naciones Unidas y a todos los Estados, también a todos éstos cualquiera que haya sido su posición en el momento de adoptarse la Declaración por la Asamblea General de Naciones Unidas. De los Estados que en esta ocasión han votado en contra, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, el primero, Australia, ya ha cambiado de posición, viniendo ahora a respaldar abiertamente la Declaración.

Pero no sólo quedan tres Estados recalcitrantes. Hay más Estados que han resucitado los argumentos esgrimidos por las potencias coloniales contra la primera Declaración, la de 1960, pretendiendo así que la de 2007 no tiene carácter vinculante. Nada nuevo en esto bajo el sol. Lo hay a otros efectos. La diferencia se cifra en que ahora Naciones Unidas no muestra la determinación que tuvo tras la Declaración de 1960. Ha constituido instancias que pueden ocuparse de hacer valer la Declaración de 2007 (el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), pero sin dotarlas con facultad para hacerla valer precisamente frente a los Estados. No tienen ni la autoridad de examinarlos sobre el respeto del derecho a la libre determinación de los pueblos como la tienen los Comités de los Pactos, éstos son el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos y Sociales, los cuales por su parte han rehuido hasta el momento el mandato vinculante de la Declaración de 2007.

Hay más. Para Naciones Unidas, el enemigo de la Declaración está ahora en casa. Aparte de que haya Estados que sigan recurriendo en el seno de Naciones Unidas, como miembros de las mismas, al manido e inconsistente argumento de que las Declaraciones por definición no vinculan y aparte también de la referida dejación de facultades por parte de dichos Comités de derechos humanos, las agencias principales de Naciones Unidas se niegan a aceptar los términos del citado artículo de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No parece sino que se han conjurado contra su valor vinculante, no digo que contra ella misma. Se le está incluso promocionando, pero no en los términos estrictamente normativos de sus propios pronunciamientos y de todo su tenor general.

A principios de 2008, tan prontamente tras la Declaración, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que reúne a buen número de sus agencias incluyendo a las principales, publica unas Directrices sobre los Asuntos de los Pueblos Indígenas en las que puede leerse que “el principal documento jurídicamente vinculante dedicado completamente a los derechos de los pueblos indígenas es el Convenio nº. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales” mientras que la Declaración “enuncia los derechos a cuyo reconocimiento, garantía e implementación deben aspirar los países” y “crea un marco para discusión y diálogo entre los pueblos indígenas y los estados”. Ante tan inapropiada caracterización tanto de una como de la otra norma y sobre todo de ésta, de la Declaración, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su periodo de sesiones del mismo año 2008 recomendó al Grupo para el Desarrollo que procediese a una edición de sus Directrices corregida en dicho punto. Las mismas se han reeditado efectivamente, pero sin corrección ninguna. He participado en algún taller de las agencias de Naciones Unidas por Latinoamérica insistiendo en ese extremo y suscitando con ello algún escepticismo, pero no disentimiento. A continuación, el mismo equipo del Sistema de Naciones Unidas anfitrión del taller llega a un importante acuerdo con las organizaciones indígenas para constituir un comité asesor entre cuyos términos de referencia figura, sin cautela ninguna, las Directrices de marras.

¿Qué hubiera ocurrido si Naciones Unidas hubiese mostrado tan flagrante lenidad tras la Declaración de 1960? Como mínimo se hubieran deslegitimado. La deslegitimación vuelve a ser el riesgo mínimo, sólo mínimo pues los hay, hoy como entonces, mayores. En sus comienzos, los derechos humanos fueron para las Naciones Unidos un motivo más de vana legitimación que de compromiso alguno. Entre la legitimación hipócrita y el compromiso efectivo seguimos moviéndonos.

http://clavero.derechosindigenas.org/?p=3028

Colombia - SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS

2009-08-09T09:34:16+02:00

DECLARACIÓN DE PHILIP ALSTON, RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS

He llevado a cabo una misión de investigación sobre ejecuciones extrajudiciales
a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009. Estuve en Bogotá, Antioquia (Medellín),
Santander (Bucaramanga) y Meta (Villavicencio). Estoy muy agradecido con el
gobierno de Colombia por haberme invitado, y por su cooperación plena y sostenida
para con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el Presidente Álvaro Uribe
Vélez por haber tenido una discusión muy extensa y comprometida conmigo, acerca de algunos de los temas clave.

También me reuní con el Vicepresidente y con los Ministros de Asuntos
Exteriores, Defensa, los Viceministros de Defensa y de Justicia. También celebré
reuniones con la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, y la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación.

Me reuní con el Comandante del Ejército y con los Comandantes de la Segunda,
Cuarta y Séptima divisiones, como también con asesores jurídicos militares y jueces
militares. Asimismo me reuní con el gobernador de Antioquia, personeros provenientes de todas partes del país, varios senadores y congresistas, y numerosas organizaciones de la sociedad civil. Llevé a cabo más de 100 entrevistas con testigos, víctimas y supervivientes. Estoy particularmente agradecido con los oficiales tan competentes, dedicados y ponderados de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia por la ayudada brindada a mi misión. Sin embargo, éstos no tienen responsabilidad alguna por las conclusiones a las que yo he llegado.

Como experto independiente que presenta informes al Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas mi mandato consiste en investigar los homicidios
cometidos en violación de los derechos humanos o del derecho humanitario; determinar la extensión y las causas de la impunidad de dichas matanzas; y proponer reformas específicas y constructivas para disminuir los homicidios y promover la rendición de cuentas. En Colombia me he centrado en los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad, paramilitares y otros agentes armados no estatales, y examiné la eficacia de los sistemas de justicia penal, civil y militar en relación a esos homicidios. Cabe
destacar desde el principio, que las ejecuciones perpetuadas por estos actores.

Los hallazgos que presento hoy son preliminares. Mi informe completo se
publicará dentro de unos 4 a 5 meses, y tendrá en cuenta la información que el gobierno suministrará en el transcurso de aproximadamente un mes como parte de un diálogo continuo. Hoy me dedicaré a una gama limitada de temas.

Quiero comenzar repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones
rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de
derechos humanos, y líderes comunitarios reconociendo la mejora dramática en la
situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad total de homicidios ha disminuido mucho, y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Sin embargo queda mucho por hacer.

Ejecuciones extrajudiciales por los grupos de la guerrilla.

Los guerrilleros de las FARC y del ELN siguen llevando a cabo cantidades
significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones, rurales, intimidar a los oficiales elegidos, y castigar a aquellos que se supone colaboran con el gobierno, o para promover objetivos criminales. Su uso indiscriminado e inhumano de minas antipersonales también mata y atemoriza a numerosas personas.

Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.

La preocupación más preponderante es la incidencia de los llamados “falsos
positivos”, y los ejemplos que más publicidad han recibido, es decir, los homicidios de jóvenes de Soacha en 2008.

El fenómeno es muy conocido. Un “reclutador” engaña a la víctima con falsas
pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes , y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla.

Sin embargo hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos
positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio. El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello.

Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas
legítimas de guerrilleros u otros. Pero las pruebas –incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares, y el testimonio de soldados- indican
firmemente que ese no es el caso. Entre los “peligrosos guerrilleros” que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de 9 años, un padre de familia abnegado, cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones, que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad que algunos falsos positivos fueran de hecho, guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo 4 tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate.

Un problema adicional tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los
militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató como en el 2008 unos de sus hijos había desaparecido y luego dado de baja en combate dos días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente. Esto forma parte de un patrón común.

La pregunta clave es ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por
una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno – que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas “manzanas podridas” –es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.

A partir del 2007, el gobierno ha tomado medidas importantes para parar y
responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor
cooperación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y la ONU, la
incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del ejército, la exigencia de que las bajas en combate sean investigadas primero por la policía judicial, la modificación de los criterios para premios, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía.

Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el
gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica. La cantidad en enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados en el próximo año. Cabe destacar tres problemas. El primero es que la Fiscalía, y sobre todo su unidad de derechos humanos no tiene suficiente personal, recursos o formación.

Es esencial aumentar sustancialmente sus recursos. El segundo es que en algunas
zonas los jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y hacen todo lo que está en su poder para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria. Se demora u obstruye la transferencia de información, se arreglan los enfrentamientos de jurisdicción cada vez que se encuentra la oportunidad, y las tácticas de dilación son de uso común. Como resultado de todo esto hay demoras, que frecuentemente son de meses o años y ponen en peligro el valor de los testimonios y de las pruebas.

Hay una buena noticia: ha habido una reducción significativa en la cantidad de
alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos 6 a 9 meses. Si se confirma esta tendencia supondría un cambio de rumbo, que cabría celebrar,aunque todavía tiene que abordarse el problema de la impunidad en relación a las matanzas del pasado.

Ejecuciones extrajudiciales por paramilitares y otros grupos armados ilegales

A pesar de las importantes medidas que el gobierno ha tomado para reducir la violencia paramilitar, las ejecuciones llevadas a cabo por esos grupos, que incluyen a paramilitares desmovilizados, continúan produciéndose en gran número a través del país. El gobierno tiene que abordar la resurgencia de estos grupos con políticas
exhaustivas que se centren en el cumplimiento de la ley (incluyendo el fortalecimiento de las funciones de investigación y de persecución) y la protección y participación sostenida de las comunidades afectadas.

Según la posición del gobierno, estos grupos son bandas criminales y tienen que
ser tratadas como tales. Aunque este enfoque sea el apropiado para ciertos lugares, no aborda plenamente la naturaleza y la amenaza que plantean estos actores no estatales en distintas regiones. Independiente del nombre que se les dé, el descuidar las razones por las cuales han surgido estos grupos y la medida en que se infiltran en las instituciones del Estado y aterrorizan a la población civil, amenaza con poner en peligro los importantes logros de seguridad alcanzados por el gobierno. Deben mejorarse de manera urgente los esfuerzos para investigar, enjuiciar y castigar las ejecuciones cometidas por estas fuerzas con eficacia y celeridad.

Según todos los indicios, los paramilitares desmovilizados forman una parte
preponderante de los grupos armados ilegales. Las desmovilizaciones efectuadas
después del 2003 y las políticas de reintegración no han logrado evitar que antiguos
paramilitares maten y participen en otros actos criminales. Aunque han sido detenidos paramilitares de alto nivel, no parece ser que se hayan desmantelado completa y eficazmente las estructuras económicas, de mando y de control de los paramilitares.

Además hay un nivel alarmante de impunidad en relación a antiguos
paramilitares, y la investigación y enjuiciamiento de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por ex paramilitares dejan mucho que desear.

Las instituciones del Gobierno.

La Fiscalía tiene un papel fundamental dentro de la compleja y sofisticada
estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia nombra al Fiscal General a partir de una terna que propone el Presidente. Es esencial, habida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo Fiscal General sea una persona independiente, fuerte y de prestigio.

Defensores de derechos humanos.

La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor
inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y amenazados, y a veces asesinados, a menudo por actores privados. Hay funcionarios de alto nivel que los acusan de ser guerrilleros o terroristas, o de ser cercanos a ellos. Estas declaraciones también se han hecho contra fiscales y jueces. Estas declaraciones estigmatizan a aquellos que trabajan para promover los derechos humanos, y propician un entorno en el que pueden llevarse a cabo actos específicos de amenazas o asesinatos por parte de actores privados. Es importante que los funcionarios de alto rango pongan fin a la estigmatización de estos grupos.

También es importante que se fomente un espacio constructivo para que en el
mismo se puedan comunicar las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Me llamó la atención la polarización que existe en Colombia en relación a las posiciones de las ONG y del gobierno.

Compensación a las víctimas.

Tengo entendido que el actual proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas
–que fue aprobado por la Comisión creada para reconciliar los textos en el Senado y en la Cámara de Representantes– contiene una definición de víctima que incluye a las víctimas de agentes estatales y en general las coloca en pie de igualdad con las víctimas de los paramilitares. Es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley las víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad.

Otras cuestiones.

En mi informe completo abordaré varias reformas, entre ellas:

- directrices presidenciales al sistema de justicia militar para que cumpla con la
letra y el espíritu de la ley de competencia de jurisdicción.

- la realización de una investigación independiente de los procedimientos y
resultados del sistema de justicia militar en casos de derechos humanos.

- la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones.

- la necesidad de promover una mayor coordinación, especialmente en cuanto al
seguimiento y rastreo de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre las
instituciones encargadas de investigar dichos alegatos.

- la no prescripción de los procedimientos civiles contra funcionarios en casos de
ejecuciones extrajudiciales.

- la necesidad de seguir respaldando firmemente a la oficina del Fiscal General
de la Nación , con más personal, apoyo y formación.

Bogotá, Junio 19 de 2009

MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD - POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

2009-07-15T22:39:03+02:00

Las organizaciones promotoras hacen un llamamiento para que en los próximos días se sumen adhesiones a este Manifiesto.

MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD - POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos.

Manifestamos:

El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:

Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.

Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.

Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.

Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir

Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de la causa Schilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).

Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.

Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior decimos:

Que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.

Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.

Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.

Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

Por todo ello:

Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.

Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.

Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.

Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.

PRIMEROS FIRMANTES DE ESTE MANIFIESTO:
ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera(USO), Womens Link Wordwide.

Convocatoria

2009-06-30T17:41:16+02:00

POR UNA CARTA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTO DE PRESENTACIÓN

Día: Jueves 2 de julio Hora: 19h. Lugar: Salón de Actos Fundación Abogados de Atocha

C/ Sebastián Herrera 12,14 (Madrid)

FORO SOCIAL DE MADRID

IGUALDAD

SERVICIOS PÚBLICOS

SOSTENIBILIDAD

MEMORIA DEMOCRÁTICA

RENTA BÁSICA

LAICIDAD

DEPENDENCIA

EDUCACIÓN

Hnd - Los militares cierran medios de prensa y atacan a manifestantes en varios lugares del país, mientras se suceden los rechazos diplomáticos al gol

2009-07-02T13:50:46+02:00

Golpe de Estado contra el Presidente Zelaya
Consecuencias de la impunidad en Honduras

El sueño de la población, que dormía tranquila la madrugada del domingo 28 de junio, fue interrumpido con el golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas junto con el Poder Judicial y Legislativo, el Ministerio Público y la mayoría de los medios de comunicación social.

En horas de la tarde los diputados nombraron como sustituto de Manuel Zelaya Rosales al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, quien, a pesar de no ser reconocido por la comunidad internacional, procedió a nombrar un nuevo Gabinete de Gobierno.

El presidente Zelaya fue expulsado a Costa Rica horas después de haber sido amenazado de muerte y sacado a la fuerza de su casa de habitación por un comando militar que golpeó y sometió a su Guardia de Honor Presidencial, la cual, según el mandatario, fue fiel hasta el último momento.

Los militares no le dieron tiempo a Zelaya Rosales ni siquiera de vestirse, por lo que tuvo que arribar a San José de Costa Rica, en calidad de visitante especial, con su ropa de dormir, según contó él tras su llegada a San José.

Zelaya fue trasladado a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, donde el Presidente había encabezado el jueves anterior una manifestación popular para rescatar el material de la encuesta de opinión que se celebraría el domingo 28 de junio. Una vez en la Base, fue obligado a subir al avión presidencial West Wing con rumbo a San José, donde aterrizó en condiciones que aún no han sido aclaradas ampliamente por el Gobierno costarricense, sobre todo en lo referente a los militares que custodiaron al mandatario y que ingresaron a ese país con armas de guerra.

Hasta aquí un extracto del relato que hace el Diario El Tiempo de Tegucigalpa, en su edición del 29jun09, del inicio de golpe de estado militar, el primero contra un presidente constitucional desde el que se llevó a cabo el 3 de octubre de 1963 contra el presidente Ramón Villeda Morales, encabezado por Oswaldo López Arellano.

Este golpe de estado desestabiliza, sin lugar a dudas, a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que ven renacer el militarismo nacionalsocialista que las Fuerzas Armadas argentinas implantaron entre 1980 y 1984. Casualmente, en Honduras se instaló en la primavera de 1981, proveniente de Guatemala, el centro de comando del "Grupo Exterior de Tareas o Andean Task Force", como llamaban los generales argentinos a esta fuerza que, en realidad, pretendía imitar a los tristemente célebres "Einsatzgruppen" que el partido nacionalsocialista usó en el Este de Europa.

El entonces Coronel Gustavo Álvarez Martínez (egresado del Colegio Militar argentino en 1961) ofreció a William Casey, director de la CIA en aquellos años, una base para hostigar a Nicaragua. La Contra nicaragüense había comenzado su formación en el III Cpo de Ejército argentino a manos de un oficial de nombre Seineldín, posteriormente jefe de los Carapintadas argentinos y guardaespaldas del hombre de la CIA en Panamá, Manuel Noriega, hasta que éste cayó en desgracia. De este entorno surgió la tragedia en Honduras y el accionar del Grupo de Tareas 3-16 dirigido por Billy Joya, los militares argentinos y un virrey llamado John Dimitri Negroponte.

Desde aquel ayer, cerrado con un modelo de impunidad que se pretendía perfecto según los asesores militares y civiles españoles que reemplazaron a las tropas argentinas después de su debacle en la Guerra de las Malvinas, surgen estos fantasmas que no son más que hijos de aquellos guerreros nacionalsocialistas a cuyas espaldas hay que cargar más de 250.000 víctimas producto de sus operaciones de exterminio. Ahora vienen a completar su modelo político reaccionario mezcla de oligarquía, nacionalsocialismo y neofalangismo español.

Públicado por Equipo Nizkor

http://www.derechos.org/nizkor/honduras/golpe/

MANIFIESTO SOBRE LA REFORMA LEGISLATIVA QUE INTRODUCIRA LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

2009-06-12T22:47:38+02:00

1.- Los partidos políticos mayoritarios (PSOE y PP) han consensuado modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal referido a determinados delitos, a fin de limitar su alcance; si bien, en realidad, el texto de la reforma anunciada desvirtuaría totalmente su contenido y sentido. El marco precipitado y carente de rigor al que se ha acudido -aprovechando el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial- sustrae la reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

2.- El principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los Derechos Humanos universalmente reconocidos en una sociedad global. Forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes.

3.- El Derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia de la nacionalidad de los agresores y de sus víctimas, porque conductas tan odiosas –que, además, permanecen en la impunidad- trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales.

4.- España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La regulación actual del principio de jurisdicción universal en la legislación española –y en los tratados internacionales en los que España es parte- ha permitido la persecución de los más graves ataques institucionalizados contra los Derechos Humanos y, en particular, en aquellos casos en que su persecución efectiva en el país donde se han ejecutado es inexistente y/o altamente improbable, al tratarse de crímenes de Estado, permitiendo exigir la responsabilidad penal individual de sus autores y evitar la impunidad de quienes cometen tales crímenes atroces

Todo ello engrandece la calidad democrática de nuestro sistema judicial y la altura moral de este país en el compromiso colectivo con la defensa de los Derechos Humanos. Este compromiso es aún mayor, si cabe, en tanto no exista un tribunal penal internacional que pueda ejercer su jurisdicción de modo eficaz y efectivo.

5.- Resulta ciertamente preocupante que nuestros responsables políticos hayan acordado la introducción de limitaciones en la legislación vigente al socaire de asuntos que afectan a potencias mundiales. Bien parece que la necesidad de limitar la protección de los Derechos Humanos surja solamente ante los poderosos.

Madrid, dos de junio de dos mil nueve.