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24Oct, 2009

El Alcalde de Zurgena y 24 personas mas acusadas de corrupción urbanística

Escrito por: mmjal el 24 Oct 2009 - URL Permanente

Esta información viene publicada en inglés en una web llamada The Reader.es, según parece el caso se destapó en Julio de este mismo año, aunque no ha originado tantas portadas a nivel nacional como el caso Gürtel o el caso Millet, o el último en El Ejido, cosa que me parece injusta y peligrosa ya que la situación que describe la noticia es muy parecida a la de otros muchos municipios de nuestro pais y creo que merece ser conocida para que se despierte la conciencia de los ciudadanos de muchos pueblos que parece estar dormida.

Zurgena, un pueblo de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Almeria. Licencias ilegales, prevaricación, y todo queda en familia. La noticia varia según se lea la versión en castellano o la versión en inglés de The Reader. De esta última publicación extraigo este párrafo que describe una situación que permite trazar paralelismos con otras poblaciones mas cercanas a nosotros:

El caso produce una sensación repugnante de política de pueblo donde todo el mundo está relacionado familiarmente con todo el mundo y una red de engaños y corrupción ha sido tejida, todo para poder construir cuantas mas casas mejor sin tener que preocuparse demasiado por los permisos. Es realidad esta sensación? Bien podemos excusar a los propietarios de las aproximadamente 6.000 casas ilegales que existen en la zona de exponer sus conclusiones, pero sólo el tiempo - y la justicia española - dirán la verdad.

The case gives a nasty feeling of small town politics where everybody is related to everybody else and a web of deceit and corruption was woven, all in order to build as many homes as possible without having to worry too much about the permits. Is this feeling true? Well, owners of the estimated 6,000 illegal homes in the area may be excused for jumping to conclusions, but only time -and Spanish Justice- will tell the truth.

El juez ordena la apertura de juicio oral por la Operación Costurero

Los imputados se sentarán en el banquillo de los juzgados de lo Penal de Almería

Diario de Almería, Almería | Actualizado 07.07.2009 - 17:43

La instrucción judicial de la Operación Costurero, contra la supuesta corrupción urbanística en el municipio de Zurgena se sitúa en la antesala de la celebración de juicio. El titular del juzgado número 2 de Huércal Overa, David Villagrá, ha dispuesto, mediante auto dictado el 19 de junio, la continuidad de las diligencias como Procedimiento Abreviado, lo que en la práctica, y salvo sorpresa de última hora, supone la preparación de la vista oral en los juzgados de lo Penal de Almería.

El juez ha dado traslado de su decisión al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que formulen escrito de acusación o de sobreseimiento (archivo), o para que “excepcionalmente” soliciten la práctica de diligencias complementarias “indispensables para la tipificación de los hechos”. El responsable del juzgado huercalense tomaba esta decisión poco después de que dos de los imputados y ocho abogados pudieran escuchar por primera vez y por espacio de 30 minutos las grabaciones de los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil.

De los 24 acusados, sólo acudían a ese acto el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras, y el empresario Tomás Zurano. Más tarde, Tijeras decía a esta redacción que las grabaciones “tienen una calidad pésima. Ni siquiera se escuchan bien y a veces es casi imposible asegurar lo que se está diciendo”. Añadió que “que el contenido de las transcripciones realizadas por la Guardia Civil no se ajusta ni por aproximación a la literalidad de las conversaciones”. Así mismo, avanzó que las defensas entienden que los textos de las trascripciones están elaborados fuera de contexto.

Sea como fuere, el juez entiende que el sumario aporta suficientes indicios para que los imputados se sienten en el banquillo de un juzgado de lo Penal. Los delitos que baraja son prevaricación, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y desobediencia. De probarse estos cargos, se contemplarían penas de cárcel e inhabilitación especial.

Entre los 24 acusados destacan el alcalde de Zurgena y su primer teniente, Cándido Trabalón y Manuel Tijeras, respectivamente, a los que se les imputan un total de 11 delitos. Junto a Trabalón y Tijeras aparece la anterior Corporación Municipal en pleno –mandato 2003/2007-. De sus 11 integrantes, sólo ha quedado excluida la edil del PP, María del Mar Simonelli, que optó por abstenerse en las votaciones para la “concesión de multitud de licencias en suelo no urbanizable”. El resto de concejales podrían haber cometido prevaricación urbanística.

Se suman a la lista de imputados la ex secretaria municipal y tres profesionales de urbanismo. Éstos últimos, según el sumario, trabajaron para el Ayuntamiento emitiendo informes favorables que servían para la otorgación de licencias a proyectos en suelo no urbanizable que habían redactado ellos mismos a nivel privado.
De otra parte, en la instrucción están los nombres de varios empresarios ligados a la construcción que con sus actuaciones podrían haber cometido cohecho o incurrido en desobediencia no atendiendo a las órdenes de paralización cautelar de obras dictadas por la justicia.

Quien no aparece entre los implicados es el delegado provincial de Ordenación de Territorio, Luis Caparrós, al que la Guardia Civil le grabó una conversación telefónica con el constructor huercalense Tomás Zurano dándole garantías de que lo suyo en Zurgena se solucionará, “y a los demás que le den…”.

Las investigaciones de la Operación Costurero –denominada así por su relación con el apellido del concejal de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras- comenzaron en los primeros meses de 2007, a raíz de la querella presentada por la Junta de Andalucía contra 10 de los 11 miembros de la anterior Corporación de Zurgena por presuntos delitos urbanísticos. Pero su momento más álgido se producía el 2 de abril de 2008 con la detención del alcalde y el propio Tijeras; los técnicos municipales Francisco Salvador y Carlos Berbel; y los promotores Tomás Zurano -de Huércal Overa- y Antonio López – de Zurgena-. Paralelamente se llevaban a cabo registros y la incautación de amplia documentación en el Ayuntamiento y en las viviendas de los detenidos o sus lugares de trabajo.

Los seis acabaron en la Comandancia de Almería, desprovistos de sus objetos personales e incomunicados en calabozos. Dos días después, el viernes, 4 de abril, esposados, fueron conducidos hasta los juzgados de Huércal Overa donde prestaron declaración y salieron en libertad con cargos. En los días posteriores una número sin concretar de personas desfilaron por la Comandancia de Almería para declarar. Con el pasar de las semanas, los imputados sumaban 24.

Así lo reitera el edil de Urbanismo de Zurgena, Manuel Tijeras, quien se muestra convencido de que saldrán “absueltos”. Como prueba, el andalucista cita los “muchos” contenciosos administrativos ganados frente a una Junta de Andalucía que estima que existen en el término de Zurgena unas 1.000 viviendas construidas fuera de ordenación. “Los jueces del ámbito administrativo –ahonda Tijeras- nos están dando la razón en la mayor parte de las licencias denunciadas por la Consejería de Ordenación del Territorio”.

El también primer teniente recuerda que como consecuencia del acoso de la Junta y la Operación Costurero, el urbanismo ha quedado reducido “a cero, a la nada”, y se han perdido por ello “millones de euros”.

Por lo pronto, señala, hay unas 500 viviendas paralizadas y los ingresos por licencias de obras en el Ayuntamiento son meramente testimoniales, lo que provocado que el presupuesto municipal se haya reducido en más de un 50%: “Estamos pagando las nóminas con dificultad y ni siquiera se puede cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a las casas que tienen problemas”.

“Las cosas se han puesto tan mal que el urbanismo en Zurgena es de alto riesgo”, sentencia.

Update on "Operación Costurero"

Judge David Villagrá of Huercal Overa Court Nº 2 has allowed charges to be placed against the Mayor of Zurgena, Cándido Trabalón, his second in command Manuel Tijeras, and 23 other people.

It has been 15 months since Guardia Civil officers swooped on the sleepy little town of Zurgena, arresting the mayor and several other people. During the operation they closed the town hall and the offices of several promoters in the area, seizing computers and documents. The case has been ongoing, and yesterday evening the investigating Judge announced the results.

The investigating judge has identified nine separate counts of abuse of public office (prevariacación), bribery of a public official, crimes against the planning process, falsification of documents, carrying out of actions prohibited of an elected official, selling of favors and public disobedience.

He therefore has allowed charges to stand and the public prosecutor has ten days to state their case for a preliminary hearing which may take place in the Provincial Courts. However, the full case is not expected to be heard until the end of the year at earliest.

Under Spanish court rules, an Investigating Judge directs a police investigation. If the Judge is satisfied that a crime may have been committed, the file is handed to the Public Prosecutor (Fiscalía) and sent to a different court for trial. If the Judge does not believe there to be sufficient evidence for a case he can “archive” the case and stop proceedings.

Defense lawyers for all 25 charged people say they are optimistic about the trial. When asked about the famous secret recordings taken by police officers, they said that in their opinion these tapes would not be admissible in court due to the poor sound quality. At least one lawyer intends to make a complaint of entrapment.

The Judge's charges against Mayor Cándido states that he may be guilty of “allowing illegal building licenses to be approved through the process of silencio administrativo” (when a public administration does not reply to a request for a license, allowing the applicant to assume that permission has been granted) and “and bribery by building five detached villas in Los Menchones, these buildings being constructed by promoters who in turn gave the Mayor a consideration for his approval of the construction works”. He is also accused of falsifying documents, as according to the Judge “he certified the antiquity of a house when it was obvious it had been built subsequent to the claimed date”.

Manuel Tijeras, Councillor for Urbanisation, is accused of “signing documents allowing the segregation of land for building on rustic land” and for “granting building licenses knowing full well that the projects did not comply with building regulations and / or were on rustic land”. He is also accused of using a luxury vehicle owned by a well known local builder, Antonio López, for whom the prosecution claims he was “working undercover while in the townhall” as well as amounts of money in exchange for building licenses, granted with the justification of (non existent) favorable reports and signed off by the Mayor with false antiquity reports (which would allow them to be granted escrituras).

Eight former and current councillors of the P.A. and PSOE parties (between 2003 and 2007 the Partido Andalucista ruled in a coalition with the PSOE local party) have been charged, along with several tecnicos and public officials from the townhall, and the heads of several building companies, namely: Tomás Zurano (Zuydi), Antonio Lopez (Procosona) and Francisco Javier (New Medina Villas).

Four civil servants from the town hall are among those charged, accused of different crimes relating to them issuing false reports or documents, as well as two architects who worked for both the townhall and builders. The Secretary of the townhall has been charged, as has a tecnico who also had an interest in New Medina Villas.

Other companies involved in the trial, which belonged to the people charged as subsidiaries of the three main companies, were Dizu (owned by Tomás Zurano), Solanor, Welcome to Spanish Home, Procosona and Colyar.

The shape of the trial, and the expected timescale, will not be known until later this month after an initial oral hearing at Huercal Overa. The case is expected to be sent to the Provincial Audience and it is expected that all 25 people will be trialled at the same time in a joint case.

Full list of charges:

-Candido Trabalón: abuse of office, bribery, abuse of urban planning and forgery