parque-monteleon, allí solos y abandonados del ejercito de España. Daoíz y Velarde, juntos con el Pueblo de Madrid y posteriormente sería el resto de los pueblos españoles... Defendían, lo que su Rey, El Gobierno, El clero, La Aristocracia y los Ilustrados habían vendido a Napoleón... ¡España!.

EN NOMBRE DE TODOS AQUELLOS QUE MURIERON

EL 2 DE MAYO DE 1808

Solo tienen una interpretación:

La Traición que La Corona de España, Los Mandos Mayores del Ejercito, Los Intelectuales Afrancesados, El Clero y La Clase Aristocrática…

Todos ellos Traicionaron a España y los españoles. Dando vilmente a Napoleón, España Entera.

Por ello, dando se cuenta, poco a poco el pueblo del abandono en el que se encontraban, ante el sometimiento gustoso que estos estamentos y poderes, se entregaban con tan poquísima desvergüenza.

El 2 de Mayo de 1808.

El PUEBLO DE MADRID, se levanto en rebeldía para defender al mismo pueblo… y en ese momento fue:

CUANDO NACIO… ¡¡EL PUEBLO SOBERANO!! …

Pero no en defensa de: LOS TRAIDORES como su rey, su ejército, el clero y de los afrancesados… Que les dejaban en manos de unos extranjeros el país entero, pasándoselo por la bayoneta.

EL 2 DE MAYO DE 1808…

FUE UN ACTO TOTALMENTE EXPONTÁNIO DE SUPERVIVENCIA Y AUTODEFENSA DEL PUEBLO DE MADRID. Y CON EL, EL LEVANTAMIENTO DEL RESTO DEL PUEBLO ESPAÑOL, ANTE LA TRAICION DE SU CORONA, SUS POLITICOS Y SU EJÉRCITO.

UNA VEZ DICHO ESTO:

SEÑORA ESPERANZA AGUIRRE.

LLEVE EL ASCUA A SU SARDINA…

PERO ANTES…NARRE LA HISTORIA COMO ELLA SE ESCRIBIÓ:

CON SANGRE DE UN PUEBLO QUE SE DEFENDIÓANTE LA TRAICIÓN DE SUS GOBERNANTES.

ANTE LA TRAICION DEL CLERO, ANTE LA TRAICION DE SU EJERCITO, ANTE LA TRAICION DE...

(“ese, pueblo patriota, que siempre se vende al mejor postor, como es, el hacer, de los de siempre… de los que se van a Miami a evadir los impuestos).

Para que vengan ustedes, señores de Partido Popular… a burlarse de la sangre de aquellos estremecedores hechos, causados por unos TRAIDORES A LA PATRIA.

Y ahora vengan alzándose esos Traidores…

Después de 200 años, nuevamente como patriotas... Cuando fueron unos rastreros cobardes...

Que tuvo el pueblo llano, ese al que llaman la "chusma” que defenderlos, enfrentándose al Ejército más Grande de la Época, con unas simples tijera, navajas, aperos de labranza, aceite hirviendo... ESOS SON LOS PATRIOTA DE SIEMPRE,

AQUELLOS HEROICOS ESPAÑOLES.

Que no sabían nada de lo que era una nación, ni una patria… Que lo único que sabían…. Era, que eran un:

PUEBLO HUMILDE, PERO HONRADO Y UNIDO.

Que El Rey, que el Gobierno, que el Clero, que la aristocracia y el Ejercito, SE HABIAN VENDIDO A NAPOLEON, TRAICIONANDO A ESPAÑA… ¡HA ESE PUEBLO!.

CON ESE LEVANTAMIENTO DEL PUEBLO DE MADRID DEL 2 DE MAYO DE 1808.

FUE, CUANDO NACIO, EL SENTIMIENTO DE ¡PUEBLO SOBERANO Y LA NACIÓN! .

PUESTO QUE CON MADRID SE LEVANTO EN ARMAS PARA DEFENDERSE DEL INVASOR FRANCES... TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA.

LAS JERARQUÍAS, ¡FUERÓN! LAS QUE SE SEPARARON DE ESPAÑA,

ELLOS QUISIERON DIVIDIR A ESPAÑA... A ELLOS LES GUSTA TRASGIVERSAR EL TERMINO, Y ESCUPIRNOS LAS DOS ESPAÑAS….

CUANDO ESPAÑA, SOLAMENTE ES UNA

… LA ESPAÑA DE SU PUEBLO SOBERANO…

¡LA ESPAÑA MULTIPLE EN SU DIVERSIDAD,

PERO UNA, CUANDO HAY QUE DEFENDER…

UNA SOLA NACION…

LA QUE FORMÓ EL PUEBLO ENTERO ESPAÑOL…

EL DÍA 8 DE MAYO DE 1808.

ASÍ, NACIO... LA NACIÓN DE ESPAÑA...

ANTE EL SENTIMIENTO DE DEFENSA DEL AGRESOR FRANCES

Y LA UNIÓN DE SUS MULTIPLES: "PATRIAS CHICAS" QUE FORMARÓN Y FORMAN DESDE EL 2 DE MAYO DE 1808,

EL SENTIMIENTO DE - NACIÓN ESPAÑOLA-

CONFIGURADA TODA ELLA… POR:

SUS PROVINCIAS, AUTONOMIAS, REINOS, CONDADOS, PAIS VASCO... EN DEFINITIVA:

POR LA ¡PATRIA CHICA! DE CADA ESPAÑOL...

QUE SE TRANSFORMA... ¡SOLO! EN LA NACION ESPAÑOLA, CUANDO ESPAÑA ES ATACADA MILITARMENTE POR EL EXTRANJERO... LO DEMAS, ES HACER POLITICAS DE PARTIDO....

EL PUEBLO LO TIENE MUY CLARO....

¡EL PUEBLO ESTA UNIDO EN SU DEFENSA!

USTEDES SON LOS QUE ESTAN DIVIDIDOS.

Cuéntense los hechos con fueron…No manipulen mas con la Sangre del Populacho, de la plebe, de la chusma… Que siempre tiene que salvar a España

EN DEFENSA DE ESTA TRAICIÓN EL PUEBLO ESPAÑOL... HIZO NACER EL SENTIMIENTO DE

LA NACIÓN ESPAÑOLA... ANTES JAMÁS EXISTIÓ

Abdicaciones de Bayona

La primera Constitución española: El Estatuto de Bayona

Ignacio Fernández Sarasola¹

Génesis histórica del Estatuto de Bayona

Durante la Guerra de la Independencia, Napoleón se mostró a España como el regenerador de la política nacional y el salvador que habría de acabar con los vestigios del Antiguo Régimen. Tras las «renuncias de Bayona» Napoleón decidió convocar en Bayona una Junta de notables con la finalidad de que ratificaran su decisión de elevar al Trono de España a su hermano José Bonaparte. Sin embargo, Murat convenció a Napoleón de que la Junta participase en la elaboración de un texto constitucional de debía regir España para sujetarla mejor al Corso. La convocatoria de la que habría de denominarse Junta de Bayona se publicó en la Gaceta de Madrid de 24 de mayo de 1808; en ella, se fijaba su composición estamental, y se establecía que los diputados quedarían vinculados por el mandato imperativo que les impusiesen las provincias. Sin embargo, los intentos de Napoleón de rodearse de las élites intelectuales españolas sólo surtió un efecto parcial: si bien algunos relevantes pensadores y estadistas como Cabarrús se adscribieron a la causa francesa, las mentes más preclaras de los albores del XIX (desde Jovellanos hasta los jóvenes liberales, como Toreno, Argüelles o Blanco White) no siguieron la causa francesa ni apoyaron al gobierno afrancesado, con lo que la Junta de Bayona quedó reducida a una pobre reunión de menos de un centenar de individuos (75 en la primera sesión y 91 en la última), en su mayoría procedentes de la nobleza y de la burocracia borbónica, que no podían constituirse en auténtica representación nacional.

Antes de que se verificase la primera sesión de la Junta de Bayona, Napoleón ya había comenzado a diseñar el proyecto constitucional que sometería a su examen, aunque en realidad este proyecto parece haber nacido de la pluma de Maret². El primer proyecto seguía muy de cerca el modelo constitucional napoleónico, estando en realidad más próximo a textos como la Constitución de Westfalia o la de Nápoles, que a la realidad política española. Algo perfectamente lógico, ya que en esos momentos Napoleón carecía de datos sobre las instituciones españolas, que apenas conocía a través de un escrito anónimo que se refería a la organización política de Navarra, definiéndola como una «constitución mixta».

Sin embargo, y a pesar de este alejamiento de la realidad española, ya en el primer proyecto resultó evidente que Napoleón pretendía obtener un cierto grado de consenso en torno a la nueva Constitución. De hecho, solicitó al embajador Laforest que seleccionase a los más sobresalientes miembros de la Junta y del Consejo de Castilla para que examinasen el proyecto, vertiendo las observaciones oportunas. Los trece miembros encargados de tal menester (tres ministros, ocho vocales de consejos, un corregidor y un capitán general) realizaron unas observaciones de escaso valor, que sólo sirvieron para irritar los ánimos del Emperador ante la falta de preparación de sus colaboradores. Así pues, decidió someter el proyecto a nuevas observaciones, esta vez procedentes de algunos de los miembros de la Junta de Bayona, que ya comenzaban a llegar a la villa francesa; en concreto, se presentó al examen del ministro de hacienda (Azanza), el ex-ministro Urquijo, los Consejeros de Castilla y el Consejero de Inquisición Raimundo Ettenhard y Salinas. Las observaciones de todos ellos se dirigían a buscar una mayor filiación española del documento, especialmente por lo que se refería a las facultades de los Consejos nacionales. Napoleón tuvo en cuenta estas anotaciones, elaborando un nuevo proyecto de forma muy precipitada, eliminando los puntos de disidencia sin armonizar el texto. Por tal motivo, a mediados de junio de 1808, apremiado por el inminente comienzo de las deliberaciones de la Junta de Bayona, el Emperador tuvo que redactar un tercer y definitivo proyecto más coherente, que fue el que definitivamente sometió al parecer de los diputados.

La Junta de Bayona comenzó sus sesiones el 15 de junio de 1808 y las cerró el 7 de julio de ese mismo año³. Apenas unos días de trabajo en los que se trataron de introducir algunas enmiendas al texto que Napoleón sólo aceptó en cuanto no cuestionasen el carácter autoritario que encerraba el proyecto constitucional. En una atinada mirada a la Junta de Bayona, el Conde de Toreno (uno de los más reputados liberales, adscrito al bando opositor a Napoleón) señalaba que los miembros de la Asamblea habían obrado sin libertad, deliberando sobre puntos incidentales, y careciendo en todo caso sus observaciones de valor decisivo⁴.

El Estatuto de Bayona aprobado se publicó en la Gaceta de Madrid, en esos momentos bajo el dominio de los franceses y utilizada por el afrancesado Marchena como vehículo de arenga a favor de José I. Sin embargo, el Estatuto sólo tuvo una vigencia muy limitada, puesto que las derrotas militares, especialmente la de Bailén, impidieron la vigencia efectiva del texto. Por otra parte, el propio Artículo 143 del texto expresaba que la Constitución entraría en vigor gradualmente a través de decretos o edictos del Rey, de modo que el texto requería para su eficacia de una intermediación normativa del Monarca que no llegó a verificarse.

Ello no obstante, hay que señalar al menos dos momentos en los que el texto se invocó como Derecho vigente. Por una parte, adquirió eficacia jurídica con ocasión de la toma de posesión del cargo de los Consejeros de Estado, el 3 de mayo de 1809, al requerírseles jurar la observancia de la Constitución; por otra, desplegó una «eficacia política» en manos del propio Monarca, José I, que en ocasiones apeló a la vigencia de la Constitución de Bayona para reclamar su legítimo derecho a gobernar frente a las continuas intrusiones de los mandos militares de Napoleón en la política española.

Sin embargo, incluso esta eficacia «política» fue incidental; de hecho ni el propio José Bonaparte estaba convencido de que la Constitución de Bayona pudiese aplicarse. Así, rechazó constituir el Senado, órgano encargado de velar por la Constitución, porque entendía que sería prematuro reunirlo cuando la Constitución no podía tener vigencia (y mucho menos eficacia directa) en la situación excepcional de contienda militar. Por este motivo, José I trató infructuosamente de dirigir un proceso constituyente (que sustituyese al llevado a cabo en Bayona, monopolizado por su hermano, lo que vinculaba el Estatuto a la voluntad del Emperador), convocando unas Cortes que diseñasen una Constitución que habría de sustituir al texto de Bayona.

Naturaleza de la Constitución de Bayona

La Constitución de Bayona encabeza su preámbulo declarándose como expresión de un pacto entre el Rey y sus pueblos. Tal circunstancia parece contradecir la visión que se tiene del Estatuto de Bayona como una «Carta otorgada», pero la contradicción es sólo aparente, y más fruto de la ambivalencia que se pretendió dar al texto que de la verdadera voluntad constituyente de Napoleón.

En realidad, la Constitución de Bayona es una auténtica Carta Otorgada, expresión de la sola voluntad del Emperador, aunque los partícipes en la elaboración definitiva del texto no opinaron siempre de igual modo, y todo ello merced a una diversa interpretación de las «renuncias de Bayona». En efecto, Napoleón no podía legitimar constitucionalmente su dominio sobre España (como sucedía en Francia), y tampoco tenía interés táctico en hacer valer sus derechos de conquista. Por consiguiente, optaba por defender su soberanía a partir de las «renuncias de Bayona», que para él significaban una cesión absoluta e incondicional del poder soberano. Sin embargo, entre los partidarios de Napoleón también existió una interpretación distinta: las «renuncias de Bayona» habían supuesto el final de la dinastía borbónica, de modo que el pueblo habría recobrado la soberanía «radical» o «potencial» (conforme las teorías neoescolásticas). Ello significaba reconocer dos soberanos, el Emperador (soberano «actual») y el pueblo (soberano «potencial»), que tenían que suscribir entre sí un nuevo pacto político. Éste se plasmaría en una Constitución «formal» y escrita que en todo caso debía respetar la Constitución «histórica», es decir, el entramado de relaciones socio-políticas que se había formado a lo largo de los siglos de historia española.

La postura de la soberanía compartida (y, en consecuencia, del carácter pactado del Estatuto de Bayona) la esgrimieron tanto la Junta Suprema de Gobierno (órgano provisional que debía suplir al Rey en su ausencia, y que no debe confundirse con la Junta Suprema formada por los patriotas para organizar el gobierno de la nación y la resistencia contra los franceses), e incluso algunos diputados de la propia Junta de Bayona, como su Presidente (Azanza), o los diputados Angulo y Francisco Antonio Cea⁵. Para todos ellos Napoleón habría convocado la Junta de Bayona en calidad de representación nacional, a fin de celebrar un nuevo pacto con el Reino; pacto que quedaría rubricado con el juramento constitucional que hiciese el Emperador.

Sin embargo, la tesis de la soberanía compartida tuvo un carácter excepcional entre los afrancesados. Prácticamente todos ellos coincidieron con la idea napoleónica de soberanía regia, y fueron conscientes de que su participación en la Junta de Bayona no era más que una concesión graciosa del Emperador que en ningún caso le vinculaba. Bajo esta perspectiva, el único problema residía en que José Bonaparte ya se había proclamado Rey de España, en tanto que el proyecto constitucional aparecía derivado de la voluntad de Napoleón. La solución jurídica más acertada se debió al diputado Novella, quien consideraba que Napoleón había transferido la soberanía a su hermano, a excepción del poder de elaboración constitucional, que se habría reservado para sí Napoleón⁶. En todo caso, la incoherencia teórica se solucionó finalmente en la práctica haciendo que fuese el nombre de José I, y no el Napoleón, el que encabezase el Estatuto de Bayona, por más que José Bonaparte no hubiese participado para nada en la elaboración del texto.

El modelo constitucional napoleónico y la «nacionalización» del Estatuto de Bayona

El Estatuto de Bayona se sustenta sobre los pilares del constitucionalismo napoleónico, si bien dando cabida a determinadas notas «nacionales» que Napoleón incorporó al texto a solicitud de los miembros de la Junta de Bayona. Tal circunstancia demuestra el pragmatismo del Corso, quien compatibilizaba su ideario constitucional con la admisión de elementos característicos del territorio dominado. De hecho, en algún caso incluso se anticipó a las propuestas de los españoles, como en el caso del reconocimiento de la confesionalidad del Estado, que ya aparecía establecida en su primer proyecto constitucional.

El modelo constitucional al que más se aproximaba el Estatuto de Bayona era el de la Constitución del año VIII (13 de diciembre de 1799), según resultó modificada por Senado-Consulto del año XII (18 de mayo de 1804). Este último enmendaba el texto de 1799 en un sentido más autoritario, instaurando un Imperio hereditario como respuesta a las crisis externas (inicio de las hostilidades con Inglaterra) e internas (agitación realista). La deuda del Estatuto de Bayona respecto de la Constitución del año VIII según su reforma del año XII es evidente en múltiples aspectos: así, en el orden hereditario en la figura de Napoleón y sus hermanos, con la expresa instauración de la Ley Sálica; en igual medida, se refleja en los órganos del Estado, comenzando con el propio Monarca, que en ambos casos aparecía investido con un amplio poder que resaltaba frente a las débiles competencias de la Asamblea. En este sentido, el Estatuto asumió la idea napoleónica de que las decisiones políticas correspondían al Jefe del Estado, de modo que el resto de órganos estatales (Cortes, Consejo de Estado, ministros y Senado) aparecían como meros consejos de apoyo del Rey.

La adscripción al modelo napoleónico resultó levemente modulada por la intervención de la Junta de Bayona cuyas observaciones fueron parcialmente atendidas por Napoleón a fin de dar al texto definitivo un sesgo más acorde con las instituciones españolas y con las pretensiones de sus élites intelectuales afrancesadas. Según ya se ha señalado, la convocatoria de la Junta de Bayona apenas logró reunir a un grupo poco significativo de personalidades, si bien autores como Jovellanos o Blanco White consideraban que entre los partidarios de la causa francesa no faltaban grandes hombres de Estado⁷.

Gran parte de estos «afrancesados» habían integrado el grupo del Despotismo Ilustrado durante el reinado de Carlos III, formándose a partir de las teorías del iusnaturalismo racionalista (especialmente de Wolff, Pufendorf, Domat, Heineccio y Burlamaqui) y de las teorías económicas de la fisiocracia (de Mirabeau a Quesnay, Mercier de la Rivière y Turgot). Defraudados ante la política de Carlos IV y su todopoderoso valido, Godoy, habían visto en Napoleón y su hermano José I los reformadores capaces de racionalizar y modernizar la Administración Pública española. El ideal de estos intelectuales (entre los que se hallaban políticos como Cabarrús, economistas como Vicente Alcalá Galiano y penalistas como Manuel de Lardizábal y Uribe) estribaba en una Monarquía fuerte, asistida por Consejos, y que llevase a cabo una actividad de fomento, de modo que no es de extrañar su adscripción a la oferta regeneradora de Napoleón.

Sin embargo, y frente a lo que habitualmente se considera, entre los «afrancesados» había otras tendencias distintas a las del Despotismo Ilustrado. En la Junta de Bayona concurrieron partidarios del absolutismo teocrático, como Andurriaga, realistas defensores del equilibrio constitucional a imitación del sistema británico, como Luis Marcelino Pereyra, y, en fin, liberales, como el Abate Marchena, famoso por sus ataques a las Cortes de Cádiz. Todas estas tendencias políticas se consideraban amparadas por la polivalente figura de Napoleón: los absolutistas teocráticos, consideraban que Napoleón era el legítimo Rey de España a raíz de las «Renuncias de Bayona»; los realistas, partían de una idea de soberanía compartida que percibían en la convocatoria de la Junta de Bayona; y, en fin, los liberales, veían en Bonaparte el último rellano de la Revolución Francesa en cuya cultura política se habían formado.

Los diputados realistas fueron quienes mostraron más empeño en que el Estatuto de Bayona tuviese un carácter menos autoritario de lo que pretendía Napoleón. A ellos se debió la propuesta de que las Cortes tuvieran funciones propias de una asamblea legislativa, más que de un mero consejo del Rey; y a ellos se debió también el intento de que los ministros asumieran una mayor responsabilidad ante el Parlamento y los tribunales, así como la pretensión de instaurar una Alta Corte de Justicia que enjuiciase los grandes delitos cometidos por los funcionarios públicos. Con ello, los realistas afrancesados trataban que el Estatuto de Bayona afianzase una balanced constitution semejante a la inglesa, en que el Monarca tuviese un poder equilibrado con el Parlamento. Alguna de estas aspiraciones llegaron a convertirse en realidad, pero en todo caso Napoleón rechazó cualquier intento de reforma que supusiese una merma material de sus funciones constitucionales.

El Monarca como centro del sistema constitucional

No cabe duda alguna que el Estatuto contenía finalmente un sistema autoritario, en el que el Rey aparecía como el auténtico director de la política estatal. La propia naturaleza otorgada del Estatuto determinaba esta circunstancia; con la Constitución el Rey se autolimitaba, de modo que quedaba vinculado negativamente al texto. En definitiva, las facultades del Rey no eran las que el texto determinase expresamente, sino todas aquellas que no hubiesen sido objeto de renuncia explícita. Tal circunstancia explica por qué el Estatuto de Bayona carece de un título específico dedicado a regular las facultades del Monarca.

Ello no obstante, a lo largo del texto constitucional se mencionan de manera dispersa algunas potestades del Rey, entremezcladas en la definición de las facultades de otros órganos, en las que el Jefe del Estado acababa participando directamente. El Rey aparecía investido de una extensa potestad normativa, que no sólo comprendía la facultad de dictar reglamentos, sino que acababa convirtiéndolo incluso en auténtico titular de la facultad legiferante. Así, al Monarca le correspondía la iniciativa y sanción de unas leyes de las que expresamente decía el Estatuto que eran «decretos del Rey». Por otra parte, gozaba de la potestad unilateral (con el único requisito de la consulta al Consejo de Estado) de dictar normas con rango de ley en los recesos de las Cortes. Finalmente, le correspondía el desarrollo normativo de la Constitución, que sólo entraría en vigor a partir de decretos y edictos del Rey.

Los diputados de la Junta de Bayona fueron conscientes de la magnitud de este poder, y al menos trataron que no se extendiera más allá de los límites constitucionales. Por este motivo lograron que se insertara en el texto la obligación regia de jurar respeto a la Constitución. Sin embargo, estos mismos diputados sabían que este límite era más ficticio que real, pues siendo el Estatuto de Bayona norma emanada del propio Rey, acababa siendo disponible a su voluntad. De hecho, el propio poder de reforma constitucional quedaba en manos del Rey, ya que las Cortes sólo intervenían en el proceso de enmienda con carácter «deliberativo».

A fin de ejercer sus competencias constitucionales el Rey se apoyaba en Secretarios del Despacho, concebidos como meros agentes ejecutivos sujetos a una estricta responsabilidad por el cumplimiento de las leyes y de las órdenes del Rey. Algunos diputados de la Junta de Bayona (como Fernán-Núñez, Arribas, Gómez Hermosilla y Ettenhar) se preocuparon especialmente de impedir que, frente a lo estipulado en el proyecto constitucional, pudieran reunirse varias carteras ministeriales en unas mismas manos⁸. La amarga experiencia vivida con Godoy, que durante el gobierno de Carlos IV se convirtió en el auténtico director de la política estatal, había determinado el temor hacia el que entonces se denominó «despotismo ministerial». Reunir varias carteras en unas mismas manos suponía una inadmisible concentración de poder que arriesgaba a perpetuar los excesos del régimen anterior. Curiosamente, muchos de los afrancesados de la Junta de Bayona prestaron más atención a la división de ministerios que a la separación de poderes entre los órganos del Estado; aquélla, más que ésta, les parecía la salvaguardia de las libertades y del bienestar de la Nación. Finalmente Napoleón corrigió el texto a fin de acoger estas observaciones, de modo que en el texto final sólo se admitía la reunión de las carteras de negocios eclesiásticos con la de justicia, y la de policía general con la de interior; algo perfectamente lógico por la cercanía de los asuntos que se trataban en los mencionados ministerios y que se correspondía perfectamente con la organización por secciones del Consejo de Estado.

El Estatuto de Bayona no recogía expresamente la figura del Gobierno, de modo que los ministros se consideraban autónomos en sus funciones, hasta el punto de rechazarse expresamente la figura del Jefe del Gobierno al indicar en su Artículo 30 que no habría ninguna preferencia entre los ministros. Sin embargo, durante el breve período en que duró el gobierno de José I la práctica alteró esta regulación constitucional. A ello contribuyó la dependencia de José I respecto de sus ministros, más conocedores que el Monarca de la situación nacional. Así, las gestiones ministeriales para acabar con la Guerra de la Independencia pusieron en entredicho el papel «pasivo» y meramente «ejecutor» que les asignaba el texto constitucional.

Precisamente por esta circunstancia, los ministros tuvieron la necesidad de reunirse en órganos colegiados, y la práctica acabó por determinar la aparición de los «Consejos de Ministros» y los «Consejos Privados», a los que después se refirió expresamente el Decreto de 6 de febrero de 1809. Los Consejos Privados, que comenzaron a reunirse al menos desde el 26 de julio de 1808 (fecha de su primer Acta), comprendían tanto a los ministros como a otros cargos cuya presencia requiriese el Monarca, y se ocupaba de cuestiones de administración general y financieras. El Consejo de Ministros, sin embargo, era un órgano colegiado que reunía exclusivamente a los Secretarios del Despacho y, a diferencia del Consejo Privado, contó con una regulación específica. En abril de 1811, José I tuvo que ausentarse del Reino para reunirse con Napoleón, de modo que dictó un decreto regulando el funcionamiento del Consejo de Ministros que habría de gobernar en su ausencia, designando como presidente a Azanza, Ministro Interino de Negocios Extranjeros.

Sin embargo, la falta de un mayor desarrollo normativo y práctico de estos órganos colegiados se debe, en buena parte, a su posible solapamiento con un órgano típicamente napoleónico: el Consejo de Estado. La confusión de funciones entre ambos órganos, que también se apreció en las Cortes de Cádiz (cuya constitución preveía también la existencia de un Consejo de Estado, aunque de distinta factura), era la lógica consecuencia de interpretar que los Secretarios del Despacho no eran auténticos ministros, sino órganos de apoyo del Rey. Así las cosas, no era aventurado pensar que el Monarca consultase decisiones con estos funcionarios, relegando o duplicando las tareas propias de su cuerpo consultivo nato, el Consejo de Estado.

La defensa de las libertades: Senado, Cortes y Alta Corte Real

A pesar de su carácter autoritario, el Estatuto de Bayona reconocía una serie de libertades dispersas por su articulado, entre las que destacan la libertad de imprenta, la libertad personal, la igualdad (de fueros, contributiva y la supresión de privilegios), la inviolabilidad del domicilio y la promoción funcionarial conforme a los principios de mérito y capacidad. Este reconocimiento de libertades satisfacía a los integrantes de la Junta de Bayona, y daba al texto español un talante más liberal que otros documentos napoleónicos, como los de Westfalia y Nápoles.

De estas libertades, el Estatuto prestaba especial atención a la libertad personal y a la libertad de imprenta, estableciendo una garantía orgánica a través del Senado. Este órgano, que no encontraría reflejo en posteriores constituciones españolas, no constituía en absoluto un órgano legislativo, como observó muy bien en su día el mismo Conde de Toreno⁹. Integrado en su mayoría por miembros de elección regia, sus cometidos, basados en las teorías del Sieyès posterior a la Revolución Francesa, consistían en la tutela constitucional. En concreto, asumía funciones que incidían tanto sobre la validez constitucional (anulación de las operaciones inconstitucionales de las juntas de elección), como sobre su eficacia (suspensión de la eficacia constitucional), aunque ambos cometidos requerían del concurso del Monarca. Así pues, el Senado acababa convirtiéndose también en un órgano consultivo del Rey.

Sin embargo, entre las funciones más relevantes de este órgano destaca la tutela de las libertades personal y de imprenta, para cuyo fin se estructuraba en dos Juntas (Junta Senatoria de Libertad Individual y Junta Senatoria de Libertad de Imprenta), si bien la segunda retrasaría sus funciones al menos hasta 1815, momento en que, según el propio Estatuto, debía regularse legalmente la libertad de imprenta. En principio, la previsión constitucional de las Juntas era del agrado de los afrancesados, aunque Manuel de Lardizábal, reputado penalista, introdujo algunas observaciones sobre los plazos procesales que finalmente no se recogieron.

Las tareas fiscalizadoras del Senado alcanzaban a los ministros, principales obstáculos de las libertades mencionadas, puesto que siempre parecía previsible que estos funcionarios fuesen los encargados de ordenar la censura y las detenciones arbitrarias. En este punto, el Estatuto pretendía ser una salvaguardia contra el «despotismo mini