Los nuevos talentos del fútbol

Puede que encontrar a los próximos ronaldos y robinhos entre favelas, en un futuro, se algo más fácil y menos ligado a la leyenda urbana. La buena noticia es que el Gobierno brasileño se está moviendo para intentar cambiar la realidad violenta del tráfico de drogas y la existencia de ejércitos de niños en los grandes suburbios de las metrópolis del país sudamericano.

El Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía garantizará otra vía para solucionar el problema de la violencia juvenil, como complemento a las políticas de seguridad pública, que prevén el uso de tropas de policías federales en las calles de las ciudades más violentas. El Programa se centra más bien en la integración social, con la activación de fondos estatales por un importe de más de 3.000 millones de dólares para los próximos seis años.

El programa prevé distintas áreas de acción. En primer lugar, la construcción de más de 150 centros de reclusión específicos para los detenidos más jóvenes. Pero el Gobierno tiene previsto también que en estos centros sea posible la reinserción. Por eso, la separación de los presos más jóvenes en cárceles especiales, en las que será posible financiar actividades de estudio, entre otras.

Otra área de actuación estará relacionada con la protección de población más expuestas a los riesgos del entorno, como, por ejemplo, las madres de los jóvenes criminales. De hecho, dicho apartado de ayudas será el motor del proyecto Madres de la Paz.

Para evitar el riesgo de la corrupción entre las fuerzas de policía encargadas de la protección de las favelas más violentas, el programa establece mejoras salariales y de la vivienda para los agentes, añadiendo, además, una Fuerza Nacional de Seguridad de 500 efectivos, para ser empleados en situaciones especialmente graves.

Estas políticas de ayuda y prevención se completan con más de 90 acciones, cuyo fin es mejorar la coordinación entre las distintas autoridades, federales, estatales y municipales. En resumen, se intentará cambiar “el chip” para demostrar que otra realidad es posible en las áreas más vulnerables de las grandes urbes de Brasil.

Cabe recordar que, según datos del propio Miniterio de Justicia de Brasilia, el 65% de los jóvenes detenidos brasileños están en edades comprendidas entre 18 y 24 años y que más del 67% son reincidentes. Provienen de los estratos más marginados y el 30% de estos presos no han terminado ni la educación primaria.

Esperamos que el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía sea el primer paso para establecer un nuevo paradigma para Braisl y que, en un futuro, se sigan empleando fondos públicos en la reinserción social. Porque sólo entonces podremos conocer otra realidad.