Educación, un derecho

En muchos países de la Unión Europea, sobre todo en el sur y en el centro, no existe un reconocimiento claro de la función educativa del sector civil. Este sector representa en Europa cerca del 15% del total, lo que significa alrededor de 20 millones de alumnos. La tradición continental concibe a la educación aún como un asunto del Estado y no de todos los ciudadanos. Esta situación debe cambiar.

Hay que distinguir el norte y el sur del Continente de manera clara. En el Norte la libertad es parte del acervo democrático indiscutible. Pensemos en el Reino-Unido, en Irlanda o en Suecia o Dinamarca. En el Sur la libertad no ha sido plenamente aceptada por amplios sectores sociales a pesar de estar constitucionalizada en todos los países. En el Sur se encuentran los únicos países que no ayudan financieramente a las escuelas no estatales : Grecia y la mayor parte de Italia.

El Estado tiene que abandonar la pretensión del monopolio del sistema. Tiene que acercarse a la sociedad civil y al sector privado para construir una nueva gobernanza del sistema. Tiene que ser un agente de empoderamiento de la sociedad, de esa « Big society » de la que habla Cameron y ser un árbitro entre los intereses. Tiene por último, que adoptar un comportamiento basado en la subsidiariedad. No se trata de más o menos Estado, se trata de un Estado que cumple su función esencial y no se pierde en los detalles.

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La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en su Preámbulo, define el desarrollo como: “un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan”. Los redactores mezclaron, con razón, los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales, y culturales, y consideraron que el derecho al desarrollo no es sólo un derecho individual, sino también concierne el bienestar colectivo de toda la población. Ponen un fuerte énfasis en la participación activa, libre y significativa.

En su artículo dos, la Declaración hace una afirmación capital para entender mejor el concepto de desarrollo que queremos promover, afirmando que la persona humana es el centro del desarrollo: “La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”. La Declaración entonces pretende corregir la asimilación demasiado fácil - y que, lamentablemente, todavía existe - entre el desarrollo y el crecimiento económico.

La palabra "desarrollo" se refiere a la ampliación, la mejora en el crecimiento y la madurez: el proceso mediante el cual un organismo alcanza su forma final. La palabra se refiere a la idea de algo que no está hecho todavía, que es sólo potencial, que se ha efectivamente convertido en lo que debía convertirse. Aprende a ser quien eres, dice Píndaro.

El hombre, el ser humano, todavía no es, debe ser, debe realizarse. Por lo tanto, el concepto de desarrollo en sí mismo, transmite una imagen del hombre, una antropología. El hombre no es una "pasión inútil" (Sartre) ni un "homo consumens" (Fromm). El hombre es un proyecto que se debe hacerse con la herramienta que es la libertad en un contexto especial: la sociedad y la cultura. El ser humano es una potencialidad que debe llegar a ser.

El desarrollo es por lo tanto, y sobre todo, humano. La introducción del adjetivo "humano" por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que puede parecer superflua revela algo importante. Pone de relieve el carácter humano del desarrollo, revela que el desarrollo fue diseñado casi exclusivamente en términos de crecimiento económico. Vemos que la Declaración cambia la óptica: habla de la persona humana como el centro del desarrollo.

Este es el título del curso que organiza la Catedra UNESCO de la Universidad de La Rioja con el Collège Universitaire Henry Dunant en Ginebra del 2 al 6 de julio 2012 durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Publicamos un texto del Vice-presidente de OIDEL, Charles L. Glenn, professor de Boston University, publicado en el blog redefinED.

www.redefinedonline.org

What has developed in recent decades is a substantial emptying out of the content of democratic localism in education, without a corresponding increase in real control from society as a whole. Professional educational administrators and the teachers’ unions have, between them, come to shape educational practice in countless ways that are beyond the reach of the democratic process, whether at the local, state, or national level. Seldom are real issues of how, much less why, to educate put before parents and other citizens.

Most parents have little appetite to debate these questions, but they are eager to choose among schools with distinctive missions when the alternatives are explained clearly. I saw that in Massachusetts in the 1980s when I had responsibility for promoting educational equity and worked with a dozen cities to create choice-based desegregation plans based on clear differentiation of schools. Parents were much more interested in choice than in “voice.” This in turn made it possible for the teachers in each school to work together to fashion a distinctive approach or mission that would be attractive to parents.

American education now is undergoing a reinvention of localism, in the form of charter schools and other innovations that place significant decisions back in the hands of those engaged with shaping and maintaining an individual school: teachers and other school staff (and students as appropriate) in dialogue with parents and community institutions and supporters, as in the nineteenth century. Since the barriers of distance have been greatly reduced, such school communities can be formed on the basis of choice rather than of geography.

El Observatorio de participación de los padres en la enseñanza obligatoria (disponible en la página web: www.parentsparticipation.eu) es un espacio independiente de información e investigación. Ha sido creado por un consorcio europeo compuesto por universidades y actores de la sociedad civil que desde hace una década trabajan por la mejora de la gobernanza de los sistemas educativos.

Pese a diferencias notables entre los países, IPPE permite constatar un desarrollo legislativo importante de los derechos individuales y colectivos de los padres. La participación de los padres de familia es valorada por el indicador global que recoge los cuatro indicadores relativos a los derechos (de información, elección, recurso y participación) que el proyecto ha estudiado. El Reino Unido, Bélgica y Suecia son los países donde los derechos analizados son más favorables a la participación de los padres de familia.

De una manera general, el derecho de información es uno de los derechos que ha obtenido el mejor resultado en todos los países estudiados. El derecho de participación en organos colectivos es el derecho que obtiene peor resultado.

La investigación ha revelado la necesidad de poner en marcha un dispositivo que refleje las expectativas y opiniones de los padres de familia. La utilización del Eurobarómetro, por ejemplo, podría permitir el establecimiento de indicadores más cercanos a la realidad. Esta falta de información no afecta sólo a la participación de los padres, concierne al conjunto del sistema educativo.

Además, se ha constatado una ausencia generalizada del enfoque de derechos tanto en el campo de la participación de los padres como en el sistema educativo en general. Por último, la investigación pone de manifiesto que es urgente implementar mecanismos alternativos de participación de padres como: las comunidades de aprendizaje, las charters schools, la gestión directa por los padres de centros educativos o la ampliación del voto popular en el terreno educativo.

Mejorar la gestión del sistema educativo reforzando la participación de los padres de familia. El proyecto IPPE, financiado pour la Union Europea , cubre 15 países de la Unión europea es decir el 82% de la población escolar en Europa. Autoridades públicas y partes implicadas en la educación han sido asociadas al proyecto con el fin de elaborar un instrumento que pueda ser utilizado por los poderes públicos y todas las partes implicadas en el sistema educativo.

IPPE ha desarollado un instrumento compuesto por indicadores basados en los derechos (información, ellección, recurso y participación) que facilitan la evaluación la situación de la participación de los padres. Su informe final ha sido publicado por la editorial L’Harmattan: L’implication parentale au sein de l’école. Une approche innovante pour une éducation de qualité (en français y anglais).

El Observatorio de participación de los padres en la enseñanza obligatoria (disponible en la página web parentsparticipation.eu a partir del 16 décembre) es un espacio independiente de información e investigación. Ha sido creado por un consorcio europeo – Red europea sobre la gobernanza en educación en Europa (REGE) – compuesto por universidades y actores de la sociedad civil que desde hace una década trabajan por la mejora de la gobernanza de los sistemas educativos.

El Observatorio constituye un dispositivo de supervisión y evaluación de las políticas públicas en el campo de la participación de los padres de familia. Permite un análisis comparado en un campo de suma importancia para la calidad de la educación. Facilita a las autoridades públicas puntos de referencia objetivos para la implementación de reformas.

La gobernanza de los sistemas educativos es una cuestión clave para alcanzar la educación y la formación de calidad que persigue “Educación y Formación 2020”. El Informe de la Comisión europea sobre la calidad de la educación escolar (2000) considera la participación de los padres como uno de los indicadores de calidad.

El 16 de diciembre serán presentados en Madrid en la Academia Real de Jurisprudencia y Legislación los primeros indicadores de participación de los padres en la enseñanza obligatoria.

Además, el proyecto IPPE que ha trabajado desde hace tres años en estos indicadores ha diseñado unos módulos de formación para la participación dirigidos principalmente a los padres, quienes a través de sus asociaciones podrán utilizar estos indicadores para el seguimiento de las políticas públicas.

Mas información en www.oidel.org

Vamos a comentar brevemente la sentencia Lautsi c Italia. La sentencia se refiere exclusivamente al caso italiano, no debe pues generalizarse de modo indebido. No se trata pues de una sencia sobre los crucifijos en la escuela pública en Europa, aunque evidentemente, como toda sentencia sienta jurisprudencia. Dada la similitud cultural podría aplicarse facilmente a países como España o Grecia. Es significativo igualmente que la sentencia rectifica una sentencia que en primera instancia sostenía – por unanimidad - la opinión contraria. Recordemos antes que nada que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la instancia europea última en el terreno de los derechos humanos y juzga de la conformidad de las legislaciones nacionales con al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal depende del Consejo de Europa y no de la Unión Europea. Todos los Estados de la Unión sin embargo son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia se refiere a la compatibilidad de la presencia del crucifijo en las escuelas públicas con el artículo 2 del Protocolo Facultativo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. que se refiera a los derechos de los padres de formar a sus hijos en conformidad con sus convicciones religiosas y filosóficas. No se refiere pues a las escuelas confesionales o privadas. La sentencia se situa en un contexto de abundantes y recientes pronunciamientos del Tribunal sobre la enseñanza religiosa en la escuela pública, en especial la sentencia Folgero contra Noruega en 2007 y Zengin contra Turquia del mismo año. Toda interpretación debe hacerse con arreglo a esta jurisprudencia. De modo particular es preciso referirse à la sentencia Folgero que recopila buena parte de la jurisprudencia anterior del Tribunal sobre la enseñanza religiosa en la escuela pública.

La sentencia invoca como principio de interpretación el margen de apreciación. ¿Que significa este margen de apreciación ?. Cuando existen divergencias importantes entre los países como en el caso de la concepción de la laicidad, el Tribunal estima que es preciso dejar un margen de apreciación a cada Estado para determinar el modo de definir y de organizar el sistema escolar siempre que esta organización no contradiga el principio de neutralidad de la escuela pública. «Los Estados – dice textualmente la sentencia - tienen un margen de apreciación cuando deben conciliar el ejercicio de funciones que asumen en el terreno educativo y el respeto de los derechos de los padres de garantizar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religioses y filosóficas » (párrafo 69).

Los Estados, afirma tambien la sentencia, pueden dispensar una enseñanza religiosa en la escuela pública sin que esto signifique ir contra el respeto de las convicciones de los padres, pero no pueden adoctrinar, este es el límite que no pueden sobrepasar. Los Estados pueden determinar, del mismo modo, la manera más adecuada de perpetuar sus tradiciones culturales, incluidas las dimensiones religiosas siempre que no contradigan evidentemente los derechos humanos

En los países de la Unión Europea « la implementación sigue siendo el principal obstáculo para las estrategias de educación y formación durante toda la vida. Un fuerte compromiso institucional, la coordinación y la colaboración con todas las partes implicadas son esenciales » La gobernanza del sistema educativo, sigue siendo uno de los puntos débiles de la educación en Europa como señalan las conclusiones del Consejo del 12 de marzo de 2009 (2009/c 119/02). La gobernanza actual no permite una adaptación a los cambios sociales suscitados por la sociedad de la información y el conocimiento ni garantiza la cohesión social y la ciudadanía activa objetivos del programa Educación y Formación 2020.

La Unión considera en otro documento reciente que « las asociaciones en todos los niveles (nacional, regional, local y sectorial) debe fortalecerse para asegurar, a través de una responsabilidad compartida, la plena participación de todos las partes implicadas (instituciones, interlocutores sociales, alumnos, docentes, sociedad civil, etc.) en el desarrollo de sistemas de educación y formación flexibles, eficientes y abiertos a su entorno ».

Educación y Formación 2020 exige un esfuerzo renovado de todas las partes implicadas para lograr una educación de calidad que se apoye sobre una auténtica participación de todos los actores sociales determinando las buenas prácticas y los instrumentos de medida (indicadores) que permitan una evaluación continua de los sistemas educativos [ cf Conclusiones del Consejo del 12 de marzo de 2009 (2009/c 119/02].

En los países de la Unión Europea « la implementación sigue siendo el principal obstáculo para las estrategias de educación y formación durante toda la vida. Un fuerte compromiso institucional, la coordinación y la colaboración con todas las partes implicadas son esenciales » La gobernanza del sistema educativo, sigue siendo uno de los puntos débiles de la educación en Europa como señalan las conclusiones del Consejo del 12 de marzo de 2009 (2009/c 119/02). La gobernanza actual no permite una adaptación a los cambios sociales suscitados por la sociedad de la información y el conocimiento ni garantiza la cohesión social y la ciudadanía activa objetivos del programa Educación y Formación 2020.

La Unión considera en otro documento reciente que « las asociaciones en todos los niveles (nacional, regional, local y sectorial) debe fortalecerse para asegurar, a través de una responsabilidad compartida, la plena participación de todos las partes implicadas (instituciones, interlocutores sociales, alumnos, docentes, sociedad civil, etc.) en el desarrollo de sistemas de educación y formación flexibles, eficientes y abiertos a su entorno ».

Educación y Formación 2020 exige un esfuerzo renovado de todas las partes implicadas para lograr una educación de calidad que se apoye sobre una auténtica participación de todos los actores sociales determinando las buenas prácticas y los instrumentos de medida (indicadores) que permitan una evaluación continua de los sistemas educativos [cf. Conclusiones del Consejo del 12 de marzo de 2009 (2009/c 119/02].

OIDEL en el marco de la red REGE (Réseau européen sur la gouvernance dans l’éducation) compuesto por ONG e Universidades, ha promovido desde el 2003 una reflexión a través de simposios en Lyon, Santiago de Compostela y Lisboa y desde 2009 pilota un vasto proyecto financiado por la Unión sobre indicadores de participación de padres en el marco del Programa de Educación y formación a lo largo de la vida (IPPE). Los primeros resultados de este proyecto serán discutidos dentro de una semana en un coloquio que se celebrará en la Universidad de Bergamo.