81.34.192.134 3770 2009-06-26T09:58:41Z 1338001 El Alto Tribunal ha anulado la sentencia contra Pedro Jiménez, condenado a 83 años por la Audiencia de Barcelona por el asesinato y violación de dos mujeres policías en prácticas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por considerar que debe ser un jurado popular quien se encargue de juzgar el caso. La decisión del TS, que ha resuelto el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, deja sin efecto la prisión provisional de Pedro Jiménez, aunque éste continuará en la cárcel por condenas anteriores por delitos de robo con violación. La Audiencia de Barcelona espera ahora que el TS, que deliberó sobre este recurso el pasado 18 de junio, le comunique hasta dónde se retrotrae el caso, que puede volver a parar al juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que es donde se inició el proceso, puesto que los crímenes se cometieron en el barrio de Bellvitge de esa localidad. No obstante, fuentes judiciales han informado de que el procedimiento para que el caso sea juzgado por un jurado popular no tiene por qué retrasarse en demasía, ya que la instrucción del caso ya está hecha y se trata de un tema de procedimiento procesal. Jiménez, varias veces condenado por delitos sexuales La Audiencia de Barcelona condenó el 5 de setiembre de 2008 a Pedro Jiménez a 83 años de prisión por dos delitos de asesinato, agresión sexual, violación de domicilio, robo con violencia, incendio y profanación de cadáver. Las jóvenes, Aurora R.G. y Silvia N.G., ambas de León, fueron asesinadas a puñaladas el 6 de octubre de 2004 y una de ellas violada por Pedro Jiménez en el piso que compartían ambas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet y que tras el crimen fue incendiado por Pedro Jiménez. Jiménez era un interno de Can Brians, condenado en ocho ocasiones por delitos sexuales y de robo y que gozaba de un permiso penitenciario el día de los hechos. El último día del juicio, el condenado reiteró su inocencia y denunció que las pruebas que le incriminan directamente fueron manipuladas, aunque no sabe por parte de quién. En la sentencia de la Audiencia de Barcelona se hacía un relato pormenorizado de todas las pruebas que relacionan directamente a Jiménez con el doble asesinato. Entre esas pruebas figuran huellas dactilares, pisadas, restos de semen, objetos sustraídos a las víctimas que tenía en su posesión el acusado y grabaciones en las que aparece en las inmediaciones del piso de Bellvitge antes y después del crimen. El acusado, en su declaración en el juicio, defendió que un hombre llamado Mustafá D. le envió pocas horas antes de los hechos a casa de las dos policías a buscar un sobre con sustancias estupefacientes, y apuntó a ese hombre y a otro supuesto narcotraficante como autores del doble crimen. El abogado de la defensa, Alejandro Calvo, pidió la absolución de su cliente porque, según la versión de su defendido, fueron otras personas las que cometieron el crimen y luego le incriminaron, ya que, en su opinión, resulta difícil que una persona de la estatura de Jiménez (1,57 metros) pudiera doblegar a las dos víctimas. Esta argumentación fue rebatida por el tribunal, que en su fallo aseguró que "no puede obviarse, al margen de la innegable constitución atlética del acusado, el efecto intimidador que un arma tan peligrosa como es una navaja de tipo 'mariposa' puede ejercer sobre cualquier persona". El tribunal decía en su sentencia que las dos jóvenes policías "no contaron ni con la experiencia y sangre fría del acusado ni con sus verdaderas intenciones", y ello explicaría que "ni gritaran ni se defendieran". . Jaime 341577 1 0 1 79.151.249.46 3770 2009-06-27T18:32:44Z 1341411 La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha denegado el amparo a dos agentes de la Policía Local de Sevilla que fueron sancionados por «faltar a la verdad» durante la tramitación de una investigación interna que se les realizó a raíz de la denuncia de un ciudadano por abuso de autoridad, intimidación y amenazas. El alto tribunal considera que la conducta por la que los recurrentes fueron sancionados no constituye un acto de ejercicio legítimo del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, sino una «clara» extralimitación «teniendo en cuenta las modulaciones impuestas al mismo en función de los especiales deberes que los recurrentes tenían ante la Administración y los ciudadanos, en su condición de policías locales». Pese a que el TC ha afirmado en más de una ocasión que el imputado en un proceso penal no está sometido a la obligación jurídica de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir, la sentencia subraya que no puede excluirse que los derechos a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable en su conexión con el derecho de defensa «consagren un derecho fundamental a mentir», según se destaca en una nota remitida ayer por el tribunal. La sentencia relata como, tras la denuncia del ciudadano en 2004, relativa a la actitud de los agentes por la imposición de dos multas, éstos fueron sancionados por el Ayuntamiento de Sevilla con dos días de suspensión de empleo y sueldo y ellos recurrieron la sanción ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, que rechazó esta iniciativa. El Constitucional estima que pudo acreditarse que en la comparecencia de los policías en el expediente de información reservada abierto a raíz de la denuncia «los recurrentes fueron preguntados sobre los hechos denunciados, tras darse lectura por escrito de denuncia, realizando libremente y sin coacción alguna las declaraciones que tuvieron por conveniente». JMDAM 341577 1 0 1