12 Ago 2009

Algunas muestras de la denigración de los medios

Escrito por: alvallo el 12 Ago 2009 - URL Permanente

Pipi Estrada da su versión de su pelea con Jimmy Giménez Arnau al que ha dejado en una silla de ruedas. Al menos así va a los programas:

“Utilizáis el sistema del ventilador de la mierda”, dijo Pipi y el conductor de La Noria, Jordi González perdió los papeles y empezó a gritar a Estrada recordándole que enseña a sus compañeros mensajes suyos masturbándose. Después pidió perdón por perder la compostura. Podría darse el caso de que Jordi estuviera inventando una frívola “Teoría de la Masturbación” opuesta a la más seria, pero no menos delirante “Teoría de la Conspiración” de otros periodistas que, un día si y el otro también, esgrimen en sus medios.

camps en un blog

De momento Camps ha salido limpio de polvo y paja de su imputación en el Gürtel valenciano. Ahora previsiblemente su caso lo tratará el Supremo. Así pues técnicamente Camps es un ser inocente de los regalos que se le atribuyen porque lo dicen los jueces. No obstante la lucha política continúa a escala nacional con las osadas declaraciones de Cospedal , refrendadas por el líder Rajoy, en las que acusa al Ejecutivo de que está haciendo un uso partidista del Estado para machacar políticamente al PP.

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6 comentarios · Escribe aquí tu comentario

lois

lois dijo

Excelente post, no tiene perdida, aunque aquí se ve que perder los papeles es ya también un espectáculo...la foto de Camps de antología... Un saludo, ya pasaré.

Luis

Luis dijo

MALA MEMORIA TENEMOS:

Dejad a Camps un respiro y lloremos por nuestra Justicia al recordar como el Tribunal Constitucional se peleó con el Tribunal Supremo por defender a unos pobres ciudadanos...

El Supremo consideró que los Albertos engañaron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid. En concreto, se hizo llegar a los socios minoritarios de Urbanor una suscripción preferente sobre los solares de las torres KIO aun precio de 150.000 pesetas m2 cuando en realidad los Albertos habían pactado con los vendedores un precio de 231.000 pesetas m2.

El 6 de enero de 1993, un día antes de que acabase el plazo, se presentó una querella por falsedad y estafa contra ellos. La Audiencia Provincial de Madrid declaró los hechos prescritos dado que la simple presentación de la querella sin firma del querellante ni poder del procurador no podía tener fe como una querella válida.

Por el contrario, el Tribunal Supremo entendió que la presentación de la querella podía interpretarse con la expresión legal "dirigir el procedimiento contra el culpable", revocó la sentencia de la Audiencia de Madrid y condenó a los Albertos a tres años y cuatro meses de prisión a cada uno.

Ahora, el Constitucional ha entendido que la prescripción está conectada con el derecho fundamental a la libertad y con la limitación del ejercicio del ius puniendo del Estado, que renuncia al mismo cuando no realiza actuaciones para la averiguación y castigo del delito en el tiempo establecido por la ley.

En consecuencia, entiende que la interpretación del Supremo sobre la querella del 6 de enero de 1993 lesiona el derecho de los Albertos a la tutela judicial efectiva. El Constitucional anula la sentencia del Tribunal Supremo, con lo cual los Albertos quedan exonerados del cumplimiento de la pena.

alvallo dijo

O séase, que los Albertos no han entrado en el trullo. ¡ Qué maravillas de leyes poseemos que nos protegen de los supuestos grandes latrocinios ! ¡ Y qué buenos abogados !

Anónimo

Anónimo dijo

Ojalá lo que ha salvado a los Albertos hubiesen sido buenos abogados. Eran muy buenos ciertamente, pero el éxito final ha sido debido a los malos jueces que no le aplican la misma vara de medir a unos que a otros...

Se diría que la vara se dobló ante el peso de los personajes, que por cierto no han salido muy bien parados porque no entrar en prisión por prescripción no es honorable que digamos.

Estos chicos del Tribunal Constitucional estan para cosas políticas solamente no sé cómo tomaron partido por unos simples ciudadanos de a pie.

Pedro López

Pedro López dijo

La prescripción del delito y, con ello, la extinción de la responsabilidad criminal, se produce cuando entre la consumación de aquél y su persecución penal haya transcurrido un determinado periodo de tiempo: cinco años, por ejemplo, y según el art. 131.1 del Código Penal (CP), para aquellos hechos punibles castigados con pena de prisión de más de tres años que no exceda de cinco. Según el art. 132.2 CP, sin embargo, <<[l]a prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable>>, de tal manera que si, para seguir con nuestro ejemplo, aunque sea un día antes de cumplirse los cinco años, se inicia un proceso penal contra el autor, el plazo de prescripción quedará suspendido, y ese autor será condenado, ya que (todavía) no se habría extinguido su responsabilidad criminal.

Las sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC) 63/2005, de 14 de marzo, 29/2008, de 20 de febrero (caso los Albertos) y 147/2009, de 15 de junio, estiman, en contra de una de las distintas tesis que ha mantenido el Tribunal Supremo (TS) sobre cuándo se interrumpe la prescripción, que no basta la presentación de denuncia o querella para suspenderla, sino que es imprescindible que a esa denuncia o querella haya subseguido <<un>>. Esta doctrina del TC fue rechazada rotundamente por la Sala 2ª del TS, la cual, en un Acuerdo de su Pleno no jurisdiccional de 12 de mayo de 2005 (tomado a raíz de la STC 63/2005) resolvió hacer caso omiso de aquella doctrina, fundamentándolo en que esa interpretación del TC del instituto de la prescripción <<vacía>>, Acuerdo reiterado por el Pleno el 25 de abril de 2006 y el 26 de febrero de 2008 (a raíz de la STC 29/2008, de 20 de febrero), en el que se insiste, apelando de nuevo al art. 123 CE, que <<se>>. Según los medios de comunicación, uno de los principales defensores de esos Acuerdos del TS habría sido el magistrado Enrique Bacigalupo, quien, sin embargo, tan sólo siete años antes había mantenido la tesis contraria a la de que la prescripción era una institución perteneciente exclusivamente a la legislación ordinaria, ya que con su exégesis se podrían vulnerar derechos fundamentales como el de legalidad penal (art. 25.1 CE>>); en efecto, en su voto particular a la sentencia mayoritaria del TS de 29 de julio de 1998 (caso Segundo Marey), dicho magistrado sostiene que Rafael Vera debería haber sido absuelto, ya que sus delitos habrían prescrito, porque la interpretación que la mencionada sentencia hace de la prescripción es <<incompatible>>, habiendo incurrido el TS con una ulterior interpretación de dicha institución en una segunda vulneración de ese derecho fundamental: <<la>>; a todo ello hay que decir que se puede mantener una (la prescripción es materia exclusivamente de legislación ordinaria) u otra (determinadas interpretaciones de la prescripción pueden vulnerar derechos fundamentales) posición, pero no dos contradictorias entre sí, según cuál sea el caso que se está juzgando.

Por lo demás, los Acuerdos del TS en contra de la tesis mantenida por el TC han de ser rechazados tanto desde un punto de vista formal como material. Desde un punto de vista formal, porque el TS argumenta contra el criterio del Constitucional sobre la base de su particular entendimiento del art. 123.1 CE (<<el>>), y de los arts. 24.1 (tutela judicial efectiva) y 25.1 (derecho a la legalidad penal) que el TC estima vulnerados cuando se fija como momento de interrupción de la prescripción el de la interposición de una denuncia o querella. Independientemente de si esa doctrina del TC es correcta o no, su interpretación de esos preceptos constitucionales prevalece frente a cualquier otra que pueda proceder de otros órganos jurisdiccionales, ya que el TC es el <<intérprete>> (art.1º.1 LOTC) y ya que los jueces y tribunales deben aplicar los preceptos constitucionales <<conforme>> (art.5º.1 LOPJ), de la misma manera que, independientemente de si tiene razón (lo que muchas veces es imposible que suceda, porque el TS ha establecido doctrinas contradictorias entre sí, y por ejemplo, sobre el contenido de la prescripción, de la falsedad en documento privado, de la administración desleal o de la apropiación indebida), las Audiencias Provinciales deben acatar y respetar las sentencias del TS que revoquen sus resoluciones, no porque el TS acierte siempre, sino simplemente porque es el órgano jurisdiccional supremo cuando interpreta la legislación ordinaria.

Pero es que los referidos Acuerdos del TS también deben ser rechazados desde un punto de vista material. Según unánime y correcta doctrina del TC y del TS, la prescripción es <<una>> (así, por todas la STS de 7 de octubre de 1997 y la STC 214/1999, de 28 de noviembre); por ello, y porque determina el alcance y los límites de la sanción penal, está sometida al principio de legalidad (art. 25.1 CE), en el sentido de que está vedado interpretar las normas que regulan la prescripción en el CP más allá de su sentido literal posible, porque ello significaría incurrir en una prohibida analogía in malam partem.

El CP exige, para que pueda considerarse interrumpida la prescripción que <<el>> (art. 132.2 CP), considerando el TS que <<desde>>, mientras que el TC exige, por el contrario, y con razón, que se haya producido un acto de intermediación judicial. Según el DRAE, el verbo <<incoar>> tiene el único significado de <<comenzar>>, y el adjetivo <<incoativo>> una única acepción, a saber: <<que>>. De ahí que, si como pretende el TS, la presentación de una querella <<denota>> (en este caso: del procedimiento), entonces el auto de incoación de unas diligencias previas no puede haber dado <<principio>> a lo que ya había sido <<principiado>>. Con otras palabras: la interpretación del TS excede del sentido literal posible de las palabras contenidas en el art. 132.2 (analogía prohibida en contra del reo), ya que si ese precepto exige, para que se pueda interrumpir la prescripción, la presencia de un procedimiento, se entiende por sí mismo que éste no puede existir mientras no se haya iniciado, es decir: mientras no se haya <<incoado>>.

A la misma conclusión -infracción del principio de legalidad penal si se fija como momento de interrupción de la prescripción el de la presentación de la querella o denuncia- se llega teniendo en cuenta el sentido gramatical posible de las palabras desde un punto de vista técnico-legal. Como han establecido el TC y el TS, el traslado al órgano judicial, por cualquier medio, de la notitia criminis constituye sólo un derecho (condicionado y limitado) a la <<apertura>>, siendo aquél el único legitimado para, admitiendo o inadmitiendo a trámite esa solicitud, poder decretar o no el <<inicio>> (la <<incoación>>) del procedimiento, tal como se deriva, asimismo, del tenor literal del art. 269 LECrim, en el que se dispone inequívocamente que no es el denunciante, sino el juez, quien, una vez recibida la denuncia, <<manda>> o <<se>>.

De todo ello se sigue: la interpretación del TS vulnera el principio de legalidad, porque, en contra del reo, y analógicamente, afirma la presencia de un procedimiento -tal como exige el art. 132.2 CP- cuando éste, en realidad, todavía no existe.

La sentencia de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid de 17 de julio de 2009, después de establecer que los acusados Cesáreo Alierta y su sobrino Luis Javier Placer habían cometido un delito de información privilegiada, les absuelve, no obstante, por considerar que dicho delito habría prescrito. El delito, cuyo plazo de prescripción es de cinco años, se había cometido el 27 de febrero de 1998, presentándose la querella el 26 de noviembre de 2002, dictándose auto de incoación de diligencias previas el 2 de diciembre de 2002 -es decir: cuando aún no habían transcurrido cinco años-, inadmitiendo posteriormente el juez de instrucción la querella a trámite el 14 de febrero de 2003, resolución que fue revocada por la AP el 6 de junio de 2003, ordenando que se admitiese a trámite la querella. La AP de Madrid rechaza la doctrina del TS sobre la interrupción de la prescripción (fecha de la presentación de la querella) y, aceptando la del TC, como es imperativo, pues así lo dispone el art. 5.1 LOPJ, exige un acto de intermediación judicial, acto que la sentencia cree que lo constituye el de de 6 de junio de 2003 -cuando ya habían transcurrido cinco años- que es la fecha en la que la AP admite a trámite la querella. Pero sin razón: el acto de interposición judicial determinante es el de incoación de 2 de diciembre de 2002, que es cuando se inicia el procedimiento contra los posteriormente acusados, sin que el auto de inadmisión a trámite de la querella suponga más que una simple vicisitud en el procedimiento, ya que era una resolución carente de firmeza que fue después revocada por la AP; en el mismo sentido se ha manifestado la reciente STC 147/2009, de 15 de junio, donde se establece tajantemente: <<el>>. De todo ello se sigue que, de acuerdo también con la correcta y más restrictiva doctrina del TC, los delitos de información privilegiada cometidos por los acusados no habrían prescrito, por haberse dictado el auto de incoación de previas antes de que hubieran transcurrido cinco años.

Javier H

Javier H dijo

Hay un Principio Constitucional que viene recogido en su punto 3 , del art. 9 de la C.E. que parece poco importante y para mí como ciudadano es tanto como el de legalidad.
Que felizmente para los Albertos no se ha cumplido por defecto y han salido ganando al menos la libertad, porque la honra se la dejaron en su afaire.

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el pasado 5 de julio en relación con el caso Kepro, ha tenido ocasión de volver a manifestarse sobre el plazo de prescripción de los delitos fiscales. Para el Supremo, el hecho de que Hacienda sólo tenga cuatro años para investigar una deuda tributaria no significa que éste sea también el plazo que deba regir para los tribunales penales. Así, el Supremo ratifica, como ya hiciera en tres sentencias anteriores, que los delitos fiscales prescriben a los cinco años en el ámbito penal.

El tema, no exento de polémica, tiene su origen en el estatuto de los contribuyentes. Esta norma redujo de cinco a cuatro años el plazo de prescripción de las deudas fiscales. Es decir, limitó a cuatro años el tiempo que Hacienda tenía para investigar y cobrar una deuda.

Sin embargo, en el Código Penal, el plazo de prescripción fijado para el delito fiscal (aquellos en los que la deuda supera los 90.151,81 euros) es de cinco años. Y según afirma ahora el Supremo 'la asimilación del uno al otro de los dos plazos no está jurídicamente impuesta por ninguna norma, sino que, por el contrario, resulta impedida'.

Asimismo, el tribunal tiene en cuenta que 'las actuaciones judiciales no se iniciaron a instancia de la Administración tributaria, sino por una denuncia ajena a la misma'. De esta forma, explica el Supremo, con la prescripción de cuatro años que afecta a Hacienda sólo 'decae la posibilidad del erario público de actuar de manera autónoma en estos supuestos', pero subsiste la acción de otros sujetos.

Esta sentencia del Supremo es la cuarta en la que el alto tribunal manifiesta su parecer en materia de prescripción del delito fiscal. Sin embargo, según los expertos, aún es pronto para decir que ya hay jurisprudencia. La primera sentencia fue del 6 noviembre de 2000, a la que siguieron las del 10 y 30 de octubre de 2001. De éstas, la que más polémica levantó fue la del 10 de octubre sobre el caso Inverbroker. En ese momento, parecía que podía abrirse una puerta a la prescripción de cuatro años del delito fiscal. Una puerta que ahora parece cerrarse por completo.

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El blog de Alfonso Valencia.- Perfiles de un pueblo

Nació en Campillos(Málaga)
Bagaje cultural: Maestro de Primera Enseñanza, Licenciado Filología Románica y buenas dosis de autodidactismo
Ocupación actual: Jubilado
Actividades: Entre otras, la recuperación del pasado a través de ejercicios literarios en lo que es ayudado por algunos con semejante inquietud
Ambiciones: Entre otras, recorrer el tramo final del camino en paz consigo mismo y con los demás.
Creencias: Las que han ido sobreviniendo y han permanecido
Ideología política:No sabe no contesta
Cualidad que valora en los demás: El uso del humor, de la ironía que no del sarcasmo
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