13 Ago 2009

José Blanco, de apagafuegos: recomienda al PP relax y olvido de la doble vara de medir

Escrito por: alvallo el 13 Ago 2009 - URL Permanente

martinmorales

jose blanco

Ante las incendiarias proclamas de María Dolores de Cospedal en las que, entre otras cosas, acusa al gobierno del PSOE de perseguir a los suyos en vez de a los terroristas, además de propiciar escuchas ilegales a dirigentes nacionales del Partido Popular, junto con acusaciones contra policías, jueces y fiscales,

Ante las calificaciones por parte de Rajoy de que la salida de los Juzgados de Palma de los militantes de su partido, esposados con las manos cambiada, lo que les impedía andar con normalidad, aumentando con ello la vergüenza, ha sido un espectáculo infame

Ante las declaraciones del tercero en discordia, Arenas que, lejos de disentir como la diputada Negrera, aquella que hace poco se ciscó vergonzosamente en el acento de los andaluces, ha avalado el análisis ofrecido por Mariano Rajoy a propósito del supuesto espionaje a dirigentes de su partido y ha apuntado como responsable del “irrespirable” clima político que vive el país al presidente del Gobierno:

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12 comentarios · Escribe aquí tu comentario

sarkan dijo

El mundo se ha vuelto loco.

Javier H

Javier H dijo

Somos muchísimos los juristas que pensamos que la pena de banquillo es una pena que no se compadece con un verdadero Estado de Derecho. No cuento las veces que los abaogados nos oponemos a que nuestros representados no entren a juicio esposados si no es absolutamente necesario.

Otros insisten en que si el Derecho a la última Palabra es la defensa del imputado, que puede incluso completar la de su abogado debería ser mas tenida en cuenta.
Espero que dejadas como reflexiones o sugerencias en internet no caigan en saco roto y alguna vez se tengan en cuenta.

Anónimo

Anónimo dijo

Yo creo que la vigilancia contra Eta si se está llevando a cabo y de hecho he sido protagonista de un control rutinario por tener el coche aparcado junto a una comisaría.

Que de paso exista una guerra a muerte contra la oposición para debilitarla o para obtener alguna ventaja no lo negaré. Pero Los Protocolos de Actuación estan activados y la vigilancia se intensifica . Por lo que se puede hablar de una razonable respuesta de las fuerzas del Orden.

Pedro López

Pedro López dijo

Si alguien pretende hacerme creer que alguien del PP o el Rey de España tien mayor dignidad que cualquiera de los imputados, que según las reglas del juego les asiste el Derecho a la Presunción de Inocencia es que estan equivocados o que no han entendido claro lo que es Un Estado de Derecho.

Hablando con propiedad puesto a hilar finos, puede ser inocente incluso la persona que lo sea en verdad, pese a que 1 juez de lo penal, 3 magistrados de una Audiencia, 3 magistrados del T.S. y 3 magistrados del Tribunal Constiticional lo hayan condenado. O acaso se olvida que algunos de nuestros jueces o son prevaricadores o son unos desastres y no saben hacer bien su trabajo.

Con la operación Malaya ya el Colegio de Abogados de Málaga llamó la atención de como se habían realizado algunas detenciones pasandose unos cuantos pueblos.

Y es que en este país una cosa son sus leyes que estan razonablemente bien y otra su aplicación que suele fallar mas de lo debido.

JMDAM

JMDAM dijo


Como advierten Paz Rubio, Mendoza Muñoz, Olle Sesé y Rodríguez Moriche , la última palabra es un derecho exclusivo del acusado. Recuerdan con la STS (sentencia del Tribunal Supremo) de 24 de marzo de 1993 , que "en el proceso penal las partes no están en idéntica posición : cuando se habla de igualdad de armas jurídicas de unos y otros, acusadores y acusados, se hace una afirmación no absolutamente exacta : no existe una presunción de inocencia invertida, la duda favorece al reo, el derecho de información no es idéntico para unos y otros y la última palabra es un derecho del acusado".

Además, este derecho, exclusivo del imputado penal, no es extensivo a los responsables civiles, pues éstos, si bien tienen las mismas facultades que las demás partes, paralelas a las del imputado penalmente, no gozan del derecho de última palabra. Así lo recuerda la STS de 27 de enero de 1997 -R.Ar. 1997, 320-, que lo niega al responsable civil subsidiario.

Este trámite -escribe Ramos Méndez- constituye una manifestación del derecho de defensa del acusado . Para Huertas Martín "trae causa del principio constitucional de contradicción y del derecho de defensa, respondiendo, en último término, al principio general según el cual nadie puede ser condenado sin ser previamente oído ; por lo que, a través de este cauce puede el acusado ejercitar su última posibilidad de exculpación de los hechos objeto de la acusación, posibilidad de la que, en virtud de su derecho a guardar silencio, podrá o no hacer uso". Más exactamente, Moreno Caten opina que constituye uno de los pocos casos de autodefensa que reconoce nuestro Derecho Procesal.

Como ha declarado la STS de 5 de abril de 2000 "se trata de un derecho potestativo, que se ejercitará en el caso de que el acusado, a preguntas del presidente del tribunal, manifieste su deseo de hacer uso de esta facultad. Como es lógico, su utilización debe realizarse en términos razonables y admisibles, sin que pueda aprovecharse el trámite para ofender, en expresión de la ley procesal penal, a la moral, ni faltar al respeto debido al tribunal, ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas. El precepto que venimos examinando se limita a señalar que los que utilicen el derecho a la última palabra se ceñirán a lo que sea pertinente. Esta referencia abstracta e indeterminada a su contenido debe ser administrada con generosidad y amplitud por el presidente del tribunal, permitiendo, sobre todo, aquellas intervenciones que traten de matizar o de impugnar las manifestaciones de carácter inculpatorio que se hayan verificado a lo largo del juicio o que se realicen para desvirtuar el contenido de cualquier prueba que se haya utilizado en su contra. Incluso se puede aprovechar el trámite para solicitar una pena más leve o para poner de relieve la existencia de circunstancias personales, que permitan una más acertada individualización de la pena. Para su debida constancia, sería conveniente que se levantase acta, lo más extensa posible, de todo lo manifestado".

La sentencia que se comenta constata que durante muchos años esta posibilidad de hacer uso de la última palabra sólo tenía un valor ritual y formulario sin mayor trascendencia sobre la validez del juicio oral, de tal manera que es difícil encontrar jurisprudencia preconstitucional que se haya pronunciado anulando su celebración, por omisión del derecho a la última palabra.

En la jurisprudencia posconstitucional la STS de 12 de noviembre de 1991 -R.Ar. 1991, 8061- desestimó el recurso que el procesado interpuso, al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aduciendo infracción del artículo 24.2 de la Constitución, por haberle privado el Tribunal a quo del derecho que le concede el artículo 739 de la L.E.Crim., para, una vez concluidos los informes, contestar a la pregunta que le debe dirigir el Presidente de si tiene algo que manifestar.

El Alto Tribunal advirtió que el llamado "derecho a la última palabra" -al que se refirió también la STS de 16 de julio de 1984 -R.Ar. 1984, 4208-, se resalta más cuando se trata de procesados extranjeros con inevitable porcentaje de pérdida o disminución de su capacidad de comprensión, de modo que en este último trámite, al dirigirse personalmente los acusados al Tribunal pueden contribuir más eficazmente a su defensa.

Aun cuando en el caso enjuiciado el Tribunal Supremo entendió que realmente no se había producido la infracción de ese derecho porque, "aunque la referida cláusula pudo ser omitida del acta por el Secretario del Tribunal, realmente fue expresada" ; conclusión a la que llegó porque "de no haberse formulado la pregunta ritual por el Presidente, tanto el Fiscal, obligado a velar por los derechos procesales de los inculpados, como las Defensas de cada uno de ellos, lo hubieran advertido al Tribunal y, en su caso, hubieran formulado la correspondiente protesta, antes de firmar el acta". No obstante en dicha sentencia declaró con valor de principio general que "la omisión de ese trámite no implica que haya de anularse todo lo actuado en el juicio, pues ello es totalmente desproporcionado, teniendo en cuenta que los procesados estuvieron perfectamente defendidos durante todo el proceso".

Mayor relieve, por el contrario, parece conceder a este derecho el Tribunal Constitucional, que en STC 29/1995, de 6 de febrero ha destacado su importancia, configurándolo como una manifestación legal más del derecho a la autodefensa (artículos 655, 708, 713 y 793.3º de la L.E.Crim.), señalando que "el artículo 739 de la L.E.Crim. ofrece al acusado el derecho a la última palabra, por sí mismo, no como una mera formalidad, sino por razones íntimamente conectadas con el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final para confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones o las de los coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa o complementarla de alguna manera. La raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia personal, que, aun cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en juicio".

En el mismo sentido y con idénticos fundamentos se pronunció la STC 181/1994, de 20 de junio, (fundamento jurídico tercero), que no obstante desestimó el amparo, porque en el caso enjuiciado, pese a que el acta del juicio oral guardó silencio sobre el hecho de que se formulara al acusado la pregunta ritual por el Presidente, se estimó que al no haber formulado protesta ninguna de las partes, evidenciaba que sí se cumplió el trámite y que ese silencio se debió a pura omisión material del acta y no a su inexistencia.

Siguiendo esa doctrina, con cita de las dos sentencias precedentes, el Tribunal Supremo en la STS de 26 de diciembre de 1996 -RJ 1996, 9652-, tras hacer notar que "el derecho a la última palabra no está expresamente reconocido como garantía del proceso justo o legalmente debido que de modo general reconoce el artículo 24 de la C.E., pese a ser una manifestación del derecho a la autodefensa que establecen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", declara que "pese a ello no cabe duda en orden a que su vulneración por supresión en un proceso daría lugar a amparo jurisdiccional o, subsidiariamente, constitucional, y así se pronuncia la más autorizada doctrina procesal española".

Por su parte la STS de 9 de diciembre de 1997 -R.Ar. 1997, 8938- añade que "de lo que se trata en el fondo, con independencia de que no se excluya la defensa letrada, es de que quede garantizado también el derecho a la defensa por sí mismo, particularmente a la vista de las circunstancias subyacentes del delito debatido. Las normas que rigen el proceso permiten el derecho a expresar directamente y sin mediación alguna, cuantas alegaciones estime el acusado puedan contribuir al ejercicio y reforzamiento de su derecho de defensa. Estamos ante una nueva garantía del derecho de defensa del acusado entroncada con el principio constitucional de contradicción, ella permitirá, a la vez, suministrar al Tribunal elementos dignos de advertencia y reflexión que los defensores hubieren omitido".

En la misma línea argumental la citada STS de 5 de abril de 2000 matiza más : "No se trata de satisfacer, con ello, el derecho de todo acusado a ser oído, ya que el juicio se habrá iniciado con su interrogatorio, lo que le permite hacer las manifestaciones que estima pertinentes en defensa de sus intereses. Ahora bien, en ese momento desconoce cuál va a ser el comportamiento de los demás coimputados que declaren a continuación, de los testigos de cargo y de descargo y el resultado de las pericias practicadas. Incluso desconoce cuál va a ser la vía argumental de las acusaciones y las defensas en sus respectivos alegatos, por lo que su inicial postura puede verse reafirmada o, por el contrario, necesitada de actualización y matización.

Lo que realmente necesita el acusado es tener la oportunidad de contradecir o someter a contraste todo el proceso probatorio, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa, por lo que también tenemos que señalar que esta facultad se encuadra dentro del derecho de defensa que, en estas circunstancias, se realiza de manera personal y directa por el interesado" (Fundamento Primero 4).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.3 d), atribuye al derecho de defensa una dimensión desconocida en nuestros ámbitos procesales tradicionales, al establecer, como garantía mínima de toda persona acusada de un delito,el derecho de presencia y defensa personal, sin perjuicio de que pueda valerse de la debida asistencia técnica. Por su parte, y en nuestro ámbito regional, el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en su artículo 6.3.c), ya en el año 1950, contemplaba el derecho de todo acusado a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección. La Constitución, al recoger en su artículo 24.2 un catálogo de los derechos que asisten a toda persona involucrada en un proceso, establece por un lado el derecho a la defensa y, por otro, el derecho de asistencia letrada, distinguiendo perfectamente sus dos facetas, sin que pueda afirmarse que la una sea excluyente de la otra.

A pesar de que el derecho de autodefensa no tiene un desarrollo legislativo expreso, no por ello se puede negar su existencia en el ámbito de nuestro Derecho interno. Debemos tener en cuenta que esta defensa personal se puede llevar a efecto en los juicios de faltas y que, por otro lado, el derecho a la última palabra al que venimos refiriéndonos se integra también en el ejercicio del derecho a la autodefensa, todo ello sin olvidar que a lo largo de los trámites de la fase de investigación existen varias diligencias que pueden ser solicitadas directamente por el imputado, sin necesidad de asistencia letrada o representación procesal.

A la vista de las referencias internas e internacionales, debemos convenir que se trata de un derecho fundamental cuya vigencia no puede quedar supeditada al desarrollo legislativo interno. Como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos de sus sentencias emblemáticas (casos Pakelli y Artico), las legislaciones internas deben respetar su plena recepción y abrir las posibilidades de aplicación práctica cuando sea necesaria, como sucede con el derecho a la última palabra. Esta apreciación viene a confirmar que es perfectamente compatible el derecho a autodefenderse, con la debida asistencia técnica y representación mediante abogado y procurador" (Fundamento Primero 5).

Tras recordar la doctrina de las mencionadas SSTC 181/1994, de 20 de junio y 29/1995, de 6 de febrero, resalta la importancia de "la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario, pues es la que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especia de resumen o compendio de todo lo que ha sucedido en el debate, público y contradictorio, que constituye la esencia del juicio oral. El acusado conoce mejor que nadie todas las vicisitudes que pueden influir en la mejor calificación y enjuiciamiento de los hechos que constituyen la base de la acusación. Su derecho, como se ha dicho, tiene carácter de fundamental y constituye una formalidad esencial del procedimiento, cuya omisión produce una incuestionable indefensión" (Fundamento Primero 6).

La fórmula se repite en el artículo 318 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar : "... el Auditor Presidente preguntará a los acusados si tienen algo que manifestar al Tribunal.

Al que contestare afirmativamente le será concedida la palabra.

El Auditor Presidente cuidará que los acusados al usarla no ofendan la moral ni falten al respeto debido al Tribunal, ni a la consideración debida a las personas, e instituciones, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándole la palabra en caso necesario".

Luis

Luis dijo

El Constitucional reinterpreta el derecho a la última palabra .

El Tribunal Constitucional ha modificado su doctrina respecto al derecho a la última palabra de los acusados. Hasta ahora, el alto tribunal consideraba que cualquier vulneración en ese derecho suponía una indefensión que llevaba aparejada la nulidad de la sentencia.
Sin embargo, el Constitucional ha precisado que a partir de ahora cuando se invoque una infracción formal de ese derecho habrá que especificar cuál es la lesión que se causa porque de lo contrario el tribunal no puede valorar si realmente se ha vulnerado el derecho de defensa.

El alto tribunal ya tenía establecido que para que "una irregularidad procesal o infracción de las normas de procedimiento alcance relevancia constitucional debe producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de quien las denuncie".

Por ello, la garantía de la última palabra "exige, al menos (...) un desarrollo argumental en la demanda de amparo acerca de la existencia de una lesión material que permita al Tribunal valorar" su concurrencia.

Julio

Julio dijo

La Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (AJURES) realizo una manifestación en la plaza de la Alameda de Marbella . Las finalidades de la inédita protesta son variadas.

Primera: Los manifestantes nos sentimos indignados por las indebidas, polémicas e injuriosas declaraciones emitidas por el Juez-Magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº cinco de Granada, D. MIGUEL ANGEL TORRES explicitas de existir “ una industria auxiliar de la corrupción formada por abogados, gestores y asesores fiscales” ( Diario El Mundo 24/04/09) y que en la propia revista del Ilustre Colegio de Abogados de Granada se refiere a una “ industria auxiliar del delito” , especialmente en referencia a las zonas que expresamente han sido mencionadas por el Sr. Juez, la Costa del Sol y entre ellas la ciudad de Marbella.

Segunda: Requerimiento a los órganos de representación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga a fin de que adopten de forma inmediata medidas reales, eficaces y de la necesaria contundencia, ante los constantes ataques que vienen ya siendo habituales, tanto por parte de autoridades como de los medios de comunicación a la dignidad y honorabilidad de los Letrados (y en su caso de los respectivos Colegios Profesionales de Economistas, Asesores fiscales y Gestores).

Tercera: Para el supuesto de que los órganos de representación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en especial el órgano de gobierno con su Decano a la cabeza, no atendiesen este requerimiento, y como es su práctica habitual, no interponga las medidas legales suficientes para impedir tales improperios, pedimos SU INMEDIATA DIMISION.
Cuarta: Ante tal inactividad, caso de producirse, anunciamos la inmediata interposición de QUERELLA CRIMINAL POR INJURIAS A LA PROFESIÓN DE ABOGADO contra el Magistrado-Juez D. Miguel Ángel Torres así como la presentación de la correspondiente QUEJA ante El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de nuestro honor, dignidad y la respetabilidad de nuestra profesión a fin de garantizar el ejercicio en plena libertad de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Firmado por: Erik Muller y Concepción Páez López, Presidente y secretaria respectivamente de AJURES.

La Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (AJURES) y los ciudadanos que se manifiestan en este acto, ante las recientes detenciones y encarcelaciones de profesionales del derecho y asesores, hacemos constar públicamente lo siguiente:

Los Abogados, los profesionales del Derecho, los Economistas, al igual que el resto de los ciudadanos, aborrecemos todo tipo de actuación delictiva. Por ello, consideramos intolerable que la detención de profesionales y los registros en sus despachos y en sus viviendas particulares, e, incluso, el encarcelamiento provisional, se hayan convertido en la regla general para la práctica de comprobaciones de datos o requisitorias de información que hemos facilitado siempre a las autoridades competentes dentro de nuestras posibilidades constitucionales y estatutarias.

Denunciamos que se está produciendo una utilización general e indiscriminada del Secreto de las Diligencias, como método de instrucción habitual, en contra de lo previsto en nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal, que hace del secreto una medida excepcionalísima y extremadamente reducida en el tiempo

Advertimos del peligro que se cierne sobre un Estado constitucional y democrático de Derecho en el que la detención y la prisión provisional de los ciudadanos se han convertido en una regla general para la que apenas se exige argumentación o fundamentación alguna.

Requerimos de los poderes públicos que, en cumplimiento de su función, sean ellos quienes impidan y garanticen que ningún maleante pueda libremente pasearse por las calles, por Bancos, por despachos de Abogados, por Gestorías, por Notarías, Registros, etc. y que no trasladen, en una dejación absurda de sus obligaciones, sus propias responsabilidades a los ciudadanos de a pie.

Demandamos de esos poderes públicos que cualquier investigación sobre abogados, sobre profesionales del derecho, sobre economistas, se realice en la misma forma en que se procede al instruir una causa contra jueces y magistrados, o sea, con la diligencia y pulcritud constitucional que reclamamos para todos los ciudadanos.

Exigimos de los poderes públicos y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ser tratados como ciudadanos con arreglo a las normas de procedimiento vigentes y amparados por las garantías constitucionales, especialmente por el principio de presunción de inocencia. Reclamamos protección para nuestras profesiones, despachos, familias y hogares, sin que los registren de forma sistemática y sin que nos sometan a interrogatorios, nos intervengan nuestras comunicaciones, nos embarguen nuestros bienes, nos imputen delitos inexistentes o cometidos por otros, nos detengan o envíen a prisión provisional, etc.

Queremos, por último, hacer constar nuestra repulsa por la indiscriminada utilización del término blanqueo de capitales con absoluta falta de rigor y conocimiento por parte de las autoridades y de la prensa.

Te pica el guachers

Te pica el guachers dijo

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.
El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de “pelotazo urbanístico”. Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

EN ALMERÍA
Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

EN ÁVILA:
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

EN MADRID:
Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:
Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.
En Albatera, un informe del Seprona considera que el alcalde pudo obrar en connivencia con un promotor

EN SEVILLA:
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.
Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco ‘el Pocero’). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por ‘el Pocero’. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de ‘el Pocero’. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó ‘el Pocero’. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de ‘Paco el Pocero’: un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.
Cabanas (La Coruña)

La alcaldesa, Modesata Anca (PSOE), ha sido condenada a ocho años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por la construcción ilegal de 13 chalés en una zona costera. El aparejador municipal, José Juan Rivera, relacionado con una de las constructoras, también ha sido inhabilitado.

Pontedeume (La Coruña)
El alcalde, Belarmino Freire (PSDEG-PSOE), y el arquitecto municipal están imputados por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación, por conceder una licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar en una zona costera protegida.

Porto do Son (La Coruña)
El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Váquez García (PSOE), es investigado por la compra de cuatro fincas rústicas en Montoño que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) contempla como urbanizables.

Llanes
La alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo (PSOE), la concejala de Urbanismo, Ester Bustillo, dos arquitectos municipales y una promotora fueron imputados en un presunto delito de prevaricación y contra el patrimonio, en relación con el derribo del Rompeolas, un edificio protegido. Finalmente, el Juzgado Nº 1 de Llanes archivo la causa al considerar que no existían indicios suficientes para continuar con la investigación.
La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) denuncia desde hace años la recalificación de grandes bolsas de suelo en el litoral asturiano y rechaza el modelo de urbanismo que plantea el plan general del concejo.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

Navia
El concejal Juan Pablo Unibaso (PSOE) presentó su dimisión tras saberse que hizo de intermediario en una operación de venta de terrenos en la localidad de Puerto de Vega, por lo que percibiría, junto a otra compañera de partido (María Sonia Pérez, que dimitió hace un par de meses) alrededor de 72.000 euros.

Els Alamús (Lleida)
El alcalde, Josep Maria Beà (PSOE), es investigado por la concesión de dos licencias presuntamente ilegales para la segregación de parcelas en el municipio.

La Muela (Zaragoza)
El Gobierno de Aragón (PSOE) ha presentado un recurso contra la recalificación de terreno en el municipio que rige José Antonio Fabón (PAR) para levantar más de 2.000 nuevas viviendas en la urbanización Ciudad Zaragoza Golf.

Hellín (Albacete)
El plan de construcción de 'Las Higuericas', 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, en una de las zonas españolas con mayores problemas de agua ha sacado a la luz una presunta trama de sobornos y maletines en este municipio que gobierna el PSOE. Además, los ecologistas denuncian que el terreno es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Catral (Alicante)
La juez ha imputado al alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal (PSOE), y cuatro promotores por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En octubre de 2006, la Generalitat valenciana retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento por la proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y protegido. Hay más de 1.250 casas ilegales, muchas de ellas en pleno Parque Natural de El Hondo. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Urbanismo denunció que familiares del alcalde aparecen como promotores de viviendas ilegales en suelo no urbanizable.

Albatera (Alicante)
El promotor José Rodríguez Murcia fue procesado en 2005 por la construcción de 20 chalés y un campo de golf sin licencia. El alcalde, Francisco García Gelardo (PSOE), siempre ha negado cualquier connivencia con el promotor, aunque Rodríguez asegura que existía un convenio urbanístico con el Ayuntamiento.

Elda (Alicante)
Polémica ha sido la adjudicación del ayuntamiento gobernado por Juan Pascual Azorín Soriano (ex presidente del PSOE valenciano) para la construcción de un campo de golf y 7.500 viviendas en el paraje Las Cañadas. Según Esquerra Unida, tras el proyecto hay un presunto pelotazo de 20 millones de euros. El promotor, Francisco Gómez, es el mismo que proyecta la 'Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

Zarra (Valencia)
El alcalde, Juan José Rubio (PSOE), y tres concejales de su partido han sido denunciados por presunta prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles realizadas por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, S.L. y por la Mercantil Telyzan, S.L. El partido ha decidido la suspensión cautelar de militancia del alcalde y los tres concejales mientras se resuelve el caso.

En Sueca (PSOE), la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera ha llegado a los tribunales (Salvador Marín, secretario general del PSPV, fue condenado en abril de 2005 a seis meses de prisión y a una multa de 4.320 euros por construir sin licencia dentro del Parque).

Los Alcázares
El alcalde, Juan Escudero (PSOE), dimitió en septiembre de 2006 tras conocerse las inversiones de dinero negro de Juan Antonio Roca (principal imputado en la 'operación Malaya' marbellí) en este municipio. La Fiscalía investiga un convenio urbanístico de 2001 por el que una de las empresas intervenidas en la 'operación Malaya' pagó 630.000 euros para financiar el nuevo Ayuntamiento a cambio de la recalificación de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo, donde Roca levantó un hotel con 300 plazas de parking. También se investiga la relación de Inmaculada Camacho Escudero, familiar del ex alcalde y cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, con la trama de Roca.

Lorca
Nueve convenios urbanísticos para la construcción de 35.000 casas provocaron la dimisión, en julio de 2006, del alcalde, Miguel Navarro (PSOE), enfrentado con la dirección regional de su partido por este desarrollo urbanístico desmesurado.

La Unión
Este Ayuntamiento (PSOE) ha sido denunciado por IU por presunto trato de favor y prevaricación en la firma de un convenio urbanístico con la constructora Peinsa para restaurar la casa del Piñón (considerado un Bien de Interés Cultural) a cambio de la recalificación de 450.000 metros cuadrados de suelo rústico.

Estepona
El regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables.

Burguillos
El primer edil, José Juan López (PSOE), su primo y dos conejales son investigados también por la compra de terrenos antes de su recalificación.

Guillena
Justo Padilla, alcalde del PSOE, está imputado por la construcción de 21 naves en un espacio reservado a zona verde junto al polígono El Cerro.

Carboneras
El primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), inhabilitado por el TS para un periodo de seis meses por un delito electoral (coacción de voto), está demás imputado por seis supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel 'El Algarrobico', en el Parque Natural del Cabo de Gata. Además, las obras de construcción de este hotel, sobre suelo no urbanizable, fueron paralizadas en febrero de 2006 y en mayo se anunció su derribo. Una vez finalizado el periodo de inhabilitación, Cristobal Fernández dimitió, junto a su hermana, al ser condenado.

Garrucha
El Ayuntamiento que rige Andrés Segura (PSOE) firmó un convenio con Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández para legalizar 28 viviendas ilegales a cambio de 2,6 millones de euros. El PP denuncia que la promotora pagó más dinero que el recogido en el convenio.

Níjar
El alcalde, Joaquín García (PSOE), ha permitido construir cuatro veces más de lo permitido en el Parque Natural de Gata. Ecologistas en Acción le ha denunciado por regalar al ex concejal José Cayuela Carrique, actualmente constructor, un solar en Agua Amarga para la construcción de una urbanización privada.

Torredelcampo
La Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellas al alcalde, Blas Sabalete (PSOE), por la construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona de El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el regidor.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

Fuente Palmera (Córdoba)
El ex alcalde Antonio Guisado (PSOE) está imputado por un presunto delito urbanístico en relación con la venta de más de 21.000 metros cuadrados de suelo verde para construir viviendas. La ex concejala de Urbanismo Maribel Ostos y el ex secretario municipal Carmelo Tubío también están imputados.

Bornos
Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos.
Jerez
Se investigan los presuntos pagos en dinero negro por el PSOE (entre 12.000 y 50.000 euros) que una promotora exigía en el proceso de venta de viviendas de protección oficial por unas terrazas que en las escrituras figuran como zonas comunes y de uso colectivo. Los afectados también han denunciado que ofreciendo dinero había mayores facilidades en el proceso de adjudicación.

San Roque
El Albarracín también está experimentando un urbanismo desmedido, según asociaciones de vecinos y ecologistas. La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales.

Tarifa
Se investigan presuntas irregularidades del alcalde de este municipio, Miguel Manella (PSOE), en el proceso de adjudicación y construcción de un complejo comercial en el Castillo de Santa Catalina.

(CORRUPCIÓN EN EL PSOE)

Jimena de la Frontera
El primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados.

Zahara de la Sierra
El ex alcalde Juan maría Nieto (PSOE) está acusado por la concesión de licencias urbanísticas para construir en zonas protegidas.

Sanlúcar de Barrameda y Chipiona
Los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona (Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero) han sido condenados e inhabilitados por intentar sobornar en 1999 a un edil del PP (Manuel Ramírez) con 50 millones de pesetas para que no prosperara la moción de censura contra el entonces alcalde, Cuevas. Un ex dirigente del PSOE local y tres empresarios estaban también implicados en el denominado 'caso Sanlúcar'.

Chiclana
Ecologistas asseguran que hay 8.000 viviendas ielgales. IU denuncia la falta de transparencia y oscurantismo del PSOE en esta localidad, al no informar de las seis sentencias que existen para la anulación del plan de urbanismo, que prevé construir 40.000 nuevas viviendas.

Bornos
Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos.

Grazalema
'Operación Pinsapar': El ex arquitecto municipal, Juan Prieto (PSOE), está en libertad con cargos por presunto delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Varios constructores le han acusado de cobrar comisiones y se le relaciona también con una construcción ilegal que obligó a desviar el cauce del Guadalete.

Armilla
El concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió de su cargo en octubre de 2006 ante las acusaciones del presunto origen fraudulento de su patrimonio, varios pisos y un solar valorados en un millón de euros, que él ha justificado asegurando que le tocó la lotería en la Navidad de 1997. Se investigan además presuntas irregularidades en la licencia —impugnada por la Junta— que concedió el Ayuntamiento al empresario Tomás Olivo (implicado en la 'operación Malaya') para la construcción del centro comercial Nevada. El alcalde, José Antonio Morales Cara (PSOE), que no optará a la reelección en 2007, ha sido denunciado junto a un ex concejal y al promotor Olivo por un delito de prevaricación.

Aldea del Fresno
El alcalde, José Luis Tello (PSOE), compró en marzo de 2006 unos terrenos rústicos por 180.304 euros y, tras dotarlos de canalización para agua y electricidad, los vendió a una inmobiliaria por 1,5 millones de euros. En sólo tres meses, Tello logró una plusvalía de 1,3 millones de euros. Un juez ha retirado las competencias urbanísticas al edil por la concesión de licencias de obras a pesar de existir informes desfavorables y su partido le ha suspendido de militancia.

Getafe
El ex concejal y ex diputado socialista Jesús Neira es uno de los principales gestores de suelo en la zona. Se le relaciona con una futura recalificación en Perales del Río, con la que supuestamente iba a cobrar una comisión del 8% por hacer de intermediario entre el Ayuntamiento y los actuales propietarios. Además, los también ex ediles del PSOE José Luis Ribas Cabezuelo, Antonio Alonso y Francisco Hita tienen intereses comunes con Neira en distintas sociedades inmobiliarias del sur de Madrid.

Miraflores de la Sierra
Una constructora se ha querellado contra el alcalde, Francisco José Esteban (PSOE), por presunta prevaricación, malversación, falsedad documental y estafa en una operación urbanística. Además, La plataforma vecinal SOS Miraflores ha denunciado el proyecto de construcción de 98 nuevas viviendas en la zona de El Tomillar, muy cerca de un barranco, así como presuntas irregularidades del Ayuntamiento en los proyectos urbanísticos de Prado de la Virgen, Las Vitaminas y Peñalá.

Candeleda (Ávila)
La Junta (PP) ha retirado a este Ayuntamiento (PSOE) las competencias de urbanismo en el caso de una promoción de cien chalés en el Plan Parcial de la Zona Norte del Camino de La Raya, aprobado por el anterior gobierno municipal del PP. El actual alcalde, Miguel Hernández, niega el retraso, aunque reconoce no estar de acuerdo con este proyecto urbanístico en la Sierra de Gredos por su gran impacto visual, paisajístico y medioambiental.

SI QUIEREN UN PELOTAZO URBANÍSTICO EN SU LOCALIDAD, NO SE OLVIDEN DE LLAMAR AL PSOE, ES EXPERTO EN ESTE TIPO DE ASUNTOS Y TROPELÍAS.

Jaime

Jaime dijo

Lo del derecho a la última palabra solo sirve para personas o inocentes o mas listas que los abogados que lo defienden.
Supongo que es mas lógico que un Señor que facture en sus negocios 10 millones de euros, explique al tribunal mejor que su letrado los entresijos del mismo , lo que el abogado igual no entiende de negocios.

Ahora si es un delincuente de medio pelo, lo inteligente es que su buen letrado le redacte lo que tiene que decir al tribunal que lo hará mil veces mejor que ese pobre diablo.

Pedro López

Pedro López dijo

Hombre Jaime, no sé que decirle recuerdo el caso de Don Mario Conde.

Conde sabía divinamente mejor que sus letrados de lo que iba el tema. Pero no por ser millonario o ser muy inteligente sino porque era jurista. Aunque reconoció y de hecho felicitó a sus letrados de todo corazón, porque supo valorar lo bien que lo habían hecho, simplemente que había que seguir un guión ya dictado y pasó lo que pasó.
Algún día todo se sabrá además si a él le hicieron lo que le hicieron a los bancos que han quebrado y los distintos gobiernos le han ayudado con el dinero de los contribuyentes que le deberían de hacer a sus presidentes.

Don Mario Conde cometió errores quien puede dudarlo pero su trato fue infamante y muy injusto, salta a la vista que fueron a por él.

Javier H

Javier H dijo

Bonita lista pero muy incompleta.

¿ Y Marbella quién era quien tapaba al Gil ?

No se puede explicar ni bien , ni mal , ni medio pensionista lo de Marbella sin una implicación de la Junta de Andalucía, es metafísicamente imposible. Cosa distinta es que nuestros magníficos Jueces no encuentren ninguna relación y si no al tiempo. Pero la Inutilidad de la Fiscalía no tiene que ver del todo con la realidad.

Pregunte a cualquier letrado especializado en Urbanismo , porque los penalistas del pais saben poco del tema.

Pedro López

Pedro López dijo

No sólo sería bueno una Amnistia Urbanística sino una General y Política.
A partir de hoy nos olvidamos de las fechorias de todos y nos perdonamos a condición de una promesa solemne de no pecar más.

La amnistía es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.
En Derecho Urbanístico existe una figura curiosa " Fuera de Ordenación" por la que un inmueble no es que se convierta en legal, pero ya ha pasado el plazo de la Administración para que te lo puedan echar abajo, luego su resultado es similar. En Marbella va a haber sorpresas de todos los colores, no esperen que se derriben 31.000 viviendas ilegales porque ésto no va a ocurrir.

A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo. Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos.

La amnistía suele suponer un nuevo juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta.

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El blog de Alfonso Valencia.- Perfiles de un pueblo

Nació en Campillos(Málaga)
Bagaje cultural: Maestro de Primera Enseñanza, Licenciado Filología Románica y buenas dosis de autodidactismo
Ocupación actual: Jubilado
Actividades: Entre otras, la recuperación del pasado a través de ejercicios literarios en lo que es ayudado por algunos con semejante inquietud
Ambiciones: Entre otras, recorrer el tramo final del camino en paz consigo mismo y con los demás.
Creencias: Las que han ido sobreviniendo y han permanecido
Ideología política:No sabe no contesta
Cualidad que valora en los demás: El uso del humor, de la ironía que no del sarcasmo
Rasgo que rechaza:La humillación gratuita del más débil

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