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Andrea Tunarosa
Ciudad de Guatemala

Remover un tatuaje es doloroso. Pero borrar las cicatrices que ha dejado la violencia juvenil en América Central, imposible. Por eso, Edgard Ramírez mantiene sus tatuajes, pero ayuda a los jóvenes que, como él, han caído en el abismo del crimen. Su historia es la de miles de centroamericanos.

Llegó a El Salvador a los 25 años de edad, sin boleto de regreso y con muy pocas pertenencias en la mochila. El viaje, cortesía del gobierno de Estados Unidos, lo traía de vuelta al mismo país del que había salido huyendo a los ocho años, cuando el conflicto armado estrangulaba las escasas oportunidades económicas de los salvadoreños. En ese momento, partir hacia la ciudad de Los Ángeles, junto a su familia, había sido la mejor alternativa.

Sin embargo, la vida en EE.UU. también fue dura. Obligada a trabajar para mantener a su familia, la madre de Ramírez tenía poco tiempo para sus hijos. Eso, sumado al ocio, a la violencia de la que fue testigo en El Salvador y a la necesidad de pertenecer a un grupo, llevó a Edgard a formar parte de una mara, o pandilla callejera, cuando tenía 12 años. Una vez allí, las peleas y las drogas se convirtieron en cotidianas y lo llevaron más de una vez a la cárcel, hasta que las autoridades estadounidenses lo expulsaron en 1997.

El problema no fue que EE.UU. endureciera su postura frente a la inmigración ilegal a finales de los 90. El problema, según explica Thomas Bruneau, del Center for Contemporary Conflict (CCC), un instituto de investigación en Monterrey, California, fue que EE.UU. no les informó a los gobiernos locales que muchos deportados pertenecían a las pandillas más violentas de las comunidades hispanas –como la Mara 18 o la Salvatrucha–. Al no haber cometido crímenes en suelo centroamericano, llegaban como hombres libres, capaces de “reoxigenar” a los grupos criminales locales. En países como Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la pobreza era aguda y el Estado de Derecho, frágil, el terreno fue propicio para la proliferación del fenómeno.

De alguna forma, los estadounidenses se anticiparon a la liberalización del comercio, pero en lugar de bienes y servicios, exportaron peligrosos pandilleros a América Central. Libres de impuestos, claro. Hoy, las pandillas constituyen un foco importante de violencia en el istmo. No es el único, ni el que cobra más vidas, pero sí es una amenaza a la estabilidad democrática. Para obtener dinero, sus miembros se dedican a actividades ilegales que van desde secuestros y extorsiones, hasta tráfico de drogas y armas. Por eso o por el riesgo de que los efectos nocivos atraviesen el Río Grande, el gobierno de George W. Bush ofreció recientemente apoyar a los centroamericanos en su lucha contra las maras. Es un plan del que todavía se conocen pocos detalles, pero que orienta a los países a buscar una solución conjunta.

Algunas iniciativas relacionadas con el cumplimiento de la ley ya están en marcha. Por ejemplo, desde abril de 2005, el FBI opera una oficina en San Salvador para coordinar el intercambio regional de información. También, en conjunto con el Departamento de Estado, el FBI está organizando la Unidad Transnacional Anti-maras, conformada por agentes estadounidenses y policías salvadoreños, y la Iniciativa Centroamericana de Explotación de Huellas Digitales.

Las estadísticas son un buen aliciente para todos. Según la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el número de pandilleros asciende ya a 14.000 en Guatemala, 36.000 en Honduras y 10.500 en El Salvador. No extraña entonces que estos tres países ocupen los primeros puestos en la lista de los más violentos de la región. Mientras que, en 2006, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no llegó a 8 en Costa Rica y en Nicaragua, en Guatemala es de 37,5, en Honduras de 40,6 y en El Salvador de 55,5, de acuerdo a un informe presentado el pasado abril por diferentes colectividades humanitarias.

En este sentido, la alianza Washington-Bogotá, con el conocido Plan Colombia para erradicar el narcotráfico, ofrece una lección importante a los centroamericanos: “Para vencer a una organización criminal con características trasnacionales –ya sea el cartel de Medellín o la mara Salvatrucha– es imprescindible lidiar con las causas de la epidemia y no con sus síntomas”, dice María Vélez de Berliner, presidenta de Latin Intelligence Corporation, una firma de investigación y análisis de temas latinoamericanos. De igual forma, las estrategias de “decapitación”, que pretenden desarticular a los grupos capturando a sus líderes, tampoco son efectivas. “Lo único que hacen es abrir la oportunidad para que las nuevas generaciones formen otras subdivisiones”.

Para Harold Sibaja, consultor de Creative Associates y productor de Desafío 10, un reality show efectuado en 2006 con la participación de varios ex pandilleros, esto es especialmente relevante en las maras centroamericanas, que no son organizaciones homogéneas ni cuentan con jerarquías definidas. Incluso las clicas, o células de una misma pandilla, pueden operar completamente independientes. Por eso, “el riesgo no es que determinada pandilla crezca, sino que el modelo se replique con mayor facilidad”.
El gobierno salvadoreño ya va por ese camino. Está invirtiendo alrededor del 20% de los fondos totales para combatir a las pandillas en la prevención primaria. Óscar Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Publica (CNSP) de El Salvador, explica que los modelos preventivos que están desarrollando se basan, en primer lugar, en el liderazgo vecinal. Esto supone que “la misma comunidad traza un mapa de riesgo, en el que identifica las zonas de peligro y, sobre ese mapa, articulan los planes de acción”, explica. Otros dos elementos imprescindibles son: el trabajo en centros escolares y la recuperación de espacios públicos. Lo primero busca reducir la deserción escolar y generar un sentido de pertenencia en el joven. Lo segundo, crear espacios para la convivencia en comunidad y fomentar la cultura de la legalidad.

En Guatemala, el gobierno intentó darles forma a las medidas preventivas a través de la Política Nacional para la Prevención de la Violencia Juvenil. Esta iniciativa pretende atacar las raíces socioeconómicas del problema, pero la falta de recursos ha impedido que avance. Por su parte, el Ministerio de Educación lanzó varios programas educativos alternos, que pretenden ofrecer un contenido de mayor relevancia para una comunidad en particular, que mejore directamente las posibilidades futuras de empleo. Es un sistema que sus directores llaman “educación informal formal”. Lo mismo ha hecho USAID con su programa de centros de alcance. Con el apoyo de las iglesias de la zona y de los líderes del mismo barrio, estos centros ofrecen actividades alternativas para los niños y jóvenes que viven en zonas altamente conflictivas.

De lo contrario, las maras satisfacen ese sentido de pertenencia que los jóvenes no encuentran en sus escuelas. Daniel –alias Spanky–, ex pandillero del Barrio 18, una de las maras más temibles de Guatemala, cuenta que con apenas 17 años fue nombrado jefe de su clica. “Me sentía importante”, dice. “Yo tenía las armas en mi casa”. En parte por eso fue más difícil para él salirse de su mara. “No sólo me salí sin pedir permiso, sino que me borré los tatuajes de la cara”, afirma. Ése era un motivo suficiente para que lo mataran. Como en efecto intentaron hacer tres pandilleros que le dispararon 12 veces, mientras Daniel caminaba hacia la iglesia.

Luego está el reto de que los países del istmo se pongan de acuerdo y que el intercambio de información sea la constante, más que la novedad. En ese campo, la experiencia de los países centroamericanos en sus intentos de integrarse políticamente permite augurar que el trabajo no será nada fácil. El riesgo es que, si no se trabaja en conjunto, se puede generar un efecto “rebalse”, cuando las leyes implementadas en un país induzcan a que el problema se traslade y se acreciente en otro. “Por eso los países deben luchar porque el campo de juego esté nivelado”, señala Deborah Kennedy-Iraheta, directora de USAID en El Salvador. “No puede ser que la edad a la que un menor puede ser procesado sea 16 años en un país y 18 en otro”, afirma.